Reforma a la salud
Gloria Inés Ramírez y otros seis senadores denuncian que
la nueva reforma a la salud es otro engaño al pueblo
Por Camilo Raigozo. Notimundo
Los senadores Gloria Inés Ramírez, Parmenio Cuellar,
Mauricio Ospina, Luis Carlos Avellaneda, Jorge Enrique Robledo, Jorge Eliécer
Guevara y Camilo Romero, firmaron una constancia ante la plenaria del Senado, objetando
el texto aprobado por la mayoría gobiernista sobre la nueva ley de reforma a la
salud.
“Lo primero que debemos decir es que el articulado
aprobado en el presente proyecto de ley y sus acumulados ahondan la
privatización del servicio, la intermediación financiera y mercantilización del
derecho a la salud, y no resuelve ninguno de los problemas que originaron la
crisis”, dice la constancia.
Aducen que continúa el mismo esquema ya que empresas intermediarias,
que apenas en teoría garantizan unas determinadas prestaciones de salud
definidas en un Plan de Beneficios a cambio de una contraprestación
económica que no solo se mantiene sino
que se aumenta para garantizarles a los negociantes de la salud la
multiplicación de sus ganancias.
También criticaron la “ambigüedad” en el Plan de
Beneficios porque de nuevo dejarán por fuera muchas de las tecnologías y
servicios requeridos por las personas, por lo que, en la práctica, la situación seguirá igual o peor que ahora.
El documento afirma que el acceso al servicio de salud
sigue dependiendo de la capacidad de pago del cliente, no del paciente.
“Por 20 años de transitoriedad, continuará la
segmentación entre pobres y ricos, por la permanencia de los regímenes
contributivo y subsidiado, con la excusa de que la Reforma Tributaria se quedó
corta en garantizar la financiación de un solo régimen”, dice el texto.
Así mismo observaron que las nefastas Entidades
Promotoras de Salud, EPS, siguen siendo las mismas, solo que les cambian el
nombre por el de Gestores de Servicios de Salud.
“El proyecto de ley está diseñado para que las EPS se
transformen en Gestores, que podrán no sólo gestionar los servicios de Mi-Plan,
sino también los de la cobertura
complementaria y los de la medicina prepagada”, afirma entre otras cosas la constancia.
A continuación el texto íntegro de la constancia que
dejaron los siete senadores:
La nueva reforma a la salud, otro engaño al pueblo para
favorecer a los negociantes
Constancia
Nos permitimos dejar constancia ante la Honorable
Plenaria del Senado de la República de nuestra oposición al Proyecto de Ley 210/2013 Senado, “por medio
de la cual se redefine el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disposiciones” y sus acumulados, por las siguientes razones:
Es ampliamente sabido que el derecho a la salud atraviesa
una profunda crisis estructural que, a nuestro juicio, fue originada por la ley
100 de 1993, que despojó a la salud de su carácter de derecho fundamental y la
convirtió en un negocio del capital financiero.
Lo primero que debemos decir es que el articulado
aprobado en el presente proyecto de ley y sus acumulados ahondan la
privatización del servicio, la intermediación financiera y mercantilización del
derecho a la salud, y no resuelve ninguno de los problemas que originaron la
crisis.
Nuestras objeciones al texto aprobado son múltiples, pero
de ellas destacamos las siguientes:
Continuidad del mismo esquema.
El Sistema de Salud continuará operando bajo el mismo
esquema de unas entidades intermediarias que apenas en teoría garantizan unas
determinadas prestaciones de salud definidas en un Plan de Beneficios a cambio
de una contraprestación económica que no
solo se mantiene sino que se aumenta para garantizarles a los negociantes de la
salud la multiplicación de sus ganancias.
Ambigüedad en el Plan de Beneficios.
No es cierto que se vaya a eliminar la lista explícita de
bienes y servicios en salud y que sólo habrá una lista de exclusiones,
queriendo significar que prácticamente todo estará cubierto, excepto algunas
cosas plenamente justificadas.
El proyecto trae unos criterios ambiguos que de nuevo
dejarán por fuera muchas de las tecnologías y servicios requeridos por las
personas, por lo que, en la práctica, la
situación seguirá igual o peor que ahora.
Entre ellos figuran los que no estén catalogados por la
autoridad competente como servicios y tecnologías en salud o que no hayan sido
autorizados por la misma y sobre los que no haya evidencia técnica o científica
de su seguridad, eficacia y/o pertinencia clínica.
Barreras de acceso al servicio de salud
El acceso al servicio de salud, pese a los principios de
igualdad y equidad que se mencionan formalmente, sigue atado a la capacidad de
pago; adicionalmente y por 20 años de transitoriedad, continuará la
segmentación entre pobres y ricos, por la permanencia de los regímenes
contributivo y subsidiado, con la excusa de que la Reforma Tributaria se quedó
corta en garantizar la financiación de un solo régimen.
Permanencia de las EPS en el Sistema
Aunque les cambien el nombre de Entidades Promotoras de
Salud –EPS por el de Gestores de
Servicios de Salud, lo cierto es que el proyecto de ley está diseñado para que
aquellas se transformen en Gestores, que ahora podrán no sólo gestionar los
servicios de Mi-Plan sino los de la cobertura complementaria y los de la
medicina prepagada.
Es muy grave que la condición que les imponen de estar al
día con las obligaciones del Sistema, no establezca que por ello deba
entenderse el pago efectivo del pasivo con sus propios recursos, pues lo que se observa es que desde la Ley
1608/12 se viene allanando el camino para que-
el Estado con recursos de todos los colombianos, a
través, por ejemplo, de la subcuenta del Fosyga, de los excedentes de rentas
cedidas o de cuentas maestras, entre otros, se subrogue el pasivo que tienen
las EPS con las IPS, sin exigirles ningún esfuerzo ni definir mecanismos claros
y efectivos para que paguen las deudas.
La propuesta del Gobierno no contempla causales de
inhabilidad para que las EPS puedan transformarse en Gestores, basadas, por
ejemplo, en haber sido sujetos de medidas administrativas especiales, en el
número de tutelas interpuestas por servicios POS,-
en la baja calificación de los usuarios, en recobros
indebidos, etc., enviando de esta manera el mensaje negativo de que la
ineficiencia, los delitos contra el patrimonio público y, en últimas, negociar
con la salud, paga.
El otro negocio, que es la llamada “integración
vertical”, que les posibilita a las EPS multiplicar sus ganancias y es causa de
muchos problemas, tampoco se elimina por completo y apenas se le introducen
algunas modificaciones, de manera que queda vigente para el nivel básico de
atención en salud.
Participación social nula y ausencia de transparencia en
los procesos
La participación social
es nula, lo que incidirá negativamente en la transparencia de los
procesos. Esto es particularmente grave si se tiene en cuenta que el órgano de
administración más importante del sistema; Salud-Mía, se encargará de la afiliación,
recaudo y distribución de aproximadamente 40 billones de pesos.
Sin embargo, la junta directiva quedará bajo el control
del Gobierno Nacional, con tan solo dos participantes de los entes
territoriales.
Como si lo anterior fuera poco, se exceptúa a la Unidad
del Régimen de Contratación Administrativa de Salud-Mía del cumplimiento de las
normas vigentes sobre contratación pública,-
por lo que sus procesos contractuales podrán hacerse sin
las garantías de transparencia, concurrencia, objetividad, eficiencia, etc.,
que deben cumplir las licitaciones públicas.
Tampoco estará sujeta al proceso de selección objetiva,
al concurso de méritos, etc., no obstante la enorme cantidad de recursos que va
a manejar. A ello se suma que los gerentes de las ESE seguirán siendo nombrados
a dedo por el gobierno central o territorial, según el caso.
En tales condiciones, no es de extrañar que en ninguna
parte del proyecto se mencione a los pacientes o usuarios, porque para la
tecnocracia neoliberal lo importante no son los seres humanos, sino los
negocios, y los negocios tienen sentido en la medida en que produzcan
ganancias.
A pesar de los esfuerzos realizados por las
organizaciones de la sociedad civil, particularmente las que conforman la
Alianza Nacional por la Salud, en la elaboración del Proyecto de ley 233 de
2013, refrendado por varios congresistas, quienes proponían un nuevo modelo de
salud descentralizado,-
el proyecto fue negado en primer debate por la bancada
gubernamental y se quedaron por fuera de esta reforma aspectos sustanciales,
como la superación de las barreras de
acceso, la implementación de un sistema de salud pública renovado y de atención
primaria en salud integral,-
la eliminación de la intermediación, los requerimientos
de los pueblos indígenas en materia de salud, la inclusión de principios
favorables a los usuarios, como el pro hómine, y la descentralización de los
recursos de la salud.
Como consecuencia, no cabe duda de que los grandes
beneficiados de esta reforma serán los mercaderes de la salud, que seguirán
cosechando grandes dividendos, al tiempo que la crisis estructural que ella
padece,-
quedará sin resolver y volverá a manifestarse más
temprano que tarde. Se trata de la deplorable repetición de la historia de
fracasos de todas las reformas que se han hecho desde la funesta ley 100 de
1993.
El problema de la salud no es de falta de recursos, sino
de desvío de los mismos por la intermediación, con base en la lógica mercantil
de que como se trata de un negocio privado este debe producir las mayores
ganancias posibles.
Para nosotros,
como para la inmensa mayoría de los colombianos, la salud es un derecho
fundamental y su reconocimiento efectivo
es indispensable para la satisfacción de otros derechos,-
por lo que se requiere que cualquier reforma sea objeto
de una elaboración que incluya a todos los sectores y opiniones autorizadas que
conocen del tema y que, por lo mismo, pueden aportar soluciones a los
problemas.
En consecuencia, reiteramos nuestro voto negativo al articulado que compone la reforma a la
salud, por cuanto consideramos que la crisis de la salud no se resuelve con la “redefinición” del
sistema de salud, ya que lo que el país necesita es un nuevo sistema democrático,-
basado en principios de carácter público, solidario, sin
intermediación financiera, con equidad y calidad, que elimine el carácter
mercantilista, rescate la salud como un derecho humano fundamental y garantice
que todos los colombianos puedan tener acceso a una atención oportuna, de
calidad y en condiciones dignas.
Así mismo, deploramos que por privilegiar los intereses
de los negociantes de la salud el Congreso pierda una nueva oportunidad de
resolver la crisis que casi todos los días cobra valiosas vidas de nuestros
compatriotas.
Cordialmente:
GL0RIA INÉS RAMÍREZ RÍOS JORGE
ENRIQUE ROBLEDO
Senadora de la República Senador
de la República
PARMENIO CUELLAR JORGE
ELIÉCER GUEVARA
Senador de la República Senador
de la República
LUIS CARLOS AVELLANEDA
CAMILO
ROMERO
Senador de la República Senador
de la República
MAURICIO OSPINA
Senador de la República
Bogotá, D.C., 15 Octubre de 2013
