sábado, abril 02, 2011

Chaparral, Tolima
El asesinato de los campesinos de Astracatol se dio en una zona fuertemente militarizada
Hubo negligencia de autoridades civiles en el levantamiento de los cuerpos y en las necropsias. Comunidades y ONG defensoras de derechos humanos exigen celeridad en las investigaciones
Por: Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima

La Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima, Astracatol, filial de Fensuagro-CUT, denuncia a la opinión pública nacional e internacional, instituciones, organismos gubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos, el asesinato de los campesinos Héctor Orozco, vicepresidente de la Seccional Astratcatol-Chaparral y Gildardo García, ocurrido el día 30 de marzo de 2011 en el corregimiento de la Marina, municipio de Chaparral.

1. La Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima, constituida legalmente en 2007 como resultado de importantes procesos de movilización campesina en el departamento, es una organización agraria y sindical integrada por campesinos y colonos del Tolima que se han organizado para exigir la construcción democrática de una política agraria, así como garantizar la permanencia en el territorio y la defensa efectiva de sus derechos.

2. Una de las seccionales de Astratcatol se ubica en el municipio de Chaparral, donde el proceso organizativo campesino junto a sus dirigentes han sido víctimas de señalamientos, hostigamientos y violaciones a los derechos humanos por parte de las tropas del Ejército Nacional que hacen presencia en la región.

3. La presencia militar en Chaparral aumentó significativamente en los últimos tres años, con fuerte acento en el último periodo. La concentración de tropas del Ejército Nacional tiene como propósito garantizar la presencia de empresas transnacionales interesadas en la explotación de los recursos naturales de la región, abundante en nacimientos de agua y cuencas hídricas.

Actualmente Isagen realiza la construcción de la Hidroeléctrica a filo de agua sobre el río Amoyá, para cuya protección fueron creados dos (2) batallones de alta montaña en el Cañon de Las Hermosas.

4. Se suma a lo anterior, la creación de la Fuerza de Tarea del Sur en abril de 2010, que ha significado un aumento en los niveles de persecución contra la población campesina de la zona y los dirigentes de Astracatol, así como permanentes infracciones al DIH por parte de las tropas del Ejército Nacional que ponen en riesgo la vida de la población civil.

Bajo este panorama transcurre durante los últimos meses la vida de los campesinos del corregimiento La Marina, cuyo centro poblado, alrededores y vías de acceso han sido militarizados por tropas del Ejército Nacional, generando fuertes restricciones al tránsito y el desarrollo de la cotidianidad campesina, e involucrando a la población civil en la dinámica de la confrontación armada.

Hechos

1. El día 30 de marzo de 2011, siendo aproximadamente las 6 de la tarde los campesinos Héctor Orozco y Gildardo García, se dirigían a su casa en moto por la carretera que comunica el casco urbano de Chaparral con el corregimiento La Marina, siendo asesinados a la altura de la vereda Espíritu Santo-Albania.

No existen testigos presenciales de los hechos, sin embargo es preciso mencionar que esta zona se encuentra plenamente militarizada y a menos de 400 metros del lugar de los hechos hacen presencia permanente tropas del Ejército Nacional a la altura del denominado cruce del Espíritu Santo.

2. Una vez encontrados los cuerpos sin vida de los campesinos, se alertó a las autoridades competentes (Alcaldía de Chaparral, la Fiscalía y el CTI) para proceder a realizar el levantamiento. Sin embargo la respuesta fue negligente, de forma que el levantamiento sólo pudo realizarse a las 11 de la mañana del día 31 de marzo, más de doce horas después de ocurrido el asesinato.

Durante este lapso, los cuerpos de las víctimas quedaron expuestos a las condiciones del clima y sus familias se vieron enfrentadas a una jornada de sufrimiento sin poder recoger a sus seres queridos.

3. En este momento se llevan a cabo las necropsias respectivas, que también han presentado retrasos, y las familias se encuentran a la espera de los cuerpos para darles cristiana sepultura.

Héctor Orozco era un campesino de la vereda San Fernando del corregimiento de La Marina, como destacado dirigente de la comunidad ejercía como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de su vereda y vicepresidente de la Seccional Chaparral de Astracatol. Tenía 35 años de edad, era esposo y padre de 3 hijos menores.

Gildardo García era un campesino de la vereda Florestal-Ambeima del corregimiento de La Marina, socio de la Junta de Acción Comunal de su vereda. Tenía 32 años de edad, era esposo y padre de 4 hijos menores.

La Asociación de Trabajadores Campesina del Tolima rechaza el asesinato de los campesinos ocurrido en el corregimiento La Marina, así cualquier otro tipo de violación que afecte los derechos de los campesinos y/o se dirija a perseguir los procesos organizativos de base que hemos construido en defensa de nuestro territorio.

Por lo tanto exigimos: Al Estado garantizar y efectivizar los derechos humanos a los miembros de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima, así como la garantía del derecho a la libre asociación y oposición.

Al gobierno nacional tomar las medidas pertinentes para asegurar la vida, honra e integridad personal de los miembros de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima y los campesinos en general. A la Vicepresidencia de la República que se comprometa con la garantía de los derechos humanos del conjunto de los miembros de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima.

A la Procuraduría General investigar los hechos aquí explicados en lo que corresponda. A la Fiscalía General de la Nación investigar y esclarecer los hechos aquí mencionados y adelantar las acciones pertinentes frente a este caso, garantizando Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas y sus familias.

A la Organización de Naciones Unidas pronunciarse acerca de esta situación. A la Defensoría del Pueblo pronunciarse y tomar acciones frente a posibles violaciones de derechos humanos a los integrantes y dirigentes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima que continuaran desarrollando su trabajo en el departamento. Además,

Solicitamos:

A la comunidad nacional e internacional, instituciones, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos a rodear de solidaridad y acompañamiento a la Asociación de Trabajadores Campesina del Tolima y en general, al movimiento campesino colombiano por la búsqueda de la Verdad, la Justicia y la Reparación Integral.

Igualmente se brinde la garantía de respeto a la vida, la integridad y la protesta de quienes participamos en la construcción de un mejor país. Adicionalmente solicitamos emitan sus pronunciamientos de apoyo a las autoridades competentes.

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Un Tribunal contra crímenes climatológicos en Siero, Asturias
Por Soldepaz.Pachacuti

Alguno de los juristas implicados en la actividad del fin de semana próximo, ha llegado a indicar que Siero (concejo del Principado de Asturias, España), se va a convertir en un referente necesario en la consecución de un Tribunal de Justicia Climática,-

como ya lo fue la ciudad  de Cochabamba, y todo porque, así como en algún momento la wiphala o bandera indígena de la diversidad, ondeó en el Ayto, y otras iniciativas dieron lustre internacional al concejo, ahora, en este 2011, Cochabamba tiene continuidad en Siero.

Fundamentos y antecedentes de este Tribunal

La iniciativa de este Tribunal responde a la necesidad de dar respuesta a una ausencia de mecanismos e instituciones que sancionen los crímenes climáticos a cuyos extremos se ha llegado en estos tiempos.

Se inspira en  las iniciativas de los pueblos para establecer Tribunales Éticos de Opinión, como el Tribunal Russell (1967), establecido para juzgar y condenar los crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos en Vietnam y que luego (1974-1976)-

enjuició los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por las dictaduras en América así como, en su continuidad, el Tribunal Permanente de los Pueblos, creado en 1979 y en otros tribunales independientes como el Tribunal Internacional de los Pueblos sobre la Deuda y el Tribunal del Agua.

Todos ellos buscan visibilizar y calificar aquellas situaciones en las que la violación masiva de los derechos fundamentales no encuentra reconocimiento ni respuestas institucionales y encuentran su legitimidad en la voluntad soberana de los pueblos, como contrapuesta al poder de los gobiernos y de las empresas.

Ahora bien, si en este tiempo se quisiera Juzgar a multinacionales que violan derechos ambientales, o gobiernos que hacen similares prácticas anti derechos humanos, habría que acudir a la Haya, o a Ginebra.. y aun así individualizar las acusaciones, en la Corte Penal Internacional, en el Tribunal Internacional de Justicia..

Lo que se ratificó en Cochabamba en abril pasado es la propuesta avanzada de creación de un Tribunal de Justicia Climática, y para ello se dieron cita, decenas de miles de personas, pero también figuras de prestigio ético como Leonardo Boff, el padre Miguel D´Escoto que presidia la Asamblea General de la ONU, o el juez Martín Pallín..

Este último, único español en aquel foro, será precisamente el que presida el TJC de Siero los días 8 y 9 de abril, donde se juzgarán “solamente” dos aspectos de incidencia en deuda ecológica y desastre ambiental, como los que tienen relación con  agrocarburantes y los combustibles fósiles.

Se trataría pues de una Audiencia preliminar, con jueces, jurado popular, abogadas, peritajes y acusaciones muy serías por parte de testimonios de personas que llegan de los países del Sur.

Con ello se pretende alcanzar los siguientes Objetivos desde  Siero:

1.     Informar y sensibilizar sobre la lucha más amplia contra la deuda ecológica y el cambio climático, así como a favor de la justicia ambiental y social.

2.     Informar sobre el proceso y los objetivos del Tribunal Internacional de los Pueblos sobre Deuda Ecológica y Justicia Climática;

3.     Sumar más organizaciones sociales a este proceso y apoyar en los diferentes momentos destacados (Durban 2011 y Río de Janeiro en 2012).

4.     Continuar el camino trazado por la conferencia de Cochabamba (2010), organizando tribunales locales/sectoriales de justicia climática que se celebrarían en los próximos dos años y que culminarían en las audiencias en Durban y Río.

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Todo listo para la movilización social contra las arbitrariedades del gobierno Santos el 7 de abril en Colombia
Por Hernán Durango

A las fuertes protestas de los sectores universitarios colombianos ante las políticas neoliberales de privatización de las universidades públicas, se suman los conflictos y protestas de sindicatos y agremiaciones en el país por el abandono oficial a las familias damnificadas por la ola invernal y la falta de previsión de autoridades, el  alza en los combustibles y la pauperización laboral de millones de hombres y mujeres  en Colombia. 

La central Unitaria de Trabajadores CUT, junto al Polo Democrático Alternativo y las organizaciones estudiantiles,  profesores y trabajadores han convocado para el próximo 7 de abril a la realización de la jornada nacional de protesta contra el Plan Nacional de Desarrollo, instrumento oficial que arremete contra derechos sociales  e impone lesivos recortes presupuestales en salud y educación.

Los principales  puntos que levantan los sectores populares en Colombia destacamos el rechazo al  neoliberal Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda Legislativa del gobierno de Juan Manuel Santos;  Condena al  favorecimiento gubernamental a las multinacionales en los sectores minero-energético;-

agrícola y del comercio que se apoderan de nuestros recursos naturales y del trabajo nacional; Actitud firme contra la  privatización de la educación pública y la apertura de la educación a las universidades extranjeras con fines de lucro. También denuncian la escandalosa corrupción cometida por las EPS y la catástrofe en la salud pública por la Ley 100; entre otras consignas.

La CUT, la Gran Coalición Democrática y los distintos espacios y procesos de unidad popular convocan a todo el pueblo colombiano a participar en las concentraciones y movilizaciones en todas las ciudades capitales del país.

En Bogotá la concentración será a partir de las 10 de la mañana frente  a la Plaza de toros desde donde partirá la movilización por la carrera séptima hasta la Plaza de Bolivar.

Los voceros de la protestas social en Colombia ratificaron la convocatoria popular y se mostraron inconformes frente a los planteamientos de las autoridades, desde el presidente Juan Manuel Santos,-

el general Naranjo y la  ministra de educación nacional, María Fernanda Campo, que estigmatizan y hacen señalamientos irresponsables contra los organizadores de  las protestas sociales, especialmente frente a las últimas movilizaciones estudiantiles en diferentes ciudades del país.

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jueves, marzo 31, 2011

Sabana de Torres, Santander
Continúa persecución del alcalde y la policía contra dirigente campesino
Por Asogras

La Asociación Agraria de Santander ASOGRAS, denuncia ante la comunidad Nacional e Internacional, que el día  de hoy 30 de Marzo siendo las 10:00 A.M. y las 11:50 A.M., el señor Alcalde de Sabana de Torres, DR. URIEL VELANDIA GUTIERREZ,-

y unas personas de civil en actitud sospechosas a las cuales les tomaron fotos a los que se encontraban en el predio privado, luego salieron del predio y el Alcalde procedió a llamar a la Teniente CAROLINA,  Comandante de la Estación de Policía de Sabana de Torres y el cabo SUAREZ,-

quienes se presentaron al lote de reserva de la Asociación campesina y procedieron a sacar un tractor que se encontraba trabajando en la siembra de cultivos de pan coger, además procedieron a identificar  a las personas que se encontraban trabajando entre ellos,  el menor hijo del Presidente Departamental,-

DAVID FERNANDO TAMAYO CARRASCAL, de 15 años violando los derechos del menor  por parte  del Alcalde y la Policía,  en el Lugar se encontraban los campesinos  VICTOR  GARCIA, PEDRO, GILBERTO, JULIO, otro menor de edad y MARTHA JIMENEZ, quien es la compañera del  Presidente y es persona con la condición de población en situación de desplazamiento como consta en los registros de Acción Social. 

Este abuso de autoridad  por parte del Alcalde de Sabana de Torres  y de la Policía  de Sabana de Torres en Cabeza de la teniente  CAROLINA es muy claro pues para este procedimiento no  mostraron ninguna orden judicial expedida por autoridad competente  violando así  todos los derechos que tenemos los campesinos a resistir  en nuestras  tierras y los territorios.

Fueron tratados como vil delincuentes  al tratarlos en la forma como los trataron abusando de su autoridad sin cumplir  con la  Constitución y las leyes  y al contrario se les violaron todos sus derechos  como ciudadanos de bien.

El Cabo SUAREZ,  le manifestó al compañero VICTOR GARCIA,  que debía de parar los trabajos que se estaban realizando como si el tuviera una orden judicial  el compañero le manifestó al Cabo que presentara algún documento, pero él le manifestó que era la autoridad y debería de cumplir la orden dada por el Cabo  SUAREZ,  hasta nueva orden.

En unos de los argumentos del Alcalde manifestó que estos terrenos son del gobierno que el  representa  y no presentó documento alguno que validara  sus argumentos de ser el propietario como lo manifestó.

En el lugar  también se hizo presente la Personera del Municipio la Dra. DIANA  BLANCO, quien permitió que se desarrollara toda la violación  de los derechos de los campesinos  porque como Ministerio Público no podía permitir que  se retirara el tractor  sin ninguna orden judicial de autoridad alguna y sin la presentación  de titulo por parte de la administración Municipal

Es de aclarar, que desde que se presentaron las denuncias el pasado  02 de Febrero en la ciudad de Barrancabermeja  contra el Alcalde de Sabana de Torres,  ante el señor  Vicepresidente DR. ANGELINO GARZON, las presiones por parte de los grupos armados que operan en el municipio no se han hecho esperar-

al punto que  toda la familia nos tocó desplazarnos de la finca de nuestra propiedad  que está ubicada  en la Vereda de Doradas por falta de seguridad tanto para la familia y el compañero Presidente Departamental y hoy se encuentran  viviendo en el lote de reserva de la Asociación en donde el señor Alcalde arbitraria mente procedió a dar la orden de parar los trabajos que se están desarrollando por parte del  compañero Presidente de la Asociación campesina. 

Es de advertir que en este caso se esta violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 8, 9, 16 L. 3, 17, 23) y el Derecho Internacional Humanitario   y  Los  derechos de los campesinos a vivir  en sus territorios  como lo consagran las leyes colombianas.

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Con volantes Ejército señala de guerrilleros a pobladores de la Victoria, Nariño
Por Cpdh

Vecinos denuncian que por medio de volantes (foto) han sido víctimas de calumnias, que ponen en juego su integridad y en riesgo sus derechos y su vida, por lo que exigen explicaciones a las autoridades.

El  Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) Nariño, hace  pública la  denuncia  y  rechaza  las  irregulares que  varios  afectados  han expresado a la  organización,  y  de las que  han  sido  víctimas, pobladores  del  corregimiento  de  la Victoria,  a quienes  por  relaciones  de  afecto, familiaridad  o episodios  jocosos,-

sus  familias y amigos  desde  su niñez han identificado con  sobrenombres  y/o  “apodos”,   hoy tal  costumbre natural y reiterativa  en el medio, desprovista  de  todo animo  ofensivo y criminoso,  es  usada  por  parte   del  Ejercito  Nacional   para  prefigurar  una  condición  delincuencial.

panfleto_la_victoria_1Asimismo,  desde hace  varios  días  circula  en  el  corregimiento de la  Victoria,   una  serie  de   volantes  donde se hace   la  invitación  a   supuestos  “alias” tales  como:  “Ismael, Alirio, Pellizco, Chiflin, Duende, Mostrico y Conejo”   a  que  se  desmovilicen  sindicándolos  directamente  de  pertenecer  al  frente  48 de  las  FARC; 

ante la  gravedad  de  la  situación  los  familiares  han  acudido  directamente  a  pedir  explicaciones  a los miembros  del  ejército por  los  señalamientos,  incluso les cuestionaron si  existe  frente  a los  mismos,   indagaciones,   investigaciones previas  a  efectos  de  hacer  valer  sus derechos, a lo que los militares  no  han  dado  respuesta  alguna,  señalando  que   ellos  reciben  órdenes  superiores.

Los  sobrenombres  que  aparecen  en  el  volante,  corresponden  algunos  residentes  de la  comunidad de la  Victoria,  conocidos  por  ser  personas  honradas, pobladores  de la zona,  con  oficios  lícitos y  arraigo  en sus comunidades, sin  antecedentes penales y/o contravencionales,  tanto  así que por  residir  en  una  zona  de  frontera,   recientemente  han pasado  al    Ecuador,  sin  que  tuviesen  inconvenientes   con el  DAS,  la   Policía  o autoridad  judicial alguna, lo  que evidencia,  que  formalmente  no  son  requeridos  por  autoridad  alguna.

Por  tanto   la  inquietud  y la  zozobra  es mayor,   toda  vez que en la parte  anterior  del   volante  se  ofrece  por   su  “desmovilización”    recompensas,  beneficios, oportunidades de trabajo, entre otras, configurándose un  claro  señalamiento  que pone  en  riesgo  sus   derechos  no  sólo  al  buen nombre y la  honra, sino la  vida.

Los  familiares  de los  implicados   responsabilizan   a   quienes   se  han  encargado  de  difundir  estos   volantes, por  lo  que  les   pueda  suceder, más  cuando  en  Colombia  las Fuerzas  Militares  están  instituidas  para  brindar  protección,  de la  vida,  los  bienes  y la  honra  de  las  personas, y no  para  vulnerarlas.

El  Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Nariño, hace  un llamado  a  las  autoridades  como  la  Procuraduría  para que   tome  cartas  en  el  asunto,  a las   fuerzas  militares  a  no  involucrar  a la población  civil  en  el conflicto y abstenerse  de  hacer  señalamientos temerarios  contra   los  pobladores  de la  localidad; en vista de la grave situación en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario que atraviesa el departamento,-

sin que las labores  solitarias  de  estas  personas  hayan   encontrado  eco  en  los  responsables,  hacemos  pública  la  denuncia acudiendo a la opinión pública, la comunidad internacional, las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos para que hagan veeduría sobre esta situación y réplica de nuestra denuncia con el fin de incidir en la adopción de medidas prontas y eficaces que garanticen los  derechos   de los  pobladores  del corregimiento  de la  Victoria.

Fiscalía se compromete con la comunidad Wayúu en la búsqueda de desaparecidos
Por Comunidad de Bahía Portete

A partir del día 11 y hasta el día 14 de marzo del 2011 en el territorio ancestral de Bahía Portete, en el punto de wawaliwou, se realizó el encuentro institucional con la Fiscalía General de la Nación, Unidad  de Justicia y Paz, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Defensoría Delegada Para Asuntos Indígenas y Minorías Etnicas,-

Defensoría del Pueblo Regional Guajira, Organización wayuu Munsurat -Mujeres Tejiendo Paz, Asociación de Autoridades Tradicionales Akotchijirrawa de Bahía Portete y los miembros de la Comunidad de Portete, quienes durante esos días realizaron una jornada de trabajo que inició con el recorrido por todo el territorio incluyendo los sitios sagrados.

Otra actividad a destacar fue el análisis de la comunidad a las versiones libres de los desmovilizados José Gregorio Alvarez Andrade, alias “Pedro 16”, perteneciente al grupo Contra Insurgencia Wayuu, Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40”, jefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Es de resaltar también que la comunidad, a partir de los informes rendidos por la Fiscalía, examinó el estado del proceso adelantado por Justicia y Paz con relación a la masacre ocurrida hace siete años y avanzó en posicionarse respecto a tal jurisdicción, insistiendo en documentar el caso y prestar toda la colaboración, pero sin participar por ahora directamente.

La Fiscalía por su parte asumió una serie de compromisos. Entre estos, impulsar la búsqueda de las personas desaparecidas. En desarrollo de este compromiso, a partir del día 31 de marzo de este año se emprenderá la búsqueda de Diana Fince Uriana, Reina Fince Pushaina,-

quienes fueron desaparecidas en la Masacre del 18 de Abril del 2004 que fuera perpetrada por el grupo de Contra Insurgencia Wayuu del Bloque Norte de las Auc bajo el mando de Rodrigo Tovar alias Jorge 40 y con la probada participación de  José María Barros Ipuana alias Chema Bala, Arnulfo Sánchez González, alias Pablo.

Las coordenadas serán entregadas por el desmovilizado José Gregorio Álvarez Andrade, alias Pedro 16, quien estará en el territorio de Bahía Portete para poder dar con la ubicación del lugar donde supuestamente estarían las desaparecidas.

Además se adelantará la exhumación de los cuerpos de Alberto y Roland Everts Fince, quienes fueron asesinados el 1 de Febrero del 2004 en Puerto Nuevo y en Portete por el grupo de Contra Insurgencia Wayuu del Bloque Norte de las Auc bajo el mando de Rodrigo Tovar alias Jorge 40, José María Barros Ipuana alias Chema Bala y Arnulfo Sánchez González, alias Pablo.

Estos son algunos de los compromisos y acuerdos que se dieron por parte de la fiscalía quienes tuvieron representadas por la Doctora Deicy Jaramillo Fiscal Tercera Delegada ante el Tribunal y la Doctora Seneida López Cuadrado Fiscal Novena Delegada Ante el Tribunal y Coordinadora de la Sede de la Costa Caribe de la Unidad de Justicia y Paz.

La comunidad espera que por fin se sepa dónde se encuentran las desaparecidas y saber realmente que ocurrió con ellas.

miércoles, marzo 30, 2011

Cátedra Narco-paramilitarismo/
Por presión estudiantil sacaron al flamante catedrático Uribe Vélez de la Universidad de Georgetown
Por Camilo Raigozo

Varias agencias de noticias informaron que los estudiantes de la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos, presionaron a las directivas del claustro para que el flamante profesor Álvaro Uribe Vélez fuera sacado de la nómina, como efectivamente ocurrió.

Al desprestigiado “catedrático”, quién es señalado por un amplio sector de la opinión pública colombiana e internacional de ser paramilitar, no le fue renovada la invitación por parte de la universidad.

Bajo el régimen de Uribe –según múltiples ONG defensoras de derechos humanos- se cometieron las más aberrantes violaciones a los derechos humanos por parte de grupos paramilitares en complicidad con la Fuerza Pública.

Al respecto, el pasado 13 de enero la Fiscalía reveló tener documentados 173.183 asesinatos; 1.597 masacres; 34.467 desapariciones forzadas (el último informe de Medicina Legal habla de 38.255 desapariciones en los últimos cuatro años de Uribe) y al menos 74.990 desplazamientos forzados de comunidades, crímenes cometidos entre junio de 2005 y el 1 de diciembre de 2010, por la estrategia paramilitar.

Otros informes de la Fiscalía señalan que los paramilitares, ahora llamados estratégicamente por el régimen y la gran prensa, “Bandas Criminales”, cometieron durante el mismo periodo de tiempo, 3.527 secuestros; 3.532 extorsiones; 3.557 reclutamientos de menores; 677 abusos contra la mujer y las niñas; 68 casos de narcotráfico y otros 28.167 actos criminales no especificados por la Fiscalía.


De igual forma, el ente investigador tiene documentados 2.472 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos en Colombia como 'falsos positivos', cometidos por la Fuerza Pública

El grado de corrupción del gobierno de marras, fue tan generalizado y tan hondo que simplemente no tiene antecedentes en la historia del país. No hay semana en que no se destapen una o varias ollas podridas de la era Uribe. “Donde quiera que se ponga el dedo sale pus”, dijo aterrado un funcionario del nuevo gobierno.

Sin embargo durante la estancia de Uribe en Georgetown, invitado como "académico distinguido en la práctica de liderazgo global", trataba temas sobre la política colombiana y relaciones internacionales.

Desde 2007 el Misoprostol está aprobado por el Invima para la práctica de abortos en los casos de la Sentencia C-335/06
Por Brújula Comunicaciones

Bogotá, 30 de marzo de 2011.- Tras las declaraciones de la directora del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -Invima, doctora Blanca Elvira Cajigas de Acosta, sobre si esta institución ha autorizado el uso del Misoprostol para la práctica de abortos, se ha generado una gran confusión. La duda surge en momentos en los que la Comisión de Regulación en Salud -Cres estudia la posibilidad de incluir este medicamento dentro del Plan Obligatorio de Salud -POS.

Para aclarar esta situación, la organización Women´s Link Worldwide, que trabaja por lograr la plena implementación del aborto legal en Colombia, recuerda que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -Invima, mediante el Acta No. 20 de 2007, autorizó el uso del Misoprostol para la práctica de abortos enmarcados en las causales despenalizadas por la sentencia C-355/06 de la Corte Constitucional.

El Misoprostol, que hasta el 2007 estaba autorizado exclusivamente para tratar enfermedades gástricas, fue evaluado por la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora del Invima a solicitud del Ministerio de la Protección Social. Con fecha 27 de junio de 2007, se expide el Acta 20/2007 en la cual se lee, textualmente:

Mediante radicado 7023192 del 31 de mayo de 2007 el Ministerio de la Protección Social solicita a la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora ampliación de la indicación del principio activo Misoprostol para el uso en los procedimientos de  interrupción voluntaria del embarazo, en los eventos no constitutivos de delitos de aborto.

Concepto: Atendiendo la solicitud efectuada por el Ministerio de la Protección Social y teniendo en cuenta el perfil farmacológico conocido en el medio científico del Misoprostol, la Sala Especializada de Medicamentos y Productos Biológicos de la Comisión Revisora considera que este principio activo podrá ser empleado como oxitócico en las específicas circunstancias señaladas por la sentencia C–355 de  2006, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 4444 y la Resolución 3905 del mismo año.

El debate actual gira en torno a la decisión que la CRES tomará acerca de incluir el Misoprostol dentro del Plan Obligatorio de Salud. Dentro del POS se encuentran, en este momento, los métodos quirúrgicos del legrado y la Ameu para la práctica de abortos dentro de la ley. Esta decisión permitiría la distribución gratuita del Misoprostol en la red de salud pública, lo que favorecería a las mujeres con escasos recursos.

Dado el alto nivel de confusión en los conceptos técnicos utilizados por algunas publicaciones de prensa alrededor de este debate, éstas son algunas precisiones sobre el tema:

Misoprostol: Medicamento originalmente creado para fines gástricos, con efectos abortivos. Actualmente se recomienda su uso para varios fines ginecológicos y obstétricos. Produce contracciones en el útero, y se utiliza para la interrupción del embarazo con feto vivo (aborto) o muerto y retenido, la inducción de parto con feto vivo, el aborto incompleto, y la hemorragias postparto. Autorizado por el Acto 20 de 2007 de Invima para abortos dentro de las causales de la C-355/06.

Mipristona: Originalmente creada para la interrupción del embarazo. Bloquea la hormona progesterona que se produce naturalmente en el cuerpo y que es necesaria para continuar el embarazo. No está autorizado su uso en Colombia.

Levonogestrel: Es el componente activo de los anticonceptivos orales regulares y en mayor concentración de las pastillas de anticoncepción de emergencia. Previene la ovulación y no tiene efectos abortivos. Su uso está autorizado en Colombia y se distribuye ampliamente, bajo diferentes marcas.

Iinvima: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Se encarga de la vigilancia sanitaria y de control de calidad de medicamentos. Autoriza, con base en evidencia científica, los usos de medicamentos.

Cres: Comisión de Regulación en Salud. Establece qué medicamentos deben incluirse el POS.

POS: Plan Obligatorio de Salud. Conjunto de servicios, actividades y medicamentos a los que tiene derecho de manera gratuita todo afiliado al Sistema de Salud en Colombia.

C-355/06: Sentencia de la Corte Constitucional que reconoció el derecho de las mujeres al servicio de interrupción voluntaria del embarazo cuando la vida o salud física o mental de la mujer está en riesgo, se diagnostican malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, o el embarazo es resultado de una violación.

El Acta No. 20 de 2007 del Iinvima puede ser consultada en: http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/acta20_2007.pdf

Lebrija, Santander
Alcaldesa ordenó desalojar a familia desplazada afiliada a Asogras
Por Asogras

La Asociación Agraria de Santander, Asogras, denuncia ante la comunidad nacional e internacional, que el próximo 27 de Abril, a las nueve de la mañana la alcaldesa del municipio de Lebrija, Santander, Sonia Serrano Prada, ordenó el desalojo al compañero afiliado Deocleciano Rojas Mendoza.

La nueva víctima del Estado es padre de  tres hijos y tiene una mejora en una parcela en la vereda de Palanqueros del municipio de Lebrija, en la que lleva más de cinco años de estarla trabajando con su familia, en donde tienen cultivos de pan coger, potreros para la cría de ganado, pozos para la cría de peces, frutales, maderables y otros.

Se aclara que es la segunda vez que la alcaldesa Sonia Serrano Prada, intenta desalojar a la fuerza a esta familia  desplazada. Como se recordará el pasado  30 de Septiembre de 2009  se presentaron más de 70  Policías  del Esmad  y-

dos contraguerrillas del Ejercito  Nacional, con el sobrevuelo de un helicóptero de la Policía,  para sacar a esta pobre  familia violándole todos sus derechos como campesinos y como desplazados por el conflicto Interno en este país.

Es de advertir que en este caso se está violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 8, 9, 16 L. 3, 17, 23) y el Derecho Internacional Humanitario

Peticiones

Primero: Investigar por parte de la Procuraduría General de la Nación, los  hechos  aquí denunciados los cuales ponen en riesgo la vida y la integridad del compañero, la familia y los afiliados.

Segundo: Pedir el acompañamiento de las Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos para ese día  27, asistiendo al  sitio del desalojo.

Tercero: Confirmar  la presencia  de las Organizaciones  Defensoras de Derechos Humanos, campesinas, sindicales, comunidad Internacional, Procuraduría Agraria, Defensoría Regional del Pueblo en Santander, Acción Social, Procuraduría General de la Nación, la OEA, Naciones Unidas y Medios de Comunicación por este medio o por el móvil  317-5314931.

Caurto: Exigimos protección y garantías  de las autoridades con las personas presentes en este procedimiento.

Quinto: Alertamos nuevamente a la comunidad nacional e internacional sobre estos preocupantes hechos, de violación a los DD.HH., desde ya manifestamos nuestro temor de que se sigan presentando y profundizando, la vulneración de derechos fundamentales y al Derecho Internacional Humanitario.

Protestas en la Universidad Nacional Sede Bogotá
Por Prensa Universidad Desde las aulas hacia Colombia

El día de hoy, 30 de marzo se desarrolló una protesta por parte de Estudiantes contra la reforma a la educación superior y contra las políticas de seguridad implementadas en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

A las 9:30 de la mañana un camión de la empresa Coca-Cola fue ingresado a las instalaciones de la plaza Che Guevara donde cientos de estudiantes tomaron las gaseosas. Más adelante varias cámaras instaladas en el campus fueron destruidas y posteriormente incineradas en la céntrica plaza ante la mirada de miles de universitarios.

Hacia las 11:00 am los líderes de la manifestación arengaron consignas y dieron un discurso mientras otros entregaban comunicados. Al concluir el acto se dirigieron a la portería de la carrera 30 donde se enfrentaron al Esmad por cerca de una hora.

Luego de finalizar la protesta, hacia las 12:30 la Fuerza Pública continuó arrojando gases lacrimógenos y bombas de aturdimiento y a las 2:00 pm continuaban dos helicópteros de la policía sobrevolaban la universidad.

Estaremos ampliando la información. Foto Prensa Universidad.

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lunes, marzo 28, 2011

Pronunciamiento sobre Ley de Víctimas y restitución de tierras
Comunidades desplazadas solicitan  garantías , participación y seguridad 
Las comunidades aducen que si se les niega estos puntos básicos demandarán la ley que así salga aprobada por que sería inconstitucional
Por Camilo Raigozo

En rueda de prensa realizada este 28 de marzo de 2011 en Bogotá (foto), representantes de 10 organizaciones de comunidades desplazadas forzadamente en Colombia, advirtieron que no han sido consultadas sobre el texto del proyecto de Ley de Víctimas que hoy martes tiene su tercer debate en el Congreso de la República.

Para Alfonso Castillo de la organización Tierra Vida y Dignidad, otra preocupación es el asesinato continuo y metódico por parte de los grupos paramilitares mal llamados bandas criminales, de líderes que se ponen al frente para exigir la restitución las tierras arrebatadas a sangre y fuego a sus comunidades.

"El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha venido vendiendo la idea al país de que el proyecto es una maravilla. Se habla de reparar a las víctimas del conflicto armado sin las más mínimas garantías, prueba de ello han sido los asesinatos",  advirtió Castillo.

Castillo recordó que en los últimos años por intermedio de la estrategia paramilitar el régimen ha acabado con la vida de al menos 51 dirigentes que lideraban restitución de tierras, siendo el último Eder Verbel Rocha, asesinado el pasado 23 de marzo en San Onofre, Sucre.

Desde que el presidente Santos asumió la presidencia en agosto del año pasado y anunció su plan de restitución de tierras, al menos 12 campesinos que lideraban procesos de restitución de tierras han sido asesinados, según estadísticas de las organizaciones sociales.

Por su parte Rigoberto Jiménez, de la Coordinación Nacional de Desplazados, criticó que la Ley en proyecto faculta excesivamente al Presidente de la República para que reglamente la Ley y no dice cómo esta va a ser reglamentada por el Congreso.

“Una de las grandes inquietudes que tenemos es que el gobierno no tiene contemplado tener en cuenta a las víctimas de lo que el mismo denomina “bandas criminales”, que no son otra cosa que los mismos paramilitares, que en estos momentos continúan asesinando, amenazando y desplazando a la gente en varias regiones del país”, le comento a Notimundo Jiménez.

A renglón seguido dijo que “El gobierno está hablando de una Ley de Víctimas pero al mismo tiempo dice que no tiene plata para la reparación de los daños. Sí no tiene voluntad política, no queda claro de dónde van a salir los recursos para ejecutar la ley”.

Rosaliano Riascos de la Asociación de Afrodescendientes Desplazados, Afrodes, dijo a través de Notimundo que la inquietud de las organizaciones de desplazados es que se les permita participar en las discusiones y debates de la Ley de Víctimas, con el fin de que sus inquietudes y necesidades sean tenidas en cuenta.

“Es imperativo que el Gobierno se siente con las víctimas de desplazamiento para discutir con nosotros las garantías que se necesitamos las comunidades despojadas de sus tierras por métodos violentos”, le comentó a Notimundo Riascos.  Foto Camilo Raigozo.

Para la CIDH, el aborto es un tema de Derechos Humanos
Por Brújula Comunicaciones

Bogotá, marzo 28 de 2011.- En el 141 Período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH, tres audiencias públicas llevaron el tema del aborto ante esta máxima instancia que vela por el cumplimiento de los Derechos Humanos en el continente Americano.

El viernes 25 en la mañana, se realizó un seguimiento a la Medida Cautelar 340/10 acerca de la situación de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual en los campos de desplazados en Haití, proceso presentado entre otras organizaciones por Women´s Link Worldwide.

El mismo viernes en la tarde se presentó la situación de derechos humanos de las mujeres en Nicaragua y hoy lunes 28, se realizó una audiencia temática sobre los Derechos reproductivos de las mujeres en América Latina y el Caribe.

En la audiencia de Haití, los comisionados preguntaron al Estado si se había planeado despenalizar el aborto en caso de violación para enfrentar la epidemia de violencia sexual. En la audiencia de Nicaragua preguntaron por la lógica que subsiste detrás de la decisión de eliminar el aborto terapéutico.

Y hoy, en la audiencia de derechos reproductivos, los comisionados expresaron su preocupación por la ilegalidad del aborto terapéutico en algunos países de la región y la urgencia de evitar que mujeres que han abortado cumplan condenas de prisión de hasta 30 años, como sucede actualmente en El Salvador, México y Brasil.

La relatora especial para los derechos de la mujer de la OEA, Luz Patricia Mejía, aseguró que “la penalización del aborto es un problema del que no se habla y que criminaliza la pobreza de las mujeres”.

Para Mónica Roa, directora de programas de la organización Women´s Link Worldwide, “los pronunciamientos de los altos funcionarios del sistema interamericano confirman que el aborto debe tratarse como un tema de derechos humanos y desvirtúan el argumento de quienes se oponen a la liberalización del aborto, según el cual la protección del derecho a la vida de la Convención Americana prohíbe el aborto de manera absoluta”.

Sindicato de Trabajadores Petroleros de Putumayo, exige el cumplimiento de los acuerdos tras reunión con el vicepresidente Garzón






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