Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en tierra: Oxfam

Por Caracol Radio

Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en la tenencia de tierra, señala un informe de la ONG inglesa Oxfam, que conoció Caracol Radio.

El vocero de la ONG, Asier Hernando Malax reconoció que el acaparamiento de tierra en el país es muy grave.

“Colombia es uno de los países del mundo con más desigualdad en el acceso a la tierra, hay pocos países del mundo que sean más desiguales que Colombia, y esto lleva a situaciones enormes de pobreza rural, contribuye al conflicto y limita el desarrollo que se pueda llevar a cabo en el país”. Subrayó.

Reconoció que el problema se está agravando porque las tierras cultivables están llegando a su límite y por el fuerte incremento de la ganadería.

De acuerdo con el informe de Oxfam las tierras son el recurso más rentable para invertir, especular o para la producción de biocombustibles y no para la alimentación de los colombianos.

“Vemos que si no se toman las regulaciones pertinentes para frenar el proceso de acaparamiento de tierras a cinco años la situación puede ser muy grave”, manifestó el vocero de la ONG.

Agregó que desde 2001 se ha incrementado la utilización de tierras para la producción de biocombustibles que es algo muy grave y que cada vez será más agudo.

“Lo primero que identificamos es que en Colombia hay acaparamiento de tierras, vemos también es un fenómeno más agudo del que pensábamos”, explicó.

Afirmó que la capacidad que tiene el gobierno para limitarlo es bastante reducida y estimó que se deben tomar los correctivos del caso o de lo contrario las implicaciones de desplazamientos de campesinos o en la producción de alimentos va hacer muy grave.

De acuerdo con el reporte de Oxfam Todos los procesos de compra y venta de tierras son menos transparente y hacen muy difícil poder identificar y tener un buen diagnóstico de lo que está pasando en Colombia.

En cuanto al tema de la ganadería señalan que están utilizando más tierras que para la producción de alimentos.

“Las vacas que tenemos en Colombia son las vacas más cómodas en todo el continente”. Creemos que se podría tener la misma producción de carne y leche con la mitad del territorio que hoy tienen”, puntualizó Asier Hernando Malax.

Dijo que a esto se suma los problemas del accionar de los grupos al margen de la ley en la tenencia de la tierra en el país.

Finalmente, dijo que el proceso de restitución de tierras es fundamental y que el actual Gobierno está dando los primeros pasos en la entrega de tierras a los campesinos desplazados por la violencia.

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Parauribismo/

Agresión y amenazas contra los defensores de los derechos humanos

El 9 de noviembre de 2011, dos desconocidos armados, forzaron su entrada en la vivienda de la Sra. Jackeline Rojas Castañeda y el Sr. Juan Carlos Galvis, defensores de los derechos humanos.

Los agresores amenazaron con matar a la hija de Jackeline Rojas Castañeda, ataron y amordazaron a ésta última, y utilizaron pintura en espray para atacarla y pintarrajear la casa. Jackeline Rojas Castañeda,-

nominada al Premio Front Line para defensores de derechos humanos en riesgo en 2007, es coordinadora y representante legal de la Organización Femenina Popular (OFP) en el Sur de Bolívar, Colombia.

La OFP trabaja por el empoderamiento de las mujeres y de todos aquellos que se oponen a la guerra y a la violencia.

Juan Carlos Galvis, el esposo de Jackeline Rojas Castañeda, es integrante de la Junta Directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (Sinaltrainal) e integrante prominente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT).

El 9 de noviembre de 2011, hacia las 21:00, dos desconocidos armados, vestidos de negro y cubriendo sus rostros con cascos de motocicleta, entraron por la fuerza en la vivienda de los defensores de los derechos humanos ubicada en el barrio de Recreo en la ciudad de Barrancabermeja.

Según la información recibida, uno de los agresores le puso una pistola en la cabeza de la hija de Jackeline Rojas Castañeda, la llevó a otra habitación y amenazó con matarla si Jackeline Rojas Castañeda gritaba pidiendo auxilio.

El otro agresor llevó a Jackeline Rojas Castañeda a otra habitación, la ató, la amordazó y comenzó a interrogarla sobre dónde se encontraban su hijo y su esposo. A continuación los agresores registraron toda la casa, mientras dañaban las paredes y los cuadros con pintura en espray.

También pintarrajearon el rostro, el cabello y la ropa de la defensora de los derechos humanos. Antes de huir, robaron dos computadoras portátiles, tarjetas de memoria, celulares y algunos documentos.

Minutos después de que el incidente fuera denunciado por el hijo de Jackeline Rojas Castañeda, efectivos del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI) llegaron a la vivienda y examinaron el lugar de los hechos.

El 10 de noviembre, Jackeline Rojas Castañeda presentó una denuncia formal de la entrada por la fuerza, el ataque, las amenazas y el robo, sin embargo, los funcionarios alegaron que no habían pruebas suficientes para investigar todas las denuncias.

Previamente, el 9 de noviembre de 2011, un grupo de trabajadores de Barrancabermeja, incluídos miembros de Sinaltrainal , se habían manifestado frente a las instalaciones de la refinería de Ecopetrol.

Jackeline Rojas Castañeda y Juan Carlos Galvis han sido víctimas de atentados contra su vida, amenazas de muerte e intimidación en el pasado. José de Jesús Rojas Castañeda, ex-miembro de la OFP y hermano de Jackeline Rojas Castañeda, fue asesinado por paramilitares en 2003.

Front Line considera que la entrada por la fuerza, el robo, el ataque y las amenazas contra Jackeline Rojas Castañeda y Juan Carlos Galvis están directamente relacionadas con su trabajo legítimo en la defensa de los derechos humanos.

Front Line manifiesta su grave preocupación por la integridad física y psicológica y por la seguridad de Jackeline Rojas Castañeda, Juan Carlos Galvis y de su familia.

Front Line insta a las autoridades en Colombia a que:

Lleven a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre la entrada por la fuerza, el robo, el ataque y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos Jackeline Rojas Castañeda y Juan Carlos Galvis, y contra su familia, con el fin de publicar los resultados y de llevar a los responsables ante la justicia de conformidad con los estándares internacionales;

Tomen todas las medidas necesarias para garantizar en todo momento la integridad física y psicológica, y la seguridad de Jackeline Rojas Castañeda, Juan Carlos Galvis y de su familia.

Garanticen en toda circunstancia que los defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia pueden seguir con sus actividades en defensa de los derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones indebidas.

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Pradera, Valle

Enfrentamientos entre ejército e insurgencia dejan a la población en medio del fuego cruzado

Por Comunidades indígenas

Las comunidades indígenas del municipio de Pradera Valle, informamos que el día 16 de noviembre de 2011, se presentaron intensos combates entre la guerrilla y el Ejército Nacional a eso de las 2 a.m.

Los enfrentamientos se presentaron en las comunidades de San Isidro, El Líbano y parte alta de la comunidad El Nogal los cuales horas más tarde, hacia las 10 a.m., se intensificaron, quedando los habitantes del sector, en medio del fuego cruzado.

A pesar de que la población civil estuvo resistiendo hasta último momento, y en vista a que los combates no cesaban y que los artefactos explosivos y los cilindros bomba lanzados por los actores armados caían muy cerca de las viviendas-

de las familias que habitan la parte alta de la comunidad indígena y campesina de El Nogal y como resultado del sonido ensordecedor de los mismos, la comunidad  tuvo que desplazarte hacia la parte del caserío donde se encuentran hasta el momento para salvaguardar sus vidas.

Para las comunidades campesinas e indígenas no son extraños estos enfrentamientos que generan desplazamientos forzados, desapariciones y  muertos en la población civil.

No obstante observamos con preocupación la ausencia de una política clara de las autoridades locales, regionales y nacionales para garantizar los derechos fundamentales de los pobladores del sector, cuya vulneración y riesgo que tenemos la población civil frente a este conflicto histórico y que tiende a agudizarse, ha sido ampliamente  denunciado ante los organismos de DD.HH y humanitarios.

También hemos señalado que la intervención directa de la fuerza pública en el mejoramiento de las vías ejecutadas por parte de la fuerza pública es uno de los factores que dispara la iniciación de los combates. Po r ello reclamamos que tales obras sean realizadas por personal civil.

Asimismo, hemos hecho denuncias que generan especial preocupación, como el  brutal asesinato de la señora Leopoldina Valencia de 70 años de edad, el pasado 6 de marzo de 2011, en la vereda Vallecito.

La desaparición del comunero del Resguardo Indígena Kwet Wala el 15 de julio de 2011, Nolberto Campo, de 71 años de edad, sin que a la fecha se tenga noticia de su paradero; Asi como las graves heridas en que perdió una de sus piernas el señor Luis Angel Díaz, de 80 años de edad al pisar un mina antipersona el 1 de agosto de 2011 en la vereda La Fria.

Realmente no entendemos como en medio de tanta presencia del ejército nacional en la vereda San Isidro,  el pasado 15 de noviembre de 2011, en  horas de la noche,  dos hombres encapuchados (paramilitares) ingresan  en la casa de la señora Martha Graciela Escobar de 71 años de edad y le propinaron una golpiza  dejándola gravemente herida por lo que encuentra en recuperación en el Hospital Departamental de Cali.

Finalmente nos queda una gran preocupación frente a esta grave situación ya que a pesar de las denuncias las instituciones gubernamentales se siguen haciendo ciegas, sordas y mudas.

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Crece la deuda del gobierno con la educación superior indígena

Por Oficina de prensa de Hernando Hernández Tapasco

De cada mil colombianos en edad escolar el 0.63% es indígena. No hay un estudio por parte del Gobierno que dé cuenta de la situación geográfica, lingüística, social y cultural de las minorías étnicas para avanzar en materia educativa.

Una vez retirado el proyecto de reforma a la ley 30, el Representante Hernando Hernández Tapasco, defensor y aliado del movimiento estudiantil, hace un  llamado sobre la necesidad de que el Gobierno Nacional garantice un mayor acceso de la población indígena a la educación superior-

y genere las condiciones para la creación de Políticas educativas dirigidas a permitir que sean las mismas minorías étnicas las que discutan y aporten a la construcción de los fundamentos conceptuales, que  respeten su  cosmovisión, oralidad,  lengua  y  tradiciones ancestrales.

“Es sumamente preocupante que ninguna de las páginas del proyecto de reforma a la educación que acaba de ser retirado del Congreso hacía referencia a la educación indígena.

Trabajaremos con las comunidades y universidades para implementar políticas educativas para pueblos étnicos. Necesitamos una Educación incluyente, que  responda y respete el contexto en el que se desarrolla”, aclaró el congresista.

El Parlamentario indígena propone incluir  en el nuevo proyecto de reforma a la educación superior los procesos culturales de los pueblos indígenas, así como los saberes étnicos a sus contenidos y contextos  de formación científica, técnica y tecnológica, como resultado de la búsqueda colectiva de una educación alternativa a las necesidades y visiones diferentes de dichos pueblos.

Los indígenas vienen proponiendo un sistema educativo propio a partir de su cosmogonía y cosmovisión, que desarrolla un pensamiento desde un enfoque cultural diferencial, que comprende su historia, las problemáticas contemporáneas globalizantes y las perspectivas de pervivencia, desde la relación: gente-naturaleza con sentido sustentable.

Es pertinente señalar que en Colombia no existe una verdadera política educativa dirigida a las minorías étnicas. Hay algunos elementos esbozados en la ley general de educación – Ley 115 de 1994 y en la ley 30 de 1992, pero  estos lineamientos no representan una estrategia que obedezca a las realidades de las comunidades indígenas.

El país necesita construir un proyecto pedagógico etnoeducativo que contemple lo estipulado en la constitución de 1991.  “el estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”.

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Parauribismo/

Acusan a Mancuso de al menos 100 asesinatos en Norte de Santander
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Un fiscal de la Unidad Nacional de Justicia y Paz formuló pliego de cargos al excabecilla  paramilitar Salvatore Mancuso por más de 100 crímenes cometidos entre 1999 y 2002 en el departamento de Norte de Santander.

El fallo judicial también cobija a alias “El Iguano”, excabecilla de la estrategia paramilitar del régimen que delinquía en la región de frontera con Venezuela.

En la audiencia virtual realizada en Bucaramanga también se imputó cargos a Juan Ramón Ospino, alias “Chaca”, José Bernardo Lozada Artuz, alias “Mauro”, Isaías Montes Hernández, alias “Mauricio” y Jimmy Vitoria Velásquez, alias “Jairo Sicario”, paramilitares del bloque “Catatumbo”.

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Parauribisno/

Colombia continúa en manos del narcoparamilitarismo
La estrategia criminal del régimen se ha ido consolidando nueva y paulatinamente en todo el país al punto de que hoy los 'paras' controlan 347 municipios en 31 departamentos. ¿Dónde está la Fuerza Pública?
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, conocido este 17 de noviembre, señala que los ejércitos narcoparamilitares, denominados estratégicamente por el régimen y la gran prensa, Bandas Criminales, Bacrim,  controlan 347 municipios de 31  departamentos y la tendencia es de crecimiento y consolidación.

El estudio le atribuye el dominio paramilitar a tres causas principalmente: primero, a la continuidad de grupos o de componentes remanentes de las desmovilizaciones parciales ocurridas entre 2005 y 2007;-

segundo, el reagrupamiento a partir de mandos medios que no se desmovilizaron y que reclutaron reincidentes y nuevos miembros, y tercero, al crecimiento de grupos armados creados por narcotraficantes.

En los últimos años se ha evidenciado el crecimiento de grupos paramilitares autodenominados Rastrojos, Urabeños, Paisas, Erpac, Águilas Negras y otras más pequeñas.

Los ´paras´ pasaron de tener acciones criminales en 259 municipios en 2008 a 360 en 2010, mientras que en el primer semestre de 2011 sus acciones criminales se detectaron en 347 municipios, lo que indica la permanencia y reproducción del narcoparamilitarismo.

Para este último periodo de tiempo los departamentos más críticos han sido los de la Costa Caribe en donde se fortalecen los Rastrojos, Paisas y Urabeños. En Córdoba suman acciones en el 78% de los municipios y en más del 60% en Sucre, Bolívar, Cesar y La Guajira.

Zonas de consolidación con  narcoparamilitares

De los 54 municipios escogidos en 2011 como integrantes de ocho zonas del Plan Nacional de Consolidación Territorial, Pnct, Indepaz registró amplia actividad paramilitar en 37 de ellos.

La zona de Montes de María ha sido evaluada por el gobierno como el modelo de avance en la consolidación territorial.

Allí, en los cuatro municipios escogidos, el gobierno ha manifestado que se ha dado la transición de ser territorios “rojos”, por la falta de control estatal, a territorios verdes, seguros para la inversión legal y el desarrollo rural.

Sin embargo –dice Indepaz- llama la atención que allí actúen los Rastrojos, Urabeños y Paisas. Esto significa que, aunque se trata de situaciones puntuales, no escapan a la movilidad de los grupos narcoparamilitares incrementada en toda la región Caribe.

Situación similar se presenta en los municipios del Plan Nacional de Consolidación Territorial en el sur de Córdoba, Bajo Cauca antioqueño, Catatumbo, Arauca, Caguán, Nariño y Putumayo.

Las preguntas obligadas ante este fenómeno son ¿Dónde está el medio millón de hombres que componen el Ejército y la Policía? ¿Sigue habiendo connivencia entre la Fuerza Pública y los paramilitares? ¿En qué están representados los casi 60 mil millones de pesos de los colombianos que el Gobierno gasta cada día en la guerra?

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Parauribismo/

De 49 violaciones sexuales 45 fueron cometidas por paramilitares y militares
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Paramilitares de la estrategia criminal del régimen utilizan la violencia sexual en todas sus formas como arma de sometimiento de la población. Así lo revela un estudio realizado por el Grupo Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación divulgado este 17 de noviembre de 2011.

El documento revela entre otras cosas que la violencia sexual es adicional al horror de los descuartizamientos, matanzas y otros crímenes atroces empleados en la estrategia paramilitar del régimen para el despojo de tierras, el desplazamiento forzado y el sometimiento de las comunidades.

En el caso de Rincón del Mar y Libertad en Montes de María, los paramilitares no sólo transformaron la existencia colectiva de las comunidades perpetrando masacres sino que también construyeron un orden social específico a través de una constante injerencia en la vida cotidiana en la que sus representaciones sobre la feminidad y la masculinidad jugaron un papel central.

Los ‘paras’ organizaban festejos y extorsionaban económicamente a las comunidades al obligarlas a participar para el beneficio de los criminales. El texto evita mencionar que todos estos actos atroces contaron casi en su totalidad con la complicidad de autoridades civiles, políticos, empresarios, el Ejército y la Policía.

Según una información sobre el mismo tema de la Agencia Efe, “en el municipio de San Onofre, Sucre, en 2003, el cabecilla paramilitar Marco Tulio Pérez Guzmán, alias "El Oso", recibió a su superior Rodrigo Mercado Peluffo, alias "Cadena", con un combate de boxeo que tenía el planteamiento de un circo romano.

"El Oso" subió a un ring a 16 homosexuales y varias mujeres y les obligó a practicar boxeo, un deporte que, daba mucho orgullo a esa comunidad, para transformarlo en una enorme mofa y humillarles".

Los paramilitares organizaban reinados de belleza en los que obligaban a las jóvenes a participar y a desfilar delante de los cabecillas. Escogían a las niñas más bonitas y las obligaban a tener relaciones sexuales con ellos.

De los 49 casos de violación sexual que se pudieron identificar a los responsables, en 40 se hallaron como responsables a los grupos paramilitares; al Ejército en cuatro; ejército-‘paras’ en uno, las Farc en 3 y al ELN en uno.

En los 14 casos restantes  el estudio no pudo establecer a los responsables, pero siguiendo el mismo patrón, a la dupla ‘paras’- fuerza pública le correspondería 13 de las 14 violaciones.

Un estudio de la Coalición Colombiana Contra la Tortura presentado el pasado 18 de agosto, sustenta que en los 107 casos en que se pudo identificar a los perpetradores de las violaciones sexuales en otras regiones del país, los agentes del Estado fueron responsables del 98.14 % de estas.

Por perpetración directa de militares, policías u otros agentes, el 66,36%, y por complicidad de estos con paramilitares, el 31,78%. Las guerrillas fueron halladas responsables en dos casos es decir el 1,87%, sostiene aquel informe.

En una coartada perfecta los paramilitares fueron legalizados por el gobierno de Álvaro Uribe y el Congreso de entonces, mediante la Ley de Impunidad, mal llamada de Justicia y Paz.  

Un informe de la fiscalía conocido en enero de 2011, sustenta que entre el 2005 y 2010, cundo supuestamente estaban desmovilizados, los paramilitares asesinaron a más de 173.000 personas y desaparecieron al menos otras 34.000.

En la estrategia criminal del régimen, tanto el gobierno, como los grandes medios, hacen esfuerzos por maquillar a la máquina de muerte del paramilitarismo denominándolo eufemísticamente: Bandas Criminales, Bacrim.

El presidente Santos, el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y el procurador Alejandro Ordoñez, quienes se escandalizaron y se rasgaron las vestiduras para desprestigiar al Colectivo de Abogados Alvear Restrepo por el caso de la masacre de Mapiripán, guardan silencio ante estas atrocidades demostrando una vez más su doble moral, o mejor, su completa inmoralidad.

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Funcionarios de la Rama Judicial crean organización para evitar los desafueros de la Reforma a la Justicia
Por Caracol Radio/ Notimundo

Magistrados, jueces y fiscales de todo el país crearon una nueva organización para controvertir los principales aspectos de la iniciativa que, en su concepto, perjudica a los usuarios de la administración de justicia.

María del Pilar Arango, directora de este Observatorio para la Administración de Justicia, dijo que acudirán ante el Congreso e incluso a instancias internacionales para evitar que se siga dando trámite a la reforma a la justicia al considerar, entre otras cosas, que se están vulnerando la independencia y autonomía de los funcionarios de la Rama Judicial.

"Y no consideramos que se deban transferir los procesos que se encuentran congestionados a los notarios, a los abogados, a los conciliadores, no debe ser así porque nosotros somos personas capacitadas, formadas, trabajando todos nuestros días para fallar procesos y los notarios, los abogados y los conciliadores, no tienen esa preparación", señaló.

La próxima semana se oficializará ante el Consejo de Estado la creación de este observatorio que será de carácter permanente.

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Por condiciones salariales dignas marchan veteranos de la Fuerza Pública
Por Camilo Raigozo

La Asociación Nacional de Veteranos de la Fuerza Pública anunció que cientos de sus integrantes marcharán a partir de hoy desde Santa Marta, Cúcuta, Popayán y Villavicencio rumbo a Bogotá.

Las movilizaciones se realizan en protesta por el incumplimiento en las asignaciones de salarios y pensiones, las cuales Santos en su campaña presidencial se había comprometido a solucionar.

La marcha llegará a Bogotá el próximo 24 de noviembre, coincidiendo en el mismo día en que miles de estudiantes realizarán una monumental manifestación por la gratuidad de la educación, simultáneamente con sus pares de otros países.

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Estudiantes suspenden el paro universitario y continúan las manifestaciones

Igualmente le exigieron al gobierno la desmilitarización de las universidades
Por Camilo Raigozo

Voceros de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Mane, confirmaron la suspensión del paro que se venía desarrollando como protesta a la pretensión del gobierno de privatizar la educación.

La determinación fue tomada luego de que el proyecto de reforma a la educación que se tramitaba en el Congreso de espaldas al estudiantado y al pueblo colombiano fuera retirado definitivamente.

Del mismo modo el estudiantado advirtió que el gobierno de Santos debe cumplir con todos los compromisos adquiridos pues de lo contrario el paro será convocado nuevamente.

Los voceros universitarios agregaron que en el transcurso de esta semana y parte de la que viene se iniciarían las negociaciones con el gobierno. Igualmente puntualizaron que por tratarse de un proceso colectivo el retorno a clases se estudiará en cada una de las asambleas regionales.

"Sabemos que lo logrado hasta ahora es sin  duda alguna una victoria en contra del afán privatizador y a favor de una educación superior con autonomía y democracia universitaria nacional con alto nivel académico y científico.

“Es claro que el significado de esta situación no es simplemente el retorno a clases, sino la transformación de la condición de movilización indicando los nuevos tiempos de edificación-
 

de una propuesta alternativa de educación superior, cuyas bases se encuentran en el programa mínimo de los estudiantes colombianos y que serán tema central de agitación y movilización para el año 2012”, dice un aparte del documento leído por la Mane.

Los estudiantes le exigieron al presidente Santos que desmilitarice de forma inmediata las universidades ocupadas hoy por la fuerza pública, como son la Universidad Industrial de Santander y la Universidad Tecnológica de Pereira.

Así mismo, la organización estudiantil convocó a la Jornada Continental de Movilización por la Educación, que se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre en varios países, entre ellos Chile, Guatemala y Colombia, entre otros que se irán sumando.

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Seguridad narcocrática/

Condenados oficial y nueve soldados del ejército por secuestro y asesinato a sangre fría
Por Camilo Raigozo

La Fiscalía informó que pruebas técnicas y testimoniales, permitieron al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenar a 38 años de prisión, a un oficial del Ejército Nacional y a nueve soldados regulares, por el secuestro y la muerte del labriego Norbey de Jesús Ceballos Santamaría.

Los criminales golpearon, secuestraron, asesinaron y presentaron a la víctima como abatida en combates con guerrilleros del Noveno Frente de las FARC, el 16 de julio de 2004 en el municipio de San Luis (Antioquia).

Familiares de Ceballos Santamaría declararon ante un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH que un día antes de su muerte el campesino fue retenido y golpeado por los uniformados en la vereda La Gaviota del vecino municipio de Granada.

Los investigadores establecieron que el revólver encontrado en poder de la víctima pertenecía a un militar retirado.

Los secuestradores y homicidas condenados son: Carlos Enrique Riaño Triana, teniente, Óscar Verdecia Maestre, Francisco Vanegas Céspedes, Álvaro Suaza González, Andrés Rivera Pérez, Bernavides Palacios Mosquera, Wilson Bedoya Bedoya, Damar García Quiñones, Édgar Vidales González y Alirio Rovira Quinto, soldados, presos en cárceles de Antioquia.

Actualmente a petición del ministro de Defensa, la cúpula castrense y sectores retardatarios del país, se adelanta en el Congreso de la República un proyecto de reforma a la Costitución para ampliar el fuero militar, que permitirá dejar en la impunidad los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública.

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Seguridad narcocrática/

Condenados ocho militares por asesinato a sangre fría

Por Camilo Raigozo

El Juzgado 27 Penal del Circuito de Medellín, condenó a 20 años de cárcel a ocho militares por el asesinato a sangre fría del civil Sandro Alberto Montoya Mejía en mayo de 2005, informó la Fiscalía.

El  cuerpo de la víctima fue encontrado el 13 de mayo de 2005 en la vía Medellín-Guarne, luego de que integrantes  de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas, Afeur No 5 del Ejército, lo asesinaran.

En la coartada los homicidas argumentaron que Montoya Mejía había sido dado de baja cuando ellos repelieron  un ataque contra el vehículo en el cual se desplazaban, falacia que fue desmentida en las investigaciones de la Fiscalía.

Al final del proceso los criminales aceptaron la comisión del crimen en persona protegida, por el que los acusó un fiscal de Derechos Humanos y DIH. Los condenados también deberán pagar  solidariamente por perjuicios morales mil salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La víctima fue vista por última vez cuando abordaba una motocicleta en Caldas (Antioquia), municipio donde residía con su familia, horas antes de ser reportada como abatida durante enfrentamiento armado.

En su providencia el juzgador señala que asiste razón a la Fiscalía al sostener la inexistencia de combate, “de ninguna manera se perfila en el actuar de los militares hoy procesados que estos hubiesen obrado en legítima defensa ante agresión armada (…) se arriba a dicha conclusión con fundamento en pruebas legalmente allegadas a este proceso.”

Los criminales de la Afeur condenados son: Edgar Andrés Torres Hurtado, subteniente; Andrés Cervantes Blanco, cabo primero; César Felipe Castillo, cabo segundo; y los soldados profesionales Darío Blandón Ruiz, Joaquín Ferney Hidalgo Higuita, Carlo Alberto Villa Cañón, John Jairo Posada Arroyabe, y Jenry (sic) Alberto Herrera Pereira.

Actualmente en el Congreso de la República se tramita un proyecto de ley para ampliar el fuero militar a petición del ministerio de Defensa, la cúpula militar, con lo que se pretende que los crímenes cometidos por miembros del Ejército y la Policía queden impunes.

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Parauribismo/

Cuna del Bloque Metro

Por: Iván Cepeda Castro. El Tiempo

Las páginas principales de la historia del paramilitarismo en Colombia apenas están escribiéndose. Las numerosas declaraciones a la justicia de sus más conocidos lugartenientes -recluidos en cárceles norteamericanas o nacionales-

han venido despejando interrogantes claves sobre el origen del fenómeno criminal, su estructura y sus relaciones de alto nivel con la 'parapolítica', la paraeconomía y la parainstitucionalidad: tres sectores orgánicamente vinculados.

Uno de los pasajes esenciales de esta historia, aún en construcción, que encumbra más la responsabilidad de la parainstitucionalidad, lo constituye el caso de Álvaro Uribe Vélez en el período en que fue gobernador, entre 1995 y 1997.

Como es conocido de la opinión, en los últimos meses recibí los testimonios de dos ex paramilitares. El primero, Pablo Hernán Sierra García, alias 'Alberto Guerrero', ex comandante del bloque paramilitar Cacique Pipintá,-

recluido en la cárcel de Itagüí; y el segundo, Juan Guillermo Monsalve, alias 'Guacharaco', recluido en la cárcel de Cómbita. Por las gravísimas acusaciones que contra Uribe contienen los videos de ambos relatos, los remití de manera inmediata a la Fiscal General de la Nación.

Sierra afirma que el Bloque Metro de las Auc lo fundaron Álvaro Uribe y su hermano Santiago, en compañía del ganadero Santiago Gallón Henao -condenado por paramilitarismo y quien compró en algún momento parte de la hacienda Guacharacas-, así como de los hermanos Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe, también ganaderos y propietarios de numerosas fincas en el área de San Roque, en Antioquia.

Según Sierra, el grupo criminal se creó inicialmente para enfrentar a alias 'Juan Pablo', comandante del bloque Bernardo López Arroyave, del Eln, quien había asaltado la hacienda Guacharacas, de propiedad de los Uribe Vélez, quemado su casa principal y robado cerca de seiscientas reses y varios caballos y mulares de paso fino.

En desarrollo de este propósito y el de recuperar el ganado robado, y con el apoyo de la Convivir El Cóndor, que presidía Luis Alberto Villegas -afirma Sierra-, los Uribe Vélez ordenaron dos masacres y asesinatos que ejecutaron los miembros del grupo paramilitar que usó como base la propia hacienda Guacharacas.

El testimonio de Monsalve, el otro ex paramilitar encarcelado, hijo del administrador de la hacienda Guacharacas para la época y trabajador de la misma, no solo ratifica lo afirmado por Sierra sobre los personajes que crearon y financiaron al Bloque Metro,-

sino que abunda en detalles de los hechos, como el crimen de carniceros de la región que habían comprado algunas de las reses robadas, la conformación de un cartel de la gasolina por Luis Alberto Villegas y la protección del gobernador Uribe al negocio del narcotráfico que practicaba la estructura paramilitar nacida en su predio.

Dado que los hechos denunciados por estos paramilitares ocurrieron antes de que Uribe fuera elegido presidente, corresponde a la Fiscalía General asumir las investigaciones que deben esclarecer los sucesos que, tal vez, constituyen la más alta fase de la criminalidad paramilitar.

Tales denuncias requieren una pronta y eficiente investigación, proteger a los testigos y a sus familias, que denuncian crecientes amenazas contra ellos. Ese es el enorme reto que tiene hoy la administración de justicia en Colombia.

No cesan los voceros de Uribe de intentar deslegitimar las decisiones que inexorablemente viene asumiendo la justicia colombiana en el esclarecimiento de casos como los aquí planteados. Sus herramientas, las calumnias y los falsos sofismas no lograrán detener la verdad.

Fuente: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/cuna-del-bloque-metro_10759788-4

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Se buscan los peores y los mejores pronunciamientos judiciales en materia de género

Por Brújula Comunicaciones

Women’s Link Worldwide abre el periodo de nominación de los Premios Género y Justicia al Descubierto, que destacan aquellas decisiones judiciales que afectan positiva o negativamente la equidad de género. Cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo, podrá nominar sus casos a través de internet.

15 de noviembre de 2011.- Cuando un hombre le dice “zorra” a su ex esposa, en tono amenazante, no se trata de un insulto sino de la descripción de un animal que debe actuar con precaución, dictaminó en junio pasado un juez de la Audiencia Provincial de Murcia (España).

Pronunciamientos como éste merecen el premio “garrote” en la cuarta edición de los Premios Género y Justicia al Descubierto que hoy abre su periodo de nominaciones para que cualquier persona proponga aquellos pronunciamientos o decisiones hechas por jueces,-

juezas, fiscales, defensores públicos, defensores del pueblo, miembros de Comités de Naciones Unidas, o magistrados y magistradas, que hayan tenido un efecto positivo o negativo sobre la equidad de género.

Por otro lado, el pronunciamiento de la Cedaw que asegura que la muerte de una mujer joven por falta de acceso a servicios maternos, viola el derecho a la vida y la no discriminación, y obliga al Estado a garantizar y destinar recursos para servicios maternos oportunos y adecuados, es uno de los aspirantes al premio “mallete” para los que más contribuyen a mejorar las condiciones y la calidad de vida de las mujeres.

En todos los países, sin importar su sistema político, tradiciones o creencias religiosas, los comentarios de jueces o juezas, cortes y tribunales tienen una influencia enorme sobre el sentido de justicia y la vida diaria de todas las personas.

Por eso Women’s Link creó estos premios que anualmente otorgan el “mallete” de oro, plata y bronce a los pronunciamientos o decisiones que más promueven la equidad de género; y el “garrote” de oro, plata y bronce a los más sexistas y retrógrados.

Las nominaciones estarán abiertas entre el 15 de noviembre de 2011 y el 30 de abril de 2012 a través de nuestra página web www.womenslinkworldwide.org y serán evaluadas por un jurado compuesto por tres personalidades internacionales, quienes en junio de 2012 darán a conocer los ganadores:

Albi Sachs: abogado sudafricano y activista de derechos humanos que enfrentó, directamente y desde el exilio, el apartheid. Participó activamente en las negociaciones que condujeron a su país a la democracia constitucional y posteriormente fue designado por el Presidente Mandela como miembro de la nueva Corte Constitucional Sudafricana.

Ángela Patricia Janiot: periodista colombiana y presentadora principal del canal CNN en Español. Recientemente le fue otorgado el premio INTE (Industria de la Televisión en Español) a la "Mejor Personalidad de Noticias Femenina".

Janiot también es la presidenta de la fundación "Colombianitos", dedicada a ayudar a niños afectados por la violencia en Colombia.

Virada Somswasdi: abogada y académica tailandesa, fundadora del primer Centro de Estudios de la Mujer en Tailandia y experta en temas como trata de mujeres, explotación sexual de mujeres, pornografía, género y SIDA, derecho de familia, violencia doméstica, jurisprudencia feminista y derechos de las mujeres, entre otros.

“El Premio del público”

No sólo el jurado podrá escoger las decisiones ganadoras. Women’s Link ha creado la categoría “premio del público” para aquellas decisiones (una en la categoría garrote y otra en la categoría mallete) que más votos haya obtenido a través de la página web.

Así, desde el 15 de noviembre y hasta el 31 de mayo de 2012 estarán abiertas las votaciones para que el público designe sus ganadores.

Mayor información

Cristina Sánchez Velásquez Brújula Comunicaciones

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