Diálogos de paz

Las FARC EP anuncian que el punto sobre Justicia está próximo a ser aprobado

Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Delegación de Paz de las FARC EP emitió este 17 de septiembre un comunicado donde, entre otros puntos, anuncian que “El decisivo componente de justicia del Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, está a las puertas de un entendimiento”.

A continuación transcribimos en su integridad el comunicado:

La Habana, Cuba, sede de los Diálogos de Paz, 17 de septiembre de 2015

Perspectivas de la paz

De manera simultánea en varios frentes avanza la discusión temática en la Mesa de Conversaciones de La Habana.

El decisivo componente de justicia del Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, está a las puertas de un entendimiento.

La importancia de esta eventualidad radica en que desataría una dinámica positiva de redacción de convenios sobre tópicos pendientes, como la expansión de la democracia, el desarrollo del esencial sub punto 5 Fin del Conflicto donde se consigna que:

“El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”.

También permitiría tomar en serio el mandato de la Agenda de esclarecer el fenómeno del paramilitarismo, y lo que es más urgente para el futuro de la paz, su desarticulación, porque con guerra sucia el post acuerdo constituiría una mentira. Esa amenaza debe desmontarse si queremos reconciliación.

Se siguen construyendo consensos sobre Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y se avanza en el análisis del aspecto Dejación de las armas.

Y sobre la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, estamos listos para abordar y discutir los procedimientos para el tránsito de organización alzada en armas a movimiento político abierto.

Al respecto, hemos entregado a los plenipotenciarios del Gobierno un paquete de propuestas básicas que esperan concreción.

Ha llegado la hora de retomar la discusión sobre “asteriscos” o asuntos cuya discusión fue postergada como por el ejemplo, el establecimiento de la cantidad de hectáreas que conformarán el Fondo de tierras, necesario para la ejecución de la Reforma Rural Integral, y también es tiempo de sacar del refrigerador las salvedades para airearlas y buscar consenso en torno a ellas.

Está cerca, sin duda, el cierre del acuerdo sobre el punto 5 Víctimas, puesto que el insoslayable asunto de la Reparación dispondría en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, de mecanismos para entregar satisfacción a las víctimas del conflicto.

El sub punto 1, Derechos Humanos, podría ser evacuado con voluntad política, con una declaración de acuerdo y compromiso sobre principios que reivindiquen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para las mayorías.

Esperamos se realice el Foro sobre Fin del Conflicto bajo el auspicio del Centro de pensamiento de la Universidad Nacional y de Naciones Unidas, para que el movimiento social y político vierta su opinión sobre la Mesa, ya que “la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción, incluidas otras organizaciones guerrilleras”.

En tal sentido, resaltamos que es importante y muy necesario, que ahora más que nunca se dejen sentir plenamente las voces de la ciudadanía, la palabra del pueblo mediante sus organizaciones sociales y políticas, opinando y decidiendo sobre el rumbo del proceso de paz y el destino de Colombia, y que esta práctica sea la ejercitación del soberano en su papel de constituyente primario, hasta alcanzar el momento de la refrendación y la implementación de lo que debe ser un Tratado de paz para la historia.

Nosotros estamos listos para proseguir la marcha concertada de la voluntad nacional hacia el acuerdo definitivo, punto de partida para las transformaciones democráticas y progresistas.

La paz está tocando a la puerta de Colombia y exige que el conflicto armado quede atrás como memoria colectiva de algo que no debe repetirse jamás, de tal manera que aseguremos el futuro de paz y vida digna de las nuevas generaciones de colombianos.

Delegación de Paz de las FARC EP

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Mejor esperen sentados
Por Claudia López.El Tiempo

Los que creen que la era post-Uribe está cerca pueden tomar asiento porque la espera será larga. El presidente Uribe no se desprenderá del poder político en Colombia por dos razones: porque está convencido de que su proyecto político y la seguridad democrática necesitan más años para consolidarse y porque necesita el poder para asegurar su protección personal.

También se equivocan los que creen que el fin de la era Uribe se definirá cuando se sepa si el Presidente se lanza o no a una segunda reelección. Uribe, eventualmente, dejará la Presidencia en el 2010, pero no dejará de ser el elemento determinante del poder político en Colombia. Garantizarse esa posición estratégica es un objetivo que logrará a cualquier costa.

No hay ninguna duda de que el proyecto de referendo para autorizarle al Presidente un tercer mandato saldrá avante.

Con el propósito de permanecer en el poder, el referendo es esencial porque le permite al Presidente notificarle al mundo político y nacional que él puede seguir en la Presidencia en el 2010, en el 2014 o después, pero que, en todo caso, deben contar con él.

Por eso, no ha escatimado ni escatimará ningún recurso para garantizar que el referendo salga avante, y su posibilidad de un tercer mandato quede en firme.

No solo por la vía del referendo se asegurará la manera de seguir en el poder. La vía más eficaz la ha construido todo este tiempo, mediante la captura de posiciones claves del poder público y judicial, así como de las instancias de contrapeso y control del Ejecutivo.

Para el 2010, el Presidente habrá logrado imponer sus candidatos en la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Televisión y en por lo menos la mitad de los magistrados de la Corte Constitucional y de los directivos del Banco de la República, tendrá cuotas importantes en el Consejo de Estado y asegurará que el uribismo siga siendo mayoría en el Congreso.

Todos esos funcionarios, que constituyen la mayoría del poder político y judicial, tendrán mandatos por varios años después del 2010 y serán otro recurso del presidente Uribe para permanecer en el poder.

Tal acumulación de poder y representatividad, además del enorme respaldo a su persona y a la seguridad democrática, sería suficiente capital para asegurar la continuidad de su legado político.
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Si de reelegir la seguridad democrática se tratara, le bastaría con promover un sucesor de su confianza, sobre quien, además, podrá influir, no solo porque le deberá su elección a su guiño, sino porque Uribe tendrá todo el entramado de poder que ha construido para controlarlo.
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Si aun en esas circunstancias decide quedarse en la Presidencia, no será entonces porque sienta que le hacen falta mayorías o representatividad para proteger su legado, sino más bien porque siente que solo si se aferra personalmente a la Presidencia garantiza la protección de sus intereses personales o se protege del escrutinio de la justicia.

El Presidente en Colombia, sea Uribe o cualquier otro, goza, en la práctica, de total impunidad. El Presidente puede asegurar que la Comisión de Acusación de la Cámara no lo investigue seriamente, que el Senado no lo acuse y que, por lo tanto, nunca llegue a un juicio a la Corte Suprema.

Esa garantía de impunidad la tienen los presidentes, no los ex presidentes. Si a pesar de todas las garantías para preservar su legado, Uribe insiste en quedarse en la Presidencia, será por preocupaciones más de índole personal que nacional.

Todos los que se aferran al poder confunden sus intereses personales con los nacionales y se aferran para defenderse personalmente, usando, sin ningún control, la estructura de poder nacional que construyeron. Cualquiera sea la hipótesis aplicable a Uribe, en sus cálculos no está abandonar el poder, así que mejor esperen sentados.

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“No habían pasado tres segundos del atentado en Cali y el gobierno ya estaba diciendo que eran las Farc”: Piedad Córdoba
Por Camilo Raigozo

La senadora liberal Piedad Córdoba criticó duramente al presidente Uribe por sus ataques contra la rama judicial, más exactamente contra la Corte Suprema de Justicia que de manera honesta y valiente está investigando el parauribismo.

Desde un foro estudiantil en la Universidad Nacional, la aguerrida senadora señaló respecto al atentado terrorista contra el Palacio de Justicia en Cali, que no creía que hubieran sido las Farc.

“Todo lo que pasa son las Farc. No habían pasado tres segundos del atentado en Cali y el gobierno ya estaba diciendo que eran las Farc”, señaló, añadiendo que la Fuerza Pública podría estar involucrada en ese acto criminal.

“Lo que todo el mundo sabe es que son unas peleas entre mafiosos por territorio y que muchas de las cosas que están pasando tienen que ver con la Fuerza Pública de este país. Cuando un general no quiere que lo cambien él mismo pone las bombas donde quiere que lo dejen", advirtió Piedad Córdoba

La congresista de ébano invitó a la comunidad estudiantil a ser capaz de hacer sentir su desacuerdo con el actual régimen, no solo por la indecencia de este, “sino porque es un régimen de muerte que asimila a la oposición a la delincuencia y al terrorismo”, aseveró.

Agregó ante el estudiantado que “terrorismo es el que se hace desde el Estado cuando se cohonesta con las masacres, cuando se enfrenta de la manera que se ha enfrentado a la Corte Suprema de Justicia.

"Hoy vemos situaciones degradantes y preocupantes en las que los dirigentes más importantes de este país se atreven, al menos tímidamente a criticar al príncipe.

"Él sale con respuestas que no se compadecen con una nación democrática. Lo que tratan de decir es que si, usted dice algo lo mato de alguna manera, lo mato políticamente, socialmente, lo desaparezco, porque aquí nadie puede hablar, aquí nadie puede criticar", declaró la senadora.

Finalmente cuestionó la legitimidad de la reelección de Uribe. "Este es un régimen deslegitimado porque fue elegido con la mayoría de los votos del paramilitarismo.

“Esos votos fueron los que garantizaron que se pudiera reelegir y seguramente ahora que los de la Casa de Nari reciben a traquetos y a mafiosos nadie va a ser capaz ni de votar", dijo.

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La «Casa de Nari»
Por Carlos A. Lozano Guillén. Voz

Los últimos días han sido duros para el presidente Uribe Vélez, después de conocerse la visita a la Casa de Nariño hace unos meses, con ingreso por la puerta por donde entran los altos funcionarios, del paramilitar «Job» y un abogado, enviados de «Don Berna », para conversar con Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, dos de los cortesanos de la «Casa de Nari», como ahora se le conoce, debido a que así la llamaba «Job», un nombre más bondadoso que el de «Casa de Narquiño », como la apodan algunos periodistas.

El Presidente reaccionó con agresividad. «La mejor defensa es el ataque». Arremetió contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los dirigentes liberales y del Polo Democrático Alternativo.

Es su forma olímpica de sacarle el cuerpo a las necesarias explicaciones y con la ayuda de los grandes medios llevó el debate a la discusión de si la presencia de los visitantes de la sede presidencial había quedado o no en los registros de la guardia y en los videos del circuito interno.

Algo irrelevante, porque no resuelve el problema de fondo de la censurable reunión de funcionarios de la Presidencia con dos enviados de un capo, uno de ellos con reconocido vínculo con los paramilitares, que iban a denunciar supuestos delitos, esfera de la competencia de la rama judicial.

Pocos días después de la reunión en la «Casa de Nari», «Job» fue asesinado en Medellín en circunstancias aún no esclarecidas. También surgieron otros escándalos que comprometen al Gobierno, como los vínculos del hermano del Ministro del Interior y de Justicia y de importantes oficiales y miembros del Ejército y la Policía con el narcotraficante «Don Mario».

Igual, en el sonajero delictivo se escucharon nombres de funcionarios y funcionarias del Gobierno. Con ironía un abogado de los que participaron en la «Caravana Jurídica Internacional» de la semana pasada, dijo: «¡Qué precioso Gobierno tienen ustedes!».

Sin embargo, ante las evidencias el presidente Uribe Vélez no cede y ni siquiera atiende el consejo del vicepresidente Francisco Santos, de sacar la bandera blanca de reconciliación con los demás poderes e instituciones a los que agrede. Es la manera de desviar el debate de los problemas de fondo y de la crisis política que sacude el país y que debilitan su gobernabilidad, entre estos el huracán social que se avecina.

En las recortadas cifras oficiales del desempleo éste se colocó de nuevo por encima del 12 por ciento y Uribe se lo achaca a las altas tasas de interés, como si la desaceleración de la economía no obedeciera a otras causas más influyentes como la política neoliberal, la dependencia de los gringos y el crecido gasto público en guerra y represión. Es el ocaso del Mesías y de sus cortesanos de dudosa ortografía.

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Ordenan arresto a Uribe por desacatar tutela

Tres conjueces del Tribunal Superior de Sincelejo ordenaron tres días de arresto contra el presidente Uribe y sus ministros Fabio Valencia Cossio, del Interior y Óscar Iván Zuluaga, de Hacienda.

Los tres personajes fueron acusados de desacato a una tutela que ordenaba el restablecimiento del equilibrio salarial de 148 trabajadores de la rama judicial, entre los cuales hay varios jueces.

En el fallo de tutela se imponía un plazo al Presidente y los ministros, así como a otros funcionarios relacionados, para que produjeran actos administrativos y restablecieran los derechos salariales a los trabajadores.

Al cumplirse el plazo, los afectados promovieron un incidente de desacato ante el tribunal superior de Sincelejo, cuyos miembros se declararon impedidos por conflicto de intereses.

Motivo por el cual fueron nombrados como conjueces los abogados litigantes, Freddy de la Ossa Badel , Gustavo Adolfo Lions , y Saúl Vega Mendoza quienes fallaron a favor de los obreros.

Sin embargo el caso deberá ser revisado por la Corte Suprema de Justicia quién tendrá la última palabra en el caso.

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