Parauribismo/
Aseguran a paramilitar que intervino en el exterminio de la UP

Por el homicidio del activista de la Unión Patriótica, UP, y ex candidato a la Alcaldìa de Chigorodó (Antioquia) Luis Felipe Espitia Espitia, un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH profirió medida de aseguramiento en centro carcelario, contra Fredy Alonso Miranda Gonzalez, alias ‘Vampiro’.

La víctima fue baleada por integrantes del ‘Bloque Bananero’ de las Autodefensas el 30 de junio de 1995, cuando se encontraba en el establecimiento comercial Casa Rosada de la mencionada poblaciòn. El procesado aceptó cargos por el delito de homicidio agravado, con fines de sentencia anticipada.

Alias ‘Vampiro’ cumple por sentencia anticipada 20 años de prisión, por la muerte de 18 personas en el bar ‘El Aracatazo’ del mismo municipio, el 12 de agosto de 1995.

La masacre y el homicidio del activista de la UP fueron reconocidos por Ever Veloza García, alias ‘HH’, ex cabecilla del ‘Bloque Bananero’ que delinquió en la zona de Urabá.

Volver a la página principal

Colegios privados expulsan arbitrariamente a sus alumnos
Por Personería de Bogotá

Algunos centros educativos privados están aplicando la reserva de admisión a los estudiantes o cancelación del contrato educativo, sin adelantar un debido proceso.

Notifican a los alumnos de la cancelación del cupo cuando ya es limitada la oferta, por lo que no alcanzan a matricularse o escoger nuevo colegio para estudiar.

La Personería hace un llamado a la Secretaría de Educación y a las instituciones educativas, para que tomen medidas y prevalezca el derecho a la educación sobre cualquier argumento.

La Personería de Bogotá, en los últimos días, recibió más de 30 quejas de padres de familia argumentando que los colegios están vulnerando el derecho a la educación de sus hijos al negarles arbitrariamente la permanencia en los planteles.

Dicen que no les dan el cupo para el año siguiente aplicando la reserva de admisión o la no renovación del contrato educativo, sin haber adelantado un proceso que culmine con sanción de expulsión.

Según los padres de familia, a los alumnos no se les tiene en cuenta su buen desempeño académico; se les notifica a última hora, cuando ya no tienen oportunidad de escoger otra institución donde estudiar, y en la mayoría de los casos las instituciones les niegan el cupo por hechos que no ameritan expulsión.

La inadmisión, en la práctica expulsión, se aplica omitiendo el proceso disciplinario. Se ordena sin importar que se trate de un estudiante de décimo grado, lo que implica un verdadero viacrucis para los padres de familia, quienes se ven obligados a recorrer-

varios colegios buscando un cupo escolar con la incertidumbre de dónde podrán estudiar sus hijos en el 2010, y en muchos casos cursar su último grado para obtener el grado de bachiller.

Este es el caso de dos alumnos de noveno grado del colegio Canapro, a quienes no les renovaron el cupo para el año escolar 2010 por haber organizado una fiesta particular y el de un alumno de 16 años de la misma institución, a quien no le autorizaron la continuidad en el colegio por publicar fotos de sus compañeros de clase en la red social de internet Facebook.

Así mismo, en el Instituto Mayéutico, el Colegio Agustiniano Norte, Canapro, el Liceo Rodrigo Arenas Betancourt, el Colegio San Gregorio Magno, Formación Integral Mundo Nuevo, Gimnasio Moderno San Francisco el Tintal, Colegio Ciudad de Bogotá, Liceo Moderno Santa Emilia, Liceo Psicopedagógico Tibabita, Gimnasio Santa Rocío, Gimnasio Los Pinos, Colegio Calasanz y el Liceo Alta Blanca, según las quejas también se presenta este tipo de irregularidades.

Para hacer valer el derecho a la educación de los menores, los padres de familia pueden optar por la vía administrativa a través de la Supervisión Educativa de cada Dirección Local de Educación, solicitando se investigue la actuación del colegio y se establezcan las sanciones a que haya lugar, de acuerdo con lo establecido por el Decreto 907 de 1996.

De igual manera, la Personería de Bogotá orienta a los padres para que instauren una acción de tutela a fin de que un Juez conmine a la Institución educativa a garantizar la permanencia del estudiante en el colegio en el cual viene cursando sus estudios, pues la educación es un servicio público.

El organismo de control continuará recibiendo las quejas y denuncias de los padres de familia y hace un llamado a las directivas de las instituciones educativas de la ciudad, para que, por encima de las faltas leves de convivencia, prevalezca el derecho a la educación de los jóvenes, toda vez-

que la no renovación del contrato educativo sin procedimiento previo es improcedente, de acuerdo con el numeral 1º del artículo 42 de la Ley 1098 de 2006, que establece como obligación de los colegios: “Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su permanencia”.

Así mismo, solicita tener en cuenta el pronunciamiento de la Corte Constitucional (Sentencia T-944-00) en la que en relación con la cancelación del cupo se considera que en ausencia de procedimiento previo ésta es improcedente, y agrega: “el proceso de aprendizaje (...) goza de prelación constitucional sobre la facultad disciplinaria”.

Además, la sentencia T-481-09 señala que en el caso de cancelación de cupo por supuesto conflicto con el padre de familia de una estudiante “(...) el derecho a la educación, comprende el derecho de los menores a permanecer en el sistema educativo, y en el plantel en el que se encuentran matriculados, mientras no incurran en faltas disciplinarias que ameriten su expulsión, o incumplan de manera grave sus deberes académicos”.

Volver a la página principal

Seguridad narcocrática/
Denuncian nueva detención masiva en Arauca
Señalan que la detención arbitraria de cuatro campesinos en el municipio de Arauquita es otro "falso positivo" jurídico del Ejército
Por Camilo Raigozo

La junta de acción comunal de la vereda El Paraíso, municipio de Arauquita, Arauca, denunció ante la opinión pública nacional e internacional, que el pasado 19 de diciembre, unidades del Ejército, el DAS y las estructuras de apoyo a la Fiscalía, con sede en la Brigada 18 del Ejército, realizaron una captura masiva de campesinos.

En esta ocasión las víctimas son los labriegos Eudoro Antolinez Medina, Diomedes Ramírez Azcanio, Javier Higuera Rueda y Pablo Gamboa Rey, actual tesorero de la junta de acción comunal.

Las cuatro nuevas víctimas de la política de seguridad democrática de Uribe, son humildes campesinos afiliados de la junta de acción comunal de la vereda desde hace varios años, según la denuncia firmada por más de 30 pobladores.

“Aclaramos que estos labriegos no son delincuentes o bandidos, ni mucho menos son colaboradores de grupos armados al margen de la ley, como lo ha afirmado el comandante de la Octava División del Ejército, lo cual es una vil calumnia”, dice el documento.

La comunidad está convencida de que el Ejército fabricó este montaje jurídico teniendo en cuenta las acusaciones del conocido delincuente Carlos Montoya, alias “polvorita”, el cual es un informante a sueldo.

“Para nosotros es un abuso, un falso positivo jurídico que ha inventado el Ejército en su empeño por estigmatizarnos y así terminar de arruinar al campesinado de la zona”, aseveran los campesinos.

La comunidad araucana, afectada por las continuas violaciones a los derechos humanos fundamentales bajo la política de “seguridad democrática”, exigió que la justicia respete el debido proceso y el derecho a la defensa de las víctimas a las cuales debe poner en libertad inmediatamente.

Volver a la página principal

Parauribismo/
Al menos 3.140 cuerpos han sido localizados por la Fiscalía en todo el país

Según la Fiscalía, la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz concluirá 2009 con la identificación plena de 850 cuerpos, de los que han sido entregados a sus familiares 721 y quedan pendientes 129 restos.

Durante la última semana esta unidad entregó a sus familiares 36 restos en Medellín (Antioquia), 20 restos en Cartagena (Bolívar), 17 restos en Bucaramanga (Santander) y sietes restos en Ibagué (Tolima).

Según el coordinador de la Subunidad de Apoyo a Justicia y Paz, a la fecha han sido hallados 3.140 cadáveres en todo el país. También han sido exhumadas 2.500 fosas, y 597 cuerpos están identificados.

Finalmente, la mencionada Subunidad ha realizado la exhumación de 31 cuerpos de casos a cargo de fiscales de Derechos Humanos, y ha exhumado 52 cuerpos correspondientes a investigaciones que se llevan en las fiscalías seccionales.

Las dos últimas décadas de la puesta en práctica de la estrategia paramilitar, esta ha arrojado cifras escalofriantes de desplazamiento, desapariciones, asesinatos selectivos y masacres.

Volver a la página principal

Denuncian sabotaje a medio de comunicación alternativa
Por Camilo Raigozo

La redacción de Clarín de Colombia, y su director, J. Manuel Arango, denunciaron ante la comunidad nacional e internacional que desde el pasado 22 de diciembre ha sido víctima de sabotaje el sitio www.clarin.decolombia.info, el cual es un medio de comunicación alternativa de oposición al régimen.

Arango sostiene que es víctima de la intolerancia del Gobierno y que la delincuencial acción es un acto que atenta contra la libertad de expresión que quiere acallarlo por el contenido de su página Web.

“Al que habla se le estigmatiza, y a los pocos medios independientes y alternativos, se les bloquea como ha ocurrido en varias ocasiones contra Clarín de Colombia, impidiendo el conocimiento de la verdad, que nos niegan las cajas de resonancias como son los grandes medios de “comunicación” en manos de los grandes magnates del poder económico, social y militar”, dice el comunicador afectado.

Volver a la página principal

Demandan la nulidad del 'acuardo' de las bases militares de EU en Colombia
Por Cpdh

El pasado 15 de diciembre, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos a través de abogado Luís Carlos Dominguez Prada,-

.

presentó ante la Sección Primera del Consejo de Estado demanda de Nulidad del Acuerdo suscrito entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, que entre otras cosas, permite la instalación de siete bases militares norteamericanas en territorio patrio.

El Comité, presidido por el ex magistrado Luís Carlos Bonilla Rico, instauró la acción como un acto reivindicatorio de la soberanía y dignidad nacionales mancilladas con el Acuerdo.

La importante acción instaurada que está llamada a provocar trascendentales decisiones judiciales del más importante órgano de la jurisdicción administrativa, hace un análisis del Acuerdo, concluyendo que se trata de un verdadero Tratado Internacional que como tal, debe cumplir con los requisitos legales, constitucionales e internacionales –Convención de Viena- de este tipo de instrumentos.

Requisitos que fueron escamoteados por el gobierno colombiano al suscribir el Acuerdo. Demuestra el demandante que contrario a lo afirmado por éste, el Acuerdo no desarrolla facultades ya pactadas en tratados vigentes, sino que lo entregado por el país en materia de soberanía rebasa ampliamente los Acuerdos y Tratados suscritos entre los dos países.

Según el abogado demandante Domínguez Prada, lo anterior hace obligatorio que el Acuerdo sea aprobado por el Congreso de la República como Tratado tal como lo ordenan la Constitución Nacional y la Convención de Viena.

Así el funcionario que lo suscribió, el canciller Jaime Bermúdez, actúo por fuera de su competencia y usurpando la jurisdicción del Congreso, lo cual hace acreedor de nulidad absoluta al Acuerdo.

La demanda solicita al Consejo de Estado la suspensión Provicional del Acuerdo mientras se surte el trámite de la nulidad, lo cual eventualmente hace que en cuestión de unos meses el Acuerdo de las bases militares no pueda ser implementado.

Esto solucionaría el más importante motivo de tensión internacional del gobierno de Colombia frente a los de América latina que mayoritariamente se han pronunciado contra la instalación de bases militares extrajeras en el sub continente.

Volver a la página principal

Disfrute la ancheta regalo de Uribe

.

Volver a la página principal

Duro golpe sufre la “seguridad democrática”
El cinematográfico rapto del gobernador del Caquetá la noche anterior deja mal parada la política bandera del presidente Uribe
Por Camilo Raigozo

Según las primeras informaciones de los medios locales de Florencia, aproximadamente a las 10 de la noche del pasado lunes, un grupo de hombres armados y vestidos con prendas del Gaula del Ejército, llegó hasta la residencia del gobernador del Caquetá Luís Francisco Cuellar y se lo llevó con rumbo desconocido.

En los hechos perdió la vida un agente de policía perteneciente a la seguridad del mandatario regional, informaron medios periodísticos.

El audaz golpe del grupo armado, al parecer de las Farc, es un duro revés para la política de seguridad democrática del presidente Uribe, criticada por amplios sectores de defensa de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, debido a que, según las críticas, esta política solo ha afectado negativamente a la inerme población civil ajena al conflicto.

La actual administración se ha negado tercamente a reconocer lo que para la mayoría de naciones del mundo y para el Derecho Internacional Humanitario es inocultable: la existencia de un conflicto armado interno que debe solucionarse por medio del diálogo.

En la actualidad el grupo insurgente Farc mantiene en su poder a 23 miembros de la Fuerza Pública que perdieron su libertad por acciones inherentes al conflicto armado que aqueja al país desde hace casi cinco décadas.

Por su parte el Estado mantiene prisioneros en las cárceles del país a centenares de combatientes de la insurgencia.

El presidente Uribe le pidió a la Fuerza Pública rescatar militarmente tanto al gobernador caqueteño, como a los demás agentes del Estado en poder de las Farc, lo que implica un alto riesgo para la vida de los mismos.

En una rueda de prensa ofrecida por Uribe en horas de la mañana, a la pregunta de un periodista de que sí los últimos acontecimientos ponía en peligro la liberación de los suboficiales Moncayo, Calvo y los restos del ofical Guevara, el Presidente contestó:

“Quién le va a creer a estos bandidos. Yo le dije esta madrugada a las fuerzas armadas, por favor no esperemos actos de generosidad de estos bandidos. Rescatemos militarmente a nuestros secuestrados”.

Volver a la página principal

Entrevista al sacerdote jesuita Javier Giraldo
"El Gobierno de Uribe dio estatus político al narcotráfico y al paramilitarismo"
Por Fernando Arellano Ortiz. Argenpress

Su voz de denuncia y sus acciones categóricas en defensa de los derechos humanos y de los sectores marginados de la población le han valido la persecución de los sectores de derecha en Colombia. Sus afirmaciones son contundentes.

En esta entrevista, es enfático en señalar que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha sido condescendiente con el narcoparamilitarismo, hasta el punto que le dio “estatus político”,-

habida cuenta que la gran mayoría de los congresistas que hacen parte de su bancada parlamentaria se encuentran en la cárcel o son procesados judicialmente por el fenómeno que se conoce como la “parapolítica”.

Las represalias por atreverse a opinar abiertamente no se han hecho esperar. Los sectores militaristas y el propio gobierno de Uribe han desplegado una serie de acciones políticas y de persecución judicial en contra del sacerdote jesuita y sociólogo Javier Giraldo Moreno SJ.

En la actualidad cursan en su contra tres procesos judiciales que buscan, por una parte, vincularlo con grupos armados al margen de la ley, y por otra, silenciar sus denuncias acusándolo de cometer injuria, calumnia y falsa denuncia, y de esta manera, estigmatizarlo ante la opinión pública nacional e internacional.

En uno de los procesos judiciales se ha ordenado vincular a este sacerdote a la investigación penal mediante indagatoria por parte de la Fiscalía 216 seccional.

Giraldo Moreno es vicepresidente de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, una organización con estatuto consultivo ante Naciones Unidas; además, es coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

Con una trayectoria como activista de derechos humanos de más de 30 años, acompaña varias comunidades víctimas del terrorismo de Estado y es reconocido a nivel nacional e internacional por sus denuncias, reflexiones e inquietudes.

Inquietante denuncia

Es inquietante y a la vez sorprendente que el proceso penal que se ha iniciado en su contra se sustente en una denuncia presentada por el teniente coronel del Ejército Néstor Iván Duque,-

oficial que ejercía el mando operacional de las tropas que ejecutaron el 21 de febrero de 2005, la masacre en contra de ocho personas de la Comunidad de Paz de en la población San José de Apartado, en el departamento de Antioquia.

Duque en múltiples oportunidades ha sido señalado por el padre Giraldo como uno de los responsables de ese atroz delito.

Por eso es que las organizaciones de derechos humanos han señalado que es más que preocupante que la Fiscalía otorgue credibilidad al citado oficial, quien solicito permiso de los paramilitares, según relato de Hebert Veloza, alias “H.H.”, uno de los líderes de las autodefensas, para asesinar a uno de los testigos de la masacre.

La denuncia del teniente coronel se presentó coincidentemente, 40 días después de ejecutado este crimen en contra de la comunidad.

Masacre planificada

El padre Giraldo en diálogo con este Observatorio Latinoamericano, señala en forma enfática que esta fue una masacre del Ejército perpetrada conjuntamente con paramilitares que estaban comandados por alias don Berna. Además, agrega,-

“fue planificada y obedecía a la Operación Táctica Feroz, dentro de un operativo más amplio que se denominaba Fénix, comandado por el coronel Néstor Iván Duque, acusado por torturas contra miembros de la comunidad”.

“Dentro de esa masacre se descuartizó a un niño de 18 meses, y a sus dos hermanitos: de de cinco y diez años de edad”, denuncia Giraldo, pero lo más grave es que “la línea de investigación estaba trazada por el Ejército” para tapar los móviles de tamaño delito y acusar de su autoría a la guerrilla de las Farc.

“Gracias a la Procuraduría y la presión internacional se logró esclarecer el caso. Esa presión llevó a la Fiscalía a actuar como debía actuar porque durante dos años no quiso hacerlo”, afirma el sacerdote jesuita.

Institucionalización del paramilitarismo

¿El paramilitarismo se ha acabado en Colombia como afirma el gobierno del presidente Álvaro Uribe?

De ninguna manera. El paramilitarismo hay que analizarlo a lo largo de toda su trayectoria que tiene diversas fases y etapas, para resumir considero que la etapa en que nos encontramos ahora es la de su legalización e institucionalización porque todas las desmovilizaciones que ha habido de paramilitares son ficticias.

Los paramilitares han regresado a su accionar, no han sido tocados por la justicia. La Ley de Justicia y Paz aún no da frutos y se ha quedado muy corta frente a las confesiones que muchos de ellos han hecho, pero lo peor es que la gente que fue-

indultada por la Ley 782, alrededor de 20 mil que nunca utilizaron su propio nombre porque ese era una de las condiciones, acudieron a nombres ficticios, por lo tanto nunca van a ser investigados por la justicia.

Usted ha manifestado que en el gobierno de Uribe se le ha dado estatus político al narcotráfico. ¿En qué sustenta esta afirmación?

Es muy conocido el hecho de que la inmensa mayoría de los líderes paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz están ligados con el narcotráfico. El mismo Carlos Castaño dice que esa fue su principal contradicción con el resto de los jefes paramilitares y por eso seguramente lo mataron.

Es que la mayoría de los comandantes eran capos del narcotráfico y muchos de ellos compraron las comandancias por miles de millones de dólares para poder aprovechar los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.

Además, una de las fuentes de su financiación más importantes fue el narcotráfico y todos sabemos que Castaño y varios de sus compañeros lucharon mucho porque se le diera estatus político al paramilitarismo y Uribe se lo concedió, por eso yo afirmo eso.

También ha señalado usted que Colombia vive un “proceso de neofascismo” ¿A qué atribuye ese fenómeno?

El modelo que estamos viviendo actualmente en el de un excesivo gasto militar que ha permitido que el pie de fuerza se haya multiplicado como lo demuestran algunos estudios como el del rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, José Fernando Isaza.

Más del 80% de los puestos públicos es para fuerza armada y si a eso le sumamos la fuerza del paramilitarismo y una fuerza que ha creado el gobierno del presidente Uribe que es un paramilitarismo ‘más decente’, por llamarlo de alguna manera, como las redes-

de informantes y de cooperantes, y el nuevo estatuto para las compañías de seguridad privada que agrupan centenares de miles de personas, podemos decir que todo este componente hoy día controla a la población civil en Colombia.

Al mismo tiempo no se permite el accionar de los movimientos sociales sino que sutilmente se los está deslegitimando, estigmatizando y exterminando ya sea por la vía del asesinato o por otras vías.

Yo he seguido muy de cerca la historia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a la que le han asesinado cerca de 200 líderes y ahora el Estado quiere destruirla por otras vías:

por la vía jurídica o la económica, sobornando a cantidad de campesinos con el propósito de que se salgan de la Comunidad para lo cual el Gobierno les da millones de pesos para que reactiven sus fincas; en fin, son muchas las maneras que tiene para el control de la población civil.

¿Y a qué atribuye el alto nivel de popularidad de Álvaro Uribe?

El Presidente ha sabido manejar bien al hombre-masa, las masas y la sicología de las masas. Pero, además, ha tenido una buena relación con poderes mundiales, como por ejemplo haber logrado una importante interlocución con el anterior gobierno norteamericano; y uno de los factores más importante de su popularidad es el manejo que ha tenido de los medios masivos de comunicación.

Realmente el problema tanto de la información como de la comunicación se ha vuelto neurálgico para una democracia y en el caso colombiano existe una democratización mínima de los medios, los cuales son muy controlados.

¿Usted se siente estigmatizado por la labor de defensa de los derechos humanos que realiza en Colombia?

He sido tan estigmatizado que en más de una oportunidad me he visto obligado a salir del país.

Volver a la página principal