viernes, octubre 11, 2013

Genocidio de la Unión Patriótica
“Nos queda la tarea de reconstruir y reorganizar la Unión Patriótica”
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Así lo manifestó el pasado jueves 10 de octubre, en el acto de instalación del “Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica”, la senadora Gloria Inés Ramírez, sobreviviente del genocidio contra ese partido político.

El evento fue organizado por la Corporación Reiniciar y la Coordinación Nacional de Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica, en Bogotá durante los días 9, 10 y 11 de octubre.

“Como sobreviviente que soy del genocidio contra la Unión Patriótica, valoro muchísimo todo lo que se haga para mantener viva la memoria de las víctimas, para conseguir que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, sean plenamente reconocidos como garantía de no repetición de la tragedia”, dijo entre otros puntos Ramírez.

La senadora recordó que la UP nació en 1984 como uno de los acuerdos de La Uribe suscritos entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC EP y que participó por primera vez en elecciones en 1986 y obteniendo “una votación sin precedentes”.

En esa ocasión fueron elegidos por la UP 14 congresistas, varios gobernadores y un numeroso grupo de diputados y concejales, lo que le dio derecho a tener 25 alcaldes municipales.

El influjo de la Unión Patriótica fue, decisivo en el avance de la unidad en otros campos, como la creación de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, en noviembre de 1986, que significó un gran paso en la superación de 40 años de división del movimiento sindical.

“Estos hechos, unidos a los planes de la burguesía de imponer el modelo neoliberal, fueron los que desataron la ofensiva criminal de la ultraderecha y el militarismo. Por eso, no es casual que las dos organizaciones más victimizadas hayan sido la Unión Patriótica y la CUT”, expresó la congresista de izquierda.

A renglón seguido anotó que, “la tesis de que la causa del exterminio fue la llamada ‘combinación de las formas de lucha’ es una invención calumniosa que pretende culpabilizar a las víctimas de su propia tragedia o, lo que es más grave, convertirlas en victimarias, mientras los verdaderos responsables son protegidos por la impunidad”.

Ante el auditorio que la escuchaba en silencio, la senadora recalcó que estos hechos dolorosos no deben repetirse, por lo que rechazó tajantemente las mentiras que el régimen urde contra la UP y ahora también contra la Marcha Patriótica, a la cual le han venido asesinado dirigentes y militantes.

Destacó también el momento histórico que atraviesa el país con las conversaciones que se desarrolla en La Habana entre el Gobierno y las FARC-EP y pidió que se extiendan al ELN y al EPL.

“No se trata, como lo pregonan algunos, de una concesión generosa del gobierno de Santos, sino del resultado de largos años de lucha por la salida negociada al conflicto social y armado que ha golpeado a nuestro país por espacio de medio siglo”, expresó Ramírez Ríos. 

“Las víctimas del conflicto, que conocen como nadie los horrores de la guerra, tienen la autoridad moral para asumir el deber político de situarse en la primera fila en la lucha para defender el proceso de paz”, exaltó la legisladora.

Explicó que esa responsabilidad es mayor para las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica, “porque representan no sólo al sector más numeroso, sino el más consciente y comprometido con la construcción de una sociedad justa y democrática en una patria libre”.

Adujo igualmente que la restitución de la personería jurídica a la UP es un acto de justicia tardía,  que se produce once años después de interpuesta la demanda contra las resoluciones del Consejo Nacional Electoral.

“Falta lo más importante, que es la reparación integral, tanto individual como colectiva, de las víctimas, y esa es una tarea en la que debemos continuar comprometiendo todos nuestros esfuerzos.

“Nos queda, ahora, la tarea de reconstruir y reorganizar la Unión Patriótica para que pueda contribuir a la unidad de la izquierda y los sectores progresistas y democráticos y para que juegue el papel que le corresponde en las luchas de nuestro pueblo por los cambios que necesita la sociedad colombiana”, afirmó Ramírez Ríos.

Finalmente la senadora expresó que “Estamos viviendo un momento crucial de nuestra historia en el que es preciso movilizar todos nuestros recursos y todas nuestras energías para que el proceso de diálogo que se adelanta en La Habana culmine en un acuerdo de paz.

“Tenemos la certeza de que podemos contar con las víctimas y familiares del genocidio contra la Unión Patriótica, para honrar la memoria de nuestros muertos y construir el país justo, democrático y soberano que ellos soñaron”. 

El viernes 11 de octubre la senadora Gloria Inés Ramírez participó con las familias de las víctimas en la marcha hasta la Plaza de Bolívar, donde se desarrollaron diversos actos culturales, políticos y se realizó el cierre del evento.

En la Plaza, al menos 3.000 sillas se quedaron vacías, pues quienes las iban a ocupar fueron asesinados por el régimen criminal que padece Colombia.. Fotos: 2, 3, 6 y 7: Cristy Lozano. fotos 4 y 5 bajadas de Internet.

jueves, octubre 10, 2013

Cúcuta, Norte de Santander
Acusan de irresponsable al gobierno por afanar el retorno de las comunidades a donde los paramilitares los están esperando
Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, Redeh, denunció el pasado 26 de septiembre sobre las amenazas de paramilitares a la comunidad del corregimiento Palmarito, por lo cual los moradores tuvieron que desplazarse.

Según la denuncia de entonces, los criminales visitaron casa por casa a los pobladores y les dieron 72 horas de plazo para que abandonaran el corregimiento.

Previamente los ‘paras’ habían asesinado a los agricultores Humberto Ramírez Carrillo, Jovanny Rodríguez Calero y Jordán Rojas Rincón, así como la desaparecieron forzadamente al labriego Leonardo Galvis, presidente de los palmeros de la localidad.

Según la red de derechos humanos, en un consejo de seguridad municipal, el alto consejero para la seguridad y la convivencia, Francisco José Lloreda Mera, dijo irresponsablemente que “Cúcuta era una de las ciudades más seguras del país”.

La red de derechos humanos afirma que Lloreda desconoce la realidad sobre la criminalidad y las violaciones a los derechos humanos que soporta la capital nortesantandereana y gran parte de los municipios.

Así mismo sostiene que paramilitares de diferentes denominaciones, entre los que se encuentran “rastrojos”, “urabeños”, “paisas”y “nueva generación”, vienen cometiendo homicidios, amenazas, desapariciones forrzadas, boleteos, extorsión, pago de vacunas, tráfico de armas, ruta de trata de personas y ruta de los carteles del narcotráfico, entre otros delitos, sin que la fuerza pública actúe.

La Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, califica también como irresponsable que las autoridades traten de hacer retornar afanosamente a las comunidades desplazadas de Palmarito, cuando los paramilitares están al acecho esperándolos, pues no los han combatido.

"Las condiciones no están dadas para que las comunidades retornen porque no hay garantías que de preservar la vida y la seguridad", advierten las comunidades.

Entre los crímenes contra los pobladores durante los últimos días, los cuales desmienten a Lloreda Mera, se encuentran:

Amenazas de muerte contra los campesinos José María Peñaranda, Ricardo Sánchez, el pasado 7 de octubre.

Juan Carlos Torrado, coordinador de la Mesa Municipal de Participación a Víctimas, el pasado 7 de octubre dos paramilitares le ordenaron abandonar el departamento inmediatamente o de lo contrario sería asesinado.

Graciela Rodríguez Ramos, docente en el municipio de Santiago, fue asesinada en la vía que comunica a Cúcuta con Pamplona el anterior 8 de octubre.

Graciela Parada Ovalles, docente en el corregimiento de Las Mercedes, municipio de Sardinata, herida con una esquirla de granada en hostigamiento hecho por la guerrilla al puesto de policía, el cual se encuentra en medio de la población civil, el día 9 de octubre.

miércoles, octubre 09, 2013

Denunciarán ante la Comisión IDH la negligencia del defensor del pueblo en desapariciones forzadas 
Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Mesa de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Coordinadora Colombia Europa Estados Unidos, por intermedio de un comunicado informó que familiares y organizaciones de personas desaparecidas denunciarán al defensor del pueblo por su negligencia en materia de este crímen de lesa humanidad.

Según la denuncia por quinta vez  consecutiva Jorge Armando Otálora Gómez, defensor del pueblo, canceló una audiencia solicitada por varias  organizaciones de víctimas y organismos de derechos humanos, dada su calidad de Presidente de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. 

La cita había sido pedida reiteradamente para exponerle al funcionario la profunda preocupación de la sociedad civil por la ineficacia y el estado  y de la Comisión Nacional de Búsqueda, perjudicando los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas.

Igualmente esa entidad es señalada de obstaculizar una política pública de búsqueda de las personas desaparecidas y de la falta de visibilización de la gravedad de este crimen atroz.

“Este incumplimiento nos obliga a denunciar ante la CIDH a finales de octubre, el abandono sistemático de los deberes que la ley le impone al defensor. Esto demuestra la nula importancia que éste le concede al grave crimen de las desapariciones forzadas y su alarmante negligencia e irresponsabilidad como presidente de la CNBPD, en un país que sobrepasa los 30.000 desaparecidos”, manifestaron los familiares de las víctimas.

Después de 15  meses de haber sido designado como defensor del pueblo, nunca  ha asistido a las sesiones de la CNBPD  para dirigirla y las evaluaciones críticas realizadas con el auspicio de la comunidad internacional  con recomendaciones para su mejoramiento han sido desechadas, pues no han sido tomadas en cuenta seriamente convocando a sus miembros titulares, o adoptando estrategias y políticas públicas para la búsqueda seria  de esos miles de víctimas.

Igualmente Otálora Gómez es acusado de que en todo este tiempo se ha rehusado sistemáticamente a dialogar con las organizaciones de víctimas de personas desparecidas forzadamente.

Dicen las organizaciones de desaparecidos que diversas instancias se han dirigido al defensor del pueblo y a la Fiscalía, como  entidades del Estado que integran la CNBPD, alertándoles sobre su profunda debilidad, pero estos han hecho oídos sordos. 

“El Defensor del Pueblo debe escuchar el clamor de los familiares y de la sociedad, dar autonomía a la CNBPD y trazar un plan de acción con para investigar el delito y buscar a las víctimas, especialmente en la coyuntura del proceso de paz donde la CNBPD está llamada a jugar un rol protagónico para la participación de estas víctimas y la  realización de sus derechos”, dice un aparte del documento.

Finalmente, tanto las familias de las víctimas, como sus organizaciones exhortaron a la comunidad internacional, al presidente Santos, a las autoridades judiciales, a los órganos de control  y a las organizaciones de la sociedad civil para que le exijan al defensor del pueblo cumplir sus obligaciones constitucionales o se retire del cargo.


Deforma a la salud
“El proyecto presentado de reforma a la salud es más de lo mismo”: Gloria Inés Ramírez
Por Camilo Raigozo. Notimundo.

En plenaria del Senado este 8 de octubre, una vez votados los impedimentos, se procedió a darle trámite al proyecto de ley de reforma a la salud, del cual se presentaron tres ponencias.

La oficialista pactada entre el gobierno y sus aliados expuesta por el senador Guillermo Antonio Santos del Partido Liberal y dos de la oposición, expresadas por los parlamentarios Mauricio Ospina del Polo y Gloria Inés Ramírez, del mismo partido.

En su ponencia la senadora Gloria Inés Ramírez criticó duramente el proyecto de ley del gobierno al que calificó de otro paño de agua tibia que no resuelve la crisis en el sistema de salud. “Este proyecto que se ha presentado de reforma a la salud es más de lo mismo”, dijo Ramírez dirigiéndose directamente al ministro de esa cartera Alejandro Gaviria, presente en la sesión.

“Desde la oposición siempre hemos sostenido que desde el mismo momento en que se creó la Ley 100 quedaron en evidencia las dos caras de la moneda que tiene la salud. La salud como un negocio o la salud como un derecho fundamental”, advirtió la legisladora de izquierda.

Igualmente se preguntó de qué manera se piensan arreglar los problemas estructurales que hoy tiene el sistema de salud, “si este es un problema de modelos y los problemas de modelos son problemas ideológicos”.

Argumentó también que lo que hizo la Ley 100,  cuyo autor es el candidato al Senado Álvaro Uribe, fue poner la salud de los colombianos como un negocio muy lucrativo para los empresarios de las EPS, desconociendo la salud como un derecho fundamental.

“Ministro Gaviria, una vez hecha esta nueva ley tal como usted la está proponiendo, ¿cuál es el impacto en los colombianos de a pie? ¿Cómo le garantiza esta ley a los colombianos  que pueden ejercer su derecho a la salud sin ninguna barrera de acceso, pero sobre todo sin que se ponga por encima el poder del dinero a la necesidad de la persona?”, le preguntó Ramírez al ministro de Salud.

La congresista afirmó que no es cierto que las odiosas EPS, que tanto daño le han causado al sistema de salud, vayan a desaparecer. Lo que hace este proyecto de ley es cambiarles de nombre y maquillarlas.

“Este proyecto de ley que se ha presentado en 11 capítulos y 85 artículos Cambia el Fosiga por un fondo general que se llama Salud MIA. Pone Mi Plan, que es lo mismo que el POS, Transforma las EPS en Gestoras de Salud. Manteniendo la figura, simplemente le cambia de nombre.

Ramírez Ríos les preguntó al ministro Gaviria y a sus colegas que se va a hacer para recuperar las deudas que varias EPS le deben a la salud de los colombianos. “La crisis del sistema se mantiene, no  por falta de recursos, sino por la malversación de los mismos en la privatización del servicio”, expresó.

La legisladora recordó que el gobierno varias veces le ha tirado salvavidas a la salud,  como la ley 1122 de 2007 y la ley 1438 de 2011, que no lograron superar la grave crisis. “Esos remiendos no han servido para nada y ahora pretenden hacerle otro remiendo de mayor calibre pero sin cambiar de modelo", apuntó entre otras cosas Ramírez Ríos.

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lunes, octubre 07, 2013

Grave epidemia de dengue en la cárcel La Picota

Los prisioneros políticos del Eron La  Picota de Bogotá, denunciaron ante el Inpec, la Secretaria de Salud de Bogotá, Dr. Aldo Cadena, sobre una grave epidemia de dengue que los está afectando hace ya más de 10 días.

En dicho establecimiento penitenciario no hay médicos que atiendan esta emergencia y ninguna autoridad se ha hecho presente para solucionar la situación que afecta el derecho fundamental a la salud.

Igualmente denuncian el creciente hacinamiento que hace imposible que se respete al menos la dignidad humana y los principios básicos sobre el tratamiento a las personas privadas de la libertad.

Hacen un llamado al Representante DR.  Iván Cepeda Castro, para que con carácter urgente realice una visita humanitaria con el fin de poder constatar estos hechos.


Terrorismo made in USA
Dados de baja cuatro terroristas de la OTAN en Afganistán
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Agencias internacionales informaron este domingo que cuatro terroristas invasores fueron dados de baja en Afganistán a manos de insurrectos que defienden la libertad y la soberanía de su pueblo.

Los muertos pertenecían a la tenebrosa Organización Terrorista del Atlántico Norte, OTAN, liderada por el gobierno de Estados Unidos.

Voceros  de la organización terrorista ocupante reconocieron el revés sufrido pero no identificaron a los sujetos muertos ni sus nacionalidades.

En lo corrido de este año al menos 136 criminales de la OTAN, de estos 136 estadounidenses, han sido dados de baja, mencionaron las fuentes.


Genocidio contra la Unión Patriótica
Víctimas del régimen terrorista colombiano reclaman al gobierno justicia y dignidad
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El miércoles, jueves y viernes de esta semana, se llevará a cabo la Octava Jornada por la Dignidad de las Víctimas de la Unión Patriótica, informó la Corporación Reiniciar mediante un comunicado.

Con el eslogan “Sin justicia para las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica no puede haber paz”, el próximo  miércoles se realizará el evento interno con las Coordinaciones de todo el país.

El jueves 10 de octubre a las 9 de la mañana se hará la instalación oficial del evento en la calle 23 Nº 6- 19 Down Town Majestic.

A las 11 de la mañana del día siguiente, viernes, se tiene previsto  realizar la tradicional marcha desde la calle 26 con carrera Séptima hasta la Plaza de Bolívar.

Allí habrá dispuestas  al menos 3.000 sillas para las familias de las víctimas asesinadas por las fuerzas militares y paramilitares del régimen y se presenciará el acto "Serenata de los ausentes".

El mismo día se hará la devolución del título honoris causa otorgado por la Universidad  Cooperativa al dirigente de la UP Mario Upegui, mediante un acto simbólico.

Esta devolución es una forma de repudiar la masacre de Segovia, Antioquia,, en la cual César Pérez García, dueño de esa universidad, fue el determinador, por la cual está condenado.

La convocatoria la hace La Corporación para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Reiniciar y la Coordinación Nacional de Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica.

“La Corporación Reiniciar viene liderando desde hace más de 20 años la lucha contra la impunidad en el caso del genocidio contra este grupo político al que le fue devuelta su personería jurídica apenas hace tres meses”, recuerda el memorando.

La corporación Reiniciar conjuntamente con la Comisión Colombiana de Juristas presentaron en 1993 la petición de condena ante La Corte Interamericana de Derechos Humanos por el genocidio de la UP.

Medios de comunicación, el ministro de la represión y guerra contra el pueblo, Juan Carlos Pinzón, otros representantes del establecimiento y de la oligarquía criminal y guerrerista, con cinismo se empeñan en exigirle a las FARC EP en la mesa de diálogos de La Habana que reconozcan y le pidan perdón a las víctimas, pretendiendo ocultar que la gran mayoría de estas son suyas.


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