Militares y paramilitares
asesinaron a tres niños y
cinco adultos en febrero
de 2005 bajo el régimen de
terror de Álvaro Uribe.

Parauribismo
En una zona altamente militarizada paramilitares asesinaron a otro campesino en San José de Apartadó
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 21 de septiembre al medio día paramilitares asesinaron de varios disparos al labriego Ernesto Guzmán, pedre de cinco hijos. La nueva víctima vivía en la vereda Playa Larga.

En esa misma fecha, tres horas más tardes, en el asentamiento de San Josecito, dos sujetos intentaron ingresar a la vivienda de un miembro de Consejo Interno, informó la Comunidad de Paz.

El 11 de septiembre de 2015 varios campesinos procedentes de la vereda Mulatos fueron abordados por varios paramilitares vestidos con prendas militares y portando armas largas, los cuales afirmaron que los habitantes de la vereda Mulatos y La Resbalosa eran guerrilleros y milicianos de las FARC, que no se les permitía volver a pasar por allí, según ellos, estaban haciendo inteligencia para la guerrilla.

El 10 de septiembre de 2015, hacia las 11 de la mañana, dos miembros de la Comunidad de Paz que se trasladaban desde San Josecito hacia el casco urbano de Apartadó, fueron abordados por agentes de la Policía a la altura del barrio Alfonso López, en Apartadó.

Allí fueron empadronados y fotografiados por los policías quienes argumentaron que ellos hacían lo que se les daba la gana ya  que eran la autoridad y estaban por encima de la Corte Constitucional.

Cabe recordar que la Corte Constitucional emitió la sentencia C-1024 del 2002 mediante la cual prohíbe a la fuerza pública los empadronamientos.

"Esta Corte declaró contrario a la Constitución el registro de la población que en ella se autorizaba adelantar en los llamados “Teatros de operaciones militares”, pues esa clase de empadronamientos no se encuentra autorizada ni en estados de normalidad ni en estados de excepción", expresó la Corte.

El 26 de agosto de 2015, cuando miembros de la Comunidad de Paz se trasladaban desde el casco urbano de Apartadó, hacia el asentamiento de la Comunidad en San Josecito, fueron abordados por agentes de la Policía quienes los sometieron a chantaje.

Luego procedieron a anotar en una libreta las placas del vehículo en el que se trasladaban. En forma contundente se evidencia el método de pillaje y persecución que se vuelve a implementar contra los miembros de la Comunidad de Paz.

El 5 agosto de 2015 el comandante de la Brigada 17del Ejercito, coronel German Rojas Días, a través de un evento público en las afueras de la alcaldía de Apartadó, manifestó el interés absoluto de que se quiten las medidas cautelares y provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de la Comunidad de Paz. 

Las comunidades se preguntan si los deseos del coronel son para seguir matando y reprimiendo, en complicidad con los paramilitares,  a los pobladores con más facilidad y con plenas garantías de impunidad.

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Terrorismo de Estado

Mindefensa y Ejército deberán pedir perdón públicamente por masacre de San José de Apartadó

Por Camilo Raigozo. Notimundo

El  Consejo de Estado validó el acuerdo de conciliación pactado entre los familiares de las víctimas de la masacre de la comunidad de Paz de San José de Apartado y el Ministerio de Defensa para dar cumplimiento a la condena proferida por el Tribunal Administrativo de Medellín en octubre de 2012.

La masacre fue perpetrada por terroristas pertenecientes a la Brigada 17 del Ejército conjuntamente con paramilitares, bajo la demencial estrategia militar-paramilitar del régimen de terror del presunto cabecilla paramilitar Álvaro Uribe, el 21 de febrero de 2005 en las veredas Mulatos y La Resbalosa.

Los criminales oficiales y paraoficiales del régimen asesinaron a cinco adultos y tres niños. Algunas de las víctimas fueron degolladas y desmembradas, unas tiradas en fosas y otras dejadas a la intemperie.

Tanto Uribe como los altos mandos militares y sus cómplices, los medios de “comunicación”, trataron en un principio de desviar la atención y las investigaciones culpando de la masacre a las FARC EP, un libreto que repitieron decenas de veces sin ninguna vergüenza.

Carlos Andrés Torres, ase
sinado por terroristas de la
Brigada 17 del Ejército el
9 de abril de 2013.

Los sátrapas hubieran logrado su objetivo sobre el horrendo hecho, de no haber sido por una comisión de senadores estadounidenses que realizó su propia investigación y concluyó que: “El Ejército fue responsable de la masacre de los miembros de la Comunidad de Paz del 21 de febrero de 2005. Encontramos evidencias creíbles de la cooperación y coordinación extensiva entre el Ejército y los paramilitares”.

El alto tribunal determinó que por la masacre el Ministerio de Defensa y la Brigada 17 del Ejército pidan perdón públicamente a los familiares de las víctimas y a la sociedad en general en una ceremonia. Igualmente tendrán que reconocer su participación en la misma.

Las investigaciones pudieron establecer que la noche del 21 de febrero de 2005 los asesinos del Ejército y sus paramilitares torturaron, asesinaron y descuartizaron a las víctimas.

Luego de la masacre varias familias de la comunidad se vieron forzadas a abandonar sus tierras, que era justamente el objetivo que pretendía el régimen, como ocurrió en todo el territorio nacional para entregarle las tierras abandonadas a ganaderos, palmeros, multinacionales, megaproyectos, etc.

En su conocida táctica criminal para justificar los asesinatos, Álvaro Uribe acusó a los miembros de la comunidad de ser colaboradores de la guerrilla de las FARC EP.

Desde la masacre de febrero de 2005 han sido asesinados por la alianza militar-paramilitar al menos otros 19 miembros de la comunidad de paz.

A finales de ese mismo año seis jóvenes fueron acribillados mientras dormían. El comandante de la Brigada 17 inmediatamente acusó sin ningún fundamento del séxtuple crimen a guerrilleros del frente 58 de las FARC EP.

Como siempre, los medios de comunicación repitieron la falacia cientos de veces convirtiéndola en verdad, mientras que la Procuraduría, afecta siempre al estamento militar  no se quedó atrás y declaró a la nueva masacre como un crimen de guerra de la insurgencia.

En esta ocasión no hubo comisión de congresistas de Estados Unidos que investigara y por lo tanto la masacre de los jóvenes permanece en la impunidad.

Una de las últimas víctimas fue Carlos Andrés Torres, de 20 años, quien fue asesinado por terroristas de la Brigada 17 del Ejército el 9 de abril de 2013, en Caracolí, corregimiento de San José de Apartado.

Entre 1977 y el año 2012 al menos 202 personas fueron asesinadas por la alianza entre militares y paramilitares. 

Para evitar el exterminio a manos de la demencial estrategia, el 23 de marzo de 1997 los pobladores crearon la Comunidad de Paz de  San José de Apartadó, pero las cosas no cambiaron mucho, especialmente en los ocho años del régimen de terror de Uribe.

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Protestas contra Uribe en Estados Unidos
Por Camilo Raigozo. Con información de Noticiasdela.com

Más de un centenar de personas desfilaron con pancartas y estribillos en contra del presidente Uribe, quien se encuentra de visita en el país del norte clamando que le aprueben el TLC.

Los manifestante le reclamaron a Uribe por sus supuestos vínculos con el narco-paramilitarismo, por los asesinatos de sindicalistas, campesinos, defensores de los derechos humanos y por los desplazamientos.

Arengaron al gobierno de su país para que se abstenga de tener vículos comerciales con Colombia por las causas anteriores.

En la manifestación estaban presentes dirigentes sindicales, entre ellos del poderoso sindicato del acero, para reafirmar su solidadridad con los sindicalistas colombianos “que estan siendo reprimidos y asesinados”.

Según la página de periodismo ciudadano estadounidense en la Web, Noticiasdela, “dirigentes afrodescendientes denunciaron las condiciones en sus comunidades, y señalan a Uribe de complicidad en el desplazamiento de forma violenta, masacrando a los afro-colombianos e indígenas con el fin de robar sus tierras y recursos”

Por su parte, representantes de movimientos ambientalistas condenaron el TLC argumentando que la amazonía quedará expuesta a la voracidad de los inversionistas gringos poniendo en alto riesgo el principal pulmón del mundo.

“Hemos dejado claro: los únicos que se benefician del TLC entre Estados Unidos y Colombia será la élite empresarial y los paramilitares que aterrorizan a la población ya empobrecida pora su propio beneficio”, dice en su información Noticiasdela.

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Injuria como arte
Por: Cristina de la Torre. El Espectador

El primero en degradar el lenguaje ha sido el Presidente. Si ofende la frase “le rompo la cara, marica”, sobrecoge la que ordena, en público, “acabar” con alguien “por mi cuenta, no se preocupe”. Procacidad y amenaza no simplemente subvierten las buenas maneras, de señoritos perfumados, sí, pero también de los millones de colombianos que formamos el montón.

Es que ellas denotan, además, la insolencia del poder que quiere ejercerse sin límites ni control. Alega el Presidente que no es bueno echarle tierra al debate. Enhorabuena. Mas en el debate, como en el cohecho, se necesitan por lo menos dos.

Qué polémica puede haber, se pregunta uno, si a menudo el que acapara micrófonos y luces descalifica de entrada a su adversario, lo amordaza, lo intimida y lo cubre de ignominia. Antes que hablar de cancelar la controversia habría que restablecerla. Deber de la democracia es instaurarla, expandirla, protegerla en libertad. Y no de cualquier manera.

Saturado el país de este tono bochornoso, devuelto a la rudeza de tiempos que dábamos por idos, se echan de menos la invectiva política elevada a arte, la ironía elevada a poesía. León de Greiff le cantó al amor, pero también satirizó la hipocresía consagrada en una sociedad de prohombres iletrados y politicastros de postín.

Como quien hace música, escribió su Balada del Abominario para increpar a aquellos “bausanes estridentes (...)/ supercríticos morosos hartos de suma fatuidad,/ arlequinescos figurines/ pletóricos de vulgaridad,/ de vicios fáciles y tontos/ y de la unánime verdad,/ y de ideales consagrados,/ y de vacua sinceridad/ (...) Andad al Limbo figurines,/ turba de lo sacramental, / inocuos y zurdos y vacuos,/ solemnes y zafios y tal...”

Y José María Vargas Vila, terror de dictadores, de la reacción purpurada que edificó la República conservadora sobre los pilares la Regeneración, alcanzó la gloria en diatribas que parecen escritas hoy. Borges lo consideró maestro del oprobio, la sátira y la ofensa:

“Los dioses no consintieron que Santos Chocano deshonrara el patíbulo. Ahí está vivo después de haber fatigado la infamia”, había escrito el santafereño. Si a veces extravagante, y hasta cursi, suya es la invectiva veraz e ingeniosa contra los déspotas latinoamericanos, césares “voluptuosos”, “sanguinarios”, “vanidosos hasta la estupidez”.

Se ensañó en los artífices de la Regeneración que sepultaron la revolución liberal. “Rafael Núñez, escribió, pertenecía a la raza triste de los tiranos filósofos; era déspota por hastío (...) Sin ilusiones sobre los hombres, ni sobre las cosas, era hecho para pastor de pueblos porque despreciaba profundamente el rebaño humano, tan tumultuoso, tan terrible y tan vil (...).

Su obra no fue estéril; la impotencia del Talento engendró la Omnipotencia de la Fuerza; ya no hay Patria, pero aún hay Tiranía: esa es su obra”.

De Caro dijo que pertenecía “a la raza enojosa de los tiranos letrados y a la legión rencorosa de los tiranos austeros (...). Rencoroso y vengativo, con más pasión que virtud, odiando a los hombres más que a las ideas, no usó del poder sino para empequeñecerse (...)

Llevó al gobierno todas las pasiones de la plaza pública y después de ser Catón, en el foro, no fue sino un faccioso en el poder (...). Hizo del gobierno una polémica a mano armada (...).

Era un hombre ebrio de absoluto. Falto de grandeza, tuvo el culto de la insolencia; confundió la fatuidad con la dignidad; la energía con la violencia; e incapaz de levantarse hasta la generosidad, fue cruel hasta la bajeza y vengativo hasta el oprobio. Pudo haber sido un gran ciudadano y no fue sino un pequeño déspota”.

Algo ofrece el panfleto, como género, para rescatar la injuria de las alcantarillas, darle vuelo literario y encaminarla hacia el arte. Se respiraría mejor.

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La cabeza del pacificador
Por: Reinaldo Spitaletta. El Espectador

Delincuentes que entran a la “Casa de Nari” como cualquier José Obdulio o secretario de prensa palaciego; un jefe seccional de fiscalías que se vende a un capo por una cuatrimoto, colaboración estrecha del Ejército con los paramilitares, y así cada día este país de santos y “perras” nos entrega un asombro. Y de la parapolítica saltamos a los paragenerales.

Ahora, con la nueva detención del general Rito Alejo del Río, se recuerdan otra vez los crímenes paramilitares en Urabá y el Chocó y en Mapiripán. El denominado “pacificador de Urabá” parece estar implicado en múltiples atrocidades, aunque para algunos de sus defensores de oficio, es un héroe trastrocado en víctima.

¿Por qué ciertas ONG lo muestran como un símbolo de los crímenes de Estado? ¿Por qué la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo liga criminalmente desde 1997 a los paramilitares? ¿Por qué será que alias H.H. lo denuncia como cómplice del paramilitarismo en Urabá?

Al general, que ahora sí parece estar en un laberinto, los Estados Unidos le quitaron la visa por su presunta relación con los paramilitares, y el presidente Andrés Pastrana lo retiró del Ejército por la serie de acusaciones y evidencias en su contra. Pese a pruebas de operaciones conjuntas entre el paramilitarismo y la Brigada XVII al mando del general Del Río, las investigaciones en su contra extrañamente no prosperaron.

En las confesiones que alias H.H. le hizo a El Espectador el 2 de agosto pasado, tras mostrar desconcierto de por qué al general Del Río o el “pacificador” no le habían abierto ningún proceso, se dice que Rito Alejo se reunió, entre otros, con Carlos Castaño.

Y cuando Del Río era comandante de la Brigada XVII “yo secuestré dos personas dentro de la Brigada”. A los dos detenidos (¿los sacarían a espaldas del general?) los asesinaron los paramilitares.

Por los tiempos de su estadía en Urabá, el general, apoyado por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, y su secretario de Gobierno, el finado Pedro Juan Moreno, auspició la creación de las Convivir, que, según lo expresó el mismo H.H., eran todas de los paramilitares.

La terrorífica alianza entre Ejército y “paracos” estuvo en boga en aquellos tiempos de masacre, según las declaraciones de Salvatore Mancuso y Éver Velosa.

Uno de los asesinatos más crueles sucedió durante la Operación Génesis, dirigida por el general Rito Alejo del Río en las riberas de los ríos Cacarica, Salaquí y otros, en el Chocó, y cuya secuela más visible fue un enorme desplazamiento de campesinos.

El 27 de febrero de 1997, militares y paramilitares que operaban juntos mataron al campesino Marino López Mena. Primero, lo obligaron a subirse a una palmera a cogerles cocos; luego, lo machetearon. La víctima se lanzó al río, le dispararon y la atraparon.

Tras decapitarla, jugaron fútbol con su cabeza y quisieron obligar a los asustados habitantes de Bijao a imitar el desafuero.

El paramilitarismo, con la complicidad de la Fuerza Pública, causó millares de asesinatos en Urabá, muchos de ellos en los tiempos en que el general Del Río era el comandante de la Brigada XVII. Cuando Pastrana lo sacó del Ejército, un combo de amigotes le hizo un desagravio en el Hotel Tequendama, en el mismo donde después Álvaro Uribe le pagaría una suite a un delincuente.

¡Ah!, y en el homenaje parlaron, entre otros, Uribe Vélez y Fernando Londoño. Hubo voces que señalaron al general como un perseguido por las ONG. Y por los defensores de derechos humanos.

Tal vez ahora el ex fiscal Luis Camilo Osorio, que dio por precluida la investigación contra Del Río, deba dar alguna explicación. Las víctimas del paramilitarismo (y del militarismo) esperan justicia. O al menos que los culpables paguen por una cabeza.

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Criminalización de la política
La sociedad sigue moviendo las fronteras éticas y morales
Por Pedro Medellín. El Tiempo

La crisis colombiana llegó a un punto insospechado: la criminalización de la política. Es decir, la aceptación generalizada de que, en Colombia, la política y las prácticas políticas están indisolublemente atadas al crimen.

A los políticos se les asocia al crimen, con la misma naturalidad con que a los artistas a las actividades creadoras. A los partidos políticos ya no se les identifica como las grandes maquinarias de movilización política y social, sino como organizaciones que van a la captura de rentas.

La política ya no fluye por los canales de la normalidad social. El "hacer política" parece fatalmente atada a la mediación de las organizaciones ilegales o la comisión de los delitos. Los que quieren diferenciarse, de antemano están condenados.

Lo grave no sólo está en que sean las dos más importantes cabezas del sistema político las que han llevado las cosas a esos terrenos. Primero, el presidente Uribe al utilizar todos los recursos que le proporciona su investidura institucional, para criminalizar a sus opositores y contradictores, al señalarlos como auxiliadores de los terroristas o de estar al servicio de intereses mafiosos.

Y luego, el ex presidente Gaviria, jefe del principal partido de oposición, al aceptar el reto en esos terrenos y desde ellos mismos responder señalando -a su vez- los vínculos del Presidente con entornos mafiosos, en una cadena de nunca acabar.

Lo verdaderamente grave está en que, en medio de un escenario de polarización, la sociedad parece cada vez más dispuesta a mover las fronteras éticas y morales que rigen los comportamientos políticos. Los colombianos, lejos de levantarse contra la criminalización, comienzan a tomar parte en el hundimiento de los principales referentes morales y éticos de la acción política en el país.

Fieles a una cultura del atajo, aplauden comportamientos que hacen todavía más difusas las normas, los valores, los principios y las motivaciones que permiten que la política funcione siquiera dentro de un mínimo aceptable.

¿Cuál es el problema de que vayan delincuentes a la casa presidencial, si iban a denunciar un delito?, se preguntaban luego de escuchar la encendida defensa del Presidente. ¿Qué tenía de malo haberle comprado el voto a Yidis, para la reelección, si eso siempre se había hecho? Se habían preguntado antes.

¿No hizo bien, acaso, el primo del Presidente, el senador Mario Uribe, en buscar asilo político, para evitar una captura de los jueces?, se siguen interrogando en medio de una larga sucesión de preguntas que revelan bien cuán profundo es el hundimiento de lo que los expertos llamarían la "autorrepresentación" política de la sociedad colombiana.

Sin referentes éticos y morales, el régimen político colombiano está siendo forzado a tomar el camino de la criminalización, imponiendo varios cambios sustanciales al ejercicio de la política en el país: 1) La política ya no se funda en la deliberación, sino en el señalamiento.

Lo relevante no es argumentar, sino acusar. Y, entre más aguerrida sea la acusación, mayor será la virtud política del acusador; 2) Los partidos ya no están para procesar y revelar los intereses de grupos de ciudadanos, sino para movilizar unas determinadas ventajas privadas; y 3) Las reglas del juego democrático no están para garantizar la alternancia en el gobierno de las distintas opciones políticas presentes en la sociedad, sino para asegurar la permanencia en el poder de quienes lo detentan.

Es el punto culminante de un proceso de degradación política e institucional en el que confluye un cruce de acusaciones que muestra una dirigencia política cada vez más contaminada por el crimen, y una institucionalidad cada vez más volátil y en la que resulta cada vez más difícil distinguir lo que es ilegítimo de lo que es ilegal.
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Si no se hace nada por contener la criminalización de la política, muy pronto el país tendrá que enfrentar su contraparte: la politización del crimen, que es quizá la forma más degradada de una crisis política e institucional.



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Mejor esperen sentados
Por Claudia López.El Tiempo

Los que creen que la era post-Uribe está cerca pueden tomar asiento porque la espera será larga. El presidente Uribe no se desprenderá del poder político en Colombia por dos razones: porque está convencido de que su proyecto político y la seguridad democrática necesitan más años para consolidarse y porque necesita el poder para asegurar su protección personal.

También se equivocan los que creen que el fin de la era Uribe se definirá cuando se sepa si el Presidente se lanza o no a una segunda reelección. Uribe, eventualmente, dejará la Presidencia en el 2010, pero no dejará de ser el elemento determinante del poder político en Colombia. Garantizarse esa posición estratégica es un objetivo que logrará a cualquier costa.

No hay ninguna duda de que el proyecto de referendo para autorizarle al Presidente un tercer mandato saldrá avante.

Con el propósito de permanecer en el poder, el referendo es esencial porque le permite al Presidente notificarle al mundo político y nacional que él puede seguir en la Presidencia en el 2010, en el 2014 o después, pero que, en todo caso, deben contar con él.

Por eso, no ha escatimado ni escatimará ningún recurso para garantizar que el referendo salga avante, y su posibilidad de un tercer mandato quede en firme.

No solo por la vía del referendo se asegurará la manera de seguir en el poder. La vía más eficaz la ha construido todo este tiempo, mediante la captura de posiciones claves del poder público y judicial, así como de las instancias de contrapeso y control del Ejecutivo.

Para el 2010, el Presidente habrá logrado imponer sus candidatos en la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Televisión y en por lo menos la mitad de los magistrados de la Corte Constitucional y de los directivos del Banco de la República, tendrá cuotas importantes en el Consejo de Estado y asegurará que el uribismo siga siendo mayoría en el Congreso.

Todos esos funcionarios, que constituyen la mayoría del poder político y judicial, tendrán mandatos por varios años después del 2010 y serán otro recurso del presidente Uribe para permanecer en el poder.

Tal acumulación de poder y representatividad, además del enorme respaldo a su persona y a la seguridad democrática, sería suficiente capital para asegurar la continuidad de su legado político.
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Si de reelegir la seguridad democrática se tratara, le bastaría con promover un sucesor de su confianza, sobre quien, además, podrá influir, no solo porque le deberá su elección a su guiño, sino porque Uribe tendrá todo el entramado de poder que ha construido para controlarlo.
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Si aun en esas circunstancias decide quedarse en la Presidencia, no será entonces porque sienta que le hacen falta mayorías o representatividad para proteger su legado, sino más bien porque siente que solo si se aferra personalmente a la Presidencia garantiza la protección de sus intereses personales o se protege del escrutinio de la justicia.

El Presidente en Colombia, sea Uribe o cualquier otro, goza, en la práctica, de total impunidad. El Presidente puede asegurar que la Comisión de Acusación de la Cámara no lo investigue seriamente, que el Senado no lo acuse y que, por lo tanto, nunca llegue a un juicio a la Corte Suprema.

Esa garantía de impunidad la tienen los presidentes, no los ex presidentes. Si a pesar de todas las garantías para preservar su legado, Uribe insiste en quedarse en la Presidencia, será por preocupaciones más de índole personal que nacional.

Todos los que se aferran al poder confunden sus intereses personales con los nacionales y se aferran para defenderse personalmente, usando, sin ningún control, la estructura de poder nacional que construyeron. Cualquiera sea la hipótesis aplicable a Uribe, en sus cálculos no está abandonar el poder, así que mejor esperen sentados.

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Parauribismo/

Neoparamilitarismo y nuevas masacres
Por Comisión Colombiana de Juristas

Las atrocidades que debían haber cesado con la supuesta "desmovilización” de los grupos paramilitares no sólo nunca terminaron sino que están apareciendo nuevamente con mayor fuerza.

En el año 2008 se han registrado, en forma creciente, masacres de personas civiles, generalmente campesinos, por grupos armados ilegales calificados como “bandas emergentes” por la Fuerza Pública o por el Gobierno, que se resisten a reconocerlos como paramilitares.

La repetición de las atrocidades

La masacre cometida el pasado 20 de julio en el municipio de Puerto Libertador (Córdoba), en la que murieron siete personas, entre ellas un líder comunitario y dos niños a manos de grupos armados ilegales que se movilizaban en una camioneta, vestidos de civil, encapuchados y armados, es una dolorosa muestra de ello.

No es, sin embargo, el único caso. Por lo menos, otras cuatro masacres atribuibles presuntamente a grupos paramilitares se han registrado este año.

Una, ocurrida el 11 de enero en la ciudad de Santa Marta (Magdalena), en la que murieron cinco líderes comunitarios y otras tres personas resultaron heridas, luego de que hombres armados irrumpieron en una fiesta familiar y dispararon contra las personas que se encontraban allí.

Otra, el 23 de febrero en el municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), en la que murieron cuatro personas de una misma familia, luego de que hombres armados, encapuchados, que portaban prendas de uso privativo de la Fuerza Pública, incursionaran en la finca donde se encontraba la familia campesina.

Una más se registró entre el 27 y el 28 de abril en el municipio de Pizarro (Chocó), en la que fueron asesinados nueve pescadores, y otras seis personas fueron desaparecidas.

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Otra más tuvo lugar entre el mes de junio en zona rural del municipio de Istmina (Chocó), en la murieron cuatro aserradores, lo que provocó el desplazamiento forzado de, por lo menos, 69 personas hacia la cabecera municipal.

Estas masacres tienen dos elementos en común: por un lado, han sido atribuidas a las denominadas “bandas emergentes”, pero, por otro, son hechos que están rodeados de patrones propios del modo de actuar de los paramilitares.

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Se ha podido establecer que estas masacres han estado dirigidas contra la población civil, que tradicionalmente ha sido el objetivo de estos grupos.

Es el caso de las cinco masacres reseñadas, en las que han muerto pescadores, campesinos y líderes comunitarios que están reclamando por la garantía de sus derechos.

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Así mismo, las masacres han sido cometidas por hombres vestidos de civil, armados y encapuchados, tal como se registró en los casos de las masacres de Puerto Libertador y San Juan del Cesar.

Algunas de las masacres también han sido anunciadas, como es el caso de la masacre de Puerto Libertador, en la que los campesinos de la región ya habían alertado a las autoridades sobre las amenazas que pesaban sobre la población, por lo que la Defensoría del Pueblo envió a Bogotá tres informes en los que alertó sobre el riesgo en el que se encontraban los municipios de Montelíbano, Tierralta, Valencia y Puerto Libertador1.

La Comisión Colombiana de Juristas ha podido establecer que entre el 1° de diciembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2007, por lo menos se han registrado 4.019 personas como víctimas de violaciones al derecho a la vida atribuidas presuntamente a los grupos paramilitares en 27 de los 32 departamentos del país.

Las cifras por sí solas desvirtúan el llamado “cese de hostilidades”, pero incluso, además de estas cifras, así como de las masacres señaladas anteriormente, este año han tenido lugar otros hechos que muestran un dramático aumento en el registro de la violación al derecho a la vida.

En efecto, diversas autoridades civiles han manifestado su preocupación por el incremento de los asesinatos especialmente en dos lugares del país.

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Tan solo en el epartamento de Córdoba, según datos de la Policía Nacional, se han cometido 283 homicidios durante el 20082, y en la ciudad de Medellín las autoridades hablan de 530 personas asesinadas entre enero y junio de 20083.

Peligrosos eufemismos sobre el paramilitarismo

Por todo lo anterior, resulta preocupante que el Gobierno insista en afirmar que el paramilitarismo ya no existe en Colombia, o que se asegure, tal como lo hizo el Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), que el ciclo de violencia en Colombia se halla en su fase terminal:

“…el ciclo de violencia se halla en su fase terminal y los colombianos estamos dando una lección de valor universal: es uno de los únicos países de América Latina en donde se están enfrentando con valor los crímenes del pasado y evitando la impunidad como recurso para transitar de la guerra a la paz o de la dictadura a la democracia”4.

Afirmaciones como las anteriores y, en general, aquellas que pretenden mostrar que los crímenes del paramilitarismo son cosa del pasado, no hacen más que desconocer abiertamente la realidad y, de paso, invisibilizar a las víctimas del presente, preparando el camino para una nueva y mayor mpunidad.

Uno de los objetivos principales en todo proceso de paz que se pretenda real debe ser que se disponga de todos los mecanismos y acciones necesarias para garantizar que las atrocidades no se vuelvan a repetir.

Sin embargo, tras casi seis años de iniciado el proceso de negociación entre los grupos paramilitares y el Gobierno, y tres de la aplicación de la ley de “justicia y paz”, no se puede afirmar que la población civil cuente con garantías de que los crímenes no van a volver a tener lugar, simplemente porque nunca han dejado de ocurrir y porque, además, la estrategia de control más utilizada por los grupos paramilitares para infundir terror en la población civil, que son las masacres, se está volviendo a repetir.

En efecto, el registro de la comisión de masacres anuncia que no son ciertas las afirmaciones hechas por el Gobierno y por el Presidente de la CNRR. Si bien se produjo una reducción en los registros de los asesinatos colectivos en el período comprendido entre el 2006 y el 20075, no debe olvidarse que la razón de ser de esta disminución no se debió a que los grupos paramilitares hubieran dejado de actuar.

Por el contrario, continuaron haciéndolo, sólo que de manera diferente. Por ejemplo, algunos paramilitares han admitido que la práctica de cometer masacres dejó de ser utilizada por los grupos paramilitares porque no era rentable para ellos en términos políticos, por lo cual optaron por cometer asesinatos selectivos6.

Sin embargo, esta disminución en las masacres vino acompañada del aumento en la comisión de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública7

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y de la utilización de las amenazas por parte de los grupos paramilitares contra la población civil para mantener el poder que, sobre las comunidades, lograron tener gracias al terror infundido por las miles de masacres que han cometido estos grupos desde su conformación a lo largo del país8.

La realidad sobre las “bandas emergentes”

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, se ha atribuido el aumento en los homicidios así como en las masacres a las “bandas emergentes”, aun cuando a la vez se tiene conocimiento de que los patrones de este tipo de actos son los mismos que utilizan los grupos paramilitares ¿Por qué insistir, entonces, en que las denominadas “bandas emergentes” no son grupos paramilitares?

Según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), a noviembre de 2007 existían 67 grupos paramilitares con 6.377 miembros activos9.

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Otras organizaciones, como la Corporación Nuevo Arco Iris, han afirmado, más recientemente, que después de la “desmovilización” hay, por lo menos, 10.000 paramilitares activos10.

Esta afirmación es verosímil, puesto que, según fuentes de inteligencia, el grupo comandado por alias “Don Mario”, en el norte del país, está integrado por tres mil combatientes, y el comandado por alias “Cuchillo”, en los llanos, también está integrado por otros tres mil hombres11.

No es extraño, entonces, que en los más de 65 grupos restantes haya más de cuatro mil combatientes adicionales.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia de 2007, destacó lo siguiente sobre las denominadas bandas emergentes:

“Estos grupos están fuertemente armados, tienen organización militar y mandos responsables y disponen de capacidad para ejercer control territorial y adelantar acciones militares contra otros actores armados.

“Son un factor activo en la intensidad del conflicto armado, con consecuencias directas y graves para la población civil. Se ha recibido información que sugiere nexos, aquiescencia o tolerancia de algunos miembros de la fuerza pública en acciones atribuidas a algunos de estos grupos”12.

La descripción que se hace en el informe sobre este tipo de grupos parece más bien la descripción de los grupos paramilitares. Con esto se pone al descubierto que no estamos frente a “nuevos” ni “pequeños” grupos, tal como lo ha afirmado el Gobierno.

Por ello, la Alta Comisionada, más adelante, en el mismo informe, hizo énfasis en que “calificar a todas estas nuevas estructuras como meras bandas criminales no recoge en su totalidad la complejidad, variedad, pluralidad y riesgo del fenómeno”13.

En efecto, simplificar el objetivo de estas “bandas criminales” a su lucha por el control de los cultivos de coca, los laboratorios de procesamiento de droga y las rutas del narcotráfico es ingenuo, por decir lo menos.

Algunos nombres de estos grupos, como los de las “Rondas Campesinas Populares”, el “Ejército Revolucionario Popular Anticomunista” y los “Héroes de Castaño”, sugieren que sus propósitos van más allá de eso.

Otros, como “Los paisas” o las “Águilas Negras”, aunque no utilizan nombres tan dicientes, sí revelan mucho con sus acciones que se orientan contra activistas sociales y población civil.

Si bien es cierto que, al parecer, algunos de estos grupos se están enfrentando entre sí, esta no es la razón de ser ni la explicación para todas las muertes de campesinos y líderes comunitarios en masacres.

Mucho se ha dicho sobre el enfrentamiento entre el grupo paramilitar dirigido por Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario” y el grupo de “Los paisas”, antigua “Oficina de Envigado”.

Sin embargo, las muertes que se están atribuyendo a estos grupos no son en su totalidad producto de la lucha que están librando entre ellos, pues lo cierto es que muchas son el resultado de las acciones que estos grupos emprenden directamente contra la población civil.

No debe olvidarse además que si bien la Fuerza Pública ha pretendido mostrar a Daniel Rendón Herrera apenas como un narcotraficante poderoso con una banda delincuencial a su servicio, alias “Don Mario” es además un terrateniente que posee tierras en Córdoba y Urabá, usurpadas a campesinos asesinados, amenazados o desplazados, y que está interesado en mantener el control sobre ellas debido a su participación en empresas frutícolas14.

No sobra decir además que la guerra entre grupos paramilitares no es nueva en el conflicto colombiano. Baste recordar la que emprendió el frente “Cacique Nutibara”, al mando de alias “Don Berna”, contra el “Bloque Metro”, al mando de alias “Doble Cero”, que resultó en la exterminación de este grupo y en la muerte de este jefe paramilitar.

O la guerra emprendida entre dos grupos paramilitares que operan en los llanos orientales: el grupo que lidera Martín Llanos y el que lideraba Miguel Arroyave. Sin embargo, estas guerras no fueron un obstáculo para que todos estos grupos desarrollaran sus actividades en contra de la población civil.

Nueva impunidad a la vista

Para hacer frente a esta “nueva” oleada de violencia, la Fuerza Pública ha dispuesto la conformación de un “grupo élite” integrado por miembros de la Fiscalía, el DAS, el CTI, el Ejército y la Policía y así combatir a las mal llamadas “bandas emergentes”15.

Sin embargo, todos estos organismos han estado involucrados con los grupos paramilitares desde su conformación, por lo cual la respuesta no sólo resulta inadecuada sino eventualmente perjudicial.

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Incluso, el Presidente de la República se ha referido a la judicialización de las personas que hacen parte de estos grupos en términos que no son propios de quien representa un Estado de Derecho, y que sugieren más bien el quebrantamiento de principios básicos del mismo:

“No hay cosa que más atraiga inversión, señores generales, que la tarea de ustedes con esos bandidos que quedan aquí. A uno le dicen que todavía queda en la Oficina de Envigado alias ‘El Yiyo’, que queda alias ‘El Memín’, que quedan unos bandidos de esos. Acábelos y por cuenta mía, no se preocupe mi general”16.

Lo cierto es que los paramilitares nunca han dejado de existir. Simplemente han cambiado sus nombres y su modo de operar, pero las garantías de no repetición que prometieron el Gobierno y la ley 975 de 2005 aún están lejos de concretarse.

Y estarán más lejos todavía si se sigue negando la existencia del paramilitarismo e invisibilizando a las víctimas. Con ello, apenas se continuará dando respuestas inadecuadas para crímenes que lastimosamente no son sólo del pasado sino también del presente.

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1 Diario El Tiempo, “Guerra de bandas ex ‘paras’ desangra a 7 departamentos”, 28 de julio de 2008, pág.1-2.

2 Iván Cepeda, “La ficción del Posconflicto”, en diario El Espectador, 2 de agosto de 2008, versión electrónica.

3 Diario El Espectador, “Desmovilizados, en tinieblas”, 29 de julio de 2008, versión electrónica.

4 Eduardo Pizarro Leongómez, “La violencia no es maldición bíblica”, diario El Tiempo, 28 de julio de 2005, pág. 1-15.

5 En efecto, hubo una reducción en los registros de violaciones al derecho a la vida en masacres entre el año 2006 y el año 2007, en el que se registraron cinco masacres, en tanto que entre el 2002 y el 2003 se registraron 456 masacres.

Pero simultáneamente se mantuvo un alto índice en el registro de asesinatos y desapariciones forzadas cometidos de manera selectiva y atribuidos a grupos paramilitares. Al respecto, ver: Comisión Colombiana de Juristas, Colombia: El espejismo de la justicia y la paz. Balance sobre la aplicación de la ley 975 de 2005, Bogotá, marzo de 2008, pág. 74.

6 Versión libre del paramilitar Éver Veloza García, alias “HH”, 7 de noviembre de 2007. Ver, al respecto: Comisión Colombiana de Juristas, Colombia: El espejismo de la justicia y la paz. Balance sobre la aplicación de la ley 975 de 2005, Bogotá, marzo de 2008.

7 Entre julio de 2002 y diciembre de 2007, se han registrado por lo menos 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la Fuerza Pública, frente a 669 casos registrados entre enero de 1997 y junio de 2002.

8 La Comisión Colombiana de Juristas ha podido registrar que entre el 1° de diciembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2007 por lo menos 4.213 personas han sido víctimas de amenazas cometidas por grupos paramilitares.

9 Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), “Nuevos grupos paramilitares”, 26 de noviembre de 2007 (modificado el 3 de diciembre de 2007). Consultar en: ww.indepaz.org.co

10 Corporación Nuevo Arco Iris, “¿Desapareció el paramilitarismo?”, junio de 2008. Consultar en: www.nuevoarcoiris.org.co

11 Diario El Tiempo, “El doble juego de ‘Don Mario’ y ‘Cuchillo’”, 4 de agosto de 2008, pág. 1-5

12 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, Doc. A/HRC/7/39, 28 de febrero de 2008, párr. 39.

13 Ibíd., párr. 40.

14 Iván Cepeda, “La ficción del Posconflicto”, en diario El Espectador, 2 de agosto de 2008, versión electrónica.

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“No habían pasado tres segundos del atentado en Cali y el gobierno ya estaba diciendo que eran las Farc”: Piedad Córdoba
Por Camilo Raigozo

La senadora liberal Piedad Córdoba criticó duramente al presidente Uribe por sus ataques contra la rama judicial, más exactamente contra la Corte Suprema de Justicia que de manera honesta y valiente está investigando el parauribismo.

Desde un foro estudiantil en la Universidad Nacional, la aguerrida senadora señaló respecto al atentado terrorista contra el Palacio de Justicia en Cali, que no creía que hubieran sido las Farc.

“Todo lo que pasa son las Farc. No habían pasado tres segundos del atentado en Cali y el gobierno ya estaba diciendo que eran las Farc”, señaló, añadiendo que la Fuerza Pública podría estar involucrada en ese acto criminal.

“Lo que todo el mundo sabe es que son unas peleas entre mafiosos por territorio y que muchas de las cosas que están pasando tienen que ver con la Fuerza Pública de este país. Cuando un general no quiere que lo cambien él mismo pone las bombas donde quiere que lo dejen", advirtió Piedad Córdoba

La congresista de ébano invitó a la comunidad estudiantil a ser capaz de hacer sentir su desacuerdo con el actual régimen, no solo por la indecencia de este, “sino porque es un régimen de muerte que asimila a la oposición a la delincuencia y al terrorismo”, aseveró.

Agregó ante el estudiantado que “terrorismo es el que se hace desde el Estado cuando se cohonesta con las masacres, cuando se enfrenta de la manera que se ha enfrentado a la Corte Suprema de Justicia.

"Hoy vemos situaciones degradantes y preocupantes en las que los dirigentes más importantes de este país se atreven, al menos tímidamente a criticar al príncipe.

"Él sale con respuestas que no se compadecen con una nación democrática. Lo que tratan de decir es que si, usted dice algo lo mato de alguna manera, lo mato políticamente, socialmente, lo desaparezco, porque aquí nadie puede hablar, aquí nadie puede criticar", declaró la senadora.

Finalmente cuestionó la legitimidad de la reelección de Uribe. "Este es un régimen deslegitimado porque fue elegido con la mayoría de los votos del paramilitarismo.

“Esos votos fueron los que garantizaron que se pudiera reelegir y seguramente ahora que los de la Casa de Nari reciben a traquetos y a mafiosos nadie va a ser capaz ni de votar", dijo.

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El espectáculo nacional
Por Claudia López. El Tiempo

Durante la visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional, la gala nacional se dio mañas de ofrecer un espectáculo digno de circo romano. Los visitados casi hacen caso omiso de la visita para dedicarse de lleno a sus trifulcas y dejar claro al visitante que Colombia más que un Estado de Derecho, parece un ring de boxeo que se transmite en directo por los medios de comunicación.

Pongámonos por un momento en los zapatos del visitante. En el avión hacia Bogotá leyó en la revista Cambio conversaciones que comprueban que el director de la Fiscalía de Medellín, hermano del Ministro de Justicia, tiene alianzas con el mafioso más buscado del país.

Cuando llegó, vio reiteradamente al Ministro dando cuatro declaraciones a los medios. Una explicando que no tenía ningún conflicto de interés por lo de su hermano y no renunciaría. Otra reconociendo que había llamado al Fiscal General para interceder por su hermano.

Otra proponiendo una reforma para cambiar la forma de elección de las cortes y del Fiscal General, que investiga a su hermano. Y otras mostrando unas supuestas pruebas de unos congresistas ofreciendo plata a delincuentes para que testifiquen contra el Presidente.

Antes de partir a Urabá a presenciar la exhumación de fosas comunes y hacerles seguimiento a los procesos de justicia y paz, le entregaron la prensa dominical. La noticia más importante contaba que los secretarios Jurídico y de Prensa del Presidente se reunieron en Palacio con el abogado de un narcoparamilitar extraditado y con un miembro activo de una estructura de sicarios y narcotraficantes, llamada Oficina de Envigado.

Con sorpresa, constató que se trababa de la misma estructura criminal que aparece en expedientes judiciales a los que hace seguimiento.

Durante todo el día, vio al Presidente por los medios defendiendo airadamente la visita de criminales a su Palacio con cuatro argumentos: 1. La visita no fue clandestina; al criminal y al abogado se les recibió a plena luz del día, aunque entraron por el sótano. 2. Era muy importante recibirlos porque le iban a entregar información que lograría desacreditar a la Corte.

3. Como la información finalmente no desacreditó a la Corte, el Gobierno decidió no usarla ni judicializarla. 4. Él no era el primer Presidente que hacía tratos con mafiosos, por lo cual les exigió públicamente a otros ex presidentes y congresistas que también contaran sus tratos.

Al día siguiente, el Presidente interrumpió esas declaraciones para recibirlo en el mismo Palacio donde recibieron a los delincuentes.

Durante una hora, el Presidente le aseguró que respeta y apoya a la Corte y a la Fiscalía. Salió esperanzado. Las restantes horas de su visita vio al Presidente insistiendo en la defensa de sus delincuentes visitantes y afirmando que la Fiscalía era una vergüenza, que los magistrados se emborrachan con informantes y que la Corte Suprema fabrica "carteles de testigos".

Quedó un poco confundido. Preguntó si el que salía en televisión era el mismo Presidente con el que se había reunido. Le confirmaron que era el mismo y que esas alocuciones "frenteras" eran la clave de su popularidad. Asintió cortésmente como si entendiera, pero siguió confundido.

Para no quedarse con la duda, les preguntó escuetamente a magistrados y fiscales si se consideraban capaces de adelantar las investigaciones. Como le dijeron que sí, no ahondó más en el tema y se marchó, no sin antes reiterar que seguirá pendiente.

Al retornar a su oficina, se enteró de que el Vicepresidente propuso sacar la bandera blanca y poner fin a la confrontación verbal. Leyó que todos aceptaron la propuesta, menos el Presidente, porque "le da mucha briega quedarse callado".

Ese espectáculo de quinta fue posible gracias a la colaboración "armónica" de los poderes del Estado. Espere el próximo show.

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Ordenan arresto a Uribe por desacatar tutela

Tres conjueces del Tribunal Superior de Sincelejo ordenaron tres días de arresto contra el presidente Uribe y sus ministros Fabio Valencia Cossio, del Interior y Óscar Iván Zuluaga, de Hacienda.

Los tres personajes fueron acusados de desacato a una tutela que ordenaba el restablecimiento del equilibrio salarial de 148 trabajadores de la rama judicial, entre los cuales hay varios jueces.

En el fallo de tutela se imponía un plazo al Presidente y los ministros, así como a otros funcionarios relacionados, para que produjeran actos administrativos y restablecieran los derechos salariales a los trabajadores.

Al cumplirse el plazo, los afectados promovieron un incidente de desacato ante el tribunal superior de Sincelejo, cuyos miembros se declararon impedidos por conflicto de intereses.

Motivo por el cual fueron nombrados como conjueces los abogados litigantes, Freddy de la Ossa Badel , Gustavo Adolfo Lions , y Saúl Vega Mendoza quienes fallaron a favor de los obreros.

Sin embargo el caso deberá ser revisado por la Corte Suprema de Justicia quién tendrá la última palabra en el caso.

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¡Aberrante Presiente!/
El Gobierno condena a desaparecer a las gallinas campesinas
Resolución del ICA prohíbe su producción y al igual que a los pequeños lecheros, condena al hambre a millones de campesinos pobres. Todo para cuadrarle el negocio a los potentados y grandes inversionistas
Por senador Jorge Enrique Robledo

El senador Jorge Enrique Robledo explicó que el engorde y comercio de las gallinas campesinas han sido en la práctica prohibidos por el ICA y el Ministerio de Agricultura, a pesar de que de ello depende la vida de multitud de familias.

Siguiendo los estándares impuestos por la OMC, la Resolución 957 de 2008 del ICA impuso a todas las fincas del país que levanten gallinas para la venta contar con planta de procesamiento, agua potable, área para galpones, aireación, iluminación, cercas y otra serie de costosas exigencias que no están al alcance de los campesinos colombianos.

El gobierno da un plazo de un año, contado a partir del 2 de abril, para que el productor acate la norma, día a partir del cual aplicará sanciones que van desde el decomiso de las aves hasta el cierre total de la finca. “En la pobreza rural de Colombia, muchos campesinos sobreviven por este negocio”, explicó Robledo.

La resolución del ICA es aún más lesiva que los decretos de la leche cruda, precisó el senador del Polo Democrático, pues afecta a casi todos los campesinos de Colombia, que desde tiempos inmemoriales acostumbran engordar gallinas para la venta, por lo común en pequeña escala.

“Que deben mejorar las condiciones sanitarias está fuera de discusión. El problema es el mismo de la leche cruda: ¿qué hacemos con la gente?”

La Comisión Quinta, por unanimidad, acordó citar al ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leyva, para que dé explicaciones sobre la norma cuestionada.


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