Terror paramilitar en Buenaventura

Sicarios asesinaron a lideresa

Por Camilo Raigozo. Notimundo

Organizaciones sociales de Buenaventura informaron a este medio que a las 4 de la madrugada del pasado 4 de diciembre, 4 paramilitares fuertemente armados ingresaron a la vivienda de Lida Olivero Mejía, de 50 años y la asesinaron delante de sus hijos y de su esposo.

La nueva víctima del paramilitarismo era una lideresa social y había sido directora del Consejo Comunitario Sacarías, corregimiento 8 entre el 2009 y 2012

Según relatan las comunidades en lo que va corrido de este año han sido asesinadas por la estrategia paramilitar un buen número de mujeres, entre estas:

Enero: Dalila quiñones de la Comuna 12,  asesinada junto a su compañero sentimental.

Febrero: Nidia Yadira Rodríguez apareció asesinada en un caño del barrio Vista Hermosa.

Luz Verónica Cardona, comunera del Cabildo Nasa Kiwe, asesinada en el Resguardo La Delfina.

En ese  mismo mes, fue sacada de su casa y desaparecida la comerciante y lideresa Piedad Nohelia Agudelo. 

Marzo: fueron  asesinadas María Luisa Espinoza, en el barrio Cristóbal Colon y Marley Yulisa Martínez, en el barrio Eucarístico.

Junio: María Nerida Holguín, fue asesinada a machete en la zona minera de Bendiciones.

Julio: asesinada en un “cambuche” Jenny Edith Belalcazar, habitante de la calle.

Agosto: Estela Cortéz Vásquez, docente, mujer negra de 48 años, profesional,  docente en el Rio Anchicayá, fue asesinada y encontrada asfixiada, degollada y puesta en bolsa plástica.

Igualmente, Claudia Patricia, de 31 años de edad fue desaparecida y luego encontrada degollada en el barrio Juan 23.

Octubre: Ángela Arboleda Mosquera, de 30 años, violada, asfixiada y apuñaleada.

Epifanía Mondragón, fue asesinada por su compañero sentimental.

Noviembre: Gina Alexandra Velásquez Mendoza, de 27 años de edad, comerciante, fue desaparecida y encontrada asesinada.

María José Obregón, de 4 años edad, fue baleada cuando veía televisión en su casa junto a su abuela.

Julia Hurtado, lideresa, bonaverense, asesinada en el municipio de Timbiquí, Cauca, por defender su territorio ancestral.

Diciembre: Lida Olivero Mejía, lideresa comunitaria, fue directiva del consejo comunitario de Sacarías, corregimiento número 8, asesinada en su residencia por 4 hombres armados en presencia de su esposo e hijos.

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Inzá, Cauca

Seis militares, un policía y dos civiles  muertos y más de 30 heridos deja el conflicto por culpa de Santos y Pinzón que se niegan a pactar un cese bilateral del fuego

Por Camilo Raigozo. Notimundo

El Estado y su fuerza pública continúan poniendo en alto riesgo la vida, integridad y bienes civiles, al instalar bases militares o policiales en medio de los caseríos o centros poblados en zonas de conflicto armado, lo cual es una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario.

En estos casos no son las tropas las que protegen a la población civil, sino que ponen a esta como escudo humano para que las proteja. Esa es realmente la estrategia de establecer bases militares o policiales en medio de viviendas y áreas civiles.

Fue lo que ocurrió la madrugada de este sábado 7 de diciembre de 2013 en el casco urbano del municipio de Inzá, Cauca, cuando presuntos guerrilleros destruyeron con explosivos el comando de policía instalado en pleno centro urbano. .

Según informaciones de prensa el enfrentamiento que se inició a las cinco de la mañana dejó como saldo la destrucción del comando de Policía, 6 militares, un policía y dos civiles muertos, más de 30 heridos y varias viviendas aledañas afectadas.

"No podemos bajar la guardia un solo minuto. La ofensiva militar se mantiene (…) Si llegamos a un acuerdo ahí entraríamos a un cese al fuego, pero no antes. Si creen que nos van a llevar a punto de atentados a un cese al fuego, se equivocan", dijo con arrogancia el presidente Santos según los medios.

Por su parte el ministro de la guerra y la represión contra el pueblo, Juan Carlos Pinzón, expresó con con más arrogancia que Santos que, “Estos criminales atentaron un día de mercado, sin importar que estuvieran los campesinos y los indígenas”. 

Sin embargo el ministro no menciona que sus tropas ponen como escudos humanos a los pobladores al mantener sus bases y trincheras dentro de áreas civiles protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.  

Temístocles Ortega, gobernador del Cauca admitió con desparpajo que también habían salido afectados los campesinos que habían llegado a la madrugada por ser un día de mercado.

"Evidentemente es un acto terrorista absolutamente inaceptable y cobarde, porque amparándose en las montañas lanzaron 'tatucos' contra la población civil, contra los habitantes de Inzá, porque la estación de Policía queda en el centro del casco urbano y hoy es un día de mercado cuando llegan campesinos a vender sus productos", le dijo Ortega a varios medios.

Así mismo el gobernador no se ha preocupado por hacer cumplir el Derecho Internacional Humanitario, el cual dictamina que en zonas de conflicto la fuerza pública y las fuerzas insurgentes no deben establecer sus bases cerca de las áreas civiles porque ponen en riesgo la vida y los bienes  de los habitantes. 

ONGs de derechos humanos, organizaciones sociales y la delegación de paz de las FARC EP le han pedido al gobierno del presidente Santos acordar un cese bilateral  del fuego, aunque sea por las festividades navideñas para evitar hechos dolorosos como  pero han encontrado oídos sordos. 

Por lo tanto, además de los bandos enfrentados, estos lamentables hechos son culpabilidad de Santos y Pinzón para quienes la arrogancia y el guerrerismo pesan más que el dolor y el llanto de los colombianos. Al fin y al cabo los que mueren no les toca a sus familias. Fotos Internet y Caracol.

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Terrorismo de Estado

Aseguran a cuatro presuntos criminales del Ejército por asesinatos a sangre fría

Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Fiscalía informó que un teniente y tres soldados profesionales fueron cobijados con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario por el asesinato de dos campesinos.

Los presuntos terroristas del régimen  fueron identificados como Didier Fernando Irida Bonilla, teniente y los soldados profesionales José  Alberto Romero Siempira, Leonardo Fabio Hernández y  Mauricio Cárdenas González.

Estos posibles bandidos de las fuerzas que dirige el ministro de guerra y represión contra el pueblo, Juan Carlos Pinzón, serían los responsables de los asesinatos de los hermanos Milsen Antonio y  Javier Alberto Alarcón Mesa, en hechos ocurridos en zona rural del municipio de Aquitania, Boyacá, el 14 de abril de 2007.

La Fiscalía pudo establecer que las dos víctimas se hallaban en ese sector luego de vender  varias cargas de cebolla y tenían en su poder por lo menos un millón de pesos que los uniformados robaron. Una tercera  víctima logró escapar y denunció los crímenes.

A los presuntos victimarios les imputaron los delitos de  homicidio agravado en persona protegida  en concurso con hurto calificado y agravado  en concurso con  ocultamiento de documentos públicos y tráfico, fabricación y porte de armas y munición de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Los dos campesinos fueron reportados como guerrilleros de las FARC dados de baja en combate, crímenes con el que el expresidente Uribe sacó pecho, pues eran los triunfos de su política de seguridad democrática.

Los cuatro militares, actualmente activos, no aceptaron los cargos y fueron enviados a la cárcel de la Escuela de Artillería, al sur de Bogotá, según la información del ente acusador.

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Terrorismo de Estado

El régimen descarga toda su saña contra combatientes capturados infringiendo gravemente el Derecho Internacional Humanitario

Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Corporación Solidaridad Jurídica denunció que el Estado colombiano, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, Inpec, y la entidad prestadora del servicio de salud Caprecom, tienen condenado al sufrimiento y a la muerte al combatiente de las FARC EP, Wilson Jerez Jaime, privado de la libertad a manos del Estado.

“Las infrahumanas y atroces condiciones a las que son sometidos los prisioneros en grave estado de salud y la negligencia por parte del Inpec y Caprecom ante dichos casos, resaltan el carácter despótico y aberrante de un Estado que pretende invisibilizar por medio del aislamiento la grave crisis de salud que se vive en las cárceles del país”, dice el documento.

Wilson Jerez Jaime, de 20 años de edad fue capturado el 20 de julio de 2013 en el municipio de Tame, Arauca, en enfrentamientos con el Ejército.

Al momento de la captura sufrió múltiples lesiones de fusil en su brazo derecho por lo cual fue trasladado al hospital de Tame donde se le realizó una intervención quirúrgica.

Luego fue trasladado a Bogotá con la excusa de que en la cárcel La Picota había un hospital en donde podían hacerle las curaciones pertinentes y los tratamientos necesarios para mantener su integridad física.

Sin embargo, después de cuatro meses de reclusión en la Picota de Bogotá, el estado de salud de Jerez Jaime se ha venido deteriorando de manera drástica debido a la falta de atención médica y a la negligencia del Inpec.

El prisionero no puede caminar, presenta ulceras en estado avanzado en los glúteos y en la espalda y su brazo ha perdido movilidad. Sin embargo Jerez no ha tenido la asistencia médica adecuada, ni los medicamentos que requiere su estado grave de salud.

Las normas del Derecho Internacional Humanitario para el caso de conflictos como el que padece Colombia, establece claramente que los combatientes de cualquiera de los dos bandos, soldados o guerrilleros, que pierdan la libertad a manos del adversario, deben tener un tratamiento digno y asistencia médica adecuada, entre otros derechos.

La ONG responsabiliza al Inpec y al Estado por lo que pueda suceder con la integridad física de Wilson Jerez Jaime. El Estado puede ser demandado como criminal de guerra ante la justicia internacional por infringir sistemáticamente el Derecho Internacional Humanitario.

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Terrorismo de Estado

Denuncian dos falsos positivos judiciales en Puerto Rico, Meta

Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia, Dhoc, denunció el pasado 29 de noviembre dos casos de falsos positivos judiciales por parte del Ejército y la Fiscalía.

Los atropellos se presentaron en la vereda Santa Lucía, municipio de Puerto Rico, Meta, el pasado 25 de noviembre, cuando los labriegos Ever Tapiero y Anibal Loaiza Herrera, fueron capturados por la Fiscalía, acusados de pertenecer a las Redes de Apoyo al Terrorismo.

Las dos víctimas del terrorismo de Estado están privadas de la libertad injustamente en la Cárcel de Acacías, Meta. Según la fuente las acusaciones están basadas en señalamientos de supuestos desmovilizados de la guerrilla, que en realidad son producto de la “Fábrica Nacional de Testigos del Ejército”.

“El ente investigador no puede seguir imputándole delitos a nuestro campesinos basado solamente en las versiones falaces de los supuestos desmovilizados, personajes que se acostumbraron a vivir de las dádivas del Estado y ser títeres útiles de las unidades Militares para mostrar resultados”, dice la denuncia.

“Tenemos que reprochar esta práctica que hizo carrera en los despachos de los Fiscales y que tienen a gran cantidad de inocentes privados de la Libertad y a otro tanto con procesos penales abiertos o a la espera de ser capturados. Como fundación denunciamos la existencia de un cartel de falsos testigos y de falsos desmovilizados”, expresa la ONG

A comienzos de esta semana en el Huila 12 campesinos fueron capturados y encarcelados en iguales circunstancias acusados de rebelión. Hay quienes sostienen que es una venganza del régimen contra los campesinos por su participación y apoyo al Paro Nacional Agrario llevado a cabo entre agosto y septiembre de este año.

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Páramo de Santurbán

Comunidades dispuestas a proteger el Páramo de Santurbán y por lo tanto el derecho al agua

Por Camilo Raigozo. Notimundo

El Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán por intermedio de un comunicado convoca a la comunidad bumanguesa, santandereana y colombiana, a unir esfuerzos en la lucha para proteger el páramo y el agua de la voracidad de las multinacionales y del Gobierno.

A continuación apartes del comunicado:

Santurbán se respeta, el agua se defiende

Proteger a Santurbán, es proteger los páramos de Colombia,

Ante la información acomodada  en el proceso de delimitación, por parte del Ministerio de Ambiente, se permite aclarar que:

1. Delimitar por resolución para favorecer a las multinacionales mineras a Santurbán, es atentar contra la preservación del Agua de más de tres millones de habitantes. Para que el páramo cumpla sus funciones naturales, necesita el subpáramo, bosque alto andino, y la integridad de los ecosistemas. 

Por ello, la protección de esta Estrella Hídrica, se tiene que hacer excluyendo actividades de alto impacto, como es la gran minería, que desarrollaran las multinacionales que están en la zona.

2. La línea de páramo, es una cortina de humo para favorecer a las multinacionales mineras. Los proyectos de Eco Oro, AUX, Leythat y demás mineras, están en zona de páramo.

La delimitación adelantada por Min-Ambiente ―lejos de excluir la minería―, busca legalizar esta situación por medio de un acto administrativo, que sitúe a las multinacionales y sus proyectos por fuera de una “línea legal” de páramo.

3. El Gobierno no tiene en cuenta las demandas del Área Metropolitana de Bucaramanga.  Con multitudinarias manifestaciones los habitantes del Área, han exigido:

a) Suspensión de la megaminería en Santurbán y ecosistemas esenciales para la vida; b) Declarar moratoria minera; c) Soluciones reales para Soto Norte; d) No a la megaminería subterránea y a cielo abierto en las montañas de Santander;-

e) Defensa de las Fuentes Hídricas. Vincular en una mesa de concertación, a las multinacionales mineras, para tratar la importancia de Santurbán para los Santandereanos,  es un claro desacato a la voluntad ciudadana.

4. Un título minero sólo representa una expectativa y por lo tanto no concede ningún derecho. El gobierno sostiene que negar la licencia a las multinacionales puede ocasionar demandas al Estado;-

aclaramos, que hasta el momento ningún proyecto a gran escala, cuenta con Licencia Ambiental, y por lo tanto, no hay tales derechos adquiridos.

5. Cobrar una tarifa extra para conservar a Santurbán. Se quiere desconocer que los habitantes del AMB, han venido pagando con el recibo del agua, además, el Estado tiene recursos para invertir en la zona y conservar los páramos;-

ningún cobro extra, garantiza  conservar y preservar a Santurbán, mientras exista la voracidad de las multinacionales mineras sobre Soto Norte.

6. Es deber del Estado, garantizar la seguridad en todo el territorio nacional. No resiste el  análisis, la idea, que saliendo las multinacionales mineras, la región quede a merced de grupos ilegales, el Estado debe continuar garantizando la seguridad, con los dos batallones de alta montaña que se encuentran en la zona.

Llamamos a los habitantes del Área Metropolitana de Bucaramanga y poblaciones vecinas, a continuar en posición firme, para no permitir negociar bajo una supuesta “Línea de Páramo” el derecho fundamental de contar con Agua, para las presentes y futuras generaciones.

Bucaramanga, Diciembre 4 de 2013

En el comunicado se pide colaborar con la difusión masiva del mismo por los medios populares y las redes sociales. Foto Comité.

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Terrorismo de Estado

Por connivencia con paramilitares el Ministerio de Defensa y el Ejército deberán pagar 2.000 millones de pesos

Por Camilo Raigozo. Notimundo

El Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional a pagar dos mil millones de pesos por el secuestro y desaparición de siete personas.

Los hechos ocurrieron el 14 de agosto de 1996 en la vía que conduce de Puerto Berrío a San Roque, Antioquia, cuando con la anuencia del Ejército, paramilitares de la Convivir Guacamayas secuestraron y desaparecieron a siete personas que se movilizaban en un vehículo.

Las Convivir, como eufemísticamente se denominó a estas estructuras paramilitares, fueron fomentadas e impulsadas por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe  Vélez.

El Ejército trató de lavarse las manos argumentando que sus hombres no habían intervenido directamente en las desapariciones, pero el Consejo de Estado concluyó que hubo omisión por parte de los uniformados.

En esta como en centenares de masacres y desapariciones, el Ejército no solo no actuó en defensa de la población, sino que se puso del lado del paramilitarismo para favorecer la huida y garantizar seguridad de los criminales.

Por tal razón el Consejo de Estado también ordenó que el Ejército Nacional construya una placa en la plaza central del municipio de San Roque, en memoria de las víctimas quienes hasta la fecha continúan desaparecidas.

El ministro de la represión y la guerra contra el pueblo, Juan Carlos Pinzón, en vez de atravesársele  a los diálogos de paz de La Habana, debería mejor colaborar con la justicia haciendo que los militares implicados en estos delitos sean llevados ante los estrados judiciales.

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Terrorismo de Estado

Al menos 12 víctimas de falsos positivos judiciales del Ejército en el Huila

Por Camilo Raigozo. Notimundo

El régimen terrorista que padece Colombia vuelve, al mejor estilo uribista, a realizar las consabidas detenciones masivas contra campesinos u opositores políticos a los cuales acusa de tener algún vínculo con la guerrilla.

La demencial estrategia consiste en que las fuerzas de seguridad del régimen, principalmente el Ejército y la Fiscalía, con base en acusaciones de supuestos desertores de la guerrilla, que realmente son producto de la “Fábrica Nacional de Testigos del Ejército”, inventan montajes judiciales contra  personas inocentes.

Las víctimas son capturadas, presentadas ante los medios, que actúan como cómplices, como guerrilleros o auxiliares de la subversión y encarceladas.

Los procesos duran varios meses o años sin importar el daño causado a las personas privadas de la libertad injustamente, a sus familias y al tejido social al que pertenecen. Finalmente, como han sucedido centenares de veces, las víctimas son dejadas en libertad ante la falta de pruebas.

Esta vez se repite el libreto al pie de la letra. El comandante de la Novena Brigada, coronel Ariel Gustavo Vargas Solano, afirmó ante los medios que, “con la captura de estas personas se está desvertebrando gran parte de la estructura guerrillera que opera en este sector del país”.

Igualmente el alto oficial del aparato militar del gobierno dijo que el operativo fue el resultado de meses y años de investigación y acervo de elementos probatorios entre los que no faltan los “testimonios de desmovilizados”.

Según Vargas Solano “estas personas se habían convertido en la ‘columna vertebral’ de la organización al margen de la ley y se dedicaban  al apoyo logístico y financiero de la estructura guerrillera”.

Las órdenes de captura contra las doce nuevas víctimas fueron emitidas por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Control de Garantías por los delitos de rebelión y concierto para delinquir.

El comunicado de la Novena Brigada se cuida de darle un alias a cada una de las personas para hacer más creíble el montaje.

Al campesino José Ermidez Amaya Macías, de 41 años, el Ejército lo acusa de ser miembro de las FARC EP, según pruebas recolectadas durante 20 años.

“Actualmente se estaría desempeñando como cabecilla de la red de apoyo a la insurgencia cumpliendo misiones como inteligencia delictiva a la tropa, almacenamiento de material de intendencia y explosivos, así como de esconder guerrilleros. Sería además el encargado de suministrar información a los cabecillas para la realización de actividades extorsivas”, dice el comunicado castrense.

Otras víctimas del terrorismo de Estado son: Arturo Vanegas, a quién el Ejército le pone el alias de “El viejo”, y Alejandro Cardozo. Los acusa de reclutamiento forzado de menores, vigilar los movimientos del ejército, suministro de medicamentos, radios y víveres a la guerrilla.

Las otras víctimas son: Fernando Alfredo Leguizamón Lemus, de 40 años; José David Leguizamó Rojas; Héctor Danilo Villamil Osorio, de 52 años; Luis Oldán Peralta Bonilla; Jeremías Rodríguez Gaitán; Amanda Tafur Calderón; José Antonio Cardozo Muñoz; Andrés Mauricio Reyes Calderón y José Salomón Leguizamo Rojas de 47 años.

El ministro de guerra y represión contra el pueblo, Juan Carlos Pinzón, había impulsado con la complicidad del Congreso una reforma a la justicia penal militar que de haber sido avalada por la Corte Constitucional, estas personas y tal vez centenares más, pudieron haber sido asesinadas por los militares, bajo la concepción de Pinzón de que eran “blancos legítimos” a pesar de su inocencia. Foto Opanoticias.

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Guapi, Cauca

Un niño asesinado y dos heridos deja ataque armado a pequeña embarcación

Por Camilo Raiogozo. Notimundo

Al mediodía del pasado 29 de noviembre una embarcación que se dirigía del municipio de Iscuandé, Nariño, a Guapi, fue atacada por sujetos armados, dejando como saldo un niño muerto y dos adultos heridos.

Entre los heridos se encuentra el conductor de la lancha y otra persona  que no fue identificada. El ataque ocurrió en la quebrada El Bagrero”,  del Consejo comunitario de Chanzara, jurisdicción del municipio de Guapi..

Según la ONG de derechos humanos Cococauca, los agresores  le dispararon a la embarcación al parecer porque no quiso hacer el pare. En la zona hay fuerte presencia del Ejército, paramilitares y guerrilla, por lo que no se tiene hasta el  momento certeza quienes fueron los atacantes.

“Es de preocupación el nivel de actores armados que hacen presencia en la zona, quienes terminan por afectar a la población civil.

“La región Pacifica y sus comunidades como grupos étnicos, no merecemos que además de marginalizada estemos sometidas a una crisis humanitaria y desproporcionada.

“Cococauca como articulación de comunidades negras de la región, aboga por la construcción de una paz estable y duradera, y exige al Estado  garantías para goce efectivo de derechos”, dice la comunicación. Foto Semana.

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Conflicto social y armado

Por culpa de Santos y Pinzón mueren dos militares y dos gravemente heridos en enfrentamientos con las FARC EP

Por Camilo Raigozo. Notimundo

Por la arrogancia y cobardía del presidente Santos y su ministro de guerra y represión contra el pueblo, Juan Carlos Pinzón, por negarse a pactar un cese bilateral del fuego, ayer perdieron la vida dos soldados y otros dos resultaron gravemente heridos.

Las muertes y destrozos físicos de los cuatro militares, así como las que vendrán, tanto de guerrilleros, como de militares y policías, y peor aún, de civiles, son responsabilidad exclusiva del Presidente y su ministro de Defensa, que una y otra vez han prestado oídos sordos al clamor del pueblo colombiano de parar la demencial guerra.

Las FARC EP en varias ocasiones también le han propuesto al régimen cesar el fuego, aunque sea por las fiestas navideñas, pero pueden más la mezquindad, la arrogancia y la cobardía de los guerreristas, sedientos de litros de sangre.

Los dos militares muertos y los dos heridos se presentaron en enfrentamientos entre las FARC EP y tropas del Ejército pertenecientes al Batallón de Infantería Caicedo, en el sector Naranjal, zona rural del municipio de Chaparral, Tolima.

Según indican los medios basados en fuentes oficiales, las malas condiciones climáticas no habían permitido evacuar los cuerpos ni los heridos.

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Diálogos de paz 

Las FARC EP desean reforzar su equipo con Maradona, Chilabert y otras estrellas para enfrentar a la selección del ‘Pibe’

Por Camilo Raigozo. Notimundo

Iván Márquez, miembro de la delegación de paz de las FARC EP, dijo ayer en La Habana ante periodistas del mundo, que para enfrentar al equipo del ‘Pibe’ en el Picadito por la Paz, desea reforzar su onceno con Maradona, Chilavert, ‘El Bam bam’ Zamorano, Alex Aguinaga y otras estrellas del futbol suramericano que quieran apoyar la paz en Colombia.

A su turno el comandante Pablo Catatumbo instó nuevamente al gobierno de Santos a crear de manera urgente una comisión que establezca la verdad de todo lo que pasó en Colombia en el conflicto social y armado.

Según Catatmubo, a los colombianos se les ha ocultado muchas cosas que han ocurrido en la vida política, económica, militar y paramilitar del país. Lo único que se ha echo es culpar de todo a la guerrilla, dijo.

A continuación el video:

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Diálogos de paz

Las FARC EP hacen 10 ambiciosas propuestas para solucionar el problema de las drogas ilícitas

Por Camilo Raigozo. Notimundo

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC EP, por intermedio de su delegación de paz en La Habana hacen 10 ambiciosas propuestas para poner fin al problema del narcotráfico y drogas ilícitas en Colombia.

Proponen sustituir los cultivos de amapola, marihuana y coca con programas de desarrollo alternativos;  la desmilitarización de la política antidrogas y darle al consumo un tratamiento de carácter de salud pública y no criminalizarlo, entre otras.

A continuación las 10 propuestas publicadas en la página web de la delegación de las FARC EP:

En desarrollo del punto cuatro de la Agenda de conversaciones, correspondiente a la "Solución al problemas de las drogas ilícitas", las FARC-EP presentan las siguientes diez propuestas mínimas:

1. Política anti-drogas integral, soberana, democrática y participativa, orientada a los pobres del campo y a los consumidores.

2. Condiciones estructurales para la superación de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola.

3. Reconocimiento y estímulo a los usos alimenticios, medicinales, terapéuticos, artesanales, industriales y culturales de los cultivos de hoja de coca, marihuana y amapola.

4.      Sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de coca, marihuana y amapola y programas de desarrollo alternativo.

5. Suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y reparación integral de sus víctimas.

6. Desmilitarización de la política anti-drogas, no intervencionismo imperialista y descriminalización de los pobres del campo.

7. Tratamiento del consumo de drogas sicoactivas como problema de salud pública y descriminalización de los consumidores.

8. Política anti-drogas centrada en el desmonte de estructuras narco-paramilitares, criminales y mafiosas entronizadas en el Estado.

9. Política anti-drogas centrada en la persecución a los capitales involucrados en el proceso económico del narcotráfico.

10. Responsabilidad de los Estados del capitalismo central, compromisos regionales y requerimientos para la implementación de una política antidrogas de carácter global.

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Con ponencia de Gloria Inés Ramírez y otras congresistas fue aprobado en primer debate proyecto de ley que garantiza los derechos de quienes ejercen la prostitución

Por Camilo Raigozo. Notimundo

Con las modificaciones propuestas por las senadoras Gloria Inés Ramírez, Astrid Sánchez Montes de Oca y Teresita García, en la ponencia positiva ante la Comisión Séptima del Senado, el pasado 27 de noviembre fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que reglamenta el ejercicio de la prostitución.

Si el proyecto de ley es aprobado por el Congreso se garantizarían los derechos laborales y de seguridad social para quienes ejercen la prostitución en Colombia.

El proyecto concuerda con la sentencia de la Corte Constitucional T-629 de 2010, la cual establece responsabilidades para el Estado y los responsables de los negocios con las personas que prestan servicios sexuales, en términos de seguridad social y riesgos laborales, informó Ramírez Ríos.

El proyecto incorpora deberes, tanto para los usuarios de servicios sexuales, como para las autoridades, con consecuencias jurídicas en caso de violaciones a las normas, las cuales se encaminan a eliminar los malos tratos, la marginación y otras formas de violencia contra quienes ejercen esta labor.

Además de proteger los derechos a esta población también se busca desestimular la prostitución, con otras alternativas laborales. Se vincularía a madres cabeza de familia y mujeres mayores de 45 años a las empresas, para lo cual se crearían incentivos tributarios. Igualmente habría habilitación y capacitación ocupacional.

El proyecto establece la garantía del derecho a la salud y protección contra la violencia física y psicológica y establece medidas para hacer efectivos los derechos sexuales y reproductivos.

Así mismo ordena al Ministerio de Salud reglamentar las condiciones mínimas de higiene, salubridad y saneamiento de los establecimientos donde se ejerce esta actividad y se  prestan servicios conexos.

La Ponencia de las tres congresistas incluye un capítulo sobre educación con estrategias de inclusión que permitan que las personas objeto de la ley puedan finalizar la educación básica, media, secundaria y tengan facilidades de acceso a la educación superior para desestimular la prostitución.

El Ministerio de Educación implementaría programas pedagógicos de formación en derechos humanos,  derechos sexuales y reproductivos, explotación sexual y cualquier forma de violencia de género.

El ambicioso proyecto contempla entre otras estrategias, la realización de campañas publicitarias por parte del Ministerio de las TIC para prevenir la explotación sexual y la violencia de género, entre otras."

Como el trámite del Proyecto continúa, hacemos un llamado a todos los sectores del Estado y la sociedad civil para que sigan haciéndole aportes constructivos a esta propuesta", expresó Ramírez Ríos.

Lea aquí el documento completo emitido por la senadora Gloria Inés Ramírez

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