Sexto aniversario de la despenalización del aborto reúne
a organizaciones de Derecho Reproductivos de todo el país
Avances y obstáculos de la implementación de la sentencia
C-355/06
Bogotá, 10 de mayo de 2012. En el marco del sexto
aniversario de la Sentencia C-355/06 que reconoce el derecho una interrupción
voluntaria del embarazo en ciertas circunstancias, la ONG
Women’s Link
Worldwide invitó a un encuentro con organizaciones aliadas en el trabajo por
los derechos de las mujeres en Colombia y que han trabajado específicamente en
la implementación de la Sentencia:
Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y
Reproductivos, Fundación Mujer y Futuro, Red Nacional de Mujeres, Red de
Empoderamiento de las Mujeres de Cartagena, La Mesa por la Vida y la Salud de
las Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir, Corporación Contigo Mujer,
Centro de Derechos Reproductivos.
Durante las jornadas se hizo una evaluación de los
avances y obstáculos para la implementación de la sentencia, cuyas conclusiones
se presentan adjuntas a este comunicado.
La constante son dramáticas historias
de mujeres y niñas colombianas que, a pesar del reconocimiento constitucional
no vieron garantizado su derecho y siguen luchando contra un sistema de salud
que no les presta los servicios requeridos y un sistema judicial que no les
reconoce sus derechos.
Los casos, que aparecen relacionados más adelante,
ilustran los principales obstáculos de la implementación de la sentencia.
Algunos han originado nuevas sentencias de la Corte Constitucional, otros se
suman a las historias que enfrentan cada día mujeres y niñas colombianas cuando
intentan ejercer el derecho fundamental a la IVE.
Las organizaciones aquí firmantes celebramos el sexto
aniversario del reconocimiento del derecho a la Interrupción Voluntaria del
Embarazo en la sentencia C-355 de 2006, y en el contexto del Estado Laico-
exigimos su cabal cumplimiento, generando los mecanismos para superar los
obstáculos que hasta ahora lo han impedido. Continuaremos trabajando en procura
del ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos.
Para ver videos de los testimonios de las participantes
de las jornadas de evaluación de la implementación de la sentencia C-355/06
visite
http://genderjusticejournal.wordpress.com/2012/05/09/testimonios-de-la-jornada-de-evaluacion-de-la-implementacion-de-la-sentencia-c-35506/
Contacto:
Juliet Gómez. Red Nacional de Mujeres, Medellín. 3006590264
Paola Salgado. Mesa por la Vida y Salud de las Mujeres,
Bogotá. 3202733179.
María Cecilia Paz. Red Colombiana de Mujeres por los
Derechos Sexuales y Reproductivos, Cali. 3146027586.
Isabel Ortiz. Fundación Mujer y Futuro, Bucaramanga.
3105765165
Monica Roa.Women’s Link Worldwide, Bogotá. 3108508752.
Dossier de casos
Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad
de las mujeres implicadas.
Malformación del feto incompatible con la vida:
Yolanda quedó embarazada por cuarta vez y en la ecografía
notaron que el feto tenía una malformación llamada anencefalia que impide que
se desarrolle el cerebro.
En una nueva ecografía, se descubrieron otras
malformaciones: cardiomegalia con cardiopatía congénita y dextrocardia, así
como defecto de la pared anterior del abdomen.
Yolanda solicitó la interrupción de su embarazo a su EPS,
SaludVida, pues en el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta le dijeron que solo podían
practicarle una IVE si existía una orden judicial. El juez en primera instancia
alegó objeción de conciencia.
Para cuando el caso llegó a la Corte Constitucional su
embarazo ya tenía 32 semanas. A Yolanda le realizaron una cesárea de urgencia y
el bebé falleció a los 5 minutos del nacimiento.
Violencia sexual:
A Mariana la violaron en la buseta que se trasladaba de
Buenaventura a Cali. Se acercó a un hospital a practicarse una IVE que entre
otras cosas le realizaron en la misma habitación donde otra mujer estaba
teniendo un parto.
Al terminar el aborto, la enfermera le dejó el producto
del embarazo en la mesita de noche del hospital y le dijo “Ahí verá qué hace
con eso.”
Riesgo para la salud de la mujer:
Catalina, ya había tenido tres embarazos de alto riesgo
todos diagnosticados con preclampsia, en uno el bebé nació muerto, en el
segundo hubo que inducirle un parto prematuro a los 5 meses y en el tercero
tuvo un aborto espontáneo.
Con su cuarto embarazo Catalina fue remitida a la unidad
de Ginecología del Hospital Departamental de Villavicencio con indicación de
que la atención debía ser prioritaria debido a que el embarazo era de alto
riesgo.
En el centro de salud había expresado su miedo a morir
por el embarazo y su intención de acogerse a la sentencia C-355/06. Catalina
sufría nauseas y vómitos constantes, dolores intensos de cabeza, deshidratación
y pérdida de peso permanente.
Cuando solicita la cita con especialista, le indican que
tiene que esperar porque para lo que quedaba del año (era noviembre) no había
citas y tampoco existía la agenda del siguiente año. Acudió a la Defensoría del
Pueblo de Villavicencio, para pedir ayuda, pero no recibió respuesta.
El Juez la remitió a valoración al Hospital Departamental
del Meta para valoración con médico ginecoobstetra, que dictaminó que existía
un alto riesgo de preclampsia.
Así mismo, indicó que Catalina debería ser
valorada por sicología, dada la carga emocional detectada. Finalmente el juez
decidió negar la protección de los derechos de Catalina, porque en su concepto
no había grave peligro para su vida.
Salud mental de niña:
Fernanda, niña de 12 años quedó en embarazo tras
relaciones sexuales con su novio de 16 años de edad. Cuando contaba con 14
semanas de gestación, Fernanda confirmó su embarazo.
Tras una valoración, el
médico D. expidió un certificado de riesgo para la salud emocional como
consecuencia de la continuación del embarazo por la frustración y depresión que
producía sobre Fernanda.
Después de esa valoración, Fernanda intentó suicidarse.
Cuando contaba con 15 semanas de gestación, Fernanda fue valorada por un médico
psiquiatra que diagnosticó una “reacción depresivo-ansiosa” y determinó que la
continuidad del embarazo afectaba su salud mental”.
La madre de Fernanda se comunicó con la E.P.S. para
solicitar información acerca de la petición de IVE de su hija. La E.P.S.
informó que la petición de IVE había sido negada pues los certificados no eran
válidos por ser de médicos que estaban fuera de su red.
Fernanda fue remitida
nuevamente el 2 de junio a un médico ginecólogo por requerimiento de la E.PS.,
quien solicitó la realización de una junta médica materno fetal.
Dos semanas después la E.P.S. informó a la madre de
Fernanda que se había negado la IVE pues se consideró que la vida de Fernanda
no se encontraba en grave peligro y que le edad gestacional estaba demasiado avanzado.
El 20 de septiembre del 2011 Fernanda tuvo un parto indeseado.
ICBF retiene a niña afrodescendiente violada en el marco
del conflicto armado:
Isabel, es una niña 12 años, afrocolombiana y víctima de
desplazamiento forzado. Su madre es habitante de calle y sufre de enfermedad
mental, vive con su tía y su familia quien legalmente es su representante
legal.
La niña desapareció de su vivienda durante casi una
semana, la encontró un campesino que la conocía y la acercó a su casa.
La niña
narró a su familia que había sido raptada por hombres armados, y que fue
abusada sexualmente en diversas ocasiones y por diferentes sujetos durante
varios días. Isabel quedó embarazada.
Comunicaron la noticia a su hermana mayor que reside en
la ciudad de Bogotá que durante tres meses reunió dinero para traer a la niña a
la capital.
Al llegar fue conducida inmediatamente a un hospital público, en
esa Institución el caso fue reportado al Sivin (Sistema de Vigilancia de
Violencia de la secretaria de salud).
Funcionarios de esta dependencia se
acercaron al hospital y antes de que la niña recibiera alguna atención medica
de cualquier tipo, fue conducida a un centro zonal del ICBF.
La niña fue cobijada por medida de protección y encerrada
en un centro de emergencia para menores.
Después de una semana de estar allí, y
habiendo puesto en conocimiento el caso ante la Defensoría del pueblo, en una
visita de verificación de derechos se constató que la niña no había recibido
ningún tipo de atención médica.
Al poner en conocimiento el caso ante la dirección de
protección del ICBF se constató que la defensora de familia del caso ni
siquiera había remitido la denuncia del abuso sexual a la Fiscalía para que se
iniciara la respectiva investigación.
En dicha gestión se entró en contacto con
la Secretaria de Salud, que dispuso que la niña fuera atendida y le fue
practicado el aborto legal.
Conclusiones de la jornada
Vigencia de la Sentencia C-355
La sentencia C-355 del 2006 que reconoce el derecho a la
Interrupción Voluntaria del Embarazo continúa vigente y es de obligatorio
cumplimiento, a pesar de los ataques en su contra, entre los que se destacan la
suspensión del Decreto 4444 de 2006 por el Consejo de Estado, y el fallido
intento de reforma constitucional para proteger la vida desde la concepción.
La Corte Constitucional ha sido clave en la defensa del
derecho a la IVE, mediante el establecimiento de reglas claras que buscan su
garantía.
Ausencia de liderazgo nacional
La falta de liderazgo a nivel nacional estatal, impide la coordinación interinstitucional
entre los sectores de salud, justicia y educación, para garantizar los derechos
reproductivos, incluidos la educación sexual, el acceso a anticonceptivos, los
servicios de salud integral para las sobrevivientes de violencia sexual y el
acceso oportuno a la IVE.
Fortalecimiento institucional
Algunas instituciones públicas han fortalecido su trabajo
para la implementación de la sentencia. Se debe destacar el trabajo realizado
por la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, la Delegada
para la Atención en Salud de la Superintendencia Nacional de Salud,-
algunas
Personerías Locales y Secretarias de Salud Territoriales, la Defensoría
Delegada para los derechos de la Niñez, la Juventud y las Mujeres de la
Defensoría del Pueblo, y los Centros de Atención a Víctimas de Abuso Sexual
(Caivas).
Debilidades de operadores de justicia
Persisten los problemas con los jueces de tutela, que no
conocen el marco constitucional de la IVE, y/o fallan desconociendo los
derechos fundamentales de las mujeres. Así mismo, continúan los obstáculos que
los funcionarios del sistema penal establecen para la presentación de denuncias
por violencia sexual.
Capacitación y sensibilización
Desde el Ministerio de la Protección Social y la sociedad
civil se han realizado jornadas de sensibilización y capacitación a
funcionarios públicos y prestadores de salud sobre el marco constitucional de
la IVE.
Estigmatización y acoso
A pesar del trabajo de sensibilización, la
estigmatización continua siendo fuerte. Las posiciones de la Procuraduría
General de la Nación y el acoso y persecución de los grupos anti-derechos, han
logrado amedrentar a funcionarios públicos y prestadores del servicio
dispuestos a cumplir con el mandato constitucional.
Cambio cultural
Ha habido un cambio cultural que ha posicionado el tema
de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la agenda pública y ha permitido
que generadores de opinión apoyen estos derechos.
Este cambio ha permitido que la atención en IVE vaya
aumentando de manera progresiva. Por ejemplo, Oriéntame atendió en 2011, 4000
IVE en Bogotá.
Indebido uso de la Objeción de Conciencia
La objeción de conciencia institucional continua siendo
usada para entorpecer el acceso de las mujeres a una IVE, especialmente por parte
de entidades confesionales.
A pesar de que se reconoce el derecho a la objeción de
conciencia individual de profesionales de la salud, la mayoría no sabe cómo
ejercerlo, no lo ejerce debidamente o no cumple la obligación de referir la
mujer a otro profesional no objetor.
Adicionalmente, preocupa que los intentos por parte del
Congreso para regular este derecho se conviertan en un obstáculo más para el
acceso a la IVE.
Acceso a la IVE para niñas y adolescentes
Las niñas y adolescentes siguen sufriendo el
desconocimiento de su capacidad de decidir si interrumpen o no su embarazo
cuando se encuentra en las circunstancias establecidas por la sentencia C – 355
de 2006.
El ICBF no aplica de manera uniforme las directrices para
garantizar el derecho a la IVE de las niñas y adolescentes. Se han identificado
casos de obstrucción de acceso a la IVE mediante la retención de las niñas y
adolescentes en centros de protección.
Derecho a la información
Las mujeres no reciben información clara, completa, oportuna
y veraz, por parte de funcionarios y prestadores del servicio de salud, sobre
el derecho a la IVE.
Esta situación se agrava por la información tergiversada
e incompleta emitida desde la Procuraduría General de la Nación sobre el
derecho a la IVE.
Ausencia de redes de prestadores de servicios
La falta de proveedores del servicio persiste,
especialmente para mujeres del sector rural.
Ante la negativa del servicio por parte de los
prestadores privados, la gran mayoría de mujeres son remitidas a los hospitales
públicos, lo que genera un desgaste de las pocas instituciones que garantizan
efectivamente el derecho.
Es especialmente preocupante la situación que enfrentan
las mujeres en zonas de conflicto armado, las afrodescendientes e indígenas y
las mujeres con algún tipo de discapacidad.
Restricciones de acceso
Es recurrente que se remitan los casos de IVE a
hospitales de tercer y cuarto nivel de complejidad cuando pueden ser atendidos
en el primer nivel de atención.
Acceso a medicamentos y procedimientos
Se ha detectado un problema en la disponibilidad y la
libertad de elección de los distintos
procedimientos para realizar la IVE.
Es particularmente preocupante la
ausencia del medicamento Misoprostol en el Plan Obligatorio de Salud – POS, y
que se sigan practicando legrados, cuando existen procedimientos menos
invasivos y más seguros como la Aspiración Manual Entra-Uterina (AMEU).
Es necesario fortalecer la educación sexual y la
información sobre los demás derechos sexuales y reproductivos.
Es indispensable
hacer uso de las herramientas legales y de política pública existentes, entre
ellas cumplir con la orden de la Corte Constitucional referente a implementar
campañas masivas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos.
Hostigamiento a Defensores de Derechos Humanos
Con frecuencia quienes trabajan en defensa de los
Derechos Humanos, y en específico los Derechos Sexuales y Reproductivos de las
mujeres, son víctimas de amenazas y atentados que buscan amedrentarlos para
evitar que puedan continuar con su trabajo y de esta manera desestimular el
trabajo de otros defensores.
Anorí, Antioquia
