Se instala el Congreso Nacional de Tierras Territorios y Soberanías

Porque esta tierra es nuestra. El territorio los construimos los pueblos. Llegan delegaciones de distintas regiones del país
Por Prensa Movice

Con la llegada de 200 ciclistas provenientes de la ciudad de Pereira y de 300 integrantes de la Guardia Indígena del departamento del Cauca, avanzó este 29 de septiembre los preparativos de cara al Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías, el cual espera alojar durante los próximos días, en la Universidad del Valle, Cali, a 15 mil personas aproximadamente.

Hoy 30 de septiembre arribarán las delegaciones de las distintas regiones del país, delegaciones que marcharán hacia la Univalle desde diversos puntos de la ciudad de Cali: Parque de Las Banderas de Cali (Cll 5 No. 36 Parada de Mio Estadio);-

Avenida Simón Bolívar con Cra 56 de Cali (Centro Comercial La Galería); y Puente de Tecnoquímicas en el municipio de Jamundí, en este último punto llegarán 1700 integrantes de la guardia indígena. A partir de las 9 de la mañana se instalará el Congreso con estas marchas.

En horas de la tarde se dará inicio a los actos de instalación del Congreso, en el que que comunidades campesinas, afrodescendendientes, indígenas y urbanas, todas ellas victimizadas, segregadas, exclluidas del país, se reunirán, analizarán deliberarán y definirán acciones para luchar por la tierra y el territorio.

Además, el Congreso contará con la presencia y apoyo de los congresistas Alexander López, Wilsón Arias, Iván Cepeda, Jorge Enrique Robledo y Luis Carlos Avellaneda.

También estarán representantes de los procesos de resistencia y lucha por las tierras y los territorios en latinoamerica tales como la Vía Campesina, la Coordinadora Andina frente al Desarraigo, expertos en la problemática agraria de las universidades Nacional, Pedagógica, Externado y Javeriana y con 5 integrantes del Parlamento Andino, entre otros.

El Congreso llega hoy a ser una realidad luego de todo un año de visión, reflexión y construcción colectiva entre distintos sectores organizativos y comunidades sociales en resistencia que sueñan con un país en donde las tierras y-

territorios sean de quien las habita vive y trabaja y no de quienes quieren beneficiarse, por medio de dinámicas de despojo y aprovechando los legados y procesos que muchos de estos escenarios organizativos tienen de tiempo atrás.

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Guapi, Cauca

Paramilitares asesinaron a un campesino y aumentaron en más de 50 criminales su pie de fuerza en ese municipio
Por Camilo Raigozo

La Coordinación de Consejos Comunitarios del Cauca, Cococauca, denunció ante la opinión pública nacional e internacional que este 28 de septiembre de 2011, paramilitares asesinaron al campesino Luis Carlos Caicedo Caicedo, de 28 años de edad.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 7:15 de la noche en un sitio ubicado entre los barrios Fortaleza y San Martin del área urbana de Guapi. La víctima recibió seis impactos de bala en la cabeza.

Se conoció que Caicedo vivía con sus padres y demás familiares en zona rural del Consejo comunitario de Guapi Abajo, y se dedicaba a labores del campo.

Según la atemorizada población el crimen lo cometieron paramilitares que ocupan la zona de manera permanente, sin que el Ejército ni la Policía, se den por aludidos.

De igual forma denunciaron en voz baja que el 27 de septiembre arribaron al casco urbano de Guapi otro contingente de al menos 50 criminales más de la estrategia paramilitar del régimen, al perecer procedentes de Tumaco, Nariño.

Es de todos sabido, dice la denuncia, que los paramilitares controlan la mayoría de barrios y a cualquier hora del día o de la noche hacen retenes, extorsionan, asesinan y amenazan a los residentes.

“Los ‘paras’ operan como otra forma de autoridad en el municipio, mientras la fuerza pública y las autoridades civiles no actúan, supuestamente porque no hay denuncias, aun cuando son ellos quienes recogen los muertos todos los días”, advierte la comunidad.

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Es más creíble que el Gobierno esté infiltrado por los ‘paras’, que las protestas sociales por la guerrilla

Por Camilo Raigozo

Al mejor estilo de uribista y de manera irresponsable, el presidente Santos dijo este 28 de septiembre, refiriéndose a las protestas estudiantiles de la Universidad Distrital, que las FARC infiltraron las protestas que se presentaron la semana pasada.

Con la estrategia siniestra de estigmatizar las protestas sociales para criminalizarlas, el jefe de Estado predijo que la guerrilla adelanta un plan de infiltrar la protesta social y desestabilizar al país.

Es más creíble que el gobierno y las fuerzas de seguridad del Estado estén infiltrados por la estrategia paramilitar, a que sean las movilizaciones y las protestas sociales las que sean  infiltradas por la guerrilla.

Sin embargo, son los estudiantes, los trabajadores y las clases inconformes del país, los que corren el peligro de ser enjuiciados y encarcelados por ejercer su derecho a la protesta.

“No vamos a tolerar, y que esto quede claro, las vías de hecho y vamos a convertir con todo lo que está nuestro alcance a todos aquellos que quieran manipular a los que quieren protestar pacíficamente para generar caos y violencia”, amenazó el mandatario.

Ante estas arbitrariedades, la Rectoría de la Universidad Distrital emitió un comunicado en el que lamenta que el presidente Juan Manuel Santos haya vinculado a la comunidad estudiantil con grupos armados ilegales.

El siguiente es el comunicado transcrito en su integridad por Notimundo:

“Universidad Distrital considera lamentable que se vincule a comunidad estudiantil con grupos armados al margen de la ley”

Con fundamento en los últimos acontecimientos relacionados con los disturbios ocasionados por un grupo de encapuchados en la Universidad Distrital, y teniendo en cuenta el pronunciamiento oficial sobre estos hechos por parte del Señor Presidente de la Republica, Doctor Juan Manuel Santos Calderón;-

el Rector de la Universidad Distrital, Inocencio Bahamón Calderón y las directivas de esta institución consideran lamentable que se vincule a la comunidad estudiantil con grupos armados al margen de la ley, “los estudiantes de la Universidad son jóvenes que han ingresado a la institución por sus altas calidades académicas y humanas, y en su abrumadora mayoría rechazan las formas violentas de expresión” afirmó Bahamón.

Se reconoce que la infiltración de grupos armados (de todo orden) se presenta no solo en las universidades colombianas, sino en todos los sectores sociales, económicos y políticos de un país desgarrado por más de sesenta años de conflicto armado interno, por lo cual consideramos inapropiado hacer señalamientos unidimensionales contra la Universidad Distrital que dejan en el imaginario colectivo la idea de que esta universidad es sólo un escenario de conflicto.

En el mismo Campus donde la semana pasada hubo disturbios ocasionados por minorías encapuchadas, y en reconocimiento a las acciones universitarias protagonizadas por mayorías estudiantiles propositivas que actúan con rostro descubierto, el día de hoy, 28 de septiembre,-

se realizó una gran asamblea estudiantil pacífica en la Facultad de Ciencias y Educación (sede Macarena A), lo cual ratifica la intención tranquila y argumentativa de la comunidad en la discusión sobre la reforma de la ley de Educación Superior, la que se ha promovido desde la dirección de la institución en el marco de análisis argumentativos.

Finalmente, solicitamos respetuosamente a los guías y formadores de la opinión pública nacional no promover ni generar sentimientos de rechazo por la universidad oficial del Distrito Capital, ni hacer señalamientos contra su comunidad académica que en un 99% tiene como propósito la transformación social por medio del conocimiento.

Inocencio Bahamón Calderón

Rector Universidad Distrital Francisco José de Caldas

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Parauribismo/

El confeso criminal Jorge Noguera, exdirector del DAS, no acatará más la justicia
Por Camilo Raigozo

“No me prestaré más para participar en este macabro juego de apariencia de justicia en el que no existe la posibilidad alguna de investigación ni justicia imparcial”, le dice al muy estilo uribista el peligroso sujeto en una carta a la Fiscal General Viviane Morales.

Según varios medios de comunicación que conocieron la carta de 8 páginas, Noguera le dice a la fiscal que no comparecerá y no se defenderá en ninguno de los casos pendientes.

Aduce alevosamente que desconocerá la justicia, no asistirá y no pedirá pruebas, en los casos pendientes entre los que se encuentran los espionajes telefónicos y el homicidio de Adán Pacheco.

También dijo que de inmediato les revocará el poder a los abogados que lo representan y que no va a admitir que se le nombre un abogado de oficio.

Con un cinismo comparable al de Uribe dijo que “No legitimare con mi presencia y actuación el corrupto e injusto accionar de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia como equivocadamente lo hizo en el pasado, por eso no rendiré indagatoria, no pediré pruebas, ni alegare de ninguna manera”.

El criminal se fue lanza en ristre contra la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia de quienes dijo que: “es aberrante la neopunitividad utilizado por la Fiscalía y la sala penal de la Corte Suprema de Justicia dio lugar a una injusta e ilegal condena la cual desconozco por completo y la cual no respeto”.

La Corte Suprema de Justicia  condenó a Noguera a 25 años de prisión y una multa de 6.500 salarios mínimos (unos 3.400 millones de pesos), al haberlo hallado culpable delos delitos de: Concierto para delinquir, homicidio y falsedad por ocultamiento y revelación de secreto.

La condena contra Noguera lo señaló culpable del asesinato del sociólogo Alfredo Correa de Andreis.
  

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Seguridad narcocrática/

El profesor Miguel Ángel Beltrán sigue siendo víctima del terrorismo de Estado y del Procurador Ordoñez
Por Camilo Raigozo

El procurador general de la nación Alejandro Ordoñez, más conocido como “Monseñor absolvedor de la Yidispolítica y la parapolítica”, continúa su feroz ataque contra disidentes del régimen, en este caso contra el académico Miguel Ángel Beltrán.

Con montajes en supuestos correos electrónicos con jefes de la guerrilla aparecidos en la coartada uribista del “Computador de Raúl Reyes” y memorias USB, el jefe del Ministerio Público insiste en acusar al profesor Beltrán Villegas de ser “Jaime Cienfuegos”, un supuesto guerrillero de las FARC.

El profesor estuvo dos años en prisión, víctima de la persecución y del terrorismo de Estado, hasta que logró demostrar su inocencia de los delitos que le armaron los entes de inteligencia, los cuales eran rebelión y concierto para delinquir.

Beltrán Villegas fue absuelto en junio pasado porque la juez cuarta Especializada de Bogotá determinó que no había pruebas para condenarlo.

Sin embargo, a la caída, impulsada por la Corte Suprema de Justicia, de la coartada fabricada por el gobierno con el computador de Raúl Reyes, el régimen y las fuerzas de “seguridad del Estado”, fabricaron otra con celeridad para armarle montajes judiciales a la oposisión: la de los computadores del Mono Jojoy.

Coartada aún más atroz que la anterior porque ya no fue uno sino docenas de computadores, discos duros y memorias USB, las que le “encontraron" a Jojoy, suficientes para encarcelar a toda la disidencia.

Este 28 de septiembre de 2011, el profesor Miguel Ángel Beltrán presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por los hostigamientos y violaciones a derechos fundamentales que viene padeciendo.

El profesor denunció que ha venido siendo víctima de estigmatizaciones y persecuciones por parte de algunos medios de comunicación del país y por seguimientos e interceptación a su teléfono.

El contraste del procurador

En una actitud desvergonzada que contrasta con la anterior, el “absolvedor de la Yidispolítica y la parapolítica”, solicitó ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la preclusión del proceso judicial que se adelanta contra la expresidenta del Congreso Nancy Patricia Gutiérrez, involucrada seriamente en las ‘chuzadas’ del DAS.

El Ministerio Público señaló que la expresidenta del Congreso no utilizó información privilegiada en el debate de control político en contra de la exsenadora Piedad Córdoba.

Nancy Patricia Gutiérrez, utilizó información del aparato criminal DAS para adelantar un debate de control político contra otra víctima del procurador: la exsenadora Piedad Córdoba.

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Parauribismo/

Uribe causa hecatombe en el Partido Verde
Por Camilo Raigozo

Ahora que sus antiguos cómplices, los poderosos medios, le dejaron deteriorar el teflón que ellos mismos le construyeron y le cuidaron con esmero mientras el país se hundía en caída libre, el expresidente Uribe, alias “El número uno de la Casa de Nari”, se ha convertido en la pesada cruz que Peñalosa lleva a sus espaldas en su ambición a la alcaldía de Bogotá.

Primero causó la desbandada de la parte decente del Partido Verde, liderados por Mockus, que no aceptó que un sátrapa como Uribe cuyo gobierno ha sido el más corrupto y criminal de los últimos 100 años en la historia de Colombia, formara parte de ese partido.

En esa misma tónica este 28 de septiembre estalló una crisis aguda en lo que quedó del Partido Verde, cuando en el Congreso de esa colectividad no le fue permitido a Peñalosa pronunciar su discurso.

El sector indignado con “El número uno de la Casa de Nari”, portando camisetas y consignas de “Uribe no”, se opuso férreamente al sector peñalosista-uribista, a tal punto que estuvieron a punto de llegar a las manos.

El amplio sector antiuribista liderado por Jhon Sudarsky y Ángela Robledo, impidieron la intervención de Peñalosa como rechazo   a la presencia de Uribe en lo que fue la ola verde.

Uribe, quién en vez de sumar resta, está llevando a la hecatombe al Partido Verde en su pretensión por las arcas de la capital del país y es muy posible que ni siquiera con la asesoría del siniestro  JJ Rendón, especialista en guerra y propaganda sucia,  ese partido pueda recuperar el terreno perdido.

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Campesinos del Bajo Cauca se movilizan ante incumplimiento del Gobierno

Por Camilo Raigozo

Ante el incumplimiento de más de siete meses de los acuerdos firmados por el Gobierno con los campesinos del Bajo Cauca y por las continuas fumigaciones indiscriminadas, los labriegos  empezaron a desplazarse desde las apartadas regiones hasta el casco urbano de Tarazá, Antioquia.

Según la Asociación Campesina del Bajo Cauca, Asocbac,  de los acuerdos a los que el gobierno se comprometió en marzo 1 de 2011, en el municipio de Tarazá, mediante los cuales los campesinos suspendieron el desplazamiento que venían desarrollando, no ha cumplido ni uno.

De manera irresponsable Didier Upegui, alcalde de Tarazá, le dijo a los medios que al igual que las movilizaciones anteriores los “grupos armados ilegales” son los que han promovido en varios lugares del municipio el nuevo desplazamiento.

Por su parte Juancho Henao, vicepresidente de Asocbac dijo que su organización está liderando la movilización y que a Tarazá irán llegando varios cientos de campesinos de los corregimientos Guaimaro, La Caucana y de las veredas Oro Bajo, Cañón de Iglesias, La pipiola, Las Acacias y la Unión, entre otras.

El gobierno se había comprometido al cumplimiento de varios puntos en cuanto a inversión social en las zonas rurales del Bajo Cauca Antioqueño, proyectos productivos y pago de daños a cultivos lícitos y de pan coger por fumigaciones, así como defender y respetar los derechos humanos de las comunidades y miembros de la organización campesina y sus dirigentes.

“Tras siete meses de firmados los acuerdos, han sido nulos los proyectos productivos que han llegado a la zona, no se pagaron daños y perjuicios hechos a cultivos lícitos y de pan coger por las fumigaciones con glifosato, la inversión social en nuestras zonas rurales es cero.

“Las pocas escuelas que hay están a punto de caerse, sin centros de salud, ni planes de atención básica en salud para la zona rural, no se le ha realizado mantenimiento a las vías de penetración lo que incrementa el costo de la vida.

“La población está aguantando hambre porque el veneno del glifosato ha quemado el suelo y subsuelo, además se judicializa la actividad minera artesanal que tradicionalmente para los habitantes era legal y legítima forma de rebuscarse una mejora en los ingresos”, denunció Asocbac en un comunicado.

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“Chocó exige justicia ante la fumigación indiscriminada: Hernando Hernández

“Más de 4.000 personas procedentes de diferentes pueblos del Departamento del Chocó, desde el pasado viernes 23 de septiembre, bloquean las vías Itsmina- Quibdó y Tadó-Pereira, exigiendo se respete  la vida de los campesinos,-

se les atienda en su petición de suspender de manera inmediata la fumigación indiscriminada de sus cultivos y se les garantice la movilidad pacífica”, denunció ante la Cámara en pleno el Representante Hernando Hernández Tapasco.

“Es necesario que el Gobierno Nacional nombre una comisión o delegación con poder de decisión para negociar los puntos del pliego petitorio que presentan las comunidades Afrocolombianas, quienes son las directamente afectadas”, aseveró el Parlamentario indígena.

“Se hace necesario dar seguimiento al tema de la sustitución de cultivos en la búsqueda de una verdadera política de desarrollo social. Las comunidades requieren con urgencia viviendas dignas, vías carreteables, interconexión eléctrica, derecho a salud,-

educación, proyectos agrarios y empresariales que hagan buen uso de los valiosos recursos naturales y no que se les perjudique fumigando sus cultivos lícitos afectando su seguridad alimentaria, su bienestar y envenenado su entorno natural”.

Desde siempre el territorio chocoano ha aportado cuantiosas riquezas al desarrollo de la economía nacional, pero estas no se han visto reflejadas en el progreso de dicha región, al contrario cada día su población se empobrece más.

“Se teme que el orden público se pueda ver alterado si el Gobierno Nacional no toma de una vez por todas cartas en el asunto en la solución de este gravísimo problema”, concluyó Hernández Tapasco, vocero del Polo en la Cámara de Representantes.

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Guapi, Cauca
Comunidades negras se pronuncian frente a la agenda legislativa promovida por el Gobierno
Espacio de deliberación llevado a cabo los días 26 y 27 de septiembre en Guapí – Cauca, en el que se discutió la ley de víctimas, la consulta previa, la reparación colectiva, temas de agenda de la comunidad afrodescendiente.
Por Cococauca

 La Regional Cococauca como agrupación de organizaciones étnico - territoriales de comunidades negras de la costa pacífica del Cauca, reunidos en el espacio de deliberación de la ley 1448 de 2011 “ley de víctimas”1, recuerda que la Consulta previa, libre e informada es un derecho fundamental y por tanto es una obligación del Estado colombiano su cumplimiento con nuestras autoridades locales étnicas.

En tal sentido se debe preparar con nuestras autoridades locales étnicas y sus organizaciones regionales el proceso desde la preconsulta, consulta y postconsulta a través de una ruta previamente concertada y a través de autoridades legítimas.

El proceso debe abordar la agenda legislativa sobre La ley de regalías, ley de reforma a las CAR, ley de desarrollo rural, el código minero, ley del medio ambiente, ley del deporte y ley de recursos genéticos.

De esta forma expresamos desde nuestros propios espacios y con el derecho que nos asiste como grupo étnico, a no validar ninguna acción diferente a la ruta concertada.

Por consiguiente y en el marco de la diversidad de acciones que nos caracteriza como comunidades negras, avalamos plenamente el comunicado No. 2 de la Mesa de organizaciones afrodescendientes (Afrodes, Cnoa, Cimarron, Pcn) de 26 de septiembre de 2011.

Como organización regional de Consejos comunitarios y organizaciones de base del pueblo negro del pacifico, Cococauca proponemos para avanzar en el tema de ruta que el gobierno brinde las condiciones para abordar en primera instancia:

1. Reunión de Instancias regionales de consejos comunitarios y la Mesa nacional afrocolombiana.

2. Reuniones de Consejos comunitarios y sus instancias regionales.

3. Asambleas de Consejos comunitarios.

El procedimiento continuaría con base en la ruta acordada entre las partes.

Este pronunciamiento y propuesta se realiza con base en el Convenio 169 de la OIT; la Sentencia de la Corte Constitucional T- 129 de 2011; y la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de los Contencioso Administrativo, del 5 de Agosto de 2010.

Así mismo exigimos el cumplimiento de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional a la población desplazada para el goce efectivo de derechos a través de los Autos de la Corte Constitucional (005 de 2009, 383 de 2010 y 100 de 2011), como también los mandatos de la ley 387 de 1997 y el Decreto 2569 de 2.000. Guapi – Cauca 27 de septiembre de 2011.

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Guapi, Cauca
Denuncian fumigaciones aéreas con glifosato sobre sembrados de pancoger
Por Cococauca

Todo el poder del veneno se lo tiraron a la gente, sus casas, los cultivos, el agua de consumo y los sitios sagrados de la comunidad, el 14 de septiembre de 2011.

Los cultivos tradicionales los dañaron como base para la comida, entre ellos proyectos que se tenían con la comunidad local que se ejecutan con fondos de cooperación internacional como el convenio holandés Sena – Tropenbos.

Seguiremos informando sobre estos hechos por el atentado que hacen sobre nuestro grupo étnico negro, y en esta ocasión la afectación se hizo contra el Consejo comunitarios de Guajuí y el Consejo comunitarios de Guapi Abajo (municipio de Guapi – costa pacífica del Cauca) a quienes envenenaron alrededor de 1 hora (desde las 11 am).

Este etnocidio es una práctica criminal, pero también es una política intencionada de desterritorializacion de nuestras comunidades negras por apoderarse de nuestras riquezas.

Alertamos que la aplicación de esta guerra química afecta la salud de las comunidades, niños, niñas, adultos mayores, mujeres en embarazo, jóvenes y adultos.

Con estos hechos se violan los derechos propios como grupo étnico, además del artículo 81 de la constitución nacional en la cual se expresa que “queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares...”

Vale precisar que Colombia es uno de los países signatarios del tratado de Prohibición de las armas Químicas firmado el 13 de Enero de 1993, Ratificado el 5 de abril de 2000 y válido desde el 5 de Mayo de 2000.

Es inaceptable que Colombia sea el único país del mundo que permite la Guerra química contra su territorio, ni siquiera Afganistan lo permitió.

Exigimos al gobierno colombiano suspender estas acciones endemoniadas e iniciar un proceso de concertación con las comunidades sobre sus políticas antinarcóticas.

Alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre los hechos que están sucediendo, y les solicitamos apoyo para exigirle al gobierno nacional el respeto a la vida y el territorio de los pueblos negros del Pacifico, la suspensión inmediata de todas las formas de violaciones entre ellas las fumigaciones;-

se respeten y acaten los convenios y pactos suscritos de Colombia con la comunidad internacional tal como la consulta previa, libre e informada con base en el convenio 169 de la OIT, y se proceda conforme a los derechos consagrado en la Ley 70/93 o ley especial para las comunidades negras en Colombia.

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Parauribismo/ La Sierra, Cauca

Paramilitares atentan contra miembros de comunidad que enfrenta a la gran minería
Las comunidades responsabilizan al Estado, a las fuerzas militares y a las grandes empresas mineras por las violaciones a los derechos humanos que se vienen presentando
Por Camilo Raigozo

La Fundación Territorios por Vida Digna y otras organizaciones sociales unidas contra el despojo denunciaron ante la comunidad nacional e internacional el atentado del que fue víctima el líder del consejo comunitario de Afrosiso, Esenover Grueso, el pasado 25 de septiembre.

Según la denuncia, aproximadamente a las 9:30 de la noche del pasado domingo, paramilitares fuertemente armados irrumpieron violentamente en la vivienda de Grueso, quién milagrosamente logró escapar al darse cuenta a tiempo del atentado.

Esenover Grueso hace parte del proceso organizativo que busca la conservación de los territorios ancestrales donde desarrollan la pequeña minería artesanal (barequeo y mazamorreo) para la subsistencia.

Las comunidades de la zona, principalmente de la vereda Lamedero, jurisdicción del municipio La Sierra, se encuentran bastante atemorizados por la situación y solicitaron solidaridad y vigilancia por lo que pueda pasar.

“Este hecho no es aislado”, señala la fuente, quién además denuncia que hay una serie de amenazas y señalamientos contra integrantes de Afrosiso, debido a su lucha de resistencia y defensa del territorio, afectado por la gran minería que está llegando con retroexcavadoras, dragas, motobombas, motores  y químicos como cianuro y mercurio, en el que participan personas y empresas como Carboandes.

Las poblaciones afectadas denunciaron que el atentado es una retaliación por acciones que vienen desarrollando las comunidades como el retiro de retroexcavadoras y maquinaria del cauce del río Esmita, en los límites de los municipios de El Tambo y la Sierra.

El miércoles 13 de julio de 2011,  el Ejército Nacional puso en peligro a los habitantes de la región al emitir por su radioemisora mensajes invitando a “desmovilizarse a presuntos insurgentes” que están haciendo presencia en el territorio de influencia del proyecto minero, contra el cual las comunidades vienen haciendo resistencia.

El anterior hecho ocurrió en el momento en que la empresa Carboandes había anunciado el inicio de explotación minera en la vereda Lamedero.

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Parauribismo/

Paramilitares violaron y asesinaron a una mujer y descuartizaron a un joven en Guapi, Cauca

Por Camilo Raigozo. Con información de Cococauca

Luz Marina Montaño, de 30 años, perteneciente a la comunidad de Temuey del Consejo Comunitario Guapi Abajo, fue violada, torturada y asesinada por dos paramilitares en el barrio Puerto Cali de Guapi.

Según versiones suministradas por la comunidad a la fuente, el crimen ocurrió en horas de la noche del 8 de septiembre pasado. Elcuerpo fue encontrado en un salón de clases de la Escuela Puerto Cali del área urbana de Guapi.

Descuartizan a joven

Darío Saa Micolta, de 17 años, aproximadamente, conocido como “Pastorcito”, por tener la costumbre de hurtar cosas menores,  el viernes 23 de septiembre de 2011, en presencia de varias personas fue obligado a montarse en un mototaxi  y llevado hasta el barrio Zarabanza, donde aseguran, operan los ‘paras’.

Los habitantes del barrio fueron horrorizados por los gritos de dolor del joven en el sitio El Parquecito, lo que los llevó a pensar que los paramilitares lo descuartizaron vivo.

El día siguiente, 24 de septiembre, los transeúntes del lugar vieron a Saa Micolta descuatizado en 16 pedazos en el parque del barrio. La Policía hizo el levantamiento del cadáver el cual dejaron en el cementerio.

Según la denuncia, en Guapi hay una situación crítica en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario por la libertad con que actúan los ‘paras’, sin que las autoridades civiles y militares muestren alguna intención de proteger a la población civil.

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Parauribismo/ Montes de María: los despojados aguardan en la miseria una restitución incierta
Los amigos del gobierno Uribe
Por Iván Cepeda. El Tiempo

El caso de montes de María, sobre el que he realizado dos debates de control político en el Congreso, resulta útil para analizar la matriz del despojo de tierras-

que han llevado a cabo en la última década poderosas empresas con el auspicio del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. En esa matriz se destacan tres fases.

La primera consistió en la compra abusiva a campesinos en condición de miseria que habían abandonado sus predios por el terror paramilitar.

Esa fase tuvo su origen en diciembre del 2007, en una reunión en Medellín a la que asistieron el entonces presidente Uribe y una veintena de sus amigos, entre los que se encontraba el empresario Luis Esteban Echavarría, quien fue gerente de su campaña a la Gobernación de Antioquia en 1994.

El mandatario dijo a los asistentes que en montes de María se había alcanzado la paz, pero que la fértil región se encontraba vacía por el desplazamiento. Para Echavarría el mensaje fue claro.

Decidió en ese momento aceptar la invitación hecha por el empresario Álvaro Ignacio Echeverría, quien venía comprando allá predios a menos de 300 mil pesos por hectárea usando copias de resoluciones de adjudicación, obtenidas ilegalmente.

En la segunda fase se constituyeron 25 empresas antioqueñas, que se volcaron sobre la región para adquirir de manera masiva las tierras. Tiraron cercas, destruyeron vías veredales, contrataron para la seguridad a desmovilizados.

Los compradores de la primera fase traspasaron a las nuevas empresas las tierras adquiridas para ir dejando atrás la huella fraudulenta. De esa operación hicieron parte Tierras de Promisión -la empresa que constituyeron Echavarría y Echeverría-, así como Cementos Argos, que había aportado fondos para la campaña presidencial de Uribe en el 2002.

La intervención del Gobierno en estimular las compras volvió a aparecer el 3 de septiembre del 2009 durante una reunión en María la Baja (Bolívar), en la que el entonces ministro de Agricultura, Andrés Fernández, instó a los campesinos a vender sus predios a empresarios amigos suyos, y ordenó a funcionarios del Incoder gestionar el levantamiento de las medidas de protección que impedían la comercialización de las tierras.

En la tercera fase, que materializa la gran concentración de la tierra, las empresas consignaron los predios adquiridos en dos grandes fideicomisos, que definieron como objeto el negocio de la reforestación comercial.

Lo único que hacía falta era el capital para sostener el negocio durante los años que toma la tala final de la especie. Y aquí apareció de nuevo la mano salvadora del gobierno Uribe. En el 2007 creó el Fondo de Inversión Forestal Colombia (FIFC), en el que invirtió 10 millones de dólares de Finagro. Tanto inversionistas del FIFC como compradores masivos disfrutan hoy de millonarios incentivos y subsidios del Gobierno.

Mientras tanto, los despojados aguardan en medio de la miseria una restitución incierta, pues las tierras de los fideicomisos, según el Código de Comercio, no pueden ser perseguidas.

Discrepo de funcionarios del actual gobierno que catalogan a los promotores de esta asociación inescrupulosa como "terceros de buena fe". De lo que se trata en realidad es del concierto para delinquir del despojo, compuesto por una compleja red (notarios, alcaldes, funcionarios del Incoder, ministros, empresarios);-

una amplia gama de métodos fraudulentos para burlar las medidas de protección de tierras abandonadas, y jugosos beneficios otorgados por el Gobierno. La apertura de investigaciones por la Fiscalía es un paso en la dirección correcta. Pero, además, la justicia debe procesar al ex presidente Uribe, al ex ministro Fernández y a los empresarios involucrados, incluyendo a los directivos de Cementos Argos.

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