El Parlamento Europeo se opone al TLC con Colombia por violaciones de derechos humanos
Fuerte ataque europeo al gobierno de Uribe Vélez a quien consideran un dictador civil que “no hace honor a la democracia”
Por AF-AP/Colombia Plural/ Inestco

La audiencia fue convocada el día 29 de abril por el Presidente de Comisión de Comercio Internacional de la eurocámara, Helmut Markov, junto con el Presidente de la Delegación para la relaciones con los países andinos Alain Lipietz y la Vice-Presidente de dicha Delegación, Gabriela Cretu.

El Senador colombiano Jorge Enrique Robledo, así como otros testigos colombianos e internacionales de la sociedad civil y del sector sindical llamaron la atención del Parlamento Europeo sobre las graves consecuencias de aprobar un tratado de libre comercio (TLC) con Colombia.

La audiencia, que se desarrolló durante 2 horas y medio ante un público nutrido, contaba con el apoyo de las organizaciones europeas e internacionales FIDH, ALOP, Grupo Sur, Amigos de la Tierra, OIDHACO, Red UE-CAN, Coordinación Belga por Colombia, Justice for Colombia, Transnational Institute.

El eurodiputado Helmuth Markov, presidente de la Comisión de Comercio internacional, fue categórico en señalar que "ese acuerdo no se ajusta a los valores de la UE". Criticó que la Comisión Europea tenga como principal objetivo de "abrir mercado", en detrimento de la situación de pobreza y de derechos humanos en Colombia".

En ese mismo sentido se pronunció la diputada europea Gabriela Cretu, al afirmar que muchos ciudadanos europeos no aceptaban de cerrar los ojos frente a situaciones tan graves como la Colombiana, sólo para el beneficio de algunos.

"Lo mejor que la UE puede exporta son sus valores básicos, y en primer lugar los derechos humanos" enunció, antes de concluir "el Parlamento Europeo tiene un compromiso con los valores de la UE".

"No se puede hacer comercio con los derechos humanos" advirtió por su parte el diputado europeo Richard Howitt. Pidió que la Comisión Europea abra una investigación para constatar las graves denuncias existentes en Colombia.

"No puede dejar todo en mano de la OIT y de Naciones Unidas, agregó, y lavarse las manos de lo que pasa en Colombia".

En cuanto al presidente de la Delegación de la eurocámara para los países andinos, Alain Lipietz, lamentó la actual inversión de situaciones, entre la UE y los EEUU en la negociación comercial con Colombia.

Con la forma actual de negociación, la Comisión Europea "está acabando con el prestigio internacional de la UE en el tema de derechos humanos". "Si no hay un giro, la UE será el "Bush" de los años 2010" concluyó.

El Senador Robledo recordó que si el TLC con EEUU se encontraba paralizado en ese país no era propiamente por razones económicas sino porque el partido demócrata consideraba que el gobierno de Uribe no pasaba un examen de derechos humanos.

Además "no hay negociación", agregó, hablando del TLC con la UE, "lo que hay son unas potencias que definen las condiciones para sus empresas, y ésas deben ser aceptadas por Colombia".

Criticó que en 19 años de apertura económica de su país, el resultado había sido la desindustrialización, la pérdida de soberanía alimentaria, la disminución de salarios y de condiciones laborales para los trabajadores. "Sería grave que, con la firma de un TLC, la UE absuelva el gobierno de Uribe en el tema de derechos humanos" concluyó.

El presidente de la CUT Tarcisio Mora denunció "la política de exterminio contra el movimiento sindical" que opera en Colombia, recordando que en promedio en los últimos 23 años, cada 3 días se ha asesinado un sindicalista en este país.

Recordó que por esta persecución, la CUT, que fue creada con 1,4 millones de afiliados, hoy sólo cuenta con 420.000 miembro, que cumplen su labor sindical en medio del terror. "En Colombia es más fácil crear un grupo paramilitar, con personería jurídica, que un sindicato" manifestó el dirigente sindical al refirirse a las 515 solicitudes de registro de nuevos sindicatos negadas por el actual gobierno.

Terminó dirigiendo un SOS a los sindicatos europeos, para que ayuden a proteger al movimiento sindical colombiano oponiéndose al TLC.

Delegados de sindicatos de EEUU y Gran Bretaña hicieron eco a este llamado. "La UE debería estar del lado de la decencia y de la justicia" precisó Simon Dubbins, del sindicato inglés Unite y directivo de la Confederación Europea de Sindicatos.

Anunció una campaña del movimiento sindical europeo para oponerse a un TLC con Colombia. A su vez, el director de derechos humanos de la Confederación Internacional de Sindicatos, con sede en Bruselas, Steve Benedict, presentó un cuadro abrumador de la situación de los sindicalistas en Colombia, afirmando que "en Colombia, no sólo están matando a líderes sindicales sino a sindicatos".

Comparó el caso colombiano a Birmania, señalando que desde hace varios años Colombia supera todos los récord en la OIT.

El delegado indígena Javier Sánchez, del pueblo Sicuani en el departamento del Vichada, denunció los ataques crecientes a los pueblos indígenas en Colombia. Informó que en los 3 primeros meses de 2009, 50 indígenas habían sido asesinados y 3000 de ellos desplazados.

"Entre 2002 y 2008, 1253 indígenas han sido asesinados en Colombia" agregó, deplorando la imposibilidad de dialogar con las autoridades, pese a muchos esfuerzos. Ilustró los efectos perversos del libre comercio para los pueblos indígenas, diciendo que mientras 500.000 indígenas vivían sin garantías en cuanto a la tenencia de su territorio, el gobierno colombiano estaba entregando 6 millones de hectáreas a grandes empresarios para cultivos de agro combustibles.

Marc Maes de la plataforma de ONG flamencas 11.11.11 explicó que si la UE quería incidir en la situación de derechos humanos de Colombia, un TLC constituiría un escenario mucho más difícil que el régimen actual de preferencias arancelarias.

Así mismo, criticó la falta de transparencia de las negociaciones en curso y el retroceso democrático que implicaría un TLC para Colombia, en la medida en que muchos campos de regulación interna quedarían subordinados a las cláusulas del tratado, como en el caso de las políticas ambientales y sociales.

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Política criminal y sistema carcelario
Las cárceles en Colombiason sitios de destrucción humana
Los testimonios rendidos por prisioneras y prisioneros, así como de sus familiares y defensores lo confirman
Por Camilo Raigozo. Voz

Durante la audiencia en el Congreso un expresidiario cuenta su caso. Foto Camilo Raigozo.

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Carlos Alfonso Figueroa Parra, es un médico cirujano de 63 años, recluido desde julio del año pasado en la cárcel Picaleña en la ciudad de Ibagué. En un proceso arbitrario, es señalado de ser médico de las Frac- EP.

Hasta hace menos de una semana, estuvo recluido en el patio correspondiente a los paramilitares, por lo que su vida estuvo siempre en inminente peligro. “Esto no es un avatar del destino, sino algo bien planificado de las autoridades carcelarias”, dice el médico en una carta dirigida a un amigo.

Sin embargo, el traslado no mejoró las condiciones de su seguridad pues ahora se encuentra en un patio para delincuentes sociales donde ya ha sido sentenciado a muerte. A pesar de su penosa enfermedad, cáncer de próstata con enquistamiento en otras partes del cuerpo, la atención médica que ha recibido es completamente nula.

Figueroa Parra necesita con urgencia la asistencia humanitaria de alguna ONG defensora de los derechos humanos para que vigilen su caso.

Las violaciones no parecen de la vida real

El pasado 30 de abril, se realizó en las instalaciones del Congreso de la República una audiencia sobre Política criminal y Sistema Carcelario, donde se escucharon decenas de testimonios, como el anterior, sobre las aberrantes violaciones a los derechos humanos fundamentales, tanto de prisioneras y prisioneros, como de sus familiares y defensores.

Denuncias que se realizaron en forma directa o en videos en la audiencia, la cual fue auspiciada por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso.

Una Delegación del Principado de Asturias, España, de reciente visita en Colombia, encontró en sus observaciones a las cárceles La Picota y El Buen Pastor, de hombres y mujeres respectivamente, en Bogotá, casos de violaciones que “no parecen de la vida real”, según Rafael Palacios, vocero de la Delegación.

“Las prisioneras y prisioneros políticos, procuran aportar un grado de organización que les permite sobrevivir con dignidad en condiciones diseñadas para perder toda compostura humana”, dijo Palacios en rueda de prensa.

Agregó que “en uno de los módulos de La Picota, los presos contaron que se les dio a escoger: o recibían a sus familias una vez a la semana en la propia celda, de 2.50 por 3 m, diseñada con dos camas para dos personas, pero donde se aglutinan cuatro o más presos, o esperaban a tener cada 45 días una visita más individualizada.

Cárcel por casa a los colombianos

“Los presos escogieron la primera opción, por lo que en las celdas para dos se juntan cada semana, ocho o más personas, en una degradante situación donde la dignidad queda por los suelos”.

Supremamente graves fueron los testimonios de grupos específicos de la población como los indígenas, afros, lesbianas, homosexuales y travestis, entre otros, en cuanto al maltrato que reciben en las prisiones.

“Al parecer el gobierno se está preparando para darles a los colombianos cárcel por casa, pues es inaudito que haya enterrado más de 140.000 millones de pesos en la construcción de una cárcel en Ibagué y por el mismo estilo esté construyendo otras 50 cárceles en diferentes regiones del país.

“Con esa cantidad de dinero, se hubieran podido construir más de 15 millones de viviendas decentes para familias que carecen de ellas”, dice un aparte del informe acumulado por la Delegación Asturiana.

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Comunidades del Pacífico sur claman parar las fumigaciones con glifosato
Carta abierta de los habitantes del Pacífico sur a la comunidad nacional e internacional
Por comunidades

Nosotros los abajo firmantes representantes y miembros de los Consejos Comunitarios: Unión del Río Chagui, el Recuerdo de nuestros Ancestro del Río Mejicano y Unión del Río Rosario, Afrocolombianos ubicados en la costa pacífica del departamento de Nariño, suroccidente de Colombia, reconocidos como entidades étnico-territoriales por la Constitución Nacional y la Leyes 70 de 1993, 21 de 1991 y el decreto 1745 de 1995.

Nos dirigimos a las instituciones del Estado colombiano, a las otras organizaciones hermanas de afrocolombianos, organizaciones indígenas, a las autoridades nacionales e internacionales y organizaciones ambientalistas, gremios de la producción, organizaciones de campesinos, estudiantes y sindicatos, organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, delegaciones de diversos países con asiento en Colombia, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, agencias de cooperación, al pueblo de los Estados Unidos de América, al sistema de Naciones Unidas, la Unión Europea, y a la opinión pública en general , para expresar y proponer lo siguiente:

Nuestras poblaciones por más de 15 años están soportando todo el peso de los efectos y consecuencias, de los cultivos de uso ilícitos en los territorios colectivos, esto es: pérdida de valores, de cultura, de nuestra base productiva tradicional, deterioro ambiental, debilitamiento de los procesos organizativos e incremento de la violencia por la intromisión de fuerzas armadas (paramilitares, guerrilla, narcotraficantes, delincuencia común y fuerza pública), que han convertido a un territorio pacifico, en territorio de Guerra.

Tumaco registra en los últimos seis meses uno de los más altos índices de asesinatos del país. Más muertos que en la guerra de judíos contra palestino en Gaza, y la guerra de Afganistán, durante el mismo periodo.

Los Consejos Comunitarios conscientes de la problemática desde el 2002 a través de la definición de nuestros planes de vida, hemos, establecido procesos autónomos, para promover, la erradicación voluntaria de los cultivos ilícito, teniendo en cuenta que la fumigación área indiscriminada afecta (cultivos de uso lícitos, ilícitos, fauna, bosque y fuentes de agua), ayudando a profundizar la crisis de las comunidades y finalmente solo logra aumentar los cultivos de uso ilícitos.

Consideramos que la crisis de injusticia e inequidad durante más de un siglo, condujo a nuestros pueblos a la pobreza creciente y a la presencia de los cultivos de uso ilícito en nuestros territorios, lo que nos ha llevado a afrontar un problema social y económico que reclama atención.

Por eso Pensamos que la única razón de ser de la siembra, transformación y comercialización de ilícitos no es la de "ser fuente de financiación del terrorismo" sino que detrás de este proceso existe un problema social y económico de fondo, que requiere otro tipo de manejos distintos al uso de la fuerza, al de la intromisión del poder por encima de la ley, al del uso de los herbicidas con fumigación aérea.

Los tres Consejos Comunitarios, concertamos con la cooperación internacional Usaid a través de ARD Colombia, Acción Social de la presidencia de la República y la organización de las Naciones Unidas contra la droga y el delito Unodc, un proyecto de desarrollo alternativo en donde todos ponemos tanto las comunidades como la cooperación internacional y el Gobierno Nacional.

Para que este proyecto fuera viable se tuvieron que conformar núcleos productivos, es decir zonas libres de ilícitos verificado por Unodc, que agrupan a los agricultores comprometidos, con esta estrategia.

Después de dos años de concertación y trabajo con nuestras comunidades hemos logrado, poner 5.550 hectáreas bajo núcleos productivos agroforestales libres de ilícitos. 16.333 hectáreas bajo manejo forestal.

Para lograr este propósito se tuvieron que erradicar voluntariamente 500 hectáreas de coca. Un resultado que es más positivo, más efectivo y menos nocivos que los 7 años de fumigación aérea con glifosato por parte del Gobierno Nacional en nuestros territorios.

Esta apuesta de nuestras Comunidades ha llevado a las autoridades propias en cabeza de las Juntas de Gobierno a un reconocimiento y a un fortalecimiento organizativo a través del proceso productivo de la implementación y puesta en marcha del desarrollo alternativo, de esta forma se ha logrado el mejoramiento y establecimiento de 1.200 hectáreas de cacao, 750 hectáreas de rehabilitación de cocotero, implementación de dos sistemas de aprovechamiento forestal de planes de manejo.

Este proceso llevaba un avance del 70 por ciento involucrando a 700 familias de Consejos Comunitarios, esto implica un avance de reconvención de una economía que se había vuelto ilícita a una economía lícita.

A pesar del esfuerzo y los avances logrados:

No entendemos por qué el gobierno, que ha venido apoyando estas iniciativas, toma la decisión de fumigar estos núcleos, cuando los núcleos están verificados por Naciones Unidas y existe un acuerdo entre el Unodc y el Gobierno Nacional, para que esta entidad, se encargue de verificar la presencia de cultivos ilícitos en Colombia.

Por qué no existe una política que permita la real articulación entre las distintas entidades y agencias que trabajan contra los cultivos ilícitos, en este caso, Policía Antinarcóticos, Acción Social de la Presidencia de la República y Unodc.

Tampoco se entiende por qué la cooperación internacional, permite que con los mismos recursos que se apoya el desarrollo alternativo, permite la fumigación de áreas reconocidas como cero ilícitos y que se encuentran trabajando en programas productivos lícitos.

Mientras que nosotros como Consejos Comunitarios no tengamos la claridad, la seguridad y la garantía que los núcleos que se han establecido con tanto esfuerzo, no sean fumigados, hemos decidió suspender las actividades del proyecto Adam - Montebravo.

Le exigimos a Acción Social, Unodc y a la policía antinarcóticos que articulen sus acciones, para eliminar toda posibilidad de que los núcleos sean fumigados, porque están poniendo en riesgo y matando la naturaleza, así como están poniendo en riesgo la vida de los lideres, acabando con los procesos organizativos de estos territorios colectivos y matando la esperanza de los pueblos afrocolombianos.

Nos vemos obligados a clamar la solidaridad de los convocados para lograr cambiar estas políticas y acciones que están violando nuestros derechos, atentando contra nuestras formas de Gobierno y organización, menguando la productividad y afectando nuestra permanencia en el territorio, así como violentando la biodiversidad del Pacifico Colombiano.

Consejo Comunitario Unión del Río Chagui,
Consejo Comunitario el Recuerdo de nuestros Ancestro del Río Mejicano
Consejo Comunitario Unión del Río Rosario
San Andrés de Tumaco, Pacifico Sur Colombiano, Abril de 2009
¡Ayúdenos a divulgar esta carta!

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Parauribismo/
Desterrados por paramilitares dos dirigentes agrarios de Sabana de Torres, Santander
Por Camilo Raigozo

La Asociación Agraria de Santander, Asogras, emitió este martes 5 de mayo, un comunicado en el que denuncia y rechaza “la falta de compromiso con la seguridad de los líderes campesinos Cesar Augusto Tamayo y Rosendo Duarte".

Según el comunicado enviado a este medio, el 22 de abril de 2009, la Asociación solicitó de carácter urgente al Gobierno Nacional, especialmente al Ministerio del Interior y Justicia, la protección de la vida y la integridad de las dos personas debido al inminente asesinato por parte de paramilitares y otras fuerzas oscuras del régimen.

Sin embargo, el Gobierno prestó oídos sordos al llamado de auxilio de los labriegos y su organización.

En vista de la negligencia del régimen, el 30 de abril pasado, Tamayo y Duarte decidieron desplazarse de la zona, para lo cual contaron con el acompañamiento del Observatorio Internacional de Paz (IPO), desde Bucaramanga a Bogotá.

La asociación campesina, afirma que el alcalde del municipio de Sabana de Torres, Uriel Velandia Gutiérrez, tiene previsto para el 6 de mayo de 2009, el desalojo de más de 200 familias, de un predio que le quieren quitar a las comunidades.

En lo que va corrido del año, el régimen a privado de la libertad de forma arbitraria a por lo menos a 10 personas, entre ellos dos mujeres, ha asesinado a otras dos y ha desplazado forzadamente a siete familias.

Las comunidades le exigen al Gobierno que respete y proteja de forma inmediata la integridad física y sicológica de las familias campesinas afiliadas Asogras, así como también se les permita permanecer en sus territorios.

También instaron al régimen a que proteja de manera apremiante los derechos de más de 200 familias que están en eminente riesgo de desalojo por el alcalde de Sabana de Torres.

Los labriegos solicitaron de carácter urgente a la comunidad nacional e internacional su solidaridad y acompañamiento a las comunidades y a su organización Asogras, como también la vigilancia en la protección de los derechos fundamentales, el derecho a la tierra y el derecho a tener una vida digna.

“Llamamos a la solidaridad de todas las organizaciones sociales, sindicales, defensoras de derechos humanos y populares, a estar alertas en la exigencia al Estado colombiano para que se garantice los derechos constitucionales de la población desplazada por la violencia que se vive hoy en Colombia.

"Estar atentos frente al posible desalojo programado por el señor alcalde de Sabana de torres para el 6 de mayo de 2009”, dice en su cierre el comunicado.

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Parauribismo/
Paramilitares atentan contra joven en la comuna 13 de Medellín
Por Red Juvenil de Medellín

Yennifer ha vivido durante toda su vida en el barrio El Salado parte alta de la Comuna Trece; desde hace varios años viene adelantando un trabajo comunitario con jóvenes y niños, incentivando el trabajo de base desde el arte y el campo sicosocial con la finalidad de hacer prevención del reclutamiento del ejercito y de los grupos armados ilegales y promoción de la noviolencia, la objeción y el antimilitarismo.

Desde su valioso trabajo, se ha articulado a la Corporación Seminis de la cual es socia y fundadora; a la Red Juvenil de Medellín y al periódico Periferia; durante su recorrido ha participado de otros trabajos organizativos de la ciudad como el de la Asociación Cristiana de Jovenes.

Durante la Operación Orión desarrollada por agentes estatales, y que condujo a la consolidación del paramilitarismo en la Comuna 13, su hermano fue asesinado al resistirse a vincularse a un grupo armado.

Llo que ha incentivado mas el trabajo de Yennifer en la zona convirtiéndose en un testimonio de la resistencia a la violencia que por años ha asechado esta comuna de la ciudad; ese mismo trabajo la ha puesto en la mira de los grupos armados legales e ilegales de tiempo atrás, dentro de los hechos más relevantes destacamos los siguientes:

En el mes de octubre del año pasado en el marco de desarrollo del Foro Social de Medellín, que tuvo como temáticas centrales las problemáticas de pobreza y desconexión de los servicios públicos domiciliarios.

Cuando Yennifer se encontraba con otros compañeros repartiendo publicidad en el Barrio Las Independencias de esta misma Comuna, fue abordada por varios hombres que se identificaron como paramilitares, los cuales pretendían quitarles la información y las cámaras que llevaban, ante la negativa de ella y la confrontación verbal con estos hombres fue amenazada por ellos; sin embargo, ella nunca salió del sector.

Desde todo el trabajo comunitario ha presentado varias denuncias por las violaciones a los Derechos Humanos que se cometen en esta zona por los grupos armados, lo que la ha puesto en alto riesgo.

El día de ayer 3 de mayo del 2009, siendo las 6 y 30 de la noche cuando Yennifer se dirigía a su casa, fue abordada por tres hombres en el sector del Salado, quienes la cogieron del bolso bruscamente y comenzaron a apuñalearla, dejándole varias heridas en los brazos dado que ella trato de protegerse, por que las agresiones iban dirigidas a su rostro.

Ella reaccionó diciendo que no la atacaran que era estudiante, pero los hombres no dijeron nada, la tiraron al piso y le dejaron las pertenencias; de allí fue trasladada por un vecino que la vio, a la Unidad intermedia de San Javier con heridas graves.

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Mortandad narcocrática/
Denuncian ametrallamiento del Ejército a comunidades negras
Camilo Raigozo

Según denuncia de la organización social Cococauca, el pasado domingo 4 de mayo, a la una y cuarenta minutos de la tarde, desde dos helicópteros, el Ejército Nacional disparó contra las comunidades negras de la localidad de Rotura, territorio colectivo del Consejo Comunitario de Mamuncia, en el municipio de López de Micay, Cauca.

La agresión dejó como resultado, a tres adultos y un niño heridos, y a nueve casas y la escuela seriamente averiadas. Al día siguiente hicieron presencia en el lugar el alcalde y varios concejales del municipio, el representante legal del Consejo Comunitario la Mamuncia y un defensor de los derechos humanos, de quienes se espera emitan un comunicado informando a la opinión pública lo sucedido.

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Paradoja
Estados Unidos ya se beneficia por aflojamiento del embargo a Cuba
Los estados de Virginia y Maryland se preparan para apertura comercial con la isla
Por: Efe/ El Espectador/ Notimundo

Los gobiernos estatales de Maryland y Virginia han empezado a prepararse para una eventual apertura comercial de Estados Unidos con Cuba, afirmó el diario The Washington Post.

Los funcionarios encargados de comercio en los dos estados, que rodean al Distrito de Columbia, "perciben los vientos de cambio en la relación tempestuosa de EEUU con Cuba" a casi 50 años de iniciado el embargo estadounidense.

Los productores agropecuarios de Virginia ya se benefician por el aflojamiento de algunas de las reglas del embargo, y en cinco años sus exportaciones a la isla han subido de 1 millón de dólares a más de 40 millones.

El intercambio de Maryland con Cuba ha sido más modesto, pero aún así el año pasado ese Estado gastó 6.000 dólares en una misión comercial que concluyó con un acuerdo para la venta de frijol de soja por 12,8 millones de dólares.

"Hay mucho interés", dijo al diario Todd Haymore, comisionado del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor en Virginia.

"Nos damos cuenta de que algo ocurrirá sobre la base de lo que ya ha hecho el gobierno de (el presidente Barack) Obama, simplemente el hecho de que se habla al fin de cambiar políticas que han estado aplicándose por más de cuarenta años".

El Post recordó que Virginia hizo sus primeros tratos con Cuba durante la gestión del ex gobernador Mark Warner y ahora está en el sexto lugar entre los estados que exportan a Cuba.

En 2003, Virginia despachó a Cuba más de 838.000 dólares en frijol de soja y manzanas, la primera exportación de este tipo desde que Estados Unidos amplió su embargo en 1962.

El año pasado las exportaciones virginianas a Cuba, incluidos productos porcinos, manzanas y soja, sumaron 40,7 millones de dólares.

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