viernes, septiembre 18, 2015

Ovidio Quiroz, dirigente sindi
cal amenazado por paramilitares.
Parauribismo
Amenazas contra dirigente sindical de Prosegur
Por Escuela Nacional Sindical

Preocupación en los medios sindicales suscitaron las amenazas de muerte que en los últimos días ha recibido Ovidio Quiroz, trabajador de la multinacional Prosegur y dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Compañía Transportadora de Valores Prosegur de Colombia (Sintravalores), Seccional Medellín.

La esposa de Quiroz fue objeto de una llamada telefónica de una persona anónima, quien con voz electrónicamente disfrazada le advertía que el cuerpo de su marido le llegaría “hecho picadillo”.


No es la primera vez que Quiroz recibe este tipo de amenazas. En el 2012 un jefe suyo de Prosegur en Medellín lo acusó formalmente de “terrorista”, lo que hizo que temiera por su vida, ya que en Colombia la vinculación de alguien con el conflicto armado puede resultar letal.

En años posteriores no solo fue seguido en la calle por desconocidos que iban en moto, lo que nuevamente le generó temor, sino que un extraño le estuvo tomando fotos a su hijo cuando jugaba fútbol.

Prosegur, filial de la empresa matriz española del mismo nombre, desde que llegó a Colombia se ha mantenido en disputa con Sintravalores, sindicato con el que ha roto todo diálogo y lleva unas relaciones completamente judicializadas.

En una de esas acciones judiciales 7 trabajadores, entre ellos Ovidio Quiroz, fueron demandados por Prosegur por supuestas calumnias cometidas contra la empresa y sus directivos durante un mitin realizado por los trabajadores. 

Demanda por una cuantía absurda, además: asciende a medio millón de dólares, para trabajadores que no ganan ni 400 dólares al mes. Y no solo eso, por ese caso también recibieron en sus casas la visita de agentes de la Fiscalía.

jueves, septiembre 17, 2015

Diálogos de paz
Las FARC EP anuncian que el punto sobre Justicia está próximo a ser aprobado
Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Delegación de Paz de las FARC EP emitió este 17 de septiembre un comunicado donde, entre otros puntos, anuncian que “El decisivo componente de justicia del Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, está a las puertas de un entendimiento”.

A continuación transcribimos en su integridad el comunicado:

La Habana, Cuba, sede de los Diálogos de Paz, 17 de septiembre de 2015

Perspectivas de la paz

De manera simultánea en varios frentes avanza la discusión temática en la Mesa de Conversaciones de La Habana.

El decisivo componente de justicia del Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, está a las puertas de un entendimiento.

La importancia de esta eventualidad radica en que desataría una dinámica positiva de redacción de convenios sobre tópicos pendientes, como la expansión de la democracia, el desarrollo del esencial sub punto 5 Fin del Conflicto donde se consigna que:

“El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”.

También permitiría tomar en serio el mandato de la Agenda de esclarecer el fenómeno del paramilitarismo, y lo que es más urgente para el futuro de la paz, su desarticulación, porque con guerra sucia el post acuerdo constituiría una mentira. Esa amenaza debe desmontarse si queremos reconciliación.

Se siguen construyendo consensos sobre Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y se avanza en el análisis del aspecto Dejación de las armas.

Y sobre la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, estamos listos para abordar y discutir los procedimientos para el tránsito de organización alzada en armas a movimiento político abierto.

Al respecto, hemos entregado a los plenipotenciarios del Gobierno un paquete de propuestas básicas que esperan concreción.

Ha llegado la hora de retomar la discusión sobre “asteriscos” o asuntos cuya discusión fue postergada como por el ejemplo, el establecimiento de la cantidad de hectáreas que conformarán el Fondo de tierras, necesario para la ejecución de la Reforma Rural Integral, y también es tiempo de sacar del refrigerador las salvedades para airearlas y buscar consenso en torno a ellas.

Está cerca, sin duda, el cierre del acuerdo sobre el punto 5 Víctimas, puesto que el insoslayable asunto de la Reparación dispondría en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, de mecanismos para entregar satisfacción a las víctimas del conflicto.

El sub punto 1, Derechos Humanos, podría ser evacuado con voluntad política, con una declaración de acuerdo y compromiso sobre principios que reivindiquen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para las mayorías.

Esperamos se realice el Foro sobre Fin del Conflicto bajo el auspicio del Centro de pensamiento de la Universidad Nacional y de Naciones Unidas, para que el movimiento social y político vierta su opinión sobre la Mesa, ya que “la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción, incluidas otras organizaciones guerrilleras”.

En tal sentido, resaltamos que es importante y muy necesario, que ahora más que nunca se dejen sentir plenamente las voces de la ciudadanía, la palabra del pueblo mediante sus organizaciones sociales y políticas, opinando y decidiendo sobre el rumbo del proceso de paz y el destino de Colombia, y que esta práctica sea la ejercitación del soberano en su papel de constituyente primario, hasta alcanzar el momento de la refrendación y la implementación de lo que debe ser un Tratado de paz para la historia.

Nosotros estamos listos para proseguir la marcha concertada de la voluntad nacional hacia el acuerdo definitivo, punto de partida para las transformaciones democráticas y progresistas.

La paz está tocando a la puerta de Colombia y exige que el conflicto armado quede atrás como memoria colectiva de algo que no debe repetirse jamás, de tal manera que aseguremos el futuro de paz y vida digna de las nuevas generaciones de colombianos.

Delegación de Paz de las FARC EP


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Diálogos de paz
Viabilización, implementación y procedimiento del preacuerdo sobre presos políticos
Por: Wldarico Flórez Peña*

El Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una paz Estable y Duradera busca poner fin al conflicto interno y acordó para ello una mesa de negociación y una agenda, que hoy aborda el fin del conflicto y establece en su numeral tres la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas por pertenecer o colaborar con las FARC-EP.

En ese sentido se creó una comisión jurídica por las partes para estudiar y proponer iniciativas al respecto, pero son muchas las dudas que se suscitan sobre los ejes que se han venido discutiendo:
1. Comisión de amnistías e indultos.
2. Tribunales de paz.
3. Presos Políticos.

Varias organizaciones hemos venido promoviendo diversas iniciativas legislativas, como la reforma a la política de extradición, amnistía e indulto general para los presos políticas, entre otros.

Pero surgen muchas dudas al respecto si efectivamente los acuerdos de la Habana se implementaran, verificaran y refrendaran tal como está previsto en su punto seis o se aplicaran teniendo en cuenta la Constitución del 91, es decir, como lo prevé el artículo 150 de la carta-

en su numeral 17 con respecto a la situación de los presos políticos y aún más quienes serán los beneficiarios, como se postularan, habrá un procedimiento para los condenados inocentes, si esas amnistías se extenderán a los inhabilitados disciplinaria y fiscalmente.

Todo apunta entonces a que el trabajo pedagógico que se haga en las cárceles con los presos políticos debe ser muy transparente y claro, para lo cual se deben establecer mecanismos que permitan y faciliten esa pedagogía a través del Inpec, ya que esta institución poco ha facilitado el trabajo de las ONG de DDHH al respecto.

También el mencionado artículo 150 de la carta prevé otros mecanismos como son las facultades extraordinarias al Presidente de la República en su numeral 10, y todo apunta a que este mecanismo también vaya a ser utilizado por el ejecutivo para llevar a cabo varios puntos de la Agenda de la Habana a través de una Comisión Legislativa.

Es decir que buena parte de la agenda de la Habana, pasara por el filtro de la Constitución del 91 a no ser que se acoja el mecanismo de refrendación de la Asamblea Nacional Constituyente que propone las FARC EP.

En ya conocido que el Gobierno radico el proyecto de acto legislativo, por medio del cual se implementaran los diálogos de la Habana, atendiendo a que atravesamos un momento excepcional y por lo tanto se deben implementar mecanismos excepcionales, para luego viabilizar e implementar dichos acuerdos.

También se plantea que habrá una refrendación popular, para luego ser implementados y que se crearan mecanismo de procedimientos especiales con tiempo de seis meses, para que esa Comisión Legislativa Especial (una mini constituyente), tramite las reformas constitucionales, leyes estatutarias entre otras.

Con las Facultades Extraordinarias al Presidente se busca la forma de expedir Decretos Leyes en los primeros noventa días para crear las instituciones especiales nuevas que implementen los acuerdos de la Habana.

Buena parte de los partidos y movimientos han acogida la propuesta del Gobierno, pero hay muchas dudas también sobre la participación de las FARC-EP en dicha Comisión, pues debe ser las partes en la Mesa las que acuerden cual será el mecanismo a seguir,-

ya que la mencionada Comisión Legislativa estará integrada hasta ahora por los miembros de las comisiones primeras de Senada Y cámara y que será la Corte Constitucional la que tendrá la última palabra para su control de legalidad.

Muchas dudas también surgen sobre el Tribunal de Paz, si estos son de carácter regionales o de que tipo, quienes los componen, cuales son los requisitos y su forma de funcionamiento, si sus decisiones serán cosa juzgada o serán acatadas por los organismos internacionales. O se limitaran únicamente a mecanismos de resolución de diferencias.

Finalmente sugerimos que en el caso de los presos políticos se deben manejar algunas categorías que permitan la implementación de la eventual amnistía e indulto general:

• Que se puedan hacer postulaciones individuales y colectivas
• Revisión de los procesos donde hayan actuado como testigos reinsertados.
• Revisión de casos de opositores políticos.
• Casos de condenas de reos ausentes.

• Detenciones masivas y arbitrarias.
• Casos de condenas por computadores y otros aparatos similares
• Casos de Líderes campesinos
• Falsos positivos judiciales
• Pensamiento crítico
• Protesta social entre otros casos para revisión.

En conclusión es urgente que las partes en la Habana le den aplicación al numeral 6 de las Reglas de Funcionamiento, es decir que se reciba en la Mesa una delegación de ciudadanos y organizaciones de los Presos políticos para escuchar las diferentes-

propuestas e iniciativas y experiencias internacionales al respecto y que concluya con un Foro Nacional sobre el delito político impulsado con el auspicio de un tercero que puede ser las Naciones Unidas, La comisión de paz, y la Conferencia Episcopal de Colombia entre otros.

*Presidente de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza


Foto: Radio Santafe
La minería está afectando gravemente a comunidades en Bogotá y el altiplano cundiboyacense
Por Adriana Cuellar

El próximo jueves 17 de septiembre se llevará a cabo en el Salón Boyacá del Congreso de la República, a partir de las 8:00 a.m. la audiencia pública “Conflictos Sociales y Ambientales de la Actividad Minera en Espacios Urbanos y Rurales: 

Casos representativos en Bogotá y el Altiplano Cundiboyacense” convocada por el Representante a la Cámara Alirio Uribe Muñoz.

A la audiencia están citados el Ministro Ambiente, los directores de las CAR de Boyacá y Cundinamarca, la secretaría de Ambiente de Bogotá, el alcalde de Soacha, la Agencia Nacional de Minería y el Instituto Alexander Von Humboldt.

El objetivo de la audiencia es mostrar cómo la minería está afectando gravemente comunidades urbanas y rurales en Colombia, en materia ambiental social y económica.

En la audiencia pública se presentarán 5 casos emblemáticos de Bogotá y el Altiplano Cundiboyacense: Bogotá (afectaciones de la extracción de materiales de construcción en las zonas de Potosí y la cuenca del río Tunjuelito); 

Soacha y el impacto de la actividad minera en el área urbana y en ecosistemas del páramo de Sumapáz; Suesca y los efectos sociales y ambientales de la extracción y procesamiento de cemento; y el potencial arrasamiento de ecosistemas y bosques en el municipio de Gachantivá.

“Ahora que está en cartelera esa película “Colombia, Magia Salvaje”, es bueno preguntarle a las instituciones del orden nacional y territorial, cómo es que se pretenden cuidar nuestras aguas, nuestros suelos y la biodiversidad existente. 

Que no nos salgan con discursos, sino con acciones, pues las comunidades ciertamente no quieren afectaciones a su bienestar, y el camino al desarrollo no puede ser solo con minería, hay que estimular otras visiones y actividades económicas más sustentables”, afirmó el representante a la Cámara Alirio Uribe.

En el caso de Gachantivá, municipio del centro de Boyacá, casi la totalidad del municipio quiere un destino distinto a la minería. Y en tal sentido parece ir la administración municipal, la cual antes de finalizar el período legal pretende dejar listo el proyecto de acuerdo para realizar la consulta popular.

Foto: Rcn
“La consulta popular será la que nos dé la legitimidad de nuestras reivindicaciones como campesinos y defensores de la riqueza natural de nuestro municipio, allí con total certeza el 99 por ciento de los habitantes dirá NO a la minería y SI a la vida”, dice Clara Ángel, una de las integrantes del Movimiento Cívico por el Agua y por la Vida de Gachantivá.

Sin embargo, no todas las administraciones locales están pensando en mecanismos de control estricto a la actividad minera a nivel territorial, ejemplo de esto es el caso de Soacha (Cundinamarca) municipio vecino de Bogotá que sufre graves alteraciones tanto en el área urbana como en las zonas rurales por cuenta de la minería.

De acuerdo a información oficial, el área titulada por la Agencia Nacional de Minería (ANM) ocupa cerca del 20 por ciento del municipio dejando a su paso graves daños ambientales y sociales. Al respecto la actuación de las autoridades ambientales del municipio encargadas del control de la minería, deja mucho que pensar. 

En revisión de documentos oficiales de la administración municipal, aparecen referencias de una posible vinculación familiar de la Directora de la Oficina Ambiental de Soacha con representantes legales de los títulos mineros actualmente vigentes. 

“¿Sera que acaso en Soacha el “ratón está cuidando el queso de la minería”, y por esto no se hacen efectivos ni se implementan los planes de manejo ambiental de las canteras, dejando a su paso miles de hectáreas con pasivos ambientales que luego se convertirán en futuros barrios subnormales de Soacha?”, es la pregunta que se lanza al aire por parte de un vocero del Movimiento Ambiental Caminando el Territorio.

Foto El Espectador
En Cundinamarca y Boyacá se hallan muchas coincidencias en materia de conflictos, tipo de explotación y hasta empresas involucradas. 

Es el caso de Cementos Tequendama, empresa que instaló a escasos metros del casco urbano de Suesca (Cundinamarca) una planta cementera, la cual ha ocasionado graves conflictos ambientales y en materia de salud, según denuncian voceros del Movimiento Cívico Aire Puro para Suesca. 

Esta misma empresa es denunciada por habitantes de Gachantivá, la cual a pesar de tener licencia ambiental y título otorgado por la ANM, por oposición de las comunidades locales, no ha podido entrar en fase de explotación.

De esta dinámica de la actividad minera no es ajena la ciudad de Bogotá, donde las canteras para la explotación de materiales de construcción y su procesamiento, tornan difícil las condiciones de vida en las áreas periféricas de la ciudad. En tal dinámica se ven afectadas localidades como Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.

Ejemplo de esto son las afectaciones sobre la cuenca alta del río Tunjuelito y los daños que ocasionan la extracción de materiales de construcción en el sector de Potosí, localidad de Ciudad Bolívar. 

“La actividad minera en nuestros territorios ocasiona enfermedades, daño a nuestros espacios comunes, afecta la vida de una zona con graves problemas sociales y con escasas oportunidades. 

La minería termina beneficiando a unas cuantas empresas como Cemex y Holcim, las cuales derivan altas rentabilidades, no compensan a la ciudad por los daños y el empleo que generan es mínimo y precario”, afirma Andrey Tellez, vocero del Movimiento Cívico “No le saque la piedra a la montaña”.

Estos casos serán objeto de amplia denuncia en la audiencia pública convocada por el representante a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz, donde serán voceros de estos municipios y comunidades los que expongan y denuncien los graves conflictos ambientales sociales y ambientales en sus territorios.

“Aparte de la película que se promociona en todo el país, y que retrata nuestra riqueza, está para la ciudad de Bogotá la oportunidad de transformar esta realidad, de buscar adecuarnos al cambio climático. 

Bogotá este fin de semana acogerá la cumbre de ciudades como preparación para la cumbre del Cambio Climático que se celebrará en diciembre en París. 

Que bueno sería que se escucharan estos casos y se plantearan reales soluciones para la ciudad de Bogotá y la región centro del país.”, concluyó el representante del Polo.

miércoles, septiembre 16, 2015

Diálogos de paz
Unilateralidad e imposición conducen al fracaso: FARC EP

“Proyecto de Acto Legislativo no fue consensuado con la insurgencia”

La Habana, Cuba – El jefe de la Subcomisión Técnica de las FARC-EP, Carlos Antonio Lozada, expuso hoy la visión insurgente sobre el desarrollo general de los diálogos.

Según el vocero, el cierre del debate sobre justicia o la culminación del punto sobre víctimas, no significan la firma del acuerdo final todavía, ya que quedan muchos puntos por resolver: el punto 3 “Fin del Conflicto”, el punto 6 sobre implementación y refrendación; 22 asteriscos postergados y 28 salvedades de los primeros 3 acuerdos parciales.

Sobre el punto “Implementación, verificación y refrendación”, Lozada insistió que debe ser discutido de forma bilateral. El Proyecto de Acto Legislativo, presentado ante el Congreso, en el que se establecen instrumentos jurídicos para la implementación del acuerdo final, no fue consensuado con la insurgencia.

Las FARC-EP han puesto a consideración de la contraparte dos propuestas sobre la mesa, en el marco del sexto punto: la creación de una Comisión de Acompañamiento para el Desarrollo Normativo de los Acuerdos, y la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente.

Concluyó diciendo: “Para qué insistir entonces en procedimientos que probado está, solo sirven para plagar con desconfianza el ambiente que debe rodear a las partes que se aproximan a la firma de un pacto histórico?”

Oficina de Prensa de la Delegación de Paz FARC-EP

Diálogos de paz
Las FARC EP le recuerdan al Gobierno que no es bueno para la paz tomar decisiones unilaterales
Por Camilo Raigozo. Notimundo

En un comunicado recibido en la redacción de Notimuno la delegación de paz de las FARC EP afirman que a pesar de que los diálogos van por buen camino aun quedan algunos escollos por salvar y le recuerdan a su contraparte que las decisiones unilaterales no son buenas para conseguir la paz.

A continuación transcribimos el comunicado en su integridad:

La Habana, Cuba, sede de los diálogos de Paz, 16 de septiembre de 2015

Es necesario consensuar

A pesar de las dificultades propias de un proceso complejo que apunta a acabar con el conflicto armado y sus causas, hasta ahora las conversaciones marchan por buen camino. No obstante, es necesario recordar que el cierre del “componente justicia”, o la culminación del punto “víctimas”, no son la firma del Acuerdo Final, No.

Todavía queda pendiente cerrar el punto “Fin del conflicto”, de manera simultánea e integral en sus siete numerales, lo cual implica dejar precisados los consensos sobre el tránsito de las FARC a la vida política y social abierta, bajo el cobijo de suficientes garantías, que se puedan disfrutar en absoluta libertad.

Reglón seguido, habrá que concluir el acuerdo sobre implementación y refrendación, los 22 asteriscos postergados en los tres acuerdos parciales (digamos por caso, la definición del número de hectáreas que integrarán el fondo de tierras) y, además, las 28 salvedades relacionadas con el conjunto de la Agenda, entre las que se encuentra la delimitación a la propiedad y a la extranjerización de la tierra, por ejemplo.

La implementación, verificación, la refrendación contemplados en el sexto punto de la Agenda, no son asuntos que conciernen sólo al gobierno. Su tratamiento requiere bilateralidad, compromisos mutuos, acuerdo.

Por ello nos sorprende la noticia sobre la presentación a consideración del Congreso del Proyecto de Acto Legislativo "por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para los desarrollos normativos necesarios para facilitar y asegurar la Implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera".

Esta iniciativa cuyos contenidos no fueron consensuados con la insurgencia, parece que correrá la misma suerte del Marco Jurídico para La Paz, que terminó hundido sin pena ni gloria. Y agreguemos que la intención de definir unilateralmente los contornos de la negociación, obstaculiza y va en contravía del acuerdo referido a “agilizar en La Habana y desescalar en Colombia".

En una conversación de paz, la unilateralidad y la imposición, son los atajos que no debieran tomarse, porque conducen al fracaso. ¿Para qué insistir entonces en procedimientos que probado está, solo sirven para plagar con desconfianza el ambiente que debe rodear a las partes que se aproximan a la firma de un pacto histórico?

Vale precisar que respecto al diseño de la normatización de los acuerdos, el gobierno ya tiene conocimiento de nuestra propuesta de crear una “Comisión de Acompañamiento para el Desarrollo Normativo de los Acuerdos”, y suficientes iniciativas para combinar sus puntos de vista con los de la insurgencia en materia de refrendación, lo cual incluye nuestra propuesta de máxima participación ciudadana en una Asamblea Nacional Constituyente.

Delegación de paz de las FARC EP.


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martes, septiembre 15, 2015

Puerto Libertador, Córdoba
Acusan al candidato a la alcaldía del partido Unidad Nacional de compra de votos
Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Asociación Campesina del Sur de Córdoba, Ascsucor, denunció que el pasado 6 de septiembre en el corregimiento de Juan José, jurisdicción del municipio de Puerto Libertador, Córdoba, el aspirante a la alcaldía local Rey Callejas en una manifestación proselitista de su partido, Unidad Nacional entregó de mercados, dinero y demás favorecimientos para la compra de conciencias.

“Rey Callejas tuvo una manifestación proselitista en la cual cometió el delito de ‘corrupción al sufragante’ mediante la entrega de mercados, dinero y demás favorecimientos que degradan el buen uso de la democracia participativa”, expresa la fuente en su documento.

A renglón seguido la asociación campesina agregó que “Vemos con preocupación que actividades de esta índole continúen usándose como mecanismos de convencimiento a la población campesina, reconociendo que quien aspira a un cargo público elegido por voto popular y compra votos no es un servidor social sino un empresario que invierte para luego sacar provecho y usufructo personal del cargo al que aspire”.

En ese mismo sentido los campesinos también acusaron a Daniel Paternina, candidato al concejo municipal por Cambio Radical de estar cometiendo los mismos delitos ya que –expresa la fuente- “en la casa de  Eduardo Mercado, en el corregimiento Juan José, entrega mercados y de manera descarada compra votos a los habitantes de la región”.

lunes, septiembre 14, 2015

Terrorismo de Estado
Mindefensa y Ejército deberán pedir perdón públicamente por masacre de San José de Apartadó
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El  Consejo de Estado validó el acuerdo de conciliación pactado entre los familiares de las víctimas de la masacre de la comunidad de Paz de San José de Apartado y el Ministerio de Defensa para dar cumplimiento a la condena proferida por el Tribunal Administrativo de Medellín en octubre de 2012.

La masacre fue perpetrada por terroristas pertenecientes a la Brigada 17 del Ejército conjuntamente con paramilitares, bajo la demencial estrategia militar-paramilitar del régimen de terror del presunto cabecilla paramilitar Álvaro Uribe, el 21 de febrero de 2005 en las veredas Mulatos y La Resbalosa.

Los criminales oficiales y paraoficiales del régimen asesinaron a cinco adultos y tres niños. Algunas de las víctimas fueron degolladas y desmembradas, unas tiradas en fosas y otras dejadas a la intemperie.

Tanto Uribe como los altos mandos militares y sus cómplices, los medios de “comunicación”, trataron en un principio de desviar la atención y las investigaciones culpando de la masacre a las FARC EP, un libreto que repitieron decenas de veces sin ninguna vergüenza.

Carlos Andrés Torres, ase
sinado por terroristas de la
Brigada 17 del Ejército el
9 de abril de 2013.
Los sátrapas hubieran logrado su objetivo sobre el horrendo hecho, de no haber sido por una comisión de senadores estadounidenses que realizó su propia investigación y concluyó que: “El Ejército fue responsable de la masacre de los miembros de la Comunidad de Paz del 21 de febrero de 2005. Encontramos evidencias creíbles de la cooperación y coordinación extensiva entre el Ejército y los paramilitares”.

El alto tribunal determinó que por la masacre el Ministerio de Defensa y la Brigada 17 del Ejército pidan perdón públicamente a los familiares de las víctimas y a la sociedad en general en una ceremonia. Igualmente tendrán que reconocer su participación en la misma.

Las investigaciones pudieron establecer que la noche del 21 de febrero de 2005 los asesinos del Ejército y sus paramilitares torturaron, asesinaron y descuartizaron a las víctimas.

Luego de la masacre varias familias de la comunidad se vieron forzadas a abandonar sus tierras, que era justamente el objetivo que pretendía el régimen, como ocurrió en todo el territorio nacional para entregarle las tierras abandonadas a ganaderos, palmeros, multinacionales, megaproyectos, etc.

En su conocida táctica criminal para justificar los asesinatos, Álvaro Uribe acusó a los miembros de la comunidad de ser colaboradores de la guerrilla de las FARC EP.

Desde la masacre de febrero de 2005 han sido asesinados por la alianza militar-paramilitar al menos otros 19 miembros de la comunidad de paz.

A finales de ese mismo año seis jóvenes fueron acribillados mientras dormían. El comandante de la Brigada 17 inmediatamente acusó sin ningún fundamento del séxtuple crimen a guerrilleros del frente 58 de las FARC EP.

Como siempre, los medios de comunicación repitieron la falacia cientos de veces convirtiéndola en verdad, mientras que la Procuraduría, afecta siempre al estamento militar  no se quedó atrás y declaró a la nueva masacre como un crimen de guerra de la insurgencia.

En esta ocasión no hubo comisión de congresistas de Estados Unidos que investigara y por lo tanto la masacre de los jóvenes permanece en la impunidad.

Una de las últimas víctimas fue Carlos Andrés Torres, de 20 años, quien fue asesinado por terroristas de la Brigada 17 del Ejército el 9 de abril de 2013, en Caracolí, corregimiento de San José de Apartado.

Entre 1977 y el año 2012 al menos 202 personas fueron asesinadas por la alianza entre militares y paramilitares. 

Para evitar el exterminio a manos de la demencial estrategia, el 23 de marzo de 1997 los pobladores crearon la Comunidad de Paz de  San José de Apartadó, pero las cosas no cambiaron mucho, especialmente en los ocho años del régimen de terror de Uribe.

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