sábado, enero 12, 2013

Corinto, Cauca
Rectificación sobre el secuestro y desaparición de campesino
Por Camilo Raigozo

El pasado 24 de diciembre este medio publicó un artículo bajo el título: “El Ejército Nacional secuestró y desapareció a campesino”, donde señalamos directamente al Ejercito Nacional como responsable de dichos delitos en la humanidad del campesino Alexander Noscue Canas.

Dicha información (1) se basó en la denuncia que al respecto la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Francisco Isaías Cifuentes, Reddhfic, envió a nuestra redacción y de la cual extractamos fielmente los datos para la redacción de nuestra publicación.

Sin embargo ayer 12 de enero de 2013, Reddhfic rectificó la información de la denuncia aclarando que no fueron, por lo menos aparentemente, miembros del Ejército Nacional quienes secuestraron y desaparecieron al campesino Noscue Canas, sino supuestos agentes de la Sijin.

Por el error ofrecemos disculpas a nuestros lectores y a la institución afectada.

La siguiente es la nueva versión de los hechos, de acuerdo a la rectificación y aclaración  de Reddhfic enviada a nuestra redacción:   

El jueves 1 de noviembre de 2012, en el corregimiento El Barranco, frente a la entrada de la hacienda García Abajo, cerca del puente sobre el río Guengué, zona bajo control militar, donde operan retenes móviles militares pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo, fue detenido por supuestos agentes de la Sijin el campesino Alexander Noscue Canas.

El labriego transitaba por el lugar mencionado, el cual queda sobre la vía que comunica a los municipios de Miranda y Corinto, conduciendo una moto, en compañía de un lugareño. Repentinamente un carro y una moto se les atravesaron cerrándoles el paso.

Bajaron cinco sujetos que dijeron ser agentes de la Sijin y sin ningún motivo golpearon a Alexander Noscue Canas. Luego uno de los agentes del Estado subió violentamente al labriego al automotor.

A la persona que acompañaba a Noscue Canas, los agentes de la Sijin le quitaron las llaves y los papeles de la motocicleta. Acto seguido se marcharon con dirección al municipio de Miranda.

Desde ese momento y hasta la fecha, los familiares y amigos del campesino Alexander Noscue Canas desconocen su paradero.

Según Reddhfic, versiones de los lugareños señalan que hasta el pasado 19 de diciembre Noscue Canas  permanecía con vida y había sido objeto de torturas en un lugar desconocido.  Las autoridades competentes no han tenido el menor interés en investigar los hechos.

Igualmente –agrega la fuente- días antes de su secuestro y desaparición, Alexander Noscue Canas le contó a su compañera que cuando estaba en un establecimiento de comercio varios militares le pidieron los documentos de identidad y uno de los soldados lo agredió y le tomó fotografías.

Corinto, Cauca
Miembros del Ejército agredieron a la población y trataron de secuestrar a un campesino
Por Camilo Raigozo

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Francisco Isaías Cifuentes, Reddhfic, denunció que el pasado domingo 6 de enero, a las 8 de la mañana, a la vivienda del campesino Rafael Villano ubicada en la vereda La Cominera,  arribaron militares del Ejército.

Los uniformados pertenecientes a la Brigada Móvil 14 de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo, le exigieron al campesino los documentos de identificación a lo que él accedió.

Posteriormente los militares intentaron secuestrar a Villano, pero encontraron la resistencia de los familiares, amigos y vecinos, quienes les exigieron explicaciones del porqué y hacia donde se lo llevaban a la fuerza.

También les exigieron a los agresores mostrar la orden judicial emitida por la autoridad competente donde se autorizaba la detención del campesino.

Los regulares solo atinaron a decir que se lo llevaban para una base militar que dista unos cuatro kilómetros del lugar de los hechos, acción totalmente arbitraria y de abuso de autoridad.

A la una y 20 de la tarde los militares lanzaron gases lacrimógenos y dispararon de forma indiscriminada sobre la población civil.

Los disparos de uno de los soldados impactaron a 20 centímetros de los campesinos Graciliano Trochez, presidente de la junta de acción comunal, Alfonso Amezquita y Leonel Enriquez.

Varios niños y niñas se desmayaron por la afectación que les produjo lo gases lacrimógenos y por el impacto sicológico que les causó la agresión militar.

Cuando los campesinos se habían dispersado por la acción de los gases y por las demás agresiones del ejército, los militares dispararon contra varias motos que se encontraban parqueadas provocando la destrucción de varias de ellas.

Los campesinos afectados por el ataque militar a sus motos fueron: Leonel Rodríguez, cuya moto recibió 25 tiros; Luis Ever Coicue Pavi, cinco impactos; Yohan Eder Yule Talaga, 4 impactos; Hugo Alberto García, 3 impactos; Nasario Jurado, 2 impactos y la moto de Nefer Enriquez, un impacto.

viernes, enero 11, 2013

Terrorismo made in USA/
EU no mantendrá terroristas en Afganistán sin garantías de impunidad para sus crímenes
Por: Camilo Raigozo

Según informa RT, en pocos meses los terroristas abandonarán las calles y regresarán a las bases para entrenar al Ejército afgano

Con cinismo, el imperio estadounidense condiciona la presencia de sus tropas terroristas en el país invadido después de 2014, únicamente si obtiene la garantía del gobierno de total impunidad (inmunidad, llama Obama) para sus criminales.

“Barack Obama y Hamid Karzái han acordado transferir el liderazgo en la lucha contra el Talibán a las fuerzas de seguridad afganas ya en los próximos meses. Los militares estadounidenses saldrán de las calles y regresarán a las bases para ocuparse de entrenar al Ejército de Afganistán”, menciona la fuente.

“En mi opinión, no sería posible tener ningún tipo de presencia de tropas sin garantías de que habrá inmunidad para nuestros hombres y mujeres”, señaló el presidente Obama en una rueda de prensa conjunta con su homólogo afgano.

Sin embargo Karzái se negó a concederles a los terroristas invasores tan indignantes garantías, propias de gobiernos lacayos como los que ha padecido Colombia a través de su historia hasta hoy.

El presidente afgano no tuvo otra alternativa pues ese fue el compromiso adquirido con su pueblo, víctima de los más brutales y oprobiosos ataques cometidos por la banda terrorista OTAN, liderada por el gobierno de Estados Unidos.

jueves, enero 10, 2013

Seguridad narcocrática/
Condenado militar que estuvo en poder de la guerrilla por asesinatos a sangre fría
Por: Camilo Raigozo

El sargento Pedro José Guarnizo Ovalle , quién perdió la libertad por más de cinco años a manos de la insurgencia de las FARC en acciones del conflicto social y armado, fue condenado a 33 años de cárcel por su participación en el asesinato de varios campesinos en el Meta, bajo el plan de exterminio a la Unión Patriótica.

La determinación fue proferida por el Tribunal Superior del Meta el pasado 14 de diciembre, después de revocar  una sentencia absolutoria de segunda instancia dictaminada por un juez especializado de Villavicencio.

Según el acervo de pruebas testimoniales y técnicas en poder de la justicia, el sargento participó en una masacre el 20 diciembre de 1992 en Puerto Unión, Meta, donde fueron asesinados los campesinos Gustavo Jaramillo, Leovigildo Castellanos, Dumar Castellanos y José Ignacio Gutiérrez, por ser simpatizantes de la Unión Patriótica.

Después de haber perdido la libertad a manos de las FARC en acciones del conflicto, Guarnizo Ovalle fue abandonado a su suerte en la selva por la cúpula militar y por el régimen a quién le defendió sus intereses.

El sargento Guarnizo sobrevivió a una acción irresponsable de rescate a sangre y fuego llevada a cabo por la Fuerza Pública el 5 de mayo de 2003 bajo las órdenes del expresidente Uribe.

En esa operación imprudente, por la que el gobierno de entonces no ha respondido ante la justicia, perdieron la vida el exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, su asesor de Paz Gilberto Echeverri y otros ocho militares.

El hecho de que haya perdido la libertad durante tanto tiempo por acciones de la guerra (que no secuestro como desinforma la dictadura mediática, según del DIH), no lo exonera de la acción de la justicia por los crímenes que cometió como pretende la dictadura mediática.

La dictadura mediática a favor de la impunidad

Los medios de comunicación del régimen en cabeza de El Tiempo, El Espectador, Caracol, Rcn y Semana, entre muchos otros, han emprendido una campaña de desinformación y manipulación de los hechos.

Para cumplir su cometido, la dictadura mediática se basa exclusivamente en las opiniones del implicado y de su abogado defensor, los cuales ven el fallo judicial a su manera y desde su conveniencia.

Estos medios que alardean de ser objetivos y éticos, irrespetan los fallos judiciales, a los tribunales de justicia y a la ciudadanía en general con información sesgada y malintencionada en favor de la impunidad. Al militar no se le ha violado el derecho al debido proceso.

Desconocen además las voces y los derechos de las víctimas y de los demás sujetos procesales, que son varios, no uno solo como dicen en su perversa manipulación.

“La mujer que entregó el testimonio para incriminar al sargento es Elvia María Triana Sánchez, esposa de un guerrillero de las Farc abatido por el Ejército, y, según el abogado Guarnizo, ese grupo rebelde dio instrucciones a los declarantes para que se incrimine a varios militares”, dijo por ejemplo Caracol Radio.

miércoles, enero 09, 2013

Seguridad narcocrática/
Inician investigación contra el general Luis Roberto Pico por presunto paramilitarismo
Por: Camilo Raigozo

La apertura de investigación contra el alto oficial del Ejército, se derivó del señalamiento del cabecilla paramilitar Juan Carlos Sierra, alias “El Tuso”,-

quién sostuvo ante las autoridades judiciales que entre el 2005 y 2006, Luis Roberto Pico, entonces comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, mantuvo relaciones con grupos paramilitares.

En el mismo proceso también deberá rendir declaración el confeso paramilitar Mario Uribe Escobar, primo del exjefe de la “Casa de Nari”, Álvaro Uribe Vélez.

Uribe Escobar, quién se encuentra encarcelado cumpliendo una condena ridícula de 7 años por crímenes cometidos bajo la estrategia paramilitar, también fue involucrado por “El Tuso”.

El general del Ejército Nacional, Mario Montoya Uribe, igualmente tendrá que rendir declaración ante los tribunales, ya que también fue acusado por “El Tuso” de haber mantenido relaciones con los ‘paras’.

Contra Montoya existen varias investigaciones por paramilitarismo, que incluye la masacre de San José de Apartado, perpetrada conjuntamente por terroristas del Ejército y paramilitares, en febrero de 2005, en la que fueron asesinados 3 niños y cinco adultos.

Seguridad narcocrática/
Juez se niega a aceptar otra coartada dilatoria de la defensa de 11 militares inmersos en asesinatos a sangre fría
Por: Camilo Raigozo

El proceso judicial contra el coronel del Ejército, Hernán Mejía Gutiérrez (de vestido claro en la foto), un teniente, dos sargentos y siete soldados adscritos al Batallón La Popa de Valledupar, que ya lleva más de tres años gracias a las maniobras dilatorias de la defensa, estuvo a punto de prolongarse nuevamente por tiempo indefinido.

La coartada presentada por la defensa de los presuntos terroristas del Estado, consistía en incluir en el proceso  el testimonio del cabecilla paramilitar “Jorge 40”, preso en una cárcel en Estados Unidos.

La juez cuarta especializada de Bogotá rechazó esa solicitud por considerar que el proceso que ya lleva más de tres años ha presentado varias dilaciones y que conseguir el testimonio del cabecilla paramilitar extraditado era muy difícil.

La juez prefirió aceptar los puntos presentados por la Fiscalía y otros sujetos procesales que indicaron que los abogados del cabecilla paramilitar estaban llevando el proceso a un punto de indefinición con lo cual se afectaba la administración de justicia y los crímenes de los presuntos bandidos quedarían en la impunidad.

Según la desaparecida revista Cambio, el proceso contra el coronel Hernán Mejía Gutiérrez ha estado rodeado de presiones y muerte. Fredys Oñate y José Trinidad Pacheco, testigos claves contra el presunto bandido, fueron asesinados en el 2007.

“Un desmovilizado que dijo estar dispuesto a dar testimonio sobre la relación del Coronel con el bloque Norte de las Auc, no lo mencionó durante una audiencia y explicó que, pese a estar amparado por el régimen de protección a testigos, temía por su vida y la de su familia", informó la revista.
 
El pasado 15 de diciembre el presidente Santos, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, los altos mandos militares, el“honorable” Congreso y la ultraderecha fascista, aprobaron la ampliación del fuero militar, con el fin de que los crímenes de militares y policías queden en la impunidad.

Lea también:


Seguridad narcocrática/
Piden condena contra un coronel, un teniente y otros cinco militares por asesinatos a sangre fría
Por Camilo Raigozo

El ente acusador  determinó que existen pruebas documentales y testimoniales suficientes para sentenciar a los siete presuntos bandidos pertenecientes al Batallón La Popa de Valledupar.

Por tal razón el fiscal 14 de derechos humanos le solicitó a la juez cuarta especializada de Bogotá, que se emita fallo condenatorio en contra de un coronel, un teniente, un sargento y cuatro soldados por el asesinato a sangre fría de dos civiles en el año 2008 dentro del batallón mencionado.

Según la investigación de la Fiscalía los terroristas del régimen asesinaron a las dos personas dentro de las instalaciones del batallón y las presentaron como guerrilleros que habían entrado a robar armas.

Los resultados de la investigación demostraron que las dos víctimas fueron acribilladas dentro del Batallón La Popa, pese a que no tenían armas y se encontraban en total estado de indefensión.

La Fiscalía también pudo establecer que los criminales conocían previamente que las dos víctimas ingresarían al batallón por lo que los estuvieron esperando para matarlos.

En la petición de condena ante la juez el fiscal agregó que, “No fue una operación limpia, ni para destacar. Fue un accionar homicida que no puede catalogarse como una actividad natural del Ejército, puesto que se decidió acribillar a dos personas antes de tomar acciones para proteger su vida y su integridad”.

El pasado 15 de diciembre el “honorable” Congreso de la República, aprobó la reforma a la Constitución para ampliar el fuero penal militar, con el cual los crímenes cometidos por militares y policías quedan en la impunidad.

Desafuero penal militar
Presidente de Congreso defiende con mentiras ampliación del fuero militar en Corte Penal Internacional
Por: Camilo Raigozo

El presidente del Congreso  Roy Barreras proclama en La Haya, Holanda, que “la extrema izquierda ataca con mentiras el fuero militar”.

Barreras miente sin ninguna vergüenza, porque quienes han criticado el esperpento contra los derechos humanos que aprobó el Congreso que él preside, no son de “extrema izquierda”, como afirma, sino personas y organizaciones  defensoras de derechos humanos.

Congresistas como Iván Cepeda, Gloria Inés Ramírez y Germán Navas, entre otros, no son de extrema izquierda, como tampoco lo son la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Wach y al menos otras 250 organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales.

La última crítica que recibió el gobierno de Santos sobre la impunidad que ampara a crímenes de militares y policías  con la ampliación de fuero penal militar, fue hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado 7 de enero. Ese organismo no es de extrema izquierda.

La Comisión le ratifica al Gobierno colombiano que con la ampliación del fuero militar se le quitan todas las herramientas y se excluye totalmente a la Fiscalía para que pueda realizar las primeras investigaciones sobre crímenes que cometan los uniformados, y sólo los conocería la justicia penal militar.

La Comisión IDH advirtió que con esta ley “las primeras diligencias tras un presunto delito cometido por uniformado estarían generalmente a cargo de la justicia penal militar”.

Igualmente expresó que “la etapa inicial de las investigaciones sirve para tomar decisiones centrales y marcan el desarrollo de las etapas siguientes”.

Así mismo, advirtió que tal y como está la norma que ya entró en vigencia, “no hay cabida para que la justicia ordinaria conozca de primera mano investigaciones de violaciones a los derechos humanos”.

A las mentiras del presidente Santos, del ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, sobre el esperpento de la ampliación del fuero militar, se suman ahora las del presidente del Congreso, Roy Barreras.

martes, enero 08, 2013

Policía de miedo
Nuevo caso en el que la Policía se puso del lado de los delincuentes y golpeó, torturó y retuvo ilegalmente a menores de edad
En Soacha varios jóvenes menores de edad fueron atracados y robados por delincuentes. Cuando llegó la Policía, no solo se negó a coger a los victimarios, sino que la emprendieron contra las víctimas.
Por: Camilo Raigozo. Notimundo

Otra historia espeluznante del comportamiento delictivo de la Policía contra ciudadanos inermes, a los cuales golpea, tortura, somete a vejámenes y en general les viola los derechos humanos.

Este caso es similar al narrado recientemente por Aroldo José Villanueva (1), quien acudió a la Policía  a poner un denuncio por intento de robo y acabó siendo golpeado, ultrajado, humillado, detenido y robado por los propios agentes.

Á continuación apartes de la denuncia enviada a Notimundo por el padre de uno de los jóvenes que fueron víctimas tanto de los delincuentes sociales, como de los delincuentes de la Policía:

Mi nombre Carlos Alberto Castaño Martínez. Me desempeño como periodista y reportero gráfico independiente, creador y expositor de la Galería de la Menoría: “Realidades porque el ojo y el lente no mienten”, para denunciar la violación de los derechos humanos en Colombia.

En  calidad de padre de familia y defensor de los derechos humanos presento  la siguiente denuncia pública ante los entes encargados de hacer cumplir la ley  y la constitución Nacional:

El día viernes 4 de enero de 2.013  a las 6:30 p.m.,  mi hijo Cristian Eugenio Castaño Suaza, menor de edad, se desplazaba con  varios  amigos y amigas  por la carrera 3ª Este, donde se ubica la placita de mercado  en el barrio San Mateo.

Cuando se acercaban  al parque, fueron sorprendidos por un grupo de 5 muchachos a los que ellos denominan “ñeros”, porque se dedican al consumo de drogas y a robar  a las personas con armas corto punzantes. 

Estos muchachos  se acercaron a ellos  esgrimiendo chuzos  y Puñaletas. Les dijeron que entregaran los “bichos” (celulares y otros aparatos digitales que utilizan los  jóvenes).

A mi hijo lo hirieron en un brazo y su reacción  fue  correr  a recoger un palo que había en la calle para defenderse. A uno de sus amigos lo obligaron a entregar un blackberry   y dinero. 

En ese momento apareció una patrulla de policía motorizada; mi hijo les  señaló los  ladrones   a los policías  para que los detuvieran,  pero los policías no prestaron atención.

Al ver que los policías no hicieron nada contra los ladrones y estos seguían acechando, mi hijo corrió a uno de los delincuentes, el que lo hirió con una navaja, y le pegó con el palo en las costillas.

Uno de los policías le ordenó a mi hijo que soltara el palo, mi hijo le contestó que  no lo soltaba porque no tenía más con que defenderse y  los ladrones estaban armados con cuchillos y “ustedes no hacen   nada para detener a esos ladrones”.

Llegaron  dos policías más en la patrulla y  como el muchacho no soltó el palo, lo agarraron por la fuerza. Uno de los policías identificado con el número 959991  le pegó con el bolillo un golpe  en la cabeza y lo metieron a una callejuela solitaria  donde lo golpearon con los bolillos en las piernas, costillas y en la cabeza.

Luego lo metieron en la patrulla para llevarlo al CAI del barrio San Mateo. Cuando la patrulla se desplazaba hacia el CAI por la calle 30, la patrulla hiso una parada y los  policías subieron a un muchacho que le habían encontrado un “moño” de marihuana.

Cuando llegaron al CAI  otro policía que se encontraba allí,  le pregunto  al muchacho que habían subido en el trayecto porqué lo habían  traído y este contestó que solo le habían encontrado un “moño”. El policía le ordenó que se fuera.

Detrás venia la moto con los  policías que detuvieron a mi hijo; uno de ellos, el mismo que ya lo había golpeado,  identificado  con el número 959991  ordenó al resto de policías que  agarraran  duro a mi hijo  para que no se fuera a volar.

Lo hizo entrar al CAI bien agarrado   de  varios policías para que este uniformado con instinto de  asesino  y  violador de los derechos humanos golpeara al muchacho.

El policía  dijo, “este Hijueputa no le  hace caso a la autoridad”, refiriéndose  a que el muchacho no quiso soltar el palo con el que se defendió de los ladrones.

Mi hijo  le dijo al policía que porque se ensañaba contra él y porque no capturaron a los ladrones. Le dijo que  no lo golpeara, que él era menor de edad. El uniformado le contesto que, “Me importa un hijueputa culo”.

El Policía le dijo que si quería lo dejaba salir para que llamara a su papá. Después de darle varios golpes con el bolillo, se quitó el casco y lo agarro  a  golpes en la cara y abdomen.

El policía tenía puesto un guante con algo en sus dedos para golpearlo más duro. Le ordenó que se arrodillara y como  el muchacho no se quiso le siguió dando golpes.

“Si es  tan guapito  le traigo  a los “ñeros” para que le den  una golpiza bien hijueputa”, le dijo al joven. Luego ordenó que lo metieran al calabozo.

Cuando estaba en el calabozo, escuchó unos gritos y miró por una ventanita para ver a quien estaban golpeando. Se trataba de  uno de los amigos que andaba con mi hijo, el mismo  a quien los ladrones le robaron el Blackberry.

El mismo policía lo golpeaba con el bolillo y con puños en la cara y abdomen hasta hacerle escupir sangre. En otro ángulo del CAI había un policía gravando con un celular la golpiza que este bastardo le daba a su amigo.

Luego  lo  metieron también al otro muchacho al calabozo. Una vez más el policía torturador identificado con el número 959991  ordenó  sacar a mi hijo mientras decía, “es que este hijueputa gordo no le obedece a la autoridad y se cree muy guapito”.

Lo siguió golpeando. Dice mi hijo que  le mando un golpe tan fuerte con el bolillo  a la cabeza  que si le hubiese pegado  seguramente lo había descerebrado. Afortunadamente alcanzó a esquivar el bolillazo y le pegó a  un muro que se lo hizo soltar de la mano.

Para memorizar  el número que identifica al policía que los golpeaba, empezó a repetir ese número en voz alta y el policía lo alcanzo a escuchar y le dijo: “ah,  este hp  se  está  aprendiendo el número para denunciarme? Póngase de sapo hp y vera lo que le va a pasar”. El muchacho le respondió,  lo iba a denunciar y que hiciera lo que quisiera.

A las 8 de la noche otro  de los policías que participo  en la golpiza del  amigo de mi hijo identificado con el numero 131725  abrió la puerta del calabozo con un balde en la mano. Otro policía le dijo que si les iba a echar agua. “Si hace tres días no le hecho agua a estos hp”. Desistió de su intención. 

Le ordenó a mi hijo que saliera, pero él se negó aduciendo que sin el amigo no salía. Lo mismo hizo el otro muchacho.

Cristian le dijo a su amigo que  iba a salir para ir  a la casa, que no queda muy lejos del CAI, para anotar los números de identificación los policías y volvía para esperarlo cuando lo dejaran salir.

Fue a la casa, anotó los números y volvió al CAI. Se sentó en un parquecito que hay seguido al CAI  y en ese momento el policía que los golpeó salió de una casa por la parte de atrás del  CAI. Cuando lo vio le dijo: “¿Y  este hp que hace acá? ¿Fue que le quedo gustando para volverlo  a guardar?”.

Mi hijo le contesto que estaba esperando a que dejaran salir a su amigo y el policía le contestó,  “que amigo ni que hp lárguese para la mierda”.

El número que identifica al  policía que los golpeó   es el 959991  y  el 131725 corresponde a otro policía  que participó en el  atropello. Los números del  resto de policías no fue posible que los muchachos pudiesen memorizarlos, pero son varios.

Lea aquí el caso de Aroldo José Villanueva, también víctima de delincuentes sociales y de delincuentes de la Policía.

Parauribismo/
Fiscalía reabre investigación contra Uribe por presunto paramilitarismo
Por: Camilo Raogozo

La Fiscalía tendrá que evaluar las pruebas presentadas por el congresista Iván Cepeda Castro contra el presunto narcoparamilitar Álvaro Uribe Vélez.

La reapertura preliminar del caso fue hecha por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presuntos nexos con grupos paramilitares.

Iván Cepeda advirtió que cabecillas paramilitares han dado testimonio sobre reuniones de Uribe con los jefes paramilitares Pablo Hernán Sierra, alias El Loco Guerrero y Juan Monsalve, en la hacienda Guacharacas, entre 1996 y1997.

Se espera que la Fiscalía estudie y verifique las pruebas presentadas por el congresista para determinar el grado de responsabilidad de Uribe en los delitos de los que se le acusa.

Iván Cepeda le dijo a los medios que las pruebas que presentó tienen datos concretos y contundentes como hora, fecha, tiempo y lugar, donde ocurrieron los hechos.

Amenazas contra el congresista

Igualmente el Representante Iván Cepeda Castro expresó su temor debido a las amenazas que ha recibido por entablar las denuncias contra Uribe.

“Yo he recibido constantes amenazas producto de mi trabajo, espero que esta decisión de la Fiscalía no afecte o agrave la situación de la seguridad mía”, dijo el representante Cepeda ante los medios.

Diálogos de paz/
Aclaración al señor Enrique Santos Calderón
Amamos nuestra patria y a su gente. No nos interesa ningún otro lugar del mundo para vivir. Y lo soñamos libre de explotación e injusticia.
Por: Mauricio Jaramillo. Médico, miembro del Secretariado Nacional de las FARC-EP, Jefe de la comisión fariana en el Encuentro Exploratorio

“Creo que para Semana Santa debe haber salido siquiera el primer punto. Conozco a mi hermano, él está jugado con esto, pero su paciencia no es infinita. Tampoco la del país”.

Con tales palabras termina el periodista Enrique Santos Calderón su reciente escrito acerca de su participación en la fase exploratoria de las conversaciones con las FARC en La Habana.

Es obvio que cada persona guarda en su memoria y parecer lo que le llama particularmente la atención.

No todos miramos los acontecimientos desde una misma óptica, lo cual se nota sobremanera cuando se trata de hechos con trascendental significación política, en los cuales la visión de clase ejerce una poderosa influencia.

Un integrante de la más rancia oligarquía capitalina, describirá siempre sus experiencias de un modo radicalmente distinto a como lo harían los alzados en armas que combaten a los de su clase. Es el caso del artículo en mención.

El solo título de su crónica, Yo estuve negociando con las FARC en Cuba, revela cierto tono individualista y fatuo, como si se tratara de un acto heroico, algo que a diferencia del señor Santos, consideran absolutamente normal los miles de campesinos y colombianos en general que se relacionan con la insurgencia diariamente.

Y que no negocian nada con ella, como tampoco lo hizo el señor Santos, quien formó parte de una comisión oficial que estuvo discutiendo con nosotros los términos de un Acuerdo encaminado a posibilitar conversaciones formales y públicas de paz.

Entendemos que el señor Enrique Santos releva con su escrito a las FARC del compromiso de confidencialidad acordado.

Él, integrante de la delegación gubernamental y hermano mayor del Presidente, reconocido periodista nacional, aborda la tarea de exponer al público su versión  acerca de hechos cubiertos hasta ahora por la reserva. Así las cosas, es obvio que nosotros también podemos hacerlo.

En realidad no entendemos cómo puede considerarse clave al papel desempeñado por el hermano mayor en la fase inicial de las conversaciones.

Participó en ellas, sí, como todos los integrantes designados por el Gobierno, y jugó su papel. Pero de ahí a definirlo como clave hay una gran distancia. Ambas delegaciones contaron con dos tipos de integrantes, unos plenipotenciarios y otros llamados de la comisión técnica.

Desde un principio se nos aseguró que Enrique Santos sería plenipotenciario, pero al final no figuró como tal, sino como una especie de asesor, de delegado personal del Presidente, subordinado por completo al propio jefe de delegación, el señor Sergio Jaramillo, el tipo clásico del arrogante y presumido, siempre empeñado en hacer sentir su importancia, especialmente a los de su propio equipo.

Quizás por ello escribe ahora el hermano mayor, urgido de inflar su disminuida influencia a la hora de las conversaciones.

Ocurrió más de una vez que tras haber acordado alguna cuestión con él, en alguna ausencia del señor Jaramillo, al llegar éste último ignorara con evidente displicencia la palabra comprometida por el periodista Enrique Santos.  Era como si le recordaran aquello de zapatero a tus zapatos.

Es cierto que el proceso estuvo a punto de morir por la dificultad en concertar la sede de las conversaciones. Pero había un elemento de gran peso contra la posición oficial de que los diálogos no podían desarrollarse en Colombia.

La primera reunión entre delegados del Gobierno y FARC se produjo en territorio colombiano, en la región del Catatumbo, con delegados de parte y parte, sin que existiera formalmente proceso, lo que demostraba que eso no era imposible.

Por cierto que las FARC, en aras de echar adelante las conversaciones, terminamos pasando por alto la primera violación flagrante de la palabra  del Gobierno, pues en el momento de acudir a la cita con los camaradas Andrés París y Ricardo Téllez, los dos miembros de Estado Mayor Central autorizados, los delegados enviados por el Presidente no fueron los de más alto nivel que había  prometido, sino dos burócratas medios completamente distintos.

Aduce exageradamente el hermano mayor, que el traslado de Mauricio Jaramillo a Cuba entrabó durante un año el inicio de las conversaciones.

Por encima de la hipérbole  cabe aclarar que cualquier demora en ese sentido sólo se puede achacar al Gobierno.

 ¿Alguien podría considerar serio que los delegados oficiales sostuvieran que sólo se podía trasladar al Comandante del Bloque Oriental de las FARC-EP por tierra, desde las selvas del Meta o Guaviare hasta la frontera venezolana en el Norte de Santander?

¿No podía el gobierno nacional disponer que un helicóptero rodeado de toda clase de garantías lo trasladara de una vez hasta Venezuela?

La desconfianza obviamente no podía derivarse de lo acaecido con la operación Jaque, un hecho que todo el mundo reconoce hoy como otra de las grandes farsas de la Seguridad Democrática, al lado de la desmovilización paramilitar y los falsos positivos.

El Presidente, que ejerciendo como ministro de la defensa ordenó la invasión militar al territorio ecuatoriano en marzo del 2008, mal podía alegar que, aun contando con la autorización formal del gobierno de Venezuela, el traslado aéreo era imposible por cuanto violaba los controles antidrogas acordados con USA. Salta a la vista la pobre idea que tienen de la soberanía nacional.

Al final el traslado se cumplió como lo planteábamos nosotros. No sin que antes se generara otra discusión, porque según los delegados gubernamentales el avión sólo podía llegar hasta Cúcuta, donde los trasladados debían descender para continuar su recorrido en carro hasta San Antonio, en el Táchira, donde debían abordar otra aeronave que los conduciría al aeropuerto de Maiquetía.

Resultaba elemental pensar que tras la febril argumentación santanderista que imponía cruzar innumerables retenes del Ejército Nacional, se escondía otra intención non sancta.

Múltiples empecinamientos de ese orden, todos atravesados en el camino por los delegados oficiales, han conformado la fuente real de los grandes retardos.

El hecho de que tras exponerlos tercamente, el Gobierno termine cediendo de un momento a otro, basta por sí solo para preguntar acerca de su contribución efectiva a la celeridad de todo este asunto.

Algo de naturaleza semejante sucedió con la formalización de Alexandra, la guerrillera holandesa, como delegada por las FARC.

Son cosas que no conoce el gran público y que por tanto aprovecha mucha gente, en particular la gran prensa, para manipular y tergiversar la verdad de lo ocurrido. 

Sin duda alguna que el señor Enrique Santos cuenta con varias maestrías en tal tipo de materias. De otro modo no dedicaría espacio a su imaginaria descripción de la partida del Comandante del Bloque Oriental desde un lugar situado a escasos kilómetros de San José del Guaviare, cosa de la que él jamás fue testigo, pues los delegados del gobierno nacional no tuvieron la menor injerencia  en la ejecución de ese procedimiento.

Lo que tal vez sí sea cierto, es que como todo miembro de la alta burguesía nacional que se respete, el señor Enrique Santos pasa más tiempo en Miami que en su propio país, del cual no obstante se considera uno de sus propietarios exclusivos.

No hizo mención en su nota al aplazamiento que tuvo que cumplirse en cierta etapa, porque un largo viaje de descanso familiar del periodista al exterior impedía su presencia. Resulta increíble que por minucias de ese orden la paz del país tenga que esperar.

Como si se tratara de cuestiones baladíes, el hermano mayor insiste en seguir culpando a las FARC de las demoras en la firma de un Acuerdo, por haber puesto de presente hondas diferencias y problemas de lenguaje y semántica, dentro de los cuales ejemplifica las dificultades presentadas con el término desmovilización. Las cosas fueron distintas.

Desde un comienzo el gobierno nacional dejó ver que lo único que esperaba de un proceso de diálogos con las FARC, era la firma de nuestra rápida y sumisa desmovilización. Haber logrado sobrepasar esa inamovible muralla tras seis meses de discusiones puede considerarse de verdad un logro importante.

Cualquier dificultad nacida de la confrontación armada en Colombia, o como lo recuerda el señor Enrique Santos, de la liberación de los prisioneros de guerra en nuestro poder, únicamente puede imputarse a los delegados del Gobierno.
 
Este último asunto, como todos los demás, era completamente ajeno al tema que discutíamos, el acuerdo de una agenda y unas reglas de juego para conversar.

Eso había quedado suficientemente claro desde el cruce de razones con el Presidente. Cuando ante la arremetida de los delegados gubernamentales tuvimos con cierto énfasis que recordar esta regla, el hermano mayor terminó cerrando el asunto con una especie de autocrítica, que culminó con la mirada fija en sus colegas mientras sus labios recordaban: adjetivo que no da vida, mata.

La pretendida infidencia que el hermano mayor sugiere al hablar de la presencia del camarada Timoleón Jiménez en marzo pasado en La Habana, no tiene en realidad nada de ello.

A ruego del Presidente Santos, y previa solicitud formal del gobierno colombiano, el Presidente Chávez, aun desde su lecho de enfermo, tuvo la gentileza de intervenir en algunos momentos difíciles, a fin de contribuir con su enorme prestigio para que fueran limadas ciertas asperezas.

Las reuniones siempre contaron con el visto bueno del Presidente Santos y su hermano mayor debe saberlo bien, a menos que por prudencia no se lo hubieran comentado.

Hay algo que quisiera aclarar al señor Enrique Santos. Cuenta que al despedirse de Mauricio Jaramillo, al que él insiste en llamar siempre El Médico, a manera de apodo, para sembrar la matriz de un alias que nunca han usado para él sus camaradas de las FARC, percibió que a ese hombre de pocas palabras le hacía falta el monte.
 
Tareas de diversa índole hicieron necesario mi relevo por el Camarada Iván Márquez al frente de la delegación fariana.

Eso no tiene nada que ver con un presunto apego montaraz, pese a los treinta y seis años de lucha guerrillera que llevo encima.  Había sí cierta nostalgia por nuestra gente y quizás no la podía ocultar.

Todas las aproximaciones y luego el encuentro exploratorio estaban cubiertos por la más absoluta reserva y confidencialidad. A diferencia de los delegados gubernamentales que viajaban de continuo a Colombia o incluso a tours de recreación al exterior, nosotros permanecíamos en Cuba dentro del secreto más absoluto.

Prácticamente nadie podía vernos y no podíamos dejarnos ver de nadie, lo cual convertía nuestra prolongada estancia allí en algo semejante a una clausura monacal. Nuestros interlocutores habituales no eran otros que los integrantes de la delegación gubernamental encabezada por el pesado señor Jaramillo.

En esas condiciones renacen todas las añoranzas. Por Colombia, por nuestro pueblo, por nuestros guerrilleros que combaten con heroísmo contra la maquinaria de muerte del Estado. Allí están sembradas nuestras raíces.

Amamos nuestra patria y a su gente. No nos interesa ningún otro lugar del mundo para vivir. Y lo soñamos libre de explotación e injusticia. Seguro que el hermano mayor pensó algo diferente.

Pero sería volver al comienzo y ya esto se convirtió en una epístola. Hubo algo que me conmovió y agradó del señor Enrique Santos. Su enfática afirmación de que cree en este proceso, porque lo considera una obligación moral y política.
 
Pueda ser que sea cierto. Que pese más esto que la frase con la que cierra su escrito y que yo elegí entre comillas para empezar el mío.

No deja de tener cierto aire de amenaza. Debiera dejar esas cosas para su hermano menor, el ministro Pinzón, o los generales de la República.

Montañas del Oriente colombiano, 5 de enero de 2013.

Lea aquí el artículo de Enrique Santos Calderón: Yo estuve negociando con las FARC en Cuba

lunes, enero 07, 2013

La rancia cúpula de la Iglesia venezolana quiere desestabilizar al país
Por: Camilo Raigozo

Como era de esperarse la rancia cúpula de la Iglesia Católica venezolana, aliada a la oligarquía y a los propósitos de Wshington, entró de lleno en el plan de desestabilización del hermano país, aprovechando la ausencia del presidente Chávez.

Según la agencia Efe, quién junto a la dictadura mediática venezolana, colombiana y del continente hacen las veces de cajas de resonancia del plan desestabilizador, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) tachó este lunes de "moralmente inaceptable alterar la Constitución para alcanzar un objetivo político".

Con la demencial intención de desinformar y de confundir al pueblo venezolano sobre la constitucionalidad, respecto a la posesión del presidente Chávez, Diego Padrón, alto jerarca de esa obsoleta institución,  dijo a los medios que  "Está en juego el bien común del país y la defensa de la ética. Alterar la Constitución para alcanzar un objetivo político es moralmente inaceptable”.

En su malintencionado discurso inaugural de la reunión anual de la CEV, Padrón dijo que “si se prescinde de la Constitución se prescinde también de la institución y se cae en la pugna por cuotas de poder, en la violencia y en la anarquía e ingobernabilidad".

El vicepresidente  Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, máximo órgano legislativo, en interpretación fiel de la Constitución, han informado que el presidente Chávez,  hospitalizado en Cuba desde hace más de tres semanas, tomará posesión de su segunda reelección ante el Tribunal Supremo de Justicia, cuando su estado de salud se lo permita.

La Constitución Política de Venezuela establece que el presidente debe tomar posesión el 10 de enero ante la Asamblea Nacional y que ante una situación sobrevenida puede hacerlo ante el Tribunal Supremo de Justicia, sin establecer para ello una fecha determinada.

Sin embargo en su discurso Padrón expresó que  "la población está confundida y una buena parte de ella molesta, porque hasta hoy no ha recibido oficialmente ningún parte médico venezolano" sobre el estado de salud de Chávez.

De esa manera el cabecilla de la Iglesia en Venezuela, aliado y cómplice de la oposición al gobierno bolivariano, pretende aprovechar el estado de salud de Chávez para polarizar las fuerzas políticas y eventualmente crear caos y desestabilización.

Terrorismo de Estado/
En libertad 11 víctimas de falsos positivos judiciales en el Cauca
Por Camilo Raigozo

Once personas que habían sido detenidas arbitrariamente por el Ejército y la Policía el 17 de agosto pasado en el corregimiento El Palo, municipio de Caloto, Cauca, acusadas falsamente de pertenecer a la guerrilla de las FARC, fueron dejadas en libertad esta semana.

Al respecto, el 23 de agosto de 2012, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, denunció a Notimundo que:  

El viernes 17 de agosto de 2012 a las 4 de la mañana en el corregimiento El Palo, varios grupos conjuntos de militares de la Brigada Móvil 14 del Ejército y  de la Policía Nacional,  allanaron violentamente las viviendas de los campesinos Gerardo Barona Avirama y James Barona Avirama.

Los militares y policías rompieron los vidrios y trataron de tumbar las puertas. Posteriormente ingresaron al lugar agresivamente encañonando a los habitantes, todos civiles, gritando que era un allanamiento y que en la casa se almacenaban armas y explosivos.

Luego de revolver y destrozar los enseres de la vivienda y de no encontrar ninguno de los elementos de guerra que buscaban, detuvieron a los dos campesinos acusándolos del delito de rebelión.

Después los agentes del terror del Estado ingresaron violentamente a la vivienda de Wilson Castrillón Candela y tras tumbar la puerta y encañonarlo, un agente le dijo: “provoca matarte aquí mismo”.

Luego de desbaratarle la casa buscando supuestas armas y explosivos, de lo que no encontraron nada, procedieron a detenerlo por el delito de rebelión.

Las mismas arbitrariedades y actos de terror fueron cometidas por los miembros de la Fuerza Pública  en las viviendas de Francia Elena Valencia, Daniel Secue, Jhon Alonso Bonilla y Martha Lucía Piyinue, quienes también fueron víctimas de detención bajo las mismas falsas acusaciones.

Francia Elena Valencia es la vicepresidenta de la junta de acción comunal del corregimiento El Palo, es integrante de la Asociación de Trabajadores campesinos proconstitución de zona de reserva campesina de Caloto Filial de Fensuagro y del Capitulo Cauca del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

Igualmente los militares y policías violentaron la vivienda de Idolvio Vitonás en la vereda El Nilo, destrozaron puertas y vidrios, desbarataron los enseres buscando supuestas armas y explosivos. Como en los casos anteriores no encontraron nada, pero detuvieron a la nueva víctima.

Los abusos fueron calcados en las viviendas de Guillermo Urrea y Manuel Jesús Guetia Acue, en Caloto, y de Luis Enrique Bedoya, en Santander de Quilichao.

En ese entonces la dupla militares-medios de comunicación, hicieron creer a la opinión pública que “11 integrantes del frente sexto de las FARC fueron capturados en Caloto, Cauca, a los cuales se les incautaron varios elementos como armas y uniformes de las Fuerzas Armadas”. Todo falso.

Frente a la libertad de las 11 víctimas el general Jorge Humberto Jerez, comandante de la Fuerza de Tarea Apolo, en vez de pedirle perdón a las víctimas por los abusos a los fueron sometidos por sus tropas, le dijo a Noticias Uno sin ningún rubor que:

“Es desmoralizante para la tropa después de unos esfuerzos tan grandes donde se capturan estas personas y después las personas pasan en un bus por la base haciéndole seña a los soldados de victoria”.

Jerez justificó la libertad de las víctimas a  un supuesto descuido del fiscal, de quien dijo que “al llevarlos ante el Juez de Garantías el fiscal no llevó el recurso de acusación por rebelión y por esta situación la juez los deja en libertad”.

Vale la pena preguntarle al general Jerez: ¿Quién le va a pagar a las víctimas los destrozos de sus viviendas, los daños económicos, sicológicos, sociales y morales, tanto a las víctimas, como a sus  familias, por haber sido privados de la libertad injustamente durante más de cuatro meses?

Por su parte el abogado Jair Erazo, defensor de algunas de las víctimas, le aseguró a Noticias Uno que tiene pruebas para demostrar que las 11 personas no son guerrilleras.

“Tienen asiento como comerciantes del sector, son habitantes del caserío y en tanto son de reconocida idoneidad. Las pruebas de la Fiscalía no son serias”, dijo el abogado.

“Los testigos de la Fiscalía son desmovilizados de las FARC. Las investigaciones que nosotros hemos hecho es que uno de esos desmovilizados tiene un récord criminal, incluso él asesinó a un hermano de los hoy sindicados”, señaló Erazo.
 

domingo, enero 06, 2013

Desafuero penal militar/
Comisión Interamericana insiste en que Fiscalía queda sin herramientas con fuero militar
Advierte que tal y como está la norma ya vigente, no hay cabida para que la justicia ordinaria conozca de primera mano investigaciones de violaciones a los derechos humanos.
Por Caracol Radio

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que con el fuero penal militar, la Fiscalía queda ahora excluida de las primeras investigaciones sobre presuntos delitos que cometan los uniformados, y sólo los conocería la justicia castrense.

A pocos días de entrada en vigencia de la reforma al fuero penal militar, la Comisión Interamericana de la Organización de Estados Americanos, emitió una nueva alerta por la ejecución de la norma.

Asegura la comisión que con esta ley “las primeras diligencias tras un presunto delito cometido por uniformado estarían generalmente a cargo de la justicia penal militar” y dado el caso las conocería la Fiscalía.

Para el organismo, esta etapa inicial sirve para tomar “decisiones centrales y marcan el desarrollo de las etapas siguientes”.

Así mismo, advierte que tal y como está la norma ya vigente, no hay cabida para que la justicia ordinaria conozca de primera mano investigaciones de violaciones a los derechos humanos.

La Comisión, que el año pasado anunció que sacaría a Colombia de la lista negra de violaciones de los derechos civiles por primera vez en 10 años, pidió al Gobierno que tome en consideración las críticas y repiense lo aprobado por el Congreso.


  • "



  • Publicidad
    Paute aquí
    Contáctenos


    Zona comercial