sábado, junio 30, 2012

Multinacional Domesa se niega a la negociación colectiva e intimida a los trabajadores en Colombia
Por José Euclides Pulido García, presidente de Sintradomesa

Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de Domesa de Colombia, Sintradomesa, nos permitimos poner en conocimiento de la opinión pública, de las Centrales Obreras,-

de las organizaciones sindicales nacionales e internacionales, que desde que se fundó el sindicato la empresa ha tomado represarías con los compañeros afiliados a la organización sindical y-

amedrenta a los trabajadores no sindicalizados infundiendo temor para que no se afilien, tuvimos un caso en la ciudad de Cali donde la empresa despidió a 5 compañeros que pretendían pertenecer-

a la organización y en la ciudad de Neiva fue despedida la compañera Blanca Ligia Gaitán Reyes sin justa causa violando el derecho de libre asociación y al estar la empresa en un conflicto laboral no-

puede despedir a ningún compañero Domesa de Colombia S. A. no quiere negociar el pacto colectivo presentado por el sindicato desde que se les presento el pacto la empresa está usando-

evasivas y dilatando la negociación colocando unos argumentos donde nos informan que la empresa está en quiebra pero para comprar la mesa directiva del sindicato si hay plata,-

pagar abogados y demás ,y es así que se agotaron todos los recursos permitidos por la ley ahora solo nos queda que los trabajadores decidan por la huelga o el tribunal de arbitramento.

De esta forma Domesa de Colombia viola desconoce las libertades sindicales, de organización y negociación colectiva y las garantías sindicales contemplados-

en los Art. 38 y 39 de la Constitución Política de Colombia, los Art. 353 y 354 del Código Sustantivo del Trabajo, el Art. 200 del código penal y los convenios 87 y 98 de la OIT.

Llamamos a todas las organizaciones sindicales, de base, de industria, de carácter nacional e internacional, a las centrales obreras, a las ONG,-

a las escuelas sindicales y de derechos humanos, para que denuncien la actitud de multinacional Domesa, el ámbito local, nacional e internacional.

viernes, junio 29, 2012

Dictadura mediática/
Organizaciones indígenas de San Vicente de Caguán, Caquetá, denuncian graves señalamientos de El Tiempo
Por organizaciones indígenas

Las Autoridades Tradicionales de los pueblos indígenas del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, denunciamos ante la opinión pública, ante las instituciones y ONG defensoras de Derechos Humanos-

a nivel nacional e internacional, los graves señalamientos hechos contra las comunidades indígenas de este municipio por el periódico El Tiempo, el pasado 11 de junio a las 10:30 p.m.,-

en la columna escrita por la periodista Jineth Bedoya Lima, titulada: “Empieza gigantesca extinción de tierras despojadas por las Farc”.

Es altísimo el riesgo de violación de los Derechos Humanos individuales y colectivos y del DIH que generan las afirmaciones hechas por el periódico El Tiempo, de circulación nacional, que señalan que:

“Las Farc se las han ingeniado para obtener títulos a través de comunidades indígenas que manipulan (según las propias comunidades y los informes de la Fuerza Pública), o tener control de miles de cabezas de ganado con testaferros libres de cualquier sospecha1”.

A través de este comunicado hacemos un poco de memoria histórica para alimentar el escaso proceso de investigación de la periodista del diario El Tiempo y la tergiversada información que al parecer maneja la Fuerza Pública que pone en riego la existencia física y cultural de los pueblos indígenas de San Vicente del Caguán:

1. En un proceso de “colonización dirigida” el gobierno colombiano trasladó, en la década de los años sesenta, a varias familias indígenas del pueblo Pijao desde del Resguardo Yaguara I en el departamento del Tolima hasta los Llanos del Yarí y después de llevarles en un avión DC3, comida por cerca de tres años, los dejó abandonados en aquellos solitarios parajes.

2. Gracias a la solidaridad de familias indígenas amazónicas (Tucanos y Piratapuyos), los indígenas Pijao lograron sobrevivir en el entorno amazónico y el 22 de febrero de 1995 mediante la Resolución No 10 del Incora, legaliza el Resguardo Yaguara II a favor de las comunidades Pijao, Tucano y Piratapuyo.

3. En el año 2004 después del asesinato del Gobernador indígena del Resguardo Yaguara II, se desplazan varias familias del Pueblo Pijao quienes permanecen aún en la cabecera municipal de San Vicente del Caguán organizados en un cabildo urbano.

4. En el año 2010 un Consejo de Autoridades Indígenas en San Vicente del Caguan determinó que varias familias de indígenas Nasa, victimas de desplazamiento forzado, se reubicaran en territorio del Resguardo Yaguara II.

5. En el año 2010 varias familias Nasa que se habían reubicado en el resguardo Yaguara II, se desplazaron hacia el sector de la Tunia en la Inspección de San José de Caquetania-

en San Vicente y se ubicaron en el Hato el Recreo que se encontraba y aun se encuentra en proceso de extinción de dominio al narcotraficante conocido como “don berna”.

Allí fundaron el Cabildo Ukwe Ucxe. En 2010 también llegaron varias familias Nasa del departamento del Cauca que se ubicaron en el nuevo Cabildo.

6. En mayo de 2012 varias familias del Pueblo Indígena Nasa provenientes del departamento del Cauca llegaron a San Vicente acompañados por el Incoder que les entregó una finca en el marco del Plan Cauca con el cual el gobierno nacional restituir tierras a los indígenas Nasa del Cauca.

7. En el mes de febrero de 2011 las Autoridades Indígenas decidimos crear la Asociación de Cabildo Indígenas de San Vicente del Caguán ACISC que está en proceso de legalización ante el Ministerio del Interior.

8. En la década del 80 varias familias del Pueblo indígena Embera Chamí provenientes de la región límite entre Valle, Risaralda y Chocó, llegaron a San Vicente del Caguán y se ubicaron en varios puntos-

del municipio fundando los Cabildos Embera Chamí y La Libertad No 2 en los Llanos del Yarí y La Pradera, cabildo urbano que se encuentra en situación de desplazamiento forzado en la cabecera municipal de San Vicente del Caguán.

9. Actualmente el Incoder adelanta la legalización de los cabildos Banderas del Recaibo y La Libertad No 2 y la compra de tierras para reubicar a nuestros compañeros indígenas desplazados por el conflicto armado que cada día se agudiza en la zona.

10. Después de un largo y doloroso proceso de resistencia, las comunidades indígenas presentes en la zona del Caguan y los Llanos del Yarí,-

nunca hemos hecho parte de la vida política del municipio hasta el año 2012 cuando la nueva administración municipal nos ha permitido y garantizado nuestro ejercicio legal y legítimo a la participación.

Por lo anterios:

1) Denunciamos al Periódico El Tiempo y a su periodista Jineth Bedoya Lima, , a la Fuerza Pública y al gobierno del señor Juan Manuel Santos por los graves señalamientos que están haciendo contra las comunidades indígenas del municipio de San Vicente del Caguán,-

especialmente a quienes habitamos en los Llanos del Yarí y los Responsablizamos de cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad física y moral de nuestras Autoridades Tradicionales, de nuestros dirigentes, líderes y comunidades en general.

2) Exigimos al Gobierno Nacional y su institucionalidad que se delante de manera inmediata la legalización de los cabildos que se encuentran en el municipio de San Vicente del Caguán y especialmente en los Llanos del Yarí, zona de litigio con el departamento del Meta.

3) Exigimos al Gobierno Nacional que se agilicen urgentemente los procesos de extinción de dominio a los grandes narcotraficantes y que estas tierras sean debidamente entregadas y acompañados con proyectos y medios de producción a los campesinos e indígenas de la región que no tenemos tierra.

4) Solicitamos de manera respetuosa a la honorable Corte Constitucional que se pronuncie sobre estos graves hechos que van en contra de las ordenes emitidas en el Auto 004 de 2009 y que aumentan el peligro de extinción de los Pueblos Indígenas.

5) Solicitamos a la ONIC y la Opiac para que se pronuncien y exijan las garantías de protección y protección de los Pueblos Indígenas de San Vicente del Caguán y del Caquetá.

6) Hacemos un llamado urgente a las instituciones y organizamos de Derechos Humanos, a las Naciones Unidas, a la Defensoría del Pueblo a la Procuraduría General de la Nación y a las ONG-

defensoras de derechos humanos para que, nos acompañen, se pronuncien y solidaricen con la situación de altísimo riesgo que atravesamos los pueblos indígenas de San Vicente del Caguán.

7) Hacemos un llamado urgente de solidaridad a las demás organizaciones indígenas, campesina y afrodescendientes que conocen nuestro proceso organizativo.

Declaramos que seguiremos fortaleciendo nuestros procesos organizativos, que seguiremos rescatando nuestras culturas y seguiremos defendiendo la vida y el territorio hasta que se apague el sol.

El Dovio, Valle del Cauca
Asesinan a indígena y dejan herido a otro

La Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, Orivac, denunció que el líder indígena Pablo Gutiérrez, fue asesinado el 19 de junio, a las 7 p.m. al frente de la Cooperativa de Transportadores de El Dovio.

En este mismo atentado fue baleado Gilberto Chacoa, Líder y Gobernador del Asentamiento Indígena, Vereda el Dumar, del Municipio de El Dovio, Valle que se encuentra grave en el Hospital. Las comunidades culpan a los paramilitares.

jueves, junio 28, 2012

Conflicto social y armado/
Caravana humanitaria pide desmonte de base militar en el Cauca
Por: Elespectador.com/ Notimundo

Entre los acompañantes de la caravana figuran miembros de organizaciones internacionales y se espera la llegada de otras delegaciones de ONG.

Una caravana humanitaria internacional llegó a zona rural del departamento del Cauca, para acompañar a centenares de sus habitantes, campesinos e indígenas, que piden que el Ejército desmonte una base militar levantada en sus territorios.

"Venimos a acompañar a unas 1.500 personas de toda esta región para que se retire la base militar, pues hay mucho hostigamiento", dijo la exsenadora Piedad Córdoba, cabeza del colectivo Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP).

Entre los acompañantes de la caravana figuran miembros de organizaciones internacionales y se espera la llegada en los próximos días de otras delegaciones de ONG, añadió la activista humanitaria.

"Hay veedores internacionales de Inglaterra, de Francia y la semana entrante se aguarda a una comisión de varios países, muy grande", precisó Córdoba.

Los personas de la caravana se concentraron este jueves en la vereda Calandaima, en las montañas del municipio de Miranda y que desde hace meses se convirtió en un territorio de enfrentamientos intermitentes.

En esa región actúan facciones del VI frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En la misma zona la llamada Fuerza de Tarea Conjunta Apolo del Ejército colombiano levantó la base militar "Tres Cruces".

Desde comienzos de junio los habitantes de la región empezaron a protestar y a desplazarse por la presencia de la base, las continuas operaciones militares y los combates.

Asimismo, recordó la exsenadora Córdoba, las partes en conflicto colocaron minas antipersonal en la región. Uno de esos artefactos "mató en estos días a una persona", precisó la exlegisladora.

Actualmente más de 800 campesinos se encuentran desplazados en el casco urbano de Miranda y llegaron allí el pasado 23 de mayo.

Los campesinos que se concentran en la plaza central del municipio, le exigen al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos el retiro de esa base y de otros puestos militares instalados desde hace varios meses en áreas rurales de Miranda y otras localidades del Cauca.

Córdoba señaló también que desde el levantamiento de esa base "hay mucho hostigamiento a la población" que "no se quiere dejar sacar" de sus tierras y reclaman "atención humanitaria adecuada" y "garantías" para regresar a sus territorios.

Sin embargo, de manera arrogante, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, advirtió hace dos semanas que “la base no se moverá".

Además de manera irresponsable y temeraria afirmó que “se investigará si detrás de estas movilizaciones indígenas y campesinas, guerrilleros de las FARC estarían ejerciendo presión.

"Espero que la comunidad denuncie si está recibiendo presiones o si las están obligando a estar allí (...) las operaciones seguirán haciéndose en esta zona", señaló Pinzón el pasado 15 de junio.

“Las afirmaciones del ministro ponen en alto riesgo a la población civil que nada tiene que ver con el conflicto, pero es la que lleva la peor parte, porque a donde llegan los militares, también hacen su arribo los paramilitares”, le dijo un labriego a un medio local.

La primera desaparición forzada desde que las tropas de Estado ocuparon las fincas en la zona, según denunciaron a Notimundo las comunidades, se produjo el pasado 14 de junio cuando el campesino Gerardo Martínez, desapareció misteriosamente.

Indignados abuchearon y sacaron a Santos del Campus Party
Por Camilo Raigozo

El presidente Santos, uno de los principales responsables del esperpento de Reforma  a la Justicia, fue abucheado y chiflado por la comunidad que se encontraba a las 8:30 de la noche de este jueves, en el Campus Party, en Corferias.

A esa hora el mandatario hizo su arribo al evento de la tecnología que se desarrolla en Bogotá, pero fue rechazado con un unísono, “Fuera, fuera, fuera” y una fuerte silbatina que lo obligó a retirarse del lugar.

Antes de que el Presidente pronunciara su discurso, después de haber caminado por algunos salones, la gente lo chifló y le gritó: “¡abajo la Ley Lleras!”, “¡abajo la Ley Lleras!”, “¡abajo la Ley Lleras!” y “fuera, fuera, fuera”.

Santos no tuvo más remedio que abandonar el recinto apresuradamente antes de que el incidente pasara a mayores, ante la indignación de la población por los desafueros de la “reforma a la justicia y del fuero militar”.

Puerto Lleras, Meta
Alcaldesa quiere desalojar a familias desplazadas
Con información de Fensuagro

La comunidad campesina  del predio de Lomalinda ha venido ejerciendo posesión de forma tranquila pacifica  e ininterrumpida  por más de 15 años, sin embargo  la alcaldía municipal  de Puerto Lleras en cabeza de su alcaldesa Paula Andrea Vega Sánchez;-

 a través de  varias acciones jurídicas pretender  desalojar  a  éstas familias sin haber presentado posibles soluciones tales como una reubicación a estas familias  y  lo único que estaría ocasionando  sería una  grave situación de desplazamiento.

Las  familias que  habitan en este predio  en su mayoría  son afiliadas  a la Asociación Campesina de Trabajadores Agrícolas y Defensores del Medio Ambiente, Asocamtradema,-

(organización campesina conformada por familias campesinas víctimas del desplazamiento forzado, por causa del conflicto interno social, político y armado, que padece Colombia, desde hace varias décadas), filial Fensuagro. 

El desalojo previsto para la última semana, se enmarca  en la estrategia del despojo  de tierras  y  abandono forzado del  territorio, violando de manera directa los derechos  fundamentales de las comunidades del Meta,-

con el pretexto de contribuir  al desarrollo de los Mega Proyectos en donde no se tienen  en cuenta  los micro-agricultores,  quienes  son los cuidadores del campo y protectores del medio ambiente, por el contrario,-

a través de cualquier medio se busca despojar a este sector rural, como garantía de recuperación de territorios, para  entregarlos  a particulares y/o empresarios privados; tal como es en el caso de Cormacarena,-

con la cual se busca masificar la propiedad para la construcción de centros hoteleros y turísticos, con la aprobación y participación de algunas administraciones municipales y departamentales; que se han prestado para facilitar la gestión.

Desde el 30 de Marzo de 2012 se vienen presentando acosos e  intimidaciones  por parte de la administración local por orden de su alcaldesa Paula Andrea Vega Sánchez¸ quienes  junto con la Policía Nacional  se  han venido contra los campesinos que habitan el predio de Lomalinda.

En los meses de Mayo y Junio los pobladores  han visto pasar  hombres de civil encapuchados rodando las  veredas donde queda el Predio, esto se da desde que la comunidad  inicia un proceso organizativo  en defensa de los derechos humanos y de la tierra y en contra del desalojo.

El 12 de junio del 2012 se presenta al predio Lomalinda  una comisión de la Alcaldía de Puerto Lleras, con actitud intimidante en compañía de miembros de la Policía  Nacional   y  de la Sijín-

interrogando  a los campesinos, tomando  fotos, tratando de una forma  grosera a la comunidad, en aras de ejercer presión psicológica  con los   habitantes.

Los funcionarios  manifestaron que esta visita era  para programar a las  familias para un proyecto de vivienda; sin embargo la administración municipal  ha hecho  esto en varias ocasiones sin que hasta el momento-

se materialice dicho proyecto,  y la comunidad  ha manifestado que  no existen recursos destinados para vivienda desde el departamento mucho menos del municipio, según el mismo consejo municipal y la oficina de planeación.

El día sábado 16 de junio de 2012 se presenta una nueva visita de una patrulla de la policía donde visitan casa por  casa a los pobladores de la comunidad de Lomalinda, con el argumento de socializar a la comunidad el previo desalojo diciendo que fueran saliendo de forma pacífica.

Y de nuevo van sin orden oficial alguna. Esto para las familias ha sido intimidatorio y amenazante, tanto en adultos pero muy especialmente en  mujeres y menores de edad.

El 18 de Junio de 2012 a las 9 a.m. se reunieron líderes de Lomalinda, un defensor de derechos humanos Nacional con el Intendente Vargas de la Policía de Puerto Lleras, encargado de ejecutar el desalojo.

Reunión que fue convocada por el Intendente, argumentando hablar sobre la necesidad del desalojo de manera pacífica de las familias de Lomalinda, pero no respondió respecto de las gestiones que se adelantarían para la reubicación de estas familias.

Mientras esta reunión se desarrollaba un agente que se encontraba en la oficina del comando, todo el tiempo estuvo tomando fotos a todos y cada uno de los y las participantes,-

dentro de las cuales se encontraba una defensora de derechos humanos y responsable nacional de organizaciones de víctimas.

Este hecho nos demuestra la falta de respeto a los derechos humanos teniendo en cuenta que quienes estaban allí son víctimas y además líderes de organizaciones víctimas del conflicto armado del departamento y a nivel nacional.

El  20 de Junio de 2012 a las 9 a.m. personal de la Sijín, nuevamente estuvo haciendo patrullaje por Lomalinda sin ninguna razón, sin embargo  si causó amedrantar a las familias que en su mayoría son mujeres cabezas de familia,-

entre las que se encuentran víctimas del desplazamiento forzado y con este  tipo  de  actuaciones causa   la revictimización  de éstas, este mismo día ingresaron 2 camionetas con policía al predio de Loma linda, realizando un patrullaje en todo el terreno.

Es importante mencionar que los  dirigentes campesinos miembros Asocamtradema, vienen siendo objeto de intervención de sus líneas telefónicas de forma descarada y evidente,-

violando el  derecho a la privacidad, hecho  que ha venido sucediendo desde hace un tiempo especialmente con los teléfonos de los dirigentes de la comunidad.

López de Micay, Cauca
“Nos envenenan”
Por Cococauca

El 28 de junio de 2012, pasaron las avionetas escoltadas por helicópteros y fumigaron el consejo comunitario de comunidades negras de Mamuncia, en el municipio de López de Micay – costa pacífica de Cauca, cuya área territorial es de 45.000 hectáreas.

Los 6.700 habitantes, distribuidos de manera dispersa en 22 comunidades están sufriendo las atrocidades de este etnocidio que acaba con toda la gente en especial afecta fuertemente a las niñas y niños, mujeres en embarazo, y adultos mayores.

La crueldad contra nuestra etnia sigue sin contemplación y de inmediato se desataron problemas en la salud de niños, niñas, adultos mayores, mujeres en embarazo, jóvenes y adultos,-

y en general la vida de las comunidades, Con estos hechos se viola los derechos propios como grupo étnico, también el artículo 81 de la constitución nacional que expresa:

“queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares...” insistiremos que Colombia debe respetar sus acuerdos internacionales sobre la materia cuando es el único país del mundo que permite la Guerra química contra su territorio.

Exigimos al gobierno colombiano suspender estas acciones endemoniadas e iniciar un proceso de concertación con las comunidades sobre sus políticas antinarcóticas.

Alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre los hechos que están sucediendo, y les solicitamos apoyo para exigirle al gobierno nacional el respeto a la vida y el territorio de los pueblos-

negros del Pacifico, la suspensión inmediata de todas las formas de violaciones entre ellas las fumigaciones; se respeten y acaten los convenios y pactos suscritos de Colombia con la comunidad internacional-

tal como la consulta previa, libre e informada con base en el convenio 169 de la OIT, y se proceda conforme a los derechos consagrado en la Ley 70/93 o ley especial para las comunidades negras en Colombia.

Parauribismo/
Preocupación en la comunidad de San José de León por acoso paramilitar
Por Junta de acción comunal

La comunidad de la vereda San José de León siente gran preocupación por que a partir de las denuncias realizadas en los pasados días se vienen presentando una serie de irregularidades.

Se presentan seguimientos, vigilancias por parte de paramilitares de la zona del Puente de La Fortuna a algunos miembros de la junta de acción comunal. Por tanto la comunidad de San José de León insiste en exigir a las autoridades:

Que se tomen todas las medidas necesarias y suficientes para prevenir el inminente ataque contra la vida y demás derechos fundamentales de los habitantes de esta región.

Que se accionen todas las medidas tendientes a proteger la vida de los habitantes del corregimiento San José de León en el municipio de Mutatá.

Que se garantice la seguridad física, psicológica e integral de los habitantes del Corregimiento San José de León.

Que la Fiscalía General de la Nación y los demás órganos de control hacia las fuerzas militares, las organizaciones de Derechos Humanos, La Cruz Roja Internacional, la ONU,-

la alcaldía y la gobernación, adelanten las investigaciones necesarias y rigurosas con el fin de investigar y sancionar a los responsables de actividades que pongan en riesgo a la población civil.

Al Ministerio Público para que exija a las autoridades el estricto cumplimiento a sus competencias e investigue la acción u omisión de servidores públicos en los casos de violación de derechos humanos en el territorio.

Recordamos cuales son las responsabilidades de protección de los derechos humanos que recaen de acuerdo con la constitución y los tratados y Convenios Internacionales sobre el Estado colombiano,-

y éste debe estar siempre sujeto a velar por el cumplimiento de lo consagrado en la máxima Carta Política, es así además que existen compromisos ineludibles en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario ante la comunidad internacional.

Además el estado está en la obligación de proteger y prevenir las violaciones frente a estos derechos, tomar todas las medidas necesarias para investigar, identificar,-

juzgar y sancionar a los responsables por su acción u omisión, o tomar las medidas correctivas de carácter administrativo o político que violen los derechos más fundamentales y universales de la población civil.

Parauribismo/
La situación de derechos humanos en la comuna 8 de Medellín en manos de paramilitares
Por Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia- Europa- Estados Unidos

La comuna 8 de Medellín, es un territorio con 35 barrios reconocidos por la comunidad los cuales presentan graves problemas de desigualdad, pobreza e inequidad social, a esto se suma la presencia constante de paramilitares que han sometido a la población al terror y la zozobra. 

Entre el año 2011 y lo que va corrido de 2012, la comuna, ha sufrido graves violaciones a los derechos humanos, restricción a la movilidad debido a los constantes enfrentamientos entre las estructuras paramilitares y la creación de fronteras invisibles;-

a esto se suman las múltiples amenazas a pobladores, líderes comunitarios e Instituciones Educativas, la deserción escolar, extorciones a comerciantes y desplazamiento forzado intraurbano.

En este territorio hacen presencia las estructuras paramilitares de los Urabeños con aproximadamente 300 hombres en armas y la oficina de Envigado dirigida por Alias “Sebastián”,-

con 270 hombres en armas; el constante enfrentamiento de estas dos grupos, ha generado la muerte de más de 30 personas durante el 2012,  profundizándose entre el mes de mayo y junio, donde ocurrieron 18 asesinatos.

Se destaca que durante los enfrentamientos se han empleado armas de alto y corto alcance. De igual manera es preocupante el hecho de que francotiradores apostados-

en partes altas de los barrios disparen y sea una amenaza constante, la destrucción con explosivos de puentes peatonales que conectan las comunas 8 y 9 de Medellín.

Esto ha propiciado el desplazamiento forzado intraurbano de 70 familias, y otras tantas han dejado sus hogares de manera intermitente ya que regresan esporádicamente a velar por sus enceres.

Es de anotar que en esta cifra se encuentran los casos de tres líderes sociales y juveniles que por las amenazas de estos grupos armados y acciones durante operativos de la Fuerza Pública han sido desarraigados.

Se reporta con gran preocupación una disminución del 30% de los estudiantes de la comuna, los cuales han debido abandonar las aulas por el miedo a perder la vida al traspasar las fronteras territoriales impuestas por los grupos armados.

En esta comuna, ejercer la defensa de los derechos humanos y un liderazgo social, es una actividad de alto riesgo, ya que se han presentado señalamientos y hostigamiento-

a líderes  sociales que al no estar de acuerdo con el accionar de estos grupos, se hacen blancos de amenazas directas, panfleteo y desplazamiento.

El caso más reciente es el de un líder social que fue obligado abandonar su casa y entorno social, quien luego al regresar por sus pertenencias, sufrió un atentado con explosivos por parte de una de estas estructuras.

A esta grave situación de derechos humanos, la única salida que ha propuesto la Alcaldía de Medellín, ha sido el incremento del pie de fuerza con presencia de efectivos del Ejército Nacional,-

lo cual como se ha comprobado en ocasiones anteriores como el caso de la comuna 13 con la Operación Orión, no son efectivas ni eficaces, y mucho menos garante de derechos humanos.

En tal sentido reducir el tema de seguridad a una problemática de falta de control efectivo del territorio por parte de autoridades policiales y judiciales,-

y continuar con este tipo de propuestas como única salida para el tema de violencia es girar en un círculo vicioso que perpetúa los ciclos de violencia y la impunidad.

Por lo expuesto anteriormente, el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia- Europa- Estados Unidos exige:

1.    Respeto y garantía por el derecho a la vida digna de las y los habitantes de la comuna 8.

2.     Una mirada de ciudad- comuna bajo la premisa de que existe un conflicto armado, que incide en las dinámicas de violencia de la ciudad para así desarrollar programas integrales en el tema de seguridad y derechos humanos.

En tal sentido la Alcaldía debe reconocer públicamente la grave situación de violencia que padece la comuna, y no descalificar las denuncias que al respecto realizan organizaciones sociales y comunidad en general.

3.    Trascender el enfoque que asume la seguridad como simples problemas de orden público y deja de lado las necesidades de los ciudadanos, asumiendo como un enfoque válido y necesario para la ciudad la seguridad humana y la garantía de los derechos humanos..

4.    Invertir más en las demandas sociales que en infraestructura y pie de fuerza.

5.    Diseñar políticas claras que apunte a la eliminación de la criminalidad y a la depuración de la corrupción en las instituciones estatales.

Polo Democrático mantendrá recolección de firmas para promover un referendo por la justicia
Por Caracol

El representante a la Cámara Iván Cepeda señaló que a pesar de que la Reforma a la Justicia se archive en el Congreso,-

la recolección de firmas se mantendrá para impulsar ya no una revocatoria, sino un referendo por la justicia.

Según el congresista se buscará un referendo para que el Gobierno forme una mesa de concertación-

con magistrados calificados y movimientos ciudadanos para generar una nueva Reforma a la Justicia, blindada de vicios y garantizando su transparencia.

“Hay la posibilidad de continuar con un referendo en esta oportunidad por la justicia, como lo digo una mesa de concertación entre la sociedad civil y el Gobierno podría generar una propuesta que-

fuera refrendada por los ciudadanos y que tendría que venir al congreso pero en otras condiciones. La vigilancia ciudadana seria el futuro de esa reforma”, manifestó Cepeda.

El representante agregó que se adelantarán conversaciones con los miembros promotores del referendo para determinar qué es lo más oportuno.

Padre de joven asesinado a garrote por la Policía denuncia hostigamientos

Yuri Enrique Neira, padre de Nicolás Neira, de 15 años, asesinado a garrote el 1 de mayo de 2005 por el Esmad de la Policía, cuando marchaba en la celebración del Día de los Trabajadores.

Enrique Neira escribe una carta desde España, donde se encuentra en calidad de refugiado, víctima de varios atentados y múltiples amenazas contra su vida, porque no ha cesado en reclamar justicia por el atroz asesinato de su hijo.

Notimundo transcribe integralmente a continuación la denuncia pública emitida por Neira, dirigida al director de la Policía Nacional, general Roberto León Riaño:

Denuncia Hostigamientos de la Policía Nacional

España, junio  de 2012

Señores
GENERAL ROBERTO LEÓN RIAÑO
POLICIA NACIONAL
Director Nacional

                                                    Asunto: Denuncia  Hostigamientos de la Policía  Nacional

En mi calidad de integrante del  Capitulo Bogotá del Movimiento  Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y de la Campaña contra la brutalidad Policial y por desmonte del ESMAD y como padre de Nicolás Neira,-

un niño de 15 años asesinado el 1 de mayo de 2005 por integrantes del ESMAD, me permito poner en conocimiento que el viernes  pasado, 15 de junio 2012, la señora Patricia Rodríguez, Capitán a cargo-

del departamento de Derechos Humanos de la  policía metropolitana de  Bogotá , visitó en su domicilio a mi Madre bajo el pretexto de hacerme extensiva una  invitación a un curso de Derechos Humanos (tema del cual son los mayores violadores en el país).

Afirmó (La capitán) que fue hasta mi casa porque fue imposible comunicarse conmigo, que no contesté sus llamadas, resulta curioso que la señora  la Sra. Patricia Rodríguez, intentara contactarme  en  mi casa materna,-

recordando que mientras estuve en Colombia,  nunca recepcionó ni le dio trámite a  mis denuncias sobre las actuaciones irregulares de algunos, que son la mayoría, integrantes de la Policía Nacional y más curioso resulta que solo hasta ese día se entera que tuve que  salir del país  por amenazas contra mi vida e integridad personal;

¿Acaso no existe registro en las entidades migratorias  sobre mi salida del país?, es de conocimiento público que fue necesario salir de Colombia, para evitar otro o el quinto atentado contra mi vida, es increíble que casi tres (3) meses después de mi salida la Policía Nacional no esté enterada, que pasa con su tan cacareada “inteligencia??.

Cabe recordar los montajes realizados y las acciones de intimidación ejercidas en mi contra, por parte de integrantes de su institución, los cuales nunca han sido investigados  ni por el  encargado de Derechos Humanos a nivel nacional Sr John Arango,-

Teniente Coronel, ni por la delegada para este tema en la Metropolitana de Bogotá Sra. Patricia Rodríguez, esta situación se ratifica (entre otros ya que me han detenido ilegalmente 25 veces) con los hechos ocurridos el 1 de mayo del año 2011,-

en donde fui víctima  de una detención ilegal, acompañada de una golpiza; han transcurrido 424 días y  hasta el momento no recibido ninguna respuestas por ningún medio, es por esta razón que considero sospechosa  la visita realizada a mi casa  para invitarme a un evento de derechos humanos.

Será que finalmente la Policía Nacional  ha optado por proteger los derechos humanos en vez de vulnerarlos? Y pretenden hacer olvidar los casos de jóvenes asesinados y comunidades que han-

sido víctimas de represión, basta recordar los casos de Oscar Salas, Jhonny Silva, Nicolás Neira, Gustavo Marulanda, Simón Torres, Diego Becerra, Wilmer Bernal, entre otros y los abusos en contra-

de  200 familias de la comunidad de mineros, en su gran mayoría  afrocolombianos a los cuales les lanzan gases lacrimógenos y golpeándolos con los bastones de mando y a patadas, entre otros.

Es bueno recordarles que para efectos de notificarme una decisión o hacerme llegar una invitación, el conducto regular  es enviar dichas comunicaciones a la oficina del Movice (Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado)-

o con mis abogados, en lugar de hacerse presentes en la casa de valiente mujer, madre y abuela de más de 70 años, que la policía le asesina a su único nieto varón de la forma más bárbara que puede existir…a garrote.

¿Cual era la intención de la Sra. Patricia Rodríguez, capitán de la policía, intimidar o darle un mensaje a mi familia? O ¿será que estaba señalando el camino a los sicarios para que esta vez no fallen?-

(recordemos que el tercer atentado en mi contra fue a 100 metros de mi casa materna, la misma que acaba de visitar la Sra. Patricia Rodríguez) su jefe Sr. Jhon Arango ¿lo sabe? La envío?, se me viene a la mente solo una frase… “concierto para delinquir.

Señores de la Policía Nacional, dejo constancia que si yo o algún integrante de  mi familia  somos amenazados, perseguidos y/o desaparecidos o en el peor de los casos asesinados,

es por el proceso de denuncia y búsqueda de justicia por el asesinato de mi hijo Nicolás Neira a manos de efectivos del Esmad, así como las denuncias presentadas por las distintas violaciones a-

los derechos humanos cometidas por integrantes de la Policía Nacional y/o por la  “tan amable y desinteresada” visita de la Sra. Patricia Rodríguez y el silencio administrativo del Sr. Jhon Arango miembros del departamento de DDHH de la policía nacional. 

Dejo en claro que  más temprano que tarde, nuevamente estaré en las calles protestando y denunciando las violaciones de los derechos humanos, por no decir las barbaridades habituales y/o asesinatos, de la Policía Nacional.

Ustedes podrán tener armas, entrenamiento y tecnología entre otros, pero  no quedarán impunes sus crímenes ni reinaran por siempre, porque yo estaré ahí, de pie y buscando la verdad contra su impunidad-

y con actitud de ganador, porque yo tengo el amor a mi hijo (asesinado por ustedes hace 2.616 días – 62.784 horas) y tengo a mi gente, el pueblo colombiano, que ya está cansado de su barbarie.

¡MI VOZ LA QUE ESTA GRITANDO, MI SUEÑO EL QUE SIGUE ENTERO Y SEPAN QUE SOLO MUERO SI USTEDES VAN AFLOJANDO... ¡

YURI ENRIQUE NEIRA SALAMANCA
CC N°.19. 480. 414 de Bogotá
Correo electrónico: yuristoteles3@gmail.com

miércoles, junio 27, 2012

Seguridad narcocrática/
Corte Suprema ratificó condena contra oficial y dos soldados por asesinatos a sangre fría
Por Camilo Raigozo

La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a 35 años de prisión contra un oficial y dos soldados del Ejército Nacional por su responsabilidad en los asesinatos a sangre fría de dos civiles.

Los tres terroristas pertenecientes al Batallón Anzoátegui Contraguerrilla acabaron con la vida de las dos víctimas y las presentaron como guerrilleros dados de baja en combates.

Según la decisión del alto tribunal, los terroristas estatales asesinaron a estas dos personas en Yarumal, Antioquia, los vistieron de camuflados y les pusieron un arma de fuego y una granada para completar la coartada

Los criminales son, el teniente Diomedes Rafael Carey y los soldados Luis Fernando Betancur y Santiago de Jesús Escudero. Las víctimas fueron identificadas como  Gonzalo Correa y Mauricio Mazo, relacionados con el narcotráfico. 

Según la Corte, los militares los asesinaron para robarles 800 millones de pesos producto del tráfico de estupefacientes.

El ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, los altos mandos castrenses, el gobierno de Santos, congresistas inescrupulosos y la ultra derecha, pretenden ampliar el fuero militar con el fin de que estos crímenes,-

otras violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cometidos por miembros de la fuerza pública, queden en la impunidad, que de por sí ya es aberrante.

Seguridad narcocrática/
Uribe le pide a uno de sus secuaces que se entregue  a las autoridades de EU
Por Camilo Rraigozo

El expresidente Álvaro Uribe, vía Twitter, le pidió a su otrora secuaz de fechorías, el presunto narcoterrorista, general de la Policía, Mauricio Santoyo, que se entregue a las autoridades de Estados Unidos.

"Gral Santoyo debe presentarse al juez y evitar a Colombia penoso incidente de extraditar un General de la República", trinó Uribe.

Mientras tanto, el general José Roberto León, director de la Policía Nacional, en vez de ordenar la captura de Santoyo, le suplicó al presunto criminal que “sea sensato y se presente  ante la justicia de Estados Unidos”.

Varias organizaciones no gubernamentales nacionales y del exterior, acusan a Santoyo de estar involucrado en desapariciones y asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales,-

además de haber interceptado ilegalmente las comunicaciones de ONGs, entre otros actos atroces, desde cuando era jefe del Gaula en Medellín, muy cercano al entonces gobernador de Antioquia, Uribe Vélez.

Las autoridades de Estados Unidos solicitaron la detención del presunto narcoterrorista,  a quién acusan según pruebas que tienen en su poder, de narcotrafico en alianza con paramilitares.

Seguridad narcocrática/
El Ejército asesinó a indígena con 8 meses de embarazo
Por Camilo Raigozo

El pasado jueves 21 de junio, María Andrea Onogama Arcila, indígena embera chamí, de 22 años y con ocho meses de gestación, fue sorprendida por disparos de miembros de la Brigada 8 del  Ejército Nacional.

El bebé que llevaba dentro murió instantáneamente, mientras que ella prolongó su existencia hasta las 7 de la noche del pasado domingo 24 de junio cuando falleció en un hospital.

Los hechos criminales ocurrieron en la vereda Itaurí, municipio de Pueblo Rico, Risaralda, cuando María Andrea y su esposo Orlando Guatiquí Nayasa, de 28 años, se encontraban pescando.

Según declaraciones a los medios del gobernador del resguardo del que hacían parte las víctimas, Luis Antonio Siagama, María Andrea y su esposo habían ido a pescar debido a la escasez de alimentos.

“Mientras Orlando manipulaba la atarraya, seis militares les dispararon", recordó el Gobernador.

Como es costumbre, los terroristas que le segaron la vida a María Andrea y a su bebé, a quién le truncaron la vida antes de que viera la luz, trataron de hacer creer que los crímenes se habían producido en un enfrentamiento con la guerrilla, lo que indignó a la comunidad.

El ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, los altos mandos castrenses, el gobierno de Santos, congresistas inescrupulosos y la ultra derecha, pretenden ampliar el fuero militar con el fin de que estos crímenes,-

otras violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, cometidos por miembros de la fuerza pública, queden en la impunidad, que de por sí ya es aberrante.

martes, junio 26, 2012

Golpe a la democracia en Paraguay
Santos no da la cara en Cumbre de Unasur en Argentina
Por Camilo Raigozo

Informaciones de varios medios manifiestan que el presidente Juan Manuel Santos no viajaría a la cumbre de presidentes de la Unión Suramericana de Naciones, Unasur, en Mendoza, Argentina, el próximo viernes, alegando “cuestiones de agenda interna”.

En dicha cumbre los mandatarios suramericanos evaluarán el golpe de Estado vía Congreso en Paraguay y el aislamiento regional del régimen de facto. Santos enviaría, de acuerdo a las informaciones, a la canciller María Ángela Olguín.

Es una manera soterrada de apoyar al régimen golpista que derrocó al presidente democráticamente elegido, Fernando Lugo. De Santos no se podía esperar otra cosa, pues al fin y al cabo el que ordena es Washington.

Parauribismo/
Persisten las amenazas en contra de los dirigentes campesinos del Meta
Por Fensuagro

El día sábado 23 de junio de 2012, aproximadamente las 5 p.m., la líder social y defensora de derechos humanos, María Eugenia Sepúlveda Gómez, recibió una llamada de un celular que registraba número  desconocido, donde  se dio la siguiente conversación.

“¿Con quién hablo?, ¿Con María Eugenia?”. Luego le dice “ ¿Usted es la presidenta de la JAC de la vereda el dorado?”. Ella dijo que sí.

Después el sujeto agregó, “Usted es la candidata a la Asociación de Juntas del Municipio de Vistahermosa”. La defensora dice que sí.

En ese momento  el sujeto le dijo: “Si usted quiere su vida y la de su familia renuncie a la candidatura, porque nosotros sabemos que esa candidatura es patrocinada por la guerrilla y  el gobierno no puede estar con la guerrilla”.

María Eugenia asustada le preguntó: “¿quién es usted?” Identifíquese. El sujeto le contestó: “Eso es lo que menos le debe importar interésese por usted y su familia” y colgó.

El 2 de Junio de 2012  Aspromacarena,  realizó una gira   por el municipio de Vistahermosa, allí  las comunidades informaron sobre la presencia de personas extrañas armadas que están en la región, actuando libremente.

Que los extraños han comentado que tienen en sus manos listas de dirigentes  de la región como son Doris Rivera, presidenta de Dhabajoariari, miembro de Aspromacarena y del ejecutivo Nacional de  Asodemuc.

Amanda Vásquez, secretaria de la JAC de la vereda los Pinos y secretaria regional del Comité DDHH de la Vereda la Cooperativa.

Y el campesino Jairo de la vereda La Cooperativa, situación que pone en riesgo a la población civil, principalmente  a las organizaciones  y líderes sociales que vienen   trabajando mancomunadamente con las comunidades  en el municipio de Vista Hermosa.

En este momento los  directivos de Asprmacarena temen por sus vidas puesto que han sido amenazados varios de sus miembros, debido a que los sitios por que se tienen que desplazar para salir de la región están Piñalito,-

Santo Domingo, Puerto Rico, Puerto Lleras y Vista Hermosa, sitios donde las comunidades han visto a los presuntos paramilitares. Cabe anotar que esas mismas zonas están altamente militarizadas.

domingo, junio 24, 2012

Convocan encuentro de familias sin vivienda en Bogotá
Por Hernán Durango

Familias desposeídas de vivienda digna en el Distrito Capital se reunirán nuevamente el domingo 1 de julio a partir de las 9 de la mañana  para debatir las políticas oficiales-

en materia de vivienda y los anuncios del ejecutivo nacional según los cuales otorgarían viviendas gratis  a 100 mil núcleos familiares del país. 

La reunión tendrá lugar en  el salón Cultural del Barrio Policarpa Salavarrieta , Carrera10 con calle 3 sur de la capital de la República y ha sido convocada por la Central Nacional Pro Vivienda , Cenaprov.

Según el presidente de Cenaprov, Luis Jerez,  la asamblea de inquilinos   de Bogotá ha estado antecedida de varios encuentros en localidades y centrará su atención en  identificación de la población carente de vivienda digna en la-

ciudad capital para generar el  proceso de organización, socialización y definición de un plan de acción y movilizaciones para lograr que las promesas de las autoridades nacionales y distritales en tal sentido no queden en el papel como letra muerta. 

Cenaprov  quiere  que la gente  necesitada de vivienda  no quede ilusionada ni engañada. Queremos que los gobernantes  cumplan, aunque las metas no superarán la realidad del déficit de vivienda  en el país, explica Jerez.

Contacto: 3114778351


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