Parauribismo/

Amenazas y seguimientos contra abogada de la Corporación Justicia y Libertad

Por Corporación Justicia y Dignidad

El día lunes 11 de abril de 2011 a las 18:00 horas llegó al teléfono celular de la Corporación Justicia y Dignidad, desde el teléfono 3172553821, el siguiente mensaje de texto:

“Q la perra abogada no se meta en lo que no le inporta q ya sabe q le va pazar y q el abogado se qd sin mamar son odjetibo militar de la organisasion bca”.

Este mismo día a las 11:00 de la mañana, el líder campesino Rafael Ulcue Perdomo, beneficiario de las Medidas Cautelares MC-97-10, recibió una llamada a su celular de parte del individuo conocido con el alias de “El Gusano” quien le reclamó por haber denunciado ante las autoridades la retención de que aquel fuera víctima por parte de “El Gusano” y el Ejército Nacional el 19 de febrero anterior.

Rafael Ulcué le manifestó que “ese es el trabajo que la comunidad viene desarrollando con los abogados como forma de protegerse”, a lo que el individuo en tono amenazante le contestó “No sé cómo vamos a hacer pero eso no se queda así”.

En el día de hoy 14 de abril de 2011, a las 12:59 horas llegó al teléfono celular del abogado Alexander Montaña Narváez, integrante de la Corporación Justicia y Dignidad, y al teléfono celular de la abogada Sofía López desde el teléfono celular No. 3174972734, un nuevo mensaje de texto que dice: “Ya esta hub.icada”.

A las 4:10 de la tarde la abogada Sofía López salía de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca ACIN, a 7 cuadras de la ACIN pudo percatarse que dos individuos de tez morena, quienes vestían ropa color oscura la siguieron hasta la vía panamericana en la entrada de Santander de Quilichao, durante un lapso no menor de 20 minutos.

Los individuos se movilizaban en una moto honda de color rojo, ambos tenían casco y portaban “canguros”- maletín de mano- de color negro sin sello, color negro.

Es importante indicar que los ataques y obstáculos al ejercicio profesional no solo provienen de agentes militares y de desconocidos, sino que las descalificaciones provienen desde las mismas esferas legales del gobierno.

Recordemos que en el proceso judicial radicado con el No. 2011-00060 que cursa en el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, el apoderado del Presidente de la República “Pide se estudie si la presente acción de tutela adolece de temeridad, al ser utilizada como mecanismo para menoscabar la acción del Gobierno Nacional en defensa de los derechos humanos….” (Fallo de 23 de febrero de 2011).

Esto, por el solo hecho de los suscritos reclamar por vía de Tutela el cumplimiento de las medidas Cautelares dispuestas por la CIDH.

Estos hechos han causado zozobra entre los miembros de Justicia y Dignidad por la persistencia de las amenazas en los últimos días, presentados en un clima de intensificación del conflicto armado en el suroccidente del país.

Expresamos nuestra especial preocupación por la vida y la integridad personal de la colega Sofía López Mera, pues es evidente que este macabro mensaje va dirigido contra ella pues es la única abogada de la Corporación.

Es de reiterar que la investigación penal por los hechos de agresiones y seguimientos a los integrantes de Justicia y Dignidad, aún se encuentra en trámite administrativo con el objeto de verificar si es procedente la reasignación del caso a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, sin que a la fecha se haya tomado alguna decisión por las agresiones físicas y seguimientos ni se haya derivado responsabilidad por tales hechos.

Tampoco se le ha dado trámite ni respuesta a las medidas de protección solicitadas al Ministerio del interior y de Justicia desde el pasado 21 de octubre de 2010.

Exigimos

Exigimos del Estado de Colombia Brindar todas las garantías para realizar la labor de defensa de los derechos humanos en el suroccidente del País.

Solicitamos

Solicitamos a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales divulgar la presenten denuncia y exigir al Estado la investigación correspondiente y protección y garantía para la defensa de los derechos humanos en el sur occidente del país.

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Parauribismo/

“Funcionarios de las universidades promocionan y apoyan paramilitares”

“Condenas como la del ex rector de la Universidad de Córdoba, Víctor Hugo Hernández, a 35 años de prisión… y el revelado pacto del ‘plan pistola’ o ‘plan bala’ en nuestra universidad, demuestran que lo que en realidad hay al interior de las universidades son funcionarios que han promocionado y apoyado a los grupos paramilitares como las Auc”.

Por Érika Juliana Martrínez

La afirmación hace parte de las declaraciones realizadas por el Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, Sintraunicol subdirectiva Bucaramanga; la Corporación por la defensa de los Derechos Humanos de la UIS Christian Roa, el Observatorio Estudiantil Dloea y otras organizaciones de la comunidad educativa de la Universidad Industrial de Santander.

Los pronunciamientos surgen en respuesta a las declaraciones del director nacional del DAS, Felipe Muñoz, quien aseguró que las universidades públicas (incluida la UIS) se encuentran infiltradas por las Farc y el ELN.

De acuerdo con Luis Alberto Prada, vicepresidente de Sintraunicol Bucaramanga, los recientes señalamientos del funcionario del Das no son más que otro intento de estigmatización de las organizaciones sindicales y defensoras de derechos humanos:

“Esto sólo hace que quienes estamos en la defensa de la educación pública seamos blanco de los grupos al margen de la Ley… esta es la manera de estigmatizar y de poner en riesgo la vida de quienes estamos interesados en que la educación de este país sea pública”.

Prada sostuvo que “a pesar de que cada vez las amenazas se van haciendo más reiterativas y fuertes en su expresión, las directivas de la Universidad no han ofrecido garantías de quienes han sido víctima de estas intimidaciones”.

Es más, el vocero de Sintraunicol aseguró que “por el contrario hemos recibido seguimiento por parte de la vigilancia privada y acoso laboral de algunos funcionarios…”.

Finalmente, los representantes de los trabajadores y estudiantes enfatizaron: “Seguimos reiterando que no somos terroristas, ni guerrilleros y dejamos en cabeza del Gobierno y del Estado colombiano la responsabilidad exclusiva de lo que pudiera acontecer con nuestras vidas, y con la de cualquiera de nuestros familiares”.

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Parauribismo/

Abogados del caso Drummond insisten en que Uribe debe testificar

Por: Sergio Gómez Maseri. El Tiempo

Radicaron una solicitud en ese sentido en la Corte del Distrito de Washington que lleva el caso.

Los abogados sostienen que la sugerencia de inmunidad que el Departamento de Estado radicó hace diez días para el ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, permitiría solicitar el testimonio del ex mandatario en este proceso.

Dicen que ellos, en calidad de representantes de las víctimas en este caso, quieren el testimonio de Uribe sobre actos anteriores a su mandato en Colombia (2002-2010) y que no pueden ser considerados como labores oficiales de un mandatario.

La sugerencia de inmunidad que radicó el Departamento de Estado alegó que Uribe no podía ser involucrado en este caso para examinar sus actos de Gobierno, pero dejó la puerta abierta para que fuera citado para estudiar actos no oficiales o anteriores a su mandato.

Ahora, será el juez del caso el que se encargará de determinar si es procedente el recurso presentado por los abogados de las víctimas en el caso de la Drummond, compañía que es investigada porque habría pagado a comandos paramilitares para eliminar a líderes sindicales.

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Original Caracol

Solamente hay cinco condenados por los cuatro escándalos de corrupción más graves de los últimos años

Por Caracol Radio

Caracol Radio hace un corte de cuentas a los casos de Agro Ingreso Seguro, "chuzadas", "falsos positivos" y "yidispolítica" donde no hay ningún alto exfuncionario con imputación de cargos.

Hoy en Colombia por cuenta de los cuatro escándalos de corrupción más graves de los últimos años, solamente hay cinco personas condenadas, mientras que la gran mayoría de los altos exfuncionarios investigados por los hechos, no han sido ni siquiera convocados a audiencia de imputación de cargos.

"Chuzadas"

En el caso de los seguimientos e interceptaciones telefónicas ilegales, conocido como el escándalo de las “chuzadas” del DAS, solamente han sido condenadas dos personas y más de dos años después de haber iniciado el caso, la Fiscalía aún no ha imputado cargos contra altos exfuncionarios del gobierno Uribe investigados por esos hechos.

Hasta el momento han sido condenados por “chuzadas” los capitanes Jorge Alberto Lagos y Fernando Tabares, exdirectores de inteligencia y contrainteligencia del DAS, quienes tendrán que pagar ocho años de cárcel tras aceptar su responsabilidad en el caso de “espionaje”.

Sin embargo, ocho meses después de haber sido llamados a interrogatorio, la Fiscalía todavía no decide si formula imputación de cargos contra altos exfuncionarios del gobierno Uribe como Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado, Jorge Noguera, Andrés Peñate, José Obdulio Gaviria, César Mauricio Velásquez, Edmundo del Castillo y Jorge Mario Eastman, involucrados por varios testigos en este escándalo de seguimientos e interceptaciones telefónicas contra periodistas, magistrados y políticos opositores.

La máxima sanción disciplinaria en el caso de las ‘chuzadas’, fue para el ex director del DAS Jorge Noguera, con 20 años de suspensión e inhabilidad y contra el ex subdirector José Miguel Narváez.

El Ministerio Público también sancionó con destitución y 18 años de inhabilidad a la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, al ex director de la Uiaf Mario Aranguren y el ex secretario de Palacio Bernardo Moreno.

Una sanción de 15 años fue impuesta a los ex subdirectores de Inteligencia y Contrainteligencia Fernando Tabares y Jorge Alberto Lagos; y Carlos Alberto Arzayuz, ex subdirector de Operaciones de Inteligencia.

Agro Ingreso Seguro

En el caso de las investigaciones por presuntas irregularidades en la entrega de subsidios de Agro Ingreso Seguro a familias acomodadas, hasta el momento sólo se han imputado cargos contra cuatro exfuncionarios de mediano rango del ministerio de Agricultura.

Se trata de Camila Reyes, Tulia Eugenia Méndez, Juan Camilo Salazar y Oskar August Schroeder Muller. Este viernes se adelantará la imputación de cargos en contra del exsecretario general del Ministerio de Agricultura, Juan David Ortega, al exgerente del Incoder, Rodolfo Campo Soto y a Javier Romero Mercado.

Sin embargo, llama la atención que pese a que las investigaciones por Agro Ingreso Seguro comenzaron en septiembre de 2009 y todavía el despacho de la fiscal general no ha decidido si imputa cargos contra los exministros de Agricultura Andrés Felipe Arias y Andrés Fernández.

"Falsos positivos"

En el caso de los “falsos positivos” de Soacha, pese a que 55 militares están investigados, ninguno ha sido condenado.

Son varios coroneles, mayores y soldados profesionales investigados por esos hechos, ocurridos entre enero y agosto de 2008 en Ocaña, Norte de Santander. Las maniobras dilatorias de la defensa de los uniformados y las demoras del Consejo de la Judicatura han impedido que haya sentencias. Además no hay ni un solo general investigado por esos hechos.

"Yidispolítica"

En el caso de la “yidispolítica”, pese a que hay tres condenas contra excongresistas, todavía no hay sentencias en el caso de los exfuncionarios del gobierno Uribe.

Han sido condenados los excongresistas Yidis Medina, Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus por haber recibido prebendas para votar a favor de la reelección de Álvaro Uribe. Sabas pretelt fue llamado a juicio pero desde hace meses, casi años no se toman decisiones de fondo en el caso de Diego Palacio, Alberto Velásquez y Bernardo Moreno, quienes fueron llamados a indagatoria en septiembre de 2008.

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Seguridad narcocrática/

Hostigamientos contra líder de búsqueda de ambientalista caleña desaparecida

Por Comisión Colombiana de Juristas

Bogotá, 12 de abril de 2011. La Comisión Colombiana de Juristas rechaza los hostigamientos y amenazas contra Hildebrando Vélez, quien ha liderado la búsqueda de Sandra Viviana Cuéllar Gallego (foto), una joven ambientalista que fue desaparecida forzadamente, el 18 de febrero de 2011, cuando se dirigía desde la ciudad de Cali hacia Palmira.

El 9 de abril de 2011 a las siete de la noche, Hildebrando Vélez regresó a su casa en la ciudad de Cali y se percató que dos computadores portátiles, un disco externo, una memoria USB y un teléfono celular le habían sido sustraídos.

Las cerraduras no habían sido forzadas, tan solo fueron hurtados estos equipos, que contenían datos acerca del caso de Sandra Viviana, y no fueron tomados objetos de valor ni dinero. Es importante destacar que la dirección de la casa de Hildebrando había sido registrada como el domicilio de la organización “Sobreviviendo”, que era presidida por Sandra Viviana. Estos hechos fueron puestos en conocimiento del Gaula y de la Fiscalía General de la Nación.

Esta injerencia arbitraria en el domicilio de Hildebrando se encuentra precedida de una serie de mensajes intimidantes recibidos durante el transcurso de la semana pasada a su teléfono celular.

El último de estos mensajes llegó el pasado viernes 8 de abril y en él se señala que “(…) todas las personas malas… Satanás y su ejército… muy pronto y en breve serán destruidos y aniquilados para  siempre, y nunca jamás volverán a la existencia  (…)”. Estos hechos también fueron denunciados ante  el Gaula, pero aún no se ha tomado ninguna medida para investigarlos.

El 17 de febrero del año en curso fue desaparecida Sandra Viviana Cuéllar Gallego, cuando se dirigía desde Cali hacia la ciudad de Palmira a dictar una clase en la Universidad Nacional de Palmira.

Ella tiene 26 años de edad y es una ambientalista que trabajó durante dos años con la organización “CENSAT Agua viva”, en la cual lideró diferentes procesos sociales en la defensa del medio ambiente. También encabezó en el departamento del Valle la campaña del referendo por el agua.

Antes de su desaparición dirigía la organización “Sobreviviendo”, y estaba preparando un proceso con indígenas yanaconas para la defensa del río Cauca y diferentes acciones para la conservación de una reserva natural cercana al municipio de Yumbo (Valle).

Desde la desaparición de Sandra Viviana sus familiares y amigos han adelantado múltiples gestiones para buscarla ante diferentes autoridades estatales nacionales y regionales.

Aproximadamente quince días después de su desaparición se activó el mecanismo de búsqueda urgente, el cual es el procedimiento previsto en la legislación colombiana para buscar a las personas desaparecidas. Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible establecer su paradero.

La Comisión Colombiana de Juristas insta a las autoridades competentes para que adopten todas las medidas necesarias con el fin de establecer el paradero de Sandra Viviana Cuellar, proteger la vida e integridad personal de Hildebrando Vélez, e investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos hechos.
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Parauribismo/

¿Nos resignamos a dejar nuestro territorio a los que se hacen llamar los paramilitares?

Por Johana Caicedo Sinisterra

Guapi, mi tierra que nos pasa, que pasa hoy, cada día el dolor es más profundo, más agudo, sin menos consuelo, más trágico, les hemos cedimos el control de nuestro territorio a ellos, los que se hacen llamar grupo paramilitar, hablaba con muchas personas y todas considerada, que todas y-

todos sabían quiénes eran y donde estaban, por esa razón se sabe que la última vez que vieron hablar a Severiano Colorado acolito de guapi, era con uno de ellos, de allí sale la suposición  que fue desaparecido por ellos. no me voy a mentirme ni mucho menos a ustedes, tuve tanto miedo  como hace mucho tiempo no sentía,-

estuve a tampoco tiempo y distancia de ser testigo de unos de los hechos más doloroso en los últimos meses en mi familia que es el asesinato del niño  José Manuel Meneses Caicedo mi sobrino, que deja una esposa, una hija, hermanos, sobrinos, tíos, abuelos y todas las personas que lo querían y lo necesitaban, solo porque,-

ellos les exigían el pagar de impuesto o sino obtendría lo que la realidad nos muestra hoy su muerte, digo casi testigo porque estaba en Guapi en el Coti (Comité Operativo de Impulso del Eneua), y el Eneua, es, el encuentro nacional de Jóvenes y estudiantes Afrodescendientes, digo esto porque la jornada de trabajo no hubiese sido tan apasionante y menos extensa fuera cumplido nuestra cita de cervezas.

ay miedo, la gente está disponible a salir de Guapi ya no soporta esta realidad, sé que cosas pasan y en ello para que nosotras y nosotros asumamos postura, la invitación  es a ver realmente donde podemos generar presión y estoy segura que no es en Guapi sino fuera,-

sé que este mensaje puede llegar a muchas personas del pueblo que vivimos en cualquier parte del mundo y a personas que amamos el pacifico o somos activista de procesos sociales y políticos y es  hacer una jornada de protesta ahorita en Popayán en la semana santa propongo que sea el viernes santo en la parte central en la iglesia al frente,-

en el parque  a partir de las 2 a 5 de la tarde  las y los que estén de acuerdo me escriben y concretamos y para los que no puedan participar le agradecemos su aporte que ustedes sabrán cómo hacerlo en lo que se pueda, recuerde que este es el momento de expresar su inconformidad, y de exigirles a los directos implicados que asuman  su responsabilidad.

Porque es del gobierno nacional, regional y local,  de las cúpula de las  fuerzas armada nacional. no los vamos a poner a culpar a solo uno creyendo que es de la alcaldía, no, esto es más complicado, ya que nos quieren despojar de nuestro territorio y por eso la responsabilidad es presidencial.

       

Por eso de nuevo responsabilizo a  las fuerzas armadas y al Estado  Colombiano por hacerse los ignorantes al problema que párese ser visible al  no tener interés en atrapar a los violentos, más si haciéndose los marrulleros para hostigar a los que vamos a Guapi a sumir postura políticas, ya que si,-

pretendían  llevarse a uno de los compañeros a la estación de policía,  ay sí, sentimos la fuerza militar "publica" en cada paso que dimos, con quienes hablamos, a quien miramos, llego el momento que sentí  miedo de ellos; por que creí que podía pasar algo con alguno de nosotr@s y de seguro no era porque fuéramos extraños porque todos sabían que llega vamos a Guapi.

Sabemos los que somos de allí, que nos han querido eliminar con  violencia en nuestro territorio, y no han podido, entonces me doy cuenta que todavía podemos hacer algo  para que esas personas que se hacen llamar paramilitares salgan de inmediato de nuestros territorios.  

Por eso los responsabilizo de a las Fuerzas Armadas, al Estado de Colombia, de cada asesinato, desaparición forzosa y por supuesto, el  asesinato de José Manuel Meneses Caicedo.

Por su falta de acción, conociendo la realidad de nuestro pueblo, se supone que ellos tienen inteligencia militar y no se ve reflejado en la práctica.

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Seguridad narcocrática/

Solidaridad internacional con la presidenta de la Fundación Movimiento Mujer del Quindío

Prisionera política de conciencia desde el 3 de marzo de 2009, recluida en la Cárcel de Mujeres Villa Cristina, Armenia, Quindío

Por Redepaz Quindío

Rosalba Gaviria Toro, de 56 años de edad, ha vivido en la ciudad de Armenia desde el año 1988, desempeñándose como dirigente sindical en el departamento del Quindío, siendo reconocida por la comunidad por su valentía y lucha en la defensa de los derechos de la mujer, las y los trabajadores y las comunidades campesinas.

Al momento de su detención se desempeñaba como miembro de la Junta Nacional de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fiscal Nacional de la Asociación de Mujeres por la Paz y la Defensa de los Derechos de la Mujer Colombiana “ASODEMUC”, Presidenta de la Fundación Movimiento Mujer del Quindío y Secretaria de Mujer Rural y Niñez del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Seccional Calarcá filial a la Central Unitaria de Trabajadores.

Actualmente el proceso penal se encuentra en etapa de juicio en espera de Sentencia por parte del Juez Primero Penal Especializado del Circuito de Florencia Caquetá, Humberto Polanco Artunduaga, con sede en el Palacio de Justicia de la ciudad de Florencia, Caquetá (Avenida 16 No. 6-47 Oficina 411, Telefax 8-4351372), a quien solicitamos escribir cartas exigiendo la libertad de Rosalba Gaviria Toro, citando como referencia el radicado No. 2005-00003.00.

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Jornada En Repudio
El Esmad en la Universidad Nacional

¡¡La Nacho se Respeta!! . ¡¡Que la Bota no se Meta!!

Por: Agencia Prensa Universidad

Luego de cerca de dos horas de enfrentamiento entre estudiantes, que protestaban contra la reforma a la educación superior, y el Esmad, el Escuadrón Móvil Anti Disturbios ingresó de forma violenta al campus de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá por la entrada de la calle 26,-

la calle 45 y la puerta vehicular de la capilla, forzando la salida violenta de los miles de estudiantes, profesores y trabajadores que se encontraban desarrollando sus actividades cotidianas luego de que las directivas ordenaran el desalojo de las instalaciones a las 10:00 am y el ingreso de la policía.

Una vez controlado el campus por la fuerza, los alrededores de la universidad fueron  colmados por efectivos de dicho escuadrón, los cuales, haciendo uso de gases lacrimógenos, granadas de dispersión y balas de goma, dispersaron y amedrantaron a la comunidad universitaria-

y en general a los ciudadanos que por allí transitaban, entre los cuales cabe destacar el jardín de niños que se encuentra en cercanías a la calle 26 y quienes resultaron afectados por los gases.

La protesta se originó por la medida tomada por el gobierno de continuar con el proyecto de reforma a la ley 30 luego de que cientos de miles de estudiantes en todo el país marcharan el pasado 7 de abril contra la nueva ley de educación superior.

Además rompieron varias cámaras de seguridad al interior del campus como rechazo a la forma como se manejan y porque, según los manifestantes, no están para controlar la seguridad sino para generar persecuciones y amenazas a la comunidad académica como se han dado en varias universidades del país los últimos meses.

Es de resaltar que la vicerrectoría de sede emitió un comunicado en donde ordena el desalojo y la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional reportó que fueron las directivas quienes determinaron la entrada de la policía la cual no ingresaba desde el año 2009 luego de que el señor Álvaro Uribe diera la orden tras un supuesto secuestro del rector cuando él ya no se encontraba en el interior del campus.

La secretaría de gobierno le informó a Prensa Universidad que no habían reportes de estudiantes heridos ni capturados por la policía.

Se esperan manifestaciones de rechazo a la toma por parte del Esmad, con complicidad de las directivas, el día de mañana (15 de abril) convocadas por estudiantes por medio de las redes sociales. Están convocadas a las 9 am y a las 12 m en la plaza Che Guevara con actos culturales y un mitin en la entrada de la 45. Foto El Rebelde Medios Alternativos.

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Luego de acción de retorno a sus terrenos

Denuncian que están judicializando a campesinos que retornan a sus tierras

Según el congresista Iván Cepeda, los acusan de ocupación ilegal de sus propias parcelas.

Por: Elespectador.com

El representante a la Cámara Iván Cepeda rechazó las recientes judicializaciones contra los líderes de la comunidad campesina de Las Pavas, en el Sur de Bolívar, al calificarlas de persecuciones arbitrarias, al tiempo que llamó la atención de los organismos internacionales de derechos humanos para que se pronuncien sobre el tema.

Dos semanas después de que la comunidad campesina de Las Pavas, en el sur del departamento de Bolívar, realizara una acción de retorno a sus parcelas para exigirle al gobierno nacional el respeto a los derechos que tienen a la restitución de las tierras, denunciaron que sus líderes han venido siendo objeto de judicializaciones por distintos delitos, como ocupación ilegal de tierras y calumnia.

El representante a la Cámara Iván Cepeda, quien acompañó a los campesinos como garante, manifestó su preocupación y dijo que “estas judicializaciones buscan convertir a los líderes campesinos en objeto de persecuciones arbitrarias, por el hecho de pedir el respeto a sus derechos y reclamar lo que les fue arrebatado”.

El congresista hizo un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para que se pronuncien sobre los hechos que vienen ocurriendo en el país contra las personas que lideran procesos de restitución de tierras, quienes son víctimas de persecución, asesinatos y todo tipo de intimidaciones.

“Hago el mismo llamado a las autoridades para que brinden las garantías necesarias para la exigibilidad de los derechos de estas personas, y para que impulsen e inicien respectivamente, las investigaciones a las que haya lugar en este caso, en el cual se han cometido múltiples violaciones a los derechos humanos y faltas disciplinarias”, reiteró Cepeda.

De acuerdo con el congresista, los campesinos de Las Pavas, organizados en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires Asocab, buscan que el Ministerio de Agricultura les restituya más de 3 mil hectáreas de las que fueron despojados, por las acciones paramilitares en 2003.

Dichos terrenos ahora están en manos del consorcio palmicultor encabezado por José Ernesto Macías y Alfonso Dávila Abondano (Grupo Daabon), el cual se niega a devolverles dichos predios.

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Denuncia pública de prisionera política desde la cárcel distrital de mujeres en Cartagena Colombia

Por Aracely Cañaveral

Mi nombre es Aracely Cañaveral Vélez Soy sobreviviente de la Unión Patriótica, movimiento político que fue exterminado por el Estado Colombiano, movimiento que fue sacado de la esfera política a sangre y fuego, movimiento que dejo muertos a lo largo y ancho de nuestro país a través del asesinato selectivo y masacres de la gran mayoría de sus integrantes.

Inicie mi actividad sindical en 1981, y mi militancia política en el Partido Comunista Colombiano en 1982; viví en carne propia todo este genocidio, vi como caían uno a uno mis compañeros sindicalistas, estudiantes, campesinos, mujeres dirigentes barriales y comunales, profesores, activistas políticos y sociales, concejales, diputados, congresistas, y candidatos a la presidencia de la república por nuestro movimiento.

Con gran dolor despedíamos uno a uno, a todos aquellos que prefirieron o soñaron que con la lucha política, podían en Colombia lograr un mejor futuro para nuestro país, un país sin desigualdades sociales, un país con salud educación y vivienda dignas para todos.

Vi como corría la sangre de todos aquellos que creyeron que en este país se respetaba la oposición política y que creyeron era posible lograr nuestras reivindicaciones sociales y políticas por la vía electoral.

Hoy me pregunto ¿Cuántos muertos en todo el país? ¿Cuántos atentados a dirigentes políticos? ¿Cuántos exiliados? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántos decidieron coger las armas ingresando a las filas de los movimientos insurgentes? ¿Cuántos se marginaron de la lucha para conservar sus vidas? Muy pocos decidimos seguir trabajando en las ciudades y pueblos a sabiendas del riesgo que corrían nuestras vidas.

Yo tome la decisión de continuar trabajando en la actividad sindical, en las organizaciones sociales, de mujeres, en la educación proletaria a pesar que sabía que tarde o temprano me encontraría en la cárcel o con un sicario pagado para acabar con mi vida.

Pudo más el amor por mi pueblo que el miedo, me arriesgue y seguí trabajando durante todos estos años, en el sindicato de Leonisa, empresa donde trabajaba y el posterior paso a Sintratextil, defendiendo los derechos de los trabajadores, en la Federacion Nacional Textil, en el Departamento Nacional de la Mujer en la CUT,-

con los usuarios de la salud Asudessa contra los malos servicios y atención de la salud, con las mujeres desplazadas a través de la organización Adelante Mujer, con la Sociedad Nacional de la Mujer de mujeres profesionales, con el Comité Paritario de Salud Ocupacional en la empresa Leonisa,-

 con el Fondo de Empleados de la misma empresa, con la educación sindical a través de la Nueva Escuela Popular y Obrera NEPO, con los trabajadores informales a través de Sintraincomerciant y Unión General de Trabajadores Informales UGTI, en diversos seminarios y actividades sociales y sindicales.

A través de todos estos años, desde el genocidio de nuestra Unión Patriótica, no ha cesado la persecución política ni los asesinatos, desapariciones y exilios de miles de dirigentes sindicales, sociales, políticos, estudiantiles y campesinos en nuestro país.

Desde el 2004 he tenido señalamientos de distintos “informantes” que me han señalado de pertenecer a grupos insurgentes, dentro de los señalamientos que tienen servicios de inteligencia del Estado, se lee que hago parte de Sintratextil, Sintraintabaco Asudessa y-

de la escuela Nepo que mi trabajo es amplio y de masas, que todas esas organizaciones de las cuales hago parte son fachadas de la guerrilla, y dejo la aclaración que no tengo ningún vínculo laboral con Sintraintabaco y además resalto la gravedad de la acusación al decir que organizaciones sindicales y sociales sean fachadas de la guerrilla.

Me encuentro detenida desde el 17 de enero del año en curso, en la Cárcel Distrital de Mujeres en la ciudad de Cartagena; ciudad que no había visitado jamás, señalada de concierto para delinquir, rebelión y narcotráfico, fui detenida en Medellín y trasladada de inmediato a esta ciudad, sin yo saber el motivo de mi detención y traslado y por qué? a responder por acusaciones en una ciudad que era desconocida para mí y dejando atrás y solas a mis dos hijas pues soy madre cabeza de hogar y a mi madre de avanzada edad.

Con mi detención queda demostrado una vez más que en este país no hay garantías para la verdadera oposición política y por eso quiero expresar una vez más mi rebeldía y el deseo de seguir luchando por una patria más digna, quiero seguir luchando por un sueño que tenemos muchos colombianos y colombianas que estamos convencidos que el futuro es nuestro y que nuestro país en un día no muy lejano la realidad que hoy tenemos se convertirá en una realidad de felicidad para todos.

Por nuestros derechos ni un paso atrás

Toda una vida de combate

No estamos todos

Faltan los presos políticos

Movilicémonos por su libertad

Aracely Cañaveral

Cárcel Distrital San Diego

Cartagena, Colombia.

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Villavicencio, Meta

Con éxito se realizó el Primer Encuentro Regional de Organizaciones Campesinas y Desplazadas de Vichada, Guaviare y Meta

Por Camilo Raigozo

Con una asistencia aproximada de 500 delegados y líderes de las distintas organizaciones de las comunidades  campesinas y desplazadas, se realizó con éxito en Villavicencio durante el 9 y 10 de abril, el Primer Encuentro Regional de Organizaciones Campesinas y Desplazadas de Vichada, Guaviare y Meta.

Hicieron parte del evento los congresistas del Polo Democrático Alternativo, Gloria Inés Ramírez, Iván Cepeda y Hernando Hernández, quienes han estado al lado de las luchas reivindicativas de los dos sectores reunidos.

Los líderes agrarios venidos de lejanas veredas, lo mismo que los delegados de las comunidades desplazadas denunciaron de forma pública y en privado la persecución que sufren por parte del Estado, siendo la Fuerza Pública la mayor violadora de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

Durante los dos días se debatieron principalmente los temas: Organización y unidad popular; Política agraria democrática; Desplazamiento forzado; Explotación minero-energética e impacto ambiental, y Derechos humanos y conflicto social y armado.

Aidé Moreno,  secretaria  de Derechos Humanos  de Fensuagro,  al instalar el evento y dar la bienvenida a la asistencia, expresó entre otras cosas que: “somos los campesinos quienes   aportamos   al desarrollo y al mismo tiempo tenemos que resistir la adversa política  del Estado.

“Los campesinos  en   resistencia no somos ajenos a la situación  que vive el país. Comprometidos  con el  movimiento  sindical, trabajaremos en formular propuestas  para el desarrollo económico, social y político de la región”.

Intervención de Hernando Hernández

Por su parte el representante indígena del Polo, Hernando Hernández, dijo que “La  lucha  por la tierra es   vigente, se está fortaleciendo y creciendo. La unidad avanza  en los diferentes escenarios   de convergencia por una patria  mejor, con la Gran Coalición, el PDA y   el Congreso de los Pueblos”.

A renglón seguido advirtió que “La  política  agraria  y  el plan de desarrollo en lo  que tiene que  ver  con la  redistribución de la tierra,  quiere  entregarle  a  los  grandes  empresarios las mayores extensiones de la mejor tierra, privando al campesinado de la misma ”.

Palabras de Iván Cepeda

El representante a la Cámara por el Polo, Iván Cepeda, señaló al actual gobierno de plantear  proyectos de ley  y reformas que lesionan los intereses de la pueblo Colombiano y los derechos de las comunidades  campesinas, afros e indígenas,  al decir que va a restituir tierras a los campesinos. “La restitución ofrecida es un engaño,  es una  promesa que tiene  dimensiones mínimas con relación a la política agraria del actual gobierno”, dijo.

Cepeda puso como ejemplo el caso de las comunidades de la hacienda Las Pavas, sur de Bolívar, donde  campesinos  que  tienen   legítimos  derecho a más de 2.000 hectáreas de tierra que les fue arrebatada a sangre y fuego con la estrategia paramilitar, el gobierno les ha propuesto un comodato sobre tierras baldías, pero ellos tomaron la decisión histórica de tomarse sus propias tierras. Es decir regresaron a lo que legítimamente les pertenece.

“Ya hay otras acciones similares en el país y espero que aquí en los llanos también se estén organizando los retornos y la toma de tierras, porque no hay que creer en esa restitución que se promete, sino que hay que tomar la iniciativa en este momento”, dijo Cepeda Castro.

Recordó que en el gobierno de Santos ya van  nueve  líderes asesinados, entre ellos,  Rogelio Martínez  y Eder Berbel, los cuales eran miembros del Movimiento de Víctimas. 

“El gobierno dice que estos crímenes son perpetrados por bandas criminales emergentes. Hemos dicho en el Congreso que no hay tales bandas criminales, sino que son las mismas  estructuras paramilitares que siguen aterrorizando de   la mano de los consorcios,   empresarios, terratenientes, multinacionales y narcotraficantes, que quieren expropiar o legalizar el despojo de las tierras de los campesinos”, expresó el congresista del Polo.

“Al debate sobre la restitución de tierras, paralelamente estamos dando el debate sobre las estructuras paramilitares y su continuidad en el país. Con la senadora Gloria Inés Ramírez estamos dando un tercer debate que tiene que ver con más de 1.800 personas que han sido enterradas en los cementerios del Meta, como del Guaviare, como personas sin identificar.

“Hemos venido adelantando acciones con la Fiscalía para poder determinar no solamente la identidad de esas personas presentadas por el ejército como combatientes dados de baja en combates pero que nosotros creemos que son muchas personas civiles víctimas de bombardeos, de desapariciones forzadas o de ejecuciones cometidas por los miembros del ejército”.

Intervención de Gloria Inés Ramírez

“Tengo las absoluta convicción de que es sólo con la unidad y la organización masiva que podemos seguir resistiendo frente a la ofensiva que se ha venido desatando contra las clases sociales más desfavorecidas del país”, dijo al iniciar su intervención la senadora Gloria Inés Ramírez.

“Hoy nos encontramos analizando un tema que está como piedra angular del conflicto que tiene este país. Es el de la pertenencia de la tierra. Es claro que la estructura de violencia es funcional al poder, y que el desplazamiento forzado que se da en Colombia, nuevamente está obedeciendo a factores económicos, en este caso de las multinacionales.

“Una comunidad puede perder todo lo que tiene, por causa de un mega proyecto que ni siquiera conoce, ya que para las multinacionales la tierra es una mercancía incorporada a sus inversiones. Es que el despojo ha estado siempre en la historia de Colombia”, agregó la senadora Ramírez entre otras cosas.

Saludo de Piedad Córdoba quién no pudo asistir

“Compañeros fraterno saludo,   con la admiración  por este importante encuentro, celebro la estadía de los campesinos que han llegado de lejanas  veredas  y sitios, sorteando caminos, trochas y ríos, para llegar a este encuentro.

Esa demostración de fuerza y tenacidad me da fuerza para trabajar por otra  Colombia posible”, dijo en uno de los apartes la misiva de la exsenadora.

Durante el desarrollo del encuentro se dieron a conocer las ponencias sobre: desplazamiento forzado; organización agraria; situación de los derechos humanos; medio ambiente; minero-energético; Zonas de reserva campesina; derechos humanos y conflicto y política agraria y democrática.

El segundo y último día del evento se inició con la puesta en conocimiento de los asistentes de los informes de la problemática de las diferentes zonas convocadas. El mayor número de denuncias de las regiones fue la persistente violación de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario por parte de las fuerzas militares.

Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, empadronamientos, bombardeos indiscriminados, ocupación de áreas civiles, amenazas, detenciones arbitrarias, torturas y abusos sexuales, de la Fuerza Pública y paramilitares, fueron entre otras, las quejas que se presentaron en los informes.

Luego se trabajó en grupos los cinco temas mencionados al principio, para luego socializar en plenaria las conclusiones. De allí salieron las propuestas para el trabajo futuro de las organizaciones campesinas y de desplazados. Finalmente se constituyó la Mesa de Unidad Agraria Cívica y Popular, Mucacip. Fotos Camilo Raigozo.

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Parauribismo/

Asesinan a indígena en Buenaventura

Fue ultimado al terminar un acto conmemorativo de la masacre de 100 personas hace 10 años.

Por Agencia Efe

Un activista indígena colombiano fue asesinado tras regresar de los actos conmemorativos del décimo aniversario de una matanza de al menos medio centenar de personas cometida por paramilitares, denunciaron portavoces de la minoría étnica en el suroeste del país.

El aborigen Hugo Ulcué, del pueblo Paez o Nasa, fue encontrado muerto cerca de la sede del cabildo (órgano gubernamental) de La Playa Alto Naya, situado en la zona boscosa del puerto marítimo de Buenaventura.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del (departamento) del Cauca (Acín) indicó en un comunicado que el crimen fue cometido el martes por la mañana por unos desconocidos.

"El cadáver fue abandonado en cercanías de la sede del cabildo" de La Playa Alto Naya "como un acto de advertencia", agregó la Acín, que reúne a las autoridades indígenas de los paeces, que ocupan un territorio montañoso y boscoso en comprensión del Cauca y la región vecina del Valle del Cauca, a la que pertenece Buenaventura.

La organización no gubernamental (ONG) subrayó que Ulcué acababa de regresar a su comunidad tras participar en la conmemoración del décimo aniversario de la matanza de El Naya, región selvática en los límites del Cauca con el Valle del Cauca.

Al menos medio centenar de afrodescendientes, indígenas y colonos murieron a manos de paramilitares del Bloque Calima de la disuelta organización Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se tomaron la región a comienzos de abril de 2001.

La incursión también dejó un número de desaparecidos nunca establecido y causó el desplazamiento de más de 4.000 lugareños.

El aniversario fue conmemorado el pasado día 11 en Timba, aldea rural de la población caucana de Buenos Aires.

Ulcué "fue una de las víctimas que con más insistencia y firmeza cuestionó los mínimos avances del proceso jurídico que buscan esclarecer los hechos y los responsables de la masacre del Naya", advirtió la Acín.

La asociación aborigen informó de que el indígena era hermano de la gobernadora del cabildo La Playa Alto Naya, Nelly Ulcué, quien en unas declaraciones recogidas por la misma fuente afirmó: "vinimos a reclamar verdad y justicia y vea lo que nos pasó".

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Parauribismo/

“Hijos de ‘para’ salen pintados”

Ese fue el atractivo comentario a modo de titular con el que un lector y a la vez colaborador de Notimundo, nos envió un artículo publicado por el diario barranquillero El Heraldo, el cual sostiene que Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del ex presidente Álvaro Uribe, conocido en "La Casa de Nari" con el alias “El número uno”, sostuvieron negocios con un político ‘para’.

El siguiente es el artículo de El Heraldo:

Hijos de Uribe hicieron negocios con ‘para’ de Guachaca: ‘Canoso’

José Gélvez Albarracín, alias ‘El Canoso’, en una de sus versiones libres de Justicia y Paz.

Jerónimo y Tomás Uribe, hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, mantenían una relación de negocios y hasta parrandearon con Héctor Ignacio Rodríguez, alias Nacho, señalado de haber sido elegido como concejal de Guachaca con el apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc.

Así lo reveló en versión libre ante la fiscal coordinadora de Justicia y Paz, Zenaida López Cuadrado, el exparamilitar y exjefe político del bloque Resistencia Tayrona de las AUC, José Gélvez Albarracín, apodado El Canoso.

Desde Bogotá, donde permanece recluido en la cárcel La Picota, Gélvez aseguró que los hijos del expresidente surtían su empresa de artesanías Salvarte comprándole productos a Nacho, quien tenía una fábrica llamada Art Coco.

También dijo que los Uribe se reunieron en tres ocasiones con él y el Concejal. “La primera fue una vez que los Uribe llegaron a Santa Marta y fuimos hasta las playas del Tayrona en un remolcador de propiedad del papá de Nacho, también llamado Héctor Rodríguez, un capitán retirado de la Armada Nacional”.

Contó, en su versión rendida la semana pasada, que los hijos del expresidente fueron acompañados por Pablo Parra, dueño de una reconocida discoteca. “La embarcación —relató— partió de la marina del edificio Cascada. Bebimos licor y estuvimos hasta las 4 p.m., cuando regresamos de las playas del Tayrona”.

Las otras reuniones. El segundo encuentro, según El Canoso, fue durante un Carnaval de Barranquilla en el que todos desfilaron en una comparsa bautizada La Fiebre Amarilla, en alusión a que los titíes cabeciblancos se estaban muriendo por esa enfermedad en la Sierra Nevada de Santa Marta.

“La última reunión fue en Bogotá, en el restaurante Gaira, de propiedad de Guillermo Vives, cuando hicieron el lanzamiento de la candidatura de la señorita Magdalena Laura Abisambra”, aseguró Gélvez, quien aclaró que ese encuentro no tuvo nada que ver con las AUC. “Simplemente fuimos como asistentes”, precisó.

Sostuvo que Jerónimo y Tomás “debían saber que yo era el político de las Autodefensas. Nacho debió habérselos dicho porque sabía que fue elegido con el apoyo de las AUC, y yo era quien manejaba las relaciones políticas del bloque Resistencia Tayrona”.

También manifestó que los Uribe tenían la intención de conocer a Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón o El Viejo, excomandante de ese bloque, pero la reunión nunca se hizo.

Por Redacción Judicial
http://www.elheraldo.co/judicial/hijos-de-uribe-hicieron-negocios-con-para-de-guachaca-canoso-16589

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TLC Colombia y UE

ONG denuncia que la UE avala la violación de derechos en Colombia

Señaló que al rubricar el TLC acreditan las desapariciones forzosas en el país

Por Agencia Efe

Una plataforma de ONG ha denunciado que la Unión Europea ha dado su "aval" a las violaciones de los derechos humanos que se producen en Colombia al rubricar el tratado de libre comercio (TLC) acordado con ese país.

"Hoy Europa deja al descubierto que defiende los derechos humanos siempre y cuando no se interpongan a su libertad para poner en marcha los buenos negocios", declaró en la Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia (Oidhaco), que representa a una treintena de organizaciones de diez países europeos.

El comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht; el ministro colombiano del ramo, Sergio Díaz-Granados, y el viceministro de Comercio Exterior de Perú, Carlos Posada, culminaron hoy en Bruselas la rúbrica del TLC, que terminaron de negociar en mayo pasado.

El acuerdo contiene una cláusula en favor del respeto de los derechos humanos y del cumplimiento de las leyes laborales, que puede conducir a la revocación unilateral del tratado si es vulnerada.

En cambio, sectores de la sociedad civil europea y colombiana consideran que no es suficiente y que el apoyo al tratado constituye una aceptación de la violencia y violaciones de libertades fundamentales que se producen en Colombia.

"Mientras Colombia y la UE negociaban el TLC que hoy se rubrica sin verdaderas condiciones para el respeto a los derechos humanos, miles de víctimas colombianas quedaron silenciadas en el camino", enfatizó Oidhaco en su comunicado.

Añade que el tratado favorecerá a los grandes inversionistas, en tanto que las empresas europeas "podrían beneficiarse del despojo de tierras que han dejado miles de muertos y más de cinco millones de desterrados", en referencia a los desplazados por el conflicto con las guerrillas.

Desde el punto de vista de la organización, el acuerdo comercial "no protege los derechos humanos" al no excluir de futuras inversiones europeas estas zonas de Colombia.

"Hoy es un día que deja una mancha en la historia de la Unión Europea", indicó en la nota el portavoz de Oidhaco, Vincent Vallies, quien denunció los asesinatos de sindicalistas y defensores de los derechos humanos y las desapariciones forzosas registradas en Colombia durante los años en que se negoció el TLC.

En su opinión, la UE "ha protocolizado su respaldo a las violaciones a los derechos humanos en ese país".

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