Catatumbo, Norte de Santander
“Esperamos que en esta nueva etapa nuestros sueños sí se hagan realidad”
Así lo advirtió una campesina asistente a la segunda sesión de la Mesa de Diálogo e Interlocución que sostuvieron los campesinos del Catatumbo con representantes de las diferentes instituciones del orden municipal, departamental y nacional
Por Camilo Raigozo

Momentos en que William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, firma los acuerdos con los campesinos del Catatumbo. Foto Camilo Raigozo.
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Durante los días 28 y 29 de agosto pasado, en el Campamento de Refugio Humanitario instalado por los campesinos de la región del Catatumbo desde el 29 de abril de 2009, situado en la vereda Caño Tomás, del municipio de Teorama, Norte de Santander, se realizó la segunda sesión de la Mesa de interlocución y diálogo entre las comunidades campesinas y miembros de las instituciones a nivel municipal, departamental y nacional, la cual dejó muchas expectativas entre las partes.

En la convocatoria campesina para la primera sesión de la Mesa realizada el pasado 17 de julio, las diferentes instituciones gubernamentales invitadas brillaron por su ausencia con muy pocas excepciones.

Esta vez, asistieron unos 500 campesinos e indígenas de 60 veredas, entre ellos los líderes de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat y de la comunidad indígena Barí; el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar; su Secretaría de Gobierno;

los alcaldes de Convención, Tibú, Teorama, El Carmen y San Calixto; los personeros municipales de El Tarra, San Calixto, Durania, Tibú, Teorama, Hacarí; la secretaría de Desarrollo Rural de Convención; delegados de los concejos municipales de Tibú, Teorama, El Carmen, San Calixto y Hacarí; Acción Social;

Centro de Coordinación de Desarrollo Integral de la Presidencia de la República; Corponor; Defensoría del Pueblo; Diócesis de Tibú; Incoder; Parque Nacional Natural Catatumbo Barí; Procuraduría Regional de Norte de Santander; Vicepresidencia de la República.

Para eso son elegidos

“Que las autoridades vengan a donde están los problemas es el derecho de las cosas, porque al fin y al cabo para eso son elegidos por las comunidades y es del sudor de los ciudadanos como se les paga sus abultados sueldos, y son las comunidades las que les da con confianza el manejo de sus recursos económicos, que ellos deben administrar con honradez, honestidad y transparencia”, le dijo sabiamente, absteniéndose de suministrar su apellido, María, una campesina de Sapadana a VOZ.

“Hasta ahora hay unos compromisos firmados pero falta el desarrollo de los mismos y que las autoridades cumplan esos compromisos. Es que desde hace más de 14 años, desde las marchas campesinas, nuestros anhelos han sido truncados una y otra vez, ya sea con la estrategia paramilitar que dejo miles de asesinatos, desplazados y desaparecidos, o ya sea con las ejecuciones extrajudiciales y las fumigaciones.

“Esperamos que en esta nueva etapa nuestros sueños sí se hagan realidad”, agregó María, dejando ver su dentadura blanca y perfecta.

Audiencias populares

Juan Carlos Quintero, dirigente de Ascamcat, le dijo a este semanario que “se ha dado un primer paso como organización campesina en el que se logró concertar que la Mesa de Interlocución y Acuerdo fuera de carácter permanente. Se realizarán audiencias populares en los siete municipios del Catatumbo y otras en el Refugio Humanitario, para las cuales ya quedaron acordadas algunas las fechas”.

Por su parte Pablo Antonio Téllez, otro líder de Ascamcat, dijo que, “es un significativo avance el logro de la constitución de las comisiones permanentes de verificación a las violaciones de los derechos humanos en la región del Catatumbo, el seguimiento y la lucha contra la impunidad frente a los crímenes del paramilitarismo y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública”.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, dijo que frente a los cultivos ilícitos había poco por hacer ya que la erradicación era una política nacional del gobierno central que impedía alguna maniobrabilidad,

pero que su gobierno haría unas inversiones a corto plazo para ayudar en algo a las familias que se han visto en la necesidad de sembrar coca como único medio para subsistir y sus ingresos se han visto afectados por la erradicación.

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Honduras
Retienen a colombiano miembro de la Juventud Comunista
Por Juventud Comunista

Guillermo Rafael Baquero Serrano es miembro del Comité Ejecutivo Central de la Juventud Comunista Colombiana, Juco. También pertenece al Comité Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, Aceu.

El domingo 6 de septiembre viajó a Tegucigalpa a una misión de observación organizada por la Red Social para la Educación Pública en América, Red Sepa, en representación de la Organización Continental y Caribeña de Estudiantes, Oclae. El 28 de Junio Honduras vivió un golpe militar que depuso al presidente constitucional Manuel Zelaya.

Desde entonces ese país vive un régimen de terror bajo el gobierno de facto de Roberto Micheletti. Cuando se disponía regresar a Colombia, Guillermo Baquero Serrano fue retenido por las fuerzas de seguridad de ese país.

Cuando Guillermo Baquero Serrano se disponía a tomar el vuelo número 825 de la Aerolínea Copa Aerlines , que salía a la 2 pm el día 10 de septiembre con destino a Colombia con escala en ciudad de Panamá, fue hurtado el equipaje de mano del doctor Stephen Stewart, Secretario Técnico de la Red Sepa con quien se encontraba.

La Policía Nacional de Honduras capturó a la banda de asaltantes que tenía el equipaje del doctor Stephen Stewart. Cuando llegaron a la Estación de Policía del aeropuerto, se percataron que ésta se encontraba adjunta a la Oficina de la Interpol.

Los agentes registraron, sin autorización, el contenido de la maleta y en su búsqueda encontraron videos y fotografías de los atropellos y excesos cometidos por la fuerza pública en el marco de las manifestaciones pacificas del Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe Militar.

A las 1:30 pm se inicia un exhaustivo interrogatorio tanto a Guillermo Baquero Serrano como al doctor Stephen Stewart, indagando el motivo de la visita y fines de nuestras organizaciones.

En el interrogatorio se les insistía constantemente: “que no estaban detenidos, pero que no podían salir de la oficina”; “que no estaban detenidos, pero que no se les permitía hacer llamadas”; “que no estaban detenidos, pero que no tenían derecho a moverse libremente por la oficina de la Iinterpol”, organismo quien realizaba el interrogatorio.

En el interrogatorio se le hicieron las siguientes preguntas al doctor Stephen Stewart: ¿Por qué andaba con la resistencia?; ¿Qué hacía con un colombiano en Honduras?. A Guillermo Baquero Serrano se le insinuó que tenía vínculos con acciones delictivas en Tegucigalpa, aludiendo a atentados supuestamente perpetrados por extranjeros.

A las 2:00 pm una funcionaria de la Interpol, decidió unilateralmente cancelar la reserva aérea de Guillermo Baquero y de Stewart, con el argumento de que, obligatoriamente, debían denunciar a los delincuentes en una Estación de Policía.

Sin embargo, la atención siempre estuvo concentrada en el contenido de la maleta y en más de una ocasión fueron psicológica y físicamente agredidos por los agentes.

Del Aeropuerto fueron trasladados a las 3 pm a la Estación Cuarta de Belén de la Policía Nacional, donde se rindieron las declaraciones y fueron nuevamente interrogados por el material alusivo al Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe Militar.

Luego un suboficial de la policía ordena a un agente ubicado en la portería no dejarlos salir de la Estación, a pesar de que los oficiales insistían que no estaban retenidos.

Dos horas después, llega la Dirección Nacional de Investigación Criminal, Dnic, y su Comando Especial Cobra, para indagar no sólo de los motivos y objetivos de la visita de Guillermo Baquero y de Stewart a Honduras, sino que además exigían información acerca de las personas con las que se reunieron del Frente de Resistencia Contra el Golpe Militar y de los Colegios Magisteriales de Honduras.

Se les señaló tener pasaportes falsos y que iban a trasladarlos a sus oficinas. Se le hicieron señalamientos a Baquero sólo por portar visa venezolana. En ningún momento les permitieron hacer llamadas.

En un descuido de los agentes, Baquero Serrano logró dialogar con una señora que estaba colocando una denuncia en dicha estación, que por suerte pertenecía al movimiento de resistencia. Ella hizo llegar la información de lo que estaba sucediendo a los abogados del Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe Militar.

Ellos se presentaron a la estación para preguntar por la situación y paradero de Guillermo Baquero y de Stephen Stewart, a lo cual los funcionarios negaron tenerlos en su poder en varias ocasiones. La insistencia del abogado hace que éste se dirija hacia la parte de atrás de la estación, donde los tenían retenidos.

Ante la presencia del abogado en el lugar de la retención, son liberados pero sus pasaportes son retenidos hasta las 7 pm, cuando finalmente les son devueltos.

La última comunicación que se tuvo con Guillermo Rafael Baquero, fue el día 11 de Septiembre a la 1:30 pm hora colombiana. En esa comunicación manifestó su preocupación porque la Aerolínea Copa Air Lines le notificó que nunca fue informada por parte de la Interpol de la cancelación de la reserva.

El abogado le informó que los documentos del maletín hurtado están en manos de la inteligencia militar, y que los oficiales registraron como dueño del maletín a Guillermo Baquero.

Por su parte, la Aerolínea deliberadamente está dilatando el viaje de regreso a fin de ganar tiempo, para que la inteligencia militar adelante consultas con la embajada colombiana y lograr méritos para la judicialización. Hasta la última comunicación, Copa Air Lines no le había brindado a Guillermo Rafael Baquero ninguna solución para su regreso.

En consecuencia:

1. Exigimos a las autoridades civiles y militares Hondureñas levantar todas restricciones que han impedido la libre circulación de Guillermo Baquero Serran, con el fin de que pueda regresar a su país de origen.

2. Demandamos de la Cancillería colombiana, acciones oportunas que permitan prevenir abusos por parte de las autoridades hondureñas contra el ciudadano Guillermo Baquero y asegurar su pronto retorno.

3. Hacemos responsables a la Interpol Honduras, la Policía Nacional de Honduras, la Dirección Nacional de Investigación Criminal, DNIC, y al Comando Especial Cobra, por la integridad física y moral de Baquero.

4. También hacemos responsables por la suerte de Baquero Serrano a la Aerolínea Copa Air Lines por impedir, sin ninguna justificación legal, su regreso a Colombia el día 11 de Septiembre.

5. Llamamos a todas las fuerzas vivas de Colombia y la comunidad internacional a estar alertas por lo que pueda ocurrirle en las próximas horas, a la vida e integridad física y moral de Guillermo Rafael Baquero Serrano.

Comité Central
Bogotá D.C. Septiembre 11 de 2009

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Saña del régimen contra familias de Remolinos del Caguán, Caquetá
Por Camilo Raigozo

El Plan Colombia ha victimizado con saña a la población del medio y bajo Caguán. En la gráfica las comunidades piden justicia y que cesen los atropellos. Foto Camilo Raigozo

El 11 de marzo del año pasado, fueron detenidas 25 personas inocentes en Remolinos del Caguán, Caquetá, en las llamadas capturas masivas que practica el régimen de la seguridad democrática. La múltiple detención de campesinos se hizo violando todos los parámetros legales estipulados en la Constitución Nacional.

Según la denuncia de las víctimas privadas de la libertad, la Fiscalía 251 delegada de las fuerzas militares en la zona, decomisó de marera irregular 35 millones de pesos que los campesinos tenían destinados para el pago de una deuda con Telecom, dinero que el ente investigador se ha negado a devolver.

Otra captura masiva en la que fueron detenidas ilegalmente ocho personas se realizó el pasado 27 de enero. De estas 33 personas víctimas del régimen, 22 han tenido que ser puestas en libertad al no encontrarse pruebas de las acusaciones existentes contra ellas.

Sin embargo, 11 campesinos inocentes aún están privados injustamente de la libertad y sus familiares y amigos vienen padeciendo un calvario causado por los jueces y fiscales que adelantan los procesos.

Los detenidos fueron trasladados hasta Bogotá y presentados irresponsablemente ante los medios adeptos al régimen como terroristas, sin que mediaran pruebas de tales acusaciones. Luego de las indagatorias, los familiares tuvieron que costear de su propio bolsillo casi 21 millones de pesos que costó el retorno de sus seres queridos hasta Florencia.

Aplazan audiencias con cualquier disculpa

En tres ocasiones han sido suspendidas las audiencias bajo cualquier pretexto, lo que agrava aún más las condiciones de las familias de las víctimas del terrorismo de Estado. El pasado 27 de agosto, con la esperanza de ver a sus familiares y amigos en una audiencia que se cumpliría entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre de 2009 en Bogotá, desde Remolinos salieron 40 personas entre ellas 18 niños.

Sin embargo la audiencia fue suspendida quedando burlados una vez más el dolor y el esfuerzo económico que habían hecho estas familias con la esperanza de ver por unos minutos a los seres que aman.

El tejido social y los hogares han quedado truncados por la sevicia del régimen uribista contra seres inocentes. Niños que no pudieron volver a las aulas de clases, madres impotentes ante las adversidades, fincas arruinadas, trabajo perdido después de muchos años de esfuerzo y ancianos abandonados a su suerte, son entre otros los estragos causados por la injusticia del Estado.

Las 40 personas realizaron el pasado 2 de septiembre un plantón frente a los juzgados de Paloquemao en Bogotá para exigir la libertad de sus familiares, ya que desde el pasado 29 de julio hubo vencimiento de términos.

Por otra parte, se supo que el Ejército prepara un montaje judicial contra los defensores de derechos humanos y la dirigencia política y social del Caquetá, información que ampliaremos en las próximas ediciones.

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“El Gobierno pidió perdón pero falta mucho por reparar”
Por Camilo Raigozo

Etelvina Zapata, madre de Germán Escué, asesinado por el Ejército el 1 de febrero de 1988. Foto Camilo Raigzo

El 1 de febrero de 1988, a eso de las 10 de la noche, tropas del Ejército Nacional llegaron hasta la vivienda de la familia Escué Zapata y sacaron violentamente a Germán Escué, de 21 años y líder de su comunidad. Lo señalaron de ser guerrillero, se lo llevaron, lo torturaron y después lo asesinaron. “El crimen fue un acto premeditado, no fue un hecho fortuito como lo ha querido hacer ver el Estado.

Fue un crimen aleve que además de violar los derechos más fundamentales de la persona, fue contra la dignidad de la víctima, de su familia, de la comunidad indígena y de la sociedad en general”, le dijo a VOZ Feliciano Valencia, coordinador del tejido de comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acin.

Por ese crimen, el pasado 21 de agosto, en la vereda Vitoyó, resguardo de Jambaló, Cauca, el Estado colombiano, representado por la viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía Hernández, y la viceministra del Interior, Viviana Manrique, tuvo que pedir perdón en un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en cumplimiento de la sentencia condenatoria emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

En el mensaje del gobierno en el que proclamó su “voluntad y esfuerzo” para resarcir el daño causado a las víctimas no concordó con la realidad, pues el proceso tuvo que esperar 21 años y ser una corte internacional la que obligara al Estado a aceptar su responsabilidad en el crimen.

La Justicia Penal Militar, la cual es sinónimo de impunidad, mantuvo escondido el proceso por más de 10 años. Otro punto que deja ver las hipocresía del gobierno, es que la CIIDH le ordenó al Estado pagarle la educación, inclusive la profesional a Miriam Escué, hermana de Germán.

Sin embargo, cuando Miriam Escué, quiso matricularse en la facultad de sicología en la Universidad Javeriana, el gobierno se negó a pagar el valor de la matrícula aduciendo cínicamente, que no tenía plata.

“El gobierno pidió perdón, pero aún falta mucho por reparar”, advirtió Rafael Barrios, miembro del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, quien agregó que el Estado aún está muy lejos de hacer que estos crímenes no se repitan.

Darío Mejía Montalvo, dirigente indígena de la Organización Indígena de Colombia, ONIC, le dijo a VOZ que “Del comportamiento de la Fuerza Pública con las comunidades indígenas podemos decir que no se está cumpliendo con los protocolos del Derecho Internacional Humanitario. Este sigue siendo, vulnerado día a día.

“Es la norma por parte de la Fuerza Pública, no solamente con los pueblos indígenas, sino también con los afrodescendientes, los campesinos, las organizaciones sociales y en general con todo el pueblo colombiano. Uno encuentra trincheras en las escuelas, uno ve que se apropian de los cultivos, de los animales, de las poblaciones que van desconociendo.

“Para citar un ejemplo, los mal llamados falsos positivos que siempre están a la orden del día, sin mencionar el uso de la estrategia paramilitar que ha bañado de sangre y dolor toda la geografía colombiana. Solo cuando todos esos crímenes cesen podremos aceptar que los mensajes de perdón del gobierno serán sinceros”.

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