miércoles, febrero 17, 2016

Terrorismo de Estado
En desobediencia y huelga de hambre se declaran 41 prisioneros políticos en la cárcel de Palo Gordo

La Fundación Lazos de Dignidad, organismo no gubernamental defensor de derechos humanos, integrante de la Coalición Larga Vida a las Mariposas, se dirige a la opinión pública para informar que desde el día 9 de febrero de 2016, se declararon en desobediencia y huelga de hambre 41 prisioneros políticos recluidos en la prisión de Palo Gordo, ubicada en el municipio de Girón, Santander.

La desobediencia consiste en un cese total de actividades y no comparecencia a remisiones ni diligencias judiciales, además de la riesgosa declaratoria de huelga de hambre gradual y progresiva, ya que los huelguistas manifiestan que de no recibir solución a sus peticiones aumentar el nivel de desobediencia.

Los huelguista han informado a la FLD que esta jornada se desarrolla en marco  de la Jornada Nacional de Protesta Indefinida que iniciaron este mes de febrero los Prisioneros Políticos Colombianos en rechazo al incumplimiento de los compromisos anunciados el pasado 22 de noviembre por el presidente Santos y el Ministro de Justicia Yesid Reyes, consistente en el desarrollo de brigadas de salud para atender los casos de Prisioneros Políticos de Guerra que se encuentran en grave estado en salud y la creación de patios especiales para concentrar a las y los Prisioneros Políticos.

Los prisioneros en huelga denuncia, mediante escrito formal dirigido al gobierno nacional y organismos de derechos humanos, que no existen garantías de acceso a la salud ni asistencial y mucho menos atención especializada, situación que perjudica a la totalidad de la población reclusa en la Prisión de Palo Gordo.

Así mismo, insisten en denunciar que padecen hacinamiento y ausencia de cobertura de necesidades básicas, por lo que solicitan:

1.   Garantías integrales para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
2.   Cumplimiento al compromiso de desarrollar las brigadas de salud para los prisioneros políticos, especialmente para los que tienen problemas más graves de salud.

3.   Cumplimiento a la adecuación de patios especiales para los prisioneros políticos, adecuación que para el caso de los prisioneros de las FARC-EP piden se ejecute en la cárcel modelo de Bucaramanga.

4.   Acompañamiento y veeduría de los órganos de control del estado y las organizaciones defensoras de derechos humanos.


Terrorismo de Estado
Ola de falsos positivos judiciales contra campesinos de San José de Apartadó
Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Asociación Campesina de San José de Apartadó, denunció que el pasado 10 de febrero militares pertenecientes al Batallón Voltígeros detuvieron de forma ilegal y arbitraria al líder campesino Norbey Antonio Goez Úsuga.

Ante el continuo acecho tanto de militares, como de paramilitares, en el momento en que los hombres armados abordaron al labriego, este asustado salió corriendo siendo alcanzado en inmediaciones del barrio 20 de Enero.

Según la fuente, contrasta la apremiante persecución de los militares contra los campesinos con la permisividad y connivencia del Ejército con los grupos paramilitares que actúan libremente.

Desde el 22 de diciembre anterior la inteligencia militar conjuntamente con la Fiscalía emprendieron una feroz persecución contra los dirigentes de las comunidades al punto que al menos siete labriegos han sido capturados y encarcelados con base a montajes judiciales.

La asociación campesina y su comité de derechos humanos responsabilizan al Estado por la salud y la vida de Arley Cartagena y Laura Cataño, quienes se encuentran en grave estado de salud en cárceles de Medellín desde diciembre pasado.

Del mismo modo exigen a los entes de control para que investiguen y sancionen a los agentes del Estado que han venido cometiendo estas arbitrariedades contra los campesinos.

Por otro lado el pasado 12 de febrero mientras hacían mercado en el casco urbano de San José de Apartadó fueron detenidos de manera arbitraria los esposos Carlos Albeiro Montoya y Francis Tamayo por miembros del Batallón Voltígeros quienes carecen de funciones judiciales.

Las dos nuevas víctimas del terrorismo de Estado fueron conducidas por los uniformados hasta la vereda Caracolí.

Allí dejaron en libertad a Francis pero a su esposo lo trasladaron a Medellín donde –dice Lafuente- intentaron desaparecerlo, pues en la Sijin, estaciones de Policía, el sótano de los juzgados del edificio de la Justicia y Fiscalía Medellín, negaron tenerlo en su poder.

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Prosperidad para pocos
Senador indígena advierte que la muerte de niños está ocurriendo silenciosamente en varios pueblos indígenas del país
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El senador indígena Luis Evelis Andrade advirtió ante sus colegas que lo que viene sucediendo con la niñez indígena de La Guajira, donde han muerto varios miles por desnutrición, no es distinta a lo que pasa en los otros pueblos indígenas del resto del país.

A continuación el comunicado en su integridad remitido por la oficina de prensa del legislador:

Recogiendo el clamor general al que se ha sumado un grupo significativo de sectores sociales del país, el senador Luis Evelis Andrade Casamá sentó su posición de inconformidad frente a la crítica situación que hoy padecen los niños y niñas del departamento de La Guajira, donde la mayoría de la población afectada pertenece al Pueblo Indígena Wayuú.

“La muerte de niños y niñas indígenas Wayuú, registradas en los últimos meses, es el fiel reflejo de la realidad por la que atraviesan todos los Pueblos Indígenas de Colombia, con especiales efectos sobre la niñez.

En el mes de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares amparando los derechos de los niños Wayuú de los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha”, manifestó el Congresista del MAIS durante la instalación de las sesiones extraordinarias del Congreso de la República.

Durante la exposición de su Constancia, Andrade Casamá insistió en que según los datos recogidos por la CIDH, en los últimos ocho años habrían muerto 4.770 niños y niñas debido a su grave estado de desnutrición, derivado principalmente a la falta de acceso al agua potable en sus rancherías.

El Senador insistió en que la situación que se padece en La Guajira no es distinta en el resto de Colombia.

“La muerte de niños y niñas viene ocurriendo de forma silenciosa en otros pueblos indígenas del país, resultando particularmente grave en los pueblos Nasa, Yanacona y Misak, del departamento del Cauca; los pueblos Awá de Nariño, Barí de Santander y el pueblo Embera que habita en los departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba, Caldas y Risaralda”.

Andrade Casamá explicó en que para el caso de La Guajira, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conminó al Gobierno Colombiano para  que adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes de los municipios de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha;-

asegure la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud en dichas comunidades, garantizando un enfoque integral, diferencial y culturalmente adecuado que permita atender la desnutrición infantil y las enfermedades prevenibles;-

atienda a la mayor brevedad las necesidades de agua potable y salubre, de manera sostenible y suficiente; y se garantice a la población infantil de La Guajira alimentos de calidad y cantidad suficientes para satisfacer las necesidades de alimentación con pertinencia cultural.

 “Ante este panorama, es importante reiterar que el Estado y los consecutivos gobiernos han sido los responsables de la cruda realidad de los Pueblos Indígenas de Colombia, ya sea por acción u omisión. Por eso, resulta incomprensible la solicitud del gobierno colombiano a la Corte Interamericana para que levante las medidas cautelares dictadas.

“No puedo aceptar esta solicitud y, por el contrario, me sumo al requerimiento de este organismo internacional, agregando que mientras no se desarrollen las políticas públicas que resuelvan de manera integral la realidad de nuestros pueblos, nuestra situación seguirá igual”. 

El Congresista del MAIS fue enfático en reclamar ante la plenaria del Senado que los niños y niñas de los Pueblos Indígenas no requieren paliativos. Que no se puede aceptar un Estado cómplice de la corrupción, de programas y proyectos asistencialistas e inefectivos que sólo han servido para perpetuar el hambre y la pobreza, y de paso, la corrupción y el exterminio de los Pueblos Indígenas.

“El pueblo Wayuú, los pueblos ubicados en departamentos fronterizos, y los 34 reconocidos en peligro de extinción física y cultural por la Corte Constitucional mediante Auto 004 de 2009, si bien requieren planes de choque que permitan la presencia de brigadas médicas,-

suministro de agua y alimentos, también demandan una presencia institucional sin precedentes; igualmente, la implementación en terreno de una Política de Estado de largo plazo, permanente y no asistencialista”, concluyó Luís Evelis Andrade.


martes, febrero 16, 2016

Parauribismo
Sacan de la Policía al presunto paramilitar Luis Eduardo Martínez
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El presunto paramilitar Luis Eduardo Martínez, general de la Policía, fue retirado del cargo mediante decreto firmado por el presidente Santos.

El posible criminal fue llamado a calificar servicios por las múltiples denuncias en su contra que lo señalan de apoyar escuadrones de la muerte más conocidos como paramilitares.

Una comisión de inteligencia de la misma Policía halló en Estados Unidos documentos que demostrarían la veracidad del paramilitarismo del general y su militancia en la Oficina de Envigado, así como en el Cartel de Medellín.

La Procuraduría también abrió una investigación contra el general Martínez por sus posibles nexos con la estrategia paramilitar, pero debido a la también afinidad el procurador Ordoñez con esta estrategia criminal, es muy posible que la investigación termine en una absolución.

Entre los cabecillas paramilitares que han acusado a Martínez están: Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, Rodrigo Tovar Pupo, alias‘Jorge 40’; Dagoberto Giraldo Pérez, alias ‘Percherón’, Otto Herrera García, Carlos Aguilar Echeverry, Patricia Rodríguez Guzmán, y el también narcoterrorista de la Policía Mauricio Santoyo.

Estos delincuentes han acusado a Martínez de brindarles información para alertarlos sobre operativos en su contra a lo que los diferentes escuadrones de la muerte le retribuían con gruesas sumas de dinero, propiedades y otro tipo de prebendas.

Los actos criminales del uniformado habrían ocurrido según las investigaciones, entre 2003 y 2010, bajo los dos periodos de Uribe, cuando fue el comandante de la Policía en Antioquia; comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá; comandante de la Sijín y comandante de la Policía en el Magdalena Medio.



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