sábado, marzo 05, 2011

Parauribismo/
'Gobierno aceptó falsa desmovilización de bloque de Auc': 'El Alemán'
El ex jefe 'para' aseguró que entrega de armas del Cacique Nutibara 'legalizó' narcos y sicarios.
Por: El Tiempo

Freddy Rendón Herrera, el 'Alemán', ex jefe de los 'paras' de Chocó y Urabá, dijo ante un Tribunal de Justicia y Paz que la primera desmovilización de las Auc, la del 'Cacique Nutibara' en Medellín, en noviembre del 2003 , fue un montaje para darles beneficios políticos a los jefes de la tenebrosa 'oficina de Envigado' y bajar los niveles de violencia en esa capital.

En una explosiva declaración conocida por El Tiempo, el 'Alemán' asegura que la banda de Envigado, que obedecía a 'don Berna', logró colarse en la negociación de paz y que  "el Gobierno aceptó una falsa desmovilización" a pesar de que sabía que estaba legalizando a narcos y sicarios.

"La del Cacique Nutibara fue una desmovilización ficticia, se recogieron uniformes y armas viejas para ese espectáculo que se montó en el Palacio de Exposiciones por parte de las oficinas delincuenciales de Medellín, lideradas por Diego Fernando Murillo ('don Berna'), dijo Rendón Herrera.

Desde el primer momento, el desarme del Nutibara generó suspicacias. Incluso, varios de los 855 supuestos 'paras' admitieron que los recogieron poco antes en barrios populares y que les ofrecieron plata y hasta borrarles los antecedentes criminales.

También, las mamás de varios de los reclutados para la desmovilización le dijeron a este diario en su momento que los habían buscado hasta dos o tres días antes. Hasta ahora, sin embargo, ninguno de los ex jefes máximos de las Auc se había referido a ese capítulo del proceso de paz.

En ese desarme participaron dos de los pesos pesados del bajo
mundo de Medellín: Daniel Mejía, alias 'Danielito', y Jesús Antonio López, alias 'Job'. Ambos eran fichas de 'Don Berna' y aunque se desmovilizaron, según las autoridades siguieron al frente de los negocios ilegales.

El primero está desaparecido y 'Job' fue asesinado en el 2008.

El 'Alemán' cuestionó duramente al ex comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, quien por estos días enfrenta también los coletazos de otra desmovilización con peros: la del frente 'Cacica Gaitana' de las Farc, que está bajo lupa de la Fiscalía.

"Yo me pregunto: ¿el Comisionado sabía, o fue a sus espaldas, lo que se iba a hacer en Medellín? ¿No le advirtieron los organismos de seguridad, Ejército, Policía, Fiscalía, que en Medellín no había ese grupo de autodefensas?", cuestionó.

Según el ex paramilitar, hubo "una falsa desmovilización con botas nuevas, donde sectores de alto gobierno, alcalde, futuros alcaldes, participaron para bajar unos niveles de violencia y dar unos subsidios económicos a miembros de combos".

El 'Alemán' sostuvo, en ese sentido, que vio al ex alcalde Sergio Fajardo "haciendo proselitismo en la Casa de Villa Esperanza", una especie de sede social y política de los desmovilizados.

También se fue lanza en ristre contra 'don Berna' y lo consideró como uno de los narcos colados en el proceso de paz. "Yo he visto adefesios en ese señor 'don Berna' (...) Él dice que fue el creador de las Accu (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) con los señores Castaño, pero este señor pasó a que se le prestara seguridad por el señor Castaño, entre 1996 y 1997. Yo estuve en la reunión en la finca La 24 sobre el río Tulapas, entre Necoclí y Turbo, donde se crearon las Accu, y él no estaba".

El 'Alemán' dice que después de que fue protegido por Carlos Castaño, 'don Berna' terminó matándolos a él y a su hermano Vicente Castaño, desaparecido desde el 2006 y que habría sido asesinado por la 'oficina de Envigado'.

La Fiscalía, como en el caso de otras desmovilizaciones cuestionadas, tomó nota de las declaraciones del ex 'para' e investigará.

De hecho, El 'Alemán' dijo esperar que lo llamen a declarar en las indagaciones preliminares que hay contra Restrepo.

Así terminaron dos de los narcos

En el desarme del 'Nutibara' por primera vez dieron la cara dos de los hombres más temidos de Medellín: Daniel Mejía, alias 'Danielito', y Jesús Antonio López, el famoso 'Job' que incluso estuvo en una polémica cita en la Casa de Nariño en el 2008.

'Danielito' estuvo preso hasta noviembre del 2006 en la cárcel de La Ceja (Antioquia) , de donde se fugó. La Fiscalía tiene versiones que señalan que su misión, encomendada por 'Berna', era acabar con Vicente Castaño, pero que pocos días después de fugarse terminó matando a una ficha de 'Berna': el dirigente deportivo Gustavo Upegui.

Cayó en desgracia y lo mataron, pero su cuerpo no ha aparecido aún. 'Rogelio', el hombre que en ese momento estaba al frente de la 'Oficina de Envigado', supuestamente mató a 'Danielito' y después terminó la tarea encomendada por 'Berna'.

Job, que era un poder entre los desmovilizados y en las bandas de Medellín, fue asesinado por dos sicarios en un restaurante en la vía Las Palmas, al oriente de Medellín. El restaurante era de alias 'Macaco'.

Otro lío para el ex Comisionado Restrepo

Tras escuchar al 'Alemán', la magistrada del Tribunal de Justicia y Paz ordenó este viernes que la Fiscalía abra una nueva indagación contra el ex comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo.

En su versión de ayer, el ex 'para' incluso vincula a Restrepo con la fuga de 'Danielito', uno de los 'duros' de la 'oficina de Envigado', de la cárcel donde fueron recluidos todos los jefes de las autodefensas en el 2006.

Anoche, El Tiempo intentó comunicarse con el ex Comisionado, pero no fue posible ubicarlo.

Restrepo está en líos por la desmovilización del 'Cacica Gaitana', el supuesto frente de las Farc que se desarmó por gestión de 'Olivo Saldaña', cuestionado ex guerrillero de las Farc.

También se indagan las acusaciones de Juan Carlos 'el Tuso' Sierra, quien dijo desde una cárcel de Estados Unidos que pagó para poder colarse en el proceso de negociación de las Auc y que Restrepo supuestamente estuvo al tanto.

Por otra declaración del 'Alemán', Restrepo deberá explicar si es cierto que, por sugerencia de la Oficina del Alto Comisionado, el bloque 'Élmer Cárdenas' no entregó a todos los menores de edad que tenía en sus filas, para evitar escándalos.

Anoche, el ex alcalde Sergio Fajardo, también mencionado por el ex Auc, dijo que estuvo en Villa Esperanza en una visita pública, en el 2006, "para decirles que cumplieran con las reglas, con lo que habían pactado con el Gobierno". "Yo no participé en las negociaciones con las Auc; no supe cómo se desmovilizó esa gente", señaló.

Parauribismo/
La de Mario Uribe al Senado en 2006 era una “lista de la mafia”, dijo César Gaviria a EU
El ex presidente César Gaviría lanzó la sentencia al embajador de Estados Unidos en plena contienda electoral, tras prometer sacar del partido liberal a cualquier político con vínculos paramilitares.
Por: Elespectador.com

El año que comenzaba prometía ser muy movido en materia política. Corría enero de 2006 y la atención del país estaba centrada en dos procesos electorales: la contienda presidencial  y la elección del Congreso de la República. 

Sucede cada cuatro años, pero 2006 tenía de especial que sobre los partidos y sus candidatos en las listas al legislativo pesaba la espada de Damocles de la parapolítica.

La temporada de elecciones estaba en su apogeo, “con todos los lados jugando fuertemente y mostrando ninguna señal de rendirse”, como lo reseñó el embajador  William B. Wood en un cable del 23 de enero.

El embajador hizo un ‘barrido’ de los hechos que a su juicio eran los más relevantes por esos días, como que los partidos uribistas habían expulsado al menos  cinco candidatos de sus listas por aparentes vínculos paramilitares y hasta la denuncia que hizo el entonces presidente del partido de la U, Juan Manuel Santos contra el candidato liberal Rafael Pardo, por sus presuntos nexos con las Farc.

Posteriormente el propio Presidente de la República se disculparía con Pardo.

En una inusual rueda de prensa conjunta el 17 de Enero, Juan Manuel Santos y German Vargas Lleras, líderes respectivos del  Partido de la U y de Cambio Radical,  anunciaron que habían removido de su lista legislativa a cinco candidatos que participaban en las elecciones del polo del Congreso de Marzo:

tres candidatos del Partido de la U (Dieb Maloof  y Luis Eduardo Vives del Magdalena y  Habib Merheg  de Risaralda;) y dos del Cambio Radical (Jorge Castro y Jorge Caballero, ambos del Magdalena).

Inmediatamente después de la rueda de prensa conjunta, el Senador  Mario Uribe dijo que su partido “Colombia Democrática” ya había recibido a Merheg  en sus huestes y aún no había escuchado de peticiones para los otros candidatos despedidos pero consideraría recibirlos.

El cable dice que el hoy condenado ex presidente del Senado de la República fue forzado a retractarse a las pocas horas, tras el anuncio de la Presidencia de la República hiciera un llamado a los partidos que lo respaldaban a que no aceptaran los expulsados.

Dos días después el presidente César Gaviria le dijo a la embajada que Santos y Vargas Lleras se apresuraron a hacer el anuncio de las expulsiones temiendo que el Partido Liberal denunciara los nexos de esos parlamentarios, especialmente los del Magdalena y de hecho le confirmó al embajador Wood que iba a hacer el mencionado anuncio.

Gaviria se había convertido en la piedra en  el zapato para la campaña uribista, especialmente en lo que a la denuncia de apoyo de los paramilitares  a algunos sus allegados se trataba. “Los paras están en las listas uribistas y el presidente Uribe no ha salido hasta ahora a rechazar públicamente esos apoyos", había dicho el ex presidente por esos días a El Espectador.

Sin embargo le dejó ver a la embajada su satisfacción de que el presidente rechazara en sus partidos a los expulsados, aunque una vez más criticó que el anuncio se hubiese hecho a través del vocero presidencial y no él directamente, lo que a su juicio habría tenido un mayor impacto.

El ex presidente, fortalecido por esos días por sus denuncias y por su posición frente a  lo que él mismo llamó "una mentira perversa” contra Pardo, le dijo a la embajada que había situaciones peores que las del Magdalena y que esperaba más expulsiones de los listados uribistas, especialmente de apoyos provenientes de Córdoba.

En medio de la conversación le tocó el turno al primo del presidente Mario Uribe EScobar, de quien el expresidente afirmó que  su lista “está llena de narcos y paramilitares;  es una lista de la mafia”, para luego cuestionar, una vez más la actitud del presidente Uribe y anticipar que los liberales destaparían nuevos escándalos en los siguientes días.

La embajada comenta que Gaviria tuvo que enfrentar los mismos problemas en su partido y debió expulsar al Senador Liberal Vicente Blel Saad (señalado en casos de narcotráfico) de la lista al Senado del Partido Liberal.

Gaviria le contó a la embajada  que no había recibido llamadas de protesta de otros liberales por haber expulsado a Blel y aseguró no conocer que miembros de sus listas tuvieran vínculos con paramilitares pero se comprometió a  removerlos de éstas si se llegaba a conocer algún dato al respecto.

El embajador termina el cable advirtiendo que se avecinaba una temporada “dura” en materia política en el país  y citó un comentario del asesor presidencial Fabio Echeverry, quien añadió que además de duras iba a ser negativa.

En octubre de 2007 el senador Mario Uribe Escobar renunció a su curul en el Senado tras el llamamiento a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia. En febrero pasado la Corte Suprema lo condenó a siete años y seis meses de prisión, como autor del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley.

Para la fecha de su renuncia Álvaro García Romero y Miguel De la Espriella, elegidos para el Senado en el segundo y tercer puestos de la lista de ese partido, estaban en prisión.

En febrero de 2010 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 40 años de prisión al ex senador de Sucre, Álvaro García Romero, por el delito de concierto para delinquir agravado y por su responsabilidad en la masacre de Macayepo (Bolívar).

Miguel de la Espriella fue condenado por el delito de concierto para delinquir, por haber asistido y firmado  la polémica reunión de Ralito, que convocó y presidió el extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso y recuperó su libertad en diciembre de 2008.

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Mediación del gobernador evitó suicidio colectivo de trabajadores que llevan 31 años reclamando sus prestaciones laborales
Por Hernán Durango

Con mediación del gobernador del  Atlántico, Eduardo Verano,   terminó el viernes 4 de marzo en la ciudad de Barranquilla la amenaza de suicidio masivo de un grueso grupo ex trabajadores de la compañía aérea Aerocóndor, que ya completan 31 años esperando el pago de sus prestaciones sociales que tienen “embolatadas”.

Según reportes de prensa regional luego de que 42 personas pertenecientes al sindicato Aerocóndor amenazaron con tirarse de la azotea (piso doce)  de la Gobernación, puesto que durante 31 años no han recibido el pago de sus prestaciones sociales, el hecho terminó sin lamentaciones sino con el compromiso del Gobernador, Eduardo Verano, de mediar ante el Gobierno Nacional.

Armando Ballestas, presidente del sindicato, declaró al diario El Heraldo que  son más de 400 personas en Barranquilla que viven este problema, de las cuales han muerto 207 esperando el dinero producto de su trabajo.

Cuenta Ballestas que el dinero “está embolatado entre el Juez Primero de Circuito de Barranquilla y la síndica, Luz Vargas”.

Señala que existen personas de 80 años esperando el fruto de su trabajo y el dinero no les llega. Manifestó que esta problemática la enfrentan en el país unas 1.371 personas.

Sin embargo, cree en el compromiso firmado por el Gobernador del Atlántico de buscar ayuda ante el Gobierno Nacional.

Durante varias horas el centro de Barranquilla vivió momentos de angustia, por la amenaza de los ex trabajadores de lanzarse desde el piso 12 de la Gobernación del Atlántico.

Carta al Ministerio de Agricultura sobre "mico" de Unidades Agrícolas Familiares en el Plan Nacional de Desarrollo
Por Wilson Arias*

Diferentes organizaciones agrarias, campesinas, sociales, ambientales, rechazamos el contenido del Plan Nacional de Desarrollo que está actualmente en trámite en el Congreso de la República, en esta carta en particular estamos solicitando que se retiren los artículos 45, 46 y 47 del Proyecto de Ley del Plan que son los referentes al Capítulo de Agricultura.

Las organizaciones y/o personas interesadas en suscribir esta carta, por favor hacerlo antes del lunes 7 de marzo a las 12:00 am, a este correo, indicando su nombre (organización o personal), puesto que ese día se radicará en el Congreso en las Comisiones Terceras de Cámara de Representantes y Senado y demás entidades.

Gracias por la atención y difusión

Bogotá, 25 de febrero de 2011.

Doctor
JUAN CAMILO RESTREPO
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
Ciudad

Referencia: la equivocada propuesta de concentrar aún más la propiedad rural no debe tramitarse como un tipo de ‘mico’ en el Plan de Desarrollo.

Cordial saludo:

Por su conducto, los abajo firmantes le solicitamos al gobierno que preside Juan Manuel Santos retirar del Plan Nacional de Desarrollo los artículos 45, 46 y 47, por razones de fondo y de forma. De fondo porque significan un cambio enorme y negativo en la política de tierra rural del Estado colombiano.

Y de forma porque una modificación de ese calibre no debe tramitarse refundida entre los 170 artículos del Plan de Desarrollo sobre todo tipo de temas, sino como una ley especializada que haga tránsito sin premuras y con todas las garantías que debe tener un debate público, informado y democrático.

Dichos artículos buscan entregarles a los más acaudalados colombianos y extranjeros –latifundistas, banqueros, monopolistas, trasnacionales– entre seis y diez millones de hectáreas de tierras baldías que posee el Estado Colombiano en la Altillanura (Orinoquia), para que en ellas se monten negocios agropecuarios del orden de 40, 45 mil hectáreas.

También buscan estimular que las tierras ya otorgadas por el Estado –como baldíos o por reforma agraria– terminen bajo el control de grandes proyectos agropecuarios. Y esto se pretende modificando la Ley 160 de 1994, que define como política pública que los baldíos del Estado se distribuyan entre los obreros agrícolas y los minifundistas, en áreas acordes con la idea de estimular la distribución democrática de la propiedad en el campo, al igual que impide que estas parcelas y las de reforma agraria terminen adquiridas por los propietarios mayores.

Un cambio profundo calculado para concentrar aún más la propiedad rural en un país que tiene una de las mayores concentraciones de la tierra en el mundo (gini de 0.87), concentración que contribuye con otra cifra que también nos avergüenza a los colombianos: más de un tercio de los habitantes en las zonas rurales sobrevive en la indigencia.

Pero el propósito de esta carta, señor ministro, no es expresar nuestras discrepancias con el contenido general del Plan de Desarrollo y mucho menos convencer al gobierno de lo negativo que resulta concentrar todavía más –a escala de monopolio– la tierra rural en Colombia, pues resulta fácil entender que no coincidimos en el punto de vista.

Lo que cordialmente le solicitamos es que esta modificación no se proponga como un tipo de ‘mico’ en el Plan de Desarrollo, sino que se haga de cara al país, mediante un proyecto de ley especializado que facilite el debate democrático, para que, producto del debate en el Congreso y fuera de este, se estudie el tema y se decida.

Atentamente,
Wilson N. Arias C.
*Representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo

viernes, marzo 04, 2011

Seguridad narcocrática/
La Corporación Sembrar devuelve al Estado los esquemas de seguridad por ser inoperanes
Con información de Sembrar

La Corporación Servicios Profesionales Comunitarios, se permite informar a la opinión pública nacional e internacional que:

El día de hoy 03 de marzo de 2011, la Corporación Servicios Profesionales Comunitarios Sembrar, devolvió al Estado Colombiano, los dos esquemas de seguridad que habían sido otorgados para la protección de sus integrantes.

En una carta dirigida a los Ministros del Interior y de Justicia, Relaciones Exteriores, Director del DAS y Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, La Corporación Sembrar, hizo entrega formal del esquema individual asignado al Abogado Jorge Eliécer Molano Rodríguez y del esquema colectivo asignado a los demás miembros de la Corporación.

Los vehículos fueron recibidos por parte del Ministerio del Interior y de Justicia y los tres escoltas que prestaban seguridad a los dos esquemas quedaron a disposición del DAS el día de hoy 03 de marzo de 2011.

La Corporación Sembrar ha venido demandando del Estado Colombiano, medidas reales de protección, no solamente se trata de la adopción de medidas de protección material sino también de condiciones reales para ejercer nuestra labor.

Estos aspectos fueron discutidos con el gobierno colombiano durante la reunión de trabajo llevada a cabo en las sesiones pasadas de la CIDH, habiendo asumido el Estado, el compromiso de adoptar las medidas pertinentes de manera oportuna.

Sin embargo, no solo, no se ha garantizado condiciones óptimas para que los defensores de derechos humanos puedan desarrollar su labor en Colombia, sino que además, las pocas medidas del orden material adoptadas, están siendo desvalijadas como lo ocurrido a los esquemas de seguridad tanto individual como colectivos asignados a Sembrar.

Por parte del departamento Administrativo de Seguridad DAS, desde hace dos años, se ha interferido negativamente en la implementación de medidas materiales dentro del Programa de Protección.

Desde hace más de dos años, Sembrar ha remitido hojas de vida al DAS con el cumplimiento pleno de los requisitos exigidos, para efectos de reforzar los esquemas de seguridad, las cuales siempre han sido rechazadas. La última solicitud lleva más de cien (100) días, sin que se obtenga respuesta alguna.

En la actualidad, solo tres (3) personas, están destinadas para la seguridad de los esquemas colectivo e individual, hecho que hace ilusorio y meramente formal el llamado mecanismo de protección otorgado por el Estado.

El abogado Jorge Molano, junto con el abogado Germán Romero, fueron objeto de intensos seguimientos después de presentar los alegatos finales en uno de los procesos que se adelantan por lo hechos del Palacio de Justicia, en donde se solicitó la condena y máxima pena del General en retiro Iván Ramírez Quintero.

Inquieta sumamente que llevando la representación de las víctimas en los procesos contra los Generales Jesús Armando Arias Cabrales, Iván Ramírez Quintero, Héctor Jaime Fandiño, Mario Montoya, Rito Alejo del Rio, Carlos Alberto Ospina y Julio Charry Solano, entre otros altos mandos comprometidos con graves violaciones a los derechos humanos, no exista un interés y voluntad de protección.

Por tal razón y dado que no existe una decisión y voluntad política para brindar mecanismos reales, serios e idóneos de protección, a partir de la fecha hemos hecho devolución de los esquemas de protección, colectivo e individual, pues no es admisible que se obstaculice el nombramiento de las personas propuestas, con el propósito de forzarnos y obligarnos a la aceptación de designación de empresas privadas para la contratación del personal de seguridad.

La única y real razón de esta decisión, son las prácticas institucionales que develan la ausencia de interés para brindar protección, hecho que no exime al Estado de su responsabilidad por lo que ocurra con los derechos a la vida e integridad personal de quienes hacen parte de la Corporación Sembrar.

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Parauribismo/
Paramilitares amenazan a sindicatos en la costa Caribe
Por sindicatos

Cartagena de indias, 4 de Marzo 2011. La CUT y sus Sindicatos filiales, es una institución que hace parte de las estructuras y pilares de nuestra Constitución Política, a través del Artículo 1, 20,37, 39, 53 y 93, principios y  Derecho Fundamentales, bloque de constitucionalidad, que deben ser garantizados por el Estado y sus gobiernos de turnos.

Hay una clara persecución contra el movimiento sindical, que se manifiesta en los asesinatos de dirigentes y activistas, en los últimos veinte años la cifra llega a más de a 2.857 asesinados, han aumentado ostensiblemente las formas de intimidación como amenazas de muerte a los sindicalistas y a sus familiares,-

lo que hace que las circunstancias de inseguridad para ejercer la actividad sindical se mantengan en los altos límites de riesgo, manteniendo como política de Estado, que con una reforma a los programas de protección a sindicalista, se le asigna a el Das y a la policía Nacional, los estudios de riesgos y  se necesitan según ellos ser víctimas de las balas de los sicarios para que ellos puedan-

calificarlo de riesgo extraordinario, en un 99%, muy a pesar de las amenazas serias y las denuncias a la Fiscalía, a la Sijin, al CTI, al Das, a la Armada Nacional, nunca investigan, ni le dan importancia a estos graves hechos y es una constante que estos riesgos salen ordinarias y recomiendas medidas de autoprotección.

LA Central Unitaria de Trabajadores Cut  Subdirectiva Bolívar  y sus Sindicatos filiales, Unión Sindical Obrera (USO), Sindicato de Trabajadores de Tubo Caribe  (Sintratucar), Sindicato Nacional de la Multinacional  Coca Cola (Sinaltrainal), Sindicato Nacional de Clínicas y Hospitales (Anthoc), Sindicato Nacional de las Universidades Públicas (Sintraunicol),-

Sindicato de Seatech Inc  Ltda. o Van Camp (Ustrial), Sindicato Nacional de los Empleados Públicos del Sena ( Sindesena),   denuncian ante la opinión pública Nacional e Internacional, la inseguridad que hoy se cierne  sobre los más de 400 barrios de la ciudad de Cartagena de Indias, D.T y C, sintiéndose nuestra población de más de un millón de habitantes,-

no solo amenazada sino secuestrada por esta ola de atracos, fleteo, amenazas, asesinatos, saliéndose de las manos a las autoridades civiles y fuerza pública a nivel local y nacional, muy a pesar que es mayor la inversión del presupuesto nacional en el gasto militar sobre la inversión social.

Nuevamente aparecen las amenazas que coinciden con la privatización y la entrega al capital financiero y multinacional mafioso, la empresa más rentable del país,  Ecopetrol,  la cual será privatizada en más de un 40%, con el sofisma de la venta de acciones, la Unión Sindical Obrera(USO),-

sus dirigentes y familiares,   vienen siendo objeto de toda clase de amenazas, seguimientos,   hostigamientos, a través de mensajes de textos a celulares y correos electrónicos personales, a la sedes sindicales, teléfonos de residencia, con el ingrediente nuevo que se autodenomina “Los Paisas” y no “Águilas Negras”,-

es decir el mismo lenguaje del gobierno y la fuerza pública, al querer ocultar que el paramilitarismo sigue vivito y coleando, hoy ya no en el campo, sino que se han tomado nuestras capitales, valiéndose del nombre de las Bacrim, para alejar el fantasma de la paranarcogobierno y culpar a la delincuencia común de la inseguridad reinante en los 1107 municipios del país.

También como una estrategia se les envía acusaciones y señalamientos que hacen parte de la subversión, son comandantes de las guerrillas armadas, lo cual es pasaporte para que sufran atentados, desapariciones y asesinatos, sin que existan investigaciones serias, mucho menos condenados, con un grado de impunidad del 99.9 % en la comisión de estos delitos.

Estas serias amenazas también se vienen realizando y multiplicando en los Sindicatos como el de la Multinacional Tenaris Tubo Caribe (Sintratucar), en la multinacional Seatech Inc Ltd. Vam Cans (Ustral), Cocacola (Sinaltrainal),  el Sindicato Nacional de Clínicas y Hospitales (Anthoc), el Sindicato Nacional de las universidades Públicas (Sintraunicol), el Sindicato Nacional de los Empleados Públicos del Sena (Sindesena) entre otros.

Las organizaciones sindicales de la ciudad agremiadas en la CUT hacemos un llamado con nombre propio a Germáb Vargas Lleras, Alejandro Ordoñez, Sandra Morely, Vivián Morales, Angelino Garzón y a delegar una Comisión Nacional de la Fiscalía, de la Procuraduría, a que se comprometan a realizar investigaciones serias-

que esclarezcan de donde provienen estas amenazas y que los culpables sean condenados,  ya que las autoridades civiles, los organismos de inteligencia e investigación y la fuerza pública local,  han sido negligente, incapaces y culpables por acción u omisión de esta lamentable situación que atravesamos como servidores públicos en sus obligaciones constitucionales y legales.

Por ningún motivo permitiremos  que se derrame una gota de sangre mas, por parte de nuestra dirigencia sindical obrera, tampoco que a Ecopetrol la entreguen al capital mafioso y a multinacionales, saldremos a las calles a manifestarnos pacíficamente, e iniciaremos  las denuncias del caso ante la comunidad internacional que en nuestra ciudad, patrimonio histórico de la humanidad,  no se nos garantiza nuestro derecho constitucional fundamental a la sindicalización, a la libre expresión  y mucho menos el derecho a la vida.

De igual manera convocamos a todo el movimiento social nacional e internacional, a cerrar fila contra esta manera de bloquear a las organizaciones sindicales, por parte del gobierno ultra neoliberal y sus aliados mafiosos de unidad nacional, con el todo vale,  siempre que los sindicatos denuncian los negociados con los bienes públicos rentables de las Empresas del Estado.

Hacemos un llamado de SOS, al movimiento sindical internacional, para la solución a la situación de Colombia , teniendo en cuenta que es un Estado asolado por la muerte de líderes sindicales, amenazas, estigmatización, masacres laborales, es de público conocimiento,-

insólitamente empresas nacionales e internacionales están comprometidas con el pago a los paramilitares, contratistas ligados a la mafias y al paramilitarismo, quienes a través del asesinato y la intimidación contribuyeron a la liquidación sindical.

La CUT insiste y reitera propuestas al señor Juan Manuel Santos, en el sentido de la redistribución de la riqueza, unas relaciones más justas entre gobierno, empresarios y trabajadores, garantías para el derecho a la vida, libertad de expresión, derecho de sindicalización y negociación, mayor inversión social, trabajos dignos,-

para alcanzar la paz y como Estado, garantizar una  verdadera política de derechos humanos y laborales, a la ciudad y al país no le conviene que se conozca la realidad sobre la violencia y la inseguridad en la ciudad más visitada por el turismo internacional y grandes eventos internacionales.

Atentamente,
Comité Ejecutivo CUT Bolívar

Sabana de Torres, Santander
Alcalde hace irresponsables acusaciones contra defensor de derechos humanos
Por Camilo Raigozo. Con información de Asogras

La Asociación Agraria de Santander, Asogras, denunció ante la comunidad nacional e internacional que después de las declaraciones que dio el 7 de febrero pasado, Uriel Velandia Gutiérrez, alcalde de Sabana de Torres, Santander, a través de una emisora comunitaria, donde acusó a al presidente de la Asociación Campesina de Santander, Asogras, Cesar Augusto Tamayo, de ser terrorista, promotor de grupos armados y de invasiones.

Las irresponsables acusaciones del alcalde en contra del líder campesino, defensor de los derechos humanos, se dan según la organización campesina como retaliación por las denuncias hicieron el pasado 2 de febrero en Barrancabermeja, en el acto del Foro Social por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, el cual estaba presidido por el vicepresidente Angelino Garzón, quien tomó atenta nota de las denuncias.

Desde ese  día la situación de seguridad de Tamayo es de alto riesgo, dado que el 9 de febrero a las 3:40 de la tarde se presentaron  dos sujetos desconocidos a la finca del  líder agrario indagando por su paradero en tono agresivo.

El 19 de febrero del presente año, aproximadamente las 12:40 de la mañana,  se presentaron tres sujetos armados y de civil  a la finca de Tamayo. Los sujetos estaban parados frente al corral de las gallinas mirando hacia la casa del mismo predio y al notar que los moradores los habían descubierto salieron corriendo hacia la parte montañosa con rumbo hacia la carretera a Doradas.

El 21 de febrero anterior, cuando se desarrollaba una marcha en el casco urbano del municipio en contra de Ecopetrol por el incumplimiento de las empresas contratistas, Cesar Tamayo fue  seguido por varias cuadras por miembros de la Sijín y de la Interpol de Colombia.

Asogras argumenta que lo que se está buscando es hacerle un montaje jurídico a Tamayo para alejarlo de las denuncias que viene haciendo por hechos de corrupción y la vinculación de paramilitarismo a través de una I.P.S .

El 3 de marzo anterior, aproximadamente las 6:45 de la tarde, en la zona de Doradas, le dispararon a Alexis Gómez, quién se trasladaba en una motocicleta muy parecida a la de Tamayo, por lo que se presume que el atentado estaba dirigido contra el presidente de Asogras.

En el sitio donde el dirigente vive con su familia se ha notado la presencia de personas extrañas merodeando la casa y algunos funcionarios de la administración local que se desempeñan en  Familias en Acción, vociferan que ya saben dónde vive el tal Tamayo, en tono amenazante.

Las comunidades y el dirigente exigen que se investigue por parte de la Procuraduría y la Fiscalía, los  hechos  que ponen en riesgo la vida de la comunidad y la del defensor de derechos humanos. Tamayo no cuenta con ningún sistema de seguridad por lo que él y su familia están en alto riesgo.

Parauribismo/ San Vicente del Caguán, Caquetá
Paramilitares amenazan a organizaciones y personas defensoras de derechos humanos
Por Camilo Raigozo. Con información de la Corporación Caguán Vive

La Corporación por la Defensa de los Derechos Humanos, Caguán Vive, denunció ante la opinión pública nacional e internacional, que entre el 21 y 23 de febrero pasado, circuló en el departamento del Caquetá un panfleto en el que paramilitares denominados estratégicamente por la gran prensa y por el establecimiento, “Águilas Negras”, amenazan de muerte a un listado de líderes, organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos.

Los criminales, como es su costumbre, señalan a sus futuras víctimas, entre las que se encuentra Caguán Vive, de ser fachada de acciones de milicias y miembros del PC3 vinculados a la guerrilla de las FARC.

La estrategia paramilitar del régimen amenaza esta vez que habrá “un proceso de limpieza y ajusticiamiento por parte de paramilitares que operan en la región”.

Las hordas asesinan tienen en la mira a Eduardo Franco Jojoa, directivo de la Corporación Caguán Vive, el cual ejerce como concejal del municipio de San Vicente del Caguán, es dirigente del Polo Democrático Alternativo y además es un líder comunitario cuyo trabajo ha sido reconocido por la población tanto de San Vicente del Caguán como de La Macarena, Meta.

Según la Caguán Vive, en octubre de 2007, en plena actividad electoral, salió a circulación departamental un panfleto titulado “La maquinaria oculta de las Farc para la toma del poder”, cuya autoría era la “Corporación Nación Libre”, la cual, para ese entonces, tenían un sitio en internet en el que decía que dicha Corporación estaba conformada por desmovilizados del paramilitarismo.

En ese panfleto se acusaba a Domingo Pérez quien oficio durante los años 2008, 2009 y 2010 como presidente de Caguán Vive, de formar parte de la supuesta maquinaria oculta de la FARC para la toma del poder.

El  8 de diciembre de 2008 fue asesinado el primer presidente de la Corporación por la Defensa de los Derechos Humanos Caguán Vive, Joel Pérez Cárdenas, quien después de ser torturado fue incinerado y abandonado en la vía principal que une a San Vicente del Caguán con Florencia. El crimen continúa en la impunidad.

En mayo de 2009, durante la Primera Audiencia Ciudadana por la Verdad realizada en Florencia, se denunció públicamente la existencia de un informe de inteligencia militar en el cual se acusaba a varios miembros de la directiva de Caguán Vive, junto con otros líderes comunales, de formar parte de la red de apoyo del Frente Amazónico de las FARC.

Dicho informe de inteligencia militar, fechado del 12 de febrero de 2008 e identificado con la referencia MD-EJC-CIME-RIME6-53.1, fue enviado por el director regional inteligencia militar No. 6, el teniente coronel Rafael Eduardo Gutiérrez Hortúa, al comandante de la Brigada Móvil 22 en Peñas Coloradas, municipio de Cartagena del Chaira, Caquetá.

En varias oportunidades el coronel Carlos Herrán Robles, comandante del Brigada Móvil 9, solicito abierta y públicamente, a la población de no tramitar ninguna queja de violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ante la Corporación Caguán Vive, aduciendo manipulación de la información. Esto lo realizó inclusive ante el Concejo Municipal de San Vicente del Caguán.

El 26 de enero pasado, Álvaro Castelblanco Cardozo, defensor del pueblo regional Caquetá, en reportaje publicado por RCN radio afirmo que las “Bandas Criminales” en el departamento del Caquetá son una Realidad. Cosa que es confirmada por este panfleto intimidatorio.

Las comunidades, organizaciones y personas, víctimas de la demencial estrategia solicitaron a la comunidad nacional, internacional y defensores de derechos humanos a estar alertas frente a cualquier hecho criminal que las ponga en riesgo.

También instaron al Gobierno a que garantice el respeto de los derechos humanos fundamentales, entre estos la vida y la integridad de quienes optan por la defensa de los Derechos Humanos y construyen procesos dirigidos a superar las difíciles condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentran miles de familias campesinas en el marco del conflicto armado.

Por último exigen a las autoridades civiles y militares adoptar las medidas pertinentes, para impedir cualquier hecho criminal contra los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos del Caquetá.

'Los obreros de Tubo Caribe seguimos dando muestras de buena voluntad': Sintratucar
Por Sintratucar

En el día de ayer 3 de marzo de 2011 ,en una reunión celebrada en la gerencia general en donde participaron  los directivos de   Sintratucar: Jairo del Río, Walberto Marrugo, René Marrugo, Roberto Goitier, Jorge Vega y por parte de la empresa: Ricardo Prosperi, Vicenzo Nuzzolo, Hernando Cepeda y Hércules Pérez,-

se le dio firma al Acta de Acuerdo Extraconvencional en donde los  obreros en un acto de buena voluntad decidimos trabajar sin solución de continuidad durante seis meses con el único objetivo de mejorar las condiciones actuales de producción y abonar el terreno para la futura negociación de nuestro justo pliego de peticiones.

Este tema se venía planteando por parte de la empresa desde hace seis meses en una petición que hiciera Ricardo Prosperi a nuestra organización sindical que viene insistiendo en que el conflicto por el cual estamos atravesando debe ser resuelto en una mesa de negociaciones-

y no en un tribunal de arbitramento, además, estamos convencidos que con la firma del acta se dará inicio a una nueva etapa de buenas relaciones obrero patronales enmarcadas dentro de los márgenes del respeto mutuo y el cumplimiento de nuestras leyes.

Los obreros somos conscientes de las necesidades de producir con calidad, seguridad y eficiencia  para poder cumplir a tiempo los pedidos y satisfacer las expectativas de los clientes, pero también tenemos necesidades, y en este sentido el compromiso debe ser mutuo, el gana –gana debe ser real, las ganancias deben ser para todos y nuestro justo pliego debe ser negociado por que la ley en este sentido es clara.

Hoy aplaudimos la presencia del gobierno nacional representado por el doctor Oscar Gutiérrez Guáqueta, concejero del vicepresidente Angelino Garzón, quien ha sido comisionado por la vice presidencia para que atienda nuestra petición y la del Comité Mundial de Sindicatos de Tenaris en la mediación de este conflicto,-

se ha reunido en tres ocasiones con la junta directiva de Sintratucar y en su última visita a nuestra ciudad el día 2 de marzo se logró una reunión tripartita entre Sindicato, empresa y gobierno nacional en donde se comprometió a ser garante de este proceso y realizar un seguimiento mensual a las relaciones obrero- patronales.

El acta se consignara en el Ministerio de Protección Social que es el ente encargado para este tipo de asuntos en aras de brindarle la mayor transparencia a este proceso y será publicada en todas las carteleras de la fábrica, además se debe sensibilizar por parte de la empresa a todo el personal de jefaturas, y por parte del sindicato se sensibilizará a todos los obreros el próximo Domingo 6 de Marzo en la asamblea general.

Para finalizar esperamos que con la firma de este acuerdo el conflicto pueda llegar a feliz término y las relaciones obrero patronales sean las mejores para sacar adelante la producción y cumplir con las metas,-

en este sentido no debemos aceptar que jefes como Jesús Guerra Noguera sigan empañando esta nueva etapa  con su actuar grotesco y vulgar, que hace parte de la “patria boba”, pretendiendo  lograr producción con base en el maltrato y el irrespeto a sus obreros, por tal motivo en reunión de junta directiva celebrada el pasado domingo 27 de febrero fue declarado persona no grata para Sintrucar en repudio a los actos cometidos por este tirano en contra de los compañeros: Juan Hernández, Gerson Aldana, Luis Racine y Eduardo Rodríguez.

¡Viva Sintratucar!…¡viva, viva, viva!

Eurodiputados envían carta al presidente Santos por desaparición de ambientalista

Seis diputados europeos le enviaron una misiva al presidente Juan Manuel Santos, pidiéndole “que use de todo su autoridad para que cuanto antes aparezca con vida Sandra Viviana Cuellar Gallego” (foto), ambientalista desaparecida el 17 de febrero cuando se dirigía de Cali a Palmira en el Valle del cauca.

A continuación transcribimos la integridad de la carta:

Doctor Juan Manuel Santos Calderón

Presidente de la República
Palacio de Nariño
Bogotá
Colombia
 
Señor Presidente
.
Hemos aprendido con enorme preocupación que el día jueves 17 de febrero de 2011, Sandra Viviana Cuellar Gallego fue víctima de una desaparición forzada en la vía que conduce de Cali a Palmira.

Sandra Viviana Cuellar Gallego, de 26 años, es una defensora de los derechos humanos y del medio ambiente de reconocida trayectoria y sensibilidad social.

La desaparición forzada está tipificada por Naciones Unidas como un Crimen de Lesa Humanidad.
.
La historia de los últimos 20 años de Colombia confirma que miembros de los cuerpos de seguridad del Estado han estado involucrados de alguna u otra forma en la mayoría de casos similares a la desaparición forzada de Sandra Viviana Cuellar Gallego, ya sea cometiéndolos directamente, o tolerando que sean llevados a cabo por grupos paramilitares.

Esto ha sido el caso en particular cuando ocurre en zona bajo control de las autoridades, como es la vía de Cali a Palmira.

Por esta razón por la cual le pedimos, Señor Presidente, que use de todo su autoridad para que cuanto antes aparezca con vida Sandra Viviana Cuellar Gallego.

Observamos que bajo su Gobierno siguen las graves violaciones de los derechos humanos, y estimamos particularmente inapropiado considerar la rúbrica o la ratificación de un tratado de libre-comercio entre la Unión europea y Colombia, -tratado que sin dudas va a aumentar todavía la presión sobre las tierras, el agua, el medio ambiente, los recursos naturales en general-, mientras quienes cuestionan de forma pacífica y democrática las políticas gubernamentales siguen siendo víctimas de crímenes de forma tan sistemática.

Del Señor Presidente atentamente,

Rui Tavares, Diputado europeo,
Portugal,
Miembro de la Comisión de Libertades Civiles y Asuntos Internos

Gabi Zimmer, Diputada europea,
Alemania,
Miembro de la Comisión del Desarrollo

Willy Meyer-Pleite, Diputado europeo,
España,
Vice-Presidente de la Asamblea parlamentaria EUROLAT

Marisa Matias, Diputada europea,
Portugal,
Miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Jürgen Klute, Diputado europeo,
Alemania,
Miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Jean-Luc Mélenchon, Diputado europeo
France,
Vice-Presidente de la Comisión de relaciones exteriores

cc:
- Manuel Barroso, Presidente de la Comisión europea
- Catherine Ashton, Representante de la Unión europea para la Política Exterior y de Seguridad
- Karel De Gucht, Comisario para el Comercio Internacional

jueves, marzo 03, 2011

Parauribismo/
El Parapolítico Mario Uribe pidió traslado a una cárcel de Antioquia

El peligroso delincuente Mario Uribe Escobar condenado recientemente a siete años y medio de prisión por su complicidad con escuadrones paramilitares autores de los más horrendos crímenes ocurridos en Colombia, pidió que lo trasladaran a una cárcel de Antioquia donde está su poder.

Así lo manifestó en la víspera el Inpec, institución tan desprestigiada como el DAS por los constantes escándalos de corrupción. El parapolítico argumentó “arraigo familiar” y desea que lo trasladen a la cárcel de Yarumito, ya que no le apetece la de Bellavista por el hacinamiento que tendría que padecer.

Actualmente el primo del ex presidente Uribe Vélez, alias “el Número uno”, está preso en la cárcel La Picota, en el pabellón de los 'parapolíticos'.

Parauribismo/
Asesinan a indígena en el Cauca
Por Cabildo Cerro Tijeras

El pasado sábado 26 de Febrero de 2.011, en horas de la noche siendo aproximadamente las 10:00 PM fue herido de muerte presentando un impacto de arma de fuego en la región occipital derecha de su cabeza, el comunero Próspero Rospero Malaquías Ossa, siendo atendido de urgencias en el Hospital de Suárez Cauca.

El compañero Malaquías Ossa era oriundo de la vereda La Chorrera jurisdicción del Cabildo Cerro Tijeras, destacándose por su espíritu aguerrido, colaborador, servicial, solidario al igual que toda su familia, deja viuda a su compañera Yenny Rocío Camayo Cometa, con quien tuvo 3 hijos menores de edad, Claudia Patricia, Sharon y Kevin Alexis. Hoy huérfanos por la acción irracional de enemigos de la paz y la convivencia pacífica entre las comunidades.

El atentado se dio en el barrio conocido como “La Esperanza” distante a solo dos cuadras del hospital de Suárez Cauca. Resaltamos que en éste mismo sector días atrás se había perpetuado otro atentado en contra del compañero José Leandro Guetio, quien afortunadamente salió sin consecuencias mayores de tan repudiable hecho.

Desafortunadamente la misma suerte no le acompañó a nuestro hermano Próspero, quien se debatió entre la vida y la muerte hasta el día lunes 28 de Febrero a las 9:45 de la mañana, cuando partió de esta vida terrenal. Aunque nos lo hayan arrebatado, su espíritu continuará caminando la palabra con nosotros en cada una de las actividades orientadas por las autoridades del Cabildo en defensa y por la pervivencia de nuestras comunidades en el territorio.

Como comunidades organizadas y autoridades indígenas tradicionales rechazamos todo tipo de agresión o atentado en contra de la humanidad y la vida de nuestros integrantes, por lo que exigimos la apertura de las investigaciones por parte de las autoridades competentes en el ánimo de que se investigue, individualice y sancione a los responsables – intelectuales y materiales.

Así como la exigibilidad colateral para brindarles garantías plenas a la seguridad, vida y honra de las comunidades y a la familia de nuestro comunero en particular.

Llamamos la atención de la fuerza pública a quienes les exigimos de manera inmediata el cumplimiento de su deber constitucional en términos de salvaguardar la vida, honra y bienes de la comunidad sin distingo de raza, sexo, creencias, política, color de la piel, etc., en fin brindarnos las garantías en términos de protección para los integrantes de la comunidad indígena de Cerro Tijeras que descendemos constantemente al casco urbano del municipio de Suárez.

Lo anterior por cuanto con el presente ya son dos atentados en contra nuestra, hechos que se registraron a pocos metros donde opera “La Casa de Paso” o punto de atención medico asistencial para las comunidades adscriptas al Cabildo Indígena Cerro Tijeras.

En igual sentido exigimos a los mandatarios local y regional de turno para que impartan órdenes en aras de brindarle las garantías de seguridad necesarias para las personas que a diario transitan por dicho barrio del municipio de Suárez en busca de los servicios en salud, y evitar se vean afectados con acciones futuras en contra de su integridad física.

En la fecha en que emitimos éste comunicado luctuoso se están registrando las honras fúnebres de nuestro querido hermano Próspero Malaquías Ossa, qepd, en el Cementerio ubicado en la vereda La Betulia, jurisdicción de Suárez Cauca. Expresamos nuestras más sinceras condolencias para su esposa, hijos y demás familia, es una pérdida irreparable para todos.

miércoles, marzo 02, 2011

Seguridad narcocrática/
Asegurados seis militares por secuestro y homicidio
Por Camilo Raigozo

Bogota, 2 de marzo de 2011. Con detención preventiva sin beneficio de excarcelación, fueron cobijados dos oficiales, un suboficial y tres soldados profesionales, los cuales están investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio en persona protegida y secuestro simple.

Según pudo establecer la Fiscalía, el 7 de diciembre de 2005 llegaron al municipio de Calamar, Guaviare, tropas del Batallón 61 Contraguerrilla ‘Héroes del Mitú’, y se llevaron de su casa al agricultor Fabio Medina Guerra, a quien le informaron que estaba capturado. Poco después el cadáver de esa persona apareció en un campo de futbol con impactos de arma de fuego.

Los presuntos criminales fueron identificados como: Javier Arias Guevara, mayor; Edgar Bernardo García Pineda, capitán; Carlos Ariel López, sargento; y Luis Alejandro Micán, Felipe de Jesús González y Arnold Peña Mora, soldados profesionales.

La Fiscalía estableció que los implicados en el asesinato a sangre fría están detenidos en guarniciones militares de Villavicencio y Bogotá, lo que significa que están en vacaciones, según los últimos escándalos de las llamadas cárceles castrenses.

Aseguran a paramilitar por masacre de campesinos

Por otro lado en esta misma fecha, un fiscal de Derechos Humanos y DIH dictó medida de aseguramiento, detención preventiva sin beneficio de excarcelación, a un paramilitar por el crimen de cuatro agricultores, tres de ellos miembros de una misma familia.

Según informó la Fiscalía, el procesado John Fredy González Isaza, alias ‘Rosco’, es supuesto autor material de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, terrorismo, y desplazamiento forzado.

La masacre ocurrido el 11 de febrero de 1997 en la vereda San Lorenzo, municipio de Maceo, Antioquia, hasta donde llegaron los ‘paras’ quienes lista en mano ubicaron a Norberto y Norberto Casas Arboleda, Alcides Palacios Arboleda y Argiro Betancur Espinosa, a quienes los sicarios del régimen sacaron de sus viviendas, los torturaron y los asesinaron.

La Fiscalía anota que los cuerpos de las víctimas fueron desmembrados y sepultados en lugares próximos a sus viviendas. El temible paramilitar está privado de la libertad en la penitenciaría La Picota de Bogotá.

Pronunciamiento de las organizaciones sociales pertenecientes a la Mesa Nacional de Víctimas, sobre la Ley de Víctimas

Marzo 1 de 2011. La Mesa Nacional de Víctimas pertenecientes a Organizaciones Sociales, reconoce los avances contenidos en el proyecto de Ley de Víctimas radicado el día hoy ante la Comisión Primera del Senado de la República y el enorme avance que significa para la historia y la democracia del país, que los derechos de las víctimas sean prioritarios en la agenda del actual gobierno.

Sin embargo, la Mesa Nacional advierte con preocupación que siguen existiendo importantes vacíos  en el contenido de la Ley; vacíos que podrían afectar el goce pleno de los derechos a verdad, justicia y reparación integral de todas las víctimas.

La falta de garantías sociales y de seguridad para el retorno, el no reconocimiento de los estándares internacionales en materia de reparación integral y la limitación en el universo de las víctimas, así como la ausencia de medidas que garanticen el acceso a la verdad se constituyen en serios obstáculos para el logro de los objetivos de la Ley. 

La Mesa Nacional de Víctimas ha recogido las propuestas e iniciativas de varias comunidades victimizadas en todo el país y a partir de este trabajo, elaboró un marco de referencia sobre los mínimos o irrenunciables a considerar dentro de la iniciativa de Ley. Muchas de estas recomendaciones no han sido incorporadas a la Ley. Entre los aspectos más preocupantes se destacan los siguientes:

Patrimonio: La restitución de tierras no incluye la restitución patrimonial de las víctimas; tales como bienes, animales, semovientes, vivienda digna, cultivos y maquinaria. Una restitución integral y efectiva debe incluir además de la devolución de las tierras que fueron objeto de despojo, la restitución del patrimonio y la condonación de las deudas. Esta omisión podría generar un nuevo despojo masivo.

Fecha: El proyecto de Ley considera como víctimas a las personas que han sufrido una vulneración de sus derechos por causa del conflicto a partir de 1986. Si bien esta fecha, incluye a buena parte de las víctimas del genocidio contra la UP, excluye a las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos de años anteriores.

La Mesa Nacional considera que la fecha para tal reconocimiento debe ser el 1 de enero de 1980. No hacerlo excluye a las víctimas de las masacres de Manila y Cañaveral de Remedios (Nordeste Antioqueño)(1983), de la Universidad Nacional, de Vuelta Acuña, (Santander) (1984),-

el asesinato del sacerdote indígena Páez Álvaro Ulcué Chocué, (1984), de la toma y contratoma del Palacio de Justicia y la masacre de Tacueyó (1985),  entre otras. La restitución de tierras a partir de 1991 obstaculiza la entrega más de cien mil hectáreas de tierra objeto de despojo.

Universo de las Víctimas: Es deber del Estado garantizar los derechos y resarcir plenamente a todas las víctimas del conflicto armado, sin exclusiones. El proyecto actual deja por fuera actores armados que han sido victimizados y a sus familiares, negando la condición de víctimas a personas a las que le han sido violados sus derechos.

Tampoco reconoce como víctimas a los menores que han sido reclutados forzosamente y han permanecido en los grupos irregulares después de haber cumplido su mayoría de edad. Esta normativa viola el principio de igualdad y las normas del DIH.

Derecho a Superficie: Ceder el usufructo de las tierras a terceros de buena fe que acrediten su posesión e inversión en tierras que fueron objeto de despojo se convierte en otro mecanismo de legalización de ese mismo despojo. El principio de buena fe no debe ser invocado ni siquiera sobre la adquisición legal de tierras por un valor inferior al costo del predio y sobre ninguna otra forma de despojo.

Reparación Colectiva: Los grupos, poblaciones y movimientos sociales y políticos  que han sufrido daños de naturaleza colectiva, en los que sus miembros han sido objeto de graves o sistemáticas violaciones de los derechos humanos en razón de su pertenencia al grupo, población o movimiento, deben ser objeto de  una reparación integral que incluya medidas pecuniarias y simbólicas para el colectivo afectado, a través de las cuales se reconozca su valor social, su trayectoria y se dignifique a sus miembros victimizados.

Concepto de reparación integral: El sentido de la reparación tiene que ver con el reconocimiento de la responsabilidad en el daño infringido, con el deber del Estado de garantizar bienestar, desarrollo y justicia a todos los ciudadanos, con el cumplimiento de los mandatos constitucionales y la posibilidad de resarcir el daño causado procurando que las víctimas recuperen su condición de vida previa a la agresión o logren mejorarla.

En concepto de la Corte Constitucional, la reparación transformadora indica que la víctima al ser reparada deberá obtener condiciones nuevas  que le aseguren un nivel de vida superior y el ejercicio pleno de su ciudadanía. El proyecto insiste en confundir medidas de reparación con programas de asistencia humanitaria o acceso a servicios sociales a los que tienen derecho todos los ciudadanos.

Garantías para la restitución de tierras y retorno: El control territorial de estructuras armadas impide la existencia de garantías para el retorno de las familias desplazadas que han sido objeto del despojo.

Los asesinatos de varios líderes en los procesos de recuperación de las tierras, como los casos de Rogelio Martínez, Óscar Maussa, Albeiro Martínez y Hernando Pérez, entre otros, evidencian ese riesgo, y el Estado no está realizando los esfuerzos necesarios en materia de justicia para lograr el desmonte efectivo y real de las  estructuras armadas, políticas  y económicas de los grupos ilegales.

Bacrim o nuevas estructuras paramilitares: El marco de justicia transicional a través del cual se desarrolla el proyecto de Ley de Víctimas, excluye a las víctimas de grupos paramilitares o neoparamilitares, mal  llamados bandas emergentes,  conformadas en más de un 50 % por los mismos hombres que hacían parte de los anteriores grupos, supuestamente desmovilizados.

El informe más reciente de la Fiscalía General de la Nación así lo reconoce cuando afirma tener documentados 173.183 homicidios, 1.597 masacres y 34.467 desapariciones cometidas por paramilitares entre el 2005 y el 2010.

Por las razones anteriores, la Mesa reitera la determinación de continuar sus acciones de fortalecimiento de las organizaciones de víctimas y de incidencia para lograr la plena realización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral.

Las organizaciones que la componen han acordado la convocatoria del II Encuentro Nacional de Víctimas que, con una importante movilización regional y nacional, debatirá el proyecto de ley y las condiciones para su implementación efectiva; la agenda de las víctimas más allá de la ley, incorpora de manera particular los temas de tierra y territorio y la articulación de ésta agenda con la agenda ciudadana. 

Firman:
CORPORACIÓN VIVA LA CIUDADANÍA; MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS, MOVICE; ACCIÓN CAMPESINA COLOMBIANA; AFRODES; ALIANZA; ANMUCIC; ANSPALMUFAD;
ASODEMUC-MESA DE MUJERES RURALES; ASOMUJER Y TRABAJO; AVRE; CASA DE LA MUJER; COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS; CGT –UTRODEC; CINEP; CNAI; CNOA / PASTORAL AFRO; CODHES; COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO; COMISIÓN INTERCLESIAL  DE JUSTICIA Y PAZ;-

COMITÉ CIVICO DERECHOS HUMANOS DEL META; CONFEDERACIÓN NACIONAL COMUNAL; CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA –SECRETARIADO NAL DE PASTORAL SOCIAL; CORPORACIÓN NUEVO ARCOIRIS; CORPORACION REINICIAR; CRIC  - Popayán; CTC; CUT; ESCUELA NACIONAL SINDICAL; ESPIRITU DEL 91; FECODE; FORO NACIONAL POR COLOMBIA;-

FUND. INTEGRAL DE DESARROLLO PARA DESPLAZADO; FUNDACION EMAUS; FUNDACION NIDIA ERIKA BAUTISTA; FUNDACIÓN RAYUELA; FUNDECIMA; GTZ; INDEPAZ; ISCOD-UGT; KANKUAMO – O. I. K.; ASMULIDER - MARCHA MUNDIAL DE MUJERES; MESA DE TRABAJO BOGOTÁ SOBRE DESPLAZAMIENTO INTERNO; MINGA; MOVICE – COMITÉ PERMANENTE DERECHOS HUMANOS; MOVIMIENTO HIJOS E HIJAS POR LA MEMORIA Y CONTRA LA IMPUNIDAD.

MOVIMIENTO NACIONAL DE  VÍCTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO / FUNDACIÓN MANUEL CEPEDA; ONIC; PCS; PROGRAMA NO GUBERNAMENTAL DE PROTECCIÓN DE DEFENSORES DE DH; REDEPAZ; RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES; SISMA MUJER.


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