Ataques arteros contra Daniel Coronell por sus denuncias sobre la rampante corrupción del gobierno de Uribe
Por Camilo Raigozo

El destacado periodista Daniel Coronell, director de Noticias Uno y columnista de la revista Semana, enfrenta ataques en su contra desde diferentes ángulos por furibistas ramplones debido a sus denuncias sobre la corrupción en que está inmerso el gobierno de Álvaro Uribe.

Una columna de Coronell publicada en la revista Semana, firmada el 9 de enero de 2010, la cual tituló “Una pregunta respetuosa”, en la que cuestiona la ética profesional de la directora del diario El Colombiano de Medellín, Ana Mercedes Gómez Martínez, frente al bochornoso acto de corrupción de Uribe en complicidad de su ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias en el conocido escándalo de Agro Ingreso Seguro.

“El Colombiano informó sobre el escándalo de Agro Ingreso Seguro con clara inclinación gobiernista. Incluso publicó algunas imprecisiones favorables al gobierno, hasta ahora no corregidas”, critica entre otras cosas Coronell a Gómez Martínez en dicha columna.

La respuesta de la directora del mencionado diario no se hizo esperar acusando al director de Noticias Uno de haber tenido negocios con personajes inmiscuidos al narcotráfico. Coronell hizo pública una carta exigiéndole a Ana Mercedes Gómez una rectificación de sus acusaciones.

A continuación como un servicio a nuestros lectores les ponemos a su disposición los enlaces virtuales en los que se encuentran los documentos del debate. Aparecen en su orden cronológico:

1. Columna de Coronell en Semana: “Una pregunta respetuosa”

2. Respuesta de El Colombiano dirigido por Ana Mercedes Gómez: "NTC, César Villegas e Imagen y Sonido"

3. Carta de Daniel Coronell a Gómez Mrtínez en Noticias Uno: "Carta de Daniel Coronell a la directora de El Colombiano"

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“Lo que necesitamos es inversión social no más Fuerza Pública”
Las comunidades de seis municipios del Caquetá realizaron un foro de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario con el fin de que la comunidad nacional e internacional se entere sobre su crisis humanitaria gestada por la ausencia del Estado de Derecho y la represión militar del régimen
Por Camilo Raigozo. Voz

En San Isidro, un apartado caserío perdido en las goteras de la amazonía, a donde se llega por una trocha polvorienta en verano e intransitable en invierno, cuyos moradores carecen de servicios básicos como acueducto, electricidad, alcantarillado, puesto de-

salud, instalaciones educativas adecuadas y falta de docentes para las mismas, entre otras necesidades insatisfechas; se realizó con éxito el pasado 27 de enero el Primer Foro por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

En la amplia región el Estado no se ha hecho presente en lo social, pero sí mantiene una fuerte presencia militar que desde hace ocho años ha asfixiado las libertades civiles, socavado los derechos humanos e infringido el Derecho Internacional Humanitario de la población.

En San Isidro, jurisdicción de la inspección Unión Peneya, municipio de La Montañita, Caquetá, se hicieron presentes más de mil personas representantes de las comunidades anfitrionas y de los municipios de Cartagena del Chairá, San Vicente, El Paujil,-

La Montañita, Solano y Milán, como también representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, la Defensoría, la Personería, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y otras organizaciones sociales.

El 18 de noviembre del año pasado, en la vereda Las Hermosas, municipio de La Montañita, cuando Iván Guerrero Arayón regresó a su parcela luego de haber estado trabajando durante el día en la finca de un vecino, encontró que tropas del Ejército se encontraban acampando en ella alrededor de su vivienda.

Los militares lo detuvieron, lo insultaron y lo amenazaron con ponerlo como objetivo militar, sí salía de la casa.

Un vecino, testigo de los hechos le avisó a los familiares de Guerrero, quienes junto con la comunidad se dirigieron al comandante de la patrulla y le exigieron respeto por los derechos humanos y el DIH intrínsecos en la población civil.

En octubre de 2009, en la inspección El Danubio Peneya, fueron asesinados José Fernando Carranza, Edilberto Rodríguez Alvarado y Andrés Duran García.

Les colocaron prendas militares y los hicieron pasar como “guerrilleros dados de baja en combate”. Toda la comunidad los conoció como humildes labriegos.

Se planea gran movilización campesina

Como los casos anteriores, más de 90 denuncias sobre violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH cometidos por la Fuerza Pública fueron recibidas abierta o privadamente en el foro.

Ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos, empadronamientos, desapariciones forzadas, bloqueos alimentarios y de medicinas, detenciones arbitrarias, filmaciones y fotografías a los pobladores, amenazas, ocupación de centros educativos,-

viviendas y otras áreas civiles, pillaje y abusos sexuales, fueron entre otros los atropellos mayormente cometidos por las tropas del Estado bajo la política de “seguridad democrática” del régimen, denunciadas por los labriegos.

Más de 700 personas han sufrido detenciones arbitrarias y sobre otro gran número pesan órdenes de capturas ilegales.

Otro de los flagelos que agudiza aún más la crisis humanitaria de la región son las fumigaciones indiscriminadas con glifosato, que han arrasado extensos cultivos de caña de azúcar, yuca, plátano, arroz, maíz y pastizales, entre otros productos agrícolas.

Igualmente se denunció que las fumigaciones han envenenado las aguas del sistema hídrico natural de la región, las tierras cultivables y los ecosistemas. Las comunidades se quejaron que tanto a las fumigaciones aéreas, como a la erradicación manual de-

cultivos ilícitos, el Gobierno se niega a ofrecerles a las familias campesinas programas productivos alternativos, condenándolas al hambre, al desplazamiento y a la miseria.

Hubo insistentes denuncias contra la representante de Acción Social del departamento del Caquetá, Diana Carolina Tamayo, por amenazas de la funcionaria contra la población de Unión Peneya, de suprimir toda inversión social en la región,-

sí se le niega la donación de un terreno para la construcción de un puesto de policía. “Lo que necesitamos es inversión social no más Fuerza Pública”, le dijo a Voz Yesid Doncel, presiente de Asojuntas de Cartagena del Chairá.

Al finalizar el Foro fue creada la Mesa Local de Derechos Humanos y el Comité de Acompañamiento y Seguimiento al Proceso.

Las comunidades advirtieron que si el régimen persistía en mantener las condiciones actuales, realizarán una gran movilización campesina hasta Florencia o inclusive hasta la capital del país sí es necesaria, para que sus voces sean escuchadas. Fotos Camilo Raigozo.

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Parauribismo/
“Nuevo asesinato en San José de Apartadó, a manos de paramilitares colaboradores del Ejército”
Así lo afirma un comunicado emitido por la Comunidad conocido la semana pasada. La política de ‘seguridad democrática’ sigue ensañada contra esta comunidad que acusa a la Defensoría y a los demás entes de control de mirar para otro lado
Por Camilo Raigozo. Voz

Casi simultáneamente a las declaraciones ante los tribunales de justicia de tres oficiales de la Brigada 17 del Ejército, las cuales coinciden con las de varios paramilitares, en las que vinculan el ex general y hoy embajador del gobierno de Uribe en Casta Rica, Mario Montoya Uribe-

con la masacre de tres niños y cinco adultos en la comunidad de Paz de San José de Apartadó, cometida por un comando de militares y paramilitares el 21 de febrero de 2005, se vuelven a conocer hechos dolorosos para esa comunidad tan duramente atacada por el régimen.

“Lamentablemente tenemos que dejar nuevas constancias ante el país, ante la humanidad y ante la historia, de hechos aberrantes contra la vida.

“La muerte y el terror, accionados por el Estado y sus brazos ya no tan clandestinos, continúan ensañados contra nuestra Comunidad de Paz y la población de nuestro entorno, y la impunidad sigue cubriéndolo todo”, dice un aparte del documento conocido por VOZ.

Igualmente afirma que “los organismos de control brillan por su ausencia. La Defensoría ni se entera de lo que pasa, a pesar de haber recibido el encargo de la Corte Constitucional de evaluar permanentemente las medidas de protección”, afirma.

El pasado 9 de febrero a las 5:30 de la madrugada, fue asesinado por paramilitares Fabio Manco en su casa ubicada a 10 minutos del caserío de San José, en el camino que conduce hacia La Unión.

Durante el resto del día los ‘paras’ fueron vistos en el lugar llamado Tierraamarilla entre San José y Apartado, sin que la Fuerza Pública se tomara el trabajo de incomodarlos.

La Muerte del labriego ya había sido anunciada el 16 de noviembre último, cuando el paramilitar ampliamente conocido, Wilfer Higuita, acompañado de otro personaje de civil, abordó a un poblador del caserío de san José y le mostraron una lista de personas para ejecutar, entre las cuales estaba el nombre de Fabio Manco.

Siete millones por campesino asesinado

Otras personas que figuraban en la lista para ser asesinados estaban entre otros Luís Arnelio Zapata, asesinado el 29 de noviembre 13 días después del anuncio, Reinaldo Areiza, Mario Arias, Jesús Quintero y Wilmer Tuberquia.

Según el paramilitar, por cada una de estas personas asesinadas se ofrecen siete millones de pesos, sin aclarar de donde sale la plata. “Es plenamente confirmado que Wilfer Higuita trabaja con el Ejército y fue quién le sirvió de mediador al coronel Germán Rojas Díaz, el 17 de enero de 2009,-

para chantajear a Reinaldo Areiza, pidiéndole que le ayudara a destruir la Comunidad de Paz ganándose enormes sumas de dinero y si no aceptaba sería judicializado como narcotraficante y financista de las FARC”, dice la denuncia.

El 24 de enero de 2010, paramilitares ingresaron a la vivienda de un integrante de la Comunidad de Paz en la vereda Las Claras, conminándolo a abandonar su parcela o de lo contrario sería ejecutado.

Dos días después el coordinador de la Comunidad de Paz en la misma vereda recibió una llamada a las siete de la mañana en la que los paramilitares le dijeron que lo iban a matar por ser guerrillero integrante de esa “hijueputa Comunidad de Paz”.

Le advirtieron que sí no quería morir tenía que cumplirles una cita. Como esta no se ha cumplido la Comunidad espera impotente lo peor.

La Comunidad ha puesto en conocimiento de todas estas atrocidades al presidente Uribe, al ministro de Defensa, al coronel Rojas Díaz, a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Defensoría, sin que nadie haya hecho nada para evitar que los campesinos que aparecen en las listas continúen siendo ejecutados.

“¿Seguirán esperando impasibles el Presidente y todos los organismos de control a que terminen de ejecutar a todos los de la lista? ¿Le seguirán dejando las manos libres al coronel Rojas, al paramilitar Wilfer Higuita y a todos los que actúan junto a ellos?”, se pregunta la Comunidad al final del documento.

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