sábado, febrero 09, 2013

Montecristo, sur de Bolívar
El Ejercito detuvo ilegalmente y mantiene desaparecido a dirigente campesino
Por: Camilo Raigozo

La Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, Aheramigua, denunció la captura ilegal del líder comunitario Iván de Jesús Gaviria,  afiliado a la junta de acción comunal de la vereda Puerto Guamo, municipio de Montecristo, sur de Bolívar.

El falso positivo judicial del Ejército fue perpetrado el pasado 7 de febrero las 6 de la tarde cuando tropas del Batallón Nariño ingresaron violentamente a la vivienda de Gaviria, sin identificarse, sin acompañamiento de la Fiscalía o Policía y sin orden de captura.

La esposa de la víctima de los agentes represores del Estado fue golpeada por estos, al tratar de impedir que se llevaran al padre de sus hijos. Los golpes le provocaron  hematomas en ambas ambos brazos y en una pierna.

Después de que realizaron la captura los uniformados afirmaron que habían encontrado una escopeta de dos cañones la cual supuestamente había sido suministrada por las FARC-EP. Igualmente los militares acusaron a Iván  de Jesús Gaviria de pertenecer a ese ejército insurgente.

La esposa de Gaviria denunció  a Aheramigua que la escopeta la traían los militares y que a propósito la colocaron en la vivienda para hacer las falsas acusaciones. Hasta el pasado 8 de febrero el Ejército mantenía desaparecido al dirigente campesino. 

Montecristo, sur de Bolívar
Tropas del Ejército allanaron ilegalmente y amenazaron a líder campesino
Por: Camilo Raigozo

La Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó , Aheramigua, denunció el allanamiento ilegal realizado por tropas de los batallones Nariño y Córdoba, a la vivienda del campesino Gilberto Benavides.

Los abusos sucedieron el pasado 31 de enero a las 10 de la noche, en la vereda Bellavista, municipio Montecristo, sur de Bolívar, cuando los uniformados del régimen ingresaron violentamente a la casa del dirigente campesino Gilberto Benavides sin orden judicial.

Los agentes represores del Estado obligaron a Benavides y a su familia a salir de la casa y posteriormente procedieron a revolcarla rompiendo a su paso enseres y cosas de la familia.

La víctima del atropello oficial es actualmente el tesorero activo de la junta de acción comunal de la vereda Bellavista.

Durante  la infracción varios miembros del Ejército acusaron Gilberto Benavides de informar a personas civiles las cuales andaban buscando. Igualmente fueron groseros con la familia y amenazaron al líder agrario diciéndole que “si sigue de sapo lo vamos a matar. Ya está avisado”.

Según la fuente, días después en un lugar identificado como Mira Calzones, los mismos militares establecieron un reté donde realizaron empadronamientos y requisa de maletas, bolsas, porta comida, y en algunos casos obligaron a los transeúntes a quitarse la ropa.

Las comunidades han denunciado que en los retenes el ejército ha investigado sobre el paradero y las acciones de los líderes defensores de derechos Humanos pertenecientes a la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó.

Diálogos de paz
Miércoles 20 de febrero en Bogotá: lanzamiento de Constituyentes por la Paz con Justicia Social

La paz con justicia social es un derecho y un anhelo histórico de los colombianos y colombianas. Desde la Independencia en el siglo XIX, miles de hombres y mujeres han entregado su vida por conocer en nuestra Patria una sociedad más justa y equitativa.


 
 
 
 
 
 

viernes, febrero 08, 2013

La senadora Gloria Inés Ramírez respalda la huelga de los trabajadores del Cerrejón y felicita a los periodistas en su día
Por: Camilo Raigozo

La senadora del PDA y del Partido Comunista Colombiano, Gloria Inés Ramírez Ríos, por medio de sendos comunicados ratificó su apoyo a los más de 12 mil trabajadores que se declararon en huelga indefinida este 7 de febrero, ante la intransigencia de los dueños y administradores de la empresa, Carbones del Cerrejón.

“Carbones del Cerrejón es propiedad de las transnacionales BHP Billiton, Anglo American y Xtrata Glencore, que, al igual que otras empresas extranjeras dedicadas a la minería, obtienen multimillonarias ganancias a costa de la explotación de nuestros recursos naturales,

“la degradación del medio ambiente, el pago de escasas regalías al Estado y la sobreexplotación de los trabajadores, como lo demuestra el hecho de que la gran mayoría de ellos están vinculados mediante formas tercerizadas de contratación”, observó entre otras cosas la legisladora.

Ramírez Ríos destacó que “el pliego de peticiones del sindicato no se limita a demandas exclusivamente laborales, sino que contempla aspiraciones muy sentidas de la población, como la responsabilidad de la empresa en el desarrollo de las comunidades, la preservación del medio ambiente, la generación de empleo decente y la dignidad de las familias de los trabajadores”.


Felicitaciones a los periodistas en su día

Igualmente la senadora Gloria Inés Ramírez Ríos saludó y felicitó a los periodistas en su día, el cual se celebra el 9 de febrero de cada año.

“De manera especial, les expreso mi solidaridad a los periodistas de la prensa independiente, a quienes sufren presiones y persecuciones y a los familiares de quienes han sido víctimas de crímenes por su compromiso con la verdad y con los intereses de nuestro pueblo”, dice entre otras cosas la congresista en el documento.

Ramírez aprovechó la ocasión para invitar a los comunicadores y a los medios, para que “estos no sean utilizados para atizar la guerra y torpedear los diálogos entre el gobierno y la guerrilla y, más bien, se pongan al servicio de la paz y la reconciliación entre los colombianos”.


FELICITACIONES A LOS PERIODISTAS EN SU DÍA
Gloria Inés Ramírez Ríos
Senadora de la República elegida por el PDA

Teniendo en cuenta que el 9 de febrero se celebra en Colombia el Día del Periodista, les hago llegar a los periodistas y trabajadores de la prensa mi saludo afectuoso y mis felicitaciones por esta fecha tan importante en su vida profesional.

De manera especial, les expreso mi solidaridad a los periodistas de la prensa independiente, a quienes sufren presiones y persecuciones y a los familiares de quienes han sido víctimas de crímenes por su compromiso con la verdad y con los intereses de nuestro pueblo.

Considero que el Día del Periodista debe ser ocasión propicia para reflexionar sobre la importancia de una libertad real de prensa y sobre la necesidad de lograr una profunda democratización que impida la concentración monopólica de los medios de comunicación en manos de grandes grupos económicos que los ponen al servicio de sus intereses.

Por la coyuntura especial que vive el país, les hago un llamado cordial a trabajar para que los medios no sean utilizados para atizar la guerra y torpedear los diálogos entre el gobierno y la guerrilla y, más bien, se pongan al servicio de la paz y la reconciliación entre los colombianos.

Una abrazo caluroso para todas y todos los periodistas y trabajadores de la prensa en su día.

Bogotá, D.C., 8 de febrero de 2013

RESPALDAMOS LA JUSTA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DEL CERREJÓN
Gloria Inés Ramírez Ríos
Senadora de la República por el PDA

En el día de ayer, más de 12 mil trabajadores de la empresa Carbones del Cerrejón, en el Departamento de la Guajira, organizados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón SINTRACARBÓN, después de cumplir todos los requisitos contemplados en el Código Sustantivo del Trabajo, iniciaron una huelga de carácter indefinido que tiene como objetivo demandar de la empresa la solución satisfactoria del pliego de peticiones presentado por el sindicato.

Carbones del Cerrejón es propiedad de las transnacionales BHP Billiton, Anglo American y Xtrata Glencore, que, al igual que otras empresas extranjeras dedicadas a la minería, obtienen multimillonarias ganancias a costa de la explotación de nuestros recursos naturales, la degradación del medio ambiente, el pago de escasas regalías al Estado y la sobreexplotación de los trabajadores, como lo demuestra el hecho de que la gran mayoría de ellos están vinculados mediante formas tercerizadas de contratación.

Desde finales de noviembre de 2012, el sindicato le presentó a la empresa un pliego de peticiones pero, luego de cumplidas las etapas de negociación previstas en la ley, no hubo acuerdo en ninguno de los puntos principales debido a la posición intransigente de los empresarios, por lo que el sindicato procedió a convocar a sus afiliados a que decidieran entre la convocatoria de un tribunal de arbitramento y la huelga. El resultado fue contundente, pues el 96.76% de los socios votó por la huelga, que a partir del día de ayer se hizo efectiva.

Es importante destacar que el pliego de peticiones del sindicato no se limita a demandas exclusivamente laborales, sino que contempla aspiraciones muy sentidas de la población, como la responsabilidad de la empresa en el desarrollo de las comunidades, la preservación del medio ambiente, la generación de empleo decente y la dignidad de las familias de los trabajadores. En síntesis, lo que pide el sindicato es que se cumpla el mandato constitucional de que “la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal le es inherente una función ecológica”.

Como representantes de la oposición en el Congreso de la República y como voceros de los explotados y oprimidos de nuestro país, le expresamos el más firme respaldo a la justa huelga de los trabajadores del Cerrejón, les pedimos al gobierno y a los empresarios asumir una actitud que posibilite la pronta y satisfactoria solución del conflicto y llamamos al movimiento sindical y popular a rodear de toda la solidaridad a los trabajadores del Cerrejón y a su organización sindical SINTRACARBÓN.

Bogotá, D.C., 8 de febrero de 2013
 

jueves, febrero 07, 2013

Defensor de derechos humanos víctima de falso testigo y de fiscal implicado en desaparición forzada
Por: Camilo Raigozo

El defensor de derechos humanos David Rabelo Crespo y el excongresista Arístides Andrade, no solamente son víctimas de un falso testigo, sino también de un fiscal con antecedentes criminales como es la desaparición forzada de un joven.

El falso testigo es el paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias “El Panadero”, quien los inculpó falsamente de la autoría intelectual del homicidio del funcionario público David Nuñez Cala, ocurrida en abril de 1991.

Por otro lado, el fiscal que los investigó y acusó es William Gildardo Pacheco Granados, destituido por la Procuraduría por ser responsable de la desaparición forzada de un joven en abril de 1991 cuando se desempañaba como teniente de la Policía en Armenia.

El paramilitar alias “el panadero” fue condenado a 40 años de cárcel por la masacre de 11 personas en Barrancabermeja el 28 de febrero de 1999. También es uno de los responsables del secuestro, tortura y acceso carnal violento contra la periodista Jineth Bedoya, ocurridos en mayo de 2000.

Los dos casos anteriores forman parte de un prontuario de al menos otros 200 crímenes cometidos por “el panadero”, según la Fundación “Defensa de Inocentes” que lidera Sigifredo López.

Este 7 de febrero, los abogados Pablo Elías González, defensor del exsenador Arístides Andrade y Alirio Uribe Muñoz, representante del defensor de derechos humanos David Rabelo, presentaron denuncia penal contra el falso testigo alias “El Panadero”.

En rueda de prensa los dos abogados también expresaron que solicitarán ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Santander, en el caso del David Rabelo y ante la Corte Suprema de Justicia, en su momento, en el caso del ex senador Andrade, la nulidad de lo actuado por violación al debido proceso.

Lo anterior en virtud de la falta de competencia del fiscal investigador, William G Pacheco, quien actuó en el mismo, a pesar de haber sido inhabilitado  de manera permanente por la Procuraduría General para ejercer cargos públicos por su participación en el delito de desaparición forzada.

Así mismo, dado que el fiscal Pacheco también estaba inhabilitado para ejercer este cargo por haber sido condenado por el Tribunal Superior Militar el 17 de noviembre de 1993 por el delito de desaparición forzada, los dos juristas le exigirán al Fiscal General su destitución.

David Ravelo fue condenado a principios de diciembre anterior a pagar injustamente 18 años y 3 meses de prisión, luego de que el fiscal William Pacheco Granados, le imputó el delito de homicidio.

A finales de enero de 2011 la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra José Arístides Andrade, la otra víctima de “el panadero” y del fiscal Pacheco, por la supuesta participación en el crimen de David Núñez Cala.

Por su parte el exdiputado del Valle, Sigifredo López, quien también fuera víctima del carrusel de los falsos testigos, en su intervención en la rueda de prensa le pidió al fiscal general que destituya a su subalterno William Pacheco Granados y que no se condene más a inocentes utilizando testigos falsos.
 
Según prestigiosas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, actualmente hay en las cárceles colombianas cientos de personas inocentes, perseguidas políticas, víctimas de la estrategia de testigos falsos o de la "Fábrica Nacional de Testigos", como la denominó el periodista Daniel Coronel.

miércoles, febrero 06, 2013

Terrorismo de Estado
Continúa la persecución contra el movimiento campesino en el norte y bajo Cauca antioqueño
Por Camilo Raigozo

La Asociación Campesina del Norte de Antioquia, Ascna, denunció los hostigamientos y agresiones violatorias del derecho de reunión y asociación que  el Estado colombiano viene cometiendo de forma sistemática y planificada por medio de agentes Estatales, paramilitares y de la fuerza pública en contra de esa asociación campesina.

Desde hace unas semanas paramilitares autodenominados “los aisas”, ejercen control social  en el sitio el Doce de Taraza. Los criminales indagan sobre la asociación campesina basados en los señalamientos del ejército a través de su emisora Colombia estéreo.                           

Los pasados 29 y 30 de enero Ascna realizó una capacitación en derechos humanos en el municipio de Yarumal Antioquia, la cual fue motivada pedagógicamente por el Programa Somos Defensores.

A pesar de haber notificado por escrito a las autoridades locales sobre el evento, los participantes fueron víctimas de seguimientos y filmaciones por sujetos de civil pertenecientes a los organismos de seguridad del Estado.

Cuando los campesinos regresaban a sus lugares de procedencia la Policía de Yarumal montó un retén donde los fotografió e interrogó, insistiendo sobre detalles del taller realizado.

Igualmente, desde la tarde del 1 de febrero anterior, en el municipio de Taraza fue detectado un seguimiento por hombres de civil a Jorge Ríos, destacado dirigente campesino del Bajo Cauca Antioqueno y asesor de organización de Ascna.

Los sujetos incluso montaron guardia toda la noche en la vivienda del líder campesino. Al ver que a las 10 de la mañana del 2 de febrero los sujetos aún permanecían en el lugar la comunidad se comunicó con Oacnudh para que por medio del comando de policía de Taraza se estableciera quienes eran estos personajes.

La respuesta fue que los sujetos eran miembros de la inteligencia de la policía Sijin, bajo una tarea de investigación abierta contra los dirigentes campesinos del Bajo Cauca Antioqueno.

“Nos preocupa esta situación ya que es manifestación de la sistemática persecución contra Ascna, como lo sucedido contra nuestras dirigentes Ana Francisca Pérez y  Yolanda de la Misericordia Restrepo,  victimas de falsos positivos judiciales”, afirma la denuncia.

Ituango, Antioquia
Detención arbitraria de un minero afectado por Hidroituango y otros abusos de la Policícía
Por: Camilo Raigozo

El Movimiento Ríos Vivos denunció la detención arbitraria de Héctor Javier Paneso Carvajal, minero artesanal del sector Sardinas del municipio de Ituango, por parte de la Policía del Valle de Toledo.

El abuso de la Policía se presentó el pasado 1 de febrero cuando se realizaba una protesta pacífica adelantada por las familias afectadas por la represa Hidroituango.

Paneso Carvajal le dijo un funcionario de Empresas Públicas de Medellín, EPM, que por respeto a la movilización ciudadana no trabajara. En ese momento los agentes de policía de la estación El Valle de Toledo, a punta de empujones llevaron a la víctima hasta el comando.

Allí le arrebataron el celular, le tomaron fotos en diferentes posturas, le quitaron todos los documentos personales y demás pertenencias.

De forma grosera le preguntaron insistentemente cuales eran los líderes de la movilización,  ante lo cual Paneso explicó a las autoridades que en el Movimiento Ríos Vivos todos eran líderes porque son afectados por la hidroeléctrica. 

La Policía Nacional lo señaló de ser miliciano de las FARC e insistió en que mencionara de donde era miliciano, además de afirmar que detrás del barequero había gente muy peligrosa.

Los policías le dijeron al detenido que no se podía meter contra  las EPM porque ellos eran los encargados de todo lo de esa empresa.

Los agentes del “orden” amenazaron al minero advirtiéndole que no se volviera a aparecer por la zona porque lo golpearían y que no se metiera con esa gente de EPM porque ellos eran los encargados de “Todo lo de EPM”.

Además le dijeron que lo meterían a la cárcel, si seguía participando en ese tipo de manifestaciones. Los agentes por último le dijeron   que de continuar protestando “ustedes son los que van a perder”.

No obstante todos los abusos a los que sometieron a la víctima, los policías también le robaron 260 mil pesos. Lo anterior fue denunciado por la comunidad ante las autoridades competentes sin muchas ilusiones de que se haga justicia.

El 20 de enero de 2013, cuando se realizaba en El Valle de Toledo una asamblea del Movimiento Ríos Vivos, miembros de la Policía Nacional filmaron y fotografiaron a los asistentes, especialmente a los líderes.

Cuando Héctor Javier dirigió su cámara a los agentes de policía estos se acercaron de inmediato a requisarlo.  Le expresaron que no podía tomarles fotos, y al preguntarles sobre por qué ellos si registraban a los asistentes a la reunión, contestaron que era permitido por la ley que la Policía tomara fotos a quien quisiera.

Diálogos de paz
La senadora Gloria Inés Ramírez hizo fuertes críticas a quienes atacan los diálogos de paz de La Habana
La congresista por el Polo y el Partido Comunista Colombiano propone que los colombianos que desean la paz unan sus fuerzas en un Frente Amplio para la Paz e impedir que los guerreristas destruyan la mesa de diálogos.
Por: Camilo Raigozo

La senadora Gloria Inés Ramírez Ríos, del PDA y de Partido Comunista Colombiano, criticó duramente a quienes desde diferentes sectores están poniendo palos a las ruedas de los diálogos de paz que se adelantan en La Habana, entre el Gobierno y la insurgencia de las FARC-EP.

El primero en recibir los dardos es el periodista Enrique Santos Calderón, hermano del Presidente, a quién la senadora le recordó que las conversaciones de paz se iniciaron el pasado 19 de noviembre, es decir que apenas llevan algo más de dos meses y no cinco como este afirma malintencionadamente.

De José Félix Lafourie, uribista pura sangre y presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegan, Ramírez Ríos criticó que se haya negado a participar en el Foro sobre Política de Desarrollo Agrario Integral con Enfoque Territorial,-
 
llevado a cabo en diciembre anterior en Bogotá por la ONU y la Universidad Nacional, a pedido de la Mesa de Conversaciones de La Habana, y que sin embargo haya dicho que “el proceso de paz no va para ninguna parte”.

Igualmente la legisladora de izquierda criticó  a monseñor José Daniel Falla, secretario general de la Conferencia Episcopal, quién afirmó que “El proceso de paz comenzó mal”, porque no se les exigió a las FARC unos requisitos mínimos para iniciar los diálogos.

Al respecto, Ramírez Ríos adviertió que “una forma de impedir el diálogo es hacer exigencias que sólo pueden ser resueltas en la mesa de conversaciones”.

Sobre el procurador Alejandro Ordoñez la congresista afirmó que es otro enemigo de la paz cuyas declaraciones son provocadoras, refiriéndose a las afirmaciones de este de que “los guerrilleros que tengan condenas no podrán participar en política”. Ramírez señaló que el procurador “desconoce abiertamente el delito político”.

Del mismo modo se refirió al expresidente Uribe a quién calificó como “el máximo jefe de la ultraderecha y el guerrerismo”.

Criticó los ataques permanentes de Uribe contra la mesa de diálogos. “Lo que en realidad quiere el señor Uribe es la guerra infinita que le permita seguir derivando de ella dividendos políticos”, afirmó Gloria Inés Ramírez Ríos.

Finalmente la legisladora anotó que, “Es el momento de unir todas las fuerzas partidarias de la paz en un Frente Amplio para la Paz y dotarlo de una agenda de lucha para impedir que los sectores guerreristas cumplan sus objetivos de sabotear los diálogos”.

martes, febrero 05, 2013


Congresistas de EU le piden a Santos protección a líderes y de restitución de tierras

Los congresistas de la Cámara Baja de Representantes de los EU  Henry "Hank" Johnson, James McGovern, George Miller, Sam Farr, Rosa DeLauro, Janice Schakowsky y Barbara Lee,-
 
enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos expresando sus preocupaciones sobre las amenazas a los líderes y lideresas de restitución de tierras.

En particular, la carta se refiere a la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y los y las activistas de las comunidades de las cuencas de los ríos de Curvaradó, Jiguamiandó y Cacarica.
 
La situación de seguridad de estas comunidades y de sus líderes y lideresas ha empeorado y las mismas merecen atención internacional.

Wola ha estado monitoreando de cerca los últimos hechos de este tema y continuará haciendolo hasta que terminen las amenazas.

En los últimos meses, estas comunidades han experimenado un aumento de violencia y amenazas de muerte.

Por ejemplo, unos hombres que parecieron ser paramilitares, o vinculados a grupos paramilitares, visitaron la lideresa afrocolombiana María Ligia Chaverra y el activista de alto perfil Enrique Petro.

En muchas instancias, estos eventos resultan en actos de violencia. Varios líderes de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó han sido asesinados por su activismo.

Hay indicaciones que demuestran que la reciente intensificación de tensiones en las comunidades de la cuenca del rio Cacarica puede ser relacionada al caso de Marino López y de la Operación-

Génesis-una operación conjunta entre militares y paramilitares que resultó en el desplazamiento forzado de cientos de afrocolombianos y condujo a la tortura y asesinato de Marino López.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está revisando el caso este mes.

Wola urge que el Presidente Juan Manuel Santos garantice la protección de los líderes y las lideresas afrocolombianos y afrocolombianas y los y las activistas de restitución de tierras.

Es más, el gobierno Colombiano debería implementar las resoluciones 112 y 045 de la Corte Constitucional que pertenecen al caso de los territorios de Curvaradó y Jiguamiandó e investigar y llevar a la justicia a las personas de los asesinatos y las amenazas.

La vigilancia de los miembros de la justicia y paz deben de ser tomadas en serio e investigada rápidamente.


Caloto, Cauca
Muere civil en medio de combates entre el Ejército y las FARC-EP
Por Camilo Raigozo

Este martes 5 de febrero de 2013, en el corregimiento El Palo, municipio de Caloto, Cauca, sobre un retén instalado por el Ejército en inmediaciones del poblado, a las 12:06 del mediodía se presentaron enfrentamientos armados entre integrantes de la brigada Móvil No. 14 de la Fuerza de Tarea Apolo e insurgentes de las FARC-EP.

Según la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Francisco Isaías Cifuentes, Reddhfic, el enfrentamiento armado se inició con la activación de artefactos explosivos que se encontraban al interior de dos automotores.

Posteriormente se dio un enfrentamiento armado con disparos indiscriminados por parte de ambos bandos del conflicto quienes también lanzaron artefactos explosivos.

Cuando Jorge Eliécer Arias, se dirigía a recoger a su esposa a bordo de una moto por la vía que comunica a Toribio con el corregimiento el palo, fue alcanzado por el fuego cruzado que le causó la muerte. Posteriormente un helicóptero realizo un ataque indiscriminado en las inmediaciones.

Como consecuencia del fuego cruzado los estudiantes, docentes y administradores de la Institución Educativa Comercial El Palo, al igual que todos los habitantes se desplazaron forzadamente concentrándose en el sitio conocido como El Nilo.

Caloto, Cauca
Acusan al Ejército y a Caracol Radio de ponen en riesgo la seguridad  de los pobladores con señalamientos temerarios
Por: Camilo Raigozo

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Francisco Isaías Cifuentes, Reddhfic, denunció una información sesgada y tendenciosa emitida por la cadena radial Caracol que vulnera los derechos de la población y la pone en alto riesgo.

La denuncia se refiere a una información bajo el título “Explota carro bomba en el corregimiento El Palo, de Caloto, Cauca”, emitida este 5 de febrero.

Reddhfic sostiene que el periodista Didier Chica expresó entre otras  cosas que: “Fuentes consultadas por Caracol radio en la zona señalan que los combates fueron promovidos por una decena de guerrilleros excarcelados recientemente supuestamente por errores en la imputación de cargos”.

Al respecto la ONG de derechos humanos expresa:

“Pese a que el periodista no hace referencia a la fuente concreta, el trasfondo de esa expresión va relacionada a serios y recurrentes señalamientos que la comandancia de la Fuerza de Tarea Apolo y de la Brigada Móvil No. 14 del Comando Conjunto de Sur Occidente del Ejército-
 
"viene realizando en contra de reconocidos pobladores, comerciantes, directivos de la junta de acción comunal y un defensor de derechos humanos integrante de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes que habitan en el corregimiento el Palo”.

La “decena de guerrilleros” a los que se refiere el periodista de Caracol son: Francia Helena Valencia, Wilson Castrillón Candela, Gerardo Bayona Avirama, James Barona Avirama, Daniel Secue, Jhon Alonso Bonilla,-
 
Martha Lucía Piyinue, Idilvio Vitonás, Manuel Jesús Guetia Acue, y Luis Enrique Bedoya, quienes fueron privados de la libertad el viernes 17 de agosto, víctimas de otro falso positivo judicial del Ejército y la Fiscalía.

Estas personas fueron detenidas en el corregimiento El Palo y los municipios de Caloto y Santander de Quilichao.

Inicialmente fueron trasladados a la base militar de la Brigada Móvil 14, luego a Popayán y finalmente fueron encarcelados en Santander de Quilichao.

Luego de permanecer injustamente privados de la libertad por más de 90 días, fueron dejados en libertad por vencimiento de términos ya que la Fiscalía no logró conseguir en el tiempo estipulado por la ley, las pruebas de los delitos por el que eran acusadas las víctimas.

Pese a que a las víctimas se les violaron los derechos fundamentales, la comandancia militar insiste en hacer señalamientos temerarios contra ellas, “al hacer juicios de valor que van en contra vía de decisiones judiciales”, afirma Redfic.
 

El Castillo, Mata
Uniformados que dicen pertenecer al Ejército se atrincheraron en vivienda campesina para combatir a la guerrilla
Por Camilo Raigozo

El Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, Sintragrim, denunció que el pasado 1 de febrero se presentó un fuerte tiroteo en la finca de Pedro Bernal, presidente de la junta de acción comunal de la vereda de La Esmeralda.

Las escaramuzas se dieron a 300 metros de la casa lo que ocasionó zozobra en la familia del campesino, especialmente en los niños quienes han sufrido afectaciones sicológicas y físicas por los bombardeos indiscriminados, que se ha realizado la Fuerza Pública desde finales del año pasado.

El mismo día a las 3 de la tarde, a la finca de Pedro Bernal llegaron hombres que vestían uniformes del Ejército Nacional, sin ningún distintivo que los identificara.

Cuando el campesino requirió que se identificaran el que parecía el comandante respondió que “somos del Ejército Nacional. Qué bueno sería que los paramilitares volvieran, porque ellos si acaban con la guerrilla”.

El campesino le recordó al militar que “los paramilitares no atacaron a la guerrilla. Mataron fue a  campesinos inocentes en toda la región”. El comentario de Bernal no fue recibido de buen agrado por el supuesto militar.

Todos los militares llevaban puestos brazaletes rojos, iguales a los que usaban los paramilitares en el año 2002, cuando estuvieron en la zona y asesinaron y desaparecieron a más de 200 campesinos y desplazaron a otros 5.000.

Según la denuncia, los militares se atrincheraron en la parte posterior de la vivienda de Bernal y permanecieron ahí de 3 a 6 y 15 de la tarde. Luego se fueron sin dar explicación.

Al siguiente día, 2 de febrero a las 6 de la mañana, el mismo grupo de militares volvieron a tomar a la vivienda de Bernal como trinchera, sin ninguna explicación, infringieno abiertamente las estipulaciones del Derecho Internacional Humanitario.

Sobre las 5 de la tarde del mismo 2 de febrero se presentaron sobrevuelos de varios helicópteros militares sobre las veredas de Caño Lindo, La Esmeralda, Miravalles y muy cerca a la vereda de El Retiro.

Posteriormente los helicópteros aterrizaron en varias ocasiones hasta después de las 6 de la tarde cerca de la escuela la Esmeralda, lo que generó pánico en la población, especialmente en los niños.

Las comunidades de las veredas de Caño Lindo, La esmeralda y el Retiro, denunciaron la presencia de hombres con uniformes del Ejército Nacional, sin ningún distintivo por lo que se desconoce a qué batallón pertenecen. Ellos dicen pertenecer al Ejército Nacional.

“Esta situación recuerda el pasado de la región donde el paramilitarismo combinado con la Fuerza Pública asesinó, masacró, desapareció y desplazó a cientos de campesinos  de la región del Alto Ariari”, afirma el documento de Sintragrim.

La Macarena, Meta
El Ejército retuvo ilegalmente a menor de edad para hacerlo pasar como “niño guerrillero”
Por: Camilo Raigozo

La Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente Colombiano denunció un nuevo caso de falso positivo del Ejército Nacional, esta vez para presentar a un niño como guerrillero.

El pasado 1 de febrero a las 8:30 de la mañana, en la vereda Morrocoy, municipio de La Macarena, Meta, Carlos Andrés Ayala Bahamón, de 15 años de edad, se movilizaba en una moto en compañía de Jorge Adán Correa.

Los dos jóvenes fueron interceptados por unidades del Ejército Nacional, quienes no portaban distintivos, para evitar que fueran identificados.

Los uniformados llevaron por la fuerza a los dos jóvenes a un campo donde se encontraban tres personas muertas y dos capturadas, al parecer pertenecientes a la insurgencia de las FARC.

Luego de haber retenido ilegalmente a los jóvenes por más de seis horas, los militares procedieron a trasladarlos en helicóptero, junto a los tres cuerpos sin vida y las otras dos personas detenidas, hasta la base militar de La Macarena.

Allí los uniformados insultaron a los jóvenes y presentaron a Carlos Andrés Ayala Bahamón ante los medios de comunicación, como un guerrillero menor de edad capturado en combate, en el marco de la guerra de desprestigio que mantiene el Estado contra las FARC.

Después del show mediático en La Macarena, Ayala Bahamón fue trasladado en avión hasta Villavicencio en donde los militares lo entregaron al Bienestar Familiar, a cargo del defensor de familia Edgar Fredy Roldán Torres.

No obstante, atendiendo el fallo de un Juez de Control de Garantías y tras permanecer más de treinta y dos  horas detenido ilegalmente  Fredy Roldán Torres tuvo que dejar en libertad a Carlos Andrés Ayala Bahamón en horas de la mañana del 3 de febrero de 2013.

La víctima del atropello militar por sus propios medios llegó a La Macarena en donde lo esperaba su señora madre Patricia Ayala Bahamón.

Sin embargo el menor Carlos Andrés Ayala Bahamón padece ahora un trauma sicológico severo producido por el mal trato recibido por parte de miembros del Ejército Nacional.

lunes, febrero 04, 2013

Conflicto social y armado
Monseñor Rubén Salazar prefiere que siga el desangre colombiano
Por: Camilo Raigozo

“Pedir que se haga un cese bilateral del fuego, en mi modo de ver y en eso creo que estar de acuerdo con el presidente Santos, sería como anticipar lo que se quiere lograr en las negociaciones.

“El final de las negociaciones es fundamentalmente el poner punto final al encuentro armado”, aseveró sin un mínimo de vergüenza  monseñor Rubén Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal.

No es sorprendente que la sangre de los colombianos sea la predilección por conveniencia de un “representante de Dios en la tierra”, de la jerarquía de Salazar y de sus representados, pues esa ha sido una constante en la historia del país.

Cabe recordar que la Iglesia tiene una deuda pendiente con el pueblo colombiano y con los derechos humanos universales, ya que frente a los crímenes y masacres cometidos por el régimen bajo la estrategia militar-paramilitar, ha guardado silencio y más bien ha mirado para otro lado, salvo un contado número de sus miembros.

Es irracional e insensato que Salazar, la Conferencia Episcopal y la Iglesia como institución, en vez de coadyuvar para que se declare un cese bilateral del fuego y se detenga de una vez el número de muertos que deja diariamente el conflicto, se inclinen a favor de la guerra y el desangre.

El mismo 4 de febrero, día en que Salazar recomendó proseguir la guerra sin sobresaltos, murieron en combates dos soldados y otros dos quedaron gravemente heridos, en el corregimiento Puerto Frazadas, Tuluá, Valle. Dos guerrilleros murieron en Chaparral, Tolima y dos policías quedaron gravemente heridos en la inspección El Tigre, La Hormiga, Putumayo.

Pero el dolor y el sufrimiento que están padeciendo hoy las ocho familias de las víctimas antes mencionadas, así como las de las víctimas pasadas y  futuras, les importa un bledo a Salazar, Santos, Uribe y Pinzón, entre otros negociantes de la guerra.

Terrorismo made in USA
El presidente afgano Hamid Karzai justificó los crímenes del terrorista Harry, príncipe de Inglaterra
Por: Camilo Raigozo




En una actitud indignante, comparable a la de Uribe y Santos en Colombia, el presidente de Afganistán, Hamid Karzai, justificó los crímenes del Príncipe Harry de Inglaterra contra el pueblo que él gobierna.

“Es un hombre joven y los jóvenes cometen errores en sus dichos y comportamientos, todos hemos pasado por esa época", dijo sin ninguna vergüenza a una cadena de televisión británica el actual títere estadounidense Karzai.

Contrariamente a Karzai, a principios enero pasado el exprimer ministro afgano, Gulbuddin Hekmatyar, afirmó con valentía y dignidad al diario británico Daily Telegraph que Harry “es un chacal borracho que mata a inocentes afganos".

El pasado 21 de enero el Príncipe Harry de Inglaterra, nieto de la reina Isabel II e hijo menor del príncipe Carlos y de la difunta Diana de Gales, declaró con cinismo que había matado afganos como si estuviera jugando PlayStation o Xbox.

Los periodistas no lo cuestionaron a cerca cuantas niñas, niños, mujeres, ancianos y hombres,  había asesinado desde su helicóptero. “Maté a musulmanes para proteger a mi pueblo”, dijo el joven criminal, tercero en la línea de sucesión al trono de Inglaterra.

"Es una alegría, porque yo soy una de esas personas que les encanta jugar PlayStation y a la Xbox, o sea que con mis pulgares me gusta pensar que soy muy útil", dijo el terrorista británico descendiente de la corona.

Sin embargo, Karzai, muy al estilo de los mandatarios colombianos, justificó de manera vergonzosa los crímenes del terrorista británico contra su pueblo.

En Colombia terroristas estadounidenses (militares y “contratistas”) han cometido violaciones sexuales contra niñas y mujeres, han violado los derechos humanos, de los colombianos, pero el gobierno, lacayo de Washington, les mantiene inmunidad diplomática.

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