Paramilitares amenazan a estudiantes y profesores de la Universidad de Caldas
Por Camilo Raigozo

El Colectivo de Derechos Humanos Jaime Pardo Leal y la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, denunciaron las constantes amenazas y hostigamientos de los que vienen siendo víctimas estudiantes y profesores de la Universidad de Caldas, entre ellos Carlos Andrés Ospina Parra, miembro de la Organización de Estudiantes de Sociología y dirigente de la Coordinadora de Medios Alternativos de Manizales.

El pasado 13 de febrero, a las 11 y media de la mañana, en el municipio de Viterbo, Caldas, dos sujetos y una mujer que se identificaron como integrantes del DAS, abordaron a Ospina Parra y lo obligaron a subirse a una camioneta en la que lo llevaron hasta un paraje en las afueras de la ciudad. Allí fue sometido a un interrogatorio por un individuo al que llamaban “Nacho”, quién lo intimido con un arma corta y una granada.

Alias “Nacho”, insistió en obtener de la víctima información acerca de Nicolás Giraldo y otros estudiantes y profesores de la universidad. Además le preguntaron insistentemente por su familia, especialmente por su hermana menor, quien también es estudiante de la Universidad y por su hermano gemelo, esto como señal de intimidación.

Finalmente, los secuestradores dejaron en libertad a Ospina, no sin antes ofrecerle trabajo como “soplon” y amenazarlo en el caso de que no aceptara. Desde luego, el estudiante tuvo que huir de la ciudad para refugiarse en alguna otra parte del país.

Varios integrantes de la comunidad universitaria han venido padeciendo persecución y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y por paramilitares, después de que en mayo del año pasado los estudiantes realizaran una protesta generalizada para exigirle al Gobierno mayor inversión en educación y salud. En esa ocasión, fueron detenidos ilegalmente 25 estudiantes quienes fueron reseñados, fotografiados y filmados por miembros de la Fuerza Pública.

En junio siguiente, fueron arrestados a la salida de la universidad los estudiantes Nicolás Giraldo, Johan Ruiz y el profesor Jaime Alberto Pineda, lo que generó nuevas movilizaciones y protestas de la comunidad universitaria. Las tres personas fueron liberadas, pero el acoso y las amenazas contra estudiantes y profesores ha sido constante por parte de la Fuerza Pública y de paramilitares.

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Parauribismo/ Otro de los ex senadores firmantes de Ralito
Parapolítica: Orden de captura para Pepe Gnecco
El Nuevo Siglo

Nunca asistió a los llamados a indagatoria que le formuló la Fiscalía en Italia, a donde huyó hace años. Su familia controló, junto con los Araújo, la situación política y económica de la Costa.

Por no asistir a los llamados a indagatoria, la Fiscalía General de la Nación ordenó ayer capturar al ex senador José Eduardo ‘Pepe’ Gnneco para que responda por sus presuntos nexos con las autodefensas y su firma en el pacto de Ralito en 2001.

El entonces Senador firmó el 23 de julio de 2001 el acuerdo de Santa Fe de Ralito en Tierralta, Córdoba, pese a que su familia había sido víctima de la violencia paramilitar en los noventa.

No obstante, luego de que se destapara el escándalo judicial y que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía comenzaran a ordenar las respectivas indagatorias contra los firmantes del pacto, el ya ex legislador Gnneco huyó del país y se refugió en Italia.

Después de casi un año de búsqueda, la Fiscalía evidenció el lugar de su refugio el pasado cinco de octubre y determinó que un cónsul fuera el delegado para atender la indagatoria de Gnneco.

Según se conoció en ese momento, ‘Pepe’ Gnecco le manifestó al ente investigador que no se trasladaría a Colombia ya que su vida se encuentra en peligro debido a las amenazas en su contra por parte de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.

Sin embargo, el cónsul delegado nunca pudo recibir la declaración de Gnneco, porque éste no apareció, por lo tanto la Fiscalía dictaminó la orden de captura.

Se prevé que después de su captura sea extraditado a Colombia y sea recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, en donde atenderá sus diligencias que demostrarán si es o no culpable por concierto para delinquir agravado.

De pruebas y testigos

La firma del acuerdo de Ralito es ya una prueba para llamar al ex senador, según la Fiscalía.Sin embargo, se tratará de establecer si su inclusión en este acuerdo para refundar la Patria obedeció a un acuerdo para ser apoyado política o económicamente. No obstante, Gnneco no volvió a aspirar a un periodo en el Senado.

Entre los testigos en su contra se encuentran el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso y Jorge 40, quienes, además de revelar el escándalo e involucrar a los firmantes, han manifestado en diferentes oportunidades que el ex legislador y, en general, la familia Gnneco fueron unos de sus más cercanos colaboradores para su llegada al Cesar.

En alguna oportunidad, el llamado a juicio por el escándalo, ex senador Álvaro Araújo, miembro del clan político ‘enemigo’ de los Gnneco en el departamento, corroboró las revelaciones de Tovar Pupo.

Contradicciones

Sin embargo, la historia entre los Gnneco y las autodefensas estuvo manchada por los secuestros y los asesinatos.

Jorge Gnneco, hermano del ex parlamentario y empresario de transportes en el Cesar fue asesinado por las autodefensas, sólo 15 días después de la firma de Ralito, por orden, según Mancuso, del ex jefe para, Carlos Castaño.

En una audiencia libre, Mancuso manifestó que su asesinato se debió a que el empresario, quien era uno de sus más cercanos socios, organizó un grupo ilegal que asesinaba y secuestraba en nombre de las autodefensas, pero que no tenía el aval de esta agrupación.

Tres años después, en 2004, por orden de Jorge 40, el ex senador fue secuestrado por unos meses y luego liberado.

Las razones por las cuales los paramilitares y los Gnneco rompieron relaciones tan abruptamente deberán ser analizadas por la Fiscalía y las dudas comenzarán a ser esclarecidas tan pronto el ex senador sea capturado y trasladado a Colombia.

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Preguntan por más de 50 personas

Parapolítica: listado de la Corte a Fiscalía

El Nuevo Siglo

A finales de enero, la Corte Suprema de Justicia insistió a la Fiscalía para que le informara en qué estado se encontraban las averiguaciones contra más de 50 personas, cuyos nombres le había remitido el Alto Tribunal en el marco de las investigaciones sobre la parapolítica.

En dicho listado, conocido en exclusiva por El Nuevo Siglo, se encuentran varios ex congresistas, el gobernador de Antioquia, un ex alcalde de Medellín, un general, varios jefes policiales e incluso personal de la Armada y uno del DAS.

Listado de Corte (I)

Las investigaciones que adelanta la Fiscalía por las relaciones de dirigentes políticos con grupos paramilitares registraron en la última semana una reactivación evidente, puesto que no sólo fueron llamados a juicio ocho de los sindicados por haber firmado el Acuerdo de Ralito, en junio de 2001, sino que, además, se tomaron medidas relacionados con otros casos de parapolítica. Sin embargo, la racha no terminará ahí y es posible que esta semana o la otra se produzcan decisiones contra varios connotados dirigentes nacionales y regionales, varios de los cuales fueron mencionados en una carta que el pasado 23 enero le envió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía.

Listado de Corte (II)

En dicha misiva, el presidente de la Sala Penal, magistrado Sigifredo Espinosa, le reitera al fiscal general Mario Iguarán “la solicitud que le formulara la Sala el 4 de octubre” de 2007, cuyo contenido era el siguiente: “Con el objeto de allegar mayores elementos de juicio a las investigaciones que cursan en la Corte Suprema de Justicia en relación con presuntos vínculos entre miembros del Congreso y organizaciones paramilitares, comedidamente solicito que, a la mayor brevedad posible, se le informe a la Sala el despacho, radicación y estado actual de las actuaciones que se hubieren iniciado en virtud de copias compulsadas por la Corte respecto” de más de 50 personas.

Listado de Corte (III)

La lista es encabezada por José Rosario Gamarra Sierra, Salomón de Jesús Saade y Jorge Castro Pacheco, tres ex congresistas a los que la Fiscalía llamó a indagatoria esta semana en el marco del proceso de la parapolítica. También hacen parte de la lista por la cual la Corte pregunta a la Fiscalía las ex congresistas Muriel Benito Rebollo (ya condenada) y Rocío Arias (que se sometió a sentencia anticipada). Igual otros ya procesados como Hernando Molina Noguera (ex gobernador de Cesar), Álvaro Araújo Noguera (ex ministro y padre de una ex canciller), Enilce López (actualmente detenida) y Salvado Arana Sus (ex gobernador prófugo). También pide la Corte información sobre los ganaderos costeños José Joaquín García Rodríguez y Miguel Nule Amin.

Listado de Corte (IV)

Dentro de los cerca de 50 nombres, hay tres que llaman la atención. La Sala Penal pide a la Fiscalía que le informe cómo avanzan las averiguaciones en torno a la información remitida por la Corte al ente acusador sobre Luis Alfredo Ramos, actual gobernador de Antioquia y a quien una investigación de la periodista Claudia López señala como posible receptor de apoyos electorales de los grupos de autodefensa. También menciona la Corte en su listado a Luis Pérez Gutiérrez, el ex alcalde de Medellín. Y como para confirmar que sí hay un ‘capítulo Antioquia’ en el proceso de la parapolítica, la Corte también pide saber qué pasó en la Fiscalía con las informaciones remitidas en torno a los “alcaldes de Antioquia”, sin precisar nombre alguno.

Listado de Corte (V)

Los siguientes nombres completan el listado por el cual la Corte indaga a la Fiscalía para saber cómo avanzan esas averiguaciones: Octavio Otero; Ángel D. Villarreal; Jorge Ramírez Urbina; Miguel Ángel Durán; Darío Basani Montoya; Jason A. Andrade; Ediwan Eyes López; Yamin Besaile; Carlos Causil (alias parabólico); alias Pambelé; Olegario Otero, Juan Carlos Bulla, Juan Avizac, Víctor Beltrán, alias El zarco, el jefe del DAS en Sahagún (Córdoba), el mayor Donado (del batallón de San Onofre), el jefe de Indumil, el jefe de Armas de la Armada, comandantes de Policía de “Colozal” y San Onofre, Jorge Blanco, actual alcalde de San Onofre, el fiscal especializado de Montería que tenía a su cargo el proceso de un periodista de apellido Gabas, general Rubén Darío Carrillo, alcaldes de Norte de Santander, Sergio Tovar Pulido, Rafael Moreno Cuello, Andrés Fernando Ramírez, Aníbal García, Robinson Ruz, Joaquín García, William Pérez y Jacobo Rivera.

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Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO DE BOGOTA. (Reparto)
E. S. D.


LUIS CARLOS DOMÍNGUEZ PRADA, ciudadano identificado con la cédula 13.826.845 de Bucaramanga, abogado portador de la tarjeta profesional 25.396 del Consejo Superior de la Judicatura, domiciliado en Bogotá D.C. y actuando en mi propio nombre en ejercicio de la acción contemplada en el artículo 88 de la Constitución Política desarrollada por la ley 472 de 1998, respetuosamente comparezco ante su Honorable Despacho a efectos de, en defensa del derecho e interés colectivo de la Moralidad Administrativa, instaurar la presente Acción Popular contra el Ministerio de Defensa Nacional y la Fiscalía General de la Nación, lo que hago en los siguientes términos:

I. AUTORIDAD CONTRA LA QUE SE INSTAURA ESTA ACCIÓN.

Se trata del Ministerio de Defensa Nacional representado por el doctor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN, y la Fiscalía General de la Nación representada por el doctor MARIO IGUARÁN ARANA.

II. DERECHO O INTERÉS COLECTIVO AMENAZADO.

Se trata de la Moralidad Administrativa, bien consagrado constitucional y legalmente como uno de aquellos susceptibles de ser protegidos mediante esta acción.

III. HECHOS QUE MOTIVAN ESTA ACCIÓN.

1. De manera profusa, en circunstancias que constituyen hecho notorio, desde el día Viernes siete de marzo del año en curso de 2008, los medios de comunicación han abundado en información relacionada con la muerte del señor MANUEL DE JESÚS MUÑOZ, miembro del secretariado de las FARC y comandante del frente 47 de esa organización en donde figuraba con el nombre de IVÁN RÍOS.

2. La información oficial de esta muerte, dada por el señor Ministro de Defensa Nacional y el Comandante del Ejército Nacional, y en esa forma recogida por los medios de información, dan cuenta de que ella se produjo el día miércoles cinco de marzo en curso, a manos del jefe de seguridad del comandante guerrillero, un curtido y antiguo guerrillero de nombre PEDRO PABLO MONTOYA CORTEZ alias “Rojas” y su compañera sentimental, de nombre ANGÉLICA OCAMPO.

3. Según las mismas fuentes oficiales, y en los términos recogidos por los medios de comunicación, esa muerte había correspondido a una traición del jefe de seguridad a su comandante, motivada principalmente por el interés en reclamar la recompensa de Cinco mil millones de pesos ($ 5.000.000.000,oo) que ofrecía el gobierno nacional por la entrega del mencionado miembro del secretariado. Ese interés, aunado a las graves dificultades y apremios por los que en ese momento pasaba el señalado frente debido a operaciones militares del ejército nacional.

4. Informan las mismas fuentes, que después de varias semanas de contactos de Montoya Cortez con el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, decidió la muerte el día martes 4 de marzo, para lo cual, arguyendo la seguridad de su jefe ante el acoso militar, utilizó la estratagema de separarlo del grueso de su tropa y levarlo a un lugar solitario. Una vez allí, le dio muerte de un disparo a quemarropa en la frente, asesinando también a la compañera de “Iván Ríos”. A continuación le amputó su mano derecha y algunos efectos personales, y salió en busca de las tropas oficiales a quienes les dio cuenta de lo ocurrido, entregó la mano del fallecido como prueba del hecho, y manifestó su interés en la recompensa ofrecida.

5. El señor comandante del ejército general Montoya hizo esta versión, y desde un comienzo argumentó la legitimidad y procedencia de entregar la gruesa suma al homicida, a la mayor brevedad. De igual manera y como un corolario lógico de lo anterior, anunció toda clase de garantías y medidas de protección para el homicida y sus cómplices.

6. Lo anterior comporta también como corolario obvio, que el autor y los cómplices del doble homicidio, conducta criminal penada por el art. 103 del Código Penal, agravada por haber puesto a las víctimas en condiciones de indefensión y por haberla realizado por motivo abyecto como es la promesa remuneratoria, circunstancias de agravación tipificadas en los numerales 7º y 4º del art. 104 del Código Penal, serán honrados y enaltecidos por el Estado colombiano en nombre de la sociedad, en lugar de castigados por una conducta que los códigos y la moral repudian.

7. El autor del doble homicidio Pedro Pablo Montoya Cortez alias Rojas, y sus eventuales cómplices, además de la conducta ya reseñada, amputaron la mano al cadáver de una de sus víctimas para esgrimirla como prueba y así reclamar la remuneración ofrecida. Tal conducta está penada y tipificada en el art. 204 del C.P. como Irrespeto a los cadáveres. Este proceder depravado también quedará impune y será enaltecido con las medidas gubernamentales que se anuncian a favor de los autores.


IV. CONCEPTO DEL INTERÉS COLECTIVO AMENAZADO DE VIOLACIÓN.


La al parecer inminente entrega de la suma de Cinco mil millones de pesos –u otra pequeña que fuera- al autor de las descritas conductas y sus cómplices, además de la garantía de impunidad que se barrunta con toda seguridad y para la cual ya se aventuran toda suerte de argucias y maniobras que van desde el “sometimiento” de los homicidas a la ley 975 de 2005 como desmovilizados de grupo armado ilegal, hasta la aplicación del Principio de Oportunidad por parte de la Fiscalía General, es Honorable señor Fiscal Administrativo que conoce de esta acción, una grave e inaudita afrenta a la moralidad administrativa.

Lo anterior señor Juez, porque no hay que reparar ni debatir sobre el hecho político y militar en el cual se da el crimen. No es ese en modo alguno, y a despecho que es lo que se reivindica a nivel estatal, militar y mediático como triunfo del estado frente a la insurgencia, lo que está en cuestión. En manera alguna tan ostensible y publicitado hecho es de lo que se trata. No es la condición de insurgente de las víctimas, y la notoria importancia de una de ellas lo que debe ser materia de consideración en los hechos y pretensiones de esta acción constitucional. Se trata exclusivamente del incalificable agravio que para la moral administrativa, constituiría el premio y el encomio de una conducta a todas luces depravada, de una conducta que por encima de todo y en particular, insisto, del hecho de constituir una victoria militar del Estado frente a su enemigo, es abyecta, tipifica un grave delito y estuvo motivada en razones innobles.

El homicidio del ciudadano Manuel de Jesús Muñoz y de su compañera no ocurrió en combate, no fue una baja causada por las autoridades en ejercicio legítimo de su accionar. Fue cometido por un particular, y no en el evento posible de una legítima defensa frente a una exacción, agravio o ataque de parte del grupo insurgente, sino por un miembro de éste, otro ilegal de quien no se puede predicar causal legal alguna de justificación. Así, la conducta deviene antijurídica por múltiples títulos, nada la justifica ni atenúa y como se señaló, sobre ella recaen varias causales de agravación.

El hecho criminal que se pretende premiar, enaltecer y cobijar con el manto de la impunidad es repudiada por toda la juridicidad que gobierna al Estado y a la sociedad colombiana. Por los principios que la inspiran, por la filosofía política a la que está adscrita, por la ideología que se reivindica, y por la vasta normativa internacional a la que se ha adherido y a cuyo acatamiento hacen orgullosa mención sus más altos dignatarios. No hay que recabar mucho seños Juez, ni ser exhaustivo al respecto para reconocer la veracidad de esta aserto.

Desde los Principios Fundamentales del Título I. de nuestra Carta que hablan de Colombia como un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana, los fines esenciales de Estado entre los cuales está garantizar la efectividad de los principios y derechos que esa carta consagra –sin distinción alguna aclara el suscrito- y la institución de las autoridades para defender a todos los residentes –a todos recalco- en su vida entre otros bienes, hasta la inviolabilidad de la vida con la proscripción perentoria de la pena de muerte que consagra el título II.

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Parauribismo/ Se prende nuevo ventilador en parapolítica

Vinculan a Merheg, Gil y Ramírez con Macaco

El Nuevo Siglo

El teniente retirado del Ejército, alias Diego Rivera, trabajó siete años al servicio de varios ex jefes paramilitares, hizo denuncias hasta de vínculos con el narcotráfico

Un nuevo ventilador en el escándalo de la parapolítica se prendió desde ayer con las declaraciones que entregó el teniente retirado del Ejército David Hernández López, más conocido como Diego Rivera, quien trabajó desde el 2000 hasta el año pasado para varios ex jefes paramilitares entre ellos Carlos Mario Jiménez, alias Macaco.

En sus declaraciones, a la revista Semana, alias Diego Rivera acusó al senador y ex presidente del partido Conservador, Ciro Ramírez, por narcotráfico y de haber sido uno de los principales actores políticos en el Bloque Capital de las autodefensas que actuaba en Bogotá.

También involucró al ex senador Luis Alberto Gil, el congresista Habib Merheg y el ex gobernador de Santander, Hugo Aguilar. Actualmente todos ellos tienen un expediente abierto ante las autoridades por presuntos nexos con los paramilitares.

Sobre el recientemente asegurado Ramírez, acusado por la Corte de narcotráfico y por presuntos nexos con el traficante y hombre de confianza del asesinado paramilitar Miguel Arroyave, alias Mi Sangre, Hernández aseguró que el Senador fue quien abrió la puerta de los paramilitares a los congresistas en Bogotá.

“A finales de noviembre de 2000 hubo una reunión. Mi Sangre se ubica a vivir en Bogotá y domina a Chía y Cajicá. Un domingo llegó uno de los escoltas con Ciro Ramírez. La reunión con Ramírez duró desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Llegó con el escolta de Mi Sangre.

Ciro ya tenía referencia de que Mi Sangre era un narco que venía de Medellín y que estaba creando el bloque Capital, en Bogotá”, señaló el retirado miembro del Ejército, quien además aseguró a la revista que la función de Ramírez era la de llevarle a los paramilitares varios congresistas para concretar el proyecto político de las autodefensas con miras al proceso de paz que planeaban adelantar con el Gobierno.

Con el tiempo, de acuerdo con Rivera, Ramírez logró un cupo para enviar droga a Estados Unidos a través de las rutas de las autodefensas.

“Lo que se le dio a Ciro fue cupo en los envíos de droga a través de la vía México-Estados Unidos, desde Bogotá. A cambio de eso, él contactó a otros congresistas para que le fueran abriendo camino a un futuro proceso de paz. No supe a quiénes”, reveló Rivera.

Al referirse a las relaciones de las autodefensas con el ex gobernador Aguilar, Rivera señaló que en 2002, el ex paramilitar conocido como Sevillano le pidió que visitara al que “será el próximo Gobernador de Santander”.

“Sevillano me mandó en comisión con Julián Bolívar y me dijo: ‘Vea, Diego, conózcase con el coronel Hugo Aguilar, usted que es militar retirado como él. Él va a ser el próximo gobernador de Santander’.

Esa reunión se hizo en la vereda Piamonte, en Caucasia, en una finca de Macaco, que era el amo y señor en ese momento de toda esa zona”, expresó Hernández, quien confirmó que en esa reunión “se cuadró todo lo de la Gobernación de Santander. Ellos lo financiaron, aunque no sé cuánto fue”.

Al referirse al otrora presidente del movimiento Convergencia Ciudadana, Rivera señaló que en marzo de 2006 hubo una reunión en Bucaramanga en donde se pactaron acuerdos financieros.

“Julián me dijo: ‘Reúnase allá con Luis Alberto Gil, Alfonso Riaño, Óscar Reyes y Óscar Suárez Mira” (los dos primeros congresistas que renunciaron a su curul y los dos últimos, senadores activos). La reunión duró media hora, les di un saludo y les dije que no se preocuparan por los recursos económicos”, concluyó el retirado del Ejército.

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Los favores oficiales

Hacia la mayor iniquidad

Por Helena Villamizar García-Herreros. El Nuevo Siglo

"En mi familia hay tres millones desplazados, 3.200 secuestrados, 10.000 desaparecidos” rezaba uno de los carteles exhibidos en la marcha del 6 de marzo en solidaridad con las víctimas del paramilitarismo y de crímenes de Estado y de rechazo a estos actores armados.

Esta frase y muchas otras que se repetían en la masiva movilización ciudadana, al igual que en la multitudinaria marcha contra las Farc, revelan el terror y el inmenso dolor vivido en Colombia sobre el cual se hizo memoria. Pero infortunadamente éstos no sólo son parte del pasado. Ni las Farc, no obstante la muerte de Raúl Reyes, ni el Eln han sido derrotados, ni los grupos paramilitares han desaparecido.

Tampoco los factores de miseria y la profunda desigualdad del ingreso, que se encuentran en la base del conflicto interno han sido superados, y cuya solución es imperativa para alcanzar la paz; por el contrario exhiben una gran persistencia a la cual el aporte de la política económica es innegable.

Sin duda el premio Nobel en iniquidad social le corresponde a las políticas con los desplazados. Ninguna otra medida ha tenido un efecto tan directo como el caso Carimagua, en el cual se despojó de tierra a las víctimas de la violencia.

Insólito pero cierto. Según Mauricio Cabrera, no sólo menos del 1% de los desplazados reconocidos por el propio gobierno ha recibido tierras, que corresponden a menos del 1% de los seis millones de hectáreas que se apropiaron a sangre y fuego los paramilitares y narcotraficantes, sino que el Ministro de Agricultura modificó la política de subsidios e impuso requisitos para acceder a la tierra que en la práctica son imposibles de cumplir para un campesino.

Entre ellos: hacer un Estudio de Mercado que incluya "Descripción del producto y sus usos, productos sustitutos y complementarios. -Análisis de la oferta y la demanda, tamaño del mercado local, regional, nacional e internacional. -Frecuencia de compra, precios y lugares de venta…, un presupuesto detallado, el cronograma de obras y desembolsos, y el flujo de caja del proyecto…el cálculo de la Tasa Interna de Retorno, TIR", etc.

Después de hacer una relación de la larga lista de requisitos exigidos, Cabrera concluye: “Es de suponer que estos campesinos están muy contentos con la posibilidad de recibir plata, pero tienen dos pequeños inconvenientes: encontrar tierra en el Valle del Cauca que valga menos de 4 millones de pesos por hectárea, y ponerse de acuerdo con sus banqueros de inversión en la tasa de descuento que deben utilizar para calcular la TIR que les exige el Gobierno”.

En síntesis, el cambio en los subsidios con el que con tanto cinismo se hace propaganda el ministro Arias en televisión, es una expresión más del espíritu burlón de este funcionario con los más pobres y desposeídos de la población colombiana.

En múltiples ámbitos la política ha contribuido al deterioro distributivo; entre éstas merece mención la reforma laboral -ley 789 de 2002, cuyo cuantioso recorte de derechos fundamentales de los trabajadores y cuya ineficacia en generación de empleo ha sido demostrada por diversos estudios y la tienen en riesgo de ser derogada por la Corte Constitucional. Ya el Procurador le había hecho serios cuestionamientos.

¡Y qué decir de los subsidios y exenciones en la política tributaria! Como ha revelado el ex ministro Juan Camilo Restrepo, las innumerables gabelas y privilegios otorgados a unos pocos ha tenido un altísimo costo social. Ellos han quebrado los principios de equidad y progresividad que deben regir la tributación; tan escandaloso ha sido el traslado de rentas que mientras los recaudos fiscales crecieron 14,4% en el 2007, en el presupuesto del 2008, que debería atender dichos principios, el impuesto de renta sólo aumentó 3%.

Más grave aún, dichas gabelas y privilegios, consagrados además mediante la ley de estabilidad jurídica, impedirán la posibilidad de efectuar reformas estructurales futuras.El gobierno ha sido particularmente pródigo en iniciativas que implican un masivo traslado de rentas de los colombianos a extranjeros.

Así lo evidencia el crecimiento de los giros de utilidades y dividendos al exterior, quintuplicados durante el mandato Uribe (de US$ 1070 millones en 2002 a entre 5.500 y 6.000 millones en 2007 al extrapolar el comportamiento de dichos giros entre enero y septiembre, US$ 4411 millones, al último trimestre).

Al gobierno le pareció que dicha dinámica de las utilidades giradas, adicionadas en la insignificante suma de mil millones anuales, merecía mayores estímulos y le obsequió el impuesto a las remesas en la última reforma tributaria. A la tasa de 7%, para el 2007 el obsequio superará los 400 millones de dólares, monto considerable y cuya contribución a solucionar urgentes problemas en Colombia nadie pondría en duda, en contraste con la efectividad de dicha exención, la cual ha sido seriamente cuestionada por múltiples estudios.

Capítulo aparte merece la privatización y el despojo de grandes rentas que eran de colombianos para transferirlas total o parcialmente a privados y particularmente a multinacionales del exterior. Durante este gobierno las principales empresas públicas fueron feriadas sin contemplación.

Su venta por debajo del valor real ha quedado fehacientemente demostrada con las exorbitantes valorizaciones que han experimentado en el corto plazo. A nadie escapa el pésimo negocio que representó para los colombianos la venta por ejemplo de Isagén con utilidades de 21% en el 2007, o Ecopetrol cuyos ingresos crecieron 41,5% y las utilidades, ¡atención! 53%. ¡Y que tal las utilidades de $233.838 millones de Telecom! Escandaloso traspaso de rentas públicas a unos cuantos favorecidos por la política oficial.

Todas estas son simples ilustraciones de una política cuya esencia distributiva es inocultable: el favoritismo hacia los más poderosos en desmedro de la mayoría del pueblo colombiano.

Con tales políticas es difícil imaginar que todo el dolor y el terror que en estos días hemos recordado los colombianos en solidaridad con las víctimas pueda de verdad ser enterrado para siempre.

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