Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales

El cáncer es todo el régimen uribista
Ante la indignación internacional y nacional Uribe se la jugó destituyendo a 27 militares, entre ellos tres generales, tratando de evitar la hecatombe de su gobierno y la intervención de las cortes internacionales de justicia en el país. Hay clamor mundial para que se suspendan inmediatamente todas las ayudas militares que recibe Colombia del exterior
Por Camilo Raigozo. Voz

María del Carmen Zuluaga no pudo contener el llanto al contar su testimonio en el evento “Ejecuciones extrajudiciales: realidad inocultable”. Foto Camilo Raigozo

El 6 de diciembre de 2006, Jhonier Bernal Díaz, joven labriego, se dirigía de su vereda, Las Divisas Puerto Gabriel, a La Cooperativa, en el municipio de Vista hermosa, Meta. En el trayecto, como a las seis de la tarde, fue interceptado por miembros de la Brigada Móvil 12 del Ejército, quienes lo torturaron durante una hora, luego lo asesinaron y presentaron su cuerpo como “guerrillero dado de baja en combate”.

Días después, su esposa, también muy joven, reclamó el cuerpo de Jhonier y le contó lo ocurrido a organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que enfureció a los militares.

Fue así, como a principios del año siguiente, ella y su hijita de tres años tuvieron que huir intempestivamente del lugar ante su inminente asesinato por parte de paramilitares, quienes no han dejado de seguirlas hasta sus sitios de refugio.

El pasado 14 de febrero, María del Carmen Zuluaga, coordinadora del Comité de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales de Vistahermosa, Meta, otros 9 líderes campesinos y una bebé de dos años, fueron rescatados con vida de forma milagrosa por una comisión humanitaria, ya que paramilitares comandados por alias “Tino” y alias “Cuchillo”, los buscaron afanosamente para asesinarlos.

Las víctimas lograron esconderse durante más do ocho días hasta que la comisión logró llegar en su rescate. Ahora se encuentran desplazados forzosamente en la capital del país, pero igualmente ya han sido localizadas por los criminales.

Haber denunciado a las brigadas móviles 12 y 4 del ejército, ante los organismos de control del Estado y ante organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras, por las 53 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por estas en le bajo Ariari en los dos últimos años, fue motivo suficiente para ordenar su exterminio.

Alianza militares- ‘paras’

Los anteriores relatos fueron suministrados a VOZ por sus protagonistas el pasado 29 de octubre en el marco del evento “Ejecuciones extrajudiciales: realidad inocultable”, realizado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y otras 27 organizaciones defensoras de derechos humanos en Bogotá.

Los dos relatos y los de decenas de miles de víctimas más existentes en Colombia, tienen en común que las fuerzas militares en la comisión de sus crímenes actúa conjuntamente con paramilitares y viceversa.

Son consecuencia de este demencial proyecto narco-paramilitar, decenas de miles de desaparecidos, miles de asesinados y descuartizados, millares de fosas comunes, centenares de ejecuciones extrajudiciales y más de cuatro millones de desplazados, entre otros horrores.

Casi todos los paramilitares en sus confesiones ante la Fiscalía en el marco de la mal llamada Ley de Justicia y Paz, han sostenido que recibieron apoyo de una u otra forma, no solo de la fuerza pública, sino también de otros organismos de seguridad del Estado, como el DAS y la Fiscalía.

Por ejemplo, el jefe paramilitar Ramón Isaza dijo en una de las audiencias ante la Fiscalía y en presencia de familiares de 27 víctimas desaparecidas en la vereda La Esperanza, Carmen de Viboral, Antioquia, en junio de 1996 siendo Uribe gobernador, que “El ejército nos entregaba listas de personas para ser ajusticiadas”. Se acordó que una vez el general Manosalva, de la Cuarta Brigada, les entregó una lista con 70 nombres de los cuales no dejaron ni uno vivo.

Algunas cifras

Según dio a conocer hace pocas semanas la coalición Examen Periódico Universal, las cuatro plataformas de Derechos Humanos y Paz que trabajan sobre estos temas en Colombia y que agrupan a cerca de 1.200 organizaciones nacionales, en el período de julio de 2002 a diciembre de 2007, por lo menos 13.634 personas perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica. Entre las víctimas hay 719 niñas y niños y 1.314 mujeres.

Del mismo modo, de las 13.634 víctimas, 1.477 fueron desaparecidas forzadamente. La coalición encontró que de los 8.049 casos en los cuales se pudo establecer el presunto autor de las violaciones, en el 75,4 por ciento de los casos tiene responsabilidad el Estado.

Por actuación directa de sus agentes, 1.411 víctimas, el 17,53 por ciento; y por complicidad, apoyo o tolerancia con los paramilitares, 4.658 víctimas, o sea el 57,87 por ciento. A los grupos guerrilleros se les atribuyó la presunta autoría del 24,59 por ciento de los casos, 1.980 víctimas.

Por tales razones, aunque es un leve avance originado por las fuertes críticas de la comunidad internacional y de las valientes denuncias de las víctimas y de las ONG defensoras de derechos humanos contra el gobierno de Uribe y sus fuerzas armadas, el retiro de 27 militares implicados por acción u omisión en ejecuciones extra judiciales no resuelve el problema, pues estos son apenas algunas células cancerígenas pero no el cáncer que padece Colombia.

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Los desaparecidos de Soacha y los chivos expiatorios

Escenas de dolor vivieron los familiares de las víctimas del Ejército en ejecuciones extrajudiciales de Soacha. Foto El Espectador

Cuando estalló el escándalo de los horrores cometidos por el ejército en la desaparición y posterior asesinato de jóvenes humildes del sur de Bogotá, para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate, lo primero que se le ocurrió a los altos mandos militares, al ministro de Defensa y al alto Gobierno, fue tratar de ocultar las atrocidades, minimizarlas o tergiversar los hechos, para pasar de agache la tempestad como han hecho con relativo éxito en otras ocasiones.

Esta vez los medios de comunicación adeptos al régimen entraron a desempeñar el papel asignado con toda su ferocidad. Primero impulsaron sin éxito infamias como la de que “Las primeras versiones de las autoridades señalan que, al parecer, las víctimas intentaron escapar después de permanecer en las filas de la guerrilla de las Farc, pero al ser descubiertos fueron fusilados y algunos torturados”.

Después, ante la tozudez de la realidad, el fracaso de las patrañas y el intento fallido de otras coartadas para ocultar la gravedad sobre las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los uniformados, encontraron, “como caído del cielo”, el caso del execrable asesinato del niño Luís Santiago Lozano a manos de su propio padre, en la localidad de Chía, Cundinamarca.

Con el caso del niño, los medios y el gobierno lograron desviar la atención de los colombianos durante casi un mes. Pero agotado el tema y sin tiempo para encontrar o fabricar otro señuelo de distracción, por ejemplo un auto atentado terrorista con muertos y todo para atribuírselo a las Farc, la opinión pública volvió a mirar hacia los desaparecidos de Soacha encontrándose con mayúsculas sorpresas ya imposibles de ocultar.

Múltiples ejecuciones en todo el país

Sin embargo, el Presidente dijo el pasado 7 de octubre que "el Fiscal General aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate, no fueron a recoger café, tenían propuestas delincuenciales y no murieron un día después, sino un mes más tarde". Sus palabras fueron desmentidas por el Fiscal y por funcionarios de Medicina Legal.

Las ejecuciones extrajudiciales de 11 personas del sur de Bogotá, que luego fueron 23, más tarde 35 y finalmente, según el mismo alcalde de Ocaña, podrían ser 111, son solo otro número más de víctimas de esta modalidad de terrorismo de Estado.

Entre los meses de marzo y agosto del año pasado, desaparecieron, en las mismas circunstancias, en Toluviejo, Sucre, 11 jóvenes, que posteriormente fueron reportados como “abatidos en combate por la Fuerza Pública”.

Seis fueron asesinados en el departamento de Córdoba por la Fuerza Pública y los restantes cinco fueron asesinados por las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre. Los cuerpos de los primeros fueron hallados en el municipio de Chinú, Córdoba y los de los otros en Sincé, Sucre.

Las ejecuciones extrajudiciales de Soacha y Toluviejo, se repiten por toda la geografía nacional. La Fiscalía ha denunciado que las investigaciones por ejecuciones extrajudiciales pasaron en un año de 103 a 690, con 763 militares implicados en 1.137 asesinatos.

Por su parte la Procuraduría está investigando por presuntas ejecuciones extrajudiciales a 2.742 militares, una tercera parte de ellos por hechos ocurridos el año pasado.

Múltiple funeral de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales de la Fuerza Pública en Toluviejo, Sucre. Foto El Universal

La Alta Comisionada de la ONU

Según la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, ha habido 535 ejecuciones atribuidas a las Fuerzas Armadas y de Policía entre enero de 2007 y julio de 2008.

Las ONG nacionales y extranjeras defensoras de derechos humanos, cuestionan duramente la Directiva ministerial 029 de 2005, avalada por Uribe, la cual autoriza pagar recompensa de 3 millones 800 mil pesos por cada cuerpo de guerrilleros rasos muertos y hasta 5.000 millones de pesos, así sea por una mano, de algún comandante rebelde.

Ese negocio macabro en la lógica guerrerista de la Seguridad Democrática de Uribe, revela que las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales fuera de combate y los falsos positivos aumentan sin cesar.

Los hechos y las circunstancias, le dan la razón a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, de visita en Bogotá la semana pasada, quién declaró que “las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales parecen ser una práctica difundida y sistemática en Colombia”.

La alta funcionaria también advirtió que “si el gobierno colombiano no logra detener estas matanzas, la Corte Penal Internacional podría intervenir”.

La advertencia de la alta funcionaria se produjo luego de la destitución de 27 militares por delitos de lesa humanidad, los primeros que Uribe sacrifica como chivos expiatorios para tratar de salvar su pellejo.

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Pisadas de animal grande

La destitución de 27 de sus “mejores soldados” por parte del Presidente, sorprendió a más de uno, acostumbrados a verlo en circunstancias similares bravucón y desafiante ante sus críticos defendiendo con vehemencia a las tropas de las cuales él es Comandante en Jefe.Su máximo responsable.

Lo hizo ante la masacre de ocho personas, entre ellas tres niños, cometida por militares y ‘paras’ el 21 de febrero de 2005 en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Aquella vez justificó la masacre diciendo que los líderes de la comunidad eran protectores y colaboradores de la guerrilla y que la Comunidad era un corredor de las Farc.

Algo similar hizo ante el asesinato del ejército de tres líderes sindicales en Arauca; ante la masacre de Cajamarca, Tolima; ante la de Guaitarilla, Nariño, ante la de Jaumdí, Valle; en fin, ante casi todas las tropelías cometidas por la fuerza pública y otras fuerzas de seguridad del Estado, como el DAS.

“La patria y la seguridad democrática no pueden permitir que a sus soldados se les mine la moral en su lucha contra los bandidos”, gritaba.

¿Por qué Uribe traiciona ahora a 27 de sus soldados de los cuales no ignoraba desde hacía mucho tiempo sus andanzas?

A partir de 2003, se estableció un constante incremento en los falsos positivos que investigaban la Fiscalía y la Procuraduría. La cantidad de denuncias fue tan preocupante, que en 2004 Michael Frühling, entonces director de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, se reunió con el Presidente en la Casa de Nari y lo puso al tanto.

Sobra decir que el gobierno le hizo la vida imposible a Frühlin hasta hacerlo retirar del cargo y en 2006 se conocieron cerca de 30 ejecuciones bastante escandalosas en Antioquia.

Extraño cambio de actitud

Ante las insistentes denuncias de las ONG defensoras de derechos humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, Uribe, colérico, afirmaba que “ahora en cada baja que nuestros soldados le causan a los terroristas de las Farc, inmediatamente salen sus corifeos a decir que son ejecuciones extrajudiciales”. Y así en cada ocasión.

Por eso es extraño que ahora Uribe no se haya ido lanza en ristre contra Fernando Escobar, el valiente personero de Soacha quién no solamente recibió todas las denuncias de los familiares de las víctimas, sino que las elevó a instancias superiores para su investigación.

Uribe esta vez no ha acusado públicamente a Escobar de ser “un guerrillero de civil”, o un “colaborador de la guerrilla”. Sin embargo, Escobar ha recibido amenazas de parte de las fuerzas oscuras del régimen.

Ante esta faceta desconocida del Presidente, alguien que lo conoce muy bien le comento a Zuleta, columnista de El Espectador: “siempre que Uribe toma una decisión así es porque está tapando algo peor y lo más feo está por saberse”.

El mismo personaje auguró la inminente caída del general Mario Montoya*, comandante del Ejército Nacional, cuyo récord en materia de derechos humanos no es precisamente el más enaltecedor para el Ejército colombiano, como bien lo advirtió hace poco un demoledor artículo en el Washington Post, por lo que se lee que Uribe no podrá mantenerlo por mucho tiempo en el cargo.

Presión internacional

Una de las hipótesis sobre el inusitado cambio de Uribe, es que está sintiendo pisadas de animal grande sobre sus talones.

La estrecha vigilancia de la Corte Penal Internacional, la visita al país de dos de sus más altos dignatarios, la presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, la posible intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y la presión del Congreso de Estados Unidos que, con mayoría demócrata, cada vez le aprieta más la tuerca, sin duda tienen sobresaltado al mandatario.

A esto contribuye también las persistentes denuncias de importantes ONG nacionales defensoras de derechos humanos, como la Comisión Interclesial Justicia y Paz, la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, de la Corporación Reiniciar, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y muchas más.

Y para el colmo de los males del régimen, el posible triunfo del demócrata Barack Obama*, a la presidencia de los Estados Unidos, le dará a Uribe, algo así como una estocada de la que muy difícilmente podrá salir bien librado.

Sin papá Bush que lo patrocine, lo ampare y lo favorezca en sus satrapías, estará solo frente a la justicia internacional y la de su país. Su gobierno y su política de de “seguridad democrática”, léase mortandad democrática, sin duda, serán a otro precio, que el pueblo colombiano debe aprovechar con sus resistencia, su unidad y su lucha, para extirpar para siempre el cáncer que lo aqueja.

* Este artículo fue escrito antes de conocerse la renuncia del general Montoya y la elección de Obama.

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Parauribismo/
Paramilitares asesinaron a líder campesino en Tarazá
Por Camilo Raigozo

Paramilitares cobraron la vida de dos campesinos en el bajo Cauca, entre los cuales se encuentra el líder comunal Jairo Alberto Londoño Úsuga de 25 años, el cual había liderado las protestas cocaleras del presente año.

La otra víctima y también agricultor es Fredy Manuel Estrada guerra de 26 años, quien era beneficiario del programa presidencial Familias Guardabosques.

Según la Policía los dos campesinos fueron degollados por sus victimarios y sus cuerpos fueron encontrados en un sector de la vereda La Piedra, corregimiento la Caucana, municipio de Tarazá, Antioquia.

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¿Sólo el general Montoya?
Por: Cecilia Orozco Tascón

Aunque la caída del general Montoya estaba cantada desde la semana pasada, no por eso deja de ser un gran descalabro para el Ejército, para el ministro Santos y, desde luego, para el presidente Uribe.

Su salida, en cambio, significa un mínimo respeto con los civiles inermes, la mayoría de ellos sin posibilidades de que su voz de auxilio sea escuchada por los funcionarios del Estado.

Porque, cosa rara de entender en otras latitudes, uno de los axiomas de la seguridad democrática ha sido el de que las víctimas y sus defensores pertenecen a grupos que subvierten la ley, mientras que los victimarios y sus causas merecen beneficios, olvidos, consideraciones y tratamiento de divas.

Artículos de prensa del fin de semana pasado ya daban cuenta de la precaria posición del general Montoya, puesto que la Casa de Nariño, que hasta hace poco lo alababa, empezó a ignorarlo. ¿Sus amigazos del alto Gobierno lo traicionaron después de que hizo lo que le exigieron tácitamente?

O bien, ¿él los traicionó ordenando, o permitiendo hacer, atrocidades a espaldas de sus jefes? Vaya uno a saber. El tiempo y la historia nos revelarán la verdad, hoy cubierta con el manto del poder omnímodo.

De cualquier manera, la gravedad de las denuncias por crímenes de lesa humanidad cometidos por hombres bajo su mando, explican su salida. No era para menos.

Ahora no nos pueden presentar su presunta renuncia como una demostración de “cero tolerancia” con los delitos de uniformados, como titula Santos cada vez que alguien de las Fuerzas Armadas se mete en un lío.

Por el contrario. Montoya se había demorado en irse o en que lo fuera, pues una cosa es lo que se le dice a la opinión y muy otra lo que debió pasar en las oficinas del Ministerio.

Pero no hay que equivocarse. La separación del cargo del general no surge del reconocimiento sincero de que se ha incurrido en una cadena de errores por el confuso mensaje de que había que acumular éxitos militares de gran espectacularidad para mostrarle al mundo de lo que era capaz un gobernante echado pa’lante.

Tampoco es producto de un clima interno de estupor frente a las centenares de ejecuciones extrajudiciales denunciadas, ni se trata del primer paso oficial para concederle la razón, por primera vez, a la oposición.

Es únicamente el resultado de las serias señales de advertencia hechas por las autoridades internacionales de Derechos Humanos que se cansaron de dejar constancias desde hace más de tres años por la multiplicación de las ejecuciones.

Pese a que no nos lo confirmen, se conoce que la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras, le dieron un cuasi ultimátum al Gobierno.

Incluso se sabe que oficiales de Estados Unidos tienen datos precisos sobre lo que ha venido sucediendo y se ha filtrado que expresaron serias objeciones —así sean hipócritas— por los procedimientos usados por un sector de las Fuerzas Militares.

Por eso no debe pensarse que el general Montoya, quien trabaja con el presidente Uribe desde cuando éste era gobernador de Antioquia, es el más alto responsable del exterminio.

Puede que Colombia quiera cerrar los ojos y siga creyendo; que se haga la loca y continúe discutiendo el referendo para la reelección. Tranquilos que, entre tanto, afuera nos observan con suma cautela.

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Próxima elección de Procurador o Procuradora General de la Nación
Por Gustavo Gallón. Comisión Colombiana de Juristas

En las próximas semanas el Senado de la República deberá elegir al nuevo Procurador o Procuradora General de la Nación[1]. Uno de los componentes básicos que caracteriza al modelo de Estado Social y Democrático de Derecho es el control efectivo de las diferentes ramas en las que se reparte el poder público y la procura del goce efectivo de los derechos y libertades de todas las personas.

En el cumplimiento de este control, debido a las funciones que la Constitución Política le confiere, el Procurador General de la Nación tiene a su cargo un importante rol.

Como ha sido usual en nuestra tradición constitucional[2], la actual Constitución Política le asignó al Procurador una serie de facultades dirigidas a ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas y defender los intereses de la sociedad.

Sin embargo, es importante observar cómo la Carta de 1991 contempla un mandato para el Procurador mucho más profundo que las Constituciones anteriores, acorde con los principios fundamentales que la orientan.

El Procurador General está llamado a observar y verificar la actuación de los poderes públicos, a defender la Constitución y a proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad.

Las facultades que le corresponde ejercer de manera especial al Procurador son de gran importancia, ya que están encaminadas a erradicar la arbitrariedad y la extralimitación en el ejercicio de las funciones propias de cada rama que detenta el poder público, con el propósito no sólo de evitar que se ponga en peligro la actuación de los distintos poderes, sino, fundamentalmente, las libertades y derechos que le han sido reconocidos a cada persona.

En consecuencia, es imperativo que en el proceso de designación de Procurador que adelantan tanto la Corte Suprema de Justicia, como el Consejo de Estado y el Presidente de la República, en ejercicio de su poder de nominación, así como el Senado de la República, en ejercicio de su función electoral, se reconozcan y asuman, más allá de los meros requisitos formales,

criterios orientados a garantizar que el cargo de Procurador sea ocupado por una persona que cuente con las calidades necesarias para cumplir cabalmente el mandato que la Constitución le confiere. Consideramos que como mínimo esas calidades comprenderían:

Independencia: la persona elegida como Procurador General no debe tener ningún tipo de subordinación respecto de las demás ramas del poder público. Esta exigencia es apenas lógica, por cuanto la función de control sería ineficaz si el encargado de realizar la función de control fuera dependiente de aquel a quien se pretende controlar.

Autonomía: quien resulte designada o designado como Procurador General debe tener la capacidad de garantizar que la Procuraduría se gobernará por sus propias reglas, que la doten de autonomía técnica, financiera y administrativa. La persona elegida deberá tener la capacidad de tomar decisiones en estos aspectos, motivada tan solo en la buena prestación del servicio público.

Transparencia: quien sea designado para ocupar el cargo de Procurador deberá ser una persona que a lo largo de su vida profesional haya probado actuar con total imparcialidad, honestidad y probidad.

Es muy importante que así sea, teniendo en cuenta que las personas encargadas de ejercer una función pública –más si se trata de las funciones de control vinculadas a la moralidad pública y a la defensa de derechos, y de otro lado si se trata además de un alto dignatario– son la imagen visible de las instituciones públicas, y la confianza ciudadana que se tenga en estas depende en buena medida de la credibilidad de aquellas personas que las dirigen y representan.

Alta magistratura de opinión: debe ser una persona reconocida en todos los sectores por su compromiso y por su ética e integridad profesional y personal. La fuerza de la Procuraduría y la potencialidad del desarrollo de su mandato constitucional provienen en buena medida del prestigio moral que tenga el Procurador General, por lo cual es necesario que cuente con el suficiente reconocimiento social para que haya confianza en la institución.

Idoneidad profesional y comprobada experiencia: el Procurador General debe manejar con solvencia profesional y académica el derecho constitucional y, fundamentalmente, el Derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, pues un tema central de su mandato radica en la defensa de los derechos humanos, los intereses colectivos, y las garantías fundamentales.

Compromiso: para un cargo de esta naturaleza, el conocimiento y la experiencia son condiciones necesarias pero no suficientes, puesto que el Procurador o la Procuradora General de la Nación tiene a su cargo fundamentalmente hacer valer los derechos de la sociedad en su conjunto, para lo cual se requiere una sensibilidad especial, es decir, un compromiso que se haya desarrollado durante su trayectoria como ser humano y como profesional en relación con la protección de los derechos de la gente.

Un técnico en la ingeniería del derecho y en las normas y la jurisprudencia nacional e internacional no es garantía suficiente de adecuado desempeño para la protección de los derechos de la población, que es el sentido último del mandato asignado al Procurador cuando, entre otras funciones, la Constitución le encarga “defender los intereses de la sociedad” (art. 277.3) y “velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas” (art. 277.5).

Además de los criterios mencionados, una vez más hacemos un llamado a los poderes públicos vinculados con la postulación de Procurador General para que den cumplimiento a lo ordenado por el artículo 6 de la ley 581 de 2000[3], e incluyan en la terna de candidatos para ocupar el cargo de Procurador por lo menos una mujer que cumpla con los criterios señalados antes.

De no procederse de esta forma, se producirá la infracción manifiesta de una importante norma de discriminación positiva para promover la equidad de género, lo cual afectará la eficacia y legalidad del acto de designación.

Los criterios antes mencionados se presentan con el objetivo de aportar argumentos que promuevan un proceso de selección abierto al debate público. Consideramos valioso en este sentido el procedimiento público de convocatoria de hojas de vida, asumido por la Corte Suprema de Justicia y por el Consejo de Estado, en tanto constituye una estrategia plausible de transparencia y publicidad dentro del proceso de elección de altos dignatarios.

Se trata de un paso importante en el camino a que la sociedad tenga ocasión de conocer estos procesos, que constituyen decisiones que afectan a todos los habitantes del territorio colombiano.

La Comisión Colombiana de Juristas sugiere estos parámetros, convencida de la necesidad de un compromiso serio en la designación de Procurador General de la Nación, en especial ante la grave situación de derechos humanos que afronta el país, que exige que todo funcionario (y con mayor razón aquellos que constituyen cabeza de los diferentes poderes, organismos autónomos y de control) tenga un compromiso real con la defensa y promoción de los derechos de los colombianos.

En el presente caso, los órganos nominadores, así como el Senado, deben asumir la elección del Procurador como una oportunidad para demostrar su compromiso con el desarrollo y consolidación del modelo de Estado Social y Democrático de Derecho en Colombia, dando aplicación a los criterios mencionados, nominando y escogiendo –según sea el caso– al mejor candidato para ejercer con responsabilidad y compromiso el alto cargo de Procurador General de la Nación.

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