sábado, noviembre 30, 2013

Salud
Denuncian desvíos de recursos de la salud
Por Nidia Acevedo

Un evidente caso de manejos irregulares y desviación de los recursos de la salud, fue denunciado hoy en el marco del debate de control político a dichos recursos, adelantado en la comisión séptima de la cámara de Representantes.

Así lo evidenció Alba Luz Pinilla, congresista del Polo en su ponencia, en la que denunció un caso que  vincula a Cafam, una de las principales Cajas de Compensación Familiar de Colombia y la EPS Famisanar,-

quienes contratan instituciones prestadoras de servicios de salud para los municipios de Facatativá, Soacha, El Rosal, Bojacá, Chía, Tenjo, Cajicá, Zipaquirá, La Calera, Sopó, Melgar y Girardot entre otros, en donde Cafam,-

sin prestar servicios de salud y sin estar habilitado legalmente en tales municipios, sustrae del Sistema de Salud y con destino a su patrimonio, una cifra aproximada del 25% del valor de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, por concepto de “uso de marca”.

“Cabe aclarar que la facturación por uso de marca, es un concepto netamente comercial que no beneficia en el servicio de salud a los usuarios y sí es una clara desviación de los recursos del sistema a intermediarios”, dijo la Congresista.

El caso ya había sido denunciado ante la Superintendencia Nacional de Salud (2006), la Contraloría General de la República (2007), la Fiscalía General de la Nación (2007), la Unidad de Delitos contra la Administración Pública (2003), la oficina anticorrupción de la Presidencia de la República (2008) y la  Procuraduría General de la Nación (2008).

Lo anterior, es un caso típico en el que se observa, el poder y la capacidad de influencia que ostentan algunas EPSs, ya que a pesar de tener pruebas incontrovertibles del saqueo y su responsabilidad en él, desde hace más de siete años, no se han tomado las decisiones de fondo para evitar estas prácticas perversas.


jueves, noviembre 28, 2013

Diálogos de paz
Organizaciones sociales claman cese bilateral del fuego desde el 10 de diciembre
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Varias organizaciones sociales por intermedio de una carta abierta les piden a las FARC E P y al Gobierno pactar un cese bilateral del fuego a partor del próximo 10 de diciembre hasta el 7 de agosto del 2014.

Igualmente le piden al ELN y al Gobierno iniciar prontamente las negociaciones de paz. En cuanto a los guerreristas les piden reflexionar sobre su responsabilidad histórica en este proceso y a no seguir utilizando como argumento electoral un discurso en contra de la paz.  

A continuación la misiva:

Bogotá, 10 de diciembre de 2013

Sr. Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República

Sr. Rodrigo Londoño Echeverry
Estado Mayor  FARC-EP

Sr. Nicolás Rodríguez Bautista
Comando Central Ejército de Liberación Nacional

Quienes suscribimos esta carta apoyamos decididamente el proceso de conversaciones en curso con las FARC y el que prontamente se abra con el ELN.

Nos dirigimos a ustedes en el día internacional de los derechos humanos, para reivindicar la paz como un derecho individual y colectivo y como una obligación social en la que nos comprometemos desde diversos sectores sociales:

sindicalistas, artistas, periodistas, líderes agrarios, indígenas, afro descendientes,  mujeres, jóvenes, estudiantes, empresarios, defensores de derechos humanos, fuerzas políticas y expresiones religiosas, para manifestar nuestro compromiso con una salida política negociada  definitiva al conflicto armado que padece Colombia desde hace más de medio siglo.

Así, los y las firmantes decidimos converger para que esta oportunidad histórica para el pueblo colombiano se  consolide.

Según las cifras oficiales del Centro Nacional de Memoria Histórica, en Colombia con ocasión o pretexto del conflicto armado interno, en los últimos 54 años, 220.000 personas fueron asesinadas,  16.340 fueron víctimas de asesinatos selectivos, se perpetraron 1.982 masacres,-

25.007 personas habrían sido detenidas y desaparecidas, 27.023 secuestradas y se habría producido el desplazamiento forzado de 5.712.506. Sin contar los más de siete millones de colombianos y colombianas que han dejado el país para huir de la guerra o buscar mejores oportunidades que el país no les ofrece.

Los costos de la guerra no son únicamente los 26 billones de pesos que en 2013 se destinan para seguridad y defensa. El gasto militar es igual al gasto de sanidad, educación y saneamiento ambiental sumados.

De alrededor de 600.000 funcionarios del Gobierno central, 515.000 están adscritos al Ministerio de Defensa, es decir el 81.2 % de los gastos de personal se dedican a la seguridad.

Sr. Presidente y Sres. Comandantes, negociar en medio del conflicto puede ahogar las conversaciones de paz, porque conduce al descreimiento del constituyente primario llamado a refrendar los acuerdos.

Por otra parte los amigos de la guerra, se aprovechan de los hechos de la confrontación armada para fortalecerse como opción electoral contra la paz.

La estrategia de fortalecer el poder de las FFAA y la ofensiva militar contra la insurgencia para debilitar su poder de negociación tiene una eficacia relativa y contraproducente: da gusto a los belicistas y desalienta la confianza general en el proceso de salida política.

Por todo esto, reclamamos un basta ya de la guerra, y que este proceso de negociación asegure que los hoy alzados en armas puedan, con sus propuestas e ideas, contribuir a darle paso a nuevas fuerzas políticas que nutran la  democracia.

Saludamos el reciente acuerdo político alcanzado en La Habana, sobre distintos escenarios y garantías para profundizar las opciones democráticas en Colombia.

De igual forma, exigimos la pronta apertura de conversaciones oficiales y formales con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que ha manifestado reiteradamente su voluntad de negociar una salida política, como lo hizo conocer en el marco del VI Congreso de la Redunipaz.

A los amigos de la guerra, los llamamos a reflexionar sobre su responsabilidad histórica en este proceso y a no seguir utilizando como argumento electoral un discurso en contra de la paz.

A los que han contribuido a cometer crímenes o los han cometido  con ocasión o pretexto de este conflicto armado interno, que no quieran ser juzgados en un tribunal ordinario o internacional, que se sometan a un proceso de justicia transicional y contribuyan a la paz del país.

Por todo lo anterior les dirigimos esta carta abierta, solicitándoles:

Cese bilateral del fuego desde el 10 de diciembre y hasta el 7 de agosto próximo, con monitoreo de las Naciones Unidas, las organizaciones de derechos humanos y las redes que impulsan el proceso de paz.

Iniciar lo antes posible el diálogo con el ELN e igualmente acordar un cese al fuego  bilateral, lo mismo con el EPL.

A la insurgencia que cese toda actividad militar ofensiva, a no cometer ningún atentado contra la infraestructura del país, ni en contra de ninguna población, a cesar el reclutamiento forzado especialmente de menores de edad, a no seguir colocando minas anti personales, a comprometerse con las comunidades afectadas a un proceso de desminado y a cesare definitivamente la práctica del secuestro.

Al Gobierno, desarrollar una política integral para desestructurar las nuevas expresiones organizadas del paramilitarismo o de las bandas criminales.

Al Gobierno, depurar a las FFAA y de Policía de aquellas personas que atenten contra el proceso de paz o contra los derechos humanos, y/o que apoyen nuevas formas del paramilitarismo.

Al Gobierno, reemplazar al ministro de la Defensa por una persona comprometida a garantizar el pleno respaldo de las FFAA al proceso de paz y asegurar que se respete los ceses bilaterales pactados. El Gobierno debe mantener una postura unificada y coherente con el proceso de paz.

Al Gobierno y la insurgencia, garantizar la participación de las víctimas del conflicto  en el proceso de negociaciones y a tomar en cuenta sus demandas por el respeto de sus derechos.

Al Estado, que descriminalice la protesta y movilización sociales, y que el Gobierno retire el proyecto de ley orientado a agravar las penas.  

Al Gobierno y  la insurgencia, abrir espacios efectivos de participación de la sociedad civil y tomar en consideración la agenda social por la paz que se viene construyendo desde diversos escenarios del movimiento social colombiano.

Porque la paz es asunto que concierne a todas y todos, nos comprometemos a profundizar y multiplicar nuestros esfuerzos por la paz con justicia social esperamos de ustedes una respuesta consecuente con esta demanda. 

Central Unitaria de Trabajadores, CUT
Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”
Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, Comosoc
Ruta Social Común por la Paz

Red de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra, Redepaz
Fundación Alianza Universal por la Paz, Univerpaz
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado
Corporación Viva la Ciudadanía

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Diálogos de paz
Las FARC EP cuestionan la inmersión  de la Fuerza Pública y del estamento colombiano con el narcotráfico
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Cuando se reinician las conversaciones entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC EP, en la mesa de La Habana para debatir el tercer punto de la agenda, el cual se refiere al narcotráfico, el ejército insurgente hizo públicos cuestionamientos sobre las estrechas relaciones de la Fuerza Pública y otros entes y agentes del establecimiento con el narcotráfico.

A continuación apartes de un documento enviado por la Delegación de Paz de las FARC EP, a la redacción de Notimundo este 28 de noviembre:

El narcotráfico, una Caja de Pandora

En torno al flagelo del narcotráfico, permítannos hacer las siguientes precisiones

No es éste un problema exclusivo de Colombia, sino un problema internacional, cuya solución debe comprometer al conjunto de las naciones.

La hoja de coca a través de siglos ha sido utilizada para mitigar el hambre, la sed, el cansancio, como digestivo y relajante, y está determinado por la ciencia, que tiene propiedades nutricionales y medicinales.

Otra cosa es la cocaína, que aunque ha sido utilizada como anestésico, desafortunadamente ha derivado en un estupefaciente de generalizado uso adictivo y nocivo que plantea hoy un grave problema de salud pública mundial.

Si convenimos que no es lo mismo coca que cocaína, resulta ilógico que para acabar con el problema del narcotráfico, se deba entonces erradicar una planta que puede brindar beneficios a la humanidad.

El rigor de la represión y de las medidas punitivas contra la criminalidad que se desenvuelve en los procesos de producción, comercialización y consumo de las llamadas drogas ilícitas, derivadas del procesamiento de la hoja de coca o de otras plantas,-

no debe recaer sobre los eslabones más débiles de esta cadena que son los consumidores y los campesinos, cuando los beneficiarios principales del negocio ilegal son los emporios financieros del mundo.

Podemos decir que definitivamente el narcotráfico, lamentablemente, ha permeado todo el tejido social colombiano, incluyendo al Estado. Hace dos décadas, Joe Toff, por entonces director de la DEA para Colombia, en consonancia con este aserto, afirmó que la de Colombia era una narco-democracia.

El fenómeno no es exclusivo de nuestro país. Hoy en día se reconoce que los dineros del narcotráfico y de otras actividades ilegales han contaminado todos los circuitos financieros de la economía mundial.

Dentro de este contexto, las FARC-EP, no solo han expresado preocupación, sino que han trazado políticas que puedan aportar soluciones. Hace 20 años, la VIII Conferencia Nacional de Guerrilleros planteó en el punto 10 de su plataforma para la reconstrucción y la reconciliación nacional:

"Solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos y alucinógenos, entendido ante todo como un grave problema social que no puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e internacional y el compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes".

Dentro de la misma perspectiva el pleno del Estado Mayor Central de las FARC-EP en marzo de 2000, planteó que:

"Como el gobierno norteamericano pretexta su criminal acción contra el pueblo colombiano en la existencia del narcotráfico, lo exhortamos a legalizar el consumo de narcóticos.

“Así se suprimen de raíz las altas rentas producidas por la ilegalidad de este comercio, así se controla el consumo, se atienden clínicamente a los fármaco-dependientes y se liquida definitivamente este cáncer. A grandes enfermedades grandes remedios".

En desarrollo práctico de estas ideas, en el marco de los Diálogos de Paz del Caguán, el Comandante en jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, presentó un plan para implementar, en acuerdo con las comunidades, mecanismos de sustitución de cultivos de uso ilícito.

Se trataba de un experimento piloto a desarrollarse en el municipio de Cartagena del Chairá (Departamento del Caquetá), complementado con una iniciativa de desarrollo social que mejorara las condiciones de vida de los habitantes de esa región, y se articulara con la reforma agraria rural integral que requiere el país.

Nuestras posiciones frente al asunto de que trata el tercer punto de discusión de los Diálogos de La Habana, han sido históricamente claras, pero aspiramos a  enriquecerlas con las propuestas y puntos de vista expresados-

en los foros que sobre el tema convocó la mesa y que al respecto puedan seguir aportando las comunidades afectadas y todos quienes quieran ayudar a resolver este problema, que es tomado como excusa para el intervencionismo de potencias extranjeras en el conflicto interno colombiano.

En el estudio de cultivos y narcotráfico, hay que comenzar por el principio: ¿Cuándo se inició el negocio? ¿Cuándo la siembra? ¿Cómo fue la historia de la bonanza marimbera o marihuanera en Colombia? ¿Quiénes se enriquecieron?

¿En dónde están? ¿Cuándo se inició la siembra de la coca y la amapola? ¿Cuándo surge la "ventanilla siniestra" del Banco de la República? ¿Qué presidente la permitió?

¿A quién benefició? ¿Cuáles dineros aparecieron y de dónde y de quiénes cuando la amnistía de Turbay Ayala? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿En dónde están esos fulanos?

Tales documentos no son reservados. No los ampara la reserva.

¿Por esas épocas cuáles bancos tenían sucursales en Panamá y en otros paraísos fiscales? ¿Cuáles bancos tuvieron dificultades en esas sucursales (especialmente las panameñas), y sobre cuáles recayeron investigaciones nacionales y americanas? ¿Quiénes eran sus dueños y qué hacen hoy?

¿Qué saben las autoridades sobre las operaciones realizadas por bancos de Medellín y Cali para lavar dinero de negocios sucios de los dos carteles del narcotráfico de ambas ciudades?

¿Existe alguna conclusión de las autoridades judiciales en torno a la alianza del gobierno de César Gaviria con el cartel de Cali y  los paramilitares para perseguir a Pablo Escobar?

¿Se ha indagado sobre la financiación del cartel de Cali para el funcionamiento del Bloque de Búsqueda en sus inicios?

¿Qué investigaciones hay, y qué condenas existen relacionadas con la fuerza pública y su vinculación con el narcotráfico?

¿Quién fue el director de la aeronáutica civil que autorizó a la mafia la utilización de pistas clandestinas en las selvas del Yarí para la operación de recepción de pasta de coca del Perú, reabastecimiento de combustible y el despegue de aeronaves cargadas de cocaína hacia los
Estados Unidos?

¿A qué familia pertenecía el helicóptero Hughes incautado por las autoridades en la operación contra el laboratorio de "Tranquilandia", el más grande complejo de producción de cocaína del mundo?

¿Quién fue el Presidente que sacó de la dirección de la policía del Magdalena al coronel Pardo García por negarse a suspender los operativos antidrogas contra el jefe paramilitar Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta?

¿Cómo surgió e incidió en la vida política nacional el llamado cartel de las tres letras, el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad)?

¿Por qué no investigar y hacer públicas las denuncias del informático de esa institución, Rafael García, uno de sus artífices confesos? ¿Es posible que todo este entramado funcionara sin la participación del Estado y sus Fuerzas Armadas en uno de los países más militarizados del mundo?

¿Desde la bonanza "marimbera" hasta hoy, cuántos presidentes, parlamentarios, gobernadores y alcaldes, han sido elegidos con los dineros calientes de los carteles de la droga?

¿Cómo se explica que anualmente el lavado de activos ingrese a la economía colombiana, al menos 16 billones de pesos, lo cual representa 3 puntos del Producto Interno Bruto? ¿Tiene algo que ver esto con que los bancos colombianos ganaran 4.5 billones a julio de 2013?

¿Por qué no hay capturas en los Estados Unidos de los capos mafiosos de la distribución de la droga en ese país, que son los que se quedan con la parte del león en el negocio?

Todas estas inquietudes nos llevan a pensar que el narcotráfico es un complejo problema cuya solución requiere del concurso de la comunidad internacional.

*Delegación de paz de las FARC-EP*


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martes, noviembre 26, 2013

Terrorismo de Estado
Condenan a 6 terroristas del Ejército por asesinatos a sangre fría
Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena a 40 años de “cárcel” contra cinco bandidos pertenecientes a la IV Brigada del Ejército, por el asesinato de una mujer.

La defensa de los criminales del régimen había pedido recurso de casación el cual fue negado por el alto tribunal.

El crimen fue perpetrado el 28 de mayo de 2009 cuando los terroristas estatales llegaron a una vivienda ubicada en el municipio de Granada Antioquia y golpearon brutalmente a la pareja que allí habitaba.

Los uniformados acusaron a la mujer de ser auxiliar de la guerrilla y amenazaron con matarla. Después de la demencial golpiza a la pareja los delincuentes la sacaron de la de la vivienda y la secuestraron.

Al día siguiente, una vez asesinada, los bandidos la reportaron como guerrillera dada de baja en combate en la vereda El Roblal del municipio de Granada.

Los cinco terroristas fueron hallados culpables de homicidio, tortura en persona protegida y secuestro.

Condenado suboficial de Ejército por el asesinato a sangre fría de un habitante de la calle

A 40 años de “cárcel” fue condenado el terrorista Luis Ángel Reyes Montealegre, sargento del Ejército. La sanción fue ordenada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Nedellín.

El homicidio fue perpetrado el 7 de julio de 2007, cuando terroristas del Batallón Pedro Nel Ospina del Ejército asesinaron a sangre fría a Jhon Jairo Quiroz Ángel, en el barrio Belencito del Corazón de Medellín.

Para su coartada los terroristas manipularon la escena del crimen simulando un enfrentamiento. El ente acusador pudo establecer mediante pruebas contundentes que la víctima era en realidad un habitante de la calle.

Terrorismo de Estado
Paramilitares amenazan a estudiantes de la Universidad de Antioquia
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El 25 de noviembre pasado a las 12:15 p.m., llegó a los correos electrónicos personales de los integrantes de la Sede Estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas, un correo con amenazas de muerte, enviado por parte de paramilitares autodenominados “comando estudiantil de las águilas negras”.

Las amenazas incluyen datos personales de las víctimas, como lugar de residencia y les da un ultimátum para que abandonen la universidad antes del 28 de noviembre, de lo contrario serán asesinados, denunció La Comisión de Derechos Humanos de la Mesa Amplia Regional Estudiantil de Antioquia.

Según la fuente en el mismo correo han sido objeto de amenazas, espacios de expresión estudiantil que abanderan luchas por la defensa de la educación, los Derechos Humanos y propuesta de cambio para la sociedad, como lo son las demás Oficinas Estudiantiles y las diversas expresiones que los estudiantes tiene al interior de la Universidad. Foto Semana.


Terrorismo de Estado
Testimonios sobre los atropellos de los agentes represores del régimen contra manifestantes del paro agrario

Videos de la Audiencia Pública Tratamiento de la fuerza pública a la movilización social


Instalación de Audiencia Congreso "Tratamiento de la fuerza pública a la movilización social”

Violación DDHH: Audiencia Congreso "Tratamiento de la fuerza pública a la movilización social”

Congresistas citantes de Audiencia "Tratamiento de la fuerza pública a la movilización social”

Testimonios (1): Audiencia Congreso "Tratamiento de la fuerza pública a la movilización social”

Testimonios (2): Audiencia Congreso "Tratamiento de la fuerza pública a la movilización social”

Testimonios (3): Audiencia Congreso "Tratamiento de la fuerza pública a la movilización social”

Testimonios (4): Audiencia Congreso "Tratamiento de la fuerza pública a la movilización social”

Autoridades policiales e institucionales: Audiencia Congreso Tratamiento de la fuerza pública

Clausura Audiencia Congreso "Tratamiento de la fuerza pública a la movilización social”


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Chaparral, Tolima
Con visita al corregimiento Las Hermosas concluyó encuentro de comunidades afectadas por hidroeléctricas
Por Camilo Raigozo. Notimundo

La última jornada del “Encuentro regional de experiencias organizativas de comunidades étnicas y campesinas en torno a los proyectos hidroeléctricos Amoyá, Ambeima y Sogamoso”, realizada el domingo 24 de noviembre, fue una visita al corregimiento Las Hermosas, ubicado en el mítico cañón del mismo nombre.

Al corregimiento se llegó después de haber transitado durante cuatro horas por una carretera en mal estado a pesar de que las lluvias están escasas.

Durante el recorrido los expedicionarios pudieron apreciar los estragos causados a las comunidades y al medio ambiente por las hidroeléctricas que sustraen por una buena cantidad de kilómetros más del 80 por ciento de las aguas del río Amoyá y otros afluentes.

El Cañón de Las Hermosas es un imponente accidente geográfico de paisajes paradisíacos y gente excepcional, laboriosa, amable y hospitalaria, que ha tenido que padecer por varias décadas la brutal guerra que las oligaquías nacional y extranjera mantienen contra el pueblo.

Las comunidades han sido estigmatizadas y perseguidas por el régimen a través de sus fuerzas represivas como son el ejército, la Policía, los paramilitares y otras fuerzas de “seguridad”. “El objetivo es desplazarnos del territorio para entregárselo a las transnacionales”, le dijo a Notimundo un campesino de edad avanzada.

Detenciones arbitrarias, montajes judiciales, asesinatos, desapariciones forzadas, control de alimentos y medicinas, coerción a la libre movilidad, estigmatización y amenazas, son entre otros los padecimientos de los pobladores del Cañón de las Hermosas a manos del Estado.

La zona está altamente militarizada y las comunidades denunciaron que debido a esto se están proliferando la prostitución, la transmisión de enfermedades sexuales y la drogadicción, en la región, especialmente en el municipio de Chaparral.

La expedición fue hostigada por el ejército cuando regresaba de su travesía. Los militares armaron un retén para esculcar e identificar a las personas que viajaban en dos vehículos de transporte público. Igualmente los uniformados trataron de impedir el trabajo de los periodistas que allí se encontraban.

El evento convocado por la Corporación Reiniciar y auspiciado por Forum Syde de Suecia, resultó todo un éxito, que dejó muchas experiencias y aprendizajes a los participantes quienes a su vez las transmitirán a sus comunidades. En el futuro próximo se creará una agenda común a nivel nacional.

Lea tambien: 

Inició encuentro de organizaciones afectadas por proyectos hidroeléctricos



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