San José de Apartadó
‘Paras’ siguen atentando contra la vida
Por Comunidad de Paz

Lamentablemente después de dejar constancia de amenazas por parte del ejército contra la comunidad y la desaparición de Félix Guzmán por parte de los paramilitares, nuevamente tenemos que dejar constancia de nuevos hechos supremamente graves y que exigen urgentemente acciones para frenar el accionar de muerte que se viene dando en la zona.

El 22 de septiembre de 2010, hacia las 17:50 horas, en el sitio Tierra Amarilla venían caminando José David Graciano y Alonso Valle Guerra, cuando fueron abordados por dos paramilitares en una moto, uno de los paramilitares reconocido en la zona.

Los paramilitares comenzaron a dispararles desde la moto, ellos corrieron y lograron esconderse quedando herido en una pierna Alonso Valle, el otro salió ileso.

Ellos venían de una audiencia en la que se habían presentado, acusados injustamente y con falsos testimonios de ser milicianos. Como habían salido ya tarde de dicha citación no alcanzaron el carro de servicio público y venían caminando.

La comunidad dio aviso de estos hechos a la defensoría quienes dijeron que se habían comunicado con la Brigada y la respuesta de ellos era que todo estaba tranquilo y era mentira que estuviera sucediendo algo.

Es de anotar que en la vía San José Apartado habían cinco retenes Militares, uno de ellos a tan solo 5 minutos de donde ocurrieron los hechos, además en tierra Amarilla ha existido un control militar últimamente, para el día de los hechos no había ninguna presencia militar.

Estas dos personas habían solicitado a la Defensoría del Pueblo dos días antes de los hechos para que les acompañaran para bajar y subir de la audiencia porque temían por sus vidas al ser estigmatizados a través de las acusaciones y señalamientos en contra de ellos, la petición fue negada por la Defensoría.

El 22 de septiembre de 2010, hacia las 8 horas fue abordado un miembro de nuestra comunidad en Dabeiba por el paramilitar conocido como Berardo Tuberquia, el manifestó que hacia parte de las águilas negras que hacen presencia en Córdoba y Uraba, la interrogó por varios miembros-

de la comunidad y le dijo que tenían una lista larga de la comunidad para asesinar y comenzó a decir que quienes encabezaban dicha lista estaban varios líderes, acompañantes y miembros de la comunidad al igual que gente de la zona del corregimiento de San José de Apartado.

Se evidencia la difícil situación en la zona por el actuar paramilitar y la complacencia ante ello de la fuerza pública, se atenta contra la vida sin que se haga absolutamente nada. Como siempre ante los hechos reales y contundentes se miente, se dice que no pasa nada.

Ya estamos acostumbrados a ello, durante trece años hemos dejado constancia del paramilitarismo y solo dicen que mentimos, hemos dejado constancia de más de 800 violaciones de derechos humanos contra la comunidad y todo en la impunidad, la masacre del 21 de febrero-

dijimos como había sucedió con el accionar conjunto de paramilitares y militares corroborado esto por confesiones de los mismos militares, sin embargo todo en la impunidad, de ahí que se siga y se siga atentando contra la vida, queriendo exterminar a la comunidad.

Pedimos con urgencia la solidaridad nacional e internacional exigiéndole al Estado el cese de dicho accionar de muerte y exterminio contra la comunidad.

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Proyecto de ley para la restitución de tierras

El Gobierno no tuvo en cuenta ni a las víctimas ni a las organizaciones que las representa
Con información de la Mesa Nacional de Víctimas

La Mesa Nacional de Víctimas Perteneciente a Organizaciones Sociales, que desde el 2007 articula más de ciento cincuenta organizaciones sociales, de víctimas y defensoras de derechos humanos, en torno a la defensa y-


exigibilidad de los derechos de las víctimas, se pronuncia ante la opinión pública frente al proyecto de ley “Por el cual se establecen normas transicionales para la restitución de tierras”, radicado por el Gobierno Nacional el pasado 7 de septiembre.


La Mesa Nacional de Víctimas, reconoce como un avance el propósito del Gobierno Nacional de tener como prioridad en su agenda legislativa el tema de la restitución de tierras, ya que consideramos que es un trabajo inaplazable para lograr la reparación integral de las víctimas del conflicto armado., pero igualmente-


expresa preocupación frente al hecho de que las víctimas y las organizaciones defensoras de sus derechos, quienes las representan ante instancias nacionales e internacionales, no hayan sido consultadas para la elaboración del proyecto de ley; proceso que desde nuestra perspectiva es fundamental para garantizar una restitución plena y oportuna.


Partiendo de las consideraciones anteriores, la Mesa Nacional de Víctimas expone una serie de comentarios generales al proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional, que ponen de presente algunas deficiencias que deberían ser corregidas a lo largo del trámite legislativo:


1. El proyecto de ley no hace referencia a la participación de las personas titulares del derecho a la restitución de tierras: El texto omite la referencia expresa a las víctimas y a los desplazados, sino que para definir los titulares de la restitución hace referencia a los “beneficiarios”.


Lejos de ser una formalidad, el reconocimiento de la condición de víctimas es un acto jurídico que tiene consecuencias materiales.


2. El proyecto no garantiza las condiciones materiales necesarias para que las personas víctimas de sus tierras puedan retornas a ellas: El texto establece dos medidas a favor de las personas víctimas de despojo:


Una, el reconocimiento de la propiedad del predio reclamado; y dos, la compensación económica (en caso de que el predio no pueda ser restituido o en caso de que no desee retornar).


De esta forma, se deja de lado una tercera vía que ha sido contemplada por el derechos internacional de los derechos humanos, consistente en entregar a la persona despojada un predio de características similares a aquel en el que antes habitaba.


3. El proyecto realiza una discriminación de víctimas: El texto continúa la tradición de discriminación de víctimas de la violencia, al señalar que sólo podrán ser beneficiarios de esta iniciativa quienes han sido forzados a abandonar las tierras como consecuencia directa de hechos ocurridos por actos generalizados de violencia armada ilegal expresamente reconocidos en procesos de justicia y paz.


4. El proyecto contiene una definición limitada de las modalidades de despojo y de los bienes objeto de restitución: El despojo no se restringe al abandono forzado o violento de un predio, sino que sino que incluye también otras modalidades como las compraventas irregulares o la transferencia judicial o administrativa.


5. El proyecto de ley carece de un enfoque diferencial para poblaciones de especial protección constitucional: El artículo 11 del proyecto de ley señala que “El juez tendrá en consideración la especial trascendencia social de la restitución para considerar su-


tramitación preferente, así como la especial protección de las mujeres, niños y discapacitados”. Esta es la única medida afirmativa que establece el proyecto de ley a favor de las poblaciones de especial protección constitucional.


6. El proyecto de ley deja de lado la regulación de aspectos centrales de la iniciativa, algunos de los cuales encarga al Gobierno nacional para su reglamentación: Varios temas del proyecto de ley que son centrales para la aplicación de sus disposiciones no-


son regulados directamente por la iniciativa, sino que quedan pendientes de regulación, como es el caso de la definición de una “zona afectada por la violencia generalizada”, las cuales podrán ser declaradas por el Gobierno.


7. El proyecto de ley no se articula con las medidas de protección sobre tierras y patrimonios de la población desplazada por la violencia: Aunque la exposición de motivos al proyecto de ley señala que el denominado Registro de Tierras Despojadas se articulará con otros registros existentes (como el Registro Único de Predios y


Territorios Abandonados, los predios protegidos por los Consejos Municipales de Atención a la población desplazada, y el Registro Único de Población Desplazada), en el proyecto de ley no existe ninguna norma que indique que tal articulación efectivamente tendrá lugar.


8. Los alcances del proyecto son puntuales y tienen que articularse a otras estrategias y agendas legislativas: derechos de las víctimas, reforma agraria, desarrollo rural y negociación de la paz:


Para que se pueda hablar de reparación integral de los derechos de las personas víctimas de despojo es necesario complementar lo dispuesto en el proyecto de ley con medidas de indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición.


Los puntos señalados se trabajan de manera más amplia en un documento elaborado por la Mesa Nacional de Víctimas y que irá junto con este comunicado.


Bogotá, 23 de septiembre de 2010
Para más información:
Antonio Madariaga Reales
Vocero Mesa Nacional de Víctimas
Celular: 315 349 68 27
Fijo: 348 07 81. Bogota D. C.

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Crónica e interrogantes sobre una protesta estudiantil en la Universidad Pedagógica Nacional
Por Camilo E. Jiménez Camargo. Profesor U.P.N.

El pasado 21 de septiembre, un grupo numeroso de estudiantes de la universidad realizó un “pupitrazo” después de la 1 p.m. del día del martes.

La protesta consistió en ocupar la vía vehicular en la Calle 72, al frente de la puerta de la Universidad, sacando pupitres y sentándose en ellos o en el pavimento, interrumpiendo el tráfico vehicular. La reacción del Esmad y el comando motorizado “Águila” de la policía no se hizo esperar.

El grupo de manifestantes fue disuelto con gases lacrimógenos y chorros de agua. Unos buscaron reingresar a la Universidad, pupitres en mano, otros se dispersaron por las calles aledañas a la universidad, en unos casos simplemente huyendo, en otros también respondiendo con piedras.

Mientras se desalojaba la universidad unos decían que la protesta se hizo en contra de la brutalidad policial en solidaridad con los estudiantes de la Universidad de Antioquía, mientras que otros afirmaron que se busca que el Ministerio de Educación revoque las Resoluciones 5443 y 6966.

Al interior de la universidad la situación fue de encerramiento y pánico, puesto que la mayoría de estudiantes trataban de evacuar, junto con los profesores, administrativos y visitantes, mientras que otros intentaban ingresar.

No solamente los que estaban protestando, trataban de entrar, sino los que apenas llegaban, por una u otra entrada, procurando protegerse porque se disparaban gases, se lanzaba agua y se hostigaba de afuera hacia adentro.

Ante esta agresión muchos, que inicialmente no participaron de la protesta, respondieron con gritos y piedras. Al menos 4 tanquetas, varios comandos del Esmad y no menos de 22 efectivos del comando motorizado, rodearon las calles y carreras, llegaron hasta la Quince y la Caracas, haciendo inclusive y disparos de “balas inofensivas”.

En esta ocasión, como se ha ido volviendo habitual, la reacción de la fuerza pública es intimidante, desproporcionada e indiscriminada, puesto que se arremete, física y psicológicamente contra toda persona que esté cerca de la Pedagógica. Inclusive los establecimientos comerciales cerraban las puertas al sentirlos pasar disparando. La situación se prolongó hasta después de las cinco de la tarde.

Los estudiantes Mateo Martínez, Jonatan Cárdenas y Sergio Trujillo fueron detenidos cuando trataron de irse del sector por el callejón de la 12 donde habitualmente parquean la tanqueta y las busetas del Esmad.

Se supo que por lo menos otros tres estudiantes sufrieron heridas y golpes por el impacto de los gases lacrimógenos y de acuerdo con informaciones de la Personería un muchacho fue escalabrado.

El hecho más grave fue la fractura de tabique que sufrió un estudiante debido al golpe del chorro de agua que lanzó una de las tanquetas contra su cara. Se informó que este joven fue trasladado a un centro de atención por una ambulancia de la Secretaría de Salud de Bogotá y que en la enfermería de la Universidad se atendió a algunos estudiantes.

Se sabe también que por lo menos tres estudiantes sufrieron desmayos en la vía pública después de inhalar los gases.

Los estudiantes detenidos fueron subidos en una patrulla van de la policía metropolitana y conducidos hacia la UPJ (Unidad de Policía Judicial -carrera 32 con calle 13-) hacia las 5: 00 p.m., pero no llegaron allá hasta pasadas las 7: 30 de la noche. (En dónde estuvieron y qué ocurrió con los detenidos durante este tiempo).

Cuando se le preguntó a los policías y al Mayor Gómez, encargado del operativo, cuál era la razón del arresto de los jóvenes contestaron: -“por seguridad”. - ¿Por la seguridad de quién? –se les preguntó. La respuesta fue: -“por la seguridad del orden público”.

En presencia de funcionarios de la Personería Distrital y de la Defensoría del Pueblo quedó muy claro que no había cargos concretos que les fueran imputados a los estudiantes. En este contexto, grupos de estudiantes buscaban condiscípulos que momentos antes estuvieron en su compañía y que ahora no sabían en dónde estaban.

Estos hechos recuerdan los de semestres atras: la imagen de un miembro del ESMAD, con una de sus botas sobre la cabeza de un estudiante de la universidad que está sometido en el piso de la plazoleta Darío Betancourt y el caso de la estudiante que sufrió fracturas en la mano después de evitar que un gas lacrimógeno le golpeara la cara, entre otras.

A las 5:30 p.m. en la Universidad estaban los celadores y el Señor Ducuara, jefe de vigilancia, quién autorizó el ingreso de tres profesores. En el parqueadero encontramos al Doctor John Jairo Chaparro, Secretario General de la Universidad; se hallaba sentado en el asiento de atrás del carro institucional y a punto de que uno de los conductores de la universidad lo condujera a su destino inmediato. Logramos persuadirlo para que nos prestara atención.

Le hicimos –palabras más, palabras menos– el balance de la situación que hemos hecho hasta aquí para que se informara de lo ocurrido. Se comunicó con funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de la Personería para confirmar lo que le decíamos.

Él, no sabemos el porqué, creía que la policía está vez se había comportado muy suavemente. Después de unos minutos decidió que iba a ir directamente hasta la UPJ para saber sobre la suerte de los detenidos. (Esperamos que lo haya hecho).

Hay que decir con toda claridad que la protesta de ayer, con las razones o las sinrazones que la motivaron, fue una acción pacífica por parte de los estudiantes. Debemos preguntar si la interrupción de la sacrosanta movilidad vehicular es un bien más apreciado que la vida y la integridad física, no solo de quienes protestan, sino de todos los que no lo hacen.

¿Por qué se le dio un tratamiento de orden público o de guerra? También hay que interrogar: ¿por qué la universidad queda a la deriva en manos del Sr. Ducuara, cuando estas situaciones ocurren? ¿Qué planes de emergencia están previstos para realizar evacuaciones, sin que se ponga en riesgo la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad educativa?

¿En qué estamos en relación con el trabajo interinstitucional con la Defensoría y la Personería, la Alcaldía, y las organizaciones de derechos humanos, entre otros organismos? ¿Qué medidas hay previstas en primeros auxilios y atención en salud en casos como estos?

¿Por qué no existe en la universidad una política de promoción, defensa y educación en derechos humanos? ¿Hay voluntad política de parte de la administración, los Consejos Superior y Académico –y por supuesto, de los estudiantes y de la comunidad universitaria– para asumir el malestar acumulado que hay en la universidad y tramitarlo por cauces diferentes a la violencia?

Estas y otras preguntas quedan, las venimos haciendo ha ya tiempo. Pensamos que debieran ser abordadas por todos y con prontitud –ojalá cuando no sea demasiado tarde. Foto tomada de la Web.

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Seguridad narcocrática/
Denuncian al Ejército y a los 'paras' por amenazas a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Por Camilo Raigozo. Con información de la Comunidad de Paz

El 18 de septiembre de 2010 a las 10 de la mañana, miembros del ejército entraron al caserío de la Resbalosa de la Comunidad de Paz Allí tomaron fotos a la gente y a los animales de la comunidad. Dijeron que las vacas que estaban allí eran de la guerrilla.

Que esa comunidad era una h.p comunidad guerrillera, que no descansarían hasta acabar con esa h.p. comunidad y con esos h.p líderes guerrilleros. Además se burlaron diciendo que no les pasaba nada que ahí quedaba como ejemplo lo de la Masacre del 21 de febrero de 2005.

El 14 de agosto de 2010 hacia las 9:30 a.m. Félix Guzmán estaba en su finca cortando arroz, en la vereda Murmullo Alto cerca a la vereda Alto Joaquín espacio perteneciente a la comunidad.

Félix estaba trabajando sin camisa y la tenía colgada en un árbol con el agua y el almuerzo. Al momento fueron vistos paramilitares que venían de Guadual, contigua al corregimiento de Batata, donde tienen la base.

Testigos vieron que los paramilitares llegaron hasta donde estaba Felix Guzmán y estuvieron hablando con él. Desde ese momento no se sabía nada de él, se encontraba desaparecido. En el sitio solo aparecieron la camisa, el almuerzo y el arroz que había cortado.

La compañera y un niño de ocho años fueron a donde los paramilitares al otro día y los criminales se reían sin contestarle nada sobre el paradero de Félix. Después de buscarlo toda la semana ella se fue para Tierra Alta.

Félix había sido presionado por los paramilitares para que trabajaran con ellos y le pagarían 300 mil pesos. Lo acusan de apoyar a la guerrilla y lo tiene obligado a trabajar para ellos so pena de ser asesinado.

“Estos hechos evidencian el actuar de muerte que busca acabarnos, no se ahorran esfuerzos por hacer reinar la injusticia y la muerte en la zona, saben que pueden hacer lo que quieran sin que puedan ser detenidos, ni existir mínimos de justicia.

“La impunidad de la masacre del 21 de febrero de 2005, donde fueron asesinados tres niños y cinco adultos, solo es uno más de los casos de impunidad en toda esta cadena de crímenes de lesa humanidad contra la comunidad, que vale para seguir actuando con esa lógica de exterminio.

“Pese a ello la coherencia moral de nuestra búsqueda alternativa nos lleva a decir no a esta conciencia de la muerte, y a pesar de todo ello seguir con más firmeza caminando en la coherencia de la vida, exigencia ética para una sociedad que busca la justicia.

“Acudimos a esa solidaridad nacional e internacional y que ha permitido que sigamos resintiendo civilmente en nuestro caminar”, dice indignada la comunidad en un comunicado recibido por Notimundo.

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Seguridad narcocrática/
Asegurados oficial y suboficial del ejército por ejecuciones extrajudiciales
Por Camilo Raigozo

La Fiscalía informó que un oficial y un suboficial del Ejército fueron cobijados con medida detención preventiva sin beneficio de excarcelación, como presuntos responsables del asesinato a sangre fría de dos personas en estado de total indefensión.

Los crímenes ocurrieron, según la Fiscalía, el 3 de marzo de 2005, en la vereda La Pradera, municipio de San Pablo, Antioquia, cuando tropas de la IV Brigada del Ejército ejecutaron extrajudicialmente a Humberto de Jesús López Quiceno y Nicolás Gonzalo Morales Morales.

Luego del doble asesinato los criminales reportaron las muertes como de guerrilleros dados de baja en combate. Además los victimarios en su informe castrense adujeron que las dos víctimas portaban armas de fuego de corto alcance.

El ente investigador logró establecer que nunca se presentó enfrentamiento armado alguno y que las dos personas asesinadas no eran guerrilleros. Esta práctica del ejercito es conocida equivocadamente como falsos positivos.

Los presuntos criminales cobijados con la medida de aseguramiento son: el capitán Cesar Augusto Cómbita, teniente para la época y el cabo segundo Jorge Duarte Bautista. El primero de los sindicados estaba al mando de la patrulla involucrada en el proceso que tiene más involucrados.

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El G24 condena asesinato de líder de restitución de tierras

Bogotá, 22 septiembre 2010. El G24 expresa su firme condena por el asesinato de Hernán Pérez, miembro de la asociación de víctimas para la restitución de tierras y bienes (Asovirestibi) en Urabá ocurrido el 19 de septiembre 2010.

El 19 de septiembre Hernán Pérez estuvo presente en la ceremonia oficial de restitución de tierras a 34 familias en la vereda Nueva Colonia en el municipio de Turbo, presidida por el Ministro de Agricultura. Al regreso a su casa Hernán Pérez fue asesinado.

Los Estados miembros del G24 condenan enérgicamente este asesinato y expresan su solidaridad con la familia de Hernán Pérez.

Los Estados miembros del G24 reiteran su apoyo a la voluntad política expresada por el Gobierno colombiano de restituir la tierra a la población despojada y de adoptar medidas de protección a las víctimas.

El G24 confía que el Gobierno colombiano adelantará las investigaciones necesarias para juzgar y castigar a los responsables a la brevedad posible.

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Parauribismo/

Petición de extradición del mercenario israelí Yair Klein presentada Iván Cepeda, fue aprobada en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes

Por Oficina de prensa de Iván Cepeda

El parlamentario Iván Cepeda Castro presentó una proposición ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes para que se le solicite al Gobierno Nacional que insista ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, Francia, en la extradición a Colombia del coronel en retiro israelí, Yair Klein.

La petición fue acogida por la Comisión al coincidir con el representante Cepeda, en que es urgente que el mercenario israelí responda ante la justicia nacional por sus múltiples crímenes cometidos en la década de 1980-

y para que con sus declaraciones contribuya a garantizar el derecho a la verdad que tienen las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos por grupos paramilitares que actuaron con la aquiescencia de agentes estatales.

Yair Klein, condenado por entrenar a grupos paramilitares en el Magdalena Medio, fue detenido en el 2007 en el aeropuerto de Domedédovo en Moscú, cuando pretendía abordar un avión con rumbo a Tel Aviv.

El gobierno ruso intentó extraditarlo a Colombia pero la Corte Europea para los Derechos Humanos se opuso a esta medida al considerar que la vida de Klein corría grave peligro.

Yair Klein enfrenta varios procesos en Colombia por concierto para delinquir, por impartir técnicas de terrorismo a las AUC y por haber entrenado sicarios a sueldo “que - como lo afirmó el Tribunal Superior de Manizales-

al proferir condena de 128 meses de prisión en junio de 2001 llenaron de crímenes el país y que, aupados por el narcotráfico, exterminaron la Unión Patriótica y multiplicaron los carros bomba y atentados contra el Estado”.

En el proceso que la justicia colombiana le inició en septiembre de 1989 se encuentran numerosas pruebas sobre la responsabilidad de Klein en el entrenamiento de grupos paramilitares financiados por Gonzalo Rodríguez, Pablo Escobar y Víctor Carranza, y apoyados por oficiales del Ejército Nacional.

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Guerra fratricida/
Bloque Sur: “Los que mueren de uno u otro bando, todos son colombianos, hijos de “Juan Pueblo”
Por Anncol

Para conocimiento de nuestros lectores en Colombia y en el Mundo. La oligarquía colombiana todo lo tergiversa. Nada es confiable de lo que se expide desde la Casa de Nari y sus medios adscritos a la inteligencia militar. ¡Qué barbaridad!

Observemos:

Militares manipuladores y mentirosos

El Frente 48 del Bloque Sur de las FARC-EP informa:

1.- Que unidades de “Misiones Especiales” de ese Frente, el viernes 10 del presente mes, a las 05:00 h asaltó a dos Avanzadas de la Policía ubicadas en El Puente Internacional sobre el río san Miguel, departamento del Putumayo, en límites con el Ecuador.

2.- La dos Avanzadas fueron copadas en su totalidad.

3.- Los mandos militares colombianos al principio trataron de engañar a la opinión pública, afirmando que el ataque había sido con cilindros lanzados desde el lado ecuatoriano.

Esta gran mentira no la pudieron consumar, gracias a las autoridades ecuatorianas, quienes de manera oportuna desmintieron las afirmaciones hechas a la prensa por el Sub-director de la Policía Nacional colombiana General Orlando Páez Varón, quien además dijo, que la Guerrilla había saqueado el comercio y las entidades bancarias, cuando en ese lugar no hay ni comercio ni entidades bancarias.

4.- Es una monumental y premeditada mentira el afirmar que se utilizaron cilindros, y de que aún hay 15 de ellos que no han explotado, y por lo tanto, “por seguridad”, no se permite que los periodistas y civiles entren al lugar de los hechos. Esto es falso de toda falsedad, porque no se utilizaron cilindros.

Lo que están haciendo los militares responsables de la seguridad del área, es ganando tiempo para borrar todas las evidencias que muestran que lo que hubo fue un asalto y no un hostigamiento, como ellos han afirmado en declaraciones públicas.

En una sola palabra, están es arreglando el teatro de los hechos, para que la realidad modificada que van a mostrar, concuerde con la mentira que se han inventado.

5.-Para desgracia de nuestra Patria esta guerra fratricida se prolongará indefinidamente, mientras la mayoría de los altos mandos militares carezcan de honor militar, y alimenten su opaco prestigio con mentiras y manipulaciones, hasta tal punto, que el pueblo siempre desconocerá las verdaderas circunstancias-

de cómo se dan los hechos de orden público, lo que le impedirá medir la verdadera y trágica magnitud que ha alcanzado el conflicto social y armado en Colombia, y por lo mismo, no se movilizará para exigir una salida política al conflicto, ya que los que mueren de uno u otro bando, todos son colombianos, hijos de “Juan Pueblo”.

Estado Mayor Frente 48
Bloque Sur de las FARC-EP
Montañas de Colombia, septiembre 9 de 2010

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Guerra fratricida/
Farc: "Mientras haya guerra, habrán actos de guerra de parte y parte"
Por Anncol

Como estaba previsto las mentiras del ‘nuevo gobierno’, una a una se desmoronan. Esa la modalidad de la cacareada ‘seguridad democrática’ ahora disfrazada como ‘seguridad ciudadana’. Su raíz igual. Matar y matar.

Leamos parte oficial de las Farc:

Unidades de “Misiones Especiales” del Bloque Sur, a las 19:30 horas, en la carretera Rio Negro- Doncello, en la vereda La Trinidad, emboscaron con cargas explosivas y fuego de ametralladora a un convoy de la Policía compuesto por 3 camionetas 4 puertas y un camión turbo.

La acción duró 30 minutos. Resultados: 14 policías muertos y 7 heridos; el camión totalmente destruido. Material recuperado: 11 fusiles M-16, entre ellos, dos con lanzagranadas M203 de 40mm, y 40 proveedores para los mismos; una ametralladora M-60 y un cañón de repuesto;

una pistola P.B. 9m.m con dos proveedores; 1.770 cartuchos calibre 5,56; una canana con 100 cartuchos cal.7,72; 30 cartuchos 9m.m; 3 chalecos, 4 pavas, 4 riatas, dos relojes, 2 celulares, una cámara de fotografiar y una navaja. Propios sin novedad.

Basta ya de manipulación y doble moral

1.- Que los agentes de la policía incinerados en la emboscada del Doncello (Caquetá) fue ocasionado por el incendio, resultado del efecto de la explosión sobre la gasolina del vehículo; y no un hecho intencional y perverso de la Guerrilla, como manipuladoramente lo está presentando el Gobierno a través de los grandes medios hablados y escritos a su disposición.

2.- Que lo sucedido en El Doncello es mucho menos grave que las matanzas de guerrilleros mientras duermen, por causa de bombas hasta de 500 kg lanzadas por los aviones de la Fuerza Aérea, donde los altos mandos militares en sus “partes de victoria” a la opinión pública, sin ruborizarse siquiera, dicen eufemísticamente:

“Dados de baja tantos guerrilleros”; mientras que “personajes importantes de la vida pública del país”, antes estos hechos contra la Guerrilla, guardan un alegre, vergonzoso y criminal silencio cómplice. ¡Nadie de ellos dice nada!

3.- Cuando el atacante es la Guerrilla y la víctima la Fuerza Pública, enseguida se escuchan los ladridos de una jauría de tuertos, porque solamente captan la mitad de la realidad circundante que a ellos les conviene, y expresan sus sesgadas opiniones fruto de su doble moral; y por lo mismo, de su doble rasero para valorar unos mismos hechos de manera maniquea, en buenos o malos, dependiendo de donde provengan estos: si del gobierno o de la guerrilla.

4.- Son pocas las voces sensatas de juicio lógico e imparcial, donde vale la pena destacar entre otras, la del presidente de la Conferencia Episcopal Monseñor Rubén Salazar que dijo: “Para que se acaben estos hechos dolorosos de parte y parte, la única solución es dialogar para encontrarle una salida política al conflicto”; opinión esta, que las FARC comparten en su totalidad.

5.- Para la posesión del señor Santos nuestro comandante Alfonso Cano le hizo una invitación pública para sentarse a conversar entorno a la paz, y la respuesta de éste fue, en su discurso de posesión, inaceptable, arrogante y triunfalista, dejando entrever que él solamente estará dispuesto a sentarse con una Guerrilla derrotada, no para escucharla, sino para imponerle la voluntad del vencedor, que se supone sea él.

Tanto él como su Ministro de Defensa Rodrigo Rivera, el país es testigo, solamente le ofrecen a la Insurgencia la paz de los sepulcros, pax romana, y por ello, la repetitiva orden a la Fuerza Pública: “Arreciar, arreciar, arreciar”.

Lo que es entendible, porque ninguno de ellos dos están exponiendo el pellejo, ni tampoco tienen a sus hijos comprometidos en la guerra; si lo estuvieran, entonces la divisa fuera: “Conciliar, conciliar, conciliar”.

6.- Mientras haya guerra, habrán actos de guerra de parte y parte.

7.- El Bloque Sur una vez más reitera ante la opinión pública nacional e internacional la disposición de las FARC- EP para conversar con el actual Gobierno y encontrarle una salida política al conflicto social y armado que vive el país, pero sin ningún tipo de condicionamiento. Lo que el Presidente está exigiendo para conversar deberá ser el resultado de un acuerdo de paz y no la condición previa al diálogo.

Septiembre de 2010
Estado Mayor del Bloque Sur, de las FARC-EP
Montañas del Caquetá

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Seguridad narcocrática/
Condenados siete militares por ejecuciones extrajudiciales
Juez ordena abrir investigaciones contra los superiores jerárquicos
Por Fundación Comité de Solidaridad con los presos políticos

Hacia las 4:30 a.m. del 14 de mayo de 2007, en zona rural de Valledupar, tropas del Batallón La Popa, cegaron la vida de los jóvenes barranquilleros Andrés Alfonso Ramírez Cantillo, Edilberto Hernández García y Johan Caicedo Ávila, presentándolos como bajas en combate.

Las víctimas, todos provenientes de barrios populares de la ciudad costera, habían sido trasladadas con engaños y con falsas promesas de trabajo y entregadas al Ejército para simular un resultado operacional exitoso.

Dos años después, los integrantes del Pelotón Contera 1: Dagoberto Alfonso Bustamante Mendoza, Alexander Sosa Peñaloza, Jorge Enrique Sánchez Sánchez, Oel Cañas de la Rosa, José Miguel Zuleta Palmera, Luis Fabián Padilla Holguín y Pedro Manuel Urruchurto Nieves, fueron condenados por el delito de Homicidio en persona protegida imponiéndose la pena privativa de la libertad de 40 años.

En su decisión, el juez ordenó al Inpec trasladar a los militares sancionados a un establecimiento carcelario, pues hasta la fecha están recluidos en las instalaciones del Batallón La Popa.

Si bien la decisión cobra especial importancia para los familiares de las víctimas, debe decirse que éste es tan solo el primer paso, en cuanto quienes hasta ahora han sido condenados, son tan solo los ejecutores materiales del hecho, esto es, el peldaño más bajo de la pirámide.

Faltan aún los altos mandos militares y funcionarios del orden nacional que sin duda alguna convirtieron en política esta práctica criminal.

En cabeza de la Fiscalía General de la Nación – Unidad nacional de derechos humanos, dejó el juez la facultad de investigar “la participación y responsabilidad de los superiores jerárquicos y operacionales del comandante de este operativo sargento-

Dagoberto Bustamante Mendoza, por la muerte de estas tres personas y adicionalmente se investigue la presunta comisión del delito de desaparición forzada de que fueron objeto las víctimas de este homicidio múltiple”, ordenando para ello compulsa de copias, en atención a las peticiones que en tal sentido elevó la parte civil.

De igual manera dispuso investigar penalmente a la Juez de instrucción penal militar subteniente Carolina Galeano Londoño, por cuanto había ordenado el archivo de las diligencias “sin hacer un análisis crítico a las pruebas obrantes en el proceso que para-

ese momento ya eran indicadoras de la existencia de graves irregularidades en este procedimiento y contrariando la petición previa del procurador delegado para las Fuerzas Armadas”, determinaciones éstas que abonan el terreno a las víctimas en su lucha contra la impunidad.

No debe desconocerse en este punto, la valoración que hace el juez en su fallo, sobre la incidencia de la Directiva Ministerial 029 de 2005, en el aumento de este tipo de ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Militares.

Sobre el particular, el Dr. Franklin Martínez Solano reprocha que “lo que allí se estimula a través del pago de recompensas, constituye un deber legal de las autoridades como es el de capturar a quienes violen la ley y evitar su accionar delictivo, llegando a su abatimiento si es necesario siempre que se enfrente a la fuerza pública y que dicha medida extrema resulte estrictamente necesario, pero pagar por el cumplimiento de un deber puede degenerar en acciones impregnadas de codicia como esas de las que aquí tratamos y que indudablemente llenaron de una estela de muertes al país”.

Pero a pesar de este reconocimiento el juzgador, temió dar el paso hacia la declaración de éste como un crimen de lesa humanidad, petición que había sido elevada por parte de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos que representa a las víctimas en este proceso.

Desde las organizaciones defensoras de derechos humanos, los familiares de víctimas y la sociedad en general, celebramos decisiones como la proferida por el Juez 4 penal del circuito de Valledupar y a la vez continuaremos reclamando el reconocimiento judicial de la naturaleza de estos crímenes, bajo la declaratoria del crimen de lesa humanidad.




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Seguridad narcocrática/
Asegurados ocho militares por masacre de familia
Por Camilo Raigozo

La Fiscalía informa que por su presunta responsabilidad en las muertes del padre, la madre y la hija de tres años fueron asegurados ocho integrantes, del Batallón de Infantería 26 Cacique Pigoanza del Ejército Nacional con sede en Garzón, Huila.

Según el ente investigador el múltiple crimen fue cometido el 26 de noviembre de 2006 cuando tropas del Cacique Pigoanza dispararon contra de Daniel Alvarado Rivera, su esposa Alba Luz Mejía y la pequeña Michell Dayana Alvarado Mejía, quienes se desplazaban en una motocicleta en jurisdicción de la vereda El Recreo, municipio de Garzón.

La Fiscalía pudo establecer que no hubo cruce de disparos, como inicialmente argumentaron los uniformados y que las armas de fuego accionadas fueron las de los miembros del Ejército.

Igualmente en la investigación se pudo establecer que ni Alvarado Rivera, ni su esposa y mucho menos su hija, pertenecían a ningún grupo armado ilegal.

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Los rostros del despojo
Por Iván Cepeda. Representante a la Cámara por el Polo

En el debate de control político sobre tierras en la Cámara de Representantes, citado para el 18 de agosto de 2010, mencioné algunos nombres de personas y consorcios que hacen parte de poderosas estructuras que han participado en diversas modalidades de despojo de la propiedad rural en el país.

Sin ponerle rostro e identidad al problema de tierras es imposible avanzar en la restitución que anunció el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.

Dos de los ejemplos que presenté fueron la compra masiva de tierras que viene realizando un consorcio de magnates en la zona de los Montes de María, y las inmensas propiedades del señor Víctor Carranza -acusado de ser uno de los principales jefes paramilitares del país- en zonas donde se han producido desplazamientos forzados.

Hace pocos días, fue radicado el proyecto de ley de origen gubernamental para la restitución de tierras.

Surgen serios interrogantes acerca de si casos como los que expuse en el Congreso quedarían incorporados o debidamente tratados mediante la norma que se propone.

¿Poderosos consorcios que han realizado compras masivas de tierras y que han legalizado títulos de predios en sitios en los que se produjeron masacres y desplazamientos forzados podrían ser considerados "terceros de buena fe"?

¿A estos "desinformados" magnates les serían pagadas multimillonarias compensaciones? ¿Las inmensas propiedades de jefes paramilitares que despojaron tierras antes del surgimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia -1995- no serían objeto de restitución?

¿Las víctimas de despojo provocado, directa o indirectamente, por agentes del Estado no serán consideradas como parte del procedimiento expedito de restitución de tierras?

Estos interrogantes surgen cuando se examina el artículo 2o. del proyecto de ley que limita el carácter de beneficiario de la restitución a aquellas personas que fueron despojadas "por actos generalizados de violencia armada ilegal expresamente reconocidos en proceso de justicia y paz".

Esto quiere decir que los mecanismos transicionales solo beneficiarían a las víctimas de despojo de actos cometidos por las Auc. No incluirían a las víctimas de jefes u organizaciones paramilitares anteriores o que no hicieran parte de ese grupo, ni a las víctimas de agentes del Estado. Todas ellas tendrían que apelar a la ineficiente justicia ordinaria.

De igual forma, el capítulo segundo del proyecto no precisa el carácter de los "terceros de buena fe" que compraron las tierras usurpadas y a quienes se les da el derecho de presentarse como opositores en el proceso de restitución y, eventualmente, a ser compensados.

Es cierto que existe el derecho a la presunción de la buena fe, pero el aprovechamiento inescrupuloso de las circunstancias de desplazamiento para quedarse con sus tierras es un delito que se suma a la violencia armada ya ejercida contra la víctima.

Y eso es lo que están haciendo grandes empresas y conglomerados económicos en los territorios de mayor desplazamiento en Colombia, a través de aparentes justos títulos.

De esta forma, la Ley de Restitución podría terminar siendo un instrumento que beneficie a un número limitado de personas que han sufrido el despojo, y que indemnice a magnates de la tierra, situación contraria al reconocimiento sin discriminación que debe ser el principio rector de una legislación justa e integral sobre víctimas.

Todo esto en el contexto de la política del actual gobierno que, en materia rural, dará un impulso irrestricto a las explotaciones agroindustriales y mineras. Un modelo que empobrece al país, así como destruye la forma de vida del campesinado, de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Esta semana formularé denuncia penal contra el señor José Obdulio Gaviria por los delitos de instigación a la violencia, injuria y calumnia que se desprenden de su columna de opinión 'Alertas tempranas (I)'.

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Seguridad narcocrática/ Bucaramanga
Nuevo ataque contra la ONG defensora de derechos humanos
Por Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez

Informamos que el día miércoles 15 de septiembre de 2010, siendo aproximadamente las 9:00 de la noche, varias compañeras de la Corporación se desplazaban en la vehículo de nuestra compañera Judith Maldonado Mojica (escribiendo en la foto), decidieron parquear el vehículo en la-

zona de la “Concha Acústica”, frente al restaurante Bar “Maroma”, luego de salir de comer, se dirigieron al vehículo el cual había sido violentado y se llevaron el bolso de nuestra compañera Judith Maldonado Mojica, esta vez robaron su computador portátil,-

su disco duro extraíble con toda la información de su trabajo y de la corporación de 9 años, nuevamente sus documentos de identidad, y documentos sensibles para el trabajo de la Corporación, así como llaves de acceso a su residencia y a la oficina.

Según se converso e indago con el señor Carlos, quien hace una vigilancia informal a los vehículos, confirmo que ningún otro vehículo de los aproximadamente 20 que estaban allí parqueados fueron forzados o robados, testigos manifestaron que fueron tres hombres, los que violentaron el vehículo y se llevaron el maletín.

Cabe aclarar que el maletín estaba oculto completamente bajo la silla del copiloto, y que además no se llevaron otros dispositivos para escuchar música que se encontraban en el vehículo.

Manifestamos nuestra preocupación frente al riesgo y la amenaza que hemos venido denunciando, pues los últimos sietes meses hemos sido víctimas de cuatro (4) hechos de agresión directos y graves contra nuestra vida e integridad, como la llamada de amenaza-

de marzo 12 de 2010, la agresión física y hurto el 4 de Agostos de 2010, la agresión física y hurto el día 6 de septiembre y este nuevo hecho que afecta gravemente el trabajo desarrollado por Judith Maldonado Mojica y a la Corporación.

La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez es una organización defensora de Derechos Humanos que persigue como fin social acercar el derecho a las comunidades, a los sectores sociales y populares en el Nororiente Colombiano,-

acompañando las justas causas de las comunidades campesinas, indígenas y victimas en la defensa y realización de sus derechos y frente a la graves amenazas que enfrentan en sus territorios.

Agradecemos las manifestaciones de apoyo, preocupación y solidaridad que hemos recibido. La respectiva denuncia ya se presentó ante la Fiscalía General de la Nación (Bucaramanga).

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Parauribismo/
Por calumnias contra sindicalistas deberán responder Francisco Santos y José Obdulio Gaviria
Por organizaciones sindicales y de derechos humanos

El ex - vicepresidente de la república Francisco Santos Calderón y el asesor de presidencia de Álvaro Uribe Vélez: José Obdulio Gaviria, deberán responder el próximo 20 de septiembre en audiencia de imputación de cargos por calumnias-

lanzadas contra dirigentes sindicales de Sintraunicol, Sintraemcali y Sintrateléfonos, organizaciones afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que en mayo de 2010 reportó que durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez fueron asesinados 527 dirigentes obreros.

Pese a las recomendaciones de organismos multilaterales de Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH-OEA, para frenar declaraciones temerarias contra-

organizaciones sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos cuyo objetivo era estigmatizarlas y situarlas en posiciones proclives al terrorismo, el Ex presidente Álvaro Uribe su Vicepresidente Francisco Santos, entre otros altos miembros del-

gobierno, continuaron con las aseveraciones injuriosas y calumniosas que pusieron a dichas organizaciones en punto de mira de los grupos paramilitares.

Francisco Santos debe declararse impedido

Los abajo firmantes, organizaciones sindicales, sociales, políticas, indígenas, afrodescendientes y de derechos humanos, han solicitado que mientras el ex presidente Francisco Santos, públicamente debe reconocer su impedimento para informar desde la cadena RCN, de la cual es director,-

no sólo sobre este caso sino respecto a las noticias que hacen referencia a la legítima labor de los sindicatos y sindicalistas en Colombia y los graves ataques que éstos han sufrido debido a la existencia de posiciones antisindicales como las expresadas por el entonces vicepresidente de la República.

El proceso que lleva 3 años inicio el 19 de julio de 2007, cuando el entonces Vicepresidente Francisco Santos Calderón, convocó una rueda de prensa en la que hizo señalamientos temerarios e irresponsables en contra de los integrantes de Sintraunicol, Sintraemcali y Sintrateléfonos.

Atacó a sus directivos, les estigmatizó y asoció sus actividades con “una apología del terrorismo”, “apoyo a la lucha armada”, refiriendo “o estoy en la lucha armada o en la lucha democrática”.

Lo mismo hizo el Ex Asesor Presidencial José Obdulio Gaviria quien dijo de los dirigentes “pertenecen a la cofradía universal del terrorismo, interactúan con sus colegas del mundo”.

Estas declaraciones se hicieron luego de la realización del “XI Seminario Internacional Problemas de la Revolución en América Latina”, celebrado en la Universidad Central de Ecuador (Quito), convocado por el Movimiento Popular Democrático, durante los días 9 a 13 de julio de 2007, en el que se trató el tema “La Izquierda en América Latina, Problemas y Perspectivas”.

Como resultado de estas declaraciones públicas se incrementaron las amenazas, persecuciones, hostigamientos y ataques en contra de integrantes de Sintraunicol, Sintraemcali y Sintrateléfonos.

El primero de ellos ocurrió el 9 de agosto de 2007, 21 días después de las expresiones de Francisco Santos Calderón y José Obdulio Gaviria, cuando en la cuenta sintratelefonos1938@yahoo.com, fue recibido un correo electrónico titulado “Póngase el camuflado o se van o los matamos” y firmado por quienes se identificaron como “Águilas Negra somos Nueva Generación”.

El día 31 de agosto de 2010, el Centro de Servicios Judiciales de Bogotá fijó la fecha para la Audiencia de Imputación de Cargos. Extrañamente horas después, fue expedida la Resolución 0–1964, por medio de la cual se reasigna la actuación “relacionada con la-

conducta del ex Vicepresidente de la República Francisco Santos Calderón, en aras de propender por la continuidad de las mismas, y por la eficacia, eficiencia y celeridad de la administración de justicia”.
Y al día siguiente, 1 de septiembre, fue aceptada la renuncia que le fuera solicitada a la entonces Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Doctora Ángela María Buitrago.

El cargo criminal del delito de calumnia a Francisco Santos Calderón está referido a los agravios cometidos en contra de Organizaciones Sindicales, cuya existencia es legal y legítima, en su condición de Vicepresidente de la República y no tiene nada que ver con la actividad de periodista que el doctor Santos Calderón, desempeña en la actualidad al ser el director de noticias de la cadena radial Radio Cadena Nacional-RCN.

Teniendo en cuenta que el artículo 20 de la Constitución Nacional, establece el derecho de “toda persona a la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial” y que, a su vez, los artículos 20 del-

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos donde establece que “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”.

Resaltando que la Corte Constitucional en Sentencia C-087/98, del 18 de marzo de 1998, con ponencia del Magistrado Carlos Gaviria Díaz, precisó que: “Muchas personas de conducta intachable, cumplidoras celosas de sus deberes, no han abierto en su vida un código y hay, en cambio, quienes los estudian minuciosamente para adiestrarse en la técnica de transgredirlos.

La ética, ciertamente, no es cosa de poca monta, pero su observancia cabal no es asunto de especialistas”,

Como garantías para el normal desarrollo de la actuación judicial en contra de Francisco Santos Calderón y José Obdulio Gaviria, demandamos:

1. Que el doctor Francisco Santos Calderón, atendiendo los principios universalmente aceptados de la ética periodística, públicamente reconozca su impedimento para informar desde la cadena RCN, de la cual es director, no sólo sobre este caso sino respecto a las noticias que hacen referencia a la legítima labor de los-

sindicatos y sindicalistas en Colombia y los graves ataques que éstos han sufrido debido a la existencia de posiciones antisindicales como las expresadas por el entonces vicepresidente de la República, , teniendo en cuenta el el derecho de todo ciudadano a contar con una información veraz e imparcial.

2. Que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establezcan especiales mecanismos de-

seguimiento y observación de este caso en la perspectiva que sean garantizados los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, dado que no resultan convincentes ni satisfactorias las explicaciones del Fiscal General de la Nación, Doctor Guillermo Mendoza Diago en relación con la aceptación de la renuncia solicitada a la Doctora Ángela María Buitrago, sobre su supuesta ineficiencia.

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Seguridad narcocrática/ Florencia, Caquetá
¡Urgente! La vida de otro docente está en peligro
Una denuncia desesperada y perentoria de una posible víctima de asesinato fue recibida por la redacción de Notimundo

A continuación transcribimos en su integridad la delicada misiva:

“Siendo aproximadamente las 8 de la noche del día sábado 18 de septiembre del presente año, llegaron hasta mi casa de habitación ubicada en barrio La Esperanza del sector 4 de las Malvinas, 6 sujetos, los cuales no se identificaron.

“Preguntando por mí a varios vecinos, hasta que llegaron donde mi esposa Sandra Valderrama. Ella los vio tan sospechosos que les dijo que yo no estaba.

“De inmediato dijeron que me llamara por celular para que viniera rápido, pero ella les dijo que yo había dejado el celular en la casa.

“Entonces dijeron que me iban a esperar hasta que llegara. Ella entró y me avisó, y de inmediato salió con mis hijos para donde la suegra que queda a cuatro casas, y esperamos que se fueran.

“Pasadas casi dos horas abandonaron el lugar, manifestando que “ese Hijueputa no quiso salir” y que regresarían mas tarde.

“Me comuniqué con Oscar Prieto, defensor comunitario, quién me recomendó que abandonara la ciudad, por seguridad, y eso fue lo que hice.

“Necesito orientación para continuar con este proceso, porque no puedo esconderme ya que dejé a mi familia en Florencia y también tengo mi trabajo allí mismo.

“Está comprobado que me están esperando, ya que el pasado 22 de agosto me ocurrió algo similar cuando bajaba para mi sito de trabajo en Monserrate.

“En el terminal de transporte me abordaron dos tipos y me dijeron que eran del Estado pero no se identificaron de ningún organismo y me ofrecieron plata para que trabajara con ellos, porque si no mi orden de captura ya estaba encima del escritorio del fiscal.

“Que me iban a estar esperando cuando subiera, pero ahora ya no son dos sino que fueron 6”. Atentamente: Luis Antonio Valencia Ocampo.

Luis Valencia Ocampo es actualmente director del Centro Educativo de Monserrate, corregimiento del municipio de Cartagena del Chairá, Caqueta. Es también el presidente de la Asociación de Instituciones y Centros Educativos del Bajo Caguán.

Ha participado en organizaciones comunitarias, como directivo del Núcleo Comunal Número Uno de Cartagena del Chairá y en la Secretaria Tècnica de Educaciòn y Desarrollo de la Asociación de Juntas Comunales, Asojuntas.

Igualmente ha sido activista en los comités de derechos humanos de la región. Ha participado en los foros en defensa de la población: en el 2004 en Remolino del Caguán, 2005 en los foros simultáneos de Bogotá, Florencia y Cartagena del Chaira, y en el 2008 en la Misión Humanitaria realizada en octubre por el Caguán.

Ante el inminente peligro que corre la vida y la integridad de este educador colombiano, invitamos a las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales a solidarizarse con la víctima y su familia, y a exigirle a los entes de control, al Ministerio Público y al Estado colombiano, proteger los derechos humanos fundamentales del docente Valencia Ocampo.

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