sábado, octubre 02, 2010

Sabana de Torres, Santander
Sujetos armados intentan desplazar a 14 familias campesinas e intentan asesinar aun labriego
Con información de Asogras

La Asociación Agraria de Santander Asogras, denunció ante la opinión pública nacional e internacional, que el pasado 25 de septiembre a la una de la tarde, Cristián Castellanos, en compañía de Oscar Mauricio Jaimes Mendieta, descargaron siete reses en la finca El Silencio, vereda Provincia.

En total han dejado de manera abusiva, nueve reses y tres caballos, en la finca La Babilla, de propiedad de Nohemí Quintero Sánchez, afiliada a Asogras.

Al notar que Castellanos de nuevo violentó el derecho a la posesión de las 14 familias, la Asociación procedió a informar al Departamento de Derechos Humanos de la Policía Nacional, quien constato los hechos.

En horas de la noche cuando el campesino Ernesto Romero se desplazaba de la parcela de Gustavo Quintero a su residencia, fue abordado por Jaimes Mendieta y otros sujetos, los cuales le dispararon en dos ocasiones.

Romero se dirigió a la estación de policía, para informar del intento de homicidio. La comunidad tiene información que estas personas andan armadas dentro de la finca El Silencio, como si fueran un grupo armado ilegal.

Según Asogras Jaimes Mendieta reconoció ante el comandante de la estación de policía de Provincia que él había disparado contra Ernesto Romero.

Ante la inspección de policía del de Sabana de Torres, se han presentado tres querellas por perturbación contra los sujetos antes mencionados sin que la alcaldía de Sabana de Torres, en cabeza de Uriel Velandia Gutiérrez, haya hecho algo para proteger la vida de los campesinos.

Desalojan a los intrusos

Asogras informó que el 30 de septiembre, a las 9:00 a.m., se realizó desalojo de Cristián Albeyro Castellanos Gómez, de la finca El Silencio, vereda Provincia, por parte de la inspectora de policía de Sabana de Torres, Cecilia Rojas.

La inspectora reconoció que los derechos de los campesinos de Asogras habían sido violados por parte de Cristian Albeyro Castellanos Gómez y Mauricio Jaimes Mendieta, quienes de forma arbitraria habían ocupado la finca mencionada con ganado y además atentado contra la vida de un campesino.

El 28 de Septiembre anterior, en horas de la mañana llevaron el ganado a la parcela de otro afiliado de Asogras. Los empleados de Castellanos y Jaimes han hecho actos de vandalismo y amedrentamiento a las familias con armas de fuego.

Los supuestos empleados se dedicaban a romper cercas, romper candados, tumbar portones, dejar los portillos abiertos y dispararle a los afiliados de Asogras, quienes tienen más de 27 años de estar trabajando en esta finca, que ahora sujetos armados al parecer paramilitares quieren arrebatarles.

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viernes, octubre 01, 2010

Acerca del proyecto de ley de objeción de conciencia
El Procurador amenaza la institucionalidad
Por Mónica Roa

Bogotá, octubre 1 de 2010.- El Procurador Ordóñez ha anunciado que presentará al Congreso un proyecto de ley para expandir los alcances de la objeción de conciencia en relación con el aborto despenalizado en Colombia.

Quiere, según advierte, que los jueces no fallen en derecho, sino en conciencia; que las instituciones, notarios, colegios, y profesores, puedan negarse a decidir, nombrar, enseñar, juzgar, acreditar o investigar, cualquiera sea su circunstancia, acerca del aborto.

“El Procurador pretende atacar con esta ley, los lineamientos constitucionales en materia de aborto que ya ha dado la corte”, dijo Mónica Roa, directora de programas de Women´s Link.

“Olvida que la objeción de conciencia es una excepción a la obligación del cumplimiento de un servicio y por tanto tiene unos límites constitucionales”, que en el caso del aborto están estipulados en el fallo C-355/06, T-209/08 y T-388/09.

“Nada más alejado de la cordura que calificar el aborto como delito de lesa humanidad”, comentó Roa, en referencia a las palabras dichas por el Procurador Ordóñez en la instalación de un foro el pasado jueves 30.

“Los abortos inseguros ponen en altísimo riesgo la vida, la salud, la dignidad y la igualdad de las mujeres en situaciones más vulnerables alrededor del mundo, y así se ha establecido claramente desde el derecho internacional”, concluyó.

El Procurador amenaza la institucionalidad

Desde el ejercicio de su poder disciplinario y de vigilancia, el Procurador Ordóñez ha amedrentado a los funcionarios que quieren cumplir con su deber y les da inmunidad a quienes se unen a su guerra contra los derechos reproductivos.

Amenaza la institucionalidad, al desconocer en abierta rebeldía los mandatos constitucionales y las decisiones legítimas y legales de cuanto funcionario tiene que ver con el tema del aborto.

El Procurador amenaza la institucionalidad al pedirle a la Corte que revoque uno de sus fallos; al bloquear la autonomía del Ministerio de Protección Social, al amparar la suspensión del Consejo de Estado de uno de los decretos reglamentarios para la prestación del servicio de salud en los casos de aborto despenalizados;-

al interponerse en las funciones de control de la Superintendencia de Salud, al frenar las investigaciones a las IPS que no cumplen con la prestación del servicio; al presionar a la Alcaldía de Medellín en contra del proyecto de la Clínica de la Mujer;-

y al pedir que se saque del mercado la anticoncepción de emergencia, aunque en Colombia su uso haya sido declarado constitucional por el Consejo de Estado.

El reconocimiento del aborto como derecho se logró por las vías legitimas establecidas en la Constitución y con todas las garantías al debido proceso.

“El aborto es un derecho adquirido por las mujeres colombianas, no un error que se puede enmendar para ajustar la institucionalidad a una manera monolítica de entender la vida”, dijo la abogada Roa,-

que radicó en Marzo pasado, una queja disciplinaria contra el Procurador Ordóñez ante la Corte Suprema de Justicia, que en este momento tiene 18 quejas más en estudio, contra el funcionario.

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miércoles, septiembre 29, 2010

Parauribismo/
El ex general Rito Alejo del Río pretende desviar la atención y responsabilidad en crímenes
Por dhcolombia

Bogotá, septiembre 29 de 2010. Gloria Cuartas Montoya, ha rechazado abiertamente las declaraciones de Elda Neyis Mosquera, alias “Karina” y Daniel Sierra, alias 'Samir', rendidas ante el Juzgado Octavo Especializado de Bogotá, a través de las cuales se pretende vincularla con las FARC.

Estas declaraciones se producen tan solo siete días después de que la ex alcaldesa de Apartadó, vinculara al General en retiro Rito Alejo del Rió con grupos paramilitares. Sospechosamente, alias “Karina” y alias 'Samir', comparecieron por petición de la defensa del General.

La Ex Senadora señaló que estas declaraciones aparecen después de ser “testigo ante el caso que compromete al General del Rió en crímenes de lesa humanidad, caso Marino López en el caserío de Bijao-Cacarica, Chocó y este caso visto en el contexto de la-

región del Urabá 1995-1997 muestra la responsabilidad del acusado Señor Rito Alejo del Rió en la consolidación de grupos paramilitares y de una estrategia de exterminio de la oposición política en la zona, me refiero en especial al Municipio de Apartado”.

Gloria Cuartas preciso que “el General(r) del Rió pretende desviar la investigación y estas declaraciones se enmarcan en la campaña de desprestigio, chuzadas y seguimientos que desde 1997 se vienen realizando contra mí”.

Durante 12 años he denunciado los hechos en la Región del Urabá, las diferentes declaraciones ante la fiscalía, los registros en los medios de comunicación, mi intervención en el senado el 25 de mayo del 2005 que dio cuenta de mis intervenciones-

públicas en la zona desde 1992 siendo Gobernador Juan Gómez Martínez y yo trabajadora de la empresa Antioqueña de Energía y en las consecutivas responsabilidades regionales, desvirtuando las reiteradas acusaciones y montajes que-

pretenden deslegitimar mi palabra y mi testimonio ante uno de los capítulos más dolorosos de la historia de Antioquia siendo Álvaro Uribe Gobernador y el General del Rió comandante de la XVII Brigada.

Por su parte del abogado Jorge Molano, apoderado de Gloria Cuartas en procesos contra altos oficiales del Ejército, entre ellos el General Rito Alejo del Rió, precisó que: “esta es una de tantas infamias y falsedades, que buscan atacar el buen nombre y dignidad de Gloria Cuartas.

Formularemos las denuncias pertinentes en contra de estas personas, solicitando a las autoridades judiciales sean excluidos de los beneficios de Justicia y Paz. Estas personas deben responder por sus crímenes en la región y contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartado”.
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martes, septiembre 28, 2010

Seguridad narcocrática/
Revocan absolución a militares y civiles inmersos en secuestro

 El Tribunal Superior de Medellín tuvo que revocar un fallo absolutorio y proferir condenas contra cinco militares y cuatro civiles al resolver un recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía.

 Tanto los uniformados como los civiles fueron hallados culpables del secuestro de un sacerdote, una religiosa y otras tres personas en una finca del municipio de Girardota, Antioquia.

 Según información de la Fiscalía, el 31 de mayo de 2006 una patrulla militar y varios civiles ingresaron a la finca Vereda San Andrés en Girardota y simularon un operativo para buscar una caleta de armas de la guerrilla.

 Intentaron apoderarse de joyas y dinero en efectivo para lo cual amarraron y amordazaron a quienes estaban en el inmueble, donde fueron sorprendidos y capturados por miembros del Gaula de la Policía Nacional.

En primera instancia, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín absolvió a todos los procesados, lo que motivó la apelación de la Fiscalía.

Al resolver la apelación, la Sala Penal del Tribunal revocó la decisión y condenó a 17 años de prisión a los oficiales del Ejército Jhon Edison Giraldo Hincapié y Eider Alberto Torres Clavijo.

Por el mismo caso los soldados profesionales José Oliveros Díaz, Raúl Jaider Marín Correa y Elkín Darío Mesa Mira purgarán 16 años de prisión.

Con la misma sanción fueron cobijados los civiles Manuel Gregorio Ruiz, Carlos Alberto Manco Úsuga, Andrés Mauricio Bedoya Tilano y Wilson Alonso Lopera Sierra.

La información de la Fiscalía da cuenta de que todos los condenados se encuentran privados de la libertad.

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lunes, septiembre 27, 2010

Iván Cepeda advierte que hay una nueva persecución contra Piedad Córdoba

Ante la decisión tomada por la Procuraduría General de la Nación de sancionar disciplinariamente a la Senadora Piedad Córdoba con destitución de su curul parlamentaria e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 18 años, el Representante Iván Cepeda Castro afirmó que esta medida es contraria a los principios de derecho que rigen en Colombia.

La destitución, ordenada por el Procurador Alejandro Ordoñez, pareciera derivarse más de un ánimo persecutorio contra la parlamentaria liberal, que del resultado de nuevas investigaciones en su contra, indicó el Representante Cepeda.

“La decisión no sólo debe ser apelada -indicó- sino que, además, debe generar una reacción firme por parte de la opinión pública nacional e internacional, para que los diferentes sectores de la sociedad, interesados en la paz y no en la continuidad de la guerra a ultranza, exijan respeto, plenas garantías democráticas y manifiesten públicamente su solidaridad con la Senadora y el reconocimiento a su trabajo humanitario”.

En palabras del Parlamentario Cepeda: “Esta destitución es un golpe a la democracia y un obstáculo para el trabajo por la paz en Colombia, que desde hace años viene liderando la Senadora Piedad Córdoba”.

 Oficina de Prensa
Iván Cepeda Castro
Cámara de Representantes
Congreso de la República de Colombia
Tel: 3 82 4416

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‘El fallo del procurador no tiene mérito jurídico y menos valor moral dice Piedad Córdoba
Por Piedad Córdoba

Mientras realizaba mi trabajo diario como Senadora y pacifista, me he enterado nuevamente a través de los medios de información de la decisión del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, de destituirme e inhabilitarme por el término de 18 años para el ejercicio de mis funciones públicas.

Considero que la investigación disciplinaria adelantada por el señor Procurador, no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético.

Quien temerariamente me acusa y me sanciona se encuentra seriamente cuestionado por sus actuaciones contra los derechos de la mujer, la población LGBT; las operaciones ilegales del DAS;-

La absolución, desestimando pruebas válidas en el caso de la llamada “Yidis Política”, razón por la cual (en este último caso) se encuentra investigado por la Corte Suprema de Justicia.

Esta actuación en contra de lo razonable, es una muestra más de la persecución política que se ha adelantado contra mí en los últimos 12 años, que ha implicado grandes lesiones a mi integridad personal y familiar, como mi secuestro,-

posterior exilio con mis hijos e hija, los atentados contra mi vida, las operaciones ilegales de interceptación y seguimiento de público conocimiento las cuales deberían ser la preocupación real de la Procuraduría General de la Nación.

Mis abogados se pronunciarán sobre los aspectos jurídicos de forma y de fondo, ya que no puede ser este otro caso en que la Justicia quede en entredicho y al servicio de intereses ajenos a su necesaria imparcialidad.

La sanción de la Procuraduría General de la Nación no modificará mis principios éticos, valores y acciones en la búsqueda de la paz con justicia social.

Expreso mi gratitud a quienes han expresado su solidaridad y el repudio a la decisión, tanto a nivel nacional e internacional.

Piedad Córdoba Ruíz
Senadora de la República
Partido Liberal Colombiano

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Seguridad narcocrática/
Más militares a la cárcel por ejecuciones extrajudiciales

Siete integrantes del Batallón La Popa en Valledupar fueron responsabilizados por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH del asesinato a sangre fría con premeditación en persona protegida y condenados a 34 años de cárcel cada uno.

El Crimen fue cometido el 13 de mayo de 2007 cuando tropas regulares reportaron la “muerte de un subversivo del ELN”, no identificado, en choque armado ocurrido en la vereda Costa Rica, municipio de Pueblo Bello, Cesar.

La Fiscalía confirmó que la víctima era un humilde campesino de nombre Baltazar de Jesús Arango Rúa. La banda de criminales del Estado sacaron de su casa el día anterior al labriego y antes de matarlo le pusieron una escopeta previamente disparada y una granada, como es costumbre en esta clase de crímenes conocidos eufemísticamente como falsos positivos.

Los homicidas son: Edwin Fernando Cuéllar Cabrera, suboficial; y los soldados Carlos Enrique Ayala González, Ismael Pabón Bonnet, Pedro Antonio Quintero Oñate, Yoiner José Arias Chona, Daiver Eximair Jiménez Muñoz y Toiber Blanchar Villazón.

El Juez Tercero en la misma providencia absolvió a Tomás Enrique Ayala Nieves, decisión que apeló la Fiscalía.

El sargento Wilson Alfonso Narváez, responsable de la patrulla, homicida y el soldado Eder Carmona Hernández, miembro de la misma, quienes en diligencia de formulación de cargos para sentencia anticipada aceptaron ante la Fiscalía su responsabilidad en los hechos y purgan sendas condenas.

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domingo, septiembre 26, 2010

Seguridad narcocrática/
Denuncian graves atropellos del Ejército contra población civil en Cauca y Nariño
Con información de Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes

El pasado 18 de septiembre, en el casco urbano del corregimiento El Mango, municipio de Argelia, Cauca, a las 11 de la noche, se presentó un enfrentamiento entre militares pertenecientes al Batallón de Infantería 7 “General José Hilario López”, y guerrilleros de las Farc.

Los uniformados del Ejército se apostaron en las inmediaciones de las viviendas, según denuncias suministradas a la fuente. Minutos más tarde los soldados dispararon indiscriminadamente hiriendo al campesino Rodrigo Solano. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
La víctima se encontraba en su residencia, cuando disparos lo hirieron en el costado izquierdo de la espalda, con daños en el colon y estomago, además de su pierna izquierda.

Solano fue trasladado inicialmente al Hospital Nivel 1 Municipal de Argelia, para luego ser remitido al Hospital Universitario “San José” de la ciudad de Popayán, en donde se recupera. “Responsabilizamos al Estado colombiano, y en particular al mayor general Justo Eliseo Peña Sánchez,-

comandante de la Tercera División del Ejército, al teniente coronel Miguel Ángel Fajardo Pedraza, comandante del Batallón de Infantería 7 “General José Hilario López”, por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, advierte el comunicado de la ONG.

Infracciones del Ejército en el Bordo, Cauca

El pasado 20 de Septiembre, en el corregimiento Brisas, Vereda La Paz, en horas de la noche arribaron a ese sitio aproximadamente 100 militares, perteneciente al Batallón de Infantería 7 “General José Hilario López”.

Los militares ocuparon las viviendas de Arsesio Noguera, su compañera y sus hijos dos de ellos menores de edad, José Adolfo Muñoz, Catalina Camacho y Héctor Olmedo Gómez, su compañera y sus hijos de 8 y 12 años de edad.

Desplazamiento forzoso

El 23 de septiembre último, en el corregimiento Brisas, Vereda La Paz, cerca de las tres de la mañana, militares pertenecientes al Batallón de Infantería 7 “General José Hilario López”, tuvieron enfrentamientos con insurgentes de las Farc.

El grupo de militares se apostaron en las viviendas de los campesinos Héctor Olmedo Gómez, su compañera y sus hijos. Un artefacto explosivo destruyó la vivienda, sin dejar víctimas humanas, ya que sus moradores no se encontraban.

Los lugareños señalan, que el grupo de militares a demás de ocupar las casas y sus alrededores, han abierto las casas, cocinan y duermen en ellas.

Señala la denuncia que a pesar de las solicitudes de sus propietarios, los soldados no han querido salir de las casas.

En otros predios los militares no permiten dejar acercar a nadie, ni siquiera para alimentar a los animales. “Ya se presento un caso en el que ante la insistencia de los habitantes, los militares les dijeron “sí vuelven los matamos”.

Amenazas en San Juan de Pasto, Nariño

El 22 de septiembre de 2010, a las 7:24 y 7 45 de la noche, desde el numero celular 3137883273, Álvaro Claudio Bárcenas a, recibió en dos oportunidades el siguiente mensaje: “Ya estamos aquí, porque las ordenes son para cumplirse”.

Igualmente a las 7:35, 7:46 y las 9 47 de la noche, desde el mismo número de celular, Fredy Andrés Games, recibió en tres oportunidades idéntico mensaje.

A las 9 43 y 9 44 de la noche, al celular 3174285882, perteneciente al Sindicato del Magisterio de Nariño, Simana, llegó en dos oportunidades el mismo mensaje del mismo remitente.

A Fredy Andrés Gamez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le decretó medidas cautelares desde el año 2005. En la actualidad hace parte de la Coordinación Departamental Nariño de Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”.

Álvaro Claudio Bércenas, es el secretario de medio ambiente y desarrollo social del Sindicato del Magisterio de Nariño, y hace parte del Colectivo Docente Resistencia Magisterial, de la Coordinación Departamental Nariño de Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”.
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