Convocatoria encuentro tierras y territorios
Conferencia nacional de tierras y territorio
Por Movice

Justificación

El problema del despojo de los bienes patrimoniales de la población víctima [l1] del desplazamiento forzado de personas, es sin duda alguna un crimen de lesa humanidad de grandes proporciones que trae implícito, una explicación causal del conflicto social, político y armado en Colombia, tras él, se han afectado miles de individuos, familias y colectividades y comunidades, de diversos sectores, especialmente campesinos, afrocolombianos e indígenas, a los cuales se les ha despojado ilegal y arbitrariamente entre seis y 10 millones de hectáreas, lo que ha conllevado la ruina del modelo agropecuario-campesino de la nación.

Mientras esta situación persiste, los gobiernos nacionales y locales y en general el Estado Colombiano, han propiciado y sancionado un marco normativo, que antes que proteger los derechos de los legítimos propietarios, poseedores y tenedores de las tierras usurpadas, que siguen en situación de desplazamiento forzado, menoscaba los mismos; tal y como lo señala el auto 008/09 de la Corte Constitucional. “La política gubernamental de restitución y protección de tierras, no apunta a resolver esta problemática y por tanto debe ser reformulada”.

De otro lado, se conoce que los bienes entregados por los jefes paramilitares supuestamente desmovilizados, no alcanzan en lo más mínimo para crear un fondo de reparación, restitución de tierras y por el contrario el marco normativo, facilita la “legalización” del despojo perpetrado durante años de accionar criminal.

Toda esta crisis de derechos humanos y humanitaria, tiene un agravante, que es la inexistencia de mecanismos confiables que permitan establecer con claridad, la magnitud y características del despojo, de tal manera que las víctimas, no cuentan con un banco de información actualizado que permita establecer las respectivas reclamaciones, ante un Estado que se muestra indolente e indiferente ante este crimen atroz.

Actualmente el Movimiento Nacional de Crímenes de Estado-Movice, a partir de una iniciativa de la Coordinación Nacional de Desplazados-CND, ha formulado la propuesta de Catastro Alternativo del Despojo, con la cual se busca establecer una ruta confiable y efectiva para que las comunidades empiecen a ejercer el derecho a la restitución de bienes patrimoniales.

Por todo lo anterior, es necesario y urgente, plantear un espacio para la deliberación, formulación y establecimiento de estrategias, que visibilicen y evidencien la problemática del despojo y apunten a generar cambios estructurales en la política pública, en aras de concertar una agenda coordinada que nos permita enfrentar de manera adecuada toda la arremetida que desde el gobierno nacional se proyecta contra la dignidad de las víctimas y sus bienes patrimoniales.

Objetivo:

Articular una propuesta conjunta de acción, movilización e incidencia política, en torno a experiencias de resistencia, retorno, reubicación, recuperación, reparación y restitución de tierras, con la cual las comunidades, colectividades y grupos, se identifiquen y apropien, a partir del conocimiento y análisis de casos en la protección y defensa de tierras y los bienes patrimoniales usurpados a las víctimas de este crimen atroz.

Lugar: Paraninfo Universidad Cooperativa. Av. Caracas No. 37-67 Bogotá. Fechas: 6, 7 y 8 de agosto de 2009


Metodología:

1. Apertura evento
2. [l2] Presentación metodológica
3. Charlas introductorias: insumos para la discusión posterior en comisiones de trabajo
1. Desplazamiento forzado de personas y despojo.
2. Redistribución: reforma agraria y desarrollo rural. A cargo de la Mesa de Unidad Agraria.
3. Reubicación, retorno, restitución-reparación.
4. Recuperación de tierras. A cargo de la Minga Indígena.

Nota: Cada expositor aportará de manera oportuna un breve documento, para distribuirlo previamente a las discusiones.

Trabajo por comisiones y plenaria: articular propuesta común

Trabajo por Comisiones:
1. Mapeo de las experiencias e identificación de las fortalezas, debilidades y aprendizajes de éstas.
2. Reacciones, opiniones.
3. Propuestas y conclusiones.
Recursos: Mapas, videos, fotos, etc., para contar su experiencia. Se procurará geo-referenciar las experiencias para identificar posibles articulaciones.

1. Resistencia, Recuperación, (2 mesas de trabajo) 1 relatoría.
2. Retorno-reubicación, (2 mesas de trabajo) 1 relatoría.
3. Reparación-restitución. (2 mesas de trabajo) 1 relatoría.

Plenaria

4. Reformulación política pública de Tierras y Estrategia de Catastro:
1. Información y reformulación política pública de tierras: (se elaborará un cuestionario dirigido a Min. Interior y de Justicia, Min. Agricultura y desarrollo rural, Acción Social y Planeación Nacional)- (Ver si para ese momento la Comisión tiene nueva información).

2. Charla: Desarrollo de la estrategia de catastro alternativo o estado del arte. Estrategia política contra la impunidad. Presentación de las experiencias de San Onofre y San Carlos.

Estrategia de catastro: Trabajo por comisiones regionales
Socialización de la experiencia de Catastro alternativo (énfasis presentación documentación).
Propuestas fortalecimiento de la estrategia
Identificación de casos [l3] representativos.
5. Conclusiones y compromisos

Para mayor información favor contactarse: catastroalternativo2008@gmail.com,
stnacionala@movimientodevictimas.org
movice@movimientodevictimas.org
stnacional@movimientodevictimas.org
Web: www. movimientodevictimas.org,
Blog: http://www.catastrodeldespojo.blogspot.com/

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Asmedas Antioquia hace público su respaldo sin ningún reparo al derecho al aborto en ciertas circunstancias
Por Brújula Comunicaciones

La Organización Women´s Link Worldwide celebra que la Asociación Médica Sindical colombiana -Asmedas – Seccional Antioquia, haya publicado su respaldo y compromiso con el cumplimiento de la Sentencia C-355 de 2006 que reconoce el derecho al aborto en Colombia bajo tres circunstancias.

La junta directiva de Asmedas Antioquia manifiesta que “como organización gremial de los médicos es un deber moral, ético y político pronunciarse sobre los temas trascendentales para la salud de la población colombiana, por ello manifiesta públicamente su respaldo, sin ningún reparo, a la Sentencia C-355/06 de la Corte Constitucional de la República de Colombia que despenaliza en tres circunstancias el aborto en el país”.

Y añade “Al considerar los derechos fundamentales de las mujeres, el fallo del alto tribunal representa un gran avance en el libre desarrollo de personalidad, de la salud pública, de la salud física y mental; por lo tanto nos acogemos a las decisiones legales de él emanadas y a las consecuencias jurídicas de su aplicación” .

La Junta Directiva de Asmedas Antioquia concluye así su comunicación “este tema amerita un permanente análisis y un sano debate que permita avanzar en el cumplimiento del mandato constitucional de la carta de 1991 en la construcción de un verdadero Estado Social de Derecho”.

Sobre este pronunciamiento Mónica Roa directora de programas de Women´s Link Worldwide afirmó que “es admirable el compromiso de Asmedas con la salud y la dignidad de las mujeres.

Instamos a las instituciones de salud y a otros grupos de médicos para que de la misma manera respeten el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos bajo las circunstancias despenalizadas y dispongan todos los mecanismos técnicos y científicos que garanticen tal derecho.”

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Ardua lucha contra la tortura y la impunidad
Campaña nacional e internacional para visibilizar esta forma de crimen de lesa humanidad emprendieron varias organizaciones defensoras de los derechos humanos
Por Camilo Raigozo

Los mismos soldados son sometidos a torturas por sus superiores. Foto Semana

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El pasado 25 de junio, en el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, la Coalición Colombiana de Lucha contra la Tortura, integrada por nueve organizaciones defensoras de los derechos humanos en Colombia, lanzó la campaña:

Firme contra la tortura, porque en Colombia la Tortura existe, la cual busca promover la firma y ratificación sin reservas ni restricciones el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, por parte del Estado colombiano, como medida para prevenir y castigar este crimen.

El mismo día la Coalición también realizó el foro, Visibilizando el crimen de tortura en Colombia, cuyo objetivo es demostrar la comisión persistente de este crimen de lesa humanidad, su aplicación sistemática generalizada en el país y la situación de impunidad en la que se mantiene.

En dicha jornada participaron al menos 200 personas, entre ellas, Eric Sottas, secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura, Omct, quien advirtió la importancia que tiene la prohibición absoluta de cualquier método de tortura.

“Hay que colocar en la opinión pública y las instancias internacionales un compromiso de promoción constante para que cese cualquier expresión de este delito”, dijo entre otras cosas Sottas.

Igualmente, resaltó la importancia de la aplicación de mecanismos judiciales, convencionales y no convencionales que apunten a establecer la responsabilidad de los Estados en la comisión de esos crímenes.

“Eso no excluye la presión que actualmente se está generando por parte de la Corte Penal Internacional a través de la Fiscalía, que busca ya no la responsabilidad de los Estados sino la de los individuos”, apuntó el secretario de la Omct.

Crimen generalizado y sistemático

Entre enero de 2003 y junio de 2008, fueron víctimas de tortura por lo menos 1.194 personas en diferentes regiones del país, según estadísticas presentadas por la Coalición Colombiana Contra la Tortura.

El estudio afirma que las víctimas pertenecen a diversos sectores de la población, “lo que evidencia el uso generalizado y sistemático de esta práctica, que es utilizada como un método de coerción social y política para conseguir, mediante el miedo y el terror generalizado, conductas individuales y masivas de autocensura, aislamiento, pasividad y resignación”, dice el informe presentado por la Coalición.

No obstante –cita la fuente- la comprobación de los hechos, éstos se mantienen en la impunidad, las víctimas son invisibilizadas y generalmente el crimen de tortura es ocultado por otros delitos como asesinatos o desapariciones forzadas, lo que impide que se tomen medidas para prevenirlo, sancionarlo y se pueda brindar una atención integral a las víctimas.

Simultáneamente se conoció un informe de Amnistía Internacional, en que la ONG destacó que más de 100 países -entre ellos Colombia- siguen recurriendo a prácticas de tortura y malos tratos.

“Con demasiada frecuencia, las víctimas siguen indefensas porque sufren un sistema de justicia que no exige rendición de cuentas a los responsables, y no cuentan con acceso inmediato a representación letrada.

En muchas ocasiones, los fiscales no emprenden investigaciones, las víctimas tienen miedo a ser objeto de represalia si denuncian, y las penas que se imponen a los agentes declarados culpables son muy leves. El resultado es que en muchos lugares se ha perpetuado una cultura de impunidad”, señaló Amnistía Internacional.

La Coalición Colombiana Contra la Tortura, emprendió una campaña de visibilización que encierra un conjunto de acciones públicas, políticas y culturales, que contribuyan al reconocimiento de la práctica de la tortura como un crimen de lesa humanidad que debe ser prevenido, investigado y sancionado por el Estado colombiano, y rechazado por la sociedad en su conjunto.

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Presidente Uribe estaría impedido para postular candidatos a fiscal
Le piden a la Corte Suprema de Justicia devolver la terna con candidatos a fiscales propuesta por Uribe. También exigen imparcialidad e independencia en elección del próximo fiscal
Por Comisión Colombiana de Juristas

Organizaciones sociales presentaron hoy un derecho de petición ante la Corte Suprema de Justicia donde: “se solicita respetuosamente que devuelva al Presidente de la República la terna de candidatos para la elección de Fiscal General de la Nación.

Esto, con el fin de que el interés particular y concreto del Presidente en esta elección no interfiera en la designación de candidatos de una manera imparcial y se garantice así la independencia de la próxima o el próximo Fiscal General”.
Dentro de las razones que sustentan el impedimento se encuentran:

Las revelaciones de paramilitares que incriminan al presidente Álvaro Uribe y que aún no han sido esclarecidas por la Justicia,

Las relaciones del Presidente con los congresistas investigados por la parapolítica, la mayoría pertenecientes a “partidos uribistas”.

Las investigaciones relacionadas con la comisión del delito de cohecho para la aprobación de la reelección presidencial.

Las investigaciones adelantadas por las actividades ilegales de espionaje e inteligencia realizadas por el DAS, que coinciden con el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, y que corresponde al próximo Fiscal General investigar.

Estos argumentos también fueron planteados por las organizaciones sociales en un derecho de petición que fue presentado al Presidente, en el que le solicitaban declararse impedido para nominar a los candidatos a Fiscal General.

El derecho de petición lo suscriben:

Gustavo Gallón Giraldo, Comisión Colombiana de Juristas, Iván Cepeda Castro, Fundación Manuel Cepeda, Jahel Quiroga Carrillo, Corporación Reiniciar, Alejandra Barrios Cabrera, Misión de Observación Electoral – MOE, Marina Gallego Zapata, Ruta Pacifica de las Mujeres, Gloria Inés Flórez Schneider, Organización Minga, Olga Amparo Sánchez, Casa de la Mujer, Claudia María Mejía Duque, Corporación Sisma Mujer, Cesar Jaime Gómez Jiménez.

Pedro Santana, Viva la Ciudadanía, Danilo Rueda, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Jorge Rojas Rodríguez, Codhes, Agustín Jiménez Cuello, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, María Salas Romero, Cinep, Reinaldo Villalba, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Antonio Madariaga Reales, Alianza de organizaciones sociales y afines, Luciano Sanín Vásquez, Escuela Nacional Sindical.

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Ejército asesinó a un campesino e hirió a otro en Arauca
Por Comité Permanenete por la Defensa de los Derechos Humanos

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos denunció, que el domingo 21 de junio a las 8:30 a.m aproximadamente en la finca los clavelitos vereda la Chiguira municipio de Arauquita, fue asesinado por una patrulla del ejército nacional el señor Willian Alexander Santos Santos de 23 años identificado con la cedula de ciudadanía No 1.094.366.563 y herido el campesino Jose Del Carmen Jimenez Garay de 53 años.

Los lamentables y repudiables hechos se presentaron cuando los señores Jose Del Carmen Jimenez Garay y Willian Alexander Santos Santos le pasaban revista a un cultivo de arroz, cultivos que comúnmente son afectados por las aves, los campesinos fueron sorprendidos por una ráfaga de fusil que sin mediar palabras disparo una patrulla del ejército que se encontraba por el sector impactando por la espalda con dos tiros de fusil la humanidad de Willian Alexarnder Santos,

quien murió instantáneamente, el señor Jose Del Carmen recibió una leve herida en el hombro derecho, una vez ocurridos los hechos la patrulla del ejército se acerco donde cayeron los campesinos y un soldado exclamo preocupado ¡la embarramos, William respire!, a los pocos minutos fueron trasladados en un helicóptero a las instalaciones de la 18 brigada del ejército con sede en Arauca capital.

Situaciones de esta naturaleza se presentan con frecuencia por la presión a que están sometidas las tropas del ejército por la “seguridad democrática” que los hace ver a todo campesino un potencial guerrillero, conduciéndolos a cometer estos irreparables errores.

Recordemos que en años anteriores situaciones similares se han presentado en las veredas el Paraíso, los Colonos, Vocas de Juju y el complejo Caño Limón - municipio de Arauquita, entre otros.

Exigimos de las autoridades competentes una exhaustiva investigación para que los responsables materiales e intelectuales de esta tragedia que una vez más enluta a una humilde familia campesina sean castigados ejemplarmente.

A la familia de Willian Alexander le expresamos los sinceros sentimientos de solidaridad y condolencias, comprometiéndonos a realizar un estricto seguimiento al caso para que se haga pronta y eficaz justicia.

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Catatumbo en Marcha
Comunidades de Venezuela y Colombia se integran
La inexistencia de inversión social, la voracidad de las multinacionales y la militarización-paramilitarización del Catatumbo por parte del régimen uribista está generando una grave crisis humanitaria que no se puede seguir soslayando
Por Camilo Raigozo

El pasado 27 de junio, en el Concejo Comunal de Ana María Campo, municipio José María Semprum, estado de Zulia, de la República Bolivariana de Venezuela, se inició la realización de la Primera Mesa de Integración del Pueblo Fronterizo, Catatumbo en Marcha.

El evento organizado por las comunidades de los dos lados de la frontera, con el objetivo de analizar y buscar soluciones a la crisis humanitaria, al grave estado de postración en que se encuentran los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como del medio ambiente y la seguridad en la frontera.

Del lado colombiano asistieron al certamen en la otra orilla del Río de Oro, representantes de las veredas Caño Escondido, La Unión, Caño Tomás, Caño Martillo, Caño Mariela, El Suspiro y la comunidad Motilón Bari, declaradas en Campamento de Refugio Humanitario desde el pasado 29 de abril.

Del lado venezolano asistieron, entre otras, representaciones de las comunidades de los Concejos Comunales de Zapadana, San Carlos, La trinidad,Caño Grande, Caño Lindo, las Palmas, Simón Bolívar, Los Robles y las comunidades indígenas de El Calvario.

Para el desarrollo del trabajo, la asistencia se dividió en tres grupos, cuyos temas a tratar fueron, derechos humanos y crisis humanitaria, medio ambiente y seguridad fronteriza, respectivamente.

Cuidar el proceso revolucionario

“Esta Mesa tiene por objetivo, entre otras cosas, alertar a nuestro pueblo venezolano, sobre lo que le puede pasar sí descuidamos nuestro proceso revolucionario, liderado por el comandante Hugo Chávez Frías, basándonos para ello en la amarga experiencia que han padecido nuestros hermanos colombianos, víctimas de numerosas masacres, ejecuciones extrajudiciales,

desplazamientos, fumigaciones y siempre expuestos a la voracidad de los grandes capitales nacionales y extranjeros”, le dijo en algunos apartes a VOZ el concejal venezolano Luís Urbina, en referencia a la estratégica paramilitarización de que viene siendo objeto el estado de Zulia, cuya gobernación está en manos de la rancia oposición venezolana.

Por su parte, el líder de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, Pablo Antonio Téllez, recordó que la estrategia paramilitar del régimen colombiano, en los últimos 10 años ha asesinado a al menos 11. 250 personas, ha desplazado a otras 110.000, ha realizado más de 600 desapariciones y ejecutado extrajudicialmente a por lo menos 400 líderes agrarios en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

“El problema del Catatumbo no es la coca, el problema son las inmensas riquezas naturales que aquí existen y que están en la mira de la voracidad de las multinacionales, las cuales cuentan con la complicidad del gobierno colombiano, dispuesto a feriarlas a consta del sufrimiento de nuestras comunidades”, le dijo Téllez a este medio y agregó que, ”la crisis del Catatumbo es generada y dirigida desde el gobierno central con el fin de despojar al campesinado de sus tierras para entregárselas a los capitales internacionales ”.

Bombardeos, fumigaciones y represión

“A las miles de necesidades sociales que tenemos en el Catatumbo colombiano, el gobierno responde con bombardeos, fumigaciones indiscriminadas y militarización-paramilitarización, cuyos resultados son entre otros las ejecuciones extrajudiciales mal llamadas falsos positivos, capturas masivas arbitrarias de campesinos, asesinatos selectivos, desapariciones, control de alimentos y medicinas, terror y el desplazamiento forzado, entre otras aberraciones del régimen”, dijo Olga Lucía Quintero, ponente en la Mesa de Seguridad.

“Ante tanta ignominia y olvido por parte del gobierno, el pueblo catatumbero ha tenido que recurrir a la siembra de cultivos ilícitos para poder subsistir con sus familias”, agregó Nidia Figueroa en la misma Mesa.

Mientras tanto, en las Mesa correspondiente al medio ambiente, Juan Carlos Quintero advirtió que todo el veneno del glifosato regado en las cuencas hídricas de este lado de la frontera colombiana, son transportados por las aguas de los ríos que van a desembocar en el Golfo de Maracaibo en la hermana República Bolivariana de Venezuela, arrasando con los ecosistemas, la fauna y la flora de la región entre los dos países. “Prueba de ello es la desaparición paulatina de la riqueza pesquera de los ríos y del Golfo de Maracaibo”, dijo Quintero.

“El petróleo, el carbón, el agua, la madera y otras múltiples riquezas naturales del Catatumbo, están ya en el inventario de las multinacionales. Es nuestro deber defender esas riquezas para que no le sean arrebatadas a los colombianos, quienes son sus únicos propietarios”, agregó Quintero.

Al cierre de esta edición, no se sabía el resultado de la visita de un equipo compuesto por miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela prevista para el pasado viernes 3 de julio al Concejo Comunal Ana María Campo, lugar donde se dio inicio con éxito a la Primera Mesa de Integración del Pueblo Fronterizo.

Fotos: Yeimy Patricia Alonso. Notimundo

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