sábado, marzo 23, 2013


Terrorismo de Estado/
Madres de Soacha" piden en España justicia por las ejecuciones de sus hijos
En Colombia se han hecho más de 4.700 denuncias por "falsos positivos", referente a presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Por: Efe

Las colombianas Luz Marina Bernal y María Sanabria, pertenecientes al movimiento "Madres de Soacha" reclamaron hoy en Madrid justicia frente a las ejecuciones extrajudiciales de sus hijos por militares colombianos.

Los cuerpos de sus hijos, Fair Leonardo Porras Bernal, de 26 años y con una discapacidad mental, y Jaime Steven Valencia Sanabria, de 16 años, fueron encontrados en una fosa común con otros 17 cadáveres que el Ejército colombiano aseguraba que eran miembros de la guerrilla, casos conocidos con el nombre de "falsos positivos".

El movimiento al que pertenecen estas dos mujeres surgió en agosto de 2008 cuando unas madres de la localidad de Soacha, cerca de Bogotá, se unieron para encontrar a sus hijos desaparecidos, que fueron hallados en una fosa común al noreste del país en la que había 19 cadáveres de jóvenes.

En Colombia se han hecho más de 4.700 denuncias por "falsos positivos", referente a presuntas ejecuciones extrajudiciales alentadas por una directiva ministerial del expresidente colombiano Álvaro Uribe para recompensar a militares por matar a guerrilleros, según denunció Luz Marina Bernal, en una entrevista con EFE.

Bernal y Sanabria se encuentran en España donde esta semana recogieron el premio "Constructores de Paz 2012" otorgado por el Instituto Catalán Internacional de la Paz (CIP), por la lucha de las "Madres de Soacha" contra la impunidad y para que se haga justicia a la muerte de sus hijos y todos los "falsos positivos".

A través del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, las Madres de Soacha quieren incluir en las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia) su reivindicación de justicia para los casos de "falsos positivos".

"Que estos temas sean llevados a la mesa de negociaciones para que no haya impunidad", declaró Bernal.

Explicaron que esta lucha contra la impunidad, les ha valido a ellas y a otras madres y familiares de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales amenazas de muerte, por las que incluso han tenido que separarse de otros hijos para protegerles.

La presión internacional es "importante" porque está contribuyendo a impedir que continúen las amenazas, dijo Bernal.

"Si algo pasa a las Madres de Soacha señalaran al Gobierno y al Estado colombiano. Son culpables por acción u omisión de lo que está ocurriendo en el país", declaró Bernal, quien explicó que los procesos judiciales son "lentos" y los acusados consiguen "dilatarlos"

Hasta el momento han sido juzgados y condenados a penas de cárcel ocho militares, seis de ellos por la muerte del hijo de Bernal, mientras que hay 293 procesos abiertos, pero ambas mujeres temen que la reciente reforma judicial transfiera a la justicia militar muchos de los casos, lo que consideran que supondría un "retroceso de más de 25 años en derechos humanos".

María Sanabria afirma sentirse "privilegiada" y asegura que en su lucha, las Madres de Soacha "hemos ganado muchos hijos a los que tenemos que proteger" y que las ha llevado a denunciar el escándalo de los "falsos positivos" por el mundo, incluso en la Corte Penal Internacional de La Haya, a la que la Federación Internacional de Derechos Humanos ha pedido una investigación sobre estos casos.

Esta madre explica que "no se sabe dónde está el proceso" judicial por la muerte de su hijo y que el fiscal afirma que es "un caso complejo" por tratarse de un menor de edad.

viernes, marzo 22, 2013


Terrorismo de Estado
Denuncian hostigamiento contra campesinos del oriente colombiano
Por: Mucapoc

Desde el día 20 de marzo de 2013, se viene realizando en la ciudad de Villavicencio la asamblea general de la Mesa de Unidad Cívico Agrario y Popular del Oriente Colombiano, Mucapoc, con la asistencia de más de 73 delegados y delegadas de nueve departamentos del oriente colombiano, reunidos en la sede de la organización.

El día 20 de marzo en horas del mediodía 1:15 pm, aproximadamente algunos compañeros asistentes a la reunión que se encontraban almorzando en el primer piso de la sede, observaron a dos individuos que sentados a menos de cinco metros en la plaza del centro comercial Sinfonía y con los cascos de sus motos en las manos observaban y chequeaban a los asistentes.

Siendo las 3 p.m., tres compañeros asistentes a la asamblea de Mucapoc y líderes de procesos populares del oriente colombiano, se dirigieron en medio de un receso a la sede principal del Banco de Occidente en la ciudad de Villavicencio.

En la entrada del banco un  agente de la Policía Nacional que vigilaba el banco e identificado con el número 69 745, retine a los tres compañeros y les exige la presentación la cédula, al ser entregada ésta, el agente procede a anotar en una libreta los datos; nombre y número de identificación. Los compañeros observaron que a al frente del banco se encontraban los dos individuos que desde el Centro Comercial Sinfonía estaban sentados observando.

Los compañeros de Mucapoc se comunicaron inmediatamente con la delegada de derechos humanos de la Policía Nacional en la ciudad de Villavicencio, la intendente Nohora, para informarle del comportamiento inusual del agente y la interlocución de éste con los individuos sospechosos.

En ese preciso momento uno de los dos individuos que desde el centro comercial Sinfonía habían seguido a los compañeros, hace el ademan de extraer algo del maletín que portaba queriendo indicar con esto que quería extraer un arma.
A los pocos minutos arriba la Policía Nacional, como efecto de la llamada de los compañeros, estos proceden a solicitar documentos de identificación a los dos individuos y de acuerdo a la información posterior de los agentes estos les presentaron documentos que los acreditaban como escoltas privados, cuyo protegido aparentemente se encontraba en el interior del banco haciendo una diligencia. Los dos individuos de acuerdo a la versión de la policía no se encontraban armados.

Por último, por solicitud de los dos compañeros la policía los acompaña hasta la sede de Mucapoc.

Lo anterior hace parte de una serie de hechos de hostigamiento y acoso que vienen ocurriendo en contra de la Mucapoc, como el Hackeo de la cuenta de Facebook de Junta Patriótica Meta, el seguimiento individualizado a miembros de Mucapoc, saboteos a los servicios de energía eléctrica, acueducto e internet de la sede, así como la presencia reiterada de camiones Turbo y patrullas de la Policía Nacional al frente de la sede.

Lo anterior además se suma a la agudización de las amenazas contra organizaciones sociales y populares pertenecientes a Marcha Patriótica y coordinaciones de base en todo el país.


La senadora Gloria Inés Ramírez en el programa ‘Voces y Temas’ del Canal Congreso
Por: Camilo Raigozo

La senadora de la República Gloria Inés Ramírez Ríos, elegida por el PDA y líder del Partido Comunista Colombiano, intervendrá este sábado 23 de marzo en el programa Voces y Temas del Canal del Congreso, el cual se transmitirá a partir de las 6:30 de la tarde.

La senadora abordará el tema sobre el Proyecto de Ley Rosa Elvira Celly 49 de 2012, el cual fue investigado y presentado ante el legislativo con el fin de debatirlo y convertirlo en Ley de la República por la misma congresista, quien contó con el apoyo de integrantes de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de Colombia, organizaciones del movimiento social de mujeres del país, y especialmente de las víctimas sobrevivientes, lo mismo que de su Unidad de Trabajo Legislativo.

El Proyecto de Ley Rosa Elvira Celly, aparte de contribuir a la prevención de la violencia contra la mujer por el hecho de serlo, establece criterios claros y precisos en la definición y calificación de conducta punitiva, que por su sistematicidad, grado, crueldad, violencia excesiva y premeditación, obliga a la sociedad colombiana y a sus instituciones jurídicas y políticas, para que adopten medidas contundentes que impidan crímenes como el de Rosa Elvira Celly y más de 1.000 feminicidios que aproximadamente ocurren en Colombia cada año.

La investigación de Ramírez Ríos encontró que en el año 2010, según el informe de Medicina Legal, Forensis 2010, durante ese año fueron asesinadas 1.444 mujeres, de las cuales 312 eran amas de casa; 140  eran estudiantes; 88 eran comerciantes; 73 ejercían oficios domésticos; 34 eran trabajadoras sexuales y de 396 no se tiene información sobre su ocupación.

En los casos anteriores se encontró que la violencia intrafamiliar o doméstica fue la principal circunstancia en la que fueron asesinadas las mujeres,  seguida de la violencia interpersonal y la violencia sociopolítica. En más del 70% de los casos, el Estado no logró identificar la relación de los agresores con las víctimas. Las cifras anteriores son parecidas año tras año.

Ramírez Ríos espera contar con la adhesión de todas y todos los congresistas de las diferentes bancadas, el apoyo de ONU, Mujeres Colombia, organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales y del pueblo colombianano en general,  para frenar el feminicidio en Colombia.

jueves, marzo 21, 2013

Éxodo campesino en el Guaviare por incumplimiento a los acuerdos
El Gobierno no brinda garantías  para sustitución de cultivos de uso ilícito.
Por: Oficina de prensa del Representante Hernando Hernández

“Han sido acuerdos incumplidos, no se han realizado las reuniones concertadas. En febrero volvieron los erradicadores manuales acompañados por el ejército y toda una logística militar que ha generado situaciones violatorias de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, se han fumigado grandes extensiones de tierra en la región afectando incluso cultivos de pancoger”, dijo Hernando Hernández Tapasco, Representante a la Cámara ante la situación que viven los campesinos en esta zona del país.

Más de 600 familias campesinas que viven del cultivo de la hoja de coca, se encuentran ocupando el Coliseo Azul de  San José del Guaviare a causa de la falta de garantías para  la sustitución de cultivos de uso ilícito mediante los cuales devengan su diario sustento.

Los habitantes de más de 10 veredas que desde hace un mes se vienen movilizando, tienen como rumbo la capital del departamento con el objetivo de unirse a las familias que están alojadas en la institución deportiva, y que si vieron obligadas a llevar a cabo la erradicación manual forzada de cultivos de hoja de coca.

Los cultivadores que en octubre del año anterior conformaron una Mesa de Concertación con instituciones entre las que se encuentra la gobernación departamental, llegaron al acuerdo de que el burgomaestre  se comprometía a suspender  de manera inmediata la erradicación de los cultivos de uso ilícito, además de buscar una reunión de interlocución con los Ministerios del Interior, Medio Ambiente y Agricultura.

Hasta a la fecha ninguno de los acuerdos ha surtido efecto y tampoco se ha presentado alguna alternativa por parte del gobierno  para solucionar el problema.

Es de anotar que los campesinos en diferentes escenarios han planteado salidas entre las que se encuentran: reinvertir el dinero de la erradicación en programas de desarrollo alternativo, la obtención de la titulación de predios y proyectos productivos acordes a las condiciones agroambientales de la región, hasta hacer un llamado al gobierno para que haga efectiva la inversión pública en infraestructura, educación, salud, vivienda, vías, energía eléctrica, agua potable.

Ante esta situación , el Congresista indígena radicó en la Plenaria de la Cámara de Representantes una constancia en la que solicita  a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes interceda para que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, así como la Presidencia de la República establezcan los mecanismos necesarios para concertar de manera pacífica con las comunidades la suspensión de la erradicación y la puesta en marcha de proyectos productivos.

En México la senadora Gloria Inés Ramírez consiguió importante apoyo internacional al proceso de paz
Por: Camilo Raigozo

La senadora de la República Gloria Inés Ramírez Ríos,  elegida por el PDA y dirigente del Partido Comunista Colombiano, viajó a México atendiendo una invitación para participar en el XVI Seminario Internacional “Los Partidos y una Nueva Sociedad”, programado por el Partido de los Trabajadores, PT, el cual se realizó en Ciudad de México durante los días 14, 15 y 16 de marzo.

El Seminario fue de una gran importancia para todos los partidos de izquierda de América Latina,  el Caribe y el mundo.

Allí se trabajó desde  los partidos en pro de construir una nueva sociedad, igualmente se hicieron valoraciones profundas de lo que significa la crisis económica que está golpeando al mundo, fundamentalmente en el rompimiento de las estructuras capitalistas y el colapso neoliberal.

En el evento se destacó que América Latina es una de las regiones menos golpeada por la crisis, por la razón fundamental de que allí existen gobiernos progresistas y democráticos que se han alejado de los dictados de FMI y del BM.

Por el contrario, estos gobiernos han optado por soluciones y alternativas que ayudan a avanzar en la creación de puestos de trabajo, generación de empleo, fortalecimiento del poder adquisitivo de los salarios de las clases trabajadoras y en el aumento de las producciones nacionales.

En el seminario también se trabajó el tema del proceso de paz de Colombia donde la senadora Gloria Inés Ramírez encontró apoyo de todas las organizaciones sociales y partidos políticos allí presentes.
 
Foro Social de Sao Paulo 

Igualmente la senadora Ramírez Ríos participó en la reunión del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, el cual se llevó a cabo el 17 de marzo en la misma ciudad.

Este espacio reúne a todos los partidos de izquierda de América Latina y el Caribe. Del encuentro salió una propuesta de gran significación la cual consiste en que en la próxima mesa del Foro de Sao Paulo que va a realizarse en Sao Paulo, Brasil, del 31 de julio al 4 de agosto próximo, va a haber una mesa especial dedicada a la paz de Colombia.

Para ello se aprobó que haya participación de las partes que están sentadas en la Mesa de Diálogos de La Habana y que asistan delegaciones, tanto del gobierno, como de las FARC. La senadora Ramírez Ríos ya está adelantando los trámites pertinentes.

Igualmente se consiguió que para la gran marcha del próximo 9 de abril en Bogotá asistan delegaciones de los partidos comunistas de América Latina y el Caribe, así como otros partidos de izquierda de una buena cantidad de naciones.

Estas delegaciones harán un acto previo el 8 de abril en Bogotá, el cual será convocado por el Foro de Sao Paulo y se tendrán las experiencias de procesos de paz de varios países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Suráfrica, ya que la paz de Colombia significa la paz de la región. “Si queremos tener un continente en paz significa que tenemos que trabajar duramente para que la paz en Colombia sea una realidad”, subrayó la senadora.

miércoles, marzo 20, 2013

7 de abril
Gran movilización de afrocolombianos, indígenas, comunidad Lgbt
Por: María de los Ángeles Gómez Mosquera

Desde el Movimiento Nacional Cimarrón, enviamos un pliego de peticiones al gobierno, ya que el 21 de marzo Día Mundial para la Eliminación de la Discriminación Racial, desde las organizaciones afrocolombianas buscamos mostrar la situación actual que se vive en el país donde el racismo y la discriminación racial aún siguen siendo protagonistas.

Por lo anterior se hace un llamado a los medios de comunicación y periodistas para que visibilicen esta fecha tan importante el 21 de marzo, pero más que eso distribuyan la información y por medio de ésta, convoquen a todas las personas que se encuentran en Bogotá a Movilizarse el próximo 7 de abril a las 10:00 am, desde la Torre Colpatria.

Cualquier otra información o entrevista al Dirigente Nacional Juan de Dios Mosquera Mosquera, solicitarlo a este correo.

Porque el papel de las organizaciones también es participar  en los procesos sociales y culturales de las "minorías", NO más Racismo ni Discriminación Racial!!!!

Inauguran Salón de la Memoria en el Santuario de la Madre Laura, en la Comuna 13 de Medellín
Con información de Katalina Vásquez

Gonzalo Sánchez, director del Centro de Memoria Histórica (CMH), y Juan Carlos Posada, director del Museo Nacional de la Memoria, acompañaron a las mujeres que presentaron fotos, textos, prendas de vestir y una urna en homenaje a sus víctimas.

Al final del acto, el profesor Gonzalo Sánchez y el arquitecto Juan Posada dieron declaraciones a los medios sobre el deber de memoria del Estado, sobre el acompañamiento y fortalecimiento a iniciativas de memoria ciudadanas en todo el territorio, así como sobre la convocatoria de estímulos por 180 millones de pesos para éstas.

La convocatoria está dirigida a asociaciones de víctimas, organizaciones sociales, defensoras de Derechos Humanos e instituciones académicas, y otorga 4 becas y 2 premios.


Adicionalmente, el Museo Nacional de la Memoria junto a organizaciones de Antioquia (Conciudadanía, Pnud, Universidad Católica, Unidad de Víctimas, Gobernación de Antioquia, entre otras), realizará en mayo el primer encuentro regional de iniciativas de memoria con participación de más de 150 ciudadanos.

Además, el Centro de Memoria prepara una amplia programación para el 9 de abril, día de solidaridad por las víctimas, que busca descentralizar las actividades del Estado y volver la mirada sobre una población en crisis por el narcotráfico y el conflicto, Buenaventura.

También, el CMH avanza en la construcción del informe general sobre las causas e impactos del conflicto armado (su más grande reto investigativo) que será entregado en el segundo semestre de 2013. Al respecto también podrían dar un adelanto a la prensa regional.

El Santuario de la Madre Laura está ubicado en la Carrera 92 No. 34D - 43, Belencito, Comuna 13 (cerca de la antigua UAO).

Las Mujeres Caminantes por la Verdad y el Movice son los convocantes a la presentación del Salón por la Memoria.

Los organizadores agradecen el apoyo que puedan dar a esta visita y a visibilizar procesos de memoria que, como el de las mujeres de Comuna 13, son un paso en el camino para la paz y la no repetición de los horrores del terrorismo de Estado.

Terrorismo de Estado
El régimen por intermedio de la Policía retuvo ilegalmente a líder campesino
Por: Camilo Raigozo

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la paz del Nordeste Antioqueño Cahucopana, denunció la detención arbitraria por parte de la Policía del líder campesino  Rafael Antonio Muñoz Mejía.

La acción ilegal se produjo el 14 de marzo pasado a las 10 de la mañana cuando el líder agrario hizo su arribo a Bogotá para cumplir una agenda con instituciones del Estado, que su organización campesina viene adelantado.

Muñoz Mejía quién, dirigente de la Asociación de Campesinos para el Desarrollo del Alto Sinú, Asodecas,  fue detenido por   agentes de la Policía, quienes lo trasladaron al CAI  del terminal.

Tanto Cahucopana, como otras organizaciones de derechos humanos, campesinas, sindicales, y estudiantiles, entre otras, exigieron otorgar todas las garantías y el respeto a los derechos humanos a la nueva víctima del Estado terrorista.

Las comunidades afectadas y las organizaciones que las respaldan solicitaron a las ONGs defensoras de Derechos Humanos  nacionales e internacionales, acompañar al dirigente campesino y a su comunidad, así como instar al régimen para que ponga fin  a los hostigamientos y persecuciones contra las organizaciones sociales y sus dirigentes.

martes, marzo 19, 2013

Un debate que se calienta
Las zonas de reserva ya existen
El director de Indepaz hace un reposado análisis en torno a la polémica sobre la ampliación de la propiedad campesina, que tanto revuelo ha causado en los últimos días.
Por: Camilo González Posso.  El Espectador

¿Cuál es el problema con las Zonas de Reserva Campesina (ZRC)? No hay duda de su legalidad, como lo establece la ley 160 de 1994. Con ese marco, entre los años 1997 y 2002, se aprobaron seis zonas mediante resolución del Incoder. Una de ellas se revalidó en 2011, para un total de 831.111 hectáreas.

Entre 2002 y 2011, el gobierno de Álvaro Uribe no autorizó ninguna, y con la administración Santos se inició formalmente el proceso para siete nuevas: dos en Montes de María con 458.000 hectáreas, una en Catatumbo con 350.000 hectáreas, dos en el Meta con 250.000, y las otras en Cesar (150.000) y Sumapaz (40.000). Además, el Incoder registra diez solicitudes que están en estudio y que tienen 471.948 hectáreas.

Entre las que están aprobadas, las que tienen resolución de inicio de trámite y las que están en estudio, que son 23 zonas, suman 2’056.059 hectáreas que son posesiones de campesinos colonos que tienen en promedio una Unidad Agrícola Familiar.

De seguir adelante este proceso lo que se tendrá a corto plazo es simplemente la formalización de la propiedad campesina de esas posesiones de vieja data que forman parte de las olas de expulsión de los campesinos hacia la selva en las diversas épocas de violencia y de concentración de las mejores tierras.

Si todo es tan legal ¿en dónde está el escándalo? Hay varias historias alrededor de estas zonas campesinas y de otras que se han destapado como procesos para la formación de nuevas zonas que, según la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), implican el reclamo de formalización de 40 nuevas reservas con cerca de siete millones de hectáreas.

En la mesa de conversaciones de La Habana, las Zonas de Reserva Campesina han aparecido como una de las formas de ordenamiento del desarrollo rural y figuran tanto en la propuesta del Gobierno como en las enviadas por la Mesa de Unidad de organizaciones Agrarias (MUA).

Para sectores terratenientes y del uribismo, el asunto ha sido de contrainsurgencia y no de derechos campesinos. Muchas de las ZRC autorizadas, en trámite o en proceso, están ubicadas en regiones en donde en las últimas décadas ha sido evidente la presencia de la guerrilla y figuran en los mapas de guerra como zonas rojas. Allí la prioridad de las políticas ha sido desalojar a los grupos armados ilegales, desplazar a los colonos, controlar militarmente y pasar a una fase de consolidación.

Solo entonces, y bajo la órbita del gobierno, se consideran aceptables políticas de formalización de la propiedad de pequeños poseedores. Y cuando se ha acercado esa situación de consolidación, a las aspiraciones campesinas, y de los simpatizantes de la guerrilla cuando han existido, se les superponen los intereses de acaparadores de tierras, ocupantes de “buena” y mala fe de predios de desplazados y los proyectos de grandes inversionistas.

El debate se ha calentado porque a la demanda de reconocimiento en los términos de la ley vigente, la Asociación de ZRC y las FARC ahora le agregan la propuesta de un reconocimiento como entidades territoriales con derechos iguales de autonomía a los que hoy tienen por constitución y por ley los resguardos y territorios colectivos de comunidades negras.

En esa línea, también han propuesto la exclusión de esas zonas de los planes extractivistas y el establecimiento del derecho a la consulta previa para cualquier programa de inversión en esos territorios.

Planteado el problema, se superponen mapas distintos: el primero es el de zonas campesinas que demandan formalización y políticas de bienestar y desarrollo; el segundo mapa es el de las aspiraciones territoriales de quienes quieren aprovechar la situación de conflicto para desalojar poseedores y adelantar macroproyectos minero-energéticos o agroindustriales; el tercer mapa es el de la guerra y la disputa por territorios por encima de las 200.000 familias pobladoras, y el cuarto es el mapa político de una hipotética situación de post conflicto.

Quitándole volumen a la angustia del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, sobre posibles “republiquetas”, lo que queda es un interesante tema de reconocimiento de derechos de propiedad a los campesinos y una posibilidad de tratamiento a territorios que han sido durante décadas zonas de tránsito o de retaguardia de las guerrillas.

Si se quiere la paz en Colombia lo primero que se debe hacer es sacar de la mesa a los ‘avivatos’ y traficantes de tierras para megaproyectos y sentarse a ver en detalle cual es la realidad de esos 40 nuevos procesos que proponen legalizar como ZRC.

Con los que cumplan los actuales requisitos de ley, lo adecuado es iniciar formalmente los trámites. Y sobre las políticas especiales de bienestar y ecodesarrollo, se debe proceder a articular una oferta audaz de bienes públicos, crédito, tecnología, mercadeo y de ordenamiento territorial y ambiental.

Como han advertido campesinos y grupos étnicos, todo esto sin menoscabo de los criterios de protección de parques naturales, zonas forestales y de la propiedad colectiva indígena o afrodescendiente.

El debate sobre autonomía de ZRC, zonas interétnicas y zonas campesinas de desarrollo agropecuario no hay que agotarlo ahora. Por lo pronto, la MUA y ANZORC, pueden avanzar en figuras de participación y en la afirmación de la prioridad del derecho a la alimentación sobre los títulos mineros, dejando la cuestión de la autonomía, más compleja y con mayores resistencias, para los escenarios de la llamada fase tres o del post conflicto.

No deja de preocupar que se presente tanto escándalo cuando se habla de tierras ya poseídas por colonos y nada se ha dicho de los alcances redistributivos del anunciado fondo de tierras que en el proyecto oficial no parece incluir tierras buenas en la frontera agrícola para ampliar allí la economía campesina.

Por ahora se limita a baldíos que no se sabe en dónde están, predios de ‘narcos’ que ya se repartieron los ‘cacos’ y parapolíticos de la Dirección Nacional de Estupefacientes o que esperan 15 años de procesos y otros de mala calidad y ubicados en extramuros.

Si nos descuidamos, a la vuelta de la esquina tendremos la curiosa situación en la cual en lugar de una reforma agraria y rural para la paz lo que se pone a la ofensiva es la redistribución de baldíos y zonas campesinas declaradas rojas, a favor de los grandes propietarios e inversionistas nacionales y extranjeros.

Si en un siglo se le negó al campesino, a sangre y fuego, el acceso a la propiedad en los valles interandinos, ahora los opositores a la ampliación de la propiedad campesina y étnica, quieren quedarse con posesiones en las partes altas de las cordilleras y hasta con buena parte de la Amazonía y la Orinoquia. ‘That is the question’.

Tomado de:
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-411074-zonas-de-reserva-ya-existen

Conflicto social y armado
Desplazamiento masivo por enfrentamientos entre las FARC EP y el Ejército que dejaron al menos 3 soldados muertos y un herido
Por: Camilo Raigozo

La ONG defensora de los derechos humanos Cococauca, denunció que en enfrentamientos del Ejército con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC EP, en el municipio de Guapi, Cauca dejaron al menos tres soldados muertos y otro más herido.

La ONG afirma que los militares fallecidos y heridos pueden ser muchos más. Los enfrentamientos se produjeron el pasado domingo 17 de marzo a las 10 de la mañana.

Según la fuente, el ambiente en el municipio es de alta tensión, ya que se han incrementado las acciones armadas, lo que originó que el corregimiento de Limones, Consejo comunitario de Guajuí, se desplazara por tercera vez.

La comunidad denunció la presencia permanente de la infantería de marina dentro de la Institución Educativa Normal Superior en el área urbana, infringiendo gravemente el Derecho Internacional Humanitario y poniendo a la comunidad estudiantil en alto riesgo.

lunes, marzo 18, 2013

Terrorismo de Estado
ONGs rechazan detenciones arbitrarias y judicializaciones de manifestantes contra hidroituango
Por: Camilo Raigozo. Con información de Cceeu

La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, organización internacional de derechos humanos, que agrupa varias ONGs nacionales e internacionales, denunció las detenciones arbitrarias y las judicializaciones contra líderes,-
 
lideresas campesinas, defensores y defensoras de derechos humanos en el marco de la protesta pacífica de habitantes de los 12 municipios afectados por el megaproyecto hidroeléctrico- Hidroituango,  judicializaciones  y detenciones que son una clara violación  al derecho a la protesta y a defender los derechos humanos

Desde el pasado 10 de marzo las comunidades afectadas por el proyecto  Hidroituango iniciaron nuevamente una jornada de movilización regional para protestar por los impactos negativos generados por la construcción de este megaproyecto,-
 
los cuales han sido manifestados y denunciados de manera permanente por habitantes de los 12 municipios afectados pero que al momento  no han tenido respuesta concreta por parte de las Empresas Públicas de Medellín, EPM, ni de la Gobernación de Antioquia.

En el marco del debate frente al megaproyecto, la Asamblea Departamental de Antioquia citó a un debate público el 13 de marzo de 2013, en el cual participaron pobladores y pobladoras de los municipio de Briceño, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Ituango, Sabanalarga, Peque, Liborina y Yamural quienes pertenecen al movimiento Ríos Vivos y hacen parte de los afectados por el megaproyecto.

En un acto inexplicable e indigno a este evento no asistieron ni la Gobernación de Antioquia ni las EPM, lo que no permitió un debate amplio y abierto frente a las denuncias que las comunidades realizaron en materia de incumplimientos por parte de EPM y las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que se presentan de manera repetida en la zona.

Para el 14 de marzo de 2013 en el Valle de Toledo, el Movimiento Ríos Vivos convocó a una asamblea de las comunidades de los 12 municipios afectados por la construcción del megaproyecto para continuar el debate acerca de los impactos que genera dicha obra en los territorios.

Las comunidades que participaron en el debate de la Asamblea Departamental  se  desplazaron de Medellín a dicho municipio el día 14 de marzo, y siendo aproximadamente las 9 a.m. en la vía que comunica los municipios de Yarumal  y San José de la Montaña, en el retén instalado en la base militar de la Hacienda la Carolina fue detenido el bus por hombres pertenecientes al Batallón de Artillería número 4 Bajes, perteneciente a la Cuarta Brigada.

Los militares sometieron a una rigurosa requisa a los campesinos y les impidieron continuar el viaje argumentando problemas de orden público. Lo paradójico es que durante 30 minutos no impidieron la movilidad de los vehículos de transporte público ni los de EPM, solo ante la protesta de delegación  campesina, interrumpieron todo paso vehicular.

Luego procedieron a verificar antecedentes únicamente a las personas que hacían parte dela delegación de afectados por Hidroituango.
 
Luego de esto se acercó un mayor de la policía de apellido Narvaez, acompañado de otros dos individuos quienes filmaron a la delegación, y nuevamente, pero esta vez la policía solicita los documentos de identidad para verificar antecedentes. Después de dos horas la delegación pudo continuar con el viaje.

El 15 de marzo de 2013 el Movimiento Ríos Vivos y la Comunidad habían denunciado el hostigamiento de miembros de la policía nacional que irrumpió de forma intimidante en una asamblea que realizaban los participantes de la movilización.

El 16 de marzo de 2013, aproximadamente a las 9:30 a.m. fueron detenidas arbitrariamente  77 personas que hacen parte de la protesta pacífica contra los graves impactos que desde ya está ocasionando la construcción de Hidroituango; estas personas pertenecen a las comunidades afectadas y al Movimiento Ríos Vivos.

Estas personas fueron hostigadas por la policía nacional para que firmaran un acta de buen trato.

11 personas de las detenidas fueron remitidas al municipio de Santa Rosa de Osos, norte de Antioquia, pues fueron judicializadas de manera arbitraria y siendo un claro ejemplo de persecución contra las organizaciones sociales, campesinas, ambientales y de derechos humanos que se han movilizado pacíficamente contra impactos negativos de esta mega obra.

Los líderes y lideresas judicializados son:

Isabel Cristina Zuleta, Piedad Mazo, Jorge García, Leodider Echavarría, Robinson Monsalve, Juan David Sucerquia, Edwin Villegas, Tana García, Carolina Jaimes, Y dos personas más.

La organización Cceeu, exigió al gobierno de Juan Manuel Santos cesar la brutal represión contra las protestas sociales, respetar los derechos humanos y la libertad inmediata de las 11 víctimas del régimen terrorista.

domingo, marzo 17, 2013

Conflicto social y armado
Las FARC EP advierten al país y al mundo sobre manipulación de fallecidos en combates
Por: Camilo Raigozo

En un comunicado publicado por la insurgencia delas FARC EP en su página web, señalan que el pasado 5 de marzo tropas del Ejército cayeron en una emboscada en la que perdieron la vida 20 soldados en el Cauca.

En el documento esa guerrilla advierte que los mandos militares no le han contado la verdad al país y que varios restos de militares muertos fueron enterrados ilegalmente en el área para ocultar la verdad de los acontecimientos e inculpar a las FARC EP de tener soldados prisioneros o de la desaparición de los mismos.

A continuación transcribimos el texto del comunicado en su integridad:  

Las FARC-EP advertimos al país y el mundo

El día 5 de marzo del presente año, en la zona rural de Buenos Aires, en el departamento del Cauca, una patrulla del Ejército Nacional, en desarrollo de operaciones ofensivas, cayó en una emboscada tendida con explosivos por la Compañía Miller Chacón, del Bloque Móvil Arturo Ruíz de las FARC-EP, con el saldo inicialmente conocido de 16 uniformados muertos.

El silenciamiento del hecho por parte de los voceros estatales pone de presente una constante que por sus implicaciones es necesario advertir al país y al mundo.

Informes fidedignos provenientes del Hospital de Jamundí dan cuenta de que fueron veinte las bajas del Ejército constatadas allí.

Por su parte, el señor Mayor responsable por la patrulla movió a la población civil del área a buscar más cuerpos en el terreno, asegurando que hacían falta varios soldados, al tiempo que mandó preguntar a la guerrilla si los tenía prisioneros.

Ante la negativa de entrar a la zona por parte de los servicios funerarios, la inspección practicada por los campesinos terminó en la inhumación de distintos restos humanos hallados. Los mandos de las FARC también enviaron su respuesta en el sentido de no haber hecho ningún prisionero.

Por intermedio de líderes comunitarios de la zona ha llegado a las FARC-EP otra súplica del Mayor, en el sentido de entregar los soldados sobrevivientes que tengamos en nuestro poder, razón por la cual nos vemos obligados a responder, de manera abierta y enfática, que ni uno solo de los uniformados desaparecidos como consecuencia de los hechos arriba reseñados se encuentra en nuestras manos.

La vieja práctica oficial de ocultar a como dé lugar los golpes y bajas recibidos, termina en la falsa acusación a las guerrillas de tener en su poder militares secuestrados, en un esfuerzo calculado de ponernos contra la pared, al tiempo que se evade la responsabilidad con los familiares y dolientes de los uniformados caídos en combate.

Es evidente que tan frecuentes ocultamientos y desinformaciones tiene como propósito alimentar el discurso de personajes como el min. defensa Pinzón, Clara Rojas o País Libre, empeñados en señalar a las FARC-EP como responsables de múltiples secuestros y desapariciones, por los que sin duda alguna, con torcida intención, se espera forzarnos a responder en la Mesa de Conversaciones de La Habana.

Las FARC-EP queremos advertir a la opinión pública nacional e internacional acerca del perverso manejo que de la información derivada del conflicto armado colombiano hacen el gobierno nacional y el alto mando militar y policial. La fuerza pública no es el aparato demoledor e invencible que pregonan al precio de ignorar las vidas y la sangre de sus propios soldados y policías.

Ni la confrontación va a terminar porque se engañe a la nación con la falsa idea de un vencedor virtual. La paz sólo será posible con una sincera voluntad de reconciliación y reconstrucción nacional, que comienza con el reconocimiento de la verdad por parte de los personeros del régimen que ha hundido a Colombia en medio siglo de violencia y  horror.

SECRETARIADO NACIONAL DE LAS FARC-EP
Montañas de Colombia, 15 de marzo de 2013.
 
Tomado de:
http://farc-ep.co/?p=2189

Diálogos de paz
‘¿Será posible la paz en las condiciones en que quiere dictarla el señor Lafaurie?’
Desde el instante mismo en que el gobierno de Samper habló de Zonas de Reserva Campesina (ZRC), el general Bedoya gritó: ¡Son repúblicas independientes!
Por: Alfredo Molano Bravo. El Espectador


Un sello que robó a Primo de Rivera, el fundador de la Falange, para estigmatizar el sueño catalán de autonomía en 1934. El generalato y los sectores más retardatarios del país siempre han criminalizado la figura de las ZRC, creadas por la Ley 160 de 1994.

Uribe las persiguió y desmontó las que, con plata del Banco Mundial, se abrían paso como un recurso pacífico para defender la economía campesina de la voracidad terrateniente. Porque en realidad las ZRC no son más que eso: una manera de impedir que en ciertas y determinadas áreas se concentre en pocas manos la propiedad rural.

A la derecha se le paran los pelos cuando le es interpuesta una talanquera legal, porque están acostumbrados a desconocerlas a las buenas o a las malas. Ahora, por ejemplo, el candidato del uribismo, señor Lafaurie, dice que nos van a quitar el departamento del Caquetá.

Le faltó decir que perderemos la soberanía sobre el sur, que Venezuela es expansionista y que habrá que declararle la guerra. En fin, el hombre babosea hasta por los codos.

Cada vez es más claro que los acuerdos sobre tierra que se cocinan en La Habana están a punto de salir del horno y que incluyen las ZRC como uno de los fundamentos del arreglo, que tiene, no se debe olvidar, un carácter histórico y un alcance territorial.

Histórico en cuanto la lucha de los campesinos por la tierra viene desde mediados de los años 20, para no hablar de la pelea del hacha contra el papel sellado que caracterizó la colonización cafetera. Es territorial porque, según la citada ley: “Las Zonas de Colonización, y aquellas en donde predomine la existencia de tierras baldías, son Zonas de Reserva Campesina”.

Más claro: “En las Zonas de Reserva Campesina la acción del Estado tendrá en cuenta, además de los anteriores principios orientadores, las reglas y los criterios sobre ordenamiento ambiental territorial;-
 
la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los campesinos; su participación en las instancias de planificación y decisión regionales, y las características de las modalidades de producción”.

Las Farc están pidiendo nueve millones de hectáreas para ser declaradas ZRC. Para avaluar esta cifra se debe decir que las tierras robadas desde el año 80 para acá suman unos seis millones. Es decir, están pidiendo tres millones más de la superficie usurpada, reconocida incluso por la ONU.

Es una cifra muy baja si se compara con los 34,5 millones de hectáreas que hay en ganadería, de las cuales 22 millones no son aptas para tal actividad. Si de La Habana sale —como debe salir— un proyecto de reforma tributaria basada en renta presuntiva, esas tierritas, que mucho le dolerían a Lafaurie, pasarían a otros usos: reforestación natural o agricultura.

O mejor aún si con ellas se crearan ZRC. Más aún, hay 1,5 millones de hectáreas baldías susceptibles de ser entregadas a campesinos.

La oposición beligerante de los terratenientes, de sus socios políticos y de algunos generales a este arreglo se basa en el hecho de que los campesinos pueden organizarse al amparo de las ZRC y demandar sus derechos. Y votar, claro está.

En el fondo, es lo que temen. ¿Acaso no fue este miedo la razón para liquidar a balazo limpio la Unión Patriótica? El Gobierno acepta las ZRC siempre y cuando los campesinos sigan siendo votos cautivos de los gamonales y no representen intereses políticos distintos.

Altos funcionarios se erizan al oír que las ZRC podrían llegar a ser entidades territoriales como son los municipios, los resguardos indígenas y los territorios negros. Temen que los intereses de campesinos, indígenas y negros compitan con los propios y deban compartir con ellos el poder político.

Si así se miran las cosas, no puede uno dejar de preguntarse: ¿Qué está dispuesto a dar el Gobierno a cambio de la paz? Todo indica que poco. O nada. ¿Será posible la paz en las condiciones en que quiere dictarla el señor Lafaurie?

Tomado de:
http://www.elespectador.com/opinion/columna-410733-michicatos-y-paranoicos


Claudia Julieta Duque, periodista y defensora de derechos humanos
La más perseguida del DAS
El drama de una mujer que fue amenazada, no por grupos ilegales, sino por el Estado. Su caso es emblemático: por primera vez la Fiscalía investiga a siete altos exfuncionarios del organismo de inteligencia por el delito de tortura psicológica. Esta es su historia.
Por: Diana Carolina Durán Núñez, Juan David Laverde Palma. El Espectador

Al concluir que el DAS como organismo de inteligencia adscrito a la Casa de Nariño era una entidad jerárquica y colegiada, y poniendo como ejemplos los juicios del Tribunal de Nuremberg y del Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia,-
 
en los que se juzgó a altos dirigentes nazis y oficiales yugoslavos por crímenes de guerra perpetrados por sus subalternos, la Fiscalía encontró evidencias de una tenebrosa persecución patrocinada por el DAS en contra de la periodista Claudia Julieta Duque.

La tesis jurídica de “la responsabilidad del superior” constituye uno de los ángulos más novedosos en las pesquisas adelantadas por las autoridades acerca de los bochornosos seguimientos e interceptaciones de la policía secreta de Colombia a magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Con una interpretación que después de años de examinar la evidencia le permitió a la justicia establecer por primera vez que en el caso de las chuzadas del DAS, además de todos los excesos del Estado, se cometió el delito de tortura psicológica.

En 120 páginas una fiscal de derechos humanos constató el acecho, las amenazas, el hostigamiento y la tortura psicológica que funcionarios del DAS le infligieron a Duque y a su hija.
 
Según ella, dicho acoso comenzó pocos días después del crimen del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999, pues al investigar el asesinato encontró pistas que, supuestamente, relacionaban a agentes del Estado con el homicidio.

Esto le costó un secuestro, un hurto, continuas llamadas intimidantes y un sinnúmero de ataques que la pusieron en riesgo y la obligaron a exiliarse en el año 2001.

Regresó al país en 2002 y empezó a colaborar en un documental del programa Contravía emitido meses después, en el que se documentaba que la investigación del caso Jaime Garzón había sido desviada por el DAS.

Volvieron los taxis sospechosos, las coronas fúnebres, los quesos podridos que le dejaban en su residencia, los mensajes funerarios a su celular y las constancias de la intimidación con frases como: “Cuando escuchamos tu voz y la de tu hija, nos dan ganas de cogerlas”, “(...) pa picarla gonorrea”, y la más escabrosa, que decía que iban a quemar viva a su hija y a esparcir sus dedos por la casa.

Claudia Julieta Duque le escribió cartas a la Presidencia y a la dirección del DAS denunciando esta persecución, pero nadie le dio respuesta.
 
Fue sólo hasta el año 2009 cuando la Fiscalía allanó el organismo de inteligencia y encontró un centenar de carpetas sobre infinidad de operaciones encubiertas, registros de interceptaciones de correos electrónicos y teléfonos, documentos de inteligencia sobre los opositores políticos del gobierno Uribe y otro largo etcétera de víctimas, que las evidencias reivindicaron las denuncias solitarias de Duque.

Se estableció entonces un ataque sistemático en contra de la periodista por lo menos entre 2001 y 2004.

El grupo G-3, creado por la administración de Jorge Noguera en el DAS, recogió información de ella de manera ilegal, aportó fotografías de su residencia y de su hija, chuzó sus correos, espió a su círculo cercano en una operación denominada “Caso Filtración” y abrió una carpeta especial con su nombre denominada “Caso Julieta”.

 Lo más absurdo es que el 17 de noviembre de 2004 se creó un manual para amenazarla, que tenía instrucciones para evitar ser descubiertos y hasta la frase para intimidarla.

El documento hallado rezaba que la llamada debía hacerse en cercanías a las instalaciones de inteligencia de la Policía, que no debía durar más de 49 segundos, que lo mejor era hacerla desde un teléfono público, que quien realizara la llamada debía estar solo y desplazarse en bus hasta el sitio, que debía constatar que no hubiera cámaras de seguridad en el lugar y, por supuesto, “no tartamudear”.

El mensaje sugerido decía: “Ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir ahora, nos tocó meternos con lo que más quiere, eso le pasa por perra y por meterse en lo que no le importa, vieja gonorrea hijueputa”.

Para la Fiscalía no hay duda de que el G-3 persiguió entre 2003 y 2005 a blancos políticos y representantes de ONG, “con el único propósito de aminorar y amedrentar a todos aquellos que denunciaban hechos y situaciones que se alejaban de la política desarrollada por el gobierno de turno”.

En el caso de Duque, por ejemplo, a través de las denominadas operaciones “Transmilenio” y “Libertad” fue hostigada a la vez por dos vertientes de la dirección de inteligencia del DAS. El objetivo era relacionar a las guerrillas con ONG como el Colectivo de Abogados José Alvear, en el que colaboró la periodista.

También se encontró que entre los actos de tortura en contra de Duque se dispuso, para realizarle seguimientos, del taxi de placas SHH-348, que resultó siendo de uso de la Subdirección de Operaciones del DAS.

Se halló un reporte de 2004 que señalaba: “Se conoció que CJD ya no contesta llamadas telefónicas, en ocasiones no manda a su hija al colegio”, y documentos rotulados como “Reservado” “que evidencian un control a las líneas” telefónicas de la periodista.

Las declaraciones que dio el coordinador del G-3, Jaime Fernando Ovalle, fueron determinantes para imponer medida de aseguramiento a siete altos exfuncionarios del DAS que ordenaron infiltrar ONG para realizar campañas de desprestigio de todo lo que estuviera relacionado con la izquierda.

El detenido exsubdirector del DAS José Miguel Narváez —procesado también por los asesinatos de Jaime Garzón y del exsenador Manuel Cepeda, así como por el secuestro de Piedad Córdoba— le dijo a la Fiscalía que todas las ONG no eran blanco de inteligencia, pero sí aquellas cuyos miembros hubieran tenido vínculos con grupos como el M-19 o el Eln.

Los investigadores hallaron carpetas en las que se detallaban las maniobras del DAS en el llamado caso “Transmilenio”, en contra del Colectivo José Alvear; en ellas reposan manuscritos en los que se lee que los directivos de esta organización eran guerrilleros de las Farc.

Uno de los agentes investigados, Hugo Daney Ortiz, reconoció que por lo menos desde el año 1992, la Subdirección de Operaciones hacía verificaciones de inteligencia y análisis sobre distintos episodios del país o personas. Según contó, muchas de estas actividades ni siquiera tenían un protocolo.

Al margen de las pesquisas para establecer nexos de ONG con grupos ilegales, llamó la atención de la Fiscalía la marcada ideología de los informes del DAS sobre Claudia Julieta Duque, a quien describían como “escritora, periodista y traficante de derechos humanos”.

Asimismo se documentó que se efectuaron interceptaciones legales en un proceso paralelo, las cuales terminaron siendo utilizadas de manera ilegal por el DAS como insumo de inteligencia, a pesar de que tenían un carácter reservado.

Algunas cartas de Duque en las que denunciaba hechos irregulares del DAS derivaron en procesos internos que se archivaron a los pocos meses.

El DAS sabía que la periodista había colaborado con la publicación El embrujo continúa, en la que se hacían graves señalamientos de derechos humanos al Estado en los tiempos del primer mandato de Álvaro Uribe.

También registraron y acecharon a sus familiares y amigos, la persiguieron, intimidaron a su hija, la obligaron a salir del país en tres ocasiones y hasta la hostigaron en Europa mientras huía. Todo lo denunció en su momento y la tildaron de loca.

Medicina Legal certificó que esta cacería le produjo estrés postraumático crónico, depresión y un comportamiento esquizoparanoide. Su caso hizo que por primera vez la justicia encausara a siete exagentes del Estado en un proceso por el delito de tortura psicológica.

Parauribismo/
Iván Cepeda: “Esta no es una querella personal”
El representante por cuyas denuncias la Fiscalía reabrió investigación contra Álvaro Uribe y su hermano Santiago, explica en qué consiste ese proceso y habla sobre las acusaciones que a su vez le ha formulado el expresidente.
Por: Cecilia Orozco Tascón. El Espectador

Cecilia Orozco Tascón.- La semana pasada, el expresidente Uribe amplió una denuncia contra usted por presunto abuso de autoridad y obstrucción a la justicia. Usted, a su vez, lo ha denunciado varias veces ¿Cuántos procesos son, de lado y lado, y por cuáles hechos?

Representante Iván Cepeda.- Denuncié penalmente al expresidente Uribe ante la Fiscalía, a su hermano Santiago y a otros de sus socios por homicidio agravado, conformación de grupos paramilitares, tortura, desaparición forzada, entre otros delitos.
 
De igual forma, lo denuncié ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por persecución política a través  del DAS (escándalo de las ‘chuzadas’). Y el expresidente me denunció ante la Corte Suprema (por la condición de congresista)  por injuria y calumnia así como por supuesta obstrucción a la justicia.

C.O.T.- Hace dos meses la Fiscalía sorprendió al reabrir una investigación preliminar en contra del expresidente, según informó la prensa pero exactamente ¿Por qué se reabrió el proceso?

R.I.C.- Por la responsabilidad que le pueda caber a los denunciados en la  conformación de una estructura paramilitar en la  hacienda Guacharacas, que perteneció a la familia Uribe. La investigación la conduce la Fiscalía Delegada ante la Corte contra el expresidente, en su condición de exgobernador de Antioquia.
 
Simultáneamente, un fiscal de la Unidad contra el Terrorismo conduce la investigación contra Santiago Uribe y otros socios comerciales y amigos de ellos. En este último proceso he sido admitido como parte civil. Actualmente se practican una veintena de pruebas ordenadas por la Fiscalía.

C.O.T.- Se ha dicho que dos exparamilitares llamados Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, rindieron los testimonios que producen la reapertura de la investigación ¿Quiénes son y por qué conocen esos hechos?

R.I.C.- Ambos fueron miembros del Bloque Metro y narran circunstancias en las que asistieron a actos de apoyo político a Álvaro Uribe, siendo ya paramilitares. Monsalve además creció y se crió en la finca Guacharacas, en calidad de hijo del administrador de la hacienda.

C.O.T.-  La justicia requiere de mucho más que de dos testimonios de quienes, al fin de cuentas, están presos por delinquir ¿Hay otros elementos probatorios que apoyen esas versiones?

R.I.C.- En el escrito de reapertura de la investigación, la Fiscalía sostiene que existen otros testimonios rendidos por paramilitares ante la Unidad de Justicia y Paz con señalamientos similares a los de Monsalve y Sierra. Significa que múltiples personas afirman lo mismo. Además hay pruebas documentales y fotografías. Son hechos notorios públicamente. A estas alturas, esa circunstancia no debería extrañar a nadie.

C.O.T.- En la ampliación de denuncia del expresidente contra usted, él se refiere a las visitas a las cárceles que usted ha hecho para entrevistarse con estos desmovilizados y conseguir sus testimonios ¿Cuántas veces ha ingresado a los penales y para qué?

R.I.C.- He realizado múltiples visitas a Monsalve pero no con el fin de conducir o manipular su testimonio. Se realizaron esas visitas con el fin de velar por su seguridad. Juan Monsalve es tal vez el testigo más importante que hay en el país en la actualidad.
 
Su vida es en sí misma una prueba: hijo del administrador de la hacienda de los Uribe Vélez, se convierte en su juventud en uno de los integrantes del Bloque Metro y conoce de cerca la historia de masacres, desapariciones y narcotráfico de ese grupo que, según dice, tuvo su centro de operaciones en esa hacienda.

C.O.T.- El expresidente  afirma que usted visitó 21 veces a ese preso ¿Es cierto y para qué fue a verlo tantas veces?

R.I.C.- No las he contado pero insisto en que han estado ligadas a su seguridad. Monsalve ha sido víctima de dos atentados. El primero ocurrió en marzo de 2012 en la cárcel de Cómbita y motivó su traslado inmediato a otra penitenciaría. Yo denuncié esa situación en un debate de control político en la Cámara de Representantes. 
 
Hace pocos días, guardianes del Inpec encontraron una sustancia altamente venenosa en la cocina donde Monsalve prepara sus alimentos. Esa cocina es de uso exclusivo de unos pocos prisioneros recluidos en un pabellón de alta seguridad, a la cual se supone que nadie más tiene acceso. El Instituto de Medicina Legal adelanta el estudio de esa sustancia. No es la primera vez que un testigo que formula acusaciones contra Uribe y su entorno, es objeto de atentados.

C.O.T.- Uribe y su abogado (ver parte superior de esta pág.) también aseguran que usted  ofreció beneficios judiciales para que estos dos reclusos declararan contra él y que, además,  habría dado dinero a cuatro testigos.

R.I.C.- La única autoridad que puede ofrecer beneficios judiciales es quien administra justicia. Yo solo puedo legislar y realizar control político. No tengo chequera y por sustracción de materia me es imposible girar cheques. Pero si la tuviese, jamás la usaría para comprar testigos. No apelo a las ‘chuzadas’, a la falsificación de pruebas o a los falsos positivos. Lo que he hecho es cumplir con mi deber.

C.O.T.- Entonces ¿por qué él afirma eso?

R.I.C.- Uribe quiere hacernos creer que sus acostumbrados  montajes y calumnias constituyen un medio de prueba. Recuerde que ese es un método que ha utilizado siempre. Cuando se presentan denuncias e investigaciones que lo comprometen a él o a los suyos, se propone pasar de acusado a acusador bajo el convencimiento de que la mejor defensa es el ataque.
 
Ha aplicado esa táctica en forma sistemática. Le doy ejemplos: el tratamiento dado al ex magistrado Iván Velásquez, a otros magistrados de la Corte Suprema, a Gustavo Petro, a Piedad Córdoba, al Colectivo José Alvear Restrepo, a Daniel Coronell, a León Valencia y a Hollman Morris, entre otros. 

C.O.T.-  Según el expresidente Uribe usted también habría ofrecido, y lo cito textualmente:  “la ubicación del preso y de la familia en otro país y en otra ciudad lo que es claramente una obstrucción a la justicia” ¿Hizo esas ofertas?

R.I.C.- No está dentro de mis posibilidades ofrecer la reubicación de personas fuera del país. Además de defensor de derechos humanos, soy parlamentario y como tal tengo la obligación legal y constitucional de poner en conocimiento de las autoridades los hechos delictivos de los que tenga conocimiento.
 
El país sabe que he dedicado todos mis esfuerzos en favor de la verdad, la justicia y la reparación, y, en consecuencia, mal podría auspiciar mecanismos que conllevan a obstruir la administración de justicia.

C.O.T.-  El expresidente también señaló que una foto que se exhibe como muestra de que  el testigo Monsalve vestía uniforme  paramilitar en la finca Guacharacas, era, en realidad, una imagen de él en uniforme oficial de la Brigada de Puerto Berrío. ¿Es posible que hubiera confusión  entre una prenda y otra?

R.I.C.- Al parecer el expresidente reconoce que esas fotos fueron tomadas en su hacienda, y las explica con un sofisma. Dice que el traje que usa Monsalve tiene las insignias de la brigada del Ejército de la región.
 
No obstante, se sabe que Monsalve no estuvo en el servicio militar. En el mejor de los casos, la explicación de Uribe significaría que en su propiedad había gente armada ilegalmente, que portaba prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, una práctica usual de los grupos paramilitares.

C.O.T.- ¿Por qué se menciona en la investigación contra los Uribe Vélez una convivir (empresas de vigilancia privada creadas en los 90) que se llamaba El Cóndor?

R.I.C.-  Porque el entonces gobernador de Antioquia expidió la resolución No. 42378 autorizando el funcionamiento de esa convivir en la zona donde está ubicada Guacharacas. Y luego se supo que al menos tres de sus miembros -incluido Luis Alberto Villegas Uribe, su director, fundador de un cartel de gasolina y narcotráfico, asesinado en un ajuste de cuentas-,  eran paramilitares del Bloque Metro en el municipio de San Roque.

C.O.T.-  Con todo respeto por usted y su investidura, no es fácil creer que todo un expresidente de la República, a pesar de su conducta conocida como autoritaria y confrontadora, haya estado involucrado en crímenes ¿Cree tener pruebas suficientes?

R.I.C.- La Fiscalía tomó su tiempo, durante meses, para valorar la multiplicidad de las pruebas que aportamos.  La contundencia de las mismas fue lo que permitió que se reabriera la investigación. Pero usted se sorprende por tratarse de quien fuera presidente.
 
Regularmente, los crímenes de lesa humanidad  se cometen por llegar a la cumbre del poder y mantenerse en ella. Ese aspecto insoslayable de lo que ha acontecido en Colombia tendrá que reconocerse algún día. En este caso, he presentado múltiples elementos probatorios testimoniales y  documentales sobre la presunta relación de los Uribe Vélez con el paramilitarismo.
 
Es la justicia la que debe valorarlos y decidir. No obstante, de su seriedad habla ya el hecho de que se haya reabierto una investigación, no ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, sino ante la Fiscalía.

C.O.T.- De usted tampoco se puede creer que se haya dedicado a inventar pruebas o pagar testigos, como dicen las denuncias en su contra ¿No es posible que la confrontación política y la guerra mediática, lo hayan obsesionado y lo hagan ver realidades donde no las hay?

R.I.C.- Esta no es una querella  personal. Una sociedad es verdaderamente democrática cuando todos, incluyendo a quienes ejercen el poder político en sus más altas esferas, se someten a la ley y, si es el caso, pueden ser llevados ante la justicia. En mis polémicas públicas con el expresidente Uribe y hoy, en los procesos judiciales que se le siguen, esa es mi convicción esencial.

La defensa del expresidente

La hacienda Guacharacas, ubicada en el municipio de San Roque, en Antioquia, tiene 2 mil hectáreas y perteneció – aunque algunos sostienen que solo fue vendida parcialmente -, a la familia Uribe Vélez. Esa finca, en donde murió Alberto Uribe Sierra, padre del expresidente Uribe, cuando la guerrilla trataba de secuestrarlo, es el escenario en donde se habrían cometido varios crímenes del bloque paramilitar Metro.

Según la denuncia, basada, entre otros, en el testimonio del hijo del administrador de la finca, el exmandatario y su hermano Santiago habrían permitido la creación y funcionamiento de ese grupo en sus predios. La defensa de Uribe denunció, entonces, por calumnia, injuria y fraude procesal, al representante Iván Cepeda que logró la reapertura de la investigación en enero.

El apoderado del exjefe de Estado, Jaime Granados, sostiene que cuando pudo contrainterrogar  al testigo, este admitió que solo había visto a Uribe en actos públicos y que no le constaba que él conociera las acciones del bloque Metro.

Según el  abogado, el propio padre del testigo afirmó que su hijo nunca fue paramilitar y que él y su familia recibieron durante tres meses cheques por $1 millón 200 mil pesos cada vez, como beneficio por las declaraciones contra los Uribe. La XIV Brigada del Ejército que opera en Puerto Berrío apoya la versión del expresidente.

“He denunciado intimidación, robos y seguimientos”

Cecilia Orozco.- Se sabe que usted ha sido amenazado pero ¿con cuánta frecuencia?

Rep. Iván Cepeda.- Desde que llegué al Congreso he afrontado toda clase de hostigamientos e intentos de intimidación. Además de las amenazas, en algunos momentos casi que semanales, he denunciado robo de documentos de mi oficina y seguimientos contra algunos que trabajan conmigo.
 
Hace poco, recibí información de que un grupo paramilitar habría sido contratado por los Gallón Henao para atentar en mi contra. He puesto en conocimiento de las autoridades estos hechos. En Colombia, quienes se han atrevido a buscar y a decir la verdad han pagado un alto precio. Sería indigno de mi parte no estar a la altura de ese legado ético. No me dejaré intimidar.

C.O.- ¿Por qué menciona a los Gallón Henao, recordados por estar involucrados en el asesinato del jugador Andrés Escobar?

I.C.- Debe tomarse en cuenta quiénes son los otros protagonistas de la historia de mis denuncias contra los Uribe Vélez: aquellos que fueron sus amigos y socios comerciales. Santiago Gallón Henao, que pertenece a un clan narcotraficante, se acogió a sentencia anticipada en 2010 y reconoció ser paramilitar.
 
Y uno de sus hermanos fue capturado por la DEA como integrante de una red de narcotráfico. Este es otro capítulo de las relaciones de amistad de los Uribe Vélez.


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