“Señor procurador, no se le atraviese a la paz”: Gloria
Inés Ramírez
Por Camilo Raigozo. Notimundo
La senadora Gloria Inés Ramírez dejó una constancia en la
plenaria del Senado mediante la cual rechaza la actitud del procurador
Alejandro Ordoñez de querer sancionar disciplinariamente y satanizar a los
servidores públicos que han ido a La Habana a conversar con los voceros de paz
de la guerrilla.
“A la habana no viajan los guerreristas. A La Habana
vamos los partidarios de la paz. Pedimos no satanizar a los que trabajan por la
paz”, dijo Ramírez en la constancia.
A continuación el texto íntegro de la constancia radicada
por la senadora Ramírez Ríos en el Congreso:
Pedimos no satanizar a los que trabajan por la paz
Constancia
En mi condición de Senadora de la República elegida por
el Polo Democrático Alternativo, en relación con los anuncios del Procurador
General de la Nación en el sentido de que ha iniciado investigaciones
disciplinarias contra los funcionarios públicos que se han entrevistado en La
Habana sin permiso del gobierno con guerrilleros de las FARC, me permito dejar
la siguiente
Constancia
1. El proceso de conversaciones que se desarrolla
en la ciudad de La Habana (Cuba) entre representantes del Gobierno Nacional y
de las FARC-EP, con miras a lograr un acuerdo final para la terminación del
conflicto interno del país y la construcción de una paz estable y duradera, no
es un hecho clandestino ni ilegal,
obedece a la decisión del gobierno de Colombia y cuenta
con el apoyo de los demás poderes públicos, el judicial, que suspendió las
órdenes de captura contra los guerrilleros que hacen parte de la delegación de
las FARC, y el legislativo, que ha expresado de diversas maneras su compromiso
con el proceso.
Además, tiene el respaldo de las Naciones Unidas, la OEA,
UNASUR, la CELAC, la Unión Europea, Estados Unidos y numerosos países y
organizaciones que así lo han decidido porque comprenden claramente la
importancia de ponerle fin por la vía del diálogo a un conflicto que lleva
medio siglo y que ha tenido un costo social, político, económico y humano
inmenso para los colombianos.
2. El Acuerdo
General suscrito entre el Gobierno y las FARC el 26 de agosto de 2012 en La
Habana le da especial importancia a la participación de los colombianos en el
proceso y consigna en el preámbulo que:
“La construcción de la paz es asunto de la sociedad en su
conjunto que requiere la participación de todos, sin distinción, incluidas
otras organizaciones guerrilleras a las que invitamos a unirse a este
propósito”.
En el punto VI de la Agenda, correspondiente a las reglas
de funcionamiento, se establece que la Mesa de Conversaciones podrá realizar
consultas a expertos sobre los temas de la Agenda y recibir propuestas de
ciudadanos y organizaciones, todo ello, desde luego, de común acuerdo entre las
partes.
Nada se dice en relación con las consultas de cada una de
las partes por separado con personas y organizaciones, pero es apenas lógico
que así como la delegación del gobierno se reúne con los gremios económicos,
con dirigentes políticos, con representantes de los demás poderes,-
con delegaciones de otros gobiernos y con quien considere
importante hacerlo, también la otra parte tiene la misma autonomía, porque no
puede estar condenada al ostracismo y porque las necesidades y la importancia
del proceso así lo demandan.
3. La
Constitución Política del país, en el capítulo de los derechos fundamentales,
Artículo 22, establece que “La paz es un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento”, y en el Artículo 95 incluye entre los deberes de la persona y
del ciudadano “6. Propender al logro y mantenimiento de la paz”.
Estos mandatos constitucionales son claros y contundentes
y no deben ser escamoteados con argucias legales que contradicen su espíritu,
porque la propia Constitución define en el Artículo 4 que “La Constitución es
norma de normas.
En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y
la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.
4. Con base en
los hechos y normas anteriormente citadas, considero que la apertura de
investigaciones anunciada por el Procurador General de la Nación, Alejandro
Ordóñez Maldonado, contra los funcionarios públicos que, sin permiso del
gobierno, se ha reunido en La Habana con la delegación de las FARC que hace
parte de la Mesa de Conversaciones de paz, es contraria al espíritu de la
Constitución Política.
5. Más allá de
las interpretaciones jurídicas, el asunto de fondo es político.
El Procurador afirma que quienes se reunieron con los
guerrilleros sin permiso del gobierno “estarían incurriendo en iguales
conductas que quienes están en la cárcel por entrevistarse con los
paramilitares”, porque para él “no existe ninguna diferencia” entre los dos
casos.
Si el señor Procurador no ve ninguna diferencia, para
nosotros las diferencias son abismales.
No es lo mismo reunirse
clandestinamente en Colombia para hacer acuerdos políticos con los
paramilitares, recibir dinero y otros apoyos para las campañas electorales,-
planear actos delictivos y un largo etcétera que tiene en
las cárceles, condenados o procesados, a numerosos dirigentes políticos y
exfuncionarios del Estado, que viajar a La Habana a contribuir al desarrollo
exitoso de las conversaciones.
A La Habana no viajan los guerreristas; a La Habana vamos
los partidarios de la paz.
Los guerrilleros que permanecen en La Habana no están en
la clandestinidad, tienen las órdenes de captura suspendidas por la Fiscalía
General de la Nación, son interlocutores del gobierno y sus actuaciones son de
público conocimiento.
También en la época de los diálogos del Caguán o de
Santafé de Ralito, para citar dos casos diametralmente distintos, muchos
colombianos hicieron presencia en esos lugares y a nadie se le ocurrió abrirles
procesos penales o disciplinarios por ese motivo.
Más aún, los paramilitares se dieron el lujo de asistir a
un acto especial en la sede del Congreso de la República.
De otra parte, Cuba es un país soberano que decide libre
y autónomamente quién ingresa y quién no a su territorio. No es el gobierno
colombiano el que tiene esta atribución, y resulta absurdo, por decir lo menos,
que ahora todo el que viaje a La Habana sea sospechoso de haberse reunido con
las FARC.
Semejante cacería de brujas es una atentado contra los
derechos humanos y un atropello a la legalidad internacional.
Según el Artículo 277 de la Constitución Política, el
Procurador tiene entre sus funciones “Defender los intereses de la sociedad”, y
es evidente que la paz es un interés supremo para la inmensa mayoría de los
colombianos.
Las víctimas reclaman con toda razón que se les
reconozcan los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las
garantías de no repetición de la tragedia que ha vivido, pero es inmoral que su
noble causa sea utilizada para sustentar posiciones políticas contrarias a la
paz, porque quienes se empeñan en torpedear la salida negociada en realidad
están es por la continuación de la guerra, es decir, por la multiplicación de
las víctimas.
A pesar de que los mandatos constitucionales son
inequívocos en materia de paz, podemos reconocerle al doctor Alejandro Ordóñez
el derecho a oponerse a las conversaciones de La Habana.
Lo que es inaceptable es que pretenda imponer sus
posiciones particulares como institucionales y, menos aún, que los procesos
disciplinarios que ha anunciado puedan terminar en la criminalización del apoyo
al proceso de paz.
Este sería un hecho inaudito que causaría asombro en el
mundo y nos llenaría de vergüenza.
6. En lo que a
mí respecta, le he dedicado muchos años de mi vida a la lucha por una sociedad
justa y en paz en una patria libre.
He sentido en carne propia las persecuciones, los
montajes judiciales, el exilio y el dolor de los crímenes contra muchos de mis
compañeros y compañeras; soy sobreviviente de la Unión Patriótica y ahora mismo
figuro en la lista de amenazados de muerte por el paramilitarismo.
Ninguno de estos hechos ha podido ni podrá disuadirme del
empeño de trabajar para que, por fin, sea posible la paz para Colombia.
Como Copresidenta de la Comisión de Paz del Senado de la
República, le he hecho mi aporte, modesto pero firme y sincero, al desarrollo
de las Mesas de Trabajo Regionales para Contribuir al fin del Conflicto, a los
foros convocados por la Mesa de Conversaciones de La Habana y a múltiples
actividades orientadas a rodear y fortalecer el proceso de paz.
Esa es una línea de conducta inalterable en la que voy a
persistir porque hago parte de los millones de colombianos que somos fieles al
mandato constitucional de “propender al logro y mantenimiento de la paz” y que
no nos resignamos a que se prolonguen indefinidamente los sufrimientos de
nuestro pueblo para que unos pocos sigan cosechando los dividendos ilegítimos e
inmorales que produce la guerra.
GLORIA INÉS
RAMÍREZ RÍOS
Senadora de la República elegida por el PDA
Bogotá, D.C., 25 de septiembre de 2013
