sábado, julio 31, 2010

Seguridad narcocrática/
Fue aprobado en la Cámara debate sobre fosas en La Macarena

El representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, radicó una proposición de debate aprobada en la Cámara el 27 de julio para llamar a los-
.
ministros de Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores a explicar la existencia de una fosa con 449 cadáveres en terrenos aledaños a la guarnición militar de la Fuerza Especial Omega en el municipio de La Macarena, Meta.

Las recientes declaraciones del ministro de defensa Gabriel Silva Luján en las que afirma que las pruebas obtenidas en la macarena habrían sido un montaje con fotografías de la antigua Yugoslavia fueron rechazadas por el parlamentario.

El congresista añadió que han recibido denuncias de casos similares en otros municipios de los llanos orientales.

viernes, julio 30, 2010

Por fin quedan prohibidad las municiones en racimo
Por Cicr

La entrada en vigor de la Convención sobre Municiones en Racimo, el 1 de agosto de 2010, es un importante paso para poner fin a décadas de terribles sufrimientos que estas armas vienen ocasionando, declaró hoy el Comité Internacional de la Cruz Roja.

La Convención prohíbe emplear, almacenar, producir y transferir municiones en racimo. A partir del 1 de agosto, las disposiciones de la Convención serán jurídicamente vinculantes para los 30 Estados* que la han ratificado.

Colombia firmó en diciembre de 2008 la Convención sobre Municiones en Racimo. En la actualidad en el Congreso de la República se discute el proyecto de ley que aprueba este tratado internacional.

La Comisión Segunda del Senado lo aprobó, en primer debate, en mayo de 2010. Quedan entonces tres debates más en el Congreso y el análisis de la Corte Constitucional. Si la Corte lo aprueba, el gobierno podrá depositar el instrumento de ratificación.

"Este nuevo instrumento del derecho internacional humanitario prohíbe y estigmatiza, tajantemente, el empleo de municiones en racimo," dijo el presidente del CICR, señor Jakob Kellenberger. "Marca un hito en la lucha contra el empleo de municiones en racimo y ha de poner fin a décadas de sufrimiento de hombres, mujeres y niños.

Aprovechamos esta oportunidad para instar a todos los Estados Partes en la Convención a que comiencen a aplicarla sin demora, y confiamos en que su entrada en vigor incida en la práctica de los Estados que aún no se han adherido a la Convención."

La aplicación de la Convención requiere la puesta en marcha de recursos para limpiar las zonas contaminadas, destruir las reservas y prestar asistencia a quienes sufren los efectos adversos de las municiones en racimo. Asimismo, habrá que promulgar legislación y normativa internas para implementar la Convención a nivel nacional.

"La entrada en vigor, tan sólo 21 meses después que la Convención quedara abierta a la firma de las Partes en Oslo, evidencia el firme compromiso de los Estados Partes y su voluntad de comenzar a ocuparse de los problemas humanitarios que plantean estas armas," añadió el señor Kellenberger.

Los Estados Partes se reunirán, del 8 al 12 de noviembre de 2010, en Vientiane, Lao, a fin de trazar un plan de acción para la aplicación de la Convención y decidir cuáles han de ser los procedimientos para supervisar los adelantos al respecto.

El CICR cumplió un importante papel en el proceso que desembocó en la adopción de la Convención. Junto con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se encarga de promover la plena aplicación y la adopción universal de este instrumento. Foto El Tiempo.


* Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Burkina Faso, Burundi, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Irlanda, Japón, República Democrática Popular Lao, Luxemburgo, Macedonia (ex República yugoslava), República de Moldova, Montenegro, Nicaragua, Níger, Noruega, Nueva Zelanda, San Marino, Santa Sede, Sierra Leona, Uruguay y Zambia.

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La ONU exige al Estado colombiano que cumpla la Sentencia que legaliza el aborto
Con información de Brújula Comunicaciones

El pasado 15 de julio la Organización Women´s Link Worldwide, que dirige Mónica Roa, denunció en Ginebra, ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el incumplimiento del Estado colombiano a la Sentencia que legaliza el aborto en Colombia y las acciones del Procurador alejandro Ordoñez para obstaculizar su implementación.

En la reunión que se realiza cada cuatro años, en la que las naciones firmantes del pacto rinden un informe sobre las actividades que adelantan para adoptar las medidas que garanticen la defensa de los derechos humanos, Women´s Link puso en evidencia los principales obstáculos y las acciones del Procurador para entorpecer el cumplimiento del derecho que las colombianas adquirieron para interrumpir el embarazo desde el 2006.

Este 29 de julio, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo las recomendaciones al Estado colombiano sobre el tema, entre las que citó las siguientes, según información de Women Link:

“El Estado parte debe asegurar que proveedores de salud y profesionales médicos actúen en conformidad con la sentencia de la Corte y no se nieguen a proporcionar abortos legales.

“Asimismo, el Estado parte debe tomar medidas para ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados, para que no tengan que recurrir a abortos ilegales o inseguros que puedan poner en riesgo su vida. El Estado parte debe facilitar el acceso a información pública sobre como acceder a un aborto legal”.

Roa afirmó que “esperamos que con el claro llamado que hace el Comité de Derechos Humanos de la ONU al Estado colombiano, se renueve en el nuevo gobierno el compromiso de trabajar para eliminar las barreras de acceso y se impulse una campaña de información para que mujeres, médicos, funcionarios públicos y jueces conozcan y apliquen la jurisprudencia constitucional en materia de aborto.

“Es una exhortación también para que el Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez reconozca que en efecto el aborto y los derechos sexuales y reproductivos hacen parte de los derechos humanos y por lo tanto entienda que su obligación es respetarlos y hacerlos garantizar”.

jueves, julio 29, 2010

Seguridad narcocrática/ Catatumbo, Norte de Santander
Amenazas de muerte o de judicialización contra víctimas de falsos positivos jurídicos
Con información de Ascamcat

La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Cceeu, Nodo Nororiental, coalición de organizaciones sociales de los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Santander y Magdalena Medio, las cuales trabajan en la promoción, divulgación-
y defensa de los derechos humanos, denunciaron ante la opinión pública nacional e internacional nuevos hechos de estigmatización, persecución y amenazas, contra las comunidades del Catatumbo nortesantandereano, especialmente contra la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat.

Según la denuncia de la organización campesina, el 23 de julio pasado, en la finca Bella Vista, de propiedad de José Alberto Quintero, ubicada en la vereda el Diviso, corregimiento El Aserrío, municipio de Teorama, sujetos desconocidos dejaron bajo la puerta la siguiente amenaza:

“DON ALBERTO Y DON ANTONIO ESTA PEQUEÑA NOTA QUE LE ESCRIBO ES DE AFAN LO UNICO QUE PUEDO DECIR ES QUE SE LARGUEN DE AQUÍ DE LA REGION VIENEN POR USTEDES ES UNA CRUELDAD QUE QUIEREN HACER CON USTEDES YO NO ESTOY DE ACUERDO COMO HAY OTROS QUE SI QUE USTEDES SON UNOS GUERRILLEROS LO UNICO QUE YO LES VEO ES TRABAJAR, TIENEN ALGUN FAMILIAR QUE LOS SAQUE DE AQUÍ PERO POR EL LADO DEL ECUADOR NI VENEZUELA NO SE ACERQUEN PORQUE ALLA TIENEN BOLETA DE CAPTURA Y LAS FOTOS DE USTEDES NOSOTROS ESTAMOS ESPERANDO ORDEN PARA CUIDAR LAS FINCAS PARA QUE USTEDES NO SE PUEDAN SALIR CUIDEN SUS HIJOS E HIJAS NO LOS DEJEN ANDAR SOLOS ES UN PELIGRO. PAISANOS PERDONEN LO MAL ESCRITO Y ORTOGRAFIA PORQUE ES DE AFAN USTEDES A DONDE SE VAYAN ME LO HAN DE AGRADECER PORQUE LE DIGO ES LO QUE QUIEREN PAGAR CARCEL EL RESTO DE SUS VIDAS O MATARLOS Y PASARLOS POR PERDIDOS LES CUENTO ESTO PORQUE NOSOTROS SABEMOS TODO CUIDESEN SU MEJOR AMIGO.

Las comunidades del Catatumbo, representadas por Ascamcat, han venido desarrollando diálogos de concertación y acuerdos con los gobiernos locales, departamental y nacional, en la búsqueda de soluciones a los múltiples problemas que afronta la población campesina de esta región del país.

Sin embargo, la Asociación Campesina del Catatumbo ha venido siendo víctima de persecuciones, estigmatizaciones, señalamientos y hostigamientos por parte de la Fuerza Pública, de seguridad del Estado y de algunas autoridades civiles.

En febrero pasado a través de falsos testimonios y montajes jurídicos, fueron capturados por orden de la Fiscalía, 17 labriegos entre los que se encontraban José Alberto Quintero Salazar y Jesús Antonio Quintero Salazar.

También se encontraban en la lista de órdenes de capturas arbitrarias los líderes de Asacamcat, José del Carmen Abril y Jhonny Feldreth Abril Salcedo, presidente y vocal de la asociación respectivamente.

Ante los atropellos cometidos contra los pobladores, en ese mismo mes se realizó una Comisión de Verificación, la cual constató en el terreno las irregularidades que se presentaron tanto en los procedimientos de captura como en la legalidad y credibilidad de los testimonios y los elementos probatorios.

Las personas amenazadas, Jesús Antonio Quintero Salazar y José Alberto Quintero Salazar, son padre y tío de los dirigentes de Ascamcat, Olga Lucía y Juan Carlos Quintero Sierra

Por los hechos anteriores, los cuales se suman a la persecución, hostigamiento, señalamiento, intimidación y amenazas contra la vida, la libertad y la integridad física de los defensores de derechos humanos, activistas de Ascamcat y de sus familias, los voceros de la organización exigieron:

Qué la Fiscalía investigue y sancione a los responsables de estos hechos y se adopten las medidas para salvaguardar la vida, libertad y la integridad, de los líderes y lideresas de la Asociación Campesina, así como de sus familias.

Así mismo pidieron que se investiguen las acciones irregulares que viene realizando el Ejército en el Catatumbo, especialmente en el Aserrío, y sobre los procedimientos que actualmente adelanta la Fiscalía EDA Catatumbo 29 de Cúcuta, por cuanto pueden presentarse judicializaciones amañadas contra el campesinado y sus líderes.

“Alertamos a la comunidad nacional e internacional sobre estos preocupantes hechos y manifestamos nuestro temor de que se sigan presentando y profundizando, y que la violación a nuestros derechos fundamentales y al derecho internacional humanitario se agraven de no tomarse medidas efectivas para que cesen estos hechos.

“Exigimos a la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Personerías, Vicepresidencia de la República y Fiscalía General de la Nación, que se haga un seguimiento minucioso a estos hechos, y que desde Ascamcat hemos dado a conocer en las denuncias públicas, rechazando estos hechos que ponen en riesgo a los pobladores.

“Solicitamos la solidaridad de la comunidad en general, que ha venido conociendo la gran labor que la Asociación Campesina del Catatumbo ha venido desarrollando en la región, por la defensa integral de los derechos humanos, la permanencia del campesinado en su territorio y la defensa de los recursos naturales, entendiéndolos como patrimonio nacional”, dice finalmente el documento emitido por Ascamcat.

miércoles, julio 28, 2010

Parauribismo/
Paramilitares amenazan nuevamente a dirigente campesino de Santander
Por Camilo Raigozo

La Asociación Agraria de Santander, Asogras, denunció ante la opinión pública nacional e internacional una nueva amenaza contra Cesar Augusto Tamayo, presidente de Asogras, enviada en un sobre de manila por paramilitares autodenominados “Águilas Negras”.

Los criminales hicieron llegar el mortal mensaje arrojándolo por debajo de la puerta en las oficinas de la organización en Bucaramanga, el cual fue encontrado y revisado por la secretaria de la organización, Maribel Quintero.

La amenaza de muerte, además de incluir a Tamayo, también va dirigido a Cesar Plazas y David Flórez, quienes son activistas sindicales.

No es la primera vez que el presidente de Asogras recibe amenazas de los paramilitares que operan en Sabana de Torres, Santander y en otros lugares de ese depatamento.


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Seguridad narcocrática/ La Macarena, Meta
“Este puede ser el cementerio de los ‘falsos positivos’”
Delegados de Estados Unidos y Europa constataron la existencia de una fosa común con al menos dos mil cuerpos de víctimas de la política de seguridad democrática de Uribe
Por Camilo Raigozo. Enviado especial. Voz

Convocada por el Senado de la República a instancias de la Comisión Accidental de Paz y Acuerdo Humanitario del Senado, cuya coordinación lidera la senadora del Polo Democrático Alternativo, Gloria Inés Ramírez Ríos, el pasado 22 de julio se realizó en-

el municipio metense La Macarena, la Audiencia Pública sobre la crisis humanitaria de los Llanos Orientales. Al evento asistieron unos 800 campesinos de las regiones del Ariari, Guayabero, Güejar, Guaviare y Caquetá.

Acompañaron y fueron testigos una delegación extranjera compuesta por 10 dirigentes sindicales, seis miembros del Parlamento Europeo, tres miembros del Parlamento Británico, tres delegados de España y dos de Estados Unidos.

También estuvieron presentes organizaciones y abogados defensores de los derechos humanos, las senadoras Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez y el representante Iván Cepeda Castro, entre otras personalidades.

“Vengo a denunciar un hecho atroz que las fuerzas militares hicieron contra nosotros, en la vereda Santo Domingo, municipio de Vistahermosa, Meta, el 30 de noviembre de 2006. Nosotros administrábamos una finca ganadera con mi esposo Javier.

“Ese día mi esposo salió a darle vuelta al ganado y encontró al ejército acorralando las reses y vio cuando le dispararon a una y la mataron. Javier llamó a James de Jesús Agudelo, quién subió con un hermano suyo y los tres fueron a hablar con el ejército. Los uniformados los detuvo y los llevó secuestrados por una montaña por espacio de tres horas, selva adentro.

“Luego los asesinaron, los amarraron a unas mulas y trasladaron los cuerpos hasta un sitio llamado helipuerto, porque allí es donde los helicópteros bajan a recoger a las víctimas de los hechos criminales que ellos cometen.

“Como a las nueve de la noche se los llevaron en el helicóptero hasta Granada, Meta, donde los hicieron pasar como guerrilleros dados de baja en combate, falsedad que fue ampliamente difundida por los principales medios de comunicación.

“Quienes detuvieron y asesinaron a sangre fría a las tres víctimas eran miembros de la Brigada Móvil 12, del Batallón 21 Vargas, al mando del mayor Ovalle y del teniente Mora.

“Los cuerpos de las tres víctimas habían sido enterrados como NN en el cementerio de Granada. Tuvimos que pasar seis días haciendo muchas diligencias para que nos entregaran los cuerpos para darles cristiana sepultura.

Los torturaron cruelmente antes de asesinarlos

Antes de asesinarlos los criminales torturaron cruelmente a sus víctimas, pues los cuerpos presentaban esos signos, según la denuncia. “No puede ser que en medio de un combate puedan coger a un guerrillero, torturarlo y luego matarlo. A ellos los cogieron sin ninguna clase de arma.

“Las que les pusieron a los cuerpos, tengo entendido que se la habían quitado a la guerrilla con anterioridad en un combate. Según el mayor Ovalle, la orden que le dio al teniente Mora fue que los matara que él tenía con qué legalizarlos.

“Eso ha sido muy doloroso. La petición que le hago a ustedes, a la delegación internacional es que nos ayuden, que no nos dejen solos. Hasta el momento hemos estado solos, nadie nos escucha.

“Con muchos obstáculos y dificultades he podido denunciar ante la Fiscalía y la Procuraduría, pero hasta el momento la respuesta ha sido impunidad”. El anterior caso narrado por Lucelly fue uno de los más de 100 casos denunciados en la audiencia de manera pública y privada.

Según el padre jesuita y defensor de derechos humanos, Javier Giraldo, en la fosa, antes clandestina y ahora pública, anexa a una guarnición militar y al cementerio en La Macarena, la Procuraduría sostuvo el año pasado que allí habrían al menos 2.000 cuerpos de víctimas.

La Fiscalía le había reconocido al padre Giraldo hace unos meses que el número de víctimas enterradas allí sin identificar era de 650, pero el ente investigador bajó luego esa cifra a 449.

De esas cifras hasta hoy la Fiscalía ha identificado los restos de 41 víctimas. Por su parte las comunidades sostienen que son más de dos mil los cuerpos que allí reposan.

Sin embargo hay serios indicios de que los cuerpos son de víctimas que militares hicieron pasar como guerrilleros caídos en combate, y de acuerdo con testimonios se trata de cientos de asesinatos cometidos por el ejército nacional y paramilitares.

“En estos días se ha podido comprobar plenamente que hay 10 casos de “falsos positivos” del ejército enterrados allí, lo que nos permite crear la hipótesis muy trágica de que este sea el cementerio de los falsos positivos.

“Además, por ser la tierra de la Macarena demasiado ácida, donde incluso el ADN se deteriora con mayor rapidez, nos hace sospechar que han escogido a propósito este lugar para que las huellas de los crímenes se borren lo más rápido posible”, le dijo Javier Giraldo a VOZ.

Arrasamiento sangriento del territorio

Por su parte el representante a la Cámara Iván Cepeda, dijo entre otras cosas que “lo que deja claro esta audiencia es que en el Meta, específicamente en esta zona hay un contexto de graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos entre las que se destacan, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales mal llamadas falsos positivos, violaciones sexuales y una lista extensa de otras violaciones.

"Estamos ante el mismo fenómeno de Soacha, el cual el gobierno negó hasta que lo demostramos. No se informa a las autoridades, no se hace el reconocimiento de los cuerpos, ni el levantamiento de los cadáveres, no se adelantan las investigaciones-

y no hay una sola persona que esté siendo investigada por semejantes delitos, además de que las autoridades encubren la existencia de este cementerio. Estos delitos pueden configurarse como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

“No es válido el argumento de que las personas que están en ese cementerio han sido dadas de baja por el ejército nacional en combate. Pero sí aún eso fuera cierto, que no lo es, de todas maneras se está violando el Derecho Internacional Humanitario.

"Muchas personas han denunciado aquí que sus hijos fueron desaparecidos por el ejército y enterrados en el cementerio en la forma de falsos positivos”, advirtió Cepeda quién dijo seguidamente que “el gobierno ha presentado al laboratorio de la Macarena como-

el más exitoso alcance de la política de seguridad democrática y como una zona que ha sido recuperada y consolidada, pero lo que demuestra esta audiencia es que no ha habido ninguna recuperación del territorio, sino un arrasamiento sangriento del territorio”.

También les pidió a los diputados internacionales que tomaran atenta nota a la hora de votar en los parlamentos de sus países el Tratado de Libre Comercio con Europa, “porque aquí en esta fosa, con dineros del Plan Colombia se ha financiado una operación que tiene todos los visos de ser una operación criminal”.Fotos Camilo Raigozo.


“A los eurodiputados no les va a gustar que los llamen terroristas”: Iván Cepeda

Eurodiputados en la audiencia de la Macarena. Foto Camilo Raigozo.

El representante a la Cámara, Iván Cepeda, dijo que las declaraciones del presidente Álvaro Uribe en las que señala a la comisión que viajó a La Macarena como “voceros del terrorismo” son desafortunadas y ya fueron trasladadas a los eurodiputados que participaron en ese viaje.

“Es una mala estrategia por que esa comisión que fue a La Macarena no solo estaba integrada por congresistas sino por eurodiputados, que no van a tomar de la mejor manera haber sido catalogado como terroristas”, precisó Cepeda.

Este fin de semana el presidente Uribe señaló que “el terrorismo utiliza unos voceros para plantear la paz y otros para buscar cómo desacreditar a las Fuerzas Militares”, en referencia al presunto cementerio que se encuentra al lado de la guarnición militar de La Macarena y en el cual estarían los cuerpos de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate.

Indicó el congresista Cepeda que las declaraciones del presidente Uribe son un mal paso porque en La Macarena hay un cementerio de 600 mil metros cuadrados con tumbas cavadas sin un procedimiento transparente y que “albergan cientos de personas que han sido entregados por las fuerzas militares”.

Finalmente, el representante a la Cámara, Iván Cepeda, aseguró que según los testimonios recogidos en la comunidad desde el 2002 y hasta la fecha se han presentado una acumulación de violación de los derechos humanos que incluyen detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.

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Iván Cepeda realizará debate sobre tierras en el Congreso
Por Oficna de prensa del congresista

El representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, realizará un debate sobre tierras en el Congreso de la República el próximo 18 de agosto.

El congresista llama a todos los ciudadanos y ciudadanas que hayan sido vícitmas, tengan información relevante sobre usurpación violenta de tierras o de compra fraudulenta de tierras, extinción de dominio, compra de tierras de propiedad de familias desplazadas, testaferrato, adjudicación ilegal de tierras usurpadas para el desarrollo de megaproyectos y demás, para que envíen su información a los siguientes correos electrónicos:


fm_cepeda@yahoo.fr

Seguridad narcocrática/
Aseguran y condenan a oficiales del Ejército por "falsos positivos"
Por Camilo Raigozo

Este 27 de julio en Medellín , y ante el CTI adscrito a Derechos Humanos y DIH se presentó, Juan Carlos del Río Crespo, mayor del Ejército, para cumplir la orden de captura proferida en su contra, en la investigación que se adelanta por las muertes de tres campesinos de una misma familia.


Los hechos criminales en los que estaría involucrado el oficial ocurrieron el 11 de diciembre de 2002, en zona rural del municipio de Campamento, Antioquia. Allí las tropas del Batallón Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, al mando del entonces teniente Ríos Crespo sacaron del cañaduzal donde adelantaban su faena diaria a los labriegos Alejandro, Angel y Ramiro Agudelo Pérez.

Luego los criminales hicieron pasar los cuerpos de los tres labriegos como guerrilleros de las Farc dados de baja en combate. Según lo establecido por la Fiscalía, los labriegos fueron asesinados a sangre fría en estado de indefensión.

Así mismo, junto al cuerpo de una las víctimas, cuyo brazo izquierdo estaba amputado, fue encontrada una escopeta. Al lado de los otros dos cadáveres había un changón.

El oficial está sindicado como presunto responsable del delito de homicidio en persona protegida. En este proceso hay otras personas vinculadas.

Condena por otro “falso positivo”

Por otro lado, el teniente del Ejército Nacional Alejandro Ramírez Riaño, fue condenado este 27 de julio por el Tribunal Superior de Antioquia a 30 años de prisión por el asesinato de un campesino en Cocorná, Antioquia, reportó la Fiscalía.

El crimen fue cometido el 9 de septiembre de 2002 por tropas del Batallón Bajes de la Cuarta Brigada. Estas habían reportado el asesinato a sangre fría de Orlando de Jesús Idárraga Tobón, como la baja en combate de un guerrillero de las Farc.

Según la Fiscalía, se pudo establecer que la víctima era un agricultor de la zona, y que fue retenido por los militares cuando se dirigía a una reunión en la escuela veredal. Ramírez Riaño fue condenado en primera instancia por el Juzgado Penal del Circuito de El Santuario Antioquia, que lo halló responsable del delito de homicidio en persona protegida.

Sin embargo, el presidente Uribe ha instado a quienes han cometido estos crímenes de guerra y de lesa humanidad a que no se desmoralicen y a que continúen cumpliendo la política de “seguridad democrática”, pisoteando los derechos humanos fundamentales y el Derecho Internacional Humanitario.

La tozuda realidad le da sobrada razón a la senadora Piedad Córdoba cuando afirma que el gobierno de Uribe es el más criminal y sanguinario en la historia de Colombia.

Sabana de Torres, Santander
El alcalde es postulado a ser uno de los mejores del país por su corrupción
Por Asogras

La foto de Asogras muestra el buldocer del municipio haciendo tabajos en la casa de Leonidas Cote Velandia.

La Asociación Agraria de Santander, Asogras, denunció a la opinión pública nacional e internacional, que del 2 hasta el día 17 de Julio del presente año, se desarrollaron unos trabajos en predios privados de Luís Eduardo Valdivieso, ex Notario Tercero de Bucaramanga y de José Leonidas Cote Velandia, tío del del alcalde del municipio de Sabana de Torres, Uriel Velandia Gutiérrez.

Estas personas tienen la costumbre de utilizar la maquinaria pesada del municipio para hacer arreglos en sus fincas y mientras que las carreteras rurales están en total abandono.

El alcalde no ha cumplido con el compromiso en el plan de gestión de su gobierno, como es el mantenimiento de los 500 kilómetros de vías rurales y urbanas en el municipio.

Las imágenes que anexamos son del buldócer de marca Komatsu D 53 A, el cual es de propiedad del municipio de Sabana de Torres. Las gráficas lo muestran realizando trabajos en la finca Buenos Aires, propiedad de José Leonidas Cote Velandia, tío del alcalde.

El mismo buldócer se muestra abriendo una carretera nueva en la finca de propiedad de Luís Eduardo Valdivieso, en la Vereda la Robada, para llegar a unos cultivos de caucho que este está sembrando en este momento.

Con esto queda claro, que el alcalde, siguiendo el la política de el ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, alias “Agro Robo Seguro”, hace trabajo social ayudando a los ricos del municipio, mientras que para los pobres no hay ayuda puesto que ellos si tienen que colocar combustible y tienen que pagar a los operadores, como sucedió en las veredas La Robada, El Diamante y otros lugares del Municipio.

Solicitamos a la Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y Personería, así como a los restantes entes de control para investiguen toda la corrupción que se viene dando en este municipio.

También es de aclarar que hemos denunciado estos hechos de corrupción ante la Fiscalía de Bucaramanga pero no pasa nada, demostrándonos el manejo político que se le da a estas denuncias.

Llamamos a la solidaridad del movimiento sindical, el movimiento social de paz, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, que hacen presencia en Santander y a nivel nacional e internacional a estar alertas por lo que nos pueda pasar por estas denuncias que estamos haciendo, ya que en el municipio hacen control los paramilitares.

Firman
Augusto Tamayo, presidente de Asogras, Maribel Quintero García, secretaria departamental, Rosendo Duarte, vicepresidente y Ayde Giraldo, secretaria de derechos humanos

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martes, julio 27, 2010

Por fosas de La Macarena serán citados ante el Congreso de la República los ministros del Interior, Defensa y la encargada de la cartera de Relaciones Exteriores
Por Oficina de prensa del congresista Iván Cepeda

En la Sesión Plenaria del Senado y la Cámara de Representantes de este 27 de julio, el representante por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro y la senadora Gloría Inés Ramírez del mismo partido, radicarán ante las dos Cámaras una proposición para citar a los ministros del Interior,-

Defensa y de Relaciones Exteriores, a debate sobre el hallazgo de un cementerio clandestino con centenares de fosas, localizado en un terreno adyacente a la base local de las brigadas móviles de la Fuerza de Despliegue Rápido, Fudra. Serán invitados el Fiscal y el Procurador General de la Nación.

La citación pretende hacer un llamado para que se verifique y se investigue a profundidad la cifra real sobre el número de cadáveres que se encuentran sepultados sin identificación clara, las causas de los decesos y las actuaciones de la fuerza pública en este caso.

La denuncia sobre la existencia de este cementerio clandestino fue presentada el pasado 22 de julio de 2010 en una Audiencia de Derechos Humanos que contó con el acompañamiento de una numerosa delegación nacional e internacional integrada por diez dirigentes sindicales,-

seis miembros del Parlamento Europeo, tres miembros del Parlamento Británico, tres delegados de España, dos de Estados Unidos, varios abogados y dirigentes de ONG de derechos humanos nacionales e internacionales, miembros del Congreso de la República y representantes del gobierno colombiano, quienes pudieron comprobar la existencia de este cementerio clandestino.

La misión también constató que en las tumbas no había "ninguna identificación distinta a unas tabletas de madera con unos números, en los que aparecen los años y otro tipo de datos".

Cerca de 800 campesinos provenientes de las regiones de Guayabero, Ariari, Guéjar, Guaviare y el Departamento del Caquetá, asistieron a la Audiencia, y varios de ellos presentaron testimonio sobre las múltiples violaciones de derechos humanos de que vienen siendo objeto en la región y confirmaron las 253 denuncias sobre “falsos positivos” y 79 de desapariciones forzadas.

La Fiscalía General de la Nación logró identificar a 41 de los muertos, entre las que se cuentan 4 personas reportadas como desaparecidas. En esta fosa podrían haber sido sepultadas víctimas de los mal llamados “falsos positivos”.


Sabana de Torres, Santander
Inminente desalojo forzoso de 17 familias
Con información de Asogras

La Asociación Agraria de Santander, Asogras, denunció a la opinión pública nacional e internacional, que el próximo 30 de julio a las nueve de la mañana se hará el desalojo por la fuerza ordenado por el alcalde del municipio de Sabana de Torres, Uriel Velandia Gutierrez, quien a través de la resolución No. 00274 del 13 de Julio del presente año, ha ordenado “proteger los derechos” de Cristian Castellanos.

El supuesto dueño del predio apareció este año y la actitud del alcalde desconoce los derechos que tienen 17 familias campesinas, quienes desde 1984 poseen pacíficamente el predio, como lo demuestran los documentos.

“Le recordamos al alcalde que Castellanos nunca ha vivido en el predio como lo sostuvo ante la Defensoría del Pueblo de Santander, presentando un falso testimonio que la Fiscalía debe investigar.

“La Asociación presentó querella policiva contra Cristian Castellanos el 19 de mayo del presente año, pidiendo que se le protegieran los derechos como campesinos a nuestros afiliados, dice Asogras en un comunicado.

La diligencia se realizó ante la inspección de policía, sin que hasta la fecha haya sido respondida por parte de la inspectora, Cecilia Rojas, “demostrando que la administración aplica la ley de acuerdo a sus intereses”, opina la Asociación.

“Le recordamos al alcalde, Uriel Velandia Gutiérrez, que esta violando los acuerdos hechos en la primera Comisión de Verificación, realizada en el mes de septiembre del año 2009, ante más de 50 organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, donde se comprometió a legalizar dichos predios.

Producto de este acuerdo la administración municipal ha hecho inversión social, como lo fueron unos saneamientos básicos que beneficiaron a las 17 familias próximas a desalojar por métodos violentos.

“Por toda esta situación pedimos la solidaridad y acompañamiento para el próximo 30 de Julio a las 9 am., a las organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones campesinas, organizaciones sindicales, la Defensoría, Personería, Brigadas Internacionales de Paz, Procuraduría, Universidades, abogados y medios de comunicación, para que nos acompañen y hagamos presencia la finca el Silencio, vereda Provincia, municipio Sabana de torres”, clama las comunidades.

Seguridad narcocrática/
Militares de la Brigada Móvil 12 del Ejército asesinaron a un menor e hirieron a otro en Vistahermosa, Meta
Con información de la Corporación Orlando Fals Borda

Julio 27 2010 (Vistahermosa, Meta) El Comité Regional de Derechos Humanos de Vistahermosa, denunció que un soldado adscrito a la Brigada Móvil 12 del Ejército Nacional disparó de forma indiscriminada contra dos menores que se encontraban en actividades de cacería.

Los hechos ocurrieron a las 12 del día de este martes 27 de julio en la vereda La Argentina, jurisdicción de Vistahermosa (Meta). “Al parecer uno de ellos murió porque hasta el momento no ha llegado ningún tipo de ayuda y tampoco les han permitido a los familiares acercarse al sitio de los hechos", dice la información recibida por Notimundo.


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lunes, julio 26, 2010

La ONU cuestionó al gobierno por arbitrariedades del procurador
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas chocó con el gobierno colombiano por su falta de respuesta frente a las acciones del procurador en contra de los derechos sexuales y reproductivos
Por Camilo Raigozo. Voz

El pasado 15 de julio, la Organización Women´s Link Worldwide, dirigida por la abogada defensora de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, Mónica Roa, denunció en Ginebra, Suiza, ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas,-

las acciones arbitrarias del procurador general de la nación, Alejandro Ordoñez, por constituirse estas en violaciones a los derechos humanos y al incumplimiento del Estado colombiano con las obligaciones internacionales frente al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Los estados firmantes del pacto internacional, del cual Colombia hace parte, deben rendir cada cuatro años ante la Organización de Naciones Unidas, un informe sobre las actividades que adelantan para adoptar las medidas que garanticen la defensa y el respeto de los derechos humanos.

Las recomendaciones recibidas por Colombia hace cuatro años por parte de este Comité sirvieron en el pasado reciente de apoyo y argumentación en la demanda que logró la despenalización en algunos casos del aborto ante la Corte Constitucional.

Según información suministrada por Brújula Comunicaciones, en la sesión del jueves 15, el Comité a través de su vocero, el comisionado argentino, Fabián Salvioli, le pidió cuentas a los representantes del gobierno de Uribe sobre las actuaciones del Procurador Ordoñez en contra del derecho al aborto de las mujeres en Colombia,-

específicamente la solicitud que hizo de anular la sentencia T-388/09 que ordena incluir información sobre el aborto en las campañas educativas dirigidas a adolescentes y sobre la incidencia que ejerció Ordoñez para que la Clínica de la Mujer en Medellín, no prestara servicios legales de aborto, lo que afecta principalmente a las mujeres de escasos recursos y a víctimas de violación.

En la sesión del día siguiente, 16 de julio, en el momento en que los representantes del gobierno colombiano tenían que dar respuesta a los cuestionamientos del Comité por los atropellos del procurador Ordoñez, estos no respondieron. El Comité volvió a insistir pero solo encontró silencio por parte del gobierno colombiano.

Ya desde el año 2004 el Comité le había recomendado a Colombia revisar y adecuar su legislación en materia del aborto, la cual era excesivamente restrictiva y caduca. Igualmente el Comité ha reconocido en repetidas ocasiones que los derechos reproductivos y sexuales están protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Al respecto la abogada Mónica Roa, afirmó que “las acciones del Procurador se traducen en obstáculos reales para las mujeres que quieren ejercer su derecho a interrumpir legalmente su embarazo”.

La defensora de los derechos de la mujer también recordó que hace sólo dos semanas, una niña de 13 años murió a causa de un embarazo de alto riesgo producto de una violación y que otra de 23 falleció en Barranquilla al acudir a un aborto clandestino. “Mientras los funcionarios públicos no hagan cumplir las leyes, protejan los derechos fundamentales y sancionen a quienes no lo hacen, las mujeres en Colombia seguirán muriendo”, dijo Roa.


Parauribismo/
‘El presidente Uribe nos puso como objetivos militares’

Así lo manifestó la senadora del Polo Democrático Alternativo, Gloria Inés Ramírez, en el marco de la rueda de prensa en la que las organizaciones, personalidades, parlamentarios, comunidades y quienes convocaron e intervinieron en la Audiencia Pública por la Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales, realizada el pasado 22 de julio en La Macarena, Meta, rechazaron los ataques de Uribe.

A continuación transcribimos en su integridad el comunicado:

Bogotá, Julio 26 2010. Las Organizaciones, Personalidades, Parlamentarios Colombianos y delegados internacionales nos permitimos expresar ante la opinión pública nacional e internacional nuestro más profundo sentimiento de dolor e indignación por el desprecio y ofensa del representante del Estado colombiano, Doctor Álvaro Uribe Vélez el día de ayer (25 de julio) en La Macarena -Meta.

El Doctor Uribe Vélez dijo en la base militar de dicho municipio: “El terrorismo, en esa combinación de formas de lucha, mientras a través de algunos voceros propone la paz, a través de otros voceros viene aquí a La Macarena a buscar cómo desacredita a la Fuerza Pública y cómo la sindica de violación de Derechos Humanos”.

Así mismo, envió un mensaje de aliento a las tropas en su lucha contra el terrorismo, y les dijo que cuentan con todas las condiciones para obtener la victoria final. Al calificar de “terroristas” a las víctimas, a los defensores de derechos humanos y a los congresistas convocantes de la Audiencia, les estaría diciendo de forma clara y directa a las tropas oficiales bajo su mando, que somos objetivo militar.

No se escucha en el discurso presidencial una sola línea de condolencia para con las víctimas que denunciaron crímenes; no se oye un solo llamado a la justicia, una sola promesa de investigación; todo lo contrario, se hace una exhortación a continuar la guerra. Desde nuestro más profundo sentimiento de dolor e impotencia, queremos hacer las siguientes precisiones:

El desprestigio de las Fuerzas Armadas de Colombia es responsabilidad única y exclusivamente de quienes, con la investidura legal y la obligación constitucional para garantizar la vida, honra y bienes de todos los colombianos, cometen crímenes atroces, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en contra de la población civil indefensa. Es de quienes portando las armas de la República, se comportan como los delincuentes a quienes dicen combatir.

Nuestra labor está encaminada, únicamente a servir a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y de guerra. A la población civil indefensa que sufre las consecuencias de un conflicto armado que ya lleva más de 45 años sin solución y que, contrario a lo que expresó el jefe del Estado Colombiano, está muy lejos de terminarse por la vía de la confrontación armada.

Nuestras denuncias buscan que las autoridades competentes (Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de La Nación) adelanten una investigación exhaustiva e imparcial y determinen lo ocurrido en el cementerio de NNs de La Macarena y sancionen a los responsables de los crímenes que se hubieren cometido.

Consideramos de vital importancia que se integre una comisión internacional forense que vigile los procedimientos adelantados por las autoridades colombianas.

Nuestra labor de defensa de los derechos humanos es legalmente reconocida por las Naciones Unidas, La Organización de Estados Americanos (OEA) y por la Constitución Nacional de Colombia.

Tanto las organizaciones ONG, parlamentarios y comunidad campesina que participó en la audiencia pública, siempre acató las decisiones de las autoridades civiles y militares -incluida la decisión del Alcalde municipal de La Macarena- de impedir el ingreso al cementerio público municipal para orar y hacer un acto simbólico en homenaje a las víctimas.

De otra parte, queremos invitar a los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas de Colombia (Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía) y a las demás autoridades constitucionalmente reconocidas, a desarrollar su misión institucional en el marco de la Constitución y la ley, observando las normas del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos consagrados en la Carta Universal y en el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, por cuanto son sus carreras, sus vidas, sus familias las que a la larga terminan pagando las consecuencias de obedecer órdenes cargadas de odio y sed de venganza como las emitidas por el Doctor Uribe Vélez desde La Macarena el día domingo 25 de julio 2010.

Nosotros como colombianos y colombianas y como Defensores y Defensoras de Derechos Humanos no descansaremos en nuestra búsqueda de justicia, de verdad y de reparación integral para las víctimas.
Por último debemos reconocer, que excepto algunos incidentes menores y señalamientos infundados, el comportamiento de la Fuerza Pública durante la realización de La Audiencia sobre la “Crisis Humanitaria en los Llanos Orientales” el pasado viernes 22 de julio en la Macarena, fue respetuosa.

Firman,

Gloria Inés Ramírez
Senadora de la República

Padre Javier Giraldo
Vocero de las organizaciones sociales y de derechos humanos

Foto Cinep

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Parauribismo/
Atentado contra ONG de derechos humanos Justicia y Vida
Con información de Justicia y Vida

El pasado miércoles 21 de julio alrededor de las 4:30 pm, la ventana de la oficina de la organización de derechos humanos Justicia y Vida, fue impactada por un proyectil de arma, que por fortuna no logro herir a ninguna de las personas que allí se encontraban.

La oficina que se encuentra en un octavo piso en el centro de Bogotá y por las características del orificio dejado por la bala, pensamos que el disparo salió de un edificio aledaño a la oficina.

Esta nueva agresión se enmarca dentro de las amenazas contra la vida de Lilia Solano directora de la organización.

El viernes 23 de julio en horas de la mañana, Solano recibió nuevamente amenazas por vía telefónica donde se describen actividades y lugares que ella frecuenta y se le señala de apátrida, terrorista, y amenazan con atentar contra su vida.

Es claro que bajo el régimen del actual gobierno no han existido garantías para los defensores de derechos humanos, ni para los que ejercen su derecho constitucional a la crítica y a disentir de las políticas del gobierno.

Por este motivo exigimos al gobierno nacional, se adopten de manera concertada, medidas eficaces e inmediatas, con el objetivo de brindar protección real y efectiva a la compañera Lilia Solano y al equipo de la organización Justicia y Vida.

Igualmente solicitamos a los organismos de control y judiciales, que realicen las investigaciones necesarias que determinen los responsables de los hechos relatados y sean sancionados.

Informes:
Justicia y Vida
comunicaciones.justiciayvida@gmail.com
liliasolano1@gmail.com
Tel: 57-1-2858912

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