El régimen quiere aniquilar a Fensuagro
La principal federación sindical agraria en Colombia está en la mira del régimen para ser aniquilada a punta de detenciones arbitrarias, asesinatos selectivos, amenazas, fumigaciones, desplazamientos y exilios de sus dirigentes y afiliados. Todas sus estructuras estarían infiltradas por la inteligencia militar
Por Camilo Raigozo. Voz

Desde su mismo nacimiento, por allá en las luchas agrarias de los años 70 del siglo pasado, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, ha permanecido en la mira de cada gobierno, que sin excepción han querido acabarla utilizando todas las formas de represión y exterminio incluidos los violentos y criminales; acciones potenciadas a partir de la llegada del presidente Uribe al poder.

Desde la creación de Fensuagro en 1976, han sido asesinados al menos 450 líderes regionales y más de 1.050 afiliados. En zonas como Urabá, el sindicato fue exterminado por la alianza entre paramilitares, militares, transnacionales, empresarios, ganaderos y autoridades civiles, según datos arrojados por distintas investigaciones.

La misma táctica se ha implementado con cierto éxito en los departamentos de Cundinamarca, Cesár, Córdoba, Meta, Magdalena, Guajira, Tolima, Caquetá y en al menos en otros 15 departamentos. En la actualidad permanecen encarceladas, víctimas de montajes judiciales y falsas acusaciones de tener vínculos con las FARC, 16 campesinas y 44 campesinos

Infiltración de la inteligencia militar

Según informaciones que las directivas de Fensuagro han suministrado a distintos medios, en las listas que el ex director del DAS Jorge Noguera le suministró a los paramilitares para ser ejecutados, aparecen varios líderes regionales y otros sindicalistas que efectivamente fueron asesinados y desaparecidos.

Sobre estas listas macabras se tuvo conocimiento gracias a Rafael García, subalterno y hombre de confianza de Noguera, cuando así lo denunció en sus declaraciones ante la justicia.

El problema es tan grave, que en cualquier región del país, hoy no se sabe a ciencia cierta quienes son campesinos auténticos y quienes militares o paramilitares disfrazados de campesinos que pacientemente realizan labores de inteligencia, no solo a nivel de base de las organizaciones sociales agrarias, sino también en sus diferentes estructuras organizativas.

La razón de esta táctica es que el régimen considera al campesinado, sus organizaciones sociales y su lucha de resistencia en la defensa de sus derechos y territorios, como parte de la insurgencia.

“En las regiones agrarias ya no se sabe quién es quién, porque, por un lado, el régimen de la ‘Seguridad Democrática’ compra o amedrenta al campesino para que informe sobre sus vecinos y por otro, mantiene infiltrados a militares o paramilitares disfrazados de campesinos que hacen labor de inteligencia entre la población agraria y sus organizaciones, dando como resultado, los encarcelamientos masivos, los asesinatos selectivos, el desplazamiento forzado, las desapariciones y los montajes judiciales, entre otras violaciones”, le comentó a VOZ un miembro del sindicato quién pidió omitir su identidad.

Paramilitares asesinaron a dirigente agrario del Putumayo

Otro botón para la muestra. El pasado 16 de agosto, paramilitares asesinaron en Puerto Asís, Putumayo, a Manuel Erminson Gamboa, vicepresidente de la Asociación Campesina para la Defensa del Putumayo, Ascap, filial de Fensuagro, a su vez afiliada a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.

Los criminales le propinaron siete tiros cuando el dirigente campesino transitaba por el barrio Acebedo de Puerto Asís. Ocho días antes el turno de ejecuciones extrajudiciales fue para el dirigente Luís Mayusa Prada, en Saravena, Arauca, a quién el régimen asesinó de 17 tiros.

Campesino desaparecido fue asesinado

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) denunció ante la opinión pública, las autoridades civiles, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y ante las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, que el campesino Manuel Sánchez, quíen había desaparecido desde el pasado martes 5 de agosto, en la vereda Lejanías, municipio de Remedios (Antioquia), fue encontrado asesinado el sábado 9 de agosto.

La víctima era miembro de la junta de acción comunal de su vereda y se dedicaba a la artesanía minera.

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Molano et al
Jaque a la libertad de expresión
La demanda de la familia Araujo, de Valledupar, Cesar, contra el sociólogo y periodista Alfredo Molano, por injuria y calumnia busca darle jaque mate a la libertad de opinión
Por Camilo Raigozo. Voz

En la audiencia,Alfredo Molano a la derecha, su abogado y el juez al fondo. Foto Camilo Raigozo

El pasado 12 de agosto, el sociólogo, escritor, investigador y periodista Alfredo Molano Bravo, tuvo que comparecer ante un juez en audiencia preparatoria por los cargos de injuria y calumnia presentados en su contra por la familia Araujo de Valledupar.

El origen de la querella contra el periodista es una columna de opinión suya titulada “Araujos et al” (Araujos y otros), publicada por el periódico El Espectador el 24 de febrero de 2007.

“Se trata de una columna de opinión donde su autor expresa una serie de juicios sobre miembros de dos familias con el apellido Araujo, una procedente de Valledupar y la otra de Cartagena.

“Hace referencia a las familias citadas de una manera general, con epítetos que tomaría, de una parte, de un ambiente contextual de prensa y medios de las mismas fechas de escrito, dado que se trata, por contexto enunciativo, de personalidades que han tenido - y en especial en el momento en que se escribió la columna- una frecuente exposición en medios donde se le endilgan algunos juicios de valor y, de otra parte, avanza en otras deducciones personales sobre las mismas familias referidas, citando algunos nombres y eventos particulares.

“En este último caso, el articulista si se refiere a algunas personas por sus nombres o apellidos, pero de modo parafrásico , o sea como ampliación de un contexto y por tanto el sujeto que recibiría la carga referencial de las oraciones permanece ambiguo”, dice en su análisis de la columna en mención Armando Silva, quien ha adelantado estudios doctorales en semiótica, psicoanánális, filosofía y literatura.

Familia querellante

De la familia Araujo de Valledupar, Álvaro Araujo Castro, ex senador uribista, se encuentra tras las rejas por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo y, su padre, Álvaro Araujo Noguera, se encuentra prófugo de la justicia por el presunto secuestro de Víctor Ochoa Daza, hermano del ex alcalde de Valledupar, Elías Ochoa Daza, rivales políticos de la familia Araujo.

Según las investigaciones, Araujo Noguera no solo se habría beneficiado del secuestro de Ochoa, sino que habría intervenido en la negociación para su liberación como emisario del temible jefe paramilitar “Jorge 40’.

Araujo Noguera fue senador de la República, gerente del banco estatal Caja Agraria, ministro de Agricultura y dirigente de la Federación Nacional de Ganaderos. En 1990 fue destituido de su curul de senador por contrataciones públicas ilegales.

Se le considera el poder tras bambalinas en el departamento de Cesar y además de ser padre del ex senador preso y de la ex canciller María Consuelo Araujo, “La Conchis”, el hoy prófugo de la justicia es tío del gobernador del Cesar y cuñado del Procurador General de la Nación Edgardo Maya Villazón.

La mordaza

“En mi columna ‘Araujos et al’, hago referencia fundamentalmente a las élites regionales y no estoy sindicando a nadie en particular. Sí la sentencia es condenatoria la libertad de prensa queda destrozada, especialmente la libertad de opinión. La libertad de prensa está y seguirá amenazada y es un hecho que a todos nos corresponde”, le dijo a VOZ Alfredo Molano al término de la audiencia.

El pasado 10 de diciembre en audiencia de conciliación los querellantes Andrés Alfredo Araujo Ariza, Andrés Alfredo Rafael Molina Araujo, apoderados de Hernán Felipe Araujo Ariza y María Mercedes Molina Araujo, le pidieron al periodista rectificar sus afirmaciones en una columna que debía ser revisada por ellos.

Molano rechazó la propuesta argumentando que eso sentaría un precedente negativo para la libertad de prensa, especialmente contra el periodismo de opinión. “Lo que está en juego en mi proceso es la libertad de prensa”, le comentó Molano a VOZ.

No es la primera vez que la rancia oligarquía y el régimen narco paramilitar, tratan de acallar a los periodistas cuyas denuncias y opiniones les resultan incómodas.

Periodistas como Gonzalo Guillén, Fernando Garavito, Carlos Lozano, María Jimena Dusán, Antonio Caballero, Daniel Coronell, Hollman Morris, Claudia López, Felipe Zuleta, Ramiro Bejarano, Daniel Samper y decenas de periodistas anónimos de la provincia colombiana, han tenido que padecer los estrados judiciales, las amenazas, el desplazamiento y el exilio. Otros pagaron con su vida el apego a la verdad, a la justicia y a la democracia.

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Parauribismo/
Audiencia de Salvador Arana "El gobernador de la muerte"
Por Colectivo de Abogados Alvear Restrepo

Eeste miércoles 20 de agosto a las nueve de la mañana, se llevará a cabo en el Jusgado Primero de Bogotá situado en la calle 31 con sexta, la audiencia pública contra el ex gobernador Salvador Arana, por el juicio que se le adelanta por concierto para delinquir, desaparición forzada y homicidio agravado, del ex alcalde del municipio El Roble, departamento de Sucre, Eudaldo León Díaz Salgado.

Por tal motivo, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado convoca a la opinión pública nacional e internacional, así como a los amigos y allegados del ex alcalde, para que acompañemos a sus familiares y a los de todas las víctimas del Bloque Héroes Montes de María, dirigido por el jefe paramilitar Rodrigo Mercado Peludo, alias “Cadena” quien acataba ordenes de Salvador Arana para rechazar estos crímenes de lesa humanidad y respaldar a las víctimas del paramilitarismo.

Es importante recordar que Arana también es señalado de ordenar varias masacres en el departamento de Sucre, de ser el autor intelectual del homicidio de la fiscal Yolanda Paternina Negrete, quien investigaba la masacre de Chengue y que además fue condenado por la Procuraduría General de la Nación por la apropiación de miles de millones de pesos del Estado, cuando fue gobernador de Sucre.

Foto: Semana

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Periodista William Parra solicita aplazamiento de indagatoria
La Fiscalía no ha entregado la totalidad de las supuestas pruebas de cargo a pesar de haber sido solicitadas por la defensa del comunicador
Por William Parra

Por medio de escrito presentado por mi defensa el pasado 14 de agosto de 2008, solicité al fiscal de la Unidad de Terrorismo que adelanta el caso en mi contra, que aplazara la diligencia de indagatoria para la cual he sido citado.

Esta solicitud la hago porque después de haber leído el expediente y las supuestas pruebas en mi contra, encuentro que

1. Existen por lo menos seis pruebas anunciadas por la Fiscalía que no aparecen en el proceso, y por lo tanto se desconoce cuál es su contenido, pero no obstante, la Fiscalía sustenta en ellas la apertura de investigación en mi contra y el llamado a indagatoria.

Es elemental que en un proceso el imputado pueda conocer todas las pruebas para poder acceder a una defensa verdadera, como es el sentido que se le da a una indagatoria.

2. Porque debo tener acceso a una copia espejo de los equipos ( Computador,USB, disco duro, etc) de donde supuestamente sacaron las pruebas. En el proceso sólo me fueron puestos a disposición papeles, ello a pesar de que mi defensora solicitó a la Fiscalía aclarara si tenía otros elementos.

Así, la ley obliga a la Fiscalía a que me muestre a mí y en general a todos los procesados lo que supuestamente existe en dichos elementos (computador, USB, memorias externas, etc), para poder saber si hay pruebas en mi favor allí y si las que dicen los funcionarios de la Policía Nacional, son las que están.

Ello hace parte del derecho de defensa de cualquier ciudadano y con mayor razón de una persona como yo que ha sido perseguida, entre otros, por los dos últimos directores de la Policía nacional, el general Jorge Daniel Castro, quien quiso obligarme no sólo a revelar el sitio, sino llevarlo al lugar donde había realizado una entrevista al vocero de las FARC, Raúl Reyes, cuya negativa , coincidió curiosamente con un atentado en mi contra, en el cual me propinaron ocho puñaladas delante de mi pequeña hija.

Y ahora por el actual director de la Institución general Óscar Naranjo, es decir por el jefe de los que dicen que encontraron pruebas en mí contra.

3. Como si esto no fuera suficiente, dentro de las supuestas pruebas de cargo existen contradicciones en fechas y contenidos, que pido sean aclaradas antes de la diligencia de indagatoria, mediante el acceso a una copia espejo de los elementos antes mecionados. Así se podrá aclarar en definitiva, qué es lo qué dicen, si dicen algo.

En las condiciones actuales, cómo me podría defender respecto de éstas pruebas, si ni siquiera la propia Fiscalía tiene claridad sobre las fechas o sobre los contenidos ?

Pese a peticiones anteriores aún hoy me veo obligado a exigir una vez más, se permita a mi defensa el acceso, no sólo al expediente, sino a las supuestas pruebas de cargo, para poder adelantar mi defensa en plenas condiciones de transparencia.

En resumen, la situación sigue siendo una clara vulneración de mis derechos. Como persona Inocente que soy, no renunciaré a mis derechos, ni como persona, ni como procesado, no cejaré en mi empeño de demostrar esa inocencia y estoy dispuesto a cumplir con los llamados de la justicia, siempre y cuando se respeten el debido proceso y el derecho a la defensa.

William parra.

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Parauribismo/

Ordenan captura de 15 militares por masacre de San José de Apartadó
La decisión fue provocada por el testimonio de Jorge Luis Salgado, un ex paramilitar que acusó a los uniformados de asesinar, en asocio con las Auc, a los 3 niños y 8 adultos
Por: El Tiempo

"Los niños estaban debajo de la cama. La niña era muy simpática, de unos 5 o 6 años y el peladito también era curiosito (...) Propusimos a los comandantes dejarlos en una casa vecina pero dijeron que eran una amenaza, que se volverían guerrilleros en el futuro (...) 'Cobra' tomó a la niña del cabello y le pasó el machete por la garganta", afirmó Salgado, oriundo de Carepa (Antioquia), a las autoridades el pasado 30 de enero.

La masacre en la comunidad de paz ocurrió el 21 de febrero del 2005. Ese día, los cuerpos mutilados y decapitados quedaron abandonados en medio de la selva y en fosas a medio tapar.Todas las víctimas eran miembros de un grupo que se declaró neutral dentro del conflicto armado colombiano y que venía pidiendo afanosamente protección especial.

Aunque, desde un comienzo, testimonios indicaron que los responsables de estos hechos eran miembros de la Brigada XVII del Ejército y hombres bajo el mando de Diego Murillo, 'Don Berna', esta es la primera vez que alguien que estuvo en las filas de los verdugos narra la historia.

"Ninguno de nosotros sabíamos hasta dónde llegábamos, solo que teníamos que ir a la vereda La Resbalosa y recorrer la zona en compañía del Ejército", dice el ex 'para'. En la mira, tres subtenientes Su testimonio, acaba de precipitar varias decisiones de fondo en este caso emblemático que ya llegó a tribunales internacionales

Hace 12 días, la Fiscalía le envió una comunicación al comandante del Ejército, general Mario Montoya, en la que le solicita que ordene, a quien corresponda, las capturas de 15 miembros activos de ese cuerpo armado que en el 2005 estaban asignados al área de los hechos.

En la carta, la Fiscalía advierte que inicialmente los uniformados serán escuchados en indagatoria. Pero uno de los in vestigadores le aseguró a El Tiempo que se ordenó su detención "porque existen indicios suficientes para presumir su responsabilidad en los hechos de Apartadó".

En la lista que recibió el general Montoya hay tres subtenientes, cuatro sargentos y ocho cabos. Ya en noviembre del 2007 había sido capturado por estos mismos hechos el capitán del Ejército Guillermo Armando Gordillo Sánchez.

El oficial, varias veces mencionado dentro del expediente, optó por guardar silencio durante toda la diligencia de indagatoria que se le adelantó hace unos meses. Y aunque su defensa alegó plena inocencia, la Fiscalía optó por acusarlo de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y terrorismo, en calidad de coautor.

El operador de radio del Héroes de Tolová, Adriano José Cano Arteaga, le aseguró a la Fiscalía que el grupo de Gordillo había salido a patrullar varias veces con los paramilitares.

Cayó 'Cobra'

Su testimonio y el de Jorge Luis Salgado David permitieron que, hace diez días, un fiscal especializado les dictara medida de aseguramiento a los dos ex jefes 'paras' señalados de participar activamente en la masacre.Se trata de Joel José Vargas Flórez y de José Clímaco Falco, alias 'Cobra', el hombre que supuestamente degolló a la pequeña Natalia, de 5 años.

Y mientras la Fiscalía les define la situación jurídica a los militares implicados, abogados de familiares de las víctimas están pidiendo acceso a los testimonios 'paras' sobre los desgarradores hechos de hace tres años.

Salgado David, por ejemplo, cuenta que el padre de la niña degollada les suplicaba de rodillas que no mataran a los menores.Además, que la niña creyó que se trataba de un paseo y le guardó a su hermanito una muda de ropa para el viaje.

"Le decía adiós con la manito", recuerda el ex 'para'.Y añade que la violencia del ataque fue con tal sevicia que cuando se topó con el cadáver de un hombre, presunto guerrillero, casi trasboca."Quedó partido, destrozado por el estómago (...) se le veían las tripas y una cosa blanca. Yo me había comido una jamoneta y me dieron ganas de vomitar".

Protección para testigo

Hoy, paradójicamente, Jorge Salgado David, está pidiendo protección. Un grupo de desmovilizados ha intentado asesinarlo en al menos dos ocasiones porque se está negando a entrar a 'las Águilas Negras', grupo paramilitar emergente con tentáculos en todo el país. Por suerte, las autoridades ya están tras la pista de los hombres que lo quieren matar.

San José: una comunidad de paz

La masacre ocurrida en el 2005 en San José de Apartadó, y la situación de señalamiento y de estigmatización que derivó de ese hecho en esta comunidad de paz, es uno de los casos que ONG han llevado ante estrados internacionales para acusar al Estado colombiano de no trabajar por la defensa de los derechos humanos.

De hecho, desde el 2002, esta comunidad del Urabá antioqueño tenía medidas cautelares emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El organismo internacional le había exigido al Gobierno colombiano medidas para preservar la vida e integridad de los miembros de esa comunidad de paz.

Hoy, más de tres años después de los hechos, este caso y el de otros 170 asesinatos cometidos desde 1997 en San José de Apartadó, se encuentran en trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington.

El caso deberá pasar luego a la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, que deberá fallar. Además, informes de algunos de esos crímenes han sido enviados a la Corte Penal Internacional, al Parlamento Europeo, a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y a otros organismos internacionales.

Los uniformados requeridos En la carta enviada al general Mario Montoya, la Fiscalía solicita las capturas inmediatas de los subtenientes Alejandro Jaramillo Giraldo, Jorge Humberto Milanés Vega y Édgar García Estupiñán.

También figuran los sargentos segundos Ángel María Padilla Petro, Henry Guasmayán Ortega, Darío José Brango Agamez y Óscar Jaime González. Además, los cabos Sabaraín Cruz Reina, Ricardo Bastidas Candia, Héctor Londoño Ramírez, Luis Gutiérrez Echeverría, Jesús David Cardona Casas, Yuber Carranza Rodríguez, Ramón Mican Guativa y José Carmona.

Extraoficialmente se supo que ya se hicieron efectivas cinco capturas. Ya en noviembre del 2007 había sido capturado por estos mismos hechos el capitán del Guillermo Armando Gordillo Sánchez.

El oficial tenía bajo su mando a la Compañía Bolívar, perteneciente al Batallón Vélez de Carepa (Antioquia), que realizaron la operación 'Fénix' durante los días en los que ocurrió la masacre.

Para el organismo investigador "es claro e innegable su presencia en circunstancias de tiempo y lugar".Por eso, se le negó la libertad provisional y permanece tras las rejas desde noviembre del año pasado.

En su contra rezan varios testimonios que señalan que el oficial acordó patrullajes conjuntos con 'paras' del bloque 'Héroes de Tolová', que se desmovilizó en medio del proceso de paz con el Gobierno.

Uno de los testigos es Adriano José Cano, quien fue radioperador de esa facción 'para', quien contó a la Fiscalía que, luego de la masacre, el capitán recriminó a los 'paras' por lo que habían hecho.

"Les dijo que fue una embarrada muy grande", sostuvo, y agregó que los militares no hicieron nada para evitar el crimen ni para perseguir a los responsables. El ahora ex 'para' aseguró que los miembros de las Auc eran los guías del Ejército, pero cuando llegaron a las viviendas de los campesinos "entraron a las casas, intimidaron, torturaron y mataron" usando machetes y armas de fuego.

Casos con miembros de la Fuerza Pública involucrados Jamundí

El pasado 18 de febrero, el coronel Byron Carvajal, ex comandante del Batallón de Alta Montaña No. 3, y 14 de sus hombres fueron condenados por un juez de Cali por el asesinato de diez policías y un informante en zona rural de Jamundí (Valle del Cauca). La condena se conocerá el próximo 21 de abril, pero se estima que no estará por debajo de los 25 años. En el caso del coronel, quien al parecer planeó el hecho, no se descarta una pena de 40 o 60 años.

Retoma Palacio de Justicia

La Fiscalía ordenó la captura del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, a mediados de julio del 2007, en el proceso por la desaparición de Carlos Rodríguez y Cristina Guarín, empleados de la cafetería del Palacio de Justicia, y de Irma Franco, guerrillera del M-19.Dentro del proceso por los desaparecidos fueron capturados los sargentos (r) Antonio Jiménez y Ferney Causalla, miembros, para la época, del B2 del Ejército, que participó en la retoma del Palacio.

Masacre de Mapiripán

El Coronel Lino Sánchez fue condenado a 40 años de prisión por la masacre, ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997, en ese municipio del Meta y que dejó más de 49 muertos. La misma condena la recibieron como coautores indirectos los sargentos Juan Carlos Gamarra Polo y José Miller Urueña Díaz, En el 2003, la Fiscalía llamó a juicio al general Jaime Alberto Uscátegui, pero fue absuelto en noviembre del año pasado por un juez de Bogotá.

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La pelea es la impunidad
Por Claudia López. El Tiempo

La campaña de desprestigio de las huestes uribistas contra la justicia ha desbordado todos los límites. Las muestras recientes vienen de Nancy Patricia Gutiérrez y Álvaro Araújo.

La senadora Gutiérrez grabó clandestinamente a su investigador, le sonsacó información reservada, la editó y filtró lo más conveniente, para denunciar una supuesta manipulación del magistrado Iván Velásquez.

La grabación no demuestra ninguna acción ilegal del magistrado; en cambio, es prueba fehaciente de la falta de criterio y apego a la ley de la senadora. Alguien que es capaz de perder el buen juicio y abusar de su poder, dizque para defenderse, puede hacer lo mismo para elegirse.

Ese comportamiento totalmente incorrecto lo que hace es decepcionar y levantar sospechas, aun entre quienes creíamos que la senadora demostraría su inocencia.

El ex senador Araújo trata de demostrar que él y otros de su familia fueron "víctimas" del paramilitar 'Jorge 40', responsable de miles de crímenes de lesa humanidad. Dice que fue su "enemigo", que "valientemente" lo denunció y que por eso trató de matarlo.

La realidad y las pruebas judiciales demuestran otras cosas. 'Jorge 40' promovió una red de alianzas políticas con el propósito de tener una "provincia unida" por medio de la cual se tomó a la fuerza parte sustancial de la representación política del Cesar, Magdalena y otras zonas del Caribe.

Ese enjambre político promovió como candidato presidencial a Álvaro Araújo. ¿Permitía '40' que se promoviera a su "enemigo" como líder y aspirante presidencial del proyecto político que auspiciaba? No creo.

El mismo senador sirvió de intermediario ante '40' para que liberara a Pepe Gnecco cuando '40' lo secuestró. ¿Aceptaba '40' como intermediarios a sus "enemigos" y les concedía la libertad de sus secuestrados? No creo.

Si la denuncia pública que hizo el senador del accionar criminal de '40' era cierta, ¿por qué se preocupó por hacerle llegar el mensaje a '40' de que no lo tomara a mal?

El hermano, Sergio Araújo, fue a su vez quien sirvió de intermediario para convencer a '40' de que se desmovilizara. La gestión fue eficaz. ¿Aceptaba '40' que el hermano de su "enemigo" lo convenciera de desmovilizarse? ¿Tenía '40' tan fluida comunicación y condescendencia con sus "enemigos"? No creo.

El padre, Álvaro Araújo Noguera, recibió a '40' el día de su desmovilización con efusivo abrazo y discurso de bienvenida. ¿Tan desalmado es Araújo Noguera que abraza al "enemigo" de sus hijos y a quien había ordenado asesinar a su hijo Alvarito por su "valiente" denuncia? Eso, que es lo más insólito, puede ser creíble.

Hasta los peores criminales de Colombia han puesto el pecho para defender a sus hijos. Los Rodríguez Orejuela se inculparon y permitieron ser incriminados por su hijo y sobrino, para facilitarles penas más cortas. Escobar cedió a la persecución oficial por comunicarse con su familia, ante la angustia de verla como paria por el mundo.

Araújo Noguera, en cambio, sigue campante como prófugo de la justicia, dejando que sobre su hijo Álvaro caiga todo el peso de hechos en los que está más involucrado el padre que el hijo. Increíble.

El ex senador Araújo fue capturado junto con otros cinco parlamentarios, de los cuales tres confesaron y fueron condenados por jueces y dos fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia. En esos procesos reposan pruebas que demuestran el accionar criminal y político de '40' en toda la región caribe.

Especialmente en el proceso del también senador Mauricio Pimiento se demostró la partición territorial y electoral que se impuso en el Cesar para favorecer la elección de Pimiento, Araújo y otros al Congreso. Resultaría insólito que, teniendo muchas más evidencias que en esos procesos, se exonere y deje libre a Álvaro Araújo.

Veremos hasta dónde llega la capacidad de presión e intimidación que se está haciendo sobre la justicia para lograr la impunidad de la 'parapolítica'.

P. D. Al dolor por las víctimas en Ituango se suma el vacío eterno que deja la partida de nuestra Fanny Mikey.



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Parauribismo/

Implican a general Héctor Fandiño en masacre de San José de Apartadó, ocurrida en febrero del 2005

Por: El Tiempo

El Capitán Gordillo dice que el día de la masacre de 8 personas de la comunidad de paz de San José de Apartadó, la Brigada XVII, que era comandada por el general Fandiño, patrulló junto con 'paras'.

Guillermo Armando Gordillo Sánchez, capitán del Ejército, asegura que el alto oficial le pidió no decirle a la Fiscalía que ese día iban con personal armado diferente de soldados.

Según Gordillo, en noviembre del 2007, recibió una llamada del general Fandiño, entonces comandante de la brigada, en la que le advirtió que un paramilitar alias 'Melaza' estaba hablando de los hechos ante la Fiscalía y luego le pidió que se desplazara hasta Bogotá para hablar del delicado tema.

Cita en el norte de la capital

"Apenas llegué a Bogotá lo llamé y me encontré con mi general en un apartamento de la 106 (calle) por donde queda la Brigada XIII. Me mostró la declaración de 'Melaza'. Eso fue el 6 de noviembre del 2007 a eso de las 3 p.m.", le aseguró a la Fiscalía el capitán Gordillo.

Y continuó: "Me dijo que en ningún momento debía decir que iban guías civiles con armamento ni otro personal diferente de los soldados (...) que ya había declaraciones de dos informantes, de dos guerrilleros, que decían que a esa gente la habían matado las Farc (frente 58)".

A renglón seguido el capitán reitera que quienes realmente asesinaron a los civiles fueron los integrantes del 'Héroes de Tolová' que acompañaron a los militares en esa oscura jornada.

Ese mismo día, Gordillo le suministró a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía el teléfono de donde, dice, el alto oficial le marcó, así como el celular que él llevaba el día en el que dice haber recibido la llamada.

Y añadió que ese no es el único superior con el que ha hablado de qué se debe contar y qué no.

"Hablé con el teniente coronel Espinosa, cuando fue a verme al centro de reclusión militar Cantón Sur. Él me manifestó que no me preocupara, que no fuera a hablar de los guías y civiles y los hechos (sic) ocurridos esa fecha".

La visita de Espinosa, asegura Gordillo, fue en marzo pasado y debió quedar registrada en el libro del Comandante de Guardia.

Gordillo acaba de solicitar su inmediata incorporación (y la de su familia) al programa de protección de testigos de la Fiscalía.

La medida fue elevada oficialmente el 30 de julio último, luego de que asistió a una ampliación de indagatoria dentro de la investigación que se le sigue por la masacre de ocho civiles, entre ellos tres niños, de la comunidad de paz de San José de Apartadó (Antioquia).

'No estoy vinculado': Fandiño

Con el número telefónico que el capitán Gordillo suministró a la Fiscalía en su indagatoria, EL TIEMPO ubicó ayer al general Fandiño.

El alto oficial le dijo a este diario que desconoce la versión del capitán y que por ello prefería no referirse al tema para "no entorpecer las investigaciones".

"No conozco lo que se dijo. No estoy vinculado a ese proceso y no tengo absolutamente nada que ver en ese caso. Lo que dijo el oficial hace parte de la reserva del sumario y no puedo opinar porque puede entorpecer la investigaciones.", dijo el alto oficial.

Con base en las declaraciones de Gordillo, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía no solo pidió redoblar las medidas de seguridad para el oficial sino que, además, le solicitó formalmente al Fiscal General que proceda a investigar al general Fandiño.

Uno de los factores que más pesaron para tomar esta decisión es que el capitán Gordillo era el oficial encargado de la operación militar que se hizo en San José de Apartadó -bautizada Fénix- y en el hecho de que otros militares ya admitieron la presencia de dos guías civiles armados.

Con esta evidencia, la Fiscalía ha llamado a rendir indagatoria a más de 60 militares de la Brigada XVII, varios de ellos, incluido Gordillo, están privados de la libertad.

En todo caso, la mayoría de los soldados detenidos insisten en su inocencia y en que esta masacre fue perpetrada por las Farc.

El caso también hace trámite en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le ha insistido al Gobierno de Colombia que proteja a esta comunidad, la cual ha seguido siendo víctima de agresiones.

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Denuncian al Ejército por graves violaciones a los derechos humanos en Unión Peneya, municipio La Montañita, Caquetá
Por Camilo Raigozo. Voz

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Cpdh, denunció ante la comunidad nacional e internacional, organismos de control e investigación del Gobierno Nacional, medios de comunicación, organizaciones sociales y populares, ONG de derechos humanos y comunidad en general, la violación permanente y sistemática de los derechos humanos por parte del Ejercito Nacional.

Las comunidades acusan a unidades de los batallones Diosa del Chairá y Héroes de Guapí, de desarrollar acciones contra la inerme población campesina de la inspección Unión Peneya y las veredas Treinta Bajo, Corazones, Horizontes, La Libertad, Buenos Aires-Suncilla, La Argentina, Gibraltar, La Gaitana, Puerto Gaitán, Jerusalén, El Caserío San Isidro, La Cabaña, Esmeralda, Buenos Aires del Peñeya, Palestina Alta, Los Andes, Palestina Baja, El Guamo, Alto Arenoso, La Holanda y La Palmera, en el municipio de La Montañita, departamento del Caquetá.

Los testimonios y declaraciones de las víctimas fueron presentadas por las organizaciones comunales campesinas en una reunión realizada el pasado 7 de agosto de 2008.

Antecedentes

Los habitantes de Unión Peneya tuvieron que desplazarse masivamente en el 2005, debido a la intensificación del conflicto armado que se desarrolla en la región quedando desolado el caserío, donde muchos de sus habitantes dejaron sus enseres y bienes personales, los cuales fueron usurpados y algunos destruidos por efectivos del Ejercito.

Los militares dañaron unos predios y ocuparon otros. Posteriormente por la denuncia de organizaciones defensoras de derechos humanos se dio un acuerdo entre autoridades civiles, militares y las comunidades que posibilitó el retorno en enero de 2007.

Previamente se habían firmado compromisos por parte de los entes gubernamentales de realizar una serie de obras sociales y de reparación de los daños causados por parte de las tropas del Estado.

Según la denuncia, hasta la fecha tales compromisos no se han cumplido y por el contrario se instaló una base militar en el predio de de un campesino; lugar de donde vienen desarrollando acciones que violan los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Algunos casos

El domingo 3 de agosto de 2008, fue reunida desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. la comunidad de Unión Peneya, en el polideportivo, previa citación casa por casa de miembros de los batallones Diosa del Chairá y Héroes de Guapí.

Cuando la población estaba reunida, el ejército procedió a cerrar las puertas del polideportivo y conjuntamente con agentes del CTI y del DAS que operan en esta jurisdicción, procedieron con computador en mano a sistematizar cada una de los números de cédulas de los labriegos.

Además fotografiaron y filmaron a cada una de las personas y les fotocopiaron las cédulas, sin proporcionar ninguna explicación o justificación, lo que ha generando temor en los habitantes, ya que este tipo de procedimientos se han realizado en otras regiones del país para 'fabricar' los montajes judiciales.

Detenciones ilegales

De igual manera, en ese mismo mes, fue abordado Nectario Jansosoy, líder campesino y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Isidro, por parte de efectivos del ejército.

El teniente de apellido Salazar hace que el labriego sea fotografiado y señalado de ser “miliciano de las Farc de primera línea”.

“Preocupa sobre manera esta actuación de los militares puesto que este tipo de sindicaciones ponen en riesgo la vida de este líder de reconocida trayectoria en la región y además se desconoce los fines para los cuales serán utilizada las fotos que le fueron tomada de manera inconsulta”, advirtieron los campesinos a la ONG.

El 26 de julio, soldados adscritos al Batallón Diosa del Chairá, convocaron a los pobladores y propietarios de establecimientos de Unión Peneya a una reunión donde les hablarían de temas referidos a la seguridad, exigiéndoles posteriormente a los asistentes la firma e impresión de su huella dactilar en un formato, sin que mediara explicación alguna.

EL 2 de julio, se desplazaron del caserío Las Palmeras, 16 personas, entre ellas tres niños, hacia una de las parcelas. Estas personas fueron interceptadas por el ejercito, agrediéndolos verbalmente y sindicándolos de guerrilleros.

De igual manera a uno de los adultos le vendaron los ojos y lo obligaron a andar de rodillas junto con una niña y un niño, los cuales se lastimaron al tropezar con los árboles.

El 25 de junio de 2008, miembros del ejército llegaron al cementerio de la vereda Puerto Gaitán y profanaron las tumbas, sin mediar razón alguna para ello.

De igual manera en la misma vereda, el 27 de junio, miembros del ejército allanaron la casa de Robinson Parra Huertas, lo agredieron verbalmente y le dañaron el alambrado de las cercas.

Así mismo llegaron a la casa de Elizabeth Trujillo, a quien junto a todos los miembros de su familia fueron maltratados verbalmente. También allí destrozaron las cercas de alambre.

El mismo día las tropas allanaron la casa de Belisario Rubio en su ausencia, y le robaron un radio y una pasta jabón.

El 13 de junio se presentó un enfrentamiento entre el Ejército y las FARC, donde fueron afectadas varias viviendas por parte del ejército. Varias casas fueron allanadas sin ninguna explicación.

El mismo día, en la vereda Buenos Aires de Suncilla, miembros del Batallón Diosa del Chairá, llegaron a la escuela e hicieron varios disparos poniendo en riesgo la vida de 30 niños.

De igual manera al joven campesino Cristian Jair Piña, le propinaron un balazo en la cabeza ocasionándole la perdida total del ojo izquierdo.

El 23 de mayo fue detenido el joven Faiber Escarpeta Trujillo, en la vereda La Macarena, por parte del Ejército. Le vendaron los ojos, lo agredieron verbalmente y lo sindicaron de ser guerrillero.

El 14 de diciembre de 2006 en la vereda Buenos Aires del Peneya a las 9:00 a.m. fueron asesinados José Nilson Corrales, delante de su familia y Edilson Rivera, por miembros del Batallón Héroes de Guapí, comandados por el sargento Millán. Los uniformados hurtaron joyas y dinero en efectivo de los habitantes de la vereda.

En el 2005 en la Vereda Buenos Aires de Suncilla fueron asesinados por miembros del ejército los esposos Víctor Julio Molina y Argenis Vargas, la cual tenía seis meses de embarazo.

Las comunidades son víctimas de manera reiterada y permanente de bloqueos económicos, hostigamientos y amenazas, hurto y daño de sus bienes y enseres, maltrato físico y sicológico por parte de efectivos del Ejército.

Las tropas del Estado los señalan de ser guerrilleros y los amenazan con que muy pronto traerán a la región 800 paramilitares. Estas denuncias, según la fuente, se han hecho en su momento ante las autoridades competentes sin que hasta la fecha se conozca investigación o sanción alguna.

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Comenzó la marcha campesina en el sur de Bolívar
Por Caracol Radio

Desde muy temprano, comenzó la movilización de por lo menos 1.500 campesinos de 10 corregimientos a la cabecera municipal de Achí, para protestar contra las políticas del gobierno en cuanto a la erradicación de los cultivos ilícitos y la falta de atención en el tema de las inundaciones en el sur de Bolívar.

El concejal de ese municipio y promotor de la jornada de protesta, John Jairo Sáenz, aseguró que la jornada será indefinida y una vez se acaben las provisiones comenzarán una huelga de hambre.

“La gente viene preparada con sus calderos, ollas y leña y traemos comida para 10 días, si en ese tiempo se acaban las provisiones, comenzaremos una huelga de hambre hasta que nos den solución a todos los problemas”, dijo el concejal.

Entre tanto las autoridades tienen montado un dispositivo de seguridad con el fin de evitar que la protesta genere situaciones de alteración del orden público.

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Carta del fiscal Luís Moreno de la CPI
Por El Espectador

Esta es la carta que le envió el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno, al embajador de Colombia en La Haya, Francisco José Lloreda, en la que pregunta cómo se asegurará en Colombia el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, incluyendo a dirigentes políticos y miembros del Congreso, presuntamente involucrados a los grupos desmovilizados:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi calidad de Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). Como es de su conocimiento, mi oficina se encuentra analizando la situación colombiana a la luz del Estatuto de Roma, ratificado por Colombia.

En octubre de 2007 tuve la oportunidad de visitar Colombia con el objeto de analizar los procesos criminales pendientes a los máximos responsables de crímenes bajo la competencia de esta Corte. Tal como acordamos en nuestra conversación del 30 de mayo pasado, es importante para la Fiscalía recibir información sobre estos casos.

También hemos tenido conocimiento de las extradiciones de varios líderes paramilitares a los Estados Unidos el 13 de mayo pasado y, la semana previa, de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’.

Tomo nota de la información dando cuenta de la respuesta enviada, el 16 de mayo de 2000, por el Gobierno colombiano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agradezco, además, la información provista informalmente sobre la reunión que sostuvieron el Fiscal General de la Nación y su homólogo estadounidense.

A la luz de los acontecimientos mencionados y de las comunicaciones recibidas, le estaría muy agradecido si, como contribución a mi labor, pudiera suministrarme la siguiente información:

¿Cómo se asegurará el juzgamiento de los máximos responsables de crímenes que estarían bajo la competencia de la CPI, incluyendo a dirigentes políticos y miembros del Congreso presuntamente vinculados a los grupos desmovilizados? En particular, me gustaría saber si las investigaciones seguidas hasta la fecha indican la comisión de conductas penadas por el Estatuto de Roma y si la extradición de los líderes paramilitares presenta algún obstáculo en la eficaz investigación de los mencionados políticos.

Me permito aclarar que, al día de hoy, no se ha tomado ninguna decisión en relación con la apertura de una investigación. La situación continúa bajo análisis por mi Oficina.

Cualquier consulta respecto de esta misiva, le ruego dirigirla a Paul Seils, Jefe de análisis de Situaciones de la Oficina del Fiscal de la CPI.

Quedo a la espera de su respuesta y de cualquier información adicional que el Estado colombiano considere oportuno suministrarme.

Aprovecho la oportunidad para expresarle el testimonio de mi más alta y distinguida consideración.

Luis Moreno Ocampo.

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