Intervención de la senadora Gloria Inés Ramírez en la IV
Junta Nacional de Fensuagro
Compañeras y compañeros:
Saludo fraternalmente a todas y todos los participantes
en la IV Junta Nacional de Fensuagro, le agradezco al Comité Ejecutivo la
invitación que me hizo a participar en la reunión y les expreso mi
convencimiento de que las deliberaciones y conclusiones serán plenamente
exitosas.
La Junta se reúne en un momento crucial para el futuro
del nuestro país, que deberá ser juiciosamente examinado, como corresponde a la
organización sindical de clase más importante de los trabajadores del sector
agropecuario de nuestro país, con el fin de acordar las orientaciones y tareas
más adecuadas para enfrentar los retos que se nos plantean.
Como sabemos todos, el capitalismo se debate en una
profunda crisis económica que es brutalmente descargada sobre los hombros de
los trabajadores y los pueblos y que está causando un descomunal desastre
social a lo largo y ancho del mundo.
América Latina es, hasta ahora, el continente menos
golpeado por la crisis y así se reconoce desde las más diversas vertientes
ideológicas y políticas.
Lo que no se dice es que eso se debe, en buena medida, a
la presencia en la mayoría de los países de gobiernos progresistas y de
izquierda que se apartan de los dictados del Fondo Monetario Internacional, el
Banco Mundial y demás organismos multilaterales al servicio del gran capital.
En el caso de Colombia, a pesar de que el gobierno se
ufana de los éxitos de su política económica, es evidente que hay un proceso de
desaceleración de la economía, como lo demuestra el casi nulo crecimiento de la
industria en el año 2012, al tiempo que la revaluación del peso castiga
fuertemente a todos los sectores exportadores-
y la entrada en vigencia de los tratados de libre
comercio con Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, Corea y otros países,
causará numerosos estragos en el aparato productivo nacional que, en últimas,
terminarán haciendo aún más crítica la situación de las masas, particularmente
de los avicultores, los ganaderos, los lecheros y otros sectores agropecuarios.
A pesar del fracaso estruendoso del neoliberalismo en
todo el mundo, el gobierno de Santos no ha hecho cosa distinta de profundizar
ese desastroso modelo, como lo demuestran las reformas a la salud y a las
regalías,-
la regla fiscal, la ley de formalización laboral, la
sostenibilidad fiscal, la ley de reparación de víctimas y restitución de
tierras y una larga lista de normas neoliberales y antidemocráticas aprobadas
en el Congreso de la República por las mayorías de la Unidad Nacional que
respaldan al gobierno.
A ellas hay que agregar las anunciadas reformas a la
salud y las pensiones que el gobierno se apresta a presentar al Congreso y que,
con toda seguridad, nada bueno traerán para los trabajadores.
Referencia especial merecen la Reforma Tributaria y la
Reforma al Fuero Militar, aprobadas recientemente por el Congreso de la
República.
Reforma tributaria
La Reforma Tributaria castiga fuertemente a los
asalariados de ingresos medios y altos y a los sectores medios de la población
y reduce de 7 a 3 las tarifas del IVA, que es un impuesto regresivo, de manera
que la gran mayoría de bienes y servicios de la llamada canasta familiar
quedarán gravados con el IVA general,-
en tanto que les rebaja los impuestos a las empresas,
elimina las cotizaciones para el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y la salud, poniendo en
entredicho el futuro de estas entidades, y mantiene los privilegios de que han
disfrutado tradicionalmente los grandes capitalistas.
Los objetivos de la reforma, según el gobierno, son crear
empleo y reducir la desigualdad, sobre la base de que Colombia es uno de los 7
países más desiguales del mundo y tiene el más alto desempleo de América Latina
(10.4% entre noviembre de 2011 y noviembre de 2102, según el DANE), pero
tenemos la certeza de que, tal como ha ocurrido con otras reformas, esta vez
tampoco se lograrán los objetivos, por la sencilla razón de que la reforma no
se orienta en esa dirección.
Ampliación del fuero militar
La Reforma Constitucional para ampliar el Fuero Militar
fue impuesta con el argumento de darles seguridad jurídica de los militares y
policías y de nada valieron las observaciones críticas de las Naciones Unidas,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, numerosas ONG nacionales e
internacionales de derechos humanos y múltiples sectores políticos y sociales.
La reforma le entrega a la Justicia Penal Militar el
juzgamiento de “los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en
servicio activo y en relación con el mismo servicio”, al tiempo que establece
que “las infracciones al Derecho Internacional Humanitario de miembros de la
Fuerza Pública serán conocidas exclusivamente” por los tribunales militares.
Si bien los crímenes de lesa humanidad y los delitos de
genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual,
tortura y desplazamiento forzado serán de conocimiento de la justicia
ordinaria,-
esto no constituye suficiente garantía de imparcialidad
por cuanto los órganos de investigación tienen una fuerte presencia militar y
podrán influir para que se evada la justicia ordinaria y las competencias
queden en manos de la Justicia Penal Militar.
A manera de ilustración, en la actualidad muchos
militares y policías sindicados de ejecuciones extrajudiciales están siendo
procesados es por homicidio agravado o por homicidio en persona protegida.
Además, la reforma contempla la creación de un fondo para
financiar con dineros de los contribuyentes la defensa de los militares y
policías incursos en delitos y establece que las condenas se cumplirán en
centros penitenciarios y carcelarios especiales para ellos, que, como lo
demuestra la experiencia, son una burla al pago efectivo de las penas de
prisión.
Con razón, las Naciones Unidas han calificado la reforma
como un retroceso en materia de derechos humanos.
La reforma al Fuero Militar obedece a las presiones de la
ultraderecha y el militarismo, que rechazan las condenas proferidas por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la propia justicia colombiana
contra un importante número de militares y policías, y tiene por objeto amparar
con la impunidad los crímenes de la Fuerza Pública contra la población civil.
El problema de la concentración de la propiedad de la
tierra
El campo colombiano ha sido uno de los sectores más
afectados por las políticas neoliberales, por lo cual todos los problemas
sociales se hacen aún más críticos para el campesinado.
La tenencia y el uso de la tierra han sido, a lo largo de
toda nuestra historia, una de las causas estructurales de numerosos problemas
sociales, entre ellos, el conflicto interno que nos golpea desde hace medio
siglo.
Sin embargo, en Colombia nunca ha habido una reforma
agraria y, por el contrario, con cada ciclo de violencia ha aumentado la
concentración de la tierra en manos de unos pocos.
El profesor Ricardo Bonilla, por ejemplo, dice que
mientras tres millones de familias tienen apenas 5 millones de hectáreas, 3 mil
grandes propietarios acumulan 40 millones de hectáreas, y el Informe de
Desarrollo Humano del PNUD de 2011 afirma que existe una alta concentración de
la propiedad rural y que en el año 2009 el Gini de propietarios ascendió a 0.87
y el de tierras a 0.86.
“Ambos datos son alarmantes y ponen a Colombia como uno
de los países con más alta desigualdad en la propiedad rural en América Latina
y el mundo”.
Además, una publicación de la revista Semana revela que
el 70% de los campesinos no tiene título de propiedad y que, al tiempo que la
tierra dedicada a cultivos agrícolas sólo llega a 4.9 millones de hectáreas,
hay 38.8 millones con ganadería extensiva, es decir, en manos de grandes
propietarios. Esta situación origina que en el campo el 64.5% de la población
se concentra en la pobreza y el 29.2% en la miseria.
Desde luego, la desigualdad en la propiedad de la tierra
se acrecienta con fenómenos como el desplazamiento forzado del que son víctimas
alrededor de 5 millones de colombianos, a los que les fueron arrebatados entre
7 y 10 millones de hectáreas.
De acuerdo con cifras de la Comisión de Seguimiento a
este problema, el 60% de las familias desplazadas provienen de áreas rurales,
el 24% de centros poblados y el 15% de cabeceras municipales.
Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras
La llamada ley de reparación de víctimas y restitución de
tierras, nunca tuvo en cuenta la opinión de sus destinatarios, excluye de la
reparación a las víctimas anteriores a 1985 y a quienes sufrieron el despojo
antes de 1991, fija un tope de 20 millones de pesos a las indemnizaciones-
y un plazo de 10 años para hacerlas efectivas, en
dependencia de la “sostenibilidad fiscal” y, como lo ha planteado el MOVICE “se
incorporaron cláusulas y figuras que promueven la impunidad y favorecen
abiertamente a los beneficiarios del despojo.
Entre ellos, el ‘contrato de transacción’, la revisión de
las indemnizaciones por el Ministerio de Defensa y el ‘contrato de uso’,
también conocido como ‘derecho de superficie’”.
A pesar de la campaña mediática para destacar sus
beneficios, los resultados son extremadamente precarios, y a la sombra de esta
ley el paramilitarismo ha devenido en los “ejércitos anti-restitución” que han asesinado a más de 70 líderes de
tierras y que cometen toda clase de crímenes para que los despojadores puedan
quedarse definitivamente con las propiedades de los despojados.
Modelo agroindustrial y minero-energético
De otra parte, el modelo agroindustrial y
minero-energético contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014
atenta severamente contra los intereses del campesinado y del país. Como lo
anota el investigador Jürgen Schuldt,-
“Aunque pueda causar sorpresa, la evidencia reciente y
muchas experiencias históricas nos permiten afirmar que los países que se han
especializado en la extracción y exportación de recursos naturales normalmente
no han logrado desarrollarse”.
No obstante, como nuestros gobiernos siempre marchan a
contrapelo de los intereses nacionales y populares, ahora tenemos la
“locomotora minera” marchando a todo vapor, con su secuela de sobreexplotación
de los recursos naturales no renovables, particularmente el petróleo y el
carbón, de destrucción del medio ambiente y de miseria para las comunidades, a
cambio de la generación de unos escasos puestos de trabajo y de míseras
regalías.
Al lado de la minería están los proyectos energéticos,
como las represas de El Quimbo, Hidrosogamoso y otras, que expulsan a miles de
campesinos de sus tierras para que las compañías trasnacionales puedan
construir grandes represas que les generarán caudalosa ganancias.
En el Plan de Desarrollo se incluye, igualmente, al
sector agropecuario como otra de las “locomotoras” del crecimiento que tiene como uno de sus
pilares el desarrollo de “mecanismos que faciliten la inversión privada en proyectos
agroindustriales (zonas de desarrollo empresarial),-
complementados con esquemas de negocios inclusivos que
incorporen tierras y mano de obra de los pequeños productores a proyectos
sostenibles sin que esto implique necesariamente la transferencia de la
propiedad”.
De lo que se trata, entonces, no es de darles tierra y
condiciones a los campesinos para que puedan trabajar y vivir dignamente, sino
de incorporarlos a los grandes proyectos agroindustriales de los capitalistas
como mano de obra para producir biocombustibles y productos de exportación, en
detrimento de la soberanía y seguridad alimentaria del país.
Un artículo de Héctor Mondragón y Paula Álvarez Roa
indica que “la contribución del campesinado es decisiva en la alimentación de
los colombianos. En el 2002, mantenía el 67.3% del área sembrada del país en
cultivos legales y el 62.9% del valor de la producción agrícola.
Entre el 2004 y 2007 la agricultura familiar respondía
por el 62.1% del área sembrada y el 60.4% del valor de la producción agrícola,
excluidos café y flores. El 78% del área en café es campesina y el 74% de la
producción de maíz”.
De acuerdo con recientes cifras de la FAO, en Colombia
hay 5 millones de personas que padecen desnutrición crónica, y resulta
inaceptable que en un país lleno de potencialidades para producir alimentos, en
el año 2011 se hayan importado alrededor de 11 millones de toneladas de
productos agropecuarios y agroindustriales, mientras nuestros campesinos
naufragan en la pobreza y el abandono.
Extranjerización de la Tierra
Otro tema que cobra especial importancia es el de la
extranjerización de nuestras tierras. Una publicación de la revista Semana dice
al respecto que “En los últimos diez años en África, América Latina y el
Sureste Asiático 230 millones de hectáreas han sido cedidas, vendidas o
alquiladas a estados petroleros, potencias emergentes, conglomerados
industriales, fondos de inversión y bancos.
Es como si hubieran comprado a Francia, España, Alemania,
Reino Unido, Italia, Portugal, Irlanda y Suiza juntos”. El artículo señala que
a raíz de la subida de los precios de los alimentos en el año 2008, “muchos
países ricos se empezaron a preocupar por la manera cómo iban a alimentar a su
población en 10, 20 o 30 años y se pusieron a buscar sitios para cultivar”.
Cita a un integrante de la ONG Grain, quien refiriéndose
a los riesgos de esta situación afirma que “El acaparamiento de tierras ya está
teniendo un tremendo impacto.
El desplazamiento de comunidades locales, la destrucción
de las economías regionales, la pérdida de la producción de alimentos para el
consumo local, la pérdida de la biodiversidad, los impactos de los monocultivos
y de los agrotóxicos usados en la producción agroindustrial son efectos que ya
son parte de la realidad”.
En Colombia, esta desastrosa política está abriéndose
paso. Es así como los Planes de Consolidación Integral tienen como objetivo
encubierto despejar regiones enteras para garantizar las inversiones de grandes
capitalistas nacionales y extranjeros.
El diario El Tiempo reveló el 30 de agosto de 2010 cuantiosas
inversiones en la altillanura, entre ellas, la de Mónica Semillas, de Bolivia,
con 12 mil hectáreas; la Cargill, de Estados Unidos, con 25 mil hectáreas, lo
mismo que empresas de Brasil y Argentina y varias nacionales, como Aliar con 25
mil hectáreas; Conuco, con 13 mil; Las Nubes, con 13 mil, y Mavalle, con 8 mil.
El desaforado apetito de ganancias del capital nacional y
transnacional está causando graves daños en el ecosistema, con la contaminación
del aire y el agua, la deforestación y la destrucción de los páramos. Colombia
posee el 64% de los páramos del mundo, que son la principal fuente de agua.
Aunque el Código Minero establece que los páramos, las
reservas forestales, los humedales y los parques naturales son zonas de
exclusión minera, la Defensoría del Pueblo ha denunciado que 108 mil hectáreas,
que equivalen al 6% de los páramos, están concesionadas, y otro 47% tiene ante
el Ministerio de Minas solicitudes de particulares para su explotación.
La degradación del medio ambiente como resultado de la
explotación irracional de los recursos naturales y la contaminación, con el
consiguiente cambio climático que provoca innumerables desastres y que pone en
peligro la existencia misma de la humanidad, han resultado ser incapaces de
convencer a los capitalistas de que si queremos sobrevivir es necesario ponerle
fin a la barbarie contra la naturaleza.
Desde el Congreso de la República, pese a las
dificultades que nos impone nuestra condición minoritaria, hemos desarrollado
múltiples actividades de solidaridad con los campesinos, los indígenas, las
víctimas, las zonas de reserva campesina y las mujeres,-
hemos hecho presencia en muchos de sus eventos y estamos
comprometidos con la defensa de iniciativas, como el proyecto de ley general de
tierras, reforma agraria y desarrollo rural integral construido desde la visión
de las comunidades y pueblos rurales.
El hecho más destacable de la situación política actual
es la iniciación de un nuevo proceso de conversaciones entre el Gobierno
Nacional y las FARC-EP, en La Habana (Cuba) y la posibilidad de que lo mismo se
haga, en mesa separada, con el Ejército de Liberación Nacional ELN.
Frente a la eventualidad de una salida negociada, en el
país hay, en lo fundamental. tres posiciones:
1. La
ultraderecha y el militarismo, ignorando todas las evidencias y
contraponiéndose a la lógica más elemental, niegan la existencia del conflicto
y afirman que lo que hay es puro y simple terrorismo que debe ser enfrentado
con la fuerza de las armas.
En consecuencia, se oponen a cualquier forma de salida
negociada y plantean como únicas alternativas el aplastamiento militar de la
insurgencia o su rendición, con lo cual lo único que se consigue es la
prolongación indefinida del conflicto con todas sus desastrosas consecuencias.
En realidad, se trata de los sectores que durante largos
años se han lucrado económica y políticamente del conflicto y ven en la paz un
peligro para continuar derivando dividendos de la guerra.
2. El
actual gobierno y diversos sectores de la burguesía aceptan a medias la
existencia del conflicto y, como consecuencia, le ponen toda clase de
obstáculos a la posibilidad de comprometerse con la solución de los problemas
económicos, sociales y políticos. Así se explica la insistencia del gobierno en
que en la Mesa de Conversaciones de La Habana no se van a negociar ni el modelo
económico ni las políticas gubernamentales.
En el fondo, su único afán o, al menos el principal, es
acordar las condiciones de desmovilización y desarme de la guerrilla, sin
atacar las causas que originaron el conflicto, o limitarse a aceptar algunas
reformas superficiales.
3. Los
sectores democráticos y de izquierda, entre los cuales nos contamos nosotros,
planteamos que lo que hay es un conflicto social y armado que tiene unas causas
económicas, políticas y sociales que se sintetizan en la injusticia social y la
antidemocracia que ha caracterizado al régimen dominante a lo largo de su
historia.
Por consiguiente, el conflicto armado es consecuencia del
conflicto social y, si se quiere lograr la “paz estable y duradera” de que
habla el Acuerdo General entre el gobierno y las FARC, las conversaciones no
deben limitarse a acordar el fin del conflicto armado, sino que deben ocuparse
principalmente del conflicto social, es decir, de las causas que le dieron
origen, para evitar que vuelva a reproducirse.
Esto no tiene nada que ver con la “revolución por
contrato” de que hablan algunos falsificadores de la verdad. Tampoco significa
poner como requisito para la paz el que previamente se resuelvan todos los
problemas.
A lo que aspiramos es a acuerdos serios y consistentes
sobre los cambios democráticos avanzados que deben hacerse en lo económico, lo
político y lo social para construir un nuevo país. Es lo que hemos sintetizado
en la consigna “Paz con democracia, justicia social y soberanía nacional”.
Somos conscientes de que la posibilidad de que esto sea
realidad está íntimamente ligada al papel del movimiento de masas en el proceso
de conversaciones.
En los últimos años han hecho su aparición en el
escenario nacional diversas iniciativas organizadas de movilización, como la
Gran Coalición Democrática, la Minga indígena, el Congreso de los Pueblos,
Colombianas y Colombianos por la Paz, la Marcha Patriótica, la Mesa Amplia
Nacional Estudiantil MANE-
y la Coordinación Nacional de Organizaciones y
Movimientos Sociales y Políticos, todas las cuales, además de levantar
reivindicaciones económicas, políticas y sociales similares, incluyen la paz
como una de sus principales banderas.
Así mismo, ha habido importantes luchas, como
movilizaciones indígenas y campesinas, huelgas obreras, sobre todo en el sector
minero-energético; jornadas de protesta del movimiento sindical y popular,
paros en la salud, el poder judicial y otros sectores del Estado y una lucha
ejemplar de los estudiantes universitarios que derrotó el proyecto
gubernamental de hacer una reforma regresiva en la educación superior.
Nuestra posición al respecto ha sido la de que es
necesario unir todas esas iniciativas en un solo movimiento con un programa
común y un plan de lucha conjunto, y que en la coyuntura de las conversaciones
es urgente la construcción de un frente amplio por la paz para rodear el
proceso frente al saboteo de la ultraderecha y el militarismo y trabajar en la
construcción de propuestas para ser entregadas a la Mesa de Conversaciones de
La Habana.
Por nuestra parte, desde el Congreso de la República
hemos impulsado tanto la participación del Poder Legislativo como de la
sociedad en el proceso.
Fue así como las comisiones de paz del Senado de la
República y la Cámara de Representantes, con el apoyo de Naciones Unidas,
realizaron entre el 24 de octubre y el 24 de noviembre 8 mesas regionales de
trabajo por la paz, en las cuales participaron unos 2.800 representantes de
1.300 organizaciones de todo el país, cuyas conclusiones fueron entregadas a
las embajadas de Cuba y Noruega, que las hicieron llegar a la Mesa de La
Habana.
En ellas se recogen las opiniones, demandas y propuestas
de la sociedad sobre los cambios que necesita el país.
Por otro lado, diversas organizaciones sociales y de
derechos humanos también vienen organizando eventos para ocuparse de los
problemas del país y, particularmente de los temas de la Agenda, lo que
demuestra que cuando se abren espacios de participación, la sociedad está
dispuesta a hacerle sus mejores aportes a la causa de la paz.
La Mesa de Conversaciones de La Habana, por su parte,
acordó convocar un Foro sobre Política de Desarrollo Agrario Integral con
Enfoque Territorial, que fue organizado por el PNUD y la Universidad Nacional y
se llevó a cabo del 17 al 19 de diciembre, en Bogotá, con una amplia y
fructífera participación.
En igual forma, acordó crear una página web, a la que la
ciudadanía y las organizaciones podrán enviar sus opiniones y propuestas.
Ahora estamos trabajando en la organización de una nueva
ronda de mesas, esta vez con el tema de víctimas, en la que esperamos una
nutrida presencia de FENSUAGRO y sus organizaciones filiales.
El entorno internacional es favorable a los diálogos de paz,
particularmente en América Latina. De ahí que al importante papel de los
gobiernos de Cuba y Venezuela se agrega el respaldo del resto del continente y,
en general, de la comunidad internacional, todo lo cual fortalece el proceso y
compromete aún más a las partes en la búsqueda de un acuerdo de paz.
Para nosotros es claro que un nuevo fracaso sería
desastroso para el futuro de nuestro país, en tanto que un acuerdo de paz les
abriría a la izquierda colombiana y a las fuerzas democráticas nuevas perspectivas
políticas de lucha, distintas de las que hemos tenido que enfrentar durante el
último medio siglo, en medio del conflicto.
Nos preocupa el resultado de una reciente encuesta de
opinión que registra una notable disminución del respaldo popular a las conversaciones
de La Habana, porque demuestra que la campaña de los grandes medios de
comunicación al servicio de la ultraderecha está produciendo resultados
negativos que pueden afectar severamente la búsqueda de la paz.
Aunque sabemos que este tipo de encuestas frecuentemente
son amañadas, no hay que menospreciarlas porque nos indican la urgencia de
movilizar a las masas por la paz.
No es exagerado afirmar que nuestra suerte inmediata está
estrechamente ligada al desenlace de las conversaciones entre el gobierno y la
insurgencia.
De ahí la importancia de que todas las fuerzas
democráticas y de izquierda se movilicen en apoyo de las conversaciones de La
Habana y en demanda de un acuerdo que corresponda a los anhelos de paz con
democracia y justicia social y soberanía nacional de la mayoría de nuestro
pueblo.
Bogotá, D.C., 23 de febrero de 2013
Terrorismo de Estado
