sábado, junio 16, 2012

Melgar, Tolima
Petrolera contamina fuentes hídricas en la vereda Águila Media
Por Pedro Nel Rincón Peralta

En la vereda Águila Media, municipio de Melgar, se encuentra ubicada La Isla número 19 de la multinacional Petrobras.

Allí están los pozos productores de petróleo enumerados así: Guando,55, 56, 57,61, 75,76, 94, 95 y 96.

Total 9 pozos, que cuando presentan fallas derraman crudo en época de invierno es difícil controlar las grasas.

Estas caen a unas cunetas o alcantarillas y posteriormente a la quebrada denominada La Coca a 25 metros de La Isla.

De allí salen 3 alcantarillas que recogen el agua de dicha isla y desembocan a la quebrada La Coca, contaminando las aguas que son utilizadas por los habitantes, para preparación de alimentos, aseo personal, lavar los utensilios de cocina, exponiendo gravemente la salud de las comunidades por la contaminación.

Derechos cuya protección se demanda

Derecho a la vida, por cuanto se está contaminando la fuente de agua que 125 metros abajo encuentra la bocatoma del acueducto comunitario, el cual beneficia a 103 adultos entre estos 16 son de la tercera edad y a más de 70 menores de edad.

Estas aguas contaminadas son utilizadas por un comedor escolar de la vereda Águila Baja, donde todos consumen el agua contaminada de lodo, grasas y demás materias contaminantes que vierte Petrobras a la quebrada.

Las comunidades solicitan con urgencia la visita de la Procuraduría y autoridades de salud y ambientales, para que cese la violación del derecho a la vida, la salud y la protección al medio ambiente, ya que están en alto riesgo las vidas de 173 personas.

Anorí, Antioquia
Campesinos denuncian campaña de persecución por parte del Ejército
Por Organizaciones sociales

 El día 15 de junio de 2012, en la cabecera del municipio de Anorí, Antioquia, se llevó a cabo la audiencia social del proceso de garantías.

El evento fue convocado por la Asociación Campesina del Norte de Antioquia, Ascna y el Consejo Mayor Comunitario Porce IV y fue acompañado por una docena de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos del país.

Esta actividad se realizó debido a la grave situación de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que presenta este territorio.

Las comunidades reiteraron las denuncias sobre los constantes señalamientos, hostigamientos y persecución a la labor de defensa de los derechos humanos por parte de militares de la Brigada Móvil 25, Batallón Bomboná y Batallón Pedro Nel Ospina. Estos últimos adscritos a la Brigada 14 del Ejército Nacional.

En la zona hay una zozobra y terror en la población por el aumento de paramilitares en la zona, lo cual conduce a un mayor nivel de enfrentamientos entre estas estructuras, como con la Insurgencia, donde la mayor afectada es la población civil.

En la actualidad se vienen presentando capturas, algunas masivas, a partir de las declaraciones de un desmovilizado de las Farc, Alberto Morales, alias el “Pájaro” él cual se ha empeñado en señalar a gran número de campesinos de la zona donde hacia presencia, como auxiliadores de la Guerrilla, para ganarse las recompensas que le da el Ejército.

Los líderes que asistieron a la audiencia, denunciaron que estos señalamientos, los ha efectuado en contra de personas que fueron víctimas de su accionar delictivo mientras perteneció a la Insurgencia. 

Ejemplo de ello es el caso de la lideresa Luz Mery López López, presidenta de la JAC de la vereda Tacamocho,  del municipio de Anorí, quien en el 2009, fue desplazada de manera forzosa, por amenazas de este desmovilizado y hoy, bajo sus señalamientos, fue detenida por los delitos de rebelión y concierto para delinquir.

En el año 2010, alias el “Pájaro”, provocó el desplazamiento forzado  de aproximadamente 5.000 personas de 38 veredas del Municipio.

Sumado a lo anterior, es una queja constante de los campesinos de Anorí, las afectaciones a  la salud humana, al medio ambiente, a los pastos y los cultivos de pan coger, por las fumigaciones aéreas indiscriminadas con glifosato.

Las fumigaciones han afectado la soberanía alimentaria y la economía campesina, sin que el Gobierno presente una propuesta de sustitución viable en términos económicos y que respete la dignidad y autonomía campesina sobre sus territorios.

Durante la audiencia de garantías, el Consejo Mayor Comunitario Porce IV, expresó que en el proceso de la construcción de dicha represa, Empresas Públicas de Medellín, se ha negado a dialogar y a negociar con las comunidades afectas por dicho proyecto.

En cambio ha adelantando una campaña de desprestigio y desconocimiento de los legítimos intereses de los campesinos que habitan la región, bajo el argumento de que allí, está presente el “Cartel de las hidroeléctricas”, lo cual viola los derechos al territorio, la equidad y la organización social.

Igualmente fue denuncida la presencia de trasnacionales mineras quienes están explorando y explotando los subsuelos del municipio sin ninguna consulta y concertación con las comunidades.

Finalmente las organizaciones convocantes y acompañantes de la audiencia social de garantías, denunciaron que durante el desarrollo del evento se presentó una situación de hostigamiento por parte de la inteligencia militar.

Un día antes el ministro del interior, Federico Rengifo, respaldó el papel de las organizaciones defensoras de derechos humanos y ratificó compromiso con el Proceso de Mesa Nacional de garantías.

En el evento brillaron por su ausencia el Ministro del Interior, la Vicepresidencia de la República, la Procuraduría, la Defensoría y el Alcalde de Anorí, los cuales habían sido invitados.

Las comunidades responsablizan al Estado por la vida e integridad de los líderes y campesinos participantes de la audiencia social de garantías.

Exigencias de las comunidades

A las fuerzas miliatres respetar el principio de distinción, y no someter al campesinado y líderes a presiones para obtener información del actuar de la insurgencia o grupo ilegales.

Al Estado, respetar y garantizar el derecho a la defensa de los derechos humanos por parte de las comunidades, sus líderes y sus organizaciones.

También debe cesar toda forma de hostigamiento, persecución y señalamientos a la labor legítima y legal que desarrollan.

Se exige al Estado responder por los daños causados en los bienes de la población civil, a causa de las fumigaciones áreas.

A la Procuraduría para que investiguer y sancione a los funcionarios públicos que hayan cometido violaciones a los derechos humanos.

Enfáticamente le exigieron al Estado, especialmente a la Fiscalía y al Ejército, no utilizar los testimonios de desmovilizados, ya que estos, por beneficios jurídicos y económicos, incriminan a la población civil, quien es realmente la víctima.

En el caso del megaproyecto de Porce IV, se lleven a cabo procesos de concertación entre la comunidad y EPM, de manera respetuosa y en igualdad de condiciones.

Y finalmente le exigieron al gobierno no criminalizar la labor del pequeño minero, histórico y artesanal, además de concertar una política minera con las comunidades.

Parauribismo/
Paramilitares asesinaron a otro campesino reclamante de tierras
Por Camilo Raigozo

Bajo la estrategia criminal del régimen denominada paramilitarismo, fue asesinado este viernes 15 de junio en zona rural de Montería, el líder campesino Jairo Martínez.

Martínez lideraba a un grupo de campesinos que reclaman sus tierras arrebatadas en Montes de María, a punta de motosierra y plomo, por empresarios, terratenientes, políticos, bananeros, narcotraficantes, palmeros, ganaderos, empresarios y otros determinadores, quienes utilizaron para su cometido la estrategia sicarial del paramilitarismo.

Bajo esta estrategia criminal han sido asesinados en los últimos años más de 60 líderes campesinos reclamantes de tierras. La gran mayoría en la más aberrante impunidad.

Las comunidades han denunciado en repetidas ocasiones que el Ejército, la Policía y algunas autoridades civiles son responsables por acción u omisión en estos crímenes.

Con cinismo altos mandos castrenses han dicho en repetidas ocasiones que las fuerzas militares no están obligadas a combatir a las eufemísticamente llamadas, por el régimen y la dictadura mediática; “Bacrim”, porque no están catalogadas como terroristas.

Conflicto social y armado
Roméo Langlois antes de ser liberado
Por Carlos Villalón y Karl Penhaul.  Revista Cromos

En medio de la confusión sobre el paradero del periodista francés, y mientras se creaban comisiones diplomáticas para liberarlo, dos corresponsales internacionales no tuvieron problema para internarse en las selvas del Caquetá y entrevistarlo aún cautivo.


El fotógrafo Carlos Villalón (a la izq. en la foto al lado de Roméo Langlois) cuenta la odisea que vivió y destapa la historia detrás de la retención del comunicador. 

"La primera noticia que me llegó de  Roméo fue el sábado 28 de abril: se decía que estaba muerto. Con su socio y amigo Simone Bruno, averiguamos con los militares y supimos que estaba perdido. Había dos opciones: o estaba muerto o lo tenían los guerrilleros.

Cuando se supo de un extraño comunicado que el Frente 15 hizo llegar a una emisora, en el que lo declaraban prisionero de guerra, decidimos con mi amigo Karl Penhaul buscar a las Farc. Queríamos decirles que  Roméo era periodista, estábamos seguros de que así todo se aclararía.

El jueves 3 de mayo partimos a algún lugar en el Caquetá. Nos fuimos en el carro de Karl, que es bueno para transitar por trochas. Nos encontramos, después de una década de victorias y derrotas en el conflicto, con viejos conocidos, altos mandos del Bloque Sur de las Farc.

Les aclaré que Roméo era mi amigo, que era francés y que ya había hecho trabajos con la guerrilla, que había entrevistado a Raúl Reyes y había hecho contactos con ellos en el Cauca y en Antioquia.

Se mostraron sorprendidos y dijeron que esa situación cambiaba el estatus de  Roméo, que ellos pensaban que era gringo o israelí y que era de la DEA.

En ese momento, expedieron un comunicado, que se conoció el domingo 6 de mayo, en el que aceptaron que  Roméo sí era periodista. Le mandamos a él la razón de que queríamos verlo.

Yo sabía que podía tener interlocución con los comandantes guerrilleros porque desde que llegué a Colombia en tiempos del proceso de paz del Caguán, hice contactos con las Farc y ellos conocían mi trabajo.

Desde mi llegada me impresionó mucho que en esa zona la pasta de coca fuera utilizada como dinero.

Así que obtuve permisos de Fabián Ramírez y Sonia para entrar a esos pueblos y corroborarlo. Publiqué reportajes en The New York Times, Boston Globe, San Francisco Chronicle y varias revistas en Europa.

Al final hice una historia general que se publicó en julio de 2004 en National Geographic. La portada llevaba por título Cocaine Country, y en español, Cocaína.

Les pedimos a los comandantes que, si ya estaba clara la situación de Roméo, lo dejaran libre; nosotros lo llevaríamos a Florencia. Uno de ellos estuvo de acuerdo, pero advirtió que ya era tarde.

Explicó que cuando los gobiernos francés y colombiano se metieron a hacer declaraciones, enredaron todo.

Estaban molestos porque había declaraciones en contra de ellos diciendo que habían incumplido su promesa de no secuestrar. Según él, Roméo nunca estuvo secuestrado.

Simplemente, dijo, estaban investigando a un combatiente que se había entregado a sus tropas en el campo de batalla; además, estaban obligados a curarle las heridas y ponerlo en lugar seguro, mientras determinaban quién era.

Aclaró que el tema ya estaba en manos del Secretariado y que cualquier decisión se tomaría muy lentamente. ‘Roméo no se puede ir con ustedes’, concluyó.

Quedamos frustrados. Volvimos a Caquetá el 15 de mayo. Hicimos una entrevista a Colacho, uno de los comandantes del Frente 15, uno de los que dirigió el combate en el que cayó  retenido Roméo.

 Nuestra idea era desentrañar lo que había pasado, porque había mucha confusión. El general Navas había dicho que eran 15 los policías muertos, luego que eran cuatro; la guerrilla dijo que fueron 17 y luego que 22. No parecía ser cierto eso de que en el laboratorio que destruyeron había 400 kilos de cocaína.

Según los pobladores de la zona, para producir un kilo de base de coca se necesitan 50 arrobas (568 kilos) de hoja de coca. Para producir esos 400 kilos reportados, se habrían necesitado más de 227 toneladas de hoja, lo cual dejaba dos conclusiones: o Roméo había aterrizado en un megacomplejo de cocaína o las cifras oficiales no cuadraban.

Siguiendo indicaciones de los mandos guerrilleros, transitamos durante dos días por caminos de herradura que conectaban caseríos que no figuraban en ningún mapa.

Un olor particular permeaba las calles. La pobreza era tal que muchas veces resultaba más fácil conseguir un gramo de coca que un billete de cinco o diez mil pesos.

En los últimos años, los lugareños han intentado subsistir con el queso fabricado con la leche de vacas raquíticas. La tala de la selva para alimentar a los cocainómanos del mundo ha producido estragos y las lluvias torrenciales convierten los caminos en trampas naturales.

Salimos en busca de Roméo. Cuando se acabaron las trochas, caminamos y luego continuamos en mulas. De fondo, el ruido ocasional de helicópteros militares. Ya era 25 de mayo.

Fue emocionante verlo. Estaba más flaco de lo que lo vi días antes de su secuestro en un café de La Macarena. Aseguró que no sabía en calidad de qué estaba allá, porque le habían pedido disculpas y le habían dicho que era invitado.

Hablamos durante horas sobre el combate y sus apreciaciones sobre la lucha antidrogas. Grabamos una entrevista y un mensaje en francés para su familia.

Mencionó su conversion religiosa que duró escasos cinco segundos y de los dos eternos instantes en los que decidió quitarse el chaleco antibalas y rendirse ante un grupo de jóvenes guerrilleros.  La entrevista fue maravillosa, fue una reflexión muy personal. Acordamos que la publicaríamos cuando él estuviera libre.

Poco antes del anochecer, la guerrilla nos informó que tenían que irse con nuestro amigo. ‘Macondiano, esto es loco, muy colombiano’, dijo Roméo sacudiendo su cabeza.

Después de la entrevista, fuimos a recuperar el carro porque se había quedado enterrado en uno de esos caminos. Yo nunca en mi vida había visto algo semejante.

He viajado mucho por los lugares más apartados de este continente, pero esos caminos que tuvimos que recorrer no son carreteras, no son trochas, no son nada, no tienen nombre. Como a las diez de la noche logramos recuperarlo.

En el camino a Florencia nos enterramos otras cinco veces, teníamos que buscar palos y piedras para hacer palancas. Fue una odisea increíble.

Supimos que la intención de la guerrila era liberar a Roméo el 27 de mayo, día del 48 aniversario de las Farc, pero nos informaron que para esa fecha no alcanzaban a sacrificar las vacas e invitar a las delegaciones. La nueva fecha era 30 de mayo. Sería en San Isidro, así que resolvimos devolvernos.

Salimos de Florencia a las cuatro de la tarde y llegamos a la una de la mañana. Entre Unión Peneya y San Isidro hay 17 kilómetros y nos demoramos más de cuatro horas. Fue agotador.

El pueblo tiene una sola calle de 300 metros bordeada por unas 50 casas de madera y se notaba que algo iba a pasar.

Había mucho movimiento, una excitación general. En la escuela estaban construyendo una tarima, ya habían matado cuatro vacas y venían dos más en camino; los campesinos decían que llegarían dos mil personas. Ya era 29 de mayo.

Pasadas las seis de la tarde, hora en que oficialmente se suspendían las operaciones militares, empezó a llegar la guerrilla.

No veíamos esa imagen desde el Caguán: los guerrilleros caminando por las calles, conviviendo con los civiles, comiendo helado. No se veía mucha sorpresa en los campesinos.

 Por el contrario, aseguraban: ‘El Gobierno solo viene a echarnos veneno (glifosato) y plomo, no han hecho las carreteras ni las arreglan, nos están matando de hambre. Nuestro gobierno es la guerrilla’.

También es claro que en estos pueblos del Caquetá viven muchas personas que son familiares de guerrilleros.  La gente vive de la coca, ¿qué más pueden sacar por esos caminos?

Ese fue un tema recurrente. Los otros periodistas que llegaron a la liberación, de AP, AFP, Telesur, todos hablaban de la tortura de transitar por esas trochas.

Para la liberación llegaron muchas camionetas con civiles. Supongo que las Farc invitaron gente de las veredas; lo cierto es que la carne de las seis vacas no alcanzó para todos. Según ellos, había más de 2.000 personas. La única panadería del caserío se quedó sin pan, ya no había comida.

Roméo apareció como a las tres de la tarde, con una cámara de video que le había prestado la guerrilla. Ya llevábamos varias horas de discursos, después del himno de Colombia y del himno de las Farc.

Lo sentaron en una mesa con Piedad Córdoba y el delegado de la Cruz Roja, y enseguida se puso a filmar.

Habló la mamá de un guerrillero que murió en el enfrentamiento donde cayó  Roméo. Fue muy emotivo porque ella decía que sentía lo mismo que la madre de los soldados que mueren en los combates.

También habló el campesino dueño del laboratorio de procesamiento que fue quemado antes del combate y contó que era una pequeña cocina y que no tenía cómo procesar 400 kilos de base, y menos cocaína. Fueron casi cinco horas. Todo terminó cuando Roméo se subió a los carros de la Cruz Roja.

Las Farc aprovecharon la entrega de Roméo para dar a conocer su postura frente al conflicto. Llevaban más de 10 años metidos en el monte sin dar una declaración.

No se sabe qué piensan, el país no entiende qué pasa con ellos. Querían aprovechar ese acontecimiento para mandar un mensaje. Hablaron de su aniversario, le pidieron perdón a Roméo y Jairo Martínez habló de la paz.

Cuando hay un conflicto la gente usa los medios para enviar su mensaje, todos lo hacen, los gobiernos, los políticos. Creo que la principal crítica para las Farc no es el show que hicieron ese día. Hay cosas realmente más graves.

Es la primera vez que la víctima es un amigo mío, un colega. Yo me preguntaba: si uno va a África y le hace fotos a la gente que muere de hambre, o en un conflicto cualquiera toma fotos después de una bomba o habla del sufrimiento de la gente, ¿por qué uno no lo puede hacer con un colega? ¿Cuál es la diferencia? No lo sé.

 Lo cierto es que este trabajo hizo que me confrontara mucho sobre lo que debía hacer. Hasta ahora nadie ha visto la entrevista, pero yo estoy muy satisfecho porque logré mi meta, llegué a la persona que todo el mundo quería ver”.


Video inédito en: Cromos .

El reportero de esta odisea

Carlos Villalón
Es: Fotógrafo
Edad: 46 años
Nacionalidad: Chileno

Lleva 12 años viviendo entre Colombia y Nueva York. Llegó al país a cubrir los diálogos de paz del Caguán como corresponsal de Getty Images, pero se interesó en el tema de la coca al ver que muchos pueblos caqueteños usaban la base como medio de pago.

Ha publicado estos trabajos en The New York Times, Boston Globe, San Francisco Chronicle, National Geographic, Newsweek, The Guardian, The London Times, entre otros.

“Me he dedicado a la problemática de la coca y la cocaína, y he viajado por América Latina para comprobar cómo esa planta, sagrada para algunas culturas, ha marcado la historia de este continente. La leyenda indígena dice que Dios les quita la hoja a ellos y se la da al hombre blanco y que eso traerá ríos de sangre”.

En los últimos años ha viajado a México, Bolivia, Perú, Chile. Dentro de sus planes está hacer un libro y abrir la discusión sobre el narcotráfico y la legalización en América Latina.

www.villalonsantamaria.com

Fotos y texto : Carlos Villalón/ Video: Karl Penhaul y Carlos Villalón. Cromos.com.co

"Quiero decir gracias a las FARC": Romeo Langlois.wmv
Saludo de las FARC por su 48 aniversario
"Unidad y lucha para conseguir la paz": Colacho Mendoza

viernes, junio 15, 2012

Marco jurídico para la impunidad/
Organizaciones de derechos humanos habían advertido graves limitaciones del “marco jurídico para la paz”
Por ONGs de derechos humanos

Ante la inminente y definitiva aprobación de la reforma constitucional conocida como “marco jurídico para la paz”, las Plataformas de Derechos Humanos del país advierten-

las graves limitaciones del proyecto de acto legislativo, el cual pretende establecer instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política.

Este proyecto va en contravía de los deberes constitucionales e internacionales del Estado colombiano de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violaciones-

a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario y pretende constitucionalizar criterios de justicia transicional, dejando a un lado los derechos de las víctimas.

Las organizaciones de derechos humanos apoyan una posible solución negociada del conflicto armado, que lleve al logro de una paz duradera basada en el ejercicio de los derechos humanos, en particular en los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, así como en la restitución de tierras.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que una paz establecida sobre la impunidad carece de condiciones jurídicas y políticas para su validez; por lo tanto, un acuerdo de paz en tales circunstancias resultaría frágil y susceptible de ser declarado inconstitucional.

Desde el punto de vista político, es improbable que la sociedad colombiana, o al menos importantes sectores de ella que han sido víctimas de los diferentes actores armados, acepten un desconocimiento generalizado de sus derechos, como el que se derivaría de la puesta en marcha de este proyecto de reforma constitucional.

El punto de partida de un eventual proceso de paz debería contar con el reconocimiento de la gravedad de los daños causados en el conflicto, el ofrecimiento de condiciones genuinas para establecer la verdad sobre los hechos ya para reparar de manera integral a las víctimas, así como de medidas de justicia real.

En consecuencia, las Plataformas de Derechos Humanos de Colombia proponemos respetuosamente al Senado de la República el archivo de este proyecto de acto legislativo, y al Gobierno-

la exploración de vías que contribuyan a la construcción de un proceso de paz genuino y respetuoso de los derechos de las víctimas, que sea creíble y aceptable para la sociedad colombiana y para la comunidad internacional.

Parauribismo/
Atentado contra procurador delegado en Cúcuta
Por Camilo Raigozo

La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en Norte de Santander, denunció y rechazó el atentado contra la vida del procurador delegado en lo penal, Carlos Fernando Mendoza González.

El acto criminal en el que el procurador quedó gravemente herido tuvo lugar en el barrio La Ceiba, de Cúcuta. Mendoza fue auxiliado por un policía que lo trasladó en taxi al Hospital Universitario Erasmo Meoz y su pronóstico es reservado.

El procurador Mendoza González llevaba procesos e investigaciones importantes en contra de  bandas paramilitares denominadas por el Gobierno y la dictadura mediática: “bandas criminales”, narcotraficantes y políticos ‘paras’.

El atentado contra Carlos Mendoza se suma a las cifras de asesinatos, amenazas, desplazamientos y extorsiones, de que han sido objeto los miembros de la rama judicial.

“La CUT ve con preocupación cómo estas organizaciones paramilitares transitan por el departamento y la ciudad de Cúcuta con total impunidad y cuando son capturados sus miembros los condenan a penas irrisorias o les dan la casa por cárcel”, advierte el Comité Ejecutivo del Polo en ese departamento.

Seguridad narcocrática/
Acusados 15 militares por asesinatos a sangre fría
Por Notimundo

Un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH profirió resolución de acusación en contra de 15 militares, entre ellos un oficial, por su presunta responsabilidad en el asesinato a sangre fría de seis personas en zona rural de Cumaribo, Vichada, informo el ente investigador.

Los crímenes ocurrieron el 22 de diciembre de 2006, cuando terroristas del Batallón de Infantería Motorizado No.43, Efraín Rojas Acevedo, reportaron la muerte en combate de Rosendo Roldán Lozano, Edilberto Villarreal Guzmán, Carlos Iván Gelves Vergara y de tres personas más, cuya identidad no ha sido establecida.

La Fiscalía halló méritos para acusar al presunto bandido, Isnardo Polanía Delgadillo, teniente coronel y comandante de dicho batallón en la época de los hechos, quien responderá como supuesto autor de séxtuple homicidio en persona protegida, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

Los otros presuntos criminales son los soldados profesionales: Gabriel Eduardo Rojas, Leonardo Cuervo Bohórquez, Donaldo Jiménez Villadiego, Miguel Canchón Pérez, Mauricio Duarte Palomino, José Helbert Lozano Tapiero,-

Heriberto Múnera Palacio, Enrique Quintero López, Rigoberto Ramírez Martínez, Rodolfo Reina Ríos, Jader Luis Restrepo Ricardo, Diver de Jesús Salazar Galeano, y Javier Alfonso Torres Meza, como presuntos coautores de la masacre de 6 personas.

Finalmente, según la Fiscalía, como supuesto autor de quíntuple asesinato a sangre fría fue acusado Enrique Quintero López, soldado profesional, quien aceptó su responsabilidad en uno de los homicidios.

Todos los acusados están “privados de la libertad” en guarniciones militares.

En la actualidad el ministro de Defensa, altos mandos militares, el alto Gobierno, congresistas inescrupulosos y la extrema derecha, impulsan en el Congreso una reforma al fuero militar que deja en la impunidad los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública.


Seguridad narcocrática/
Capturado suboficial del Ejército por asesinatos a sangre fría de agentes del CTI
Por Notimundo

Agentes del CTI, capturaron al cabo primero del Ejército, Tulio Jiménez, como supuesto coautor del secuestro de dos investigadores del CTI, por cuyos homicidios ya fue condenado junto con tres personas más, informó la Fiscalía.

El suboficial está sindicado del secuestro de los investigadores del CTI de Bucaramanga Alirio Achipiz y Antonio Contreras Calderón.

Los hechos ocurrieron en la vereda  La Plazuela, jurisdicción de Zapatoca, Santander, el 22 de junio de 1994 cuando cumplían la misión de aprehender al presunto paramilitar Orlando Vesga Cobos, alias “Tribilín”.

Según la Fiscalía, los funcionarios del CTI salieron en un vehículo de Lebrija, Santander, con destino a San Vicente de Chucurí, pero hacia la una de la tarde fueron interceptados por paramilitares los  “Macetos” y una patrulla militar de la que hacía parte Jiménez, cuyo propósito era evitar la captura “Tribilín”.

Los criminales retuvieron por varias horas a los agentes judiciales, los torturaron, los asesinaron y arrojaron sus cuerpos al río Sogamoso.

El automotor en el que iban las víctimas fue incinerado y dejado en el sitio El Tablazo, con propaganda alusiva a la guerrilla del ELN,  cuya autoría en tales hechos quedó desvirtuada por la investigación.

El bandido del Ejército era requerido desde julio del año anterior, después de que el fiscal instructor le resolviera su situación jurídica y ordenara su aprehensión.

Según el ente investigador, el asesino cumplirá en el Tolemaida Resort la medida de aseguramiento.

Por los mismos hechos criminales ya fueron condenados a 58 años de prisión, cada uno: el oficial  Carlos Acosta Tarazona, y los soldados, Fabio Poveda Meneses y Hernando Enrique Villamil Castellanos, por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

En la actualidad el ministro de Defensa, altos mandos militares, el alto Gobierno, congresistas inescrupulosos y la extrema derecha, impulsan en el Congreso una reforma al fuero militar que deja en la impunidad los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública.


jueves, junio 14, 2012

Seguridad narcocrática/
Condenado suboficial del Ejército por secuestro 
Por Notimundo

Por su participación en el secuestro de  Alcides Torres Arias y Ángel David Quintero Benitez, el Juzgado Primero Penal Adjunto del Circuito Especializado  de Antioquia condenó al sargento primero del Ejército Nacional, Héctor Julio Vanegas Ruiz, a 10 años y cinco meses de prisión.

Según La Fiscalía, el 20 de diciembre de 1995 las víctimas fueron sacadas de la sede de la Brigada 17 del Ejército Nacional en el municipio de Carepa, Antioquia, por paramilitares, con la ayuda de varios militares y los desaparecieron.

El ente investigador también confirmó que dos días antes del secuestro Torres Arias y Quintero Benítez habían sido retenidos por los militares en el corregimiento Currulao, municipio de Turbo, a quienes señalaron de ser, supuestamente, del Frente 57 de las Farc.

El sargento Vanegas Ruiz, “privado de la libertad” en una guarnición militar de Bogotá, en diligencia de formulación de cargos para sentencia anticipada aceptó su responsabilidad en el delito de secuestro simple, en condición de cómplice, que le endilgó un fiscal de Derechos Humanos y DIH, informó la Fiscalía.

En diligencia de versión libre rendida ante un fiscal de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, Ever Veloza García, alias H.H., reconoció que el doble secuestro fue ordenado por Carlos Castaño Gil, y que las víctimas fueron trasladadas hasta Buenaventura, Valle del Cauca, donde fueron ultimadas.

Por los mismos crímenes fueron condenados el exjefe de sicarios denominados por los ideólogos de la estrategia paramilitar del régimen “Auc”, Ricardo López Lopez Lora, a 20 años de prisión y los bandidos del Ejército (suboficiales), Belkis Margarita Villarruel Molina y Héctor Gutiérrez Vélez, a 14 y 25 años de prisión, respectivamente.

En la actualidad el ministro de Defensa, altos mandos militares, el alto Gobierno, congresistas inescrupulosos y la extrema derecha, impulsan en el Congreso una reforma al fuero militar que deja en la impunidad los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública.


Seguridad narcocrática/
Ejército tiene que pedir perdón por asesinatos a sangre fría de indígenas Wiwua
Los victimarios quieren obligar a los nativos a escuchar la petición de perdón en las instalaciones castrenses de donde salieron los asesinos
Por Camilo Raigozo

El Batallón de Artillería 2 de La Popa, fue condenado a pedir perdón a las comunidades indígenas de la etnia Wiwua por el asesinato de seis de sus miembros.

La orden fue proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Valledupar, en fallo del 5 de agosto de 2010.

En cumplimiento de ese fallo judicial, el mencionado batallón citó para hoy a las comunidades indígenas para pedirles perdón dentro de sus instalaciones.

Sin embargo tanto los wiwuas, como los Kankuamos, se sintieron indignados por el lugar escogido por los malhechores para realizar ese acto obligado, por ser el mismo de donde salieron los criminales.

“Para los familiares de las víctimas es un insulto que se pretenda pedirnos perdón, precisamente, en el lugar de donde salieron quienes cometieron los crímenes que nos han enlutado por años”, advirtió una autoridad indígena a los medios locales.

Por tal motivo hoy a las 9 de la mañana radicarán una tutela contra el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, ante la sala penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de César.

En dicha tutela solicitan que se ordene el aplazamiento inmediato del acto, hasta tanto no se asegure un procedimiento de reconocimiento de responsabilidad que vincule a las víctimas y a su comunidad indígena.

También exigen que el alto tribunal revise los pormenores del acto público, se escoja otro lugar para la ceremonia y se les reconozca a los familiares de las víctimas el derecho a presidirla, como una forma de respetar el derecho a la memoria.

En la madrugada del 9 de febrero de 2005, Nohemí, de 14 años y su compañero Hermes Enrique Carrillo Arias, fueron sacados violentamente de su vivienda, ubicada en la vereda el Pontón, camino al corregimiento de Atanquez,-

por varios bandidos pertenecientes al Batallón de Artillería No. 2 La Popa, quienes los asesinaron a sangre fría y luego presentaron sus cuerpos como guerrilleros dados de baja en combate. Después se presentaron otros cuatro “falsos positivos”.

Por el doble crimen fueron condenados a penas de entre 31 y 34 años,  los terroristas estatales Boris Alejandro Serna Mosquera, Analdo Enrique Fuentes Estrada, Ómar Eduardo Vaquiro Benítez y Deimer Cárdenas Martínez.

En la actualidad el ministro de Defensa, altos mandos militares, el alto Gobierno, congresistas inescrupulosos y la extrema derecha, impulsan en el Congreso una reforma al fuero militar que deja en la impunidad los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública.


Seguridad narcocrática/
Piden a la Corte Penal Internacional que 3 generales y 2 coroneles respondan por masacre en San José de Apartadó
Por Caracol Radio

Familiares de las víctimas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó piden que militares implicados respondan ante la Corte Penal Internacional por estos hechos ocurridos el 21 de febrero de 2005.

Se trata de los generales (r) Mario Montoya Uribe, Héctor Jaime Fandiño y Luis Alfonso Zapata, así como los coroneles Néstor Iván Duque y Orlando Espinosa, quienes participaron de la planeación y ejecución de la operación Fénix, donde fueron asesinadas ocho personas en las veredas de Mulatos y la Resbalosa del corregimiento de San José de Apartadó.

Dicha petición se presentará al fiscal de la Corte Penal Internacional, luego de conocerse la sentencia del Tribunal de Antioquia, según la cual absuelve a altos mandos del Ejército Colombiano con estos hechos.

“A pesar de condenar a cuatro integrantes del Ejército, marca la impunidad de los superiores, razón que impone la necesidad de pedir a la Corte Penal Internacional se abra el caso de Colombia y vincule a estos generales y coroneles, dados los crímenes de lesa humanidad contra la comunidad de paz de San José de Apartadó”, indicó el abogado Jorge Molano.


miércoles, junio 13, 2012

“Hoja de Ruta” para el TLC UE – Colombia y Perú, insuficiente para las ONGs, sindicatos y dos grupos políticos del Parlamento Europeo

Hoy 13 de junio fue aprobado en plenaria del Parlamento Europeo (PE) la resolución en la que se pide a Colombia y Perú definir una hoja de ruta para garantizar la-

protección de los derechos laborales, el medioambiente y los derechos humanos en el proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea, Colombia y Perú.

Esta resolución es el producto de la controversia levantada en el seno del PE en torno a la ratificación de este Acuerdo. No obstante, organizaciones de la sociedad civil como ALOP, Grupo Sur-

y Oidhaco, manifiestan su insatisfacción con los términos de esta resolución ya que, entre otras cosas, consideran que carece de mecanismos vinculantes que garanticen el desarrollo sostenible en relación con el TLC.

Para las redes mencionadas, la hoja de ruta no responde a las inquietudes planteadas por la sociedad civil europea, colombiana y peruana, y comete el mismo error que la establecida con el TLC Colombia – Estados Unidos,-

porque no establece compromisos medibles y verificables de mejoría de la situación en materia de derechos humanos, laborales y medioambientales, antes de dar paso a la ratificación por parte del PE.

En la misma línea, el Director del Departamento de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Hernán Trujillo, expresó ayer en rueda de prensa en el Parlamento Europeo de Estrasburgo,-

que en Colombia se siguen cometiendo múltiples violaciones a la libertad sindical. “Solamente en lo que va de este año se han asesinado siete  sindicalistas, y han aumentado las amenazas contra dirigentes sindicales”.

Trujillo recuerda que las conclusiones y recomendaciones de la misión de alto nivel de la OIT que visitó a Colombia en febrero de 2011, siguen pendientes de ser cumplidas y que Colombia no cuenta hoy en día con legislaciones básicas como el Estatuto del Trabajo.

El pasado mes de mayo entró en vigor el TLC Estados Unidos – Colombia, y para Hernán Trujillo,  la hoja de ruta definida  previamente con Estados Unidos no ha significado ninguna mejoría, por el contrario, “Estamos seguros que los impactos de este acuerdo empeorarán la situación”.

Para el diputado Jürgen Klute, del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL), quien organizó la rueda de prensa previa a la aprobación en plenaria de esta hoja de ruta, “Esta medida no cumple con las mínimas-

condiciones para contribuir eficazmente a que una mejoría en materia de derechos humanos, medio ambientales y laborales" e insiste en que debería ser aplicada y su impacto evaluado, antes que el Parlamento se pronuncie sobre la ratificación del Tratado.

Catherine Grèze, del grupo de los Verdes/ Alianza Libre Europea dice que “la hoja de ruta tampoco pide una actitud lo suficientemente responsable a las empresas europeas, ni implica a las instituciones europeas en la elaboración del documento, por lo tanto, deja las manos libres a los gobiernos de Perú y de Colombia”.

La Parlamentaria europea dijo durante la rueda de prensa que el voto del partido de los Verdes, al igual que el del grupo Izquierda Unitaria Europea, será en contra de la débil hoja de ruta propuesta desde el Parlamento Europeo en la resolución de este Tratado Comercial.

Para ALOP, Grupo Sur y Oidhaco, con esta decisión el Parlamento Europeo ha perdido una oportunidad de haber jugado un rol importante en la mejoría de la situación de Colombia y Perú aprovechando la discusión de este Acuerdo.

Además, ha dado la espalda a las numerosas peticiones y preocupaciones expresadas y sustentadas por diversas organizaciones de la sociedad civil latinoamericana y europea, como lo afirmó Stefan Gran,-

de la Confederación alemana de sindicatos DGB  “Mientras la hoja de ruta no sea integrada al interior del Tratado mismo, quiere decir que no es vinculante, y se queda sólo en buenas intenciones".

martes, junio 12, 2012

Murió habitante de la calle en el hospital de Santa Clara por falta atención médica oportuna

En medio del debate  sobre el sistema de salud en Colombia, se siguen presentando casos aberrantes que demuestran la inoperancia del sistema y la mercantilización de este derecho-

fundamental para los Colombianos, “la salud en nuestro país se ha convertido en una mercancía que prioriza  el beneficio económico de las empresas a partir de un sistema de sostenibilidad fiscal que prioriza el beneficio económico sobre  sobre la vida de los pacientes,-

se muere la salud, se muere el sistema y los pacientes en las puertas de los hospitales por falta de atención médica manifestó Hernando Hernández Tapasco, Representante a la Cámara al referirse a la muerte de un paciente en la puerta de urgencias del hospital Santa Clara en la ciudad de Bogotá.

Hoy en horas de la  madrugada falleció en la entrada  al hospital Santa Clara el señor Ricardo Arturo García, un habitante de la calle que se encontraba enfermo en la sección de urgencias del-

establecimiento hospitalario y que no fue valorado por el personal que labora en el centro medico; el paciente que fue llevado al hospital desde ayer a medio día por miembros del a policía estuvo-

durante más de  12 horas en la entrada a la sección de urgencias solicitando atención medica que nunca recibió; a esta  hora el cuerpo del paciente muerto  permanece en la sala de urgencias del hospital  esperando la realización del levantamiento del cadáver.

El Castillo, Meta
Agente de la Policía hostiga a dirigente sindical
Por Fensuagro

La  Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, y el Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta, Sintragrim,  denunciaron las violaciones de derechos humanos y  las  infracciones al Derecho Internacional Humanitario  que  se han dado por parte de la Fuerza pública en el municipio de El Castillo, Meta.

En el mes de abril de 2012 la dirigente sindical Diana Sánchez Tique, miembro de Sintragrim, filial de Fensuagro, quien ostenta el cargo de la Secretaria  Mujer Rural, niñez y juventud, cuando  se desplazaba por las calles del casco urbano del municipio fue abordada por un agente activo de la Policía Nacional, de los que se encuentran en los caseríos y  sin ninguna razón le dijo:

“Usted que hace a que se dedica”. A lo que Diana contestó: “a trabajar”. El policía le ripostó: “¿a trabajar?, nosotros sabemos que está haciendo usted”.

Diana le preguntó: “¿qué cree que estoy haciendo?”. El uniformado le  respondió: “Usted con tres hijos, no trabaja sabemos que usted es una auxiliadora de la guerrilla y usted ya sabe lo que le pasa a los que trabajan con la guerrilla”.

Debido a este encuentro Diana Sánchez quedó profundamente afectada psicológicamente por los hostigamientos  y las acusaciones de este agente de policía y le respondió: "Lo único que hago es trabajar para alimentar a mis hijos y todo el mundo lo sabe”.

Posteriormente el 8 de mayo de 2012 a la 1:28 p.m., Diana recibió del número de celular 313 884 06 45 un mensaje de texto, que decía “TE BAM A MATAR ESTE ANO Y ES TU PROPIOS MOSO TANTOS K TIEN” (sic).

El 13 de mayo del 2012,  a las 9 a. m. DIANA recibió otro mensaje de texto del mismo número telefónico que dice: “HOLA TE BAMOS ABAJAR BAJANDO YA TE PIYAMO SOMOS JUAN Y POLLO NOS LA ,.?1 +SOY KIENTE PIDIO EL NUMERO” (Sic).

El 14 de mayo de 2012, en el casco urbano del municipio de El Castillo, un joven sufrió un intento de  homicidio por personas extrañas. Igualmente se   han visto personas de civil armadas andando en el casco urbano, sin que la Policía o el Ejército los perturbe.

El 17 de mayo de 2012, aproximadamente a la 1:40  p.m. Erminzo Tique Rodríguez, recibió una llamada del numero celular 320 537 64 44,  número entregado en diferentes partes  tanto al Ejercito Nacional-

que hace presencia en la zona   como a la Personería del municipio de El Castillo,  por citación que le hiciera la Séptima Brigada para que ampliara la denuncia presentada, frente a la persecución que ha padecido el joven Jimmy Alape, residente del municipio.

La persona que llamó al número celular de Erminzo le  preguntó: “¿Hablo con Erminzo Tique?”. A lo que él contestó: “Sí”.

Posteriormente el sujeto del dijo:   “¿Usted conoce al señor Hernando Tique Rodríguez?”. “No lo conozco”.

El sujeto le dijo que era del Tolima a lo que Tique le contestó “en el Tolima si tengo mucha familia”.

Después el sujeto le preguntó “¿Usted tiene un  familiar en la guerrilla?. Deme toda la información porque yo sé  todo  y traería problemas jurídicos para usted si no me dice”.

El dirigente sindical le dijo que él no tenía ningún problema, porque había solicitado a la Fiscalía información si cursaba sobre él algún proceso y le habían informado que no tenía ningún antecedente.

“Piénselo,  me llama y me informa cualquier cosa”, le vociferó el extraño. Erminzo preocupado le preguntó con quién hablaba y el tipo le dijo que “soy Alfredo Rangel del Ministerio de Defensa, usted tiene un familiar en la guerrilla, le colaboro para que éste se desmovilice”.

“No tengo conocimiento  que familiares que se encuentren en la guerrilla”. “Esté pendiente que  lo vuelvo a llamar”. La conversación duró 18 minutos  y 39 segundos.

El  Sábado 19 de mayo en el municipio El Castillo hombres de civil trataron de agredir a una señora  con arma blanca y ese mismo día la comunidad informó que en El Castillo, una familia viene recibiendo amenazas vía telefónica  y mediante mensajes donde amenazan a la hijas de aproximadamente 15 y 13 años de edad, pero que se niegan a denunciar por temor de lo que les pueda pasar algo.

Fensuagro manifiesta que debido a estas amenazas Diana Sánchez Tique se vio obligada a  salir nuevamente en situación de desplazamiento forzado.

Norte del Cauca
Más de mil campesinos se movilizan a finca invadida por militares para defender el territorio
Por Comisión de Comunicaciones Marcha Patriótica

Ante la constante violación de derechos humanos y la grave crisis humanitaria en que se encuentran los pobladores de la zona rural-

del municipio de Miranda en el departamento del Cauca,  más de mil campesinos deciden movilizarse en defensa del derecho a la vida y el territorio.

Las diferentes poblaciones ubicadas sobre la cordillera central en el suroccidente colombiano, son constantemente escenario de enfrentamientos de grupos armados, hechos, en los que la población civil termina siendo la más afectada.

Los campesinos e indígenas del norte del departamento del Cauca  en las últimas semanas han tenido que sufrir reiterados abusos por parte de la fuerza  pública, que se ha ubicado en medio de la población civil, poniendo en claro riesgo a los habitantes de esta zonas.

Tras la ocupación irregular militar de predios de propiedad de cinco campesinos en la vereda Calandaima del municipio de Miranda, generada con la instalación de una base militar;-

y ante la alerta por amenazas y abusos de autoridad por parte del ejército, más de mil campesinos e indígenas  de los municipios de Miranda, Caloto, Toribio y Corinto en el norte del Cauca,-

y de Pradera y Florida en el sur del Valle del Cauca, se movilizaron el día de ayer hacia la finca ocupada por los militares.

"Estamos cansados de ser utilizados como escudos humanos y de los constantes atropellos del ejército, los campesinos exigimos el retiro inmediato de la base militar y que se nos permita regresar a cultivar nuestra  tierra para sobrevivir", declaró uno de los campesinos presente en la movilización

Por este motivo, desde el día de ayer se encuentran asentados en la finca,  a pesar de las constantes amenazas del ejército, quienes han advertido que la zona está minada.

Es de extrema gravedad la situación de riesgo en que se encuentran los más de mil campesinos e indígenas, que están exigiendo legítimamente el derecho a que se les respete la vida  y-

defendiendo su territorio, las amenazas por parte de los militares son una constante, además la población ha denunciado que un gran contingente del Escuadrón Móvil Anti Disturbios Esmad está

acantonado en el municipio de Miranda, y que será enviado en cualquier momento a desalojar de manera violenta a los manifestantes que amparados por la Constitución exigen el derecho a la paz consagrado en el artículo 22.


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