sábado, diciembre 19, 2009

El intento de desalojo en Guaimaro, Magdalena, el Esmad dejo 22 personas heridas
Por Camilo Raigozo. Voz

Familias desplazadas. Foto El Heraldo.


La ONG defensora de derechos humanos Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, denunció que el pasado 27 de noviembre, se presentó otro intento del régimen por desalojar por medio de la violencia de la-

Policía, más exactamente de los Esmad, a humildes familias desplazadas, dejando como resultado 22 campesinos heridos. Los hechos ocurrieron en el corregimiento Guaimaro, municipio de Salamina, Magdalena.

Desde horas muy tempranas por lo menos dos contingentes de la Policía Nacional, Esmad y miembros del Ejército Nacional, pertenecientes al batallón Córdoba, segunda brigada, llegaron al predio Villa Denis, donde desde hace varios meses se encuentran más de 300 familias en situación de desplazamiento.

La comunidad informó que al tratar de establecer diálogos con el personal de la fuerza pública, estando mujeres, niños y hombres sentados a la entrada del predio, se procedió por parte del Esmad a lanzar gases lacrimógenos con lamentables consecuencias para la población asentada en este predio.

Tierras a testaferros

Los líderes de la comunidad victimizada nuevamente informaron que “esta recuperación ha sido nuestra respuesta al proceso de corrupción y desconocimiento de nuestros de derechos por parte del Incoder, entidad que viene siendo investigada por la justicia debido a que desconoció-

nuestra condición como campesinos en situación de desplazamiento y víctimas de crímenes del paramilitarismo y en ese desconocimiento entregó este predio, en figura de testaferrato, a 27 personas ligadas a la clase política de la región”.

A la fecha se calcula que existen al menos seis mil campesinas y campesinos desplazados por toda la región, víctimas del paramilitarismo en connivencia con las autoridades locales.

El Colectivo de Abogados Alvear Restrepo solicitó que se adopten todas las medidas pertinentes para que se garanticen las condiciones de seguridad y tranquilidad de estas comunidades, se suspenda cualquier tipo de operativo o ejecución del mismo, hasta tanto no se tenga claridad-

sobre los informes de lo sucedido y se puedan contrastar lo denunciado por la comunidad, y se viabilice atención médica para las personas que se encuentran heridas en el predio Villa Denis de manera urgente y prioritaria, especialmente a menores de edad.

La asociación de campesinos desplazados y desplazadas de Guaimaro Magdalena Asodegumag, la Asociación de Campesinos de Guaimaro, La Asociación de Mujeres Campesinas Echadas P’a lante y la Organización de Jóvenes Campesinos, quienes hacen parte de más de mil familias-


retornadas a la región, hicieron un llamado especial a las organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, para que acompañen y realicen un seguimiento a la situación grave por la que atraviesan esas comunidades.

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Parauribismo/
El régimen despoja de tierra a los campesinos para entregarla a sus amigos
Para entregarle la tierra a una de las familias más ricas de Santa Marta, Dávila Abondano, beneficiada con más de 2.200 millones de pesos de Agro Ingreso Seguro, el régimen desplazó violentamente a 123 familias campesinas humildes
Por Camilo Raigozo. Voz

Una información de la Corporación Sembrar conocida el pasado 23 de noviembre, en la que destaca la denuncia y la solicitud que hacen las 123 familias afiliadas a la Asociación de Campesinos del Corregimiento de Buenos Aires Asocab, del municipio El Peñón, sur del departamento de Bolívar, las cuales fueron víctimas de un desalojo brutal de sus tierras por tercera vez el pasado 14 de julio por parte del régimen.

Los campesinos humildes de las 123 familias ejercieron posesión del predio las Pavas, en el municipio El Peñón desde 1997. Hoy siguen insistiendo en que se les permita permanecer en el territorio para trabajar la tierra y conseguir el sustento para sus familias y para tener derecho a la soberanía alimentaria, así como proteger el medio ambiente.

Los labriegos advierten que a pesar de la evidente ilegalidad, aceptaron desalojar el predio pacíficamente, sin ningún tipo de confrontación y sin que se les permitiera siquiera recoger los alimentos que con tanto esfuerzo habían sembrado.

Unas cosechas fueron consumidas por los trabajadores de las empresas Palmeras CI Tequendama y Aportes San Isidro del grupo Daabon, amigos del Presidente y aportantes a las campañas de reelección. Otras cosechas fueron quemadas o arrasadas con maquinaria pesada.

La empresa Daabon, de la familia Davila Abondano, de Santa Marta, suministra aceite de palma al grupo internacional de cosméticos The Body Shop.

Como se recuerda tristemente, en el acto de corrupción legalizada por parte del régimen uribista y su ex ministro de Agricultura y actual candidato a la presidencia Andrés Felipe Arias, regalaron mediante la coartada denominada agro Ingreso Seguro (léase Agro Robo Seguro), más-

de 2.200 millones de pesos, del dinero de los colombianos, a la familia Dávila Abondano, propietaria del grupo empresarial Daabon, a su vez propietario de las firmas C.I Tequendama y Aportes San Isidro, quienes le tienen el ojo encima a los terrenos de los cuales fueron desalojadas las 123 humildes familias con la complicidad del régimen.

Pancoger vs palma aceitera

“Estamos en completa inseguridad alimentaria y crisis nutricional, sin tener donde producir nuestros alimentos, viéndonos obligados a recurrir a la asistencia alimentaría que nos han brindado de manera puntual algunas organizaciones internacionales, con ausencia de intervención estatal.

"Esta situación no puede ser permanente pues ya escasea la comida. En nuestra comunidad hay 191 niñas y niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, que están sufriendo por falta de alimentos. Queremos producir nuestros alimentos, porque eso es lo que hemos hecho toda la vida, pero no tenemos tierra para cultivar.

"Los cultivos de palma aceitera en las Pavas y en el municipio de Regidor, al fin de cuentas, están acabando con el pequeño campesino y han impuesto una vocación distinta a la vocación histórica del territorio, donde por años hemos cultivado como campesinos”, dice un aparte de la urgente denuncia de las familias desplazadas por el Estado de terror.

La crisis también es sanitaria porque estas familias no tienen acceso a los servicios de salud y el centro médico más cercano se encuentra a tres horas de navegación por río.

Cuando alguien de la comunidad se enferma no tienen manera de trasladarlo hasta un centro médico, entonces esperan con impotencia que no ocurra lo peor. Lo mismo ocurre en cuanto al acceso de los niños al aprendizaje.
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“Vemos con frecuencia a la fuerza pública, acompañando a las empresas palmeras y nos tratan como si nosotros fuéramos peligrosos delincuentes, o gente de otro país.

"Nos ven con desconfianza y no nos dejan acercarnos a lo que legítima y legalmente nos pertenece, nuestro territorio.

Cuando en realidad son ellos que andan con delincuentes, como es el caso de Mario Mármol Montero, reconocido paramilitar quién trabaja con las empresas de los Dávila Abondano, armado y cuando se emborracha-

en el pueblo de Buenos Aires intimida a la población disparando sobre ella”, cuentan las víctimas desplazadas, quienes agregan que sienten temor por sus vidas ya que en la zona hay fuerte presencia paramilitar.

Han aprendido que el que se atreve a denunciar arriesga la vida. En el pasado reciente estos grupos criminales del régimen los desplazó varias veces de sus territorios.

“La reconocida firma internacional de cosméticos The Body Shop enviará a nuestras tierras, en la Hacienda las Pavas, una comisión de verificación para comprobar la veracidad de nuestras denuncias y tomar acciones concretas, pues la empresa Daabon se ha beneficiado de las arbitrariedades y omisiones del Gobierno colombiano.

"Sin embargo desconfiamos de la imparcialidad y objetividad de tal comisión, pues será financiada precisamente por quienes nos han sacado de nuestras tierras, el poderoso grupo económico Daabon”, advirtieron los campesinos.

Seguridad narcocrática/
Denuncian graves atropellos del Ejército en Putumayo
Por Proyecto de Atención a Comunidades en Riesgo

En la reunión con los presidentes los representantes de las comunidades indígenas, afros y campesinas se expusieron las siguientes inquietudes:

La comunidad manifiesta que tiene desconfianza hacia la institucionalidad por la vulneración histórica de derechos humanos. Un ejemplo de dicha vulneración fue la detención de 27 personas producto de la estigmatización. Once personas de estas fueron dejadas en libertad tres años después diciéndoles “discúlpenos”.

Algunas de estas personas fueron sindicadas y acusadas de ser “financieras”, “comandantes” de las FARC.

Hay preocupación por parte de la población, pues el sector de Piñuña Negro se encuentra acordonado por el ejército lo que genera temor y zozobra más que seguridad.

De igual manera, denuncian que el ejército entra a las casas y aprovechando que están solas por estar participando en la manifestación, para llevarse animales, enseres y elementos de uso personal.

Manifiestan preocupación pues salir a la cabecera municipal de Puerto Asís, es un riesgo, debido a que todas las noches matan gente; un ejemplo de ello fue cuando en agosto del 2008 mataron al vicepresidente de Ascap.

Afirman que el paramilitarismo está vivo y sigue haciendo el trabajo de siempre que es acabar con los dirigentes comunitarios.

De igual manera, denuncian que sufren de constantes presiones por parte del ejército para que la comunidad suministre información señalando a los dirigentes de la manifestación, sobre todo cuando las fincas se encuentran solas: “digan cuál era el líder guerrillero que estaba dirigiendo la protesta”.

Frente a la información vía telefónica del doctor Carlos Eduardo Bernal, se aclaró que el levantamiento de información referida a nombres de los líderes correspondía con una solicitud de la comunidad de ser incluidos en el Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia, pero que ésta era una opción de la comunidad y que en ningún momento se irían a tomar nombres, si esa no era su decisión.

La comunidad manifiesta que no cree en el programa, por los antecedentes de estigmatización.

No obstante, se indicó el procedimiento a seguir para ser incluidos en dicho programa y se suministraron los datos para que la comunidad o las personas interesadas tramitaran directamente sus solicitudes aclarando que el papel de Adela Bautista era el de servir de enlace, pero que también podrían hacerlo directamente ante el Ministerio.

Denunciaron que frente a la decisión que tomaron las comunidades, de no venderle alimentos y otros productos al ejército, éstos habían asumido una postura de no permitir el ingreso de alimentos desde el Ecuador (Puerto El carmen).

Ante tal situación, la comunidad decidió vender los alimentos al ejército, pero según ellos, continuaron cometiendo arbitrariedades.

Las comunidades solicitan al Ministerio que establezca comunicación con las Fuerzas Militares para que este tipo de atropellos no sigan cometiéndose.

Denunciaron que el 21 de noviembre, el buque de la Brigada Naval del Sur, se instaló cerca de Piñuña Negro e hicieron disparos al Pueblo, hecho que fue denunciado ante la Defensoría del Pueblo.

Según la comunidad, los militares anunciaron que “iban a hacer un barrido” porque venía la Comisión Nacional que entró a Piñuña el 23 de noviembre.

De igual manera, denunciaron que a 6 Km (por tierra) hicieron tiros argumentando que estaban detrás de unos bandidos. Estos eventos, son identificados por la comunidad como actos de terror hacia la población civil.

Se acordó que se presentarían las denuncias ante la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia en horas de la tarde cuando los delegados hicieran la interlocución con sus comunidades.

Diciembre 14 en horas de la tarde

El siguiente informe se encuentra estructurados de dos maneras: una primera parte que corresponde con denuncias generalizadas y la segunda con las presentadas por cada una de las veredas y un cabildo indígena.

Primera parte: denuncias generales

El ejército decomisa la coca y la gasolina a los campesinos y luego las intercambian en los establecimientos comerciales y fincas por artículos de uso personal; si no lo hacen directamente envían a alguna persona para que lo haga.

Estigmatización y amenazas a los líderes que participan en la protesta. La hace el ejército de manera directa o a través de razones.

Las fuerzas militares están utilizando a los niños y niñas para que den información.

En los retenes que se realizan le toman fotos a las personas y les retienen los documentos por una, varias horas o incluso hasta el día siguiente, haciéndolos esperar este tiempo hasta que les entregan los documentos. De igual manera, los señalan de ser auxiliadores de la guerrilla.

Denunciaron que el Teniente del Ejército no se deja ver y que la mayoría de los casos los soldados no portan los distintivos y ni los nombres.

El ejército ingresa a las viviendas y escuelas rompiendo los alambrados y dejándolos sin arreglar.

Denuncian que el ejército realiza detenciones masivas de la siguiente manera: se unen el ejército de la Móvil 13 y de la Naval, acordonan a Piñuña Negro y tienen a la población reseñándola durante horas, sin importar que haya menores de edad, niños de brazos o mujeres en estado de embarazo.

Ellos son acompañados de un Policía, que es quien realiza las capturas de las personas que se encuentran en este lugar acordonado.

El ejército arroja basura al río Putumayo; en las fincas deja los desechos de los empaques de la comida, lo que ha ocasionado la muerte de algunos animales que los ingieren.

Hace dos años arrojaron medicamentos vencidos, muchos de ellos todavía hacen presencia a las riveras del río y en los potreros.

Segunda parte: denuncias por veredas

Las denuncias presentadas por los cabildos indígenas y las veredas fueron las siguientes:

Cabildo indígena Napurana: el ejército no tiene en cuenta la Consulta Previa para ingresar a los territorios indígenas a establecer sus campamentos. De igual manera, denunciaron que se hacen señalamientos a la comunidad indígena por letreros alusivos a la guerrilla que aparecen en la vereda.

También denunciaron que el buque de la Fluvial instala cerca de las casas. Este hecho fue denunciado ante la Defensoría del Pueblo y posteriormente la comunidad fue objeto de estigmatización y presiones por parte del ejército, quien además dice la comunidad, los amenazó de no dejarles pasar productos del Ecuador, especialmente gasolina.

Vereda Montepa: el ejército ha hecho disparos a los pasacalles dejando animales heridos y poniendo en riesgo a la población.

Vereda Lorencito: denuncia la comunidad, que el día 21 de noviembre del 2008, cuando un habitante iba subiendo por la trocha, sonaron bombas en el pueblo en horas de la mañana y como él venía delicado de salud tuvo que devolverse, pues dos soldados lo encañonaron a la cabeza y lo señalaron de guerrillero diciéndole groserías además.

El 21 de junio de 2009, los soldados de la Fluvial hicieron subir al buque a las mujeres y las sometieron a requisas solicitándole que se subieran las faldas, tomándoles fotos y filmándolas.

Un habitante denuncia que como debe salir a jornalear deja la casa sola y cuando regresa, los soldados se le han llevado las piñas, la yuca y el plátano; denuncia que el ejército acampa en los predios de la casa a 10 m de la vivienda, poniéndolo en riesgo.

El ejército también preguntan por la guerrilla por lo que le dijo a este habitante: “cómo que no sabe, si a los ocho días llegó la guerrilla aquí”; él le contestó “si ustedes sabían que la guerrilla estaba aquí porque no vinieron”.

El ejército le contestó “que si llega la guerrilla y le hacen estallar una bomba entonces a nosotros nos toca levantar los restos suyos en pedazos”; permanecen entre 10 ó 12 soldados en los predios de su finca, pues allí entra la señal y pueden hacer llamadas.

Otro vecino denunció que el ejército cocinó en los predios de la casa, cerca de un árbol de mandarina lo que ocasionó que se secara. Denuncia otra persona que cuando el ejército pasa por los caminos cerca de las viviendas, no se les puede mirar porque agreden verbalmente a la población (groserías).

Se informó que hace dos años fueron detenidas dos personas que estaban de cacería y los dejaron en libertad tres horas después; hubo intermediación del Personero.

Un poblador de la vereda denunció que hace dos años el ejército le pidió que se acercara o de lo contrario lo mataba; posteriormente, lo encañonó sin dar excusa alguna; el señor se encontraba aproximadamente a 100 m. y cuando estuvo cerca al soldado, le dijo que por qué trataban así a la población, pues él no era un guerrillero, sino un campesino trabajador.

Vereda Alto Lorencito: en esta vereda se cometen infracciones al D.I.H., pues el ejército acampa en la escuela y gasta la leña con la cual se preparan los alimentos de los estudiantes.

Vereda Campo Ají: varios soldados amenazaron a los pobladores que si los establecimientos no les vendían víveres y otros elementos, les iban a quitar la remesa.

Vereda Alto Agua Blanca: denuncian la ocupación de casas y la escuela. De igual manera, la estigmatización y el maltrato psicológico a través de groserías y amenazas tales como: “los vamos a mata”, “los vamos a seguir”.

Vereda Patagonia: el ejército le pidió a un menor de 12 años que les llevara remesa. También arrancaron plantas de yuca. A un joven también lo presionaron para que dijera quién estaba haciendo el paro.

Denuncia la comunidad, que ya no pueden moverse solos, sino que tienen que andar acompañados debido a estas presiones.

Vereda Brisas de Aguablanca: denuncian que el ejército cocina en los predios de la escuela. De igual manera, que cortan los alambres de la finca y que tratan a la comunidad de “guerrilleros”.

Vereda Balsora: esta ha sido la vereda más afectada con las capturas masivas; han acusado a las personas detenidas de ser los “financieros”, de pertenecer “al cordón de seguridad de Raúl Reyes”, entre otros.

Denuncian estigmatizaciones, pues el ejército dice que no viene al pueblo a comprar remesa porque “eso está lleno de guerrilleros”.

Denuncia la comunidad que hace cuatro años pasó el ejército dejando letreros que decían “por aquí pasó el sargento de las Auc”. En este mismo paso se llevaron dos novillos de esa misma finca.

En agosto de 2008, llegaron los erradicadores a la finca de un señor. No lo dejaron entrar a su finca hasta que se fueron; le gastaron la madera y la comida. También en agosto del mismo año, el ejército dejó a un señor en el monte desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde interrogándolo por la guerrilla.

Denuncian que de manera recurrente, el ejército ocupa las viviendas de los pobladores.
Denunciaron que en marzo de 2006 pasó una avioneta y dejó caer dos bombas que le ocasionaron heridas a dos personas y daños a una vivienda; una de las personas quedó con discapacidad auditiva.

Esta situación fue denunciada y se hizo la solicitud a Acción Social, pero a la fecha no se ha sabido el resultado ni se ha brindado la ayuda. El ejército ha visitado esta finca, pero la actitud ha sido la de estigmatización, afirmando que su dueño defendía los campamentos de la guerrilla.

En el año 2007, el ejército entró a una vivienda y se llevó joyas, una planta estacionaria y otros artículos de uso personal. Cuando el señor fue a reclamar a la Fluvial le dijo un soldado que él le daba el pasaje gratis para Leguízamo (según la población para que se desplazara). Indican los pobladores, que este mismo día bajaron disparando y dañaron una vivienda de la vereda Tolima.

Vereda Botadero: el ejército entró a la escuela violentando las chapas de la escuela llevándose la remesa del restaurante escolar.

También denuncia la comunidad, que el ejército ingresó a una vivienda dañando los candados, sin respetar que había dos menores de edad. De igual manera, sindicaron a un poblador de ser hermano de un guerrillero.

También denuncian que un señor que estaba enfermo y bajaba de la vereda La Paz en búsqueda de asistencia médica, fue obligado a devolverse, pues según el ejército, él le informaría a la guerrilla que el ejército estaba allí.

Entre Balsora y Botadero: el ejército a su paso deja letreros alusivos a las AUC, diciéndole a los pobladores que están detrás de las Auc.

Piñuña Negro: el ejército ha ingresado rompiendo los alambrados de la escuela. También ocurrió que el ejército hizo tiros a la escuela.

De igual manera, con las dos bombas que estallaron hace un año, estigmatizaron a la población. De igual manera, denuncian que ellos se iban a encargar de traer paramilitares para que arrasaran con el pueblo.

También denuncia el presidente de la Junta de Acción Comunal, que el teniente Jiménez lo amenazó diciéndole “usted es el culpable de todo esto... usted me las paga, tranquilo...

Esta situación fue puesta en conocimiento del Coronel Salcedo de la Brigada Naval del Sur y el General Cabrera de la Brigada de Selva No. 27, el 23 de noviembre de 2009 en la visita de la Comisión a Piñuña Negro. También denuncian que los buques de la Naval los estacionan a 20 m de las viviendas, poniendo en riesgo a la población civil.

Piñuña Negro – Cabildo indígena Monaide Jitoma muruy: por parte del Cabildo Indígena, se denunció que entran a la casa del Cabildo, dañan los cercos, ocasionando la salida de los animales los cuales se entran a las fincas vecinas produciendo daños. Denuncian que dejan los baños sucios.

Por parte del representante del Cabildo se denunció durante el año anterior, que utilizan la finca de un adulto mayor como helipuerto; el ejército hizo una visita sin presencia del Ministerio Público y puso en entredicho lo denunciado, pero no reparó los daños; esta situación continúa presentándose.

En lo cultural, denuncian que el día 21 de octubre de 2009, los erradicadores arrancaron el cultivo de coca utilizado por la comunidad del resguardo para usos y costumbres por más que se les explicó; en esta misma ocasión dijeron groserías a las señoras.

También pusieron en conocimiento que los días 25 y 26 de noviembre ingresaron a los predios del cabildo y cortaron los árboles de marañón, café y borojó para guindar las hamacas; entraron a las casas y se comieron las gallinas, dejando propaganda alusiva a la desmovilización.

Vereda Restrepo: el ejército rompe los cercos. Amenazaron a un muchacho diciéndole que lo tienen en unas listas.

Vereda La Concepción: denuncian que el día 18 de septiembre de 2009, con la presencia de 45 niños y niñas de la escuela el ejército de la Brigada Naval del Sur disparó hacia el caserío, específicamente hacia la escuela.

Esta situación se repitió nuevamente el día 8 de diciembre del mismo año y ocurre de manera frecuente. Denuncian de igual manera, que el ejército entró a una finca y dañó los cultivos de borojó, llevándose además las gallinas, dejando propaganda de la desmovilización.

Brisas del Hong Kong: en la playa de Hong Kong a las afueras de Puerto Asís, sobre el río Putumayo, se había instalado una olla comunitaria, con el fin de mitigar el problema alimentario de los habitantes de las riveras del río con motivo del paro.

El día 13 de diciembre, en horas de la tarde llegaron dos civiles armados, quienes sin identificarse, amenazaron a quienes se encontraban allí diciéndoles que los iban a matar si no levantaban esa olla; ante dicha situación, las personas abandonaron esta iniciativa.

Vereda La Tigrera (corregimiento de Puerto Ospina): denuncia la comunidad, que el ejército, llega a las fincas a acampar cerca de las casas y a las casas que encuentran solas violan los candados y se llevan la yuca, el plátano y las gallinas.

A su paso dejan siempre desechos plásticos que el ganado se come; las latas que desocupan ocasionan heridas a los animales. De igual manera, denuncian los habitantes de esta vereda, que el ejército daña los alambrados y nunca los arregla, se comen las frutas que encuentran y nunca piden sino que los toman sin consentimiento.

Vereda Peña Colorada: denuncian que donde acampa el ejército dejan basuras en las fincas ganaderas y cortan los alambres. De igual manera, acampan muy cerca de la población civil.

Vereda San Joaquín: denuncia la comunidad, que en el mes de octubre de 2009, la Infantería de Marina irrumpió en la sede escolar hurtando y dañando enseres de la institución, se sacaron el mercado del restaurante escolar y las ollas en las que se preparan los alimentos para los niños.

También hurtaron de la tienda escolar toda la galletería, gaseosas, bombones, chicles; de igual manera, destruyeron la planta de la Institución de marca Yamaha, encontraron el televisor en el piso; irrumpieron en el cuarto de la docente desordenándole las pertenencias y pisoteándole la ropa y enseres personales; se encontró ropa íntima en los corredores de la Institución.

Como prueba de esto se encontraba dentro del cuarto de la docente bolsas de raciones de campaña y un cartucho perteneciente a las fuerzas militares.

Otra denuncia que presenta esta vereda, ocurrió cuando los erradicadores habían terminado con su tarea y junto con el ejército ingresaron a una vivienda y sacaron gasolina y quemaron un ranchito donde se almacenaba maíz y arroz; allí se encontraban 12 tejas de zinc y 50 tablas de madera en buen estado, las cuales fueron quemadas.

Denuncia el señor Sergio Cisneros, que en la vereda se encuentra ubicada la finca denominada Las Garzas. Relata que a mediados del año 2004 se ubicaron los remolcadores y cañoneros de la Infantería de Marina en su propiedad.

Por este motivo no se le permitía al señor Sergio Cisneros acercarse a su finca a revisar el ganado de su propiedad; aducían que no se le permitía acercarse al señor por motivos de seguridad del personal abordo y aprovechando esta situación sacrificaron dos reses sin el consentimiento del propietario.

Dichas reses fueron sacrificadas a orillas del río donde se encontraban las embarcaciones; de lo anterior hay testigos y dicha situación fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

El mismo denunciante afirma que durante el año 2009, fue objeto de otro atropello por parte de la Infantería de Marina en el mes de octubre: aprovechando que su vivienda estaba sola violaron el candado y hurtaron las siguientes cosas: un radio de dos bandas, marca Sony, un celular marca Nokia 320 a color, útiles de aseo y un arma cortopunzante de uso personal.

Vereda Angosturas: denuncia esta comunidad que en la Vereda Angosturas el ejército está provocando desplazamiento forzado de las familias, pues de 26 familias que habían ahora quedaron solamente seis.

Indican que cada vez que sube la Marina, hace disparos contra el barranco por el cual se tiene acceso a la vereda. Denuncian que sindican a los pobladores de pertenecer a la guerrilla, razón por la cual no se ha podido volver a crear la Junta de Acción Comunal.

Señalan que como consecuencia de esta situación, la escuela tuvo que ser cerrada y los niños y niñas deben ir a estudiar a la vereda Agualongo o a la vereda Los Cambios, que son las más cercanas.

Denuncia la comunidad que el año anterior en el mes de octubre o septiembre estuvo el ejército en ésta vereda; a los ocho días volvieron 16 hombres ingresando a la casa de un señor que vivía solo, obligándolo a que les preparara el desayuno.

Cuando se fueron el ejército pintó letreros alusivos a las FARC-EP en su casa, capturando al señor. Cuando los líderes de la comunidad informaron de la situación, el General Quiroga se comunicó con ellos y éste les dijo que en ese sitio no había hombres del ejército.

A este poblador, según la comunidad, el ejército lo mantuvo cerca de 4 horas dentro de la Montaña en el sitio Agua Blanca. Posteriormente, lo dejaron en libertad y le hicieron firmar una hoja de constancia de buen trato.

El General Quiroga, según indicaron llamó a decirle a la comunidad que hacían mucho escándalo y que el señor que defendían tanto tenía 400 gr de soda y una granada de fragmentación.

Vereda La Pedregosa: informa la comunidad que durante los primeros días de agosto de 2009, hubo hostigamientos entre el ejército y la guerrilla. Señalan que posteriormente el ejército hizo disparos de manera indiscriminada detuvo a un muchacho que vestía una camiseta roja, diciéndole que uno de los guerrilleros estaba también vestido con una camiseta roja.

Representantes de la comunidad y varias religiosas, se acercaron al remolcador (faltaban 20 minutos para las 7 de la noche) para reclamarlo. Los fotografiaron, les hicieron firmar y les decían que allí había Policía Judicial; entre las personas que decepcionaron la información, había una persona de civil.

Denuncio otro poblador que el jueves de la semana pasada (10 de diciembre), estaba hablando por teléfono y lo acusaron de estar llamando a la guerrilla.

Durante este día también tuve la oportunidad de hacer la interlocución con los hombres de de la Brigada 13 quienes hacían presencia en el Caserío de Piñuña Negro. A ellos se les hizo la presentación personal y se explicaron los objetivos de la visita, comentándoles algunas de las preocupaciones de la población civil:

presiones porque la comunidad se sentía rodeada por el ejército y las denuncias que se estaban instaurando por la pérdida de enseres, animales y objetos de uso personal en la zona rural.

Diciembre 15

Durante este día se visitaron dos sitios más de concentración: Piñuña Blanco y Agualongo. Los líderes de las carpas reunieron a la comunidad y se hizo la presentación de la representante del Ministerio del Interior y de Justicia, quien explicó cuál era el objetivo de su visita a la zona de la protesta pacífica.

Corregimiento de Piñuña Blanco: denuncia la comunidad que en la primera visita que hizo el señor Secretario de Gobierno Municipal doctor Adolfo León Rojas, el ejército tomó fotografías; el Secretario de Gobierno les llamó la atención.

De igual manera denuncian que cuando pasa la Fluvial le toman fotos a la manifestación y entregan propaganda alusiva a la desmovilización, lo que la comunidad interpreta como estigmatización, pues ellos indican que no pertenecen a grupos armados ilegales para que se les den este tratamiento. También denunciaron que la Brigada Móvil 13 hace retenes y toma fotografías.

Los líderes consideran que debido a las amenazas y estigmatización, su vida está en peligro, sobre todo cuando termine la manifestación. Indican que a los Alguaciles de la Guardia Indígena se les está dando el tratamiento de personas armadas, acusándolos de portar escopetas, cuando lo que tienen son bastones, por la función que cumplen de acuerdo a sus usos y costumbres, de prestar la seguridad a la manifestación.

Denuncian que en la manifestación el ejército ha asumido funciones que no les corresponden, cuando llegaron diciéndole a la población: “nosotros tenemos buenas propuestas, negocien”.

De igual manera, denunciaron que la Armada decomisa insumos para la producción agrícola y luego los vende; lo mismo hace con la gasolina cuando la intercambia por gallinas.

La comunidad de esta zona hizo la solicitud para que a través del Ministerio del Interior y de Justicia se solicite a la Defensoría del Pueblo que emita un Informe de Riesgo para que se formule una alerta temprana, ante la posibilidad que existe de que se presenten vulneraciones a los derechos humanos.

Agualongo: denuncia la comunidad que durante el mes de agosto de 2009, el ejército hizo un operativo y se comió un marrano de cinco arrobas de un habitante de la vereda y no respondieron por el mismo.

De igual manera, denuncian que se hicieron dos fumigaciones en la vereda y una erradicación y no se dio a conocer ni se implementó el Plan de Contingencia.
También plantea la comunidad su preocupación por los daños a los alambrados, que le ejército hace en sus recorridos por las fincas y que no repara.

Diciembre 16

Durante este día se sostuvo una reunión entre, el señor Secretario de Gobierno, doctor Adolfo León Rojas Paz, los líderes de la Mesa Departamental Campesina y Adela Bautista Torres.

Los representantes de la Mesa Departamental Campesina expusieron su preocupación por la situación, al no darle una pronta solución a esta problemática que ya cumplió dos meses.

Les preocupa las condiciones alimentarias y de salud de los sitios de concentración y la estigmatización de la cual están siendo objeto los líderes y la comunidad que está participando.

De igual manera, plantearon la dificultad presentada con la información que se está dando a conocer por los Medios de Comunicación, creando expectativas de que llegaba la Comisión Nacional el día martes 15 de diciembre, cuando las autoridades no habían confirmado, lo cual genera desconfianza en la Institucionalidad. Solicitaron al señor Secretario de Gobierno que informara acerca de la gestión que se estaba realizando.

De igual manera, insistieron en que desde hace tres años se han venido presentando propuestas frente a la difícil situación, ante lo cual a la fecha no se cuenta con programas ni medidas de atención. Señalaron los líderes que debido a la crítica situación, las comunidades están decididas a mantener la protesta de manera indefinida, si así se requiere.

Manifestaron su preocupación por los atropellos del ejército y por el tratamiento que se le ha dado a la protesta, cuando se dice que es impulsada por la guerrilla cuando es la necesidad la que los obliga a iniciar el paro.

Llamaron la atención para que se dé una pronta solución, para que esta manifestación no vaya a desencadenar en hechos graves. También, expusieron su preocupación por el informe producido desde la Visita de Verificación realizada por el Ministerio del Interior, pues pude incrementar el riesgo.

La representante del Ministerio del Interior y de Justicia, expuso cuál era su rol en la visita de verificación: atiende el compromiso que se estableció desde la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, de hacer una visita para dar cumplimiento al Pliego de Peticiones de la Marcha, en el cual se solicita proponer-

acciones para evitar vulneraciones a los derechos humanos; de la misma manera indica que la información que se tiene desde el Ministerio es que la visita de la Dirección de Derechos Humanos, nivel nacional, se realizaría durante la segunda semana del mes de enero.

Llamó la atención frente a las informaciones difundidas por los medios de comunicación generando en la comunidad falsas expectativas frente a la llegada de la Comisión Nacional a el martes 15 de diciembre, pues coincidió con su entrada a la visita de verificación, lo que ocasionó malestar en la comunidad y riesgo para la representante del Ministerio, ya que la comunidad se sintió engañada por las autoridades.

Esta situación fue puesta en conocimiento del señor Secretario de Gobierno Departamental, doctor Buanerges Rosero Peña, por la delegada del Ministerio, el día 13 de diciembre, vía telefónica cuando ya se daba inicio al viaje y se perdía la señal, a-

quien se le expuso la situación y se le solicitó que hiciera la interlocución con la doctora Beatriz Acosta, para que se emitiera un comunicado de prensa aclarando esta situación, pues la comunidad ya estaba esperando la Comisión Nacional;

el doctor Rosero Peña no emitió comunicado alguno, sino que confirmó que la Comisión llegaría en estos días, de acuerdo a las reuniones sostenidas en la ciudad de Bogotá con el Ministerio del Interior y de Justicia.

El señor Secretario de Gobierno Departamental, doctor Adolfo León Rojas Paz, presentó el informe de las gestiones llevadas a cabo en Bogotá, según las cuales se propuso la creación de comisiones para que desde las entidades competentes se estructuraran acciones teniendo en cuenta el Pliego de Peticiones presentado por la comunidad.

Indicó que sí va a entrar la Comisión Nacional en estos días pero que no podía dar una fecha, pues esta gestión la estaba llevando a cabo el señor Gobernador (E). De igual manera, emitió una nota aclaratoria por los medios de comunicación, con el fin de que la comunidad solamente le de credibilidad a la información que se produzca desde la Gobernación o las Secretarías de Gobierno Departamental y Municipal.

De igual manera, puso en conocimiento que los docentes de la comunidad de Agualongo salieron a vacaciones dejando a 11 estudiantes de grado once sin graduar, perjudicándolos en la definición de su situación militar y en sus proyectos de vida para el 2010.

La representante del Ministerio del Interior se comprometió a dar el trámite respectivo frente a la Procuraduría Regional Putumayo, con la información que suministrara la Alcaldía de los nombres de los profesores responsables y estudiantes afectados.

Atentamente,
Adela Bautista Torres
Coordinadora Regional Putumayo
Proyecto de Atención a Comunidades en Riesgo
Dirección de Derechos Humanos
Ministerio del Interior y de Justicia


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viernes, diciembre 18, 2009

Parauribismo/
Carta abierta a la comunidad nacional e internacional sobre nuevos señalamientos y montajes contra Fensuagro y su dirigencia
Eberto Díaz

A propósito de las declaraciones del sujeto Ernesto Yamhure (foto) personaje de oscuro pasado y dudoso presente en el programa hoy por hoy de la cadena radial nada imparcial caracol el día 14 de diciembre de 2009 sobre mi ¨ supuesta participación en el congreso de la coordinadora continental Bolivariana realizado en la ciudad de Caracas.

Señala el mencionado personaje, varias mentiras tan grandes como la muralla china:

1º- Que en primerísima fila del congreso me encontraba muy atento a las intervenciones.
.
2º- Que de Colombia no figuraba nadie salvo la sorpresa de mi supuesta presencia, para luego afirmar que nuestra federación, coordino el traslado de la delegación colombiana a dicho evento, ¿cual delegación si segundos antes mencionó que no figuraba ningún colombiano?

3º- Tiene el descaro de exigir que yo le cuente al país el por qué de mi supuesta presencia en el mencionado evento.

Sobre lo primero; no sé de donde, pero sí con qué intención, este personaje, que deshonra el ejercicio del periodismo saca que yo pude estar en dicho evento, cuando en esos mismos días, me encontraba en la ciudad de Bogotá ejerciendo la Presidencia de la-

décima Asamblea Nacional Federal de nuestra organización realizada entre los días del 3 al 6 de diciembre/09, y donde permanecí hasta el día 8 y de lo cual hay por lo menos unos 250 testigos y documentos que lo prueban.

En segundo lugar debo mencionar que nunca he viajado a Venezuela por ningún motivo, ni al mencionado Congreso; ni antes con motivo diferente.

En la segunda mentira, el perverso personaje entra en contradicciones, primero menciona que de Colombia no se registra nadie, para luego decir que el vicepresidente de Fensuagro se encuentra en primera fila, y a continuación señalar que nuestra federación coordino el traslado de una supuesta delegación de colombianos a este evento, cuando él mismo acababa de afirmar que no había colombianos.

Por el tono de voz que utiliza el supuesto periodista de la cadena radial caracol cualquier desprevenido oyente podrá deducir que se trata de un montaje y de un mensaje cargado de odio que busca deslegitimar la actividad de una organización con más de treinta años de historia en la lucha campesina en Colombia, una organización con prestigio y reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Curiosa o sospechosamente, la campaña de desprestigio contra nuestra federación se da en momentos en que en el país y desde círculos cercanos al gobierno, se viene impulsando la creación de una nueva federación campesina proclive a las políticas del régimen y que actúa como organización de bolsillo para legitimar la política anti-campesina del actual gobierno.

Cabe decir, que aquí los únicos que deben explicar al país sus actuaciones son la cadena radial caracol, que se presta para que personajes como este envíen mensajes que no solo desdicen de una organización legalmente constituida que actúa conforme a la constitución y la ley; sino que pone en riesgo la vida de personas que hoy ocupamos cargos en las directivas de Fensuagro.

Con estas aseveraciones calumniosas, cargadas de odio y que tienen la clara intención de poner aun más en riesgo mi vida y mi integridad personal considero necesario que se investigue quién es y para quién trabaja el mencionado personaje Ernesto Yamhure, de dónde saco esta información mentirosa y qué pretende con ello.

Por último debería aclarar caracol si su ejercicio es el de informar, o el de obstaculizar el libre derecho de sindicalización y organización establecido en la carta constitucional al permitir que personas de tan dudosa reputación en el ejercicio del periodismo difamen de personas y organizaciones utilizando sus medios.
Lea también:

Inspección Piñuña Negro, Putumayo
Más de cinco mil personas desplazadas denuncian al Gobierno por erradicaciones arbitrarias
Por Camilo Raigozo. Voz

Las comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes, representadas en la Asociación Campesina Agrícola del Putumayo, Ascap, ubicada en la inspección de Piñuña Negro, denunciaron ante la comunidad nacional e internacional la grave crisis-

humanitaria por la que atraviesan debido a las erradicaciones forzadas que el Gobierno desarrolla en los corregimientos Perla Amazónica, Piñuña Blanco de municipio de Puerto Asís y Piñuña Negro, Puerto Ospina del municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo.

Según la denuncia de las comunidades, desde el 19 de octubre de 2009, las comunidades campesinas, indígenas y afros, tuvieron que salir desplazadas a la inspección de Piñuña Negro, municipio de Puerto Leguizamo, por la crisis alimentaria y humanitaria en que los ha dejado la erradicación de cultivos ilícitos, los cuales no quisieron ser concertados por el gobierno.

Las familias desplazadas le exigen al gobierno municipal, departamental y nacional, atención inmediata a la crisis humanitaria que estos generaron por no tener planes de cultivos alternativos ni de contingencia.

Las comunidades desplazadas desde hace más de 50 días la conforman 828 niños, 1.024 niñas, 1.868 hombres, entre ellos adultos mayores y 1.543 mujeres, el 20 por ciento en estado de embarazo.

Las comunidades esperan que el gobierno nacional se siente a dialogar y escuche las necesidades y garantice las soluciones a los mismos, como se lo han planteado a través del Plan de Integración de Desarrollo Campesino, el cual recoge las necesidades de las comunidades del Putumayo, representadas en las 5.263 personas que el Día-

Internacional de los Derechos Humanos han salido heroicamente a defender el derecho a permanecer en sus parcelas, el derecho a estar en sus territorios y sobre todo a seguir contribuyendo al desarrollo social y económico de la región.

Al menos 450 niños mueren al año por desnutrición en Colombia

Así lo aseveró Rosa María Navarro, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sin embargo, estudios de ONG y académicos independientes argumentan en sus trabajos investigativos que las muertes de niños causadas por el hambre y la desnutrición pasa fácilmente de los cinco mil casos, siendo el Chocó el departamento más afectado y la niñez indígena la más azotada.

Investigan cerca de 156 mil asesinatos de paramilitares

La Fiscalía investiga el asesinato de 155.977 personas, casi todas, a manos de la estrategia paramilitar en las últimas dos décadas. Un informe reciente del ente investigador da cuenta de que según las versiones libres de los ‘paras desmovilizados’ se han podido documentar 860 masacres cometidas por las Auc.

También hay documentadas las desapariciones forzadas de por lo menos 29 mil personas, el desplazamiento de 48 mil 500 campesinos e indígenas y el reclutamiento de 2.549 menores de edad.

Basándose en las confesiones de los ´paras’ la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ha ordenado investigar a 95 oficiales y 28 suboficiales del Ejército y a 46 oficiales y 47 suboficiales de la Policía, por sus presuntos vínculos con los escuadrones de exterminio.

Sin embargo para numerosas ONG defensoras de derechos humanos que han investigado en profundidad la estrategia paramilitar, coinciden en que estas cifras son ínfimas a las que ofrece la realidad.


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Agro Robo Seguro/
Investigarán penalmente a ministro y ex ministro de Agricultura por presunta corrupción en AIS
Por Camilo Raigozo

Tras recibir testimonios de varias de las personas beneficiadas por el particular invento del gobierno de Uribe y su entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, alias “Uribito”, denominado estratégicamente Agro Ingreso Seguro, la Fiscalía creyó conveniente abrir investigación penal contra Arias y el actual ministro de esa-

desprestigiada cartera, Andrés Fernández, por las presuntas anomalías en la repartija de al menos 150 mil millones de pesos, del dinero de los colombianos, a manos de poderosas familias, algunas con nexos con el narco-paramilitarismo y otras aportantes a las campañas de Uribe y del referendo reeleccionista.

En las últimas semanas la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía había llamado a interrogatorio a 87 personas, entre beneficiarios y funcionarios, presuntamente involucrados en actos de corrupción relacionados con la entrega de multimillonarias sumas de dinero a empresarios, familias ricas, narco-paramilitares y aportantes a las campañas de Uribe y al referendo reeleccionista, cercanas a la “casa de Nari”.

Previamente la Procuraduría y la Contraloría General de la Nación habían abierto cada una por su lado investigación disciplinaria en contra de varios funcionarios y ex funcionarios del ministerio de Agricultura, entre ellos Arias, Fernández, Fernando-

Arbeláez ex –viceministro de Agricultura, Juan Camilo Salazar Rueda, actual viceministro, al gerente del Incoder (Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural) Rodolfo Campo Soto, lo mismo que contra varias personas beneficiarias del botín denominado Agro Ingreso Seguro (Agro Robo Seguro).

El resultado de las investigaciones tanto del ministerio público, como de la Contraloría, no son esperanzadoras para la justicia, ya que en el caso del actual procurador, a quién varios periodistas denominan “monseñor absolvedor”, no es prenda de garantía, dado-

que en varios casos, como el de la “Yidispolítica”, ha demostrado ser un procurador de bolsillo de Uribe. Por su parte el contralor, Julio Cesar Turbay Quintero es delfín del ex presidente Julio Cesar Turbay Ayala, quién antes de morir, confesó ser uribista pura sangre y eso lo dice todo.

Campesinos condenan a los gobiernos de Uribe y de Obama por fumigaciones de pancoger

El 22 de noviembre fueron arrasados los cultivos de pancoger de los campesinos de la vereda La Concha en el Magdalena Medio. Fueron destruidas más de cuatro hectáreas de cacao, dos hectáreas de arroz y cinco hectáreas de pastos. Las avionetas fumigaron además las cuencas hídricas y los bosques madereros de la región.

El pasado 3 de diciembre, en la vereda El Tamar, fumigaron la finca La Perdida, propiedad de Raúl Alberto Suárez. Quedaron arrasadas 10.000 matas de yuca, 70 matas de plátano y un semillero de 700 plantas de cacao, así como varias hectáreas de pastos para ganado.

Suárez se encontraba trabajando en la finca cuando pasó la avioneta fumigando. El veneno le cayó en el cuerpo provocándole dolor de cabeza, infección estomacal y erupciones en la piel.

El campesinado de la Zona de Reserva Campesina exigió una comisión de verificación a la región afectada por la fumigaciones, así como condenaron a los gobiernos colombiano y estadounidense, responsables de las fumigaciones del Plan Colombia, por contaminar el medio ambiente y atentar contra la integridad y la vida de los campesinos de la Zona de Reserva Campesina.

Seguridad narcocrática/
Investigan más de 1.300 asesinatos cometidos al parecer por miembros de la Fuerza Pública
Por Caracol Radio

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía reportó que adelanta 1.302 investigaciones por homicidios cometidos presuntamente por integrantes de las Fuerzas Armadas. Entre estos casos están los llamados "falsos positivos"

Caracol Radio tuvo acceso al más reciente informe en el que se informa que hasta el momento han sido condenados 177 integrantes de la Fuerza Pública, 58 más están en etapa de juicio y 12 han aceptado cargos ante las autoridades judiciales.

Actualmente hay 590 integrantes de las Fuerzas Armadas con orden de captura proferida por la Fiscalía, 794 están cobijados con medida de aseguramiento y 500 han sido llamados a juicio.

Los departamentos con mayor número de casos de investigaciones por homicidios cometidos presuntamente por integrantes de la Fuerza Pública, son Antioquia con 378 casos, Meta con 116, Guajira con 65 y Putumayo con 63 investigaciones.

Llama la atención que desde el 2002 se incrementaron los casos de "falsos positivos" de manera exponencial, hasta llegar a su tope en el 2007, cuando ocurrieron 483 casos. Hay que señalar que en 2008 hubo 151 denuncias y en 2009 se investigan cinco casos. La ilustración es de Notimundo.


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Parauribismo/
Intentan secuestrar a dirigente campesino en Bucaramanga, Santander
Por Camilo Raigozo

La Asociación Agraria de Santander, Asogras, denunció ante la comunidad nacional e internacional, el intento de secuestro y posible desaparición del campesino Rosendo Duarte, tesorero de la Asociación en Sabana de Torres, Santander.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de diciembre a las 5:45 de la tarde, cuando Duarte, quien además es el secretario de Asogras departamental, transitaba por la Calle 45 frente al Cementerio Central de Bucaramanga.

El labriego fue abordado por dos sujetos quienes lo llamaron por su nombre y le ordenaron que los acompañara a un destino desconocido.

Duarte gritó pidiendo auxilio, el que encontró de una señora que lo comunicó con el presidente de la organización, Cesar Augusto Tamayo, quién inmediatamente acudió al sitio.

Según el comunicado de Asogras, se logró reconocer a uno de los terroristas e inmediatamente llamaron a la policía, a las 5:55 de la tarde, pero esta arribó a las 7:10 de la noche. Desde luego los sujetos tuvieron tiempo suficiente para escapar.

En vista de la demora de la Policía los campesinos acudieron a la Defensoría del Pueblo, la cual les prestó ayuda de forma inmediata. También encontraron apoyo y orientación oportuna por parte de la defensora de derechos humanos de fensuagro.


Asogras solicitó la solidaridad de las organizaciones defensoras de derechos humanos necionales y extranjeras y demás organizaciones sindicales y sociales para que le exijan al régimen de Uribe a que respete la vida y la integridad de sus afiliados.

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jueves, diciembre 17, 2009

Catatumbo, Norte de Santander
El gobierno abandonó los diálogos antes que cumplirle a los campesinos
En medio de constantes incumplimientos con los compromisos pactados y en una actitud arrogante la gobernación de Norte de Santander, la Vicepresidencia de la República y los alcaldes municipales se retiraron de la Mesa de Interlocución y Acuerdo pactada con los campesinos
Por Camilo Raigozo. Voz

Momentos en que la secretaria de gobierno de Norte de Santander Margarita Silva lee el comunicado en el que anunciaba el retiro del gobierno de la mesa de diálogo. Foto Camilo Raigozo.

El pasado 4 de diciembre en el municipio de Teorama, Norte de Santander, en el marco de la tercera sección de la Mesa de Interlocución y Acuerdo pactada entre los gobiernos municipales, departamental y nacional y las comunidades campesinas del Catatumbo,-

fueron rotas de manera unilateral por los representantes de las diferentes esferas de los gobiernos, quienes adujeron para ello el supuesto irrespeto por parte de los labriegos a las instituciones.

Así lo manifestó la secretaria de gobierno de Norte de Santander, Margarita Silva de Uribe, en un comunicado leído ante los dirigentes de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat y los representantes de unas 70 veredas de la región.

Luego de que la funcionaria leyera el documento abandonó el recinto seguida por Fernando Ibarra, delegado de la Vicepresidencia de la República y de los alcaldes de Teorama y Hacarí, quienes de esta manera se pusieron del lado del gobierno dándole la espalda al campesinado catatumbero.

El 29 de agosto anterior, ante uso 500 campesinos e indígenas de 60 veredas, entre ellos los líderes de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat y de la comunidad indígena Barí, firmaron los compromisos, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar;-

la secretaria de gobierno, Margarita Silva; los alcaldes de Convención, Tibú, Teorama, El Carmen y San Calixto; los personeros municipales de El Tarra, San Calixto, Durania, Tibú, Teorama, Hacarí; la secretaría de Desarrollo Rural de Convención; delegados de los concejos municipales de Tibú, Teorama, El Carmen, San Calixto y Hacarí; Acción Social;-

Centro de Coordinación de Desarrollo Integral de la Presidencia de la República; Corponor; Defensoría del Pueblo; Diócesis de Tibú; Incoder; Parque Nacional Natural Catatumbo Barí; Procuraduría Regional de Norte de Santander y la Vicepresidencia de la República.

Los campesinos continuaran su lucha

Tres meses después los diferentes entes del Estado firmantes de los compromisos no habían cumplido casi nada de los puntos pactados con los labriegos, quienes tienen que hacer enormes esfuerzos para llegar hasta los sitios de las audiencias.

El punto álgido fue el concerniente a los mercados de ayuda urgente a las familias damnificadas por las erradicaciones forzadas y sin un plan alternativo, las cuales quedaron en la ruina y al borde del desplazamiento forzado.

Según el líder campesino Juan Carlos Quintero, algunas familias tuvieron que irse a Venezuela con la esperanza de conseguir allá lo que su país les ha negado.

La gobernación se había comprometido a darle a cada una de las familias arruinadas por las erradicaciones sin concertación ni ayudas, un mercado mensual de 350 mil pesos por cuatro meses.

Sin embargo, después de 90 días de incumplimiento, la gobernación envió a cada familia una bolsa que contenía algunos productos por valor de 12 mil 500 pesos, lo que ofendió la dignidad de los campesinos, quienes en su mayoría optaron por devolver las bolsas.

Hay que mencionar que algunas familias tuvieron que caminar un día o más para recibir el “mercado”. Otras tuvieron que pagar hasta 100 mil pesos de transporte, lo que hizo que la ofensa fuera mayor, con el agravante de que la gobernación, envió un emisario a vigilar que los campesinos no le entregaran los “mercados” a la guerrilla.

Cuando los campesinos le hicieron un duro pero respetuoso reclamo a la secretaria de gobierno, Margarita Silva, esta adujo que había sido un error no haberles avisado a tiempo de que estos no eran los mercados convenidos, sino un anticipo, pues aún no hay plata para dar cumplimiento a lo pactado.

Después del almuerzo Silva leyó el comunicado en el que oficializaba el retiro unilateral por parte de las diferentes instituciones del gobierno de la Mesa de Interlocución y Diálogo que venía desarrollando con el campesinado del Catatumbo.

No obstante, las comunidades continuaron su trabajo en la Mesa hasta el día siguiente como estaba previsto y le dijeron a VOZ que persistirán en ella para forjar la unidad, defender su territorio, los recursos naturales y energéticos, así como también para construir un Catatumbo en paz y una vida digna para cada uno de los habitantes de esta región del país.

También exigieron a los alcaldes, a la gobernación y a las demás instituciones del Estado cumplir con sus compromisos.

Infamia de periódico estadounidense contra comunidad de paz y ONG defensoras de los derechos humanos
Por Camilo Raigozo

El pasado 14 de diciembre, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo firmado por la periodista Mary Anastasia O’Grady titulado, “Las ONG amigas de las Farc”, en el que sin respetar el mínimo rigor y ética periodística, de forma irresponsable calumnió a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

La fuente de O’Grady es un reinsertado de la guerrilla al servicio del Ejército, de paramilitares y del régimen tenebroso de Uribe, que desde la Brigada 17 cumple la función de calumniar a la comunidad y a organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Como era de esperarse, las grandes empresas de ‘comunicación’ en Colombia, cómplices del régimen local y del imperio, hicieron de caja de resonancia de la infamia de la periodista y del periódico gringo.


A continuación transcribimos la réplica que el padre jesuita Javier Giraldo Moreno envió al periódico The Wall Street Journal:

Bogotá, Colombia, 17 de diciembre de 2009

Mr. Paul Gigot
Editor of the Editorial page : wsj.ltrs@wsj.com
The Editor
1211 Avenue of the Americas
New York, NY 10036

Anastasia O’Grady : O’Grady@wsj.com

De toda consideración.

Quiero referirme al artículo aparecido en su diario el 14 de diciembre de este año, suscrito por la periodista Mary Anastasia O’Grady, que lleva por título: “Las FARC y la ‘Comunidad de Paz’.

En otra ocasión, su diario acogió mi carta de protesta por una calumnia similar (22 de junio de 2001) y espero que ahora rectifique también la repetición de la misma acción difamatoria.

La autora de la calumnia se apoya en una entrevista que le hizo al desertor de las FARC alias ‘Samir’, quien está albergado en un cuartel del Ejército colombiano desde noviembre de 2008 violando toda norma legal y desde allí se ha puesto al servicio de-

una estrategia mediática, dirigida desde hace 13 años por esa misma brigada militar (la Brigada 17) para destruir la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, combinando masacres, desapariciones, extorsiones, desplazamientos forzados masivos, abusos sexuales, destrucción de viviendas y cultivos, bombardeos a población civil,-

creación de estructuras paramilitares, montajes judiciales y otros crímenes (más de 750 crímenes hemos denunciado), con campañas difamatorias que miran a justificar todos esos horrores y a ocultar la culpabilidad del Gobierno en todas esas atrocidades.

La fuente que respalda a la autora de la calumnia, quien según los militares se llama “Daniel Sierra Martínez”, comenzó su campaña difamatoria contra la Comunidad de Paz el 28 de mayo de 2009 bajo la dirección del ex Ministro del Interior del Presidente-

Uribe, el Señor Fernando Londoño Hoyos, ampliamente conocido por su falta de ética que le ha valido varias condenas judiciales y su mismo retiro del cargo ministerial. Luego de prepararse durante 6 meses elaborando todo tipo de falsedades en la Brigada-

17 del Ejército, donde se han elaborado centenares de falsas acusaciones contra la Comunidad de Paz, falsedades que son investigadas hoy por la justicia colombiana y por tribunales internacionales, el Señor Sierra Martínez no ha cesado en delante de-

hablar por emisoras repitiendo las mismas falsedades, a pesar de que la Comunidad de Paz emitió un comunicado en el cual responde a una por una de sus mentiras, comunicado cuya copia anexo a esta carta.

Usted se preguntará por qué los medios de comunicación en Colombia han difundido las falsedades del Señor Sierra.

Es triste decirlo, pero los grandes medios en Colombia tienen como prioridad respaldar al actual Gobierno y en el ataque a las Comunidades de Paz, así como a muchos movimientos sociales y organizaciones populares, los intereses de este Gobierno son evidentes.

Dentro del actual conflicto que vive Colombia, este Gobierno, como todo el mundo lo sabe, ha optado por una solución militar y violenta. Las comunidades que han optado por no dejarse involucrar en la guerra son deslegitimadas por el Gobierno, como lo ha sido la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

La única manera de atacarlas que tendría una apariencia legal, sería probando que esas comunidades o movimientos trabajan con la guerrilla.

El Presidente Uribe lanzó cinco acusaciones falsas contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó el 20 de marzo de 2005, tratando de hacer creer que la Comunidad era colaboradora de la guerrilla, y la Comunidad le ha exigido a través de estos 5 años una-

rectificación, con el apoyo del Procurador General de la Nación y mediante un proceso judicial en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (Expediente 1712), siguiendo instrucciones precisas de la Corte Constitucional (Sentencia T-1191/04),-

pero hasta ahora no se ha producido sanción ni rectificación. Esto ha hecho que el Presidente recurra a otros actores para difamar a la Comunidad de Paz, como los diarios El Colombiano y El Mundo de la ciudad de Medellín, las emisoras RCN y Radio-

Súper, la emisora local Apartadó Stereo, las emisoras dirigidas por el Ejército (que son muchas), algunos columnistas como el Señor Plinio Apuleyo Mendoza y otros, y ahora el desertor de las FARC alias ‘Samir’.

Entre tanto las patrullas del Ejército y los grupos paramilitares que recorren la zona, se apoyan en la calumnia presidencial (“es que esta comunidad es de la guerrilla”) para justificar sus abusos sexuales, sus amenazas, sus torturas, sus minados de campos, sus montajes judiciales, sus asesinatos, sus destrucciones de cultivos y sus robos y bloqueos de alimentos.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó es una comunidad de campesinos pobres, a pesar de que una de las falsedades difundidas por los medios es que tiene enormes cantidades de dinero provenientes de donaciones internacionales, lo cual es-

absolutamente falso. Como ocurre cotidianamente con los pobres en Colombia y en todas partes, no tienen dinero para defenderse de las sucias campañas de difamación de los ricos y del Gobierno. Por eso el crimen que está cometiendo la Señora O´Grady es tan repulsivo e infame.

Le ruego, Señor director, repare en algo esta infamia, aunque seguramente ya no podría repararla sino en una pequeña medida, luego de haber perpetrado una acción tan inmoral y criminal, en respaldo a un verdadero genocidio.

No puedo sino manifestarle mi más honda censura ética a tan infames procedimientos.

Atentamente,

Javier Giraldo Moreno, S. J.

A continuación el artículo en mención publicado por The Wall Street Journal:

Las ONG amigas de las Farc
Por Mary Anastasia O'Grady
Bogotá, Colombia


Daniel Sierra Martínez, Nelly Avila Moreno y Nicolás Montoya, ex miembros de las FARC, el grupo terrorista colombiano. Foto The Wall Street Journal.

En momentos en que Estados Unidos se prepara para enviar a 30.000 soldados adicionales a Afganistán en una misión que incluirá defender a la población civil en una narcoeconomía, la experiencia de Colombia con el narcotráfico y el terrorismo podría resultar útil.

El testimonio del ex segundo al mando del quinto frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que opera en la región bananera de Urabá, también un centro del narcotráfico, podría servir como la primera lección.

El ex comandante guerrillero Daniel Sierra Martínez, alias "Samir", se entregó a las autoridades colombianas en diciembre de 2008 en respuesta a una oferta de reconciliación nacional del presidente Álvaro Uribe.

A cambio de una reducción de pena, tuvo que dar información sobre lo que hizo durante las dos décadas que perteneció a las Farc.

La semana pasada, las autoridades colombianas accedieron a permitir que se sentara conmigo y me hablara sobre su experiencia como guerrillero.

Samir me dio mucha información sobre el negocio de cocaína de las Farc y su explotación de la población civil en zonas designadas por "organizaciones no gubernamentales" como "comunidades de paz".

También me dijo que los supuestos pacifistas que dirigen la ONG local eran sus aliados y una herramienta importante de las Farc en su esfuerzo por desacreditar al ejército.

En un discurso en septiembre de 2003, el presidente Uribe expresó su temor ante la posibilidad de que algunos grupos de "derechos humanos" fueran fachadas para los terroristas.

La izquierda internacional, incluyendo al senador estadounidense Chris Dodd, un demócrata que representa al estado de Connecticut, atacó al presidente colombiano por hacer esas declaraciones.

Pero los comentarios de Uribe estaban respaldados por información recaudada por los servicios de inteligencia de Colombia. Ahora, el testimonio de Samir y de muchos otros que han salido de la selva, da a la aseveración de Uribe más peso.

El territorio del quinto frente incluye un pueblo llamado San José de Apartadó, que fue designado como una comunidad de paz a mediados de los años 90 siguiendo un plan propuesto por la diócesis católica.

La idea era crear un lugar donde la población civil pudiera vivir sin miedo de los paramilitares o la guerrilla. Como reporté en noviembre de 2003, "la administración de esta propuesta, que prometió el pleno desarmamiento-

de todas las partes residentes en la 'comunidad de paz', fue puesta en manos de un grupo compuesto por personas de distintas congregaciones religiosas llamado Justicia y Paz, una ONG colombiana.

Justicia tiene el respaldo de Amnistía Internacional y las Brigadas Internacionales de Paz.

Pero la comunidad de paz de San José de Apartadó, según Samir, distaba mucho de ser neutral. En cambio, dice, las Farc tenían una relación cercana con sus líderes desde sus inicios.

Samir dice que la comunidad de paz era un refugio para los rebeldes heridos y enfermos de las Farc y para almacenar suministros médicos. También dice que proveedores del grupo armado se reunían con guerrilleros en el pueblo, donde siempre habían también cinco o seis miembros de las Brigadas Internacionales de Paz.

Según Samir, la comunidad de paz ayudó a las Farc en su esfuerzo por tildar al ejército colombiano como un violador de los derechos humanos. Cuando la comunidad se alistaba a acusar a alguien de una violación a los derechos humanos, Samir organizaba a los "testigos" ordenando a miembros de las Farc que posaban de civiles para que dieran su testimonio.

Edward Lancheros, un miembro del consejo de la comunidad de paz y sus asociados (que incluyen un sacerdote jesuita llamado Javier Giraldo y a Gloria Cuartas, la alcaldesa de izquierda de la municipalidad que incluye a San José de Apartadó),-

insistieron que la "paz" requería que el ejército se mantuviera alejado de esa zona. Pero los paramilitares no estaban dispuestos a acatar dicha convención. Cuando hubo enfrentamientos entre las Farc y los 'paras', dice Samir, la comunidad de paz jugó un papel determinante en darle forma a la historia para fomentar que el público culpara al gobierno.

Un incidente de este tipo ocurrió en el año 2000, cuando los paras detuvieron a una ambulancia que transportaba a una guerrillera enferma y le dispararon. Samir dice que la comunidad de paz dijo que ella era un miembro de su grupo y alegó que el ejército la mató. La comunidad también ayudó a ocultar la presencia de las Farc en la zona.

En 2005, dijo Samir, un guerrillero de las Farc llamado "Alejandro" fue asesinado por paras. La comunidad de paz insistió en que era un civil que hacía parte su grupo.

Samir dice que no estuvo de acuerdo con la decisión de las Farc de involucrarse en el narcotráfico y de trabajar con paramilitares que transportan droga. También objetó la explotación de la población local por parte del grupo guerrillero.

Cansado de todo ello, lideró un intento por poner coto a los abusos de las Farc y, en 2008, más de dos docenas de zonas declararon su independencia de la comunidad de paz.


Samir fue entonces acusado de ser un infiltrado del ejército y el secretariado de las Farc ordenó que fuera sometido a un consejo de guerra. Samir decidió entonces entregarse.

Evidentemente, sus adversarios le acusan de inventarse todo esto para congraciarse con el gobierno.


Pero lo que no puede negarse es que mientras las Farc han sido desacreditadas por el grueso de la población rural, es el ejército de Colombia, no la así llamada comunidad de paz, la que ha pacificado Urabá y dado nueva vida a sus habitantes.
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martes, diciembre 15, 2009


Parauribismo/
Paramilitares desplazan a más de 40 campesinos en el Cauca
Por Camilo Raigozo. Voz

El pasado 21 de noviembre, al menos 40 personas, 11 familias, tuvieron que huir ante la incursión de paramilitares autodenominados "LosRastrojos", en Argelia, Cauca. Según información de las comunidades, el desplazamiento masivo está relacionado con la desaparición-

de Over Erney Muñoz, de 45 años y Jesús Oleiver Alvarado, de 29, pobladores de la vereda Mesón Alto, corregimiento San Juan de la Guadua del municipio de Argelia, el pasado 12 de noviembre, a manos de los grupos paramilitares que pese a la militarización de la zona, mantienen azotada a la población.

Los ‘paras’ desaparecieron a los dos campesinos cuando se encontraban dejando madera en el camino hacia la vereda Nuevo Horizonte.

Paramilitares amenazan a estudiantes de la Universidad del Valle


Mediante correos electrónicos, paramilitares auto denominados “águilas negras bloque calima”, han amenazado a varios estudiantes de la Universidad del Valle a quienes señala de ser guerrilleros de las Farc.

Entre los estudiantes amenazados se encuentran María Claudia Beltrán Fonseca, Visnu Posada Molina, José Luis Ortiz Galarza, Fabián Moreno y Harold Ordóñez Botero. Con todo tipo de improperios los “declaran objetivo militar” y les dan un ultimátum.

Militares atacan con granadas a campesinos en Cauca

El pasado 21 de noviembre a las 6:20 de la tarde, en la vereda El Vergel, en momentos en que un grupo de campesinos se transportaban en cuatro motocicletas por una vía inter veredal,-

militares pertenecientes a los Batallones de Contraguerrillas No. 3 “Cacique Numancia” y de Infantería No. 8 “Batalla de Pichincha”, sin ningún tipo de aviso, atacó con granadas y disparos de fusil a los labriegos.

Los uniformados señalaron a los campesinos de ser guerrilleros y detuvieron de forma arbitraria a Jhon Torres García. En el ataque quedó herido José Silva.

‘Paras’ asesinan a campesino en Corinto, Cauca

El 12 de noviembre de 2009, en el corregimiento El Jagual, municipio de Corinto, Cuaca, cerca de las 6:00 de la mañana, en momentos el campesino Elver Otalvarez, transitaba a bordo de una motocicleta por un camino inter veredal, un desconocido lo asesinó de tres disparos.

En septiembre de 2009, en las veredas de la parte alta de la cordillera central, aparecieron panfletos firmados por las paramilitares autodenominados “águilas negras” en los que estos criminales de la oligarquía amenazan de muerte a integrantes de las comunidades indígenas y campesinas de la región.

Vistahermosa, Meta
El Ejército viola los derechos humanos y el DIH
Miembros del Ejército Nacional perteneciente al Batallón contra guerrilla 83 adscritos a la brigada móvil 12 han realizado allanamientos y detenciones ilegales en la vereda Loma Linda
Por Camilo Raigozo. Voz

Recientemente una comisión de Asturias constató el estado deplorable de los derechos humanos en el Bajo Ariari. En primer plano el padre Javier Giraldo.


La Red de Derechos Humanos del Bajo Ariari denunció ante la comunidad nacional e internacional que desde el pasado 26 de noviembre, tropas del Batallón Contraguerrilla 83, adscrito a la Brigada Móvil 12 del Ejército Nacional, llegó al caserío de la vereda Loma Linda, jurisdicción del municipio de Vista Hermosa, Meta, y ha realizado allanamientos ilegales en las viviendas, así como interrogatorios ilegales a los pobladores.

Los uniformados igualmente procedieron a instalar un retén en la entrada del caserío con el fin de empadronar a la población, impidiendo la libre circulación de las personas en su territorio. En el retén también controlan las facturas de los víveres o de los combustibles que necesitan los campesinos para su cotidianidad.

Según la denuncia, las tropas permanecen dentro del caserío haciendo bloqueo alimentario y controlando la vida de los habitantes. “Las acciones desarrolladas por los uniformados desde hace más de cuatro días constituyen graves infracciones al Derecho-

Internacional Humanitario al colocar a la población civil en inminente peligro por ser esa una zona donde persiste al conflicto armado que padece el país desde hace al menos cinco décadas”, sostiene el llamado de auxilio de la ONG defensora de los derechos humanos.

Ante esta grave situación la Comisión de Derechos Humanos del Bajo Ariari, Sector Vistahermosa, exigió al Estado colombiano y a sus organismos de control intervenir de manera oportuna ante los mandos castrenses a fin de garantizar de manera inmediata-

que las tropas que vulneran los derechos fundamentales de la población civil inerme e infringen el Derecho Internacional Humanitario, cumplan con el mandato constitucional colombiano y los tratados internacionales.

“Solicitamos a las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos a solidarizarse una vez más con los campesinos de esta región, que siguen siendo objetivo del actuar desbordado de las unidades militares que de manera-

recurrente tratan de asfixiar las dinámicas propias de las comunidades con los bloqueos, empadronamientos y otra serie de abusos contra los derechos civiles”, dice el documento de la Red de Derechos Humanos del Bajo Ariari.

“Igualmente, invitamos a las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos a exigirle al gobierno de Álvaro Uribe que cumpla su compromiso como garante de los derechos humanos que se desprende de las obligaciones inherentes a su cargo como Presidente de la República y como Comandante en Jefe de la Fuerzas Militares”, dice en epílogo la denuncia.


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Parauribismo/
Una auténtica contrarreforma agraria en Colombia
Por Oficina Internacional de Derechos Humanos

Así caracterizan muchos analistas lo que ha ocurrido en el campo en Colombia en las últimas décadas. Basta citar algunas estadísticas oficiales para dimensionar el fenómeno.

En 1984, el 0.5% de los propietarios concentraban en sus manos 32.7% del área cultivable del país; en 1996, el 0.4% de los propietarios tenían 44.6% de la superficie (1); y actualmente el 0,43% de los propietarios es dueño del 62,91% de las tierras cultivables.

Del otro lado, el 57.87% de los propietarios, tiene apenas un 1.66% de la tierra (2). Durante 25 años, el conflicto armado ha sido utilizado para aumentar la concentración de la propiedad de la tierra.

En efecto, Colombia es el segundo país en el mundo, luego de Sudan, por el número de desplazados internos. El desplazamiento de campesinos, indígenas y afro-colombianos no ha sido solamente un efecto colateral del conflicto, sino un objetivo en sí de la guerra.

En las zonas bananeras del Urabá antioqueño hombres armados ofrecían a los campesinos 250.000 pesos por hectárea de tierra cuyo precio era cuatro veces mayor (3). Quienes no vendían eran amenazados, extorsionados y muchas veces asesinados.

El jefe paramilitar alias “HH” reconoció haber asesinado en esa zona en dos o tres años cerca de 1.600 personas. Mediante masacres a la vista de la población fueron desplazadas miles de personas y sus tierras pasaron a manos de sus victimarios, o de quienes actuaron tras de ellos.

Otro jefe paramilitar y empresario bananero, Raúl Emilio Hazbún Mendoza, quien controló la región por más de 10 años, ha reconocido sus vínculos estrechos y permanentes con el Ejército y la Policía, con los terratenientes y con las multinacionales inversionistas (4) en la zona bajo su control.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ya había recomendado a Colombia en el 2001 la realización de una “genuina reforma agraria” (5).

Será difícil que el gobierno colombiano muestre avances al respecto durante las sesiones de mayo de 2010 cuando ese comité estudie nuevamente la situación en Colombia.

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A título ilustrativo servirá el tema de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, en la que no ha habido ni una condena penal en firme contra los paramilitares que se han acogido a ella.

En las declaraciones de estos paramilitares ante la justicia no ha habido casi ninguna mención de su implicación en la apropiación violenta de tierra y tampoco los fiscales han hecho preguntas sobre este tema.

Aún más lejos está el derecho de las víctimas a una reparación adecuada que incluya la restitución en condiciones de seguridad de sus tierras arrebatadas por los paramilitares.

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Muy por el contrario son ya varios los líderes que han pagado con su vida el hecho de representar asociaciones de desplazados que intentan recuperar sus tierras en esos procesos judiciales.

Con el hundimiento este año en el Congreso de la República del proyecto de ley para proteger las víctimas, se hundió también el capítulo que trataba exclusivamente el problema de la devolución de las tierras.

Inclusive se había previsto crear Tribunales de Tierras destinados a restituir esas tierras. Los pasos del gobierno y del Congreso, deslegitimado por el escándalo de la parapolítica, van más bien en el sentido contrario: en enero de 2008 fue sancionada la ley 1182 “por medio de la cual se establece un proceso especial para el saneamiento de la propiedad inmueble”.

Esta ley permite legalizar los predios rurales de menos de 10 hectáreas en un procedimiento laxo que no da garantías reales para que los desplazados puedan oponerse a que sus tierras arrebatadas sean tituladas por los usurpadores.

El gobierno colombiano apuesta por fomentar las agroindustrias como eje de lo que considera como “desarrollo” del campo. Los proyectos para cultivar grandes extensiones de palma aceitera destinada a producir agro combustibles son una de sus banderas principales.

Pero la Unión Europea no puede mirar a otro lado cuando el gobierno colombiano abre las puertas a inversiones relacionadas con las tierras rurales.

Es necesario enviar un claro mensaje de que la UE no avala un proceso de acumulación de la propiedad de las tierras en pocas manos mediante años de sistemático desplazamiento forzado, utilizando masacres, torturas y desapariciones forzadas.

En caso contrario las inversiones europeas podrían tener como destino las tierras robadas a los desplazados.

La UE igualmente debería apoyar las recomendaciones del Comité Desc para que se realice una auténtica reforma agraria, que constituye un paso obligatorio hacia una paz duradera en Colombia.

Notas:

1. Fuente: Instituto Geográfico Agustin Codazzi. 2. Instituto Geográfico Agustín Codazzi; Corpoica. Zonificación de los conflictos de uso de las tierras en Colombia. Volumen 4. Bogotá, 2002, citado por el III Informe alternativo de la sociedad civil al-

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, resumen ejecutivo, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, nota xiii, Instituto Geográfico Agustín Codazzi; Corpoica. Zonificación de los conflictos de uso de las-

tierras en Colombia. Volumen 4. Bogotá, 2002. 3. http://www.semana.com/noticias-nacion/empresario-paramilitar/111503.aspx 4. La empresa Chiquita Brands, por ejemplo, fue condenada en Estados Unidos a pagar 25 millones de dólares por pagar-

contribuciones a los paramilitares, pero sus directivos nunca han sido llevados ante la justicia colombiana. 5. Infra 44, en
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/E.C.12.1.Add.74.En?Opendocument.

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