sábado, abril 12, 2014

Nace incipiente guerrilla en EU ante atropellos estatales contra campesinos
Por: Camilo Raigozo. Notimundo

Una de las causas que precipitó el nacimiento de la guerrilla de las FARC EP en 1964 en Colombia se puede estar repitiendo, esta vez en Estados Unidos, según una información de The Daily Sheeple.

En el año mencionado en Colombia, 48 campesinos le pidieron al gobierno que en vez de hostigarlos y perseguirlos,  les abriera vías de comunicación y les facilitara los medios necesarios para trabajar sus tierras y poder sacar los productos al mercado, entre otras obligaciones que tenía el Estado.

La respuesta del gobierno fue el exterminio de los campesinos, para lo cual envió 5.000 militares bien equipados, con aviones bombarderos y asesores estadounidenses, en lo que se conoció como Plan LASO (por sus siglas en inglés). 

La cobarde agresión del régimen contra los labriegos no logró el propósito de borrarlos de la faz de la tierra, pero si hizo que estos se organizaran y conformaran un ejército de resistencia político-militar contra la tiranía, conocido como: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC EP, el cual está próximo a cumplir 50 años sin ser doblegado.

Cuanta sangre derramada inútilmente, cuanto dolor, cuanta miseria, se hubieran podido evitar en el país, de no haber sido por la estupidez, voracidad y arrogancia, de quienes han mantenido el poder en Colombia.

La historia contada por The Daily Sheeple dice que lo que empezó siendo un litigio legal entre el gobierno federal de los Estados Unidos y un ranchero de Nevada, puede acabar convirtiéndose en un conflicto de consecuencias imprevisibles.

Durante 20 años, el ranchero de nevada Cliven Bundy ha mantenido un litigio legal con el gobierno federal sobre los derechos de pastoreo en una área conocida como Gold Butte.

Cliven Bundy, ganadero de 67 años de edad, afirma que su familia lleva trabajando en esos 600.000 acres de tierra desde finales de 1800, sin embargo, el Gobierno Federal reclama la posesión de esas tierras, a las que cataloga como “propiedad pública”, obligando a Bundy y su familia a dejar de usarlas como zona de pastoreo.

Pero lo que podría parecer una historia menor, propia de una vieja película de rancheros del Far West, va camino de convertirse en un auténtico conflicto armado.

El martes, 200 agentes armados de la Oficina de Gestión de Tierras (Bureau of Land Manegement) asaltaron la propiedad de la familia Bundy, tras la negativa del ranchero a pagar por los derechos de pastoreo.

En respuesta, un grupo de milicias armadas se han unido para combatir con las armas a los agentes federales que han ocupado el rancho Bundy.

Se trata de milicias procedentes de Texas, Montana, Utah, New Hampshire y Florida y según ha declarado el portavoz de una de estas milicias: “no tenemos miedo a disparar”.

Y es que la actuación de los agentes federales ha causado indignación.

Un hijo del ranchero, Ammon Bundy recibió un disparo de pistola Taser, otro hijo Dave fue detenido y su hermana Margaret Houston, fue golpeada y maltratada por los agentes.

La tensión en la zona ha aumentado hasta el punto de que han sido desplegados Rangers armados procedentes de otros estados, así como helicopteros e incluso francotiradores, tal y como afirman portavoces de la familia.

“Esto es lo que haremos, vamos a ofrecer respuesta armada” afirmó Jim Lordy, portavoz de las milicias a una emisora de radio local. “Ellos tienen armas. Pues nosotros necesitamos armas para protegernos de un gobierno tiránico”

Lordy también dijo que “más milicias están llegando al lugar para participar en la defensa de la familia Bundy”. No se trata de una película de vaqueros, pero sí puede acabar como una película de guerra, finaliza el artículo de The Daily Sheeple.

Como ven estimados lectores hay un cierto parecido entre lo que le sucedió esta semana al ranchero Cliven Bundy en Gold Butte, Nevada, Estados Unidos  y lo que le sucedió en 1964 al campesino Pedro Antonio Marín, en Marquetalia, sur del Tolima, Colombia.

Volver a la página principal

viernes, abril 11, 2014

Terrorismo de Estado
Paramilitares amenazan a periodista y le dan 48 horas para que salga de Bogotá
Por Camilo Raigozo. Notimundo

No acaba el alcalde impuesto por Santos en Bogotá, Rafael Pardo, de anunciar que militarizará la ciudad con 1.400 unidades, cuando los grupos paramilitares intensifican su accionar en la capital del país.

Al comenzar la noche de este viernes 11 de abril, paramilitares autodenominados “los rastrojos”, amenazaron de muerte al reportero Jorge Luis Daguer, quien trabaja para el medio Voz del Pueblo Latinoamericano.

Según la denuncia reenviada a Notimundo por usuarios de las redes sociales, hace 20 días fua asesinado un hermano del ahora periodista amenazado.

Estas acciones criminales han despertado el rechazo de los capitalinos quienes les exigen a la Policía y al Ejército proteger la vida, la integridad y los bienes de las personas y a no ser cómplices de los terroristas de derecha.


Terrorismo de Estado
ONG internacional denuncia que militares y paramilitares continúan asesinado población civil
Por Camilo Raigozo. Notimundo

La ONG de derechos humanos Rete Italiana di Solidarieta denunció a través de Notimundo que “grupos armados legales e ilegales continúan realizando ataques indiscriminados, amenazando y asesinando a la población civil”.

Según la ONG, quien a su vez basa su información en informes de las comunidades afectadas, el lunes 24 de marzo de 2014 en horas de la mañana al parecer militares hicieron explotar un artefacto cerca a los espacios de deporte y recreación en San José de Apartadó.

El jueves  26 de marzo de 2014 a las cuatro de la tarde efectivos militares entraron abusivamente a los espacios de la Comunidad en el asentamiento de San Josecito.

A pesar de que se les pidió que se retiraran del lugar, amenazaron a los miembros de la Comunidad diciendo que ellos hacían lo que se les da la gana, que en vano ellos no cargaban el arma, que la autoridad son ellos y no una hp comunidad de paz.

El sábado 28 de marzo de 2014 hacia las dos de la tarde, militares detuvieron a dos miembros de la Comunidad de Paz, al momento que buscaban algunas bestias en los espacios de cultivos de las familias de la Comunidad.

Los uniformados amenazaron a los dos campesinos diciéndoles que si daban un paso más no respondían por sus vidas.

“La presencia militar en los espacios de trabajo, no son otra cosa más que una forma de obstaculizar las labores de campo que cotidianamente realizan los campesinos en los cultivos de pan coger y de subsistencia”, afirma el documento.

En las últimas semanas se ha visto el movimiento de maquinaria y material para construir un megacolegio en el casco urbano de San José, dirigido desde el más alto nivel del Gobierno, sin tener en cuenta que dichas instalaciones se vienen realizando junto a la base militar.

La Comunidad se enteró en los últimos días sobre las amenazas de los paramilitares a la familia de apellido Molina en la vereda Rodoxali,  corregimiento de San José, a quienes obligaron a venderles una finca.

Los ‘paras’ por intermedio de amenazas y terror se hicieron a la finca, la cual tiene una extensión de 300 hectáreas. Todo lo hicieron frente a las autoridades civiles y militares quienes no hicieron nada para proteger al campesino.

La finca era propiedad del campesino Ismael Molina Correa quien perdió la vida el lunes 21 de enero de 2013, al pisar una mina antipersona colocada por los mismos paramilitares.

Caso Curvaradó y Jiguamiandó

El 13 de marzo de 2014 en cercanías de la Zona Humanitaria del consejo comunitaria de Pueblo Nuevo, se presentó un contacto armado entre el ejército y la guerrilla de las FARC en el que murieron dos militares.

En venganza los uniformados estatales, al pasar cerca de la Zona Humanitaria señalaron como responsables a los afrocolombianos que habitan el Consejo Comunitario de Pueblo Nuevo.

De igual manera, estructuras paramilitares que operan en Belén de Bajirá afirmaron que como los militares estaban muy flojos, ellos tendrían que apoyarle en Jiguamiandó. En efecto, el domingo 23 de marzo se observaron, según algunos testigos, operaciones oficiales con la presencia de paramilitares.

El 24 de marzo de 2014 en Belén de Bajirá, hombres que se movilizan en motocicleta, al parecer paramilitares, abordaron a la hija de la lideresa, Liria Rosa García, para preguntar por ésta y por, el líder Raúl Palacios.

Al  negarse a dialogar, los motorizados la intimidaron. Liria y Raúl son integrantes del consejo comunitario de Caracolí, Curvaradó.

El 26 de marzo de 2014,  paramilitares hostigaron a los habitantes de la Zona Humanitaria del consejo comunitario de Camelias, Curvaradó.

Según la fuente, entre los paramilitares estaban alias “perro negro” y “el perro”. Los criminales vestidos de civil se movilizan libremente por la zona, especialmente en el puerto de Brisas de Curvaradó pese a la presencia del ejército y la Policía.

Caso Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca

El 3 de marzo de 2014 a las 8 de la mañana, fue brutalmente asesinado el Comunero, docente y estudiante indígena Epifanio Latín Ñuscue en la vereda La Mina del Cabildo La Cilia la Calera, municipio de Miranda, Cauca.

El 14 de marzo de 2014,  Liliana Quiguanas de 26 años de edad, madre soltera de una niña de 7 años y un niño de 5, murió al haber quedado en medio de los combates entre la guerrilla y el ejército.

La autoridad de Tacueyó ha exigido infructuosamente el retiro de la fuerza pública de las áreas protegidas por el DIH tanto de la vereda Buenavista, como del barrio Belén del centro poblado de Tacueyó. Igualmente retuvo a tres milicianos quienes son investigados por generar daños y desarmonía en el territorio.

Finalmente la ONG italiana presentó un derecho de petición enviado por el Padre Javier Giraldo al Presidente Juan Manuel Santos el 13 de marzo del año en curso, en el que reitera la solicitud de ordenar  la entrega, sano y salvo, del joven Buenaventura Hoyos Hernández, secuestrado por paramilitares.


jueves, abril 10, 2014

Terrorismo de Estado
Acciones criminales del Ejército y la Policía en su afán de reclutar forzadamente jóvenes pobres para la guerra contra el pueblo
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El régimen criminal y violento que padecen los colombianos en cabeza de Santos y su ministro de guerra y represión contra el pueblo Juan Carlos Pinzón, por intermedio de su aparato militar y policial continúa violentando las disposiciones legales y constitucionales con el objetivo de reclutar forzadamente jóvenes de estratos bajos para involucrarlos en una guerra que no les pertenece.

El canal de televisión Citytv registró en la noche del miércoles cómo miembros del ejército y de la Policía continuaron realizando las llamadas batidas, las cuales consisten en reclutar masiva, forzada e ilegalmente, jóvenes de estratos populares para involucrarlos en la guerra que mantienen las oligarquías nacional y extranjeras contra el pueblo.

El video de Citytv deja apreciar la manera brutal como los agentes represores del régimen tanto del ejército, como de la Policía, agredieron a la comunidad cuando esta trató de impedir que sus hijos fueran secuestrados para obligarlos a servir de carne de cañón en el conflicto armado impuesto por los guerreristas.

Al fondo el camión escondido
en el que 30 jóvenes fueron
secuestrados por el Ejército
Lo mismo ocurrió el pasado 27 de marzo en la localidad de Kennedy cuando miembros del Ejército realizaron las proscritas batidas en las que secuestraron al menos 30 jóvenes para obligarlos a “prestarle el servicio militar a la patria”, que no es otra cosa que obligar a los hijos del pueblo (no los niños de la oligarquía), a defender, incluso con su vida, las riquezas y privilegios de quienes detentan el poder.

Igualmente, a principios de esta semana en la misma zona de Kennedy se presentaron varias denuncias de la comunidad y de ONG de derechos humanos en las que advirtieron que al menos 30 jóvenes fueron desaparecidos.

Unos y otros culpan de estos hechos delincuenciales al ejército, ya que continúa haciendo reclutamiento forzado por medio de batidas en barrios populares. Las batidas fueron declaradas ilegales por la Sentencia C-879 de 2011 de la Corte Constitucional.

Ver el video de Citytv aquí

Lea también:
Continúan reclutamientos forzados e ilegales del Ejército para meter a los jóvenes a una guerra que no les pertenece

martes, abril 08, 2014

Terrorismo de Estado
El ejército hostigó a líder campesino en Tumaco, Nariño
Por camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 7 de abril a las 9 de la mañana, a la altura del kilómetro 54 sobre carretera que comunica a Tumaco con San Juan de Pasto, militares pertenecientes al Batallón de Selva 53, retuvieron el automóvil propiedad de Ángel Gerardo, en el que se transportaba el dirigente campesino José Elmer Gutiérrez.

Los uniformados al darse cuenta de la presencia de unos ejemplares del periódico agrario de difusión nacional, Tierra, procedieron a decomisarlos.

Ante los reclamos del dirigente campesino por las violaciones a los derechos humanos por parte de los  militares, estos decidieron devolver los periódicos pero tomaron fotografías a José Elmer Gutiérrez, a sus documentos de identidad y al vehículo. Además registraron los datos del campesino en un cuaderno.

Después de estas acciones abusivas los agentes del régimen permitieron que Gutiérrez continuara su camino, denunció la Redhfic.

Hay temor en las comunidades por las constantes tomas de fotografías y videos por parte de militares, ya que esos materiales generalmente llegan a manos de paramilitares y otros sicarios, o de escuadrones especiales encubiertos que hacen el trabajo sucio de asesinar a las personas de forma selectiva.

La fuente explicó que Gutiérrez es el presidente de la Asociación Campesina de los Ríos Mira Nulpe y Mataje, Asominuma, perteneciente al Proceso de Unidad Popular del Sur occidente Colombiano, Pupsoc, es vocero de la Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo MIA, y es miembro del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.


lunes, abril 07, 2014

Tierralta, Córdoba
Crisis humanitaria por disputa de terrenos entre campesinos sin tierra y latifundistas
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El defensor de derechos humanos Andrés Chica Durango denunció que debido a la falta de vivienda digna y medios de trabajo, decenas de campesinos invadieron varios terrenos, algunos públicos y otros privados.

Las acciones de hecho se presentaron desde el pasado 5 de abril y según palabras del alcalde de Tierralta, Carlos Arturo Cogollo en entrevista con medios alternativos, los campesinos se tomaron una finca de un ganadero y otros terrenos pertenecientes del municipio y de la hidroeléctrica Urrá.

La fuente indicó que hay unos 500 miembros de los escuadrones Esmad de la Policía sitiando el municipio y atacando a los labriegos con gases lacrimógenos, lo que ha generado una grave crisis humanitaria.

“Tierralta se encuentra en ‘toque de queda’, el comercio está cerrado y los pobladores son víctimas de la zozobra y el pánico”, expresa la denuncia.

Igualmente advierte que varios niños y mujeres en estado de embarazo han resultado  gravemente afectados por los gases que le arroja la Policía.

El Colectivo de Derechos Humanos Huellas de Mandela y la Alianza de Medios por la Paz hacen  un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y de socorro para que intervengan y eviten que se vulnere el derecho a la vida de los campesinos.

“De igual forma solicitamos solidaridad a los medios de comunicación alternativa en la difusión de esta noticia para poder evidenciar la grave situación que se vive en estos momentos en el municipio de Tierralta”, finaliza el documento.

Para cualquier información se pueden comunicar con el defensor de derechos humanos Andrés Chica Durango al celular: 320 525 54 52.


Los ataques con ácido son una forma de violencia extrema contra las mujeres
Por Gloria Inés Ramírez Ríos. Senadora de la República

A raíz de la agresión de la cual fueron víctimas esta semana Natalia Ponce de León, de 33 años y Sorleny Pulgarín, de 23, la sociedad colombiana se ha vuelto a levantar indignada, demandando de las autoridades-

mayor contundencia y efectividad en las medidas de prevención, protección y sanción de esta forma de violencia extrema que se ejerce contra las mujeres, por la razón de ser mujeres, lo que sin lugar a dudas, podría constituirse en una tentativa de feminicidio.

La práctica criminal de atacar a mujeres con agentes químicos se sustenta en los estereotipos discriminatorios que sobre la condición de ser mujer subyacen en la sociedad, tanto en Colombia como en resto del mundo, buscando demostrar la superioridad del hombre o de infligir un castigo ante las renuencias al sometimiento sentimental o sexual por parte de la pareja o de un integrante del núcleo familiar o social.

Según las investigaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante el periodo del 2010 al 2012 ocurrieron 295 ataques con agentes químicos, lo que representa una de las tasas más altas del mundo. 

De esta cifra nacional, la mayoría de los casos ocurrieron en Bogotá (69) y en Antioquia (50), constituyendo el 37% de los casos de violencia física en Colombia.

En el mismo informe la entidad forense resalta que el 83,8% de las víctimas de este tipo de ataques son mujeres entre los 26 y 35 años de edad y el 79,5% de los agresores son hombres.

Víctima de la violencia contra
la mujer. Foto: Internet
De esta cifra, 48,6% de los casos corresponden a mujeres cabeza de familia y el 29,7% corresponden a personas jóvenes, razón por la cual en el año 2011, Colombia se situó en el primer lugar de países en el mundo donde las mujeres sufren ataques con ácido, que no solo marcan y deforman sus cuerpos, sino que destruyen las posibilidades de una vida digna y libre de discriminaciones y violencias.

Si bien es cierto para 2013 las cifras bajaron, pues se registraron solo 35 casos, la realidad es que Colombia se sitúa dentro de los países que más enfrenta este hecho de barbarie después de Paquistán y Bangladesh.

En opinión del director de Instituto de Medicina Legal, Dr. Juan Carlos Valdés, los ataques con ácido “son los que mayor daño provocan, ya que las lesiones en el rostro son consideradas gravísimas, porque incluyen desfiguración o pérdida de órganos”.

Así mismo, sobre los victimarios manifiesta, que generalmente, “se trata de una persona que ha tenido, desea o tiene una relación sentimental o afectiva con la víctima”.

Lo cierto es que aquellas víctimas que sucumben a las lesiones, sufren una muerte dolorosa, por cuanto el ácido les corroe la piel dejando heridas que se infectan rápidamente y causan septicemia, entre otras graves complicaciones y, las que sobreviven, quedan marcadas de por vida con terribles cicatrices que las obligan a ocultar sus rostros y sus cuerpos ´destrozados´.

A parte de esta tragedia que ha tocado a mujeres de todos los estratos y condiciones, Colombia no cuenta con cifras unificadas sobre la ocurrencia de este delito, bien porque los mecanismos de medición del fenómeno no son claros o por la desarticulación de las instituciones-

que llevan los registros de indicadores de violencia basada en género, lo que dificulta la puesta en marcha de políticas públicas dirigidas a prevenir, proteger y prestar la atención integral a las sobrevivientes.

Víctima de ataque con ácido
Foto: Internet
Con la promulgación de la Ley 1639 de julio de 2013, se fortalecieron las medidas de prevención, protección y atención integral a las víctimas de ataques con ácido; se aumentaron las penas a los agresores; -

se impusieron medidas de control en la comercialización de los químicos que producen las quemaduras y se ordenó la institucionalización de una ruta de atención integral cuyos servicios deberán suministrarse en forma gratuita.

No obstante, nueve meses después de haber sido promulgada, el Gobierno Nacional no ha  proferido su reglamentación en dos aspectos relevantes de su contenido:

el primero referido a la regulación y control de la venta de ácidos (Art. 3°), y el segundo en cuanto a la creación de la Ruta de Atención Integral a las Víctimas (Art. 4°), aspecto que impide su cabal ejecución y la realización de una pronta y cumplida justicia, por lo cual, hasta el momento no se ha producido ninguna condena contra los agresores, prevaleciendo una flagrante impunidad.

Por lo anterior, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de Colombia elevará ante las autoridades competentes, la solicitud de promulgación urgente de las medidas que se deben adoptar por vía reglamentaria,-

a efecto de volver expeditos los mecanismos de prevención y protección de las víctimas de esta forma de violencia extrema contra las mujeres, por la razón de su género, y exigirá del gobierno nacional la observancia de la recomendaciones del Comité contra la Eliminación de Discriminación contra Mujeres, Cedaw (por sus siglas en inglés) especialmente la Recomendación General 19/92 alusiva a la Violencia contra la Mujer.

Terrorismo de Estado
Militares de la Brigada 23 del ejército secuestraron a un campesino en Leiva, Nariño
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 4 de abril a las 4 y media de la tarde en la vereda La Garganta, municipio de Leiva, Nariño, militares pertenecientes a la brigada 23 del ejército retuvieron ilegalmente al campesino Jesús Rivera Realpe y luego lo mantuvieron secuestrado por espacio de dos horas hasta que la comunidad lo rescató.

Cuando Rivera se dirigía a su casa, en el trayecto encontró unas gafas, las cuales inmediatamente se colocó. Unos metros más adelante fue detenido por los militares quienes le reclamaron que las gafas eran de ellos.  

“Esas gafas son nuestras. Devuélvanos las gafas guerrillero. Te vamos a matar”, le expresaron amenazantes los uniformados al campesino, denunció la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes.

Después lo retuvieron y lo condujeron a un paraje desolado y montañoso donde lo mantuvieron secuestrado por espacio de dos horas. En su cautiverio los militares le dijeron que tenían una  orden de captura en su contra, pero si les colaboraba no le hacían nada.

Los agentes represores del régimen sacaron un álbum de fotografías de pobladores de Leiva, señalándole que si él daba información de algunos de esos “guerrilleros” lo dejaban libre.

También le dijeron que llamara a cualquiera de esos campesinos y les sacara información sobre su relación con la guerrilla.

En medio de su secuestro el labriego recibió varias llamadas de familiares y amigos preocupados por su desaparición, pero sus secuestradores lo obligaron a contestarles que se encontraba bien.

A las 6:30 de la tarde, pobladores del sector se dieron cuenta de la acción criminal del ejército y fue así como unos 70 campesinos se reunieron y le exigieron a los bandidos del régimen la libertad de Rivera Realpe, ante lo cual los secuestradores no tuvieron otra alternativa que dejarlo en libertad.


domingo, abril 06, 2014

Terrorismo de Estado
‘Ya tengo la orden para matar campesinos’: teniente Torres del Ejército
Por Camilo Raigozo.Notimundo

La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, Ascsucor, denunció que el teniente Torres del batallón Junín del Ejército ha sometido a los pobladores de la vereda La Zorra, corregimineto Tierradentro, municipio de Montelíbano, Córdoba, a un confinamiento, entre otros atropellos y abusos.

El 31 de marzo miembros del Batallón Junín bajo el mando del teniente Torres, tomaron posesión y acamparon de manera abusiva en la vivienda del campesino Rafael Rodríguez, infringiendo gravemente el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos del labriego.

Según la denuncia la erradicación manual viene realizándose directamente por unidades del Ejército desde el pasado 29 de marzo, sin concertar con los campesinos, quienes se han visto en la necesidad de sembrar coca para el sostenimiento de sus familias ante el abandono del gobierno.

Los militares actúan ocultando sus identificaciones, con las camisetas volteadas para no mostrar logos e insignias, incluido el teniente Torres quién está al frente el operativo. Según la fuente este oficial es identificado por los campesinos como el teniente Torres.

El oficial ordenó a sus subalternos impedir que la población realice llamadas telefónicas y de manera arbitraria han decomisado los celulares a la comunidad.

Igualmente todos los caminos de la vereda han sido taponados por los uniformados por órdenes de Torres, para impedir que los campesinos se movilicen dentro y fuera de la vereda, infringiendo gravemente el DIH y los derechos humanos y sometiendo a la población a un confinamiento.

En la mañana del pasado 1 de abril, fueron empadronados y agredidos verbalmente Arnobis Zapata, presidente de la asociación campesina y  Over Pila a quien el teniente Torres lo atacó sujetándolo por el cuello mientras los insultaba y les decía groserías.

El 4 de abril de 2014 a las 9 de la mañana, el teniente Torres hizo varios disparos para amedrentar a la población confinada.

El mencionado teniente arribó a la vivienda de un labriego y le quemó varias prendas de vestir, según el oficial, porque el labriego era raspachín.

Cuando varios campesinos indignados por los continuos atropellos y abusos del teniente Torres lo instaron a que cesara los abusos y actos delictivos contra la población, este les respondió de manera altanera y amenazante que: “ya tengo la orden para matar campesinos”.

Coroneles arbitrarios

Para completar el padecimiento de los campesinos ante las arbitrariedades del  ejército represor del régimen, el pasado 5 de abril arribaron a Tierradentro los coroneles Yañez y Matta, del batallón Junín.

Los dos oficiales llegaron acompañados de Rafael Muñoz, funcionario de Territorios de Consolidación y otros empleados de la gobernación de Córdoba, quienes reunieron a una parte de la población para “darle solución a la problemática social, económica y política del cultivo de hoja de coca”.

Yañez y Matta se negaron a aceptar la presencia de miembros de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, con el argumento de que quienes representaban a esa organización no eran campesinos.

Sin embargo el campesinado presente en dicha reunión solicitó unánimemente que fuesen los delegados de la asociación campesina quienes interlocutaran con los oficiales ya que, “ustedes siempre llegan con engaños y nunca cumplen con lo prometido”.

La posición arbitraria de Yañez y Matta se profundizó cuando el primero se refirió al defensor de derechos humanos Andrés Chica, diciéndole de forma grosera y ofensiva que ya lo conocía, que solo iba a complicar las cosas y que no tenía por qué estar en esa reunión.

L a comunidad asumió la actitud de Yañez como intimidatoria, amenazante y estigmatizante, ya que el defensor de derechos humanos Andrés Chica ha denunciado en varias oportunidades a este oficial por violaciones a los derechos humanos ante tribunales de justicia.

Las propuestas que presentó el funcionario de Territorios de Consolidación Rafael Muñoz fueron rechazadas de forma radical por los campesinos.

Los labriegos les manifestaron que sus propuestas están expresadas en el pliego de exigencias de la Cumbre Agraria, radicado el 31 de marzo de 2014 en la Presidencia de la República, razón por la cual nada tenían que negociar con militares o con funcionarios de Territorios de Consolidación.

Finalmente cuando los campesinos les solicitaron explicaciones a los coroneles Yañez y Matta por las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidos por el teniente Torres y sus tropas, evadieron el tema.


  • "



  • Publicidad
    Paute aquí
    Contáctenos


    Zona comercial