sábado, marzo 30, 2013

Terrorismo de Estado
Empezó la  feria de impunidad para los "falsos positivos"en Justicia Penal Militar
Por: Camilo Raigozo

No obstante que en la justicia ordinaria el grado de impunidad para crímenes cometidos por, miembros del Ejército, la Policía y los paramilitares sobrepasa el 98 por ciento, el Consejo Superior de la Judicatura está enviando masivamente y de manera irregular a la Justicia Penal Militar los procesos por los mal llamados falsos positivos.

La denuncia sobre la coartada para la impunidad fue realizada por varias organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quienes argumentaron que los procesos están siendo enviados de manera irregular.

Alberto Yepes del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa,  una de las organizaciones denunciantes, advirtió que el CSJ está remitiendo los procesos  a la Justicia Penal Militar de manera arbitraria y sin criterios claros.

"Con criterios, por demás muy deleznables, en el sentido de que bastaría que hubiera una orden de operaciones para presumir que el caso está acorde con el Derecho Internacional Humanitario y por lo tanto correspondería a la Justicia Penal Militar", aseveró Yepes a los medios.

El defensor de los derechos humanos también denunció que durante el gobierno de Santos al menos 85 personas han sido asesinadas por miembros del Ejército y la Policía. Igualmente dijo que era muy preocupante el inexplicable cambio del juez especializado que adelanta los juicios por los "falsos positivos" de Soacha.

El pasado 6 de marzo, Franklin Castañeda, dirigente del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, denunció que los “falsos positivos” han continuado, pero el Ejército los oculta bajo la estrategia de hablar rápido con los familiares de las víctimas ofreciéndoles disculpas y argumentándoles que fueron errores en operativos militares.

Con esta acción indignante del desprestigiado Consejo Superior de la Judicatura, queda demostrado que la ampliación del fuero militar no es más que una jugada perversa del régimen en cabeza del presidente Santos, su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, la cúpula militar y la mayoría de congresistas, entre otros, para garantizar la impunidad de los crímenes cometidos por miembros del Ejército y la Policía.

La demencial estrategia para la impunidad había sido advertida por más de 300 organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales y extranjeras, la ONU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otros organismos.

viernes, marzo 29, 2013


Terrorismo de Estado
A la cárcel 7 presuntos terroristas del Ejército por asesinatos a sangre fría
Por: Camilo Raigozo

La Fiscalía informó que uno de sus funcionarios del área de derechos humanos dictó medida de aseguramiento contra 7 presuntos bandidos pertenecientes al Ejército Nacional acusados de varios asesinatos a sangre fría.

Tres de los posibles criminales del régimen que padece Colombia son: el sargento segundo Edwin Darío Polo Granados y los soldados profesionales Ferney Antonio Osorno Álvarez y Ober José Madrid Vásquez, quienes habrían asesinado a los jóvenes Jhonsnin Darío Hernández y Juan Alexánder Palma Martínez.

La Fiscalía pudo establecer que los “héroes de la patria” perpetraron los crímenes en febrero de 2007, cuando en inmediaciones del barrio Montes, de la ciudad de Barranquilla, hombres les ofrecieron a un grupo de personas trabajo en fincas del departamento de Córdoba, donde devengarían un salario de $800 mil mensuales.

Las víctimas cayeron en la coartada y accedieron a la propuesta laboral pero algunas horas después los militares los mataron y los presentaron como guerrilleros “abatidos en combates en el marco de la Operación Támesis”.

La orden judicial también fue impuesta contra el supuesto bandido profesional Osacar Antonio Ferraro Cura, soldado profesional del Ejército, quién habría asesinado al ciudadano Humberto Alonso Márquez, presentándolo luego como “guerrillero abatido en combate en la Misión Táctica Támesis 5”.

Otros bandidos de la misma institución cobijados con medida de aseguramiento fueron el sargento segundo Edwin Darío Polo Granados y los soldados profesionales Benito Ramón Moreno Díaz y Luis Felipe Pastrana Bravo, por los asesinatos  a sangre fría de Juan Carlos Maestre Dávila y Juan Diego Vergara de Ávila, a quienes presentaron como “muertos en combate en desarrollo de la Misión Táctica Támesis 7”.

Previamente por los mismos crímenes fue condenado a 21 años y 9 meses de prisión Robinson Manuel Ruiz Blanco, cómplice de los uniformados quién conocía a las víctimas y por eso fue el encargado de engañarlas.

En diciembre anterior el presidente Santos, su ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón y la cúpula militar, entre otros, en complicidad con congresistas inescrupulosos, aprobaron la ampliación del fuero militar que garantiza la impunidad para los crímenes cometidos por miembros del Ejército y la Policía.

jueves, marzo 28, 2013


Miranda, Cauca
En combates con las FARC EP el Ejército se atrincheró en viviendas civiles
Por Camilo Raigozo

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Francisco Isaías Cifuentes, Reddhfic, denunció que a las 12:30 de la madrugada del pasado 26 de marzo, en la vereda Campo Alegre, municipio de Miranda, Cauca, se presentaron enfrentamientos armados entre el ejército y las FARC EP.

Según Reddhfic, en medio de los enfrentamientos, militares del ejército, además de disparar de forma indiscriminada toda clase de artefactos de guerra en medio de la población civil, utilizaron las viviendas como trincheras, infringiendo gravemente el Derecho Internacional Humanitario.

Cerca de las 3:50 de la madrugada en momentos en que Jhon Fredy Ortiz transitaba por el lugar con dirección a su vivienda a bordo de un montero Mitsubishi, miembros del ejército le dispararon causándole varias heridas.

Ante los gritos de auxilio por parte de la víctima del terrorismo de Estado varios comuneros   acudieron en su ayuda y procedieron a trasladarlo al hospital más cercano.

A las 4:50 de la mañana cuando varios comuneros trasladaban herido al hospital de Miranda fueron detenidos por  militares a la altura de la vereda Guatemala. Los uniformados los hicieron bajar para requisarlos pasando por alto la urgencia de llegar a tiempo al centro hospitalario.

Una vez en el centro médico otro grupo de militares llegó y procedió a  interrogar a los acompañantes y al herido

Mientras tanto a las 8:30 de la mañana en la vereda Campo Alegre se recrudecieron los combates que pusieron a los pobladores en alto riesgo.  A las 10 de la mañana un helicóptero artillado realizó ametrallamientos indiscriminados sobre las veredas la Esmeralda, La Unión, Potrerito y El Paraíso, del municipio de corinto.

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miércoles, marzo 27, 2013


Terrorismo de Estado/
Ola de asesinatos de líderes campesinos en el país integrantes de Marcha Patriótica y otros movimientos políticos 
Por: Camilo Raigozo

El pasado 26 de marzo fue encontrado el cuerpo sin vida del líder campesino José Alonso Lozano Rojas, defensor de derechos humanos y miembro de organizaciones campesinas como la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Región del Guaviare, Asocatragua; Mesa de Unidad cívico-Agrario Popular del Oriente Colombiano, Mucapoc; Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos del Oriente Colombiano, Dhoc, y del movimiento político Marcha Patriótica.

Lozano Rojas había desaparecido forzadamente desde el 24 de marzo pasado en inmediaciones del municipio de Mapiripán, luego de haber participado en actividades propias de las organizaciones sociales de las cuales hacía parte, en Villavicencio.

Este nuevo crimen de la estrategia militar-paramilitar del régimen demuestra el carácter violento y criminal de las oligarquías nacionales y extranjeras contra el pueblo colombiano, en momentos en que simultáneamente se adelantan diálogos de paz entre la insurgencia de las FARC EP y el Gobierno en cabeza del presidente Juan Manuel Santos.

Según la Red de Medios Alternativos, Rema, el cuerpo sin vida fue encontrado el 26 de marzo por campesinos moradores del margen del río Guaviare, quienes los trasladaron al centro poblado de Charras, jurisdicción del corregimiento Charras Boquerón, municipio de San José del Guaviare, departamento del Guaviare.

Lozano había sido delegado por Marcha Patriótica para coordinar la movilización y participación de los habitantes de esa región con miras a la gran marcha nacional del próximo 9 de abril.

Miles de campesinos de todas las regiones se movilizarán hacia la ciudad de Bogotá con el fin de tomar parte del gran desfile previsto para esa fecha, en respaldo a la mesa de dialogo entre el gobierno y las FARC – EP y por una paz con justicia social.

Los pasados 20 y 21 de marzo, cuando se llevaba a cabo en Villavicencio la asamblea de DHOC y Mucapoc, se presentaron hostigamientos por parte de desconocidos y de la Fuerza Pública contra asistentes a dicha reunión en la que se encontraba José Alonso Lozano Rojas.

Así mismo la Policía Nacional había pasado reiteradas veces a la sede de Mucapoc  donde se desarrollaba la Asamblea, preguntando insistentemente qué actividad había y qué funcionaba allí. Al respecto Mucapoc hizo una denuncia pública sobre los atropellos el día 25 de marzo.

Asesinan a líder de restitución de tierras en Córdoba

En circunstancias muy parecidas el pasado 21 de marzo había desaparecido forzadamente el  campesino Hermes Vidal Osorio, de 58 años, líder reclamante de tierras usurpadas  a punta de motosierra y plomo por parte de la estrategia paramilitar del régimen.

Según informaciones de medios locales Vidal Osorio fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicletas quienes lo secuestraron y luego lo asesinaron en inmediaciones del municipio de Valencia, Córdoba, donde lideraba procesos de restitución de tierras.

Hermes Enrique Vidal Osorio formaba parte de la Mesa Municipal de Víctimas de Valencia, Córdoba, era el representante legal de la Asociación de Población Desplazada de San Rafael del Pirú, Asover y era un líder reconocido en la zona de Valencia y Tierralta.

El cuerpo sin vida del líder campesino fue encontrado el 23 de marzo en la vereda Manzanares, zona rural de Valencia vía a Tierralta, Córdoba, cerca al río Sinú.

Asesinado presidente de la Asociación Campesina de Totoró, Cauca

El pasado 25 de marzo las fuerzas oscuras del régimen terrorista acabaron con la vida de Gustavo Pizo, presidente de la Asociación Campesina de Gabriel López de Totoró, Cauca.

Estos tres últimos asesinatos no son casos aislados como han querido hacer ver los voceros del régimen criminal y sus medios de “comunicación”. Son crímenes enmarcados dentro de la demencial estrategia de exterminio de las organizaciones sociales y sus líderes, como sucedió con la Unión Patriótica.

Son nuevas víctimas del terrorismo de Estado bajo la estrategia militar-paramilitar, mediante la cual las clases que mantienen el poder en Colombia han anegado de sangre  la geografía nacional para preservar con métodos criminales el statu quo.  

martes, marzo 26, 2013


‘Sin la voz de la víctimas este proceso de paz no podrá avanzar’: Gloria Inés Ramírez
Por: Camilo Raigozo

Gloria Inés Ramírez, senadora de la República, informó que durante la cesión conjunta entre las comisiones de paz del Senado y Cámara, realizada el pasado 20 de marzo, se tomaron importantes decisiones frente a las víctimas y el proceso de paz que adelantan el Gobierno y las FARC EP en La Habana.

El trabajo conjunto tuvo como objetivo fundamental abordar el cronograma para la segunda ronda de mesas regionales con el tema de víctimas. Según la legisladora fue aprobada  la realización de 9 mesas, empezando por el Chocó, el 18 de abril, como un símbolo a lo que significan las víctimas de esa parte del país que han sido tan golpeadas.

También se debatió la posibilidad de hacer unas mesas en el exterior  con la participación de Naciones Unidas, priorizando los sitios donde se cuenta con infraestructura adecuada como es el caso de Bruselas y Nueva York. Ramírez explicó que estudiarían invitaciones que se han hecho en otros países que están interesados en entregar sus propuestas para este proceso de paz.

Igualmente las dos comisiones de paz del Congreso trabajaron tres proposiciones que son muy importantes para el momento político que atraviesa el país. Una tiene que ver con la decisión de participar en la marcha del 9 de abril, la cual se hace para defender el proceso de paz y por tanto las comisiones de paz estarán trabajando en Bogotá.

Una segunda proposición que tiene que ver con la posibilidad de la reparación política de la Unión Patriótica, para lo cual se nombró una subcomisión, de la cual hace parte Ramírez Ríos. Esta  subcomisión discutirá sobre cuáles son los requerimientos que se tienen en torno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que Colombia pueda resarcir este hecho vergonzoso y horroroso, de la historia de Colombia.

La última proposición sobre la cual se trabajó en la cesión conjunta tiene que ver con la visita a los sitios donde se encuentran recluidos los militares por delitos cometidos en el marco del conflicto,  quienes han pedido unas audiencias con estas comisiones  para mirar cuáles son sus peticiones y sus aportes para el proceso de paz.

Se tiene previsto que para el 9 de abril cumpliendo el mandato de la Ley 1448 se hará una sección solemne de carácter permanente con las víctimas en el Congreso de la República, con la presencia de la voz de las mujeres, “ que son parte muy importante de la población de víctimas”.

“Nosotros tenemos la convicción que sin la voz de las víctimas el proceso de paz no podrá avanzar. Por eso es importante, no solo su participación, sino también las propuestas que tengan para mirar cómo sería la reconciliación nacional, pero sobre todo, como podemos avanzar con propuestas para que este proceso de paz termine con el acuerdo que todos estamos  esperando”, dijo la legisladora comunista.

De la misma manera invitó a todas y todos los colombianos para que este 9 de abril salgan a las calles a defender el proceso de paz.

lunes, marzo 25, 2013


Terrorismo de Estado
Asesinado presidente de la Asociación Campesina de Totoró, Cauca
Por: Camilo Raigozo

La Asociación Campesina de Inzá-Tierradentro, Acit, denunció el asesinato de Gustavo Pizo, dirigente de la Asociación Campesina de Gabriel López de Totoró, Cauca.

El nuevo crimen del Estado terrorista ocurrió este lunes 25 de marzo en horas de la madrugada en el corregimiento Gabriel López.

La nueva víctima del régimen que padece Colombia en cabeza de Juan Manuel Santos, era también presidente de la Asociación Campesina de Totoró, Asocat, organización que hace parte de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc.

Gustavo Pizo trabajaba con las comunidades en la conformación de territorios campesinos en el marco de la Zona de Reserva Campesina de Totoró.

Había denunciado permanentemente los abusos de los terratenientes de la zona e hizo resistencia frente al tema de discriminación positiva que aplican las comunidades indígenas sobre los campesinos en Totoró y Gabriel López.

Las comunidades llamaron a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad nacional e internacional, para que denuncien al régimen colombiano ante las cortes internacionales y lo insten a cesar las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y los asesinatos selectivos, entre otros crímenes cometidos por la estrategia militar-paramilitar.


Terrorismo de Estado
Desaparición forzada de dirigente campesino defensor de los derechos humanos en Mapiripán, Meta
Por: Camilo Raigozo

La Fundación Por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente Colombiano, Fundación Dhoc y otras organizaciones sociales denunciaron que en cercanías de la cabecera municipal de Mapiripan, Meta, entre el rio Guaviare abajo y la finca de doña Herminia, fue desaparecido el pasado 24 de marzo en las horas de la tarde Alonzo Lozano.

La nueva víctima del terrorismo de Estado es el presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Región del rio Guaviare Asocatragua. Además es coordinador de derechos humanos de la Fundacuín Dhoc.

Igualmente había sido delegado por Marcha Patriótica para coordinar la movilización y participación de los habitantes de esa región para el evento del 9 de abril en la ciudad de Bogotá en respaldo a la mesa de dialogo entre el gobierno y las FARC en La Habana.

Lozano se encontraba desde el 18 de marzo en Villavicencio participando en reuniones de la Fundación Dhoc y de la organización Mucapoc. Luego de terminadas estas reuniones el 22 de marzo, salió para su región, más concretamente a la vereda Matabambu  jurisdicción del municipio de Mapiripan.

Las comunidades y sus organizaciones sociales exigieron al régimen hacer una exhaustiva  investigación de los hechos, "ya que este nuevo caso no es casual, sino que se suma a otros oportunamente denunciados, como fueron los recientes seguimientos a delegados de Mucapoc en Villavicencio durante los días de la asamblea general, específicamente el día 20 de marzo pasado y el hostigamiento  constante de la Policía Nacional a la sede de esta organización campesina en dicha ciudad".

Igualmente las comunidades denunciaron los retenes ilegales y los empadronamientos por parte del Ejército contra las delegaciones de diversas organizaciones cuando se dirigían al Tercer Encuentro de Zonas de Reserva Campesina, que se realizó en el municipio de San Vicente del Caguan, Caquetá, los pasados 22 y 23 de marzo.

Así mismo las comunidades y las organizaciones sociales del oriente colombiano hicieron un llamado a la comunidad nacional e internacional, para que se solidaricen con las poblaciones afectadas por el terrorismo de Estado e insten al régimen que padece Colombia, a que cese estos actos criminales por intermedio de sus fuerzas militares y paramilitares.


Diálogos de paz
La propuesta de Anzorc al país y a la Mesa de Diálogos de La Habana

Propuesta política y programática para una reforma agraria integral, el reconocimiento de los derechos de los campesinos y la paz con justicia social. Constitución de un Sistema y un Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina.

Las organizaciones campesinas de la Anzorc reunidas en el III Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina en San Vicente del Caguán, luego de un proceso de deliberaciones a nivel local, regional y nacional,-

desarrollado durante los últimos seis meses, presentamos a la sociedad colombiana y a las partes de la mesa de conversaciones de paz nuestras propuestas de política agraria que deben regir en el país para el logro del anhelo de la paz con justicia social-

basada en la reforma agraria integral, el reconocimiento de nuestros derechos campesinos, la protección ambiental, la economía justa, y un ordenamiento territorial coherente con la vocación de los territorios.

Sobre el reconocimiento de las y los campesinos

El Estado debe desarrollar una política de inclusión y reconocimiento que contemple la activa participación del campesinado en la toma de decisiones sobre los destinos del campo, y sobre la relación campo-ciudad. Tal participación se debe hacer efectiva en la nueva institucionalidad que ha de crearse para aplicar esta política, mediante la elección de representantes campesinos en sus instancias directivas.

Se reconoce la territorialidad campesina, como una serie de formas en que el campesinado ha orientado el uso y la organización de los territorios, aprovechando y protegiendo recursos naturales estratégicos, organizando la vida social, cultural, política y económica. Como consecuencia:

- Se respeta la identidad y modos de vida campesinos, las normas comunitarias, las estructuras organizativas propias, las formas de resolución de conflictos, los saberes y prácticas educativas, la economía campesina, es decir, su condición de sujeto políico, social, cultural y económico.

- Se reconoce el derecho de las comunidades campesinas a ser consultados y otrogar el consentimiento previo, libre e informado como requisito para las intervenciones que afecten el territorio en lo social, cultural y ambiental, particularmente en los casos de implementación de megaproyectos.

- Se crea una institución oficial responsable de garantizar la participación del campesinado en la construcción del conocimiento, la ciencia y la tecnología para la producción agraria y la conservación. Esta institución prestará la asistencia técnica para la producción, transformación, comercialización, y economía solidaria, a las comunidades campesinas.

- Se respetan las formas de autonomía territorial que el campesinado ha establecido ante el abandono estatal, y la concertación es el mecanismo idóneo para definir los términos del desarrollo.

- Reconocer y dar aplicación a la Declaración Internacional de los Derechos Campesinos propuesta por La Vía Campesina y avalada por la ONU, tomando las medidas estructurales y legislativas que los hagan aplicables. Además del Estado, los medios masivos de comunicación, la academia y el sector agroindustrial deben contribuir en su efectivo reconocimiento.

- Reconocimiento con enfoque diferencial que promueva el acceso equitativo de jovenes mujeres, niños, adultos mayores con orientación sexual no hetero-normativizada, para el campesinado afrodescendiente, para los campesinos en estado de invalidez, así como para los y las campesinas mayores.

Sobre el modelo de desarrollo rural

Un modelo de desarrollo rural que ponga en el centro el respeto por la vida humana y la naturaleza, regulará el extractivismo y la devastación de los recursos naturales y que garantizara la integralidad de los derechos para toda la población y todo el territorio nacional.

Este modelo valoriza la economía campesina, la articula con equidad a la industria, el comercio y los servicios, y se orienta hacia la soberanía alimentaria.

Este modelo implica que la economía campesina sea subsidiada, es decir, que el gobierno nacional garantice subsidios para acceder a parcelas y así mismo subsidiar la producción, lo que exigiría la existencia de seguros para la producción alimentaria.

Se crearan garantías para que el campesinado también pueda hacer agroindustria, lo que implica que la tecnificación de la producción debe ser una de las formas en las que se garantice espacios adecuados para la producción sostenible.

La participación en los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales, estarà basada en formas asociativas como las cooperativas, alianzas equilibradas con los empresarios, favoreciendo la articulación entre el campo y la ciudad y buscando que la producción, comercialización y consumo, este basado en principios solidarios.

Este modelo implica la implementación de una verdadera reforma agraria, y el reconocimiento de los territorios campesinos, indígenas y afrocolombianos como claves de un desarrollo sustentable.

Por su coherencia con la dignificación de los campesinos, la protección ambiental y la soberanía alimentaria, la disminución de costos y la mayor utilización de trabajo campesino, la agroecología será una política nacional,-

de gradual y concertada implementación, amparada por subsidios y promoviendo economías solidarias. Para ello se deben fortalecer y replicar las experiencias existentes en alianza con los centros de investigación, instituciones estatales y organizaciones campesinas.

Se regulará la implementación de monocultivos, protegiendo las semillas nativas del acaparamiento y el maltrato genético, diversificando los cultivos y las formas de producir y distribuir, dando cabida al trueque entre familias y comunidades.

Se implementaran centros educativos acordes a las necesidades propias de las comunidades campesinas. Estos centros educativos deben garantizar la educación de los jóvenes campesinos, lo que corroboraría a fortalecer la identidad y garantizar la permanencia en el territorio de los jóvenes en el campo.

Este modelo de desarrollo que proponemos se integrara a un mundo globalizado desde la cooperación y la justicia, por ello saludamos los tratados de comercio basados en el respeto de la soberanía y en la equidad de los intercambios,-

proponemos límites a la inversión extranjera y a la acción de las transnacionales, particularmente en lo que hace a los efectos ambientales, los derechos de los trabajadores y la propiedad de la tierra.

Sobre la economía campesina

Con qué insumos contamos

En la actualidad las economías campesinas controlan tan solo el 14% de la tierra, accedemos al 5% del crédito, nos han adjudicado tan solo el 10% de los apoyos productivos del Estado, y el 60% de nosotros nos encontramos dentro de los pobres monetarios del país (es decir que no alcanzamos a ganar $106 mil pesos mensuales).

Nuestro aporte a la economía nacional

Con esos pocos insumos, producimos el 80% de los alimentos del país, generamos el 53% del empleo en el campo, aportamos el 40% al PIB agropecuario, y de paso aportamos el soporte ambiental para la industria urbana.

Recientes estudios indican que somos hasta 40 veces más productivos que los latifundios ociosos, que hoy ocupan más del 30% de la superficie del país.

Propuestas

Basados en el aporte expuesto anteriormente, consideramos que el Estado debería diseñar una política económica nacional para las economías campesinas, y no una asistencial como lo ha venido haciendo.

Tal política debería abarcar mínimamente las siguientes líneas de acción:

-  Acceso a los medios de producción (tierra, capital, información)
-  Investigación e innovación técnológica en procesos de economía campesina
-  Acceso a mercados y competitividad
-  Diversificación productiva

Algunas acciones concretas a implementar en estas líneas de acción, podrían ser:

1. Inventario de los baldíos de la Nación y titulación a sus poseedores, de manera que se regularice buena parte de la propiedad campesina.

2. Entrega de tierras expropiadas, vía Zonas de Reserva Campesina y no mercado de tierras, pues esto último lo único que haría sería devolver al terrateniente a precios baratos, lo que vendió a precios caros al narcotraficante.

3. Realinderamiento de los Parques Naturales Nacionales, regularizando la tenencia de la tierra de sus pobladores y concertando con ellos un plan productivo ambientalmente sostenible.

4. Desgravar la propiedad campesina, es decir predios de menos de 2 UAF no pagan impuesto predial

5. Retorno del IVA de insumos de economías campesinas

6. Estimulos tributarios a empresas privadas y estatales (cárceles, hospitales, colegios, etc), que compren mínimamente el 25% de sus alimentos a economías campesinas.

7. Aumento de subsidios a los servicios públicos de estratos 1 y 2 urbanos, de manera que aumenten su poder de consumo de alimentos.

8. Implementación de Salvaguardias arancelarias y contingencias a las importaciones de productos de las economías campesinas.

9. Política cambiaria que impida la revaluación del peso colombiano, por cuanto favorece importaciones de alimentos al país.

10. Excención de impuestos a micro empresas de comercialización y transformación de productos de economías campesinas.

11. Implementar las metodologías de investigación productiva en finca, para generar desarrollo tecnológico ajustado a las necesidades locales.

12. Pagos por incentivos a la conservación de recursos naturales, tales como:

a. Tasa retributiva del agua

b. Exigir transferencia por generación hidroeléctrica (donde haya hidroeléctricas)

c. Reducción del impuesto predial por conservación de bosque en finca

d. Exigir la operación del Certificado de incentivo forestal a la conservación

13. Fomento de Agencias locales / municipales de emprendimientos rurales no agropecuarios.

14. Administración de las organizaciones campesinas de los Parques Naturales Nacionales, en interacción con PNN

Otras alternativas de financiación

1. Fondo Nacional de Regalías, en tres de sus rubros:
a. Ciencia y tecnología, que equivale al 10% de las regalías
b. Fondo de compensación regional que equivale al 24% de las regalías
c. Fondo de desarrollo regional que equivale al 16% de las regalías

2. Formulación de un documento CONPES de economía campesina.
3. Cooperación internacional

Sobre la explotación de los recursos minero- energéticos

La explotación de la riqueza minera y de hidrocarburos deber hacerse en forma gradual, delimitada, diferenciada y revertida al desarrollo local y nacional.

La explotación minera y de hidrocarburos garantizará la permanencia en el territorio de las comunidades agrarias, y la soberanía nacional energética, puesta al servicio de toda la sociedad, e incluso de países vecinos.

La explotación minera se desarrollará con límites muy claros y de riguroso cumplimiento. Límites en la escala, en el tiempo, en los métodos, en los lugares, en los sujetos que la ejecutan, en los beneficiarios.

La soberanía energética inicia con la construcción de una visión estratégica del aprovechamiento minero, bajo la conciencia de que no se trata de recursos infinitos, y que muchas generaciones vendrán luego de la nuestra.

El Estado garantizará la generación del conocimiento y la tecnología necesarios, para que, en el mediano plazo, la explotación de estos recursos sea ejecutada por el Estado. El conocimiento y las tecnologías propias, garantizan un mejor desarrollo de la minería para que responda a las necesidades de abastecimiento, y a la de protección ambiental.

Se definirá en cada caso si es viable o no, la explotación de los recursos mineros, según las características propias de cada contexto, para ello el estudio juicioso de los efectos ambientales y sociales, así como el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades debe cumplirse.

De ser aprobada la explotación, se debe establecer el tope máximo de explotación, los métodos, los mecanismos de mitigación de efectos, y la participación nacional, y local de los beneficios en el marco de planes concertados de desarrollo sustentable.

Las licencias ambientales serán más exigentes y responderán más ampliamente a los efectos locales y regionales de la exploración y explotación. La legislación debe ser modificada para proveer seguridad para el ejercicio de la pequeña minería, y la minería artesanal de la que viven comunidades agrarias enteras.

Se articulará la política minera con la política de desarrollo de agrario de una manera integral, evitando dependencia de esta actividad y promoviendo el fortalecimiento de otros sectores productivos.

Las minas deben planificarse conjuntamente en una economía regional, buscando complementarse con actividades agropecuarias, de conservación ecológica, o de suministro de insumos para la mina, y dando valor agregado en el mismo territorio. La minería garantizará que los territorios se beneficien con infraestructuras adecuadas y de largo plazo, aprovechables aún al final de la actividad de explotación como distritos de riego.

La autorización de los proyectos mineros especialmente los de gran magnitud, se tiene que definir sobre la base de Planes de Desarrollo Integrales, donde el componente agro-minero debe tener una coordinación unificada y con autoridad,-

que integre las responsabilidades del Estado, las empresas y la comunidad, que definan el uso y protección del agua, la reforestación, las zonas de compensación ecológica;-

la infraestructura agrícola como los distritos de riego, las vías y estrategias para proteger y potenciar los mercados agropecuarios en sinergia con la actividad minera y garantizar la sostenibilidad de los territorios.

La inversión de los recursos pagados como regalías deben invertirse en la región con los mismos criterios de sostenibilidad y de manera armónica con el desarrollo rural agropecuario.

Se debe crear una institucionalidad orientada a lograr que la minería se convierta en beneficio y desarrollo social sostenible y justo, esta institucionalidad debe integrar a las comunidades locales garantizando el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, como condición para la implementación de planes de explotación minera.

Sobre el ordenamiento territorial y ambiental

Desde el reconocimiento de la territorialidad, el ordenamiento social y ambiental del país debe garantizar el equilibrio entre aprovechamiento y conservación de los recursos y los ecosistemas.

El uso de los suelos debe ser coherente con su vocación, revirtiendo el proceso de ganaderización con un aumento de la superficie destinada a la agricultura campesina organizada en pequeña y mediana propiedad, convirtiendo la ganadería en una actividad sostenible y amigable con el medio ambiente.

Economía campesina, y diversificación de cultivos (pluricultivo) con recuperación de semillas y prácticas limpias desde los saberes ancestrales, culturales y campesinos. Se debe reconocer la existencia de regiones u otros sistemas de ordenamiento del territorio que se desarrollen desde los niveles social, económico, político y cultural.

Las figuras de protección ambiental del territorio deben contemplar los conocimientos tradicionales y las relaciones de las comunidades con la naturaleza, permitiéndoles habitar en ellas bajo normas claras, y estricto cumplimiento de responsabilidades y límites, en los casos en que su permanencia ha sido histórica o promoviendo alternativas concertadas con las comunidades.

Los Parques Naturales con Gente, son escenarios de acuerdo en términos de conservación, protección de los recursos y reconocimiento al papel del campesinado.

Zonas de Reserva Campesina Interculturales e Interétnicas, concebidas en el marco del respeto de las identidades culturales y la armónica convivencia.

A través de las ZRC la ocupación será equilibrada y sostenible con estímulos y desestímulos al poblamiento distribuidos en el territorio nacional cerrando la frontera agraria, garantizando las condiciones generadas por la reforma agraria integral.

En términos ambientales los planes de manejo ambiental incluyen la participación activa de las comunidades campesinas, es decir, son herramientas formuladas, ejecutadas y con seguimiento por parte de las organizaciones campesinas.

Igualmente contienen mecanismos campesinos de control, ya establecidos en las comunidades como la racionalización de la explotación de recursos maderables, protección de especies en vía de extinción, delimitación de Cuencas hidrográficas entre otros que incluyan un enfoque relacional de género y generacional.

Cada proceso local de desarrollo requiere que la vereda sea considerada como la unidad mínima del territorio para la planificación ambiental y territorial siempre y cuando este articulada a escala municipal, departamental y regional.

En cuanto a la distribución de la tierra se realizara mediante la figura de las Unidades Campesinas Ambientales (UACA), esta unidad consiste en una figura a partir de la cual lo ambiental es primordial en la tenencia de la tierra.

Se plantea mecanismos de sustitución gradual y concertada de todos los culivos de uso ilícito en las Zonas de rserva Campesina y los territorios campesinos, iniciando por los proyectos piloto contenidos en los Planes de Desarrollo Sostenible de las ZRC.

Los mecanismos de coordinación interinstitucional de la administración pública tanto en el diseño como en la implementación de las estrategias, sin descartar la articulación con otras fuentes de financiación, en términos de ordenamiento territorial y ambiental requieren de una articulación efectiva con el Sistema Nacional Ambiental.

Por último, el ordenamiento territorial ambiental y productivo requiere avanzar en la identificación de las potencialidades productivas y ecológicas de los territorios, que planee dentro de ellos una zonificación ambiental que defina las zonas productivas de cada vereda contemplando tanto las particularidades ecológicas del territorio, las condiciones de acceso a los mercados y a los insumos técnicos.

Las ZRC, integradas en un sistema, como inicio de un proceso de reforma agraria que solucione los problemas asociados con la exagerada concentración de la tierra, el minifundio y el microfundio, serán un componente fundamental del reordenamiento territorial y ambiental del país, junto a los resguardos indígenas y los territorios colectivos de comunidades negras.

Las ZRC serán parte del reconocimiento constitucionalizado del derecho a la tierra y el territorio para el campesinado. Este reconocimiento incluirá el papel de defensa y protección del medio ambiente que realiza el campesinado.

El Sistema Nacional de ZRC - SNZRC

Se conformará de un Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina que promueva la articulación de los actores involucrados, responsables, e interesados en el objetivo de propiciar que las zonas de reserva campesina se fortalezcan como instrumento de Reforma Agraria-

y de superación del problema agrario colombiano, dando lugar al despliegue de las capacidades y fines de cada uno de ellos, y, evitando la contradicción, duplicación, dispersión, y los vacíos en la política agraria que actualmente se presentan en las acciones del Estado en los niveles nacional, regional y local.

El objetivo del sistema es contribuir a la satisfacción de la integralidad de los derechos de las campesinas y los campesinos, la soberanía alimentaria del país, a la activación de las economías locales y regionales, la protección ambiental de territorios rurales colombianos, a través del pleno desarrollo de las zonas de reserva campesina de acuerdo a sus fines consagrados en la ley.

El Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina estará integrado por las organizaciones campesinas que impulsan zonas de Reserva Campesina, sus formas de participación y planificación, la institucionalidad, la cooperación internacional, la academia y la empresa privada y de economía solidaria.

El Sistema tendrá una Coordinación conformada por Anzorc y la autoridad de desarrollo rural, encargada de velar porque se dinamicen las relaciones entre los integrantes del mismo, en las oportunidades, temáticas y durante los tiempos pertinentes, convocando, haciendo seguimiento y proponiendo medidas de mejora pertinentes.

El SNZRC estará contenido dentro del Plan Nacional de desarrollo con un articulado que lo contemple.

Se creará una nueva institucionalidad para el desarrollo rural, la redistribución equitativa de la tierra, la asistencia técnica y el desarrollo técnico y científico para el agro, y la distribución de alimentos. Como parte de esta nueva institucionalidad se debe iniciar por:

1. Garantizar el acceso a 10 millones de hectáreas, en una primera fase, para la constitución y el impulso de nuevas ZRC como parte de un Fondo de Tierras.

2. Avanzar en la constitución de las ZRC como figuras territoriales con un nivel de autonomía que garantice el ejercicio de la territorialidad campesina frente a los intereses empresariales de petroleras, multinacionales minero-energéticas y el agronegocio.

3. Crear un Fondo Nacional de financiación de territorios campesinos y de las ZRC que garantice la ejecución de los Planes de Desarrollo Sostenible y el Programa Nacional de ZRC.

4. Complementar estas iniciativas con la realización de un catastro especial para ZRC y con la nueva institucionalidad campesina que se requiere para hacer viables las ZRC y los territorios campesinos.

5. Sacar de las deliberaciones sobre ZRC y Desarrollo Agrario integral con enfoque territorial al Ministerio de Defensa.

Sobre el Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina - PNZRC

El PNZRC estará contenido dentro del Plan Nacional de Desarrollo con un articulado que explicite su papel y sus alcances.

El PNZRC incluirá todos los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) de la ZRC, así como todas la iniciativas y proyectos de las ZRC que están en proceso de constitución.

El PNZRC financiará el funcionamiento del Sistema NZRC.
El PNZRC será financiado bajo las siguientes modadlidades:
Un porcentaje anual fijo del presupuesto nacional

Un sistema especial de transferencias
Un sistema especial descentralizado de regalías
Otras rutas de financiamiento que se concerten dentro del SNZRC

Los ministerios de Hacienda, Agricultura, Salud, Transporte, Educación, Comunicaciones, Interior, Cultura,Ambiente y Vivienda deben incluir recursos para el financiamiento de los Planes de Desarrollo Sostenible de las ZRC.

El PNZRC y SNZRC contarán con los documentos Conpes necesarios concertados con Planeación Nacional.

Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc
San Vicente del Caguán, marzo 23 de 2013


Diálogos de paz
Proponemos a la sociedad a y las partes del proceso de paz construir un Sistema y un Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina
Declaración política del III Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina realizada los pasados 22 y 23 de marzo en San Vicente del Caguán, Caquetá

En medio de los ataques de los sectores aferrados a la tierra y al poder contra el campesinado por su defensa de las Zonas de Reserva Campesina, ZRC, nos reunimos alrededor de 3.800 campesinas y campesinos de los 50 territorios campesinos que defendemos-

las Zonas de Reserva Campesina, en esta bella e histórica tierra de paz: San Vicente del Caguán, para avanzar en nuestra lucha por la tierra y el territorio, por la Reforma Agraria Integral, por la soberanía alimentaria y la paz con justicia social.

Nuestra lucha por la defensa de las Zonas de Reserva Campesina, reanimada a partir del Primer Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina de 2010 en Barrancabermeja, continúa en este encuentro con un mensaje contundente al gobierno nacional,-

a los terratenientes, al gran capital nacional e internacional, a quienes les decimos que continuamos y continuaremos defendiendo las Zonas de Reserva Campesina, porque son una alternativa para que por fin tengamos un acceso seguro a la tierra,-

para que podamos permanecer en los territorios que hemos ordenado, conservado, para mantener nuestros modos de vida y preservar nuestra cultura, nuestra economía y nuestras formas organizativas.

A la sociedad colombiana le decimos que las puertas de las Zonas de Reserva Campesina están abiertas al país, que como las concebimos y reclamamos, son territorios de abastecimiento de alimentos, de cultura, de protección de nuestra riqueza ambiental, de conocimientos tradicionales, de estrategias de convivencia que contribuyen a la paz.

Invitamos a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional a reconocer el verdadero valor de estas ZRC, a evitar la intoxicación informativa, y la especulación sobre las Zonas de Reserva Campesina, que no hacen otra cosa que poner en riesgo nuestra integridad, y destruir una oportunidad de desarrollo rural y paz para el país.

Animados por la esperanza que los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, den vida a nuestros anhelos de paz con justicia social, emprendimos durante los últimos meses la tarea de construir una propuesta política y programática para una Reforma Agraria Integral y el Reconocimiento de los Derechos de las Campesinas y los Campesinos,-

que contempla la urgente necesidad de construir un Sistema y un Programa nacional de ZRC, iniciativas que entregamos formalmente a las partes: al gobierno representado en el Alcalde Municipal de San Vicente, y a las FARC-EP mediante los medios electrónicos dispuestos para este efecto.

Una vez más, exigimos a las partes permanezcan en diálogo hasta tanto lleguen a un acuerdo que termine con el conflicto social, político y armado, que nos lleve por fin a la paz con justicia social.

Esperamos atentamente la respuesta de las partes a nuestra reciente solicitud de participar en los diálogos para el abordaje del tema de Zonas de Reserva Campesina, dado que este tema está siendo discutido en la mesa, hasta el momento sin la participación de los directamente involucrados.

Les invitamos a sumarse a la campaña nacional e internacional por el reconocimiento de los derechos de las campesinas y los campesinos que hemos lanzado hoy en este III Encuentro,-

a promover constituyentes regionales agrarias por la paz, a participar en la Constituyente Nacional Agraria por la Paz que también instalamos en este encuentro, a marchar hacia Bogotá por la defensa del proceso de paz este nueve de abril.

¡Somos zonas de reserva campesina, somos más, ahora sí la paz!
¡Viva la Reforma Agraria Integral!
¡Vivan las campesinas y los campesinos colombianos!
¡Vivan las zonas de reserva campesina!

San Vicente del Caguán, marzo 23 de 2013
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Anzorc

domingo, marzo 24, 2013


El Congreso en cabeza de la senadora Gloria Inés Ramírez condecoró a cooperativas de educadores en Risaralda
Por: Camilo Raigozo

En ceremonia que se realizó el pasado viernes 23 de marzo, el Congreso de la República en cabeza de la senadora Gloria Inés Ramírez Ríos, otorgó la Condecoración Orden del Congreso de Colombia  en el grado de Comendador, a las cooperativas de educadores en Risaralda Cooeducar  y Coodelmar.

Las dos cooperativas se hicieron merecedoras  a dicho reconocimiento por su labor en el sector solidario para mejorar la calidad de vida de los educadores risaraldenses y sus familias, por más de cuatro décadas.


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