jueves, enero 02, 2014

Terrorismo de Estado
Exigen que el mayor de la Policía que asesinó a estudiantes sea capturado inmediatamente antes de que escape
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El abogado defensor de Derechos humanos, Wldarico Flórez Peña, miembro de la ONG Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, exigió mediante un comunicado que las autoridades competentes capturen y encarcelen al bandido de la Policía Nacional, mayor Héctor Edisson Castro Corredor, condenado a 40 años por su responsabilidad en la masacre de seis estudiantes.

Desde el 26 de diciembre pasado que fue emitida la orden de captura contra el criminal del régimen, de manera extraña y sospechosa esta no se ha cumplido, sabiendo que es un oficial activo de la Policía.

"Es la hora que aún no se procede a hacer efectiva  la captura para poner tras las rejas al jefe de la red Criminal de la Sijin que ejecutó extrajudicialmente a los jóvenes de la localidad Kennedy en septiembre de 1996, en el sonado caso denominado 'masacre de Mondoñedo", afirma el defensor de derchos humanos.

Las víctimas de la Policía fueron Vladimir Zambrano Pinzón, Jenner Alfonso Mora Moncaleano, Juan Carlos Palacios Gómez, Arquímedes Moreno Moreno, Federico Quesada y Martín Alfonso Valdivieso Barrera, la mayoría de ellos eran estudiantes de la Universidad Distrital y miembros activos de la Unión Patriótica.

“La brigada hace un llamado a los organismos de inteligencia para que procedan inmediatamente a la captura de ese señor para evitar que se pueda presentar una eventual fuga o salida de país como ha sucedido en otros similares quedando en impunidad”, dijo finalmente Flórez Peña. Foto Internet.

Terrorismo de Estado
Acusados ocho presuntos terroristas del Ejército por secuestro, desaparición forzada y asesinato a sangre fría
Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Fiscalía informó que ocho presuntos criminales del Ejército, entre los que se encuentran, un mayor, un sargento y seis soldados profesionales,  fueron acusados por el homicidio del labriego  Wilson Vicente Monroy Galindo, perpetrado en agosto de 2006 en Vista Hermosa, Meta.

Los agentes represores del régimen fueron llamados a juicio como presuntos autores de la desaparición forzada agravada, asesinato en persona protegida, falsedad ideológica en documento público y porte ilegal de armas.

Según la Fiscalía los implicados son: el mayor del Ejército Germán Enrique Bermúdez Olaya, el sargento viceprimero Evelio Muñoz Duarte y los soldados profesionales Henry de Jesús Gallego Castaño, Oliverio José Ríos, Luis Carlos Batero Manzo, Diego Fernando Oviedo Gutiérrez, José Reinel Rodallega Arboleda y Freddy Antonio Rivera Riaño.

De acuerdo al ente investigador, “los hechos quedaron consignados en un informe sin número y fechado el 17 de agosto de 2006, elaborado por el entonces suboficial Muñoz Duarte, como comandante de sección, mediante el cual dio cuenta de que hacia las 7:30 de la mañana, cuando se encontraban en desplazamiento por un sector de la vereda Palmeras,-

del poblado de Santo Domingo, Vistahermosa, en desarrollo de la operación Jericó, misión táctica Atalaya, fueron atacados por un número plural de bandoleros de las Farc que operan en la región y en respuesta de la agresión, respondieron al fuego con sus armas de dotación oficial”.

En otro de los apartes, el informe dejó constancia de que al cesar el ataque y proceder al registro del terreno, fue hallado el cuerpo sin vida de uno de los insurgentes que vestía camuflado y portaba en su poder un fusil AK-47.

En contraposición al informe, algunos delegados de derechos humanos, vecinos de la región, allegados y familiares aseguraron que la víctima, Wilson Vicente Monroy, quien se dedicaba a cuidar un predio rural en la zona en el que cultivaba coca,-

fue sacado de allí por los militares, que lo retuvieron por un tiempo considerable hasta que finalmente apareció vestido con prendas militares y con varios impactos de armas de fuego de largo alcance.

Según el testimonio de uno de los soldados presentes en la escena del crimen, la víctima estaba cocinando alimentos en su vivienda, de donde fue sacado por los militares, quienes durante tres días lo retuvieron para, posteriormente, asesinarle y registrar en el informe de operaciones una supuesta muerte en combates con la guerrilla.

El pasado 30 de diciembre el presidente Santos firmó una ley que obliga a costearle la defensa jurídica a los militares y policía implicados en procesos jurídicos como el anteriormente descrito, con el dinero que los colombianos pagan en impuestos, en un aberrante intento decubrir con impunidad estos actos criminales.


Dictadura mediática
Exigen a El Tiempo y otros medios manipuladores rectificar una información amañada sobre víctimas de criminales de la Policía
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 27 de diciembre el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó al terrorista de la Policía, mayor Héctor Edisson Castro Corredor, por los delitos de secuestro extorsivo agravado y homicidio agravado.

El bandido del régimen fue sentenciado a pagar 40 años de prisión debido a las pruebas contundentes en su contra que lo hallaron responsable de crímenes de lesa humanidad.

El 6 de septiembre de 1996 los jóvenes universitarios  Vladimir Zambrano Pinzón, Jenner Alfonso Mora Moncaleano, Juan Carlos Palacios Gómez y Arquímedes Moreno Moreno, salieron de sus casas en Bogotá y nunca más regresaron.

El día siguiente los cuerpos sin vida de los estudiantes fueron encontrados en el basurero ubicado en la finca Fute del municipio de Mondoñedo, cerca de la carretera que conduce de Mosquera a Soacha.

Los jóvenes fueron víctimas de secuestro, desaparición forzada, tortura y asesinato a sangre fría, a manos de criminales de la Policía, entre estos, el mayor Héctor Edissón Castro Corredor.

Las otras víctimas fueron los universitarios Federico Quesada y Martín Alfonso Valdivieso Barrera, asesinados a sangre fría en Bogotá con tiros de armas de fuego.

Sin embargo medios de la oligarquía como El Tiempo, Semana, Radio Santafe y otros, de manera irresponsable, manipuladora y sesgada, tergiversaron la información sobre los hechos.

El Tiempo tituló la noticia: “Juez condena a 40 años a policía por la muerte de seis guerrilleros”; Semana: “Cárcel para policía que mató a guerrilleros” y Radio Santafe: “Condenan a 40 años de cárcel a exoficial de la Policía por masacre de seis guerrilleros de las Farc”.

La justicia no ha comprobado que las seis víctimas hayan sido guerrilleros, como afirman perversamente estos medios en una vergonzosa estrategia de desinformación a la sociedad colombiana y al mundo.

El sesgo de la información hace ver como víctimas a los criminales, victimarios a las víctimas y además pone en grave riesgo la seguridad y la vida del juez que se atrevió a condenar a los bandidos, a las familias de las víctimas y a sus abogados defensores.

La Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, ONG de derechos humanos y defensora de las víctimas le exigió a El Tiempo y a la revista Semana que rectifiquen dicha información.

“La Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza quiere solicitar de conformidad con la Constitución y la Ley, una rectificación al artículo en mención, dado que a los jóvenes masacrados Vladimir Zambrano Pinzón, Jenner Alfonso Mora Moncaleano, Juan Carlos Palacios Gómez, Arquímedes Moreno Moreno, Federico Quesada y Martín Alfonso Valdivieso Barrera, nunca se les demostró en proceso alguno que fueran guerrilleros, eran en su mayoría universitarios miembros activos de la UP”, dice el escueto comunicado de la Brigada Jurídica.

“Precisamente ese fue el falso argumento de la Red Criminal de la Sijin, para ejecutar extrajudicialmente a los jóvenes. También es importante aclarar, que el hoy condenado Héctor Edisson Castro Corredor es mayor activo de la Policía Nacional”, expresa finalmente la ONG. 

Por su parte Alfredo Valdivieso Barrera, hermano de una de las víctimas, afirmó respecto a las amañadas informaciones de El Tiempo, entre otras cosas que, "Cuando cualquier despistado lee el titular se halla con que existe una tamaña injusticia contra el fiel servidos de la 'fuerza pública', pues condenado por dar de baja a terribles terroristas sería un exabrupto.

"Pero no es tal. Al final de la nota, como al desgaire se indica que los cromenes son secuestro y homicidio agravado; lo que de todas formas deja una deuda con los lectores". Valdivieso calificó a estos medios de canallas(4). Foto 1 tomada de Internet.

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lunes, diciembre 30, 2013

Terrorismo de Estado
Santos sancionó ley que premia a los militares victimarios  y excluye a las víctimas
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Como premio de consuelo al ministro de Defensa y a los altos mandos militares, después de haber fracasado ante la Corte Constitucional el esperpento que ampliaba el fuero militar, el presidente Santos sancionó la ley de asistencia técnica especializada a los militares involucrados en procesos penales.

La nueva ley, que no es menos arbitraria que la fallida ampliación del fuero militar, obliga a que con los impuestos que pagan los colombianos, incluso las víctimas, se paguen onerosos abogados para defender a los militares inmersos en crímenes y otras violaciones  a los derechos humanos.

“Sancionamos una ley que organiza un sistema de defensa técnica y especializada que garantice a la fuerza pública una adecuada representación judicial”, dijo Santos en su cuenta Twitter. A las víctimas ni las mencionó.

Esta ley, como la fallida ampliación del fuero militar, estimula la comisión de crímenes y otras  violaciones a los derechos humanos por parte de miembros del Ejército y la Policía, ya que  tendrán garantizada la impunidad.

El representante  Germán Navas Talero, criticó que los colombianos, sobre todo quienes han sido víctimas de los militares, tengan que pagar con sus impuestos la defensa de estos. “No entiendo por qué con el erario público se les va a costear esa defensa”, dijo Navas.

Por su parte el senador Luis Carlos Avellanada  expresó que la nueva ley es inequitativa y discriminatoria, ya que se privilegia a los militares y se excluye a otros servidores públicos que no tienen como pagar una defensa. 

Un gobierno medianamente decente se preocuparía porque los derechos de la población fueran plenamente garantizados, no por tratar de cubrir con impunidad por métodos antidemocráticos los delitos de los servidores públicos.


domingo, diciembre 29, 2013

Terrorismo de Estado
Denuncian asesinato de Gilberto Daza Vega, Concejal por el Polo, en Sucre, Cauca
Por Hernán Durango Patrillau

Daza, según informaciones preliminares fue asesinado a tiros en su residencia cuando desconocidos entraron y le dispararon varias veces, recibiendo una bala en la cabeza, por lo que debió ser traslado hasta el Hospital Universitario San José, en Popayán sin que alcanzara su destino, pues murió en el camino, por la gravedad de las heridas.

 Gilberto Daza se había caracterizado por ser un hombre de bien, a tal punto que denunció varias irregularidades en el pasado, en la administración municipal de Sucre, que le valieron varias amenazas que había denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, y reclamado protección de la UNP, la que no le fue adjudicada. Incluso según algunos de sus amigos le fueron retiradas las mínimas ayudas como un plan de minutos de celular del que gozó en el pasado reciente.

El Concejal tenía un hogar conformado y dos hijos, uno de los cuales queda herido en el mismo episodio en el cual resultó muerto.

En el país se levantan voces de rechazo al asesinato del dirigente caucano Gilberto Daza Concejal del Polo Democrático y alertan ante la comunidad nacional e internacional por este nuevo crimen que demuestra la  ausencia de garantías para la izquierda en el proceso electoral actual.
  

Parauribismo
Corte Suprema de ‘Justicia’ prescribió tres delitos del criminal Jorge Noguera, ficha de Uribe y los 'paras' en el DAS
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El 18 de diciembre de 2013 la Corte Suprema de “Justicia” rechazó el recurso de reposición interpuesto por la Fiscalía y el representante de víctimas de las acciones criminales desde el DAS, Luis Guillermo Pérez Casas, por lo que las víctimas advierten que el caso puede quedar en la impunidad.

La Corte declaró definitivamente  la prescripción de tres conductas penales en el juicio contra el criminal Jorge Noguera Cotes, ficha clave del expresidente Uribe y los ‘paras’ en el DAS, por violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos transmisores y receptores y el abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

Las víctimas de las acciones criminales de Uribe desde el DAS son: el periodista y director de Canal Capital Hollman Morris; el defensor de derechos humanos y candidato a la Cámara, Alirio Uribe Muñoz; la exsenadora y líder de la Marcha Patriótica Piedad Córdoba;-

el ex magistrado Carlos Gaviria Díaz; los actuales altos funcionarios de la Alcaldía, Guillermo Alfonso Jaramillo y Jorge Rojas;  el dirigente campesino César Hernán Jérez, la dirigente de la Organización Femenina Popular, OFP, María Jackeline Rojas; y el periodista sueco Dick Emmanuelson, entre otras.

El Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, fuente de esta información, expresó que “sigue la impunidad absoluta frente a la responsabilidad de altos funcionarios del gobierno anterior en el escándalo del DAS, a quienes la Fiscalía se ha abstenido de imputarles cargos de responsabilidad penal, a pesar de las evidencias presentadas. 

“Es el caso de José Obdulio Gaviria, César Mauricio Velásquez, Edmundo del Castillo,  Jorge Mario Eastman, y el propio ex presidente,  Álvaro Uribe Vélez”.



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