viernes, enero 21, 2011

El ELN liberó a una persona y la entregó al CICR

El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, dijo en un comunicado que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, liberó y le hizo entrega en las últimas horas, de una persona que tenía en su poder la cual se encontraba en grave estado de salud.

A continuación transcribimos en su totalidad el comunicado recibido por Notimundo:

Colombia: entrega al CICR de una persona liberada por el ELN en Chocó

Bogotá (CICR) – En el marco de su acción humanitaria neutral, imparcial e independiente, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recibió en las últimas horas, en una zona remota del departamento del Chocó, una persona que estaba en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que se encontraba en delicado estado de salud.

Una vez fue entregada a delegados del CICR, esta persona fue trasladada en helicóptero a un centro médico en Medellín donde está recibiendo todos los cuidados y atenciones necesarias. El CICR también organizó y apoyó el traslado de los familiares a Medellín para su posterior encuentro.

La participación del CICR en esta entrega fue solicitada por el grupo armado y aceptada por los familiares de la persona liberada.  Gracias al diálogo confidencial que mantiene con las distintas partes del conflicto armado, el CICR es aceptado y reconocido como un intermediario neutral para realizar este tipo de acciones humanitarias.

El CICR espera la pronta liberación de todos los demás rehenes en poder de grupos armados. Reitera que está dispuesto a actuar como intermediario neutral en la liberación de rehenes y personas detenidas a causa del conflicto armado las veces que sea requerido y aceptado por las partes y los familiares.

miércoles, enero 19, 2011

Parauribismo/
El asesinato de estudiantes confirma el control paramilitar en los alrededores de El Ubérrimo
 Por Camilo Raigozo

Paramilitares denominados por el régimen y por la gran prensa, bandas criminales, Los Urabeños o Los Paisas, asesinaron el pasado 7 de enero a los jóvenes estudiantes, Margarita Gómez y Mateo Matamala, de 23 y 26 años de edad. Sus cuerpos fueron encontrados en una playa de San Bernardo del Viento, Córdoba, con varios disparos en diferentes partes del cuerpo.

El doble crimen desató un inusual escándalo en la sociedad y en los medios, acostumbrados a minimizar o a ocultar las fechorías de los ‘paras’, ya que las víctimas pertenecían a familias adineradas y eran estudiantes de la exclusiva Universidad de los Andes. El presidente Santos había ofrecido inicialmente una recompensa de 250 millones de pesos, que luego duplicó a 500 millones, por información sobre los criminales.

No había ocurrido lo mismo con los otros 31 asesinatos de los paramilitares ocurridos en la región, en sólo lo que va transcurrido de 2011, ni con los al menos 600 crimenes perpetrados el año pasado en las vecindades donde el ex presidente Uribe tiene la finca El Ubérrimo y son los ‘paras’ quienes reinan e imponen su ley. 

"Todo el mundo sabe quiénes los mataron, pero más demora uno en decirlo que ellos (los paramilitares) en saberlo”, le dijo una de las dos únicas personas que se atrevieron a hablar a un diario nacional. Córdoba es uno de los departamentos con mayor presencia militar y desde luego, uno de los que presentan los más altos índices de violaciones a los derechos humanos.

‘Seguridad democrática’
Mandato de Uribe fue una horrorosa orgía criminal
Solo entre 2005 y 2010 la Fiscalía ha podido documentar 173.183 asesinatos; 1.597 masacres y 34.467 desapariciones forzadas, entre otros crímenes  cometidos por  la estrategia paramilitar del régimen
Por Camilo Raigozo

El pasado 13 de enero la Fiscalía puso en conocimiento de la opinión pública un informe en el que revela tener documentados 173.183 asesinatos; 1.597 masacres; 34.467 desapariciones forzadas (el último informe de Medicina Legal habla de 38.255 desapariciones en los últimos cuatro años de Uribe) y al menos 74.990 desplazamientos forzados de comunidades, crímenes  cometidos entre junio de 2005 y el 1 de diciembre de 2010, por la estrategia paramilitar del régimen.

El documento también señala que los ‘paras’ cometieron durante el mismo periodo de tiempo, 3.527 secuestros; 3.532 extorsiones; 3.557 reclutamientos de menores; 677 abusos contra la mujer y las niñas; 68 casos de narcotráfico y otros 28.167 actos criminales que la Fiscalía no especifica.

A principios de marzo de 2009, el ente investigador reveló un informe según el cual 2.133 niñas y niños fueron asesinados cruelmente, desparecidos, reclutados o desplazados forzadamente por las hordas paramilitares afines a la política de “seguridad democrática”, en connivencia con la Fuerza Pública.

De acuerdo a su última información, la Fiscalía avanza en las diligencias de confesión de 51.616 hechos criminales, que dejaron 65.747 víctimas,  de paramilitares acogidos a la Ley de Impunidad mal llamada Ley de Justicia y Paz.

Estas diligencias les han permitido a las autoridades localizar 3.037 fosas comunes con  3.678 cadáveres. A estas cifras hay que agregarles las 2.472 ejecuciones extrajudiciales, documentadas por la Fiscalía hasta ahora, cometidas por el Ejército.

A su vez -dice el informe- las investigaciones y las confesiones permitieron establecer la presunta vinculación con los paramilitares de 429 políticos, 381 miembros de la Fuerza Pública, 155 funcionarios civiles y otros 7.067 cómplices no especificados en el documento.

Estas estadísticas emanadas de la propia Fiscalía comprueban que el gobierno de Uribe, no solo fue uno de los más sanguinarios en la historia de Colombia, sino también del continente y del mundo.

El ex mandatario, en una maniobra desesperada, a primeras horas del 13 de mayo de 2008, extraditó a Estados Unidos a 13 de los más peligrosos cabecillas paramilitares, cuando estos empezaban a contarle la verdad al país. “El país no está preparado para saber la verdad”, corearon presurosos los responsables y sus cómplices, los medios de comunicación más influyentes.

El informe también demuestra que la mal llamada Ley de Justicia y Paz fue pensada para cubrir de impunidad a los victimarios y legalizarles las tierras y los capitales obtenidos por métodos criminales.

También comprueba que las estructuras delincuenciales de la estrategia paramilitar del Estado terrorista están intactas, así para disimularlas les pongan nuevos nombres y eufemismos, tales como: bandas criminales, Bacrim, Águilas Negras, Los Paisas, Los Urabeños, Los Rastrojos, etc.

Aunque todavía no hay estadísticas sólidas, las múltiples denuncias de las comunidades y de organizaciones de derechos humanos en todo el territorio colombiano, indican que la orgia criminal del anterior gobierno proseguirá en la presidencia de Juan Manuel Santos.

Foto: El paramilitar Francisco Villalba había denunciado la complicidad del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, en la masacre de El Aro, municipio de Ituango. Villalba fue asesinado el 23 de abril de 2009. Fotomontaje El Uribestiario.

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martes, enero 18, 2011

Seguridad narcocrática/
Fuerte rechazo a detención arbitraria de tres activistas de derechos humanos

La Asociación Campesina  de Santander, Asogras, denunció y rechazó ante la comunidad nacional, internacional, organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos de control del Estado, la arbitrariedad en la detención de tres estudiantes activista por los derechos humanos.

A continuación transcribimos apartes del comunicado:

La Asociación Agraria de Santander, Asogras, rechaza enérgicamente la detención arbitraria de que fueron objeto Angye Gaona, estudiante de Licenciatura en Idiomas de la Universidad Industrial de Santander, detenida el día 13 de enero, en la ciudad de Cúcuta; Julián Andoni Domínguez, estudiante universitario y William Rivera Rueda,-

estudiante universitario de derecho y defensor de Derechos Humanos, del sector gremial de los trabajadores informales, el día  lunes 17 de enero de 2011, siendo aproximadamente las 10 a.m., lo detienen en las inmediaciones de la CUT Santander, integrantes del CTI de la Fiscalía y del Gaula, quien fue amedrantado después de haber sido detenido por integrantes de la Armada Nacional. Estas últimas detenciones se produjeron en Bucaramanga.

La razones de las detenciones oficialmente no son conocidas, indirectamente un miembro de la Fiscalía se refirió a que procedían de un Juzgado de Cartagena. A esta hora la Estudiante Gaona se halla recluida en la cárcel de Cúcuta y los detenidos en Bucaramanga en momentos en que adelantamos diligencias de asistencia jurídica se nos ha informado que han sido trasladados en avión a Cartagena.

Nos manifestamos altamente preocupados ante esta sistemática racha de persecución y violación de los Derechos Humanos en una región profundamente atravesada por conflictos sociales, injusticia y pobreza;-

es coincidente que en momentos en que las organizaciones populares del nororiente reorganizan la actividad social y la búsqueda de soluciones a las agudas problemáticas que les afecta antes que las garantías contempladas en el estado social de derecho se generen hechos como los aquí denunciados.

Es de aclarar, que estos  hechos se dan por  acusaciones que algunos funcionarios  públicos vienen haciendo contra defensores de derechos humanos acusándolos de ser  guerrilleros  en algunos municipios de Santander.

Parauribismo/
ONGs exigen respeto a la vida de líderes campesinos en Magdalena Medio

 A contnuación transcribimos en su integridad el comunicado emitido por la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, Cahucopana, por las amenazas y hostigamientos contra líderes campesinos de la región luego de que paramilitares hicieran peligrosos señalamientos contra ellos:

Comunicado a la opinión pública nacional e internacional:

La  Corporación  Acción  Humanitaria  por la Convivencia  y la Paz del Nordeste Antioqueño,  Cahucopana, organización campesina que promueve y defiende el respeto  por los Derechos  Humanos  en la Región del Nordeste Antioqueño, se permite reenviar el siguiente comunicado público,.

Así mismo  nos solidarizamos  con los compañeros de la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra, hacemos un llamado para que cese el hostigamiento  y persecución que se viene adelantado en contra de sus líderes campesinos.

Rechazamos estos hechos  que intimidan y quieren acallar las voces de quienes buscan la reivindicación y lucha por la defensa a la tierra y el desarrollo de las comunidades campesinas en el magdalena medio.

A las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, solicitamos  acompañen  a los líderes de la Asociación campesina del Valle del Rio Cimitarra y exijamos se esclarezcan los hechos de persecución  que  han sido dirigidos   en contra de la vida e integridad física  y el trabajo organizativo que llevan a cabo: Andrés Gil  y Miguel Cifuentes.

lunes, enero 17, 2011

Seguridad narcocrática/
Condenado suboficial del Ejército por “falso positivo”
Por Camilo Raigozo

Este 17 de enero, fue condenado a 22 años y ocho meses de prisión el cabo primero del Ejército Nacional, Guillermo Gutiérrez Salazar, por el asesinato a sangre fría de un civil en jurisdicción del municipio El Carmen, Norte de Santander.

Según la Fiscalía, la sentencia anticipada fue proferida por el Juzgado Primero Adjunto Penal del Circuito Especializado de Cúcuta por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas o munición.

Según pudo comprobar el ente investigador, el suboficial perpetró el crimen el 7 de junio de 2007 en la vereda La Estrella, jurisdicción de El Carmen, donde tropas del Batallón de Contraguerrilla No.98, adscrito a la Brigada Móvil No.15, con sede en Ocaña, reportaron la muerte en combate de Gerardo Quintero Jaimes.

Los criminales presentaron el cuerpo de la desdichada víctima como guerrillero y portador de una pistola y un proveedor. De acuerdo con lo establecido por la Fiscalía, Quintero Jaimes permaneció la madrugada del 7 de junio en el velorio de Arturo Pabón, vecino del sector, y al amanecer salió hacia el sitio conocido como la Ye para adquirir licor, cuando fue retenido por efectivos del Ejército, quienes lo asesinaron a sangre fría.

Las investigaciones de la Fiscalía desvirtuaron la coartada de los militares de que la víctima había sido dada de baja en combate armado con la guerrilla. También reunió las pruebas suficientes que demostraron la culpabilidad del militar.

Lea también:
Seguridad narcocrática/ El pachá de Tolemaida

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