Responsabilizan a Uribe de espiar a la oposición y a la justicia
Telesur/ Notimundo

Gustavo Petro, congresista del Polo Democrático Alternativo, dijo a medios de comunicación que la orden de interceptar sus teléfonos y los de otras personalidades de la oposición, periodistas y magistrados fue ordenada por el presidente Álvaro Uribe Vélez.

"Estamos ante la presencia de un Gobierno policíaco que ha destruido los espacios de la democracia, que no respeta los valores y los principios de la democracia, de nuestra Constitución. Ha usado la policía en función de destruir a la oposición y no de destruir al crimen", dijo Petro.

El dirigente opositor añadió que el DAS ha sido manejado para una actividad antidemocrática y por eso "se debe hacer una denuncia ante las instancias internacionales".

"Es indudable que la orden proviene del presidente, que es una persona que no tiene valores democráticos, y a pesar de que cuenta con un gran respaldo de la opinión pública él lo usa para destruir lo poco que queda de democracia", advirtió Petro.

Petro, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), añadió que se debe reformar el servicio de inteligencia DAS y pasar sus oficinas y funciones a la Fiscalía.

El presidente tiene que explicar por qué "está investigando a la oposición democrática de Colombia, a la prensa libre y a quienes no piensan como él en vez de investigar a los criminales, muchos de los cuales, por el contrario, lo que hacen es entrar al Palacio de Nariño a hablar con sus funcionarios", puntualizó.

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Parauribismo/
Capturados concejal y ex concejales por presuntos nexos con ‘paras’

Este 20 de febrero en Santa Marta, por sus presuntos vínculos con los grupos paramilitares autodenominados 'Los Chamisos' y 'Los Rojas', al servicio del frente 'Resistencia Tayrona' de las mal llamadas autodefensas, el CTI capturó a tres ex concejales de esta ciudad.

Según la Fiscalía los capturados son, Romualdo de Jesús Macías Sobrino, concejal de Santa Marta; así como Guillermo Rueda Vesga y Euclides Gómez Forero, ex cabildantes del mismo municipio, quienes deberán comparecer ante un fiscal de la Unidad Nacional Antiterrorismo por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado.

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Parauribismo/
Asegurado ex paramilitar por asesinato de campesinos

Un informe de la Fiscalía General asegura que un fiscal especializado de Medellín profirió medida de aseguramiento intramural en contra del ex cabecilla del bloque Suroeste de las autodefensas, Aldides de Jesús Durango, alias 'René', por el secuestro y muerte de tres campesinos en Támesis (Antioquia).

Los hechos investigados ocurrieron el 27 de septiembre de 2001 en la vereda Cestillal de la mencionada población, donde hombres armados se llevaron por la fuerza a Orlando Moncada Londoño, Jorge Humberto Moncada Lopera y Esaú Giraldo Lopera, y luego los asesinaron.

El grupo de investigadores estableció que los móviles del triple homicidio estaban relacionados con problemas con una herencia entre una de las víctimas y la señora Laura Emilsen Álvarez Cuartas, quien hizo presencia en el lugar de los hechos con el grupo paramilitar.

Por los mismos hechos ya fueron acusados la señora Álvarez Cuartas, su hija Flor Edilia Vásquez Álvarez y los hermanos Luis Alfonso y Nevardo Antonio García Moncada, quienes deberán responde por los delitos de homicidio agravado, secuestro simple, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego de las fuerzas militares.

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Parauribismo/
Imputan a Mancuso 65 actos delictivos
Por Camilo Raigozo

Ante un Magistrado de Control de Garantías, el fiscal 8º de la Unidad Nacional de Justicia y Paz imputará al ex cabecilla del Bloque Catatumbo de las AUC, Salvatore Mancuso Gómez, alias ‘Santander Lozada', los delitos de homicidio agravado, homicidio en persona protegida, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado, según la Fiscalía.

En la diligencia de imputación parcial y solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscalía demostrará la responsabilidad de Mancuso Gómez en masacres como las de La Granja y El Aro en Ituango (Antioquia), ocurrida en octubre de 1997, siendo Uribe Vélez gobernador de ese departamento; o la de El Salado, en Carmen de Bolívar (Bolívar), sucedida en febrero de 2000. Más de 60 personas fueron asesinadas con sevicia en dichas incursiones.

La audiencia en contra del ex paramilitar, quien fue extraditado hacia Estados Unidos, en jugada de Uribe para deshacerse de la verdad, según sus críticos, en mayo de 2008, se realizará este jueves en las instalaciones del Tribunal Superior de Barranquilla.

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Respuesta de mandos militares del Batallón Joaquín París a la Defensoría del Pueblo del Guaviare
Por Camilo Raigozo

Frente a la denuncia realizada este 18 de febrero por la Comisión de Derechos Humanos del Sector del Bajo Ariari, la Defensoría del Pueblo Regional del Guaviare informó que mandos militares del Batallón Joaquín París se comunicaron con el defensor regional y le informaron que las tropas que se encuentran en la vereda Girasoles, del municipio de San José del Guaviare pertenecen a una unidad de ese batallón.

Sin embargo, las ONG defensoras de derechos humanos y las comunidades hicieron un llamado a las autoridades castrenses a fin de que sus tropas lleven siempre sus correspondientes distintivos que los identifiquen como soldados de la patria.

De no hacerlo, como en el caso de dicha unidad militar, las tropas estarán infringiendo la normatividad del Derecho Internacional Humanitario que así lo estipula, máxime sí son las mismas tropas quienes lanzan amenazas contra la población civil de la presencia de paramilitares.

“El porte de las respectivas insignias y distintivos que permitan identificar a cada unidad militar es de obligatorio cumplimiento según del DIH”, señala la Comisión de Derechos Humanos del sector del Bajo Ariari.
Lea también:
Comunidades de Guaviare denuncian amenazas de militares

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Puerto Cachicamo, Guaviare
Comunidades denuncian amenazas de varios militares
Por Camilo Raigozo

La Comisión de Seguimiento de los Derechos Humanos del Bajo Ariari, denunció ante la opinión pública nacional y extranjera que varios soldados profirieron amenazas contra los pobladores diciéndoles que “va a entrar a la vereda un grupo de paramilitares”.

Las intimidaciones suceden, luego de que la comunidad de Puerto Cachicamo denunciara que tres niños resultaron heridos por los disparos que la tropa hizo contra las aulas del plantel educativo Santa Helena, el pasado 13 de febrero.

Según la ONG defensora de los derechos humanos, ayer 17 de febrero, la comunidad de la vereda Puerto Cachicamo jurisdicción del municipio de San José del Guaviare (Guaviare) informó que las comunidades se encuentran bastante alarmadas, ya que después de los hechos del 13 de febrero, la población está en inminente riesgo.

Pobladores informaron a la Comisión que desde el día de ayer en la vereda Girasoles, muy cerca de Puerto Cachicamo, se encuentra un grupo armado no identificado que al parecer está compuesto por personas mayores, barbados cuyos uniformes se ven bastante viejos y no tienen ninguna identificación.

Los sujetos les han dicho a las comunidades que van para Puerto Cachicamo y se han identificado como paramilitares que se autodenominan “Águilas Negras”.

La población del sector ha manifestado su preocupación ante estos graves hechos y la gente está abandonando el pueblo como único medio para preservar sus vidas.

“Hacemos un llamado urgente a los organismos de control para que se tomen medidas urgentes a fin de prevenir que se nos vulneren nuestros derechos fundamentales –entre ellos la vida- y evitar la comisión de masacres”, piden de manera urgente las comunidades.

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Parauribismo/
Paramilitares azotan al Magdalena Medio
Han asesinado a más de 20 personas en Barrancabermeja, Santander
Por Camilo Raigozo

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, denunció que grupos de paramilitares autodenominados, 'Los Rastrojos', 'Los Cirilos' y 'Águilas Negras', están ejecutando un plan macabro de asesinatos selectivos en la capital petrolera de Colombia.

La ONG defensora de los derechos humanos advirtió que de las 22 muertes violentas ocurridas este año en Barrancabermeja, 20 han sido ejecutadas por estos grupos paramilitares que defienden la gestión del presidente Uribe.

A pesar de que Barrancabermeja es una de las ciudades más militarizadas del país, las hordas criminales siguen asesinando a los defensores de derechos humanos y líderes de organizaciones sociales.

Entre las últimas víctimas de la arremetida uribista en el puerto petrolero están, el líder de los pescadores afro colombianos Luís Alberto Arango Crespo, asesinado el pasado 12 de febrero y el presidente de la Asociación de Desempleados de San Martín, Cesar Elías Ascanio, ultimado un día después.

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Mortandad narcocrática/
Asegurados oficial y soldados por falsos positivos en Casanare
Por Camilo Raigozo

Una información de la Fiscalía conocida este 17 de febrero, señala que el ente investigador profirió medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, en contra de un teniente y cinco soldados profesionales, adscritos al Batallón Guías del Casanare, por su presunta responsabilidad en el secuestro y posterior asesinato de un campesino.

Los militares implicados son, el teniente Oscar Humberto Silva Monroy y los soldados profesionales Santos Abraham Eregua Peraza, José Dermin Tarache Flórez, Gildardo Coba Humo, Efraín Guevara Guanaro y Carlos Alexis Forero Álvarez, sindicados por los delitos de secuestro simple agravado, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y destrucción u ocultamiento de documento público.

Según la Fiscalía los hechos ocurrieron el 4 de enero de 2007 en la vereda El Totumo, municipio Paz de Ariporo (Casanare), donde Oscar Eduardo Pérez Anave, campesino de la zona, fue interceptado en un retén ilegal por tres hombres vestidos de civil, que usaban pasamontañas y que empuñaban armas de corto alcance, quienes lo bajaron de un vehículo de servicio público.

De acuerdo con lo establecido por la Fiscalía, a uno de los captores se le corrió el pasamontañas, lo que permitió a la víctima identificar a esos hombres como miembros del Ejército, que según sus gritos iban a ‘legalizarlo'. Posteriormente, el cuerpo de Pérez Anave fue trasladado en helicóptero a Paz de Ariporo, donde fue presentado como muerto en combate con el Ejército.

En la investigación la Fiscalía estableció que el agricultor denunció el 26 de diciembre de 2006 al teniente Silva Monroy y a unos soldados, por allanar de forma ilegal la finca donde vivía con su familia. Según testimonios aportados al proceso, el día del crimen Pérez Anave salió a cumplir una cita con Silva Morroy.

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Parauribismo/
Senadora Gloria Inés Ramírez condena asesinato de educador

El domingo 15 de febrero de 2009, hacía las 4 de la tarde, fue asesinado en el municipio de Belén de Umbría (Risaralda) el compañero Guillermo Antonio Ramírez Ramírez, en momentos en que se encontraba en una cafetería y fue víctima de un balazo propinado por un individuo que se dio a la fuga.

El compañero Ramírez era profesor de Educación Básica Primaria en el Colegio “Juan Hurtado” y durante más de veinte años hizo parte de la Subdirectiva del Sindicato de Educadores de Risaralda en Belén de Umbría.

Además de ser un destacado dirigente sindical también fue un líder social que demostró siempre su compromiso con la comunidad, por lo cual era ampliamente apreciado y respetado. Su asesinato enluta las banderas del magisterio de Risaralda y del país y exige del gobierno y de la Fiscalía General de la Nación que se investigue para esclarecer los hechos y castigar ejemplarmente al autor o autores de este abominable crimen.

Resulta una cruel paradoja que mientras el Presidente de la República hace alardes sobre los supuestos avances gubernamentales en materia de protección a los sindicalistas colombianos, para tratar de mejorar su imagen internacional, un compañero tan valioso como Guillermo Antonio Ramírez, sea víctima de quienes se dedican al exterminio de los sindicalistas.

Profundamente conmovida por el vil asesinato del compañero Guillermo Antonio Ramírez Ramírez, les hago llegar a su esposa, a sus hijos y a sus demás familiares, lo mismo que al Sindicato de Educadores de Risaralda, mis más sinceras expresiones de pesar y solidaridad y les aseguro que desde mi posición en el Congreso de la República haré todo lo posible para que no haya impunidad, como en tantos otros casos, y se haga justicia.

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En Putumayo hay más de mil desaparecidos
Por Camilo Raigozo

En Putumayo hay más de mil denuncias de personas desaparecidas ante la Fiscalía entre el 2000 y el 2008. En los primeros siete años del gobierno de Uribe, el ente investigador ha recibido 18.713 denuncias sobre personas desaparecidas en todo el país.

Luís González, jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, declaró a Caracol Radio que en los últimos días han recibido al menos 400 denuncias de personas desaparecidas en Putumayo, la mayoría de ellas en los municipios de La Hormiga y Puerto Asís.

En ese departamento han sido encontrados en fosas comunes 280 cuerpos, de los que se han identificado plenamente 26. La gran mayoría fueron víctimas de la estrategia paramilitar del régimen, según las versiones libres de los 'paras'.
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Varias ONG nacionales y extranjeras defensoras de los derechos humanos han sostenido que el crimen de desaparición forzada está reemplazando a las masacres y a los asesinatos selectivos de sindicalistas y líderes sociales disidentes del régimen.

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Derechos de las víctimas y la aplicación de la Ley de Justicia y Paz
¿Imputaciones parciales o derechos parciales?
Por Comisión Colombiana de Juristas

Después de más de tres años y medio de entrada en vigencia la llamada “ley de justicia y paz”, o ley 975 de 2005, la mayoría de los procesos judiciales de los paramilitares acogidos a ella no han pasado de la etapa inicial, que es la de versión libre o confesión.

A la etapa siguiente, que es la de imputación (en la cual el fiscal le informa al paramilitar que se están realizando investigaciones en su contra por unos hechos determinados), sólo ha pasado uno de los 3.666 paramilitares postulados por el Gobierno, es decir, los paramilitares que supuestamente se someterían a ese procedimiento.

Como son tantos los crímenes que hay que confesar, cualquier plazo es insuficiente para hacerlo. En esas condiciones, todavía falta bastante tiempo para llegar a la etapa de reparación y a la sentencia, que son las que deberían seguir posteriormente.

Además, de los 3.666 paramilitares postulados por el Gobierno, apenas 145 han comparecido a rendir versión libre. Esto significa que el 96% no ha siquiera iniciado el proceso en la ley de “justicia y paz”, y lo más probable es que nunca lo haga.

Para dar salida a este estruendoso fracaso, el Gobierno anunció que propondría la realización de imputaciones parciales, es decir, que no fuera necesario terminar por completo las confesiones o versiones libres para que pudiera pasarse a las etapas siguientes[1].

Sin embargo, esta propuesta nunca se materializó por cuenta del Gobierno. Paradójicamente, terminó siendo autorizada por medio de una decisión de la Corte Suprema de Justicia.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema consideró, el 23 de julio de 2008, que las imputaciones parciales no atentan contra los derechos de las víctimas y que, por el contrario, son una buena manera de protegerlos porque, a su juicio, así tendrán resultados más pronto, en materia de reparación y culminación de los procesos[2].

Así mismo, la Corte consideró que, aun finalizada la versión libre, si el postulado manifiesta tener más hechos por confesar (como ocurrió en el caso que suscitó esta jurisprudencia), se le debe dar la oportunidad de retornar a la versión libre para que confiese los hechos que dejó de confesar en la primera etapa del proceso, y continuar paralelamente en la audiencia de imputación por los hechos ya confesados.

De esta manera, según la Corte, se garantiza que, por un lado, las víctimas de los hechos ya confesados no tengan que esperar a que se termine toda la versión libre.

Y, por otro lado, se garantizaría también que las víctimas de los hechos que no hayan sido confesados inicialmente tengan la oportunidad de que los crímenes cometidos contra ellas salgan a la luz, privilegiándose en consecuencia el derecho a la verdad de las víctimas[3].

Sin embargo, con esta teoría, la Corte, obrando de muy buena fe, puede estar conculcando los derechos de las víctimas. Adicionalmente parece estar desconociendo la naturaleza del proceso especial contemplado en la ley 975, que tiene por finalidad juzgar a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad. Existen por lo menos tres razones para afirmar lo anterior.


i. Las imputaciones parciales no aceleran los procesos

Uno de los argumentos de la Corte para autorizar las imputaciones parciales es que estas permiten acelerar el proceso para aquellas víctimas cuyos crímenes ya fueron confesados. Sin embargo, este argumento no parece convincente, o cuando menos factible.

Así se realicen imputaciones parciales, en algún momento ellas van a tener que ser unificadas dentro del proceso, lo cual generará, de todas formas, un represamiento de los casos antes de la sentencia. Así, las víctimas tendrán que esperar a que culminen todas las etapas para acceder a la reparación y poder “ver resultados” en sus casos.

Para resolver este problema, la Corte planteó que, como las imputaciones parciales seguramente van a dar lugar a sentencias parciales, lo que procedería al final sería la acumulación de los procesos independientes o, en su defecto, la acumulación de las penas que hayan sido impuestas por separado[4].

Como se observa, esto generará un caos al final del proceso que, en vez de acelerarlo, producirá un clima de confusión entre operadores judiciales y víctimas.

En este sentido, las imputaciones parciales pueden generar dos escenarios: uno es que se interprete que no se pueden producir sentencias parciales, lo cual conducirá, como se anunció anteriormente, a que los procesos se vean represados en alguna de las etapas del proceso.

Así las cosas, y como sólo puede existir una pena alternativa, en algún momento los procesos se acumularán y las víctimas tendrán que esperar a que los últimos procesos que se iniciaron, paralelos a los primeros, culminen.

De otra parte, para garantizar un tratamiento equitativo a todas las víctimas, el represamiento debería producirse en la etapa de reparación. De lo contrario, si el represamiento es posterior a la mencionada etapa de reparación, se corre el riesgo de que no haya bienes para reparar a las víctimas de los crímenes que sean confesados en último lugar.

El otro escenario, que es todavía peor que el anterior, es que las imputaciones generarán penas alternativas parciales, con lo cual, un paramilitar postulado a la ley de “justicia y paz” podría llegar a tener varias penas alternativas y estar cumpliendo unas, mientras el juez decide las otras que provienen de los procesos paralelos.

Esto no sólo iría en contravía de lo que estipula la ley 975 de 2005 sino que, además, constituiría una flagrante vulneración del derecho a la justicia.


ii. Con las imputaciones parciales se desnaturaliza el principio de la versión “completa y veraz”

La Corte Constitucional, en sentencia C-370 de 2006, concluyó que la versión libre prevista en la ley 975 se ajustaba a la Constitución, siempre que fuera completa y veraz.

Esto implica que en la versión libre los procesados que quieran recibir los beneficios de reducción de pena previstos en dicha ley deberán confesar todos los crímenes que hayan cometido o de los que tengan conocimiento, so pena de perder tales beneficios.

Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema, al permitir que el postulado que ya está en la etapa de formulación de imputación pueda solicitar de nuevo la realización de audiencia de versión libre, abrió la puerta a que pueda alegar, fraudulentamente, luego de culminada la etapa de la versión libre, que se le “olvidó” confesar algunos crímenes y que desea adicionar su confesión.

En el mencionado fallo del 23 de julio de 2008, la Corte consideró que no se afecta la verdad al permitir la investigación de “conductas olvidadas por el desmovilizado”, “…dejad[a]s de lado por razones distintas al propósito de callar u ocultar la verdad”[5].

Sin embargo, cabe preguntarse cómo se va a demostrar (para que el postulado pueda volver a la etapa de versión libre para adicionarla) que las conductas “olvidadas” por el postulado no obedecieron al propósito de callar u ocultar la verdad.

Parece que la Corte hace una presunción en el sentido de que la no confesión de ciertos hechos obedece a razones diferentes a callar u ocultar la verdad, cuando la realidad y la práctica del proceso de la ley 975 han demostrado todo lo contrario.

iii. Las imputaciones parciales van en contra del espíritu de la ley 975 y legalmente no tienen sustento

La ley 975 de 2005 tiene por mandato juzgar a quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Ello demanda, por parte de los operadores judiciales y de quienes pretendan beneficiarse de ella, el entendimiento de que se trata de un proceso que intenta responder a crímenes que se han cometido de manera sistemática y masiva, pues tal sistematicidad y masividad es una característica esencial de los crímenes de lesa humanidad.

Dividir el proceso permitiendo que unos hechos sean confesados mientras otros están siendo objeto de imputaciones, les da el tratamiento de crímenes comunes que se han cometido de manera aislada, y no de crímenes que se han cometido en un contexto particular de sistematicidad y masividad que, si se quiere develar, debe ser investigado y juzgado teniendo en cuenta esas particularidades.

Por ello, las imputaciones parciales conducen a los operadores judiciales a analizar los casos por fuera de su contexto como si no tuvieran conexión alguna. Así, habrá tantos procesos como imputaciones parciales se realicen, con lo que estaremos no sólo frente a imputaciones parciales sino también frente a procesos parciales que no responderán a las necesidades de verdad, justicia y reparación de las víctimas.

Finalmente, cabe anotar que no existe sustento legal en la ley 975 para las imputaciones parciales. Por el contrario, el proceso especial contemplado en la ley, tal como quedó luego de las modificaciones introducidas por la sentencia C-370, debe entenderse como uno solo, debido a la naturaleza de los crímenes que juzga y a la finalidad del mismo.

Algunas conclusiones

Lo más probable, entonces, es que esta jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia no va necesariamente a beneficiar a las víctimas. Quizá genere la sensación de que el proceso está avanzando y que, en ese sentido, la ley 975 está arrojando, desde ya, algunos resultados.
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Sin embargo, la demora en la realización de las versiones libres obedece a fallas estructurales del proceso y a las equivocaciones de algunos de quienes la están aplicando, así como a la falta de compromiso de quienes pretenden acogerse a sus beneficios.

En efecto, existen fallas estructurales que no se van a subsanar con la aplicación de las imputaciones parciales. Si realmente se quiere acelerar los procesos, se necesita destinar más recursos económicos y humanos para incrementar sustancialmente la cantidad de investigadores y de fiscales que puedan evacuar las confesiones, investigaciones e imputaciones y promover las reparaciones.

Además, se necesitaría regresar al país a los 16 jefes paramilitares extraditados desde mayo de 2008, cuyos procesos en la ley 975 prácticamente se encuentran paralizados desde entonces. Las confesiones que dichos paramilitares puedan hacer en este momento son decisivas para el esclarecimiento de la verdad, como base para los restantes derechos de las víctimas.

Las imputaciones parciales tampoco van a solucionar la deficiente labor de algunos de los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz que no están siendo rigurosos en sus preguntas y en la conducción de las audiencias para así poder consumar de manera suficiente la primera etapa del proceso sin dar lugar a que los paramilitares aleguen posteriormente que algo se les olvidó.

Mucho menos las imputaciones parciales van a subsanar el “olvido” en el que han caído miles de crímenes por parte de los versionados, muchos de los cuales se han dedicado a hacer apología de sus delitos y a negar la comisión de cientos de crímenes.

Pese a que la Corte ya sentó su posición en la jurisprudencia citada, próximamente deberá estudiar de nuevo las implicaciones de las imputaciones parciales, pues llegarán a su conocimiento dos decisiones del Magistrado de control de garantías, Álvaro Cerón, en las que este se negó a hacer imputaciones parciales en los procesos de dos postulados a la ley 975[6].

Quizás sea este el momento para que la Corte modifique su jurisprudencia al verificar que, si bien las imputaciones parciales pueden llegar a generar resultados en casos concretos, esto no significa que las víctimas y la sociedad vayan a contar con una verdad que dé cuenta de los crímenes cometidos por el paramilitarismo entendidos en su contexto.

Por eso, con las imputaciones parciales no se subsanará el problema del que adolece, desde los inicios de su aplicación, la ley de “justicia y paz”, sino que se incrementará la posibilidad de que también sean parciales los derechos de las víctimas en el procedimiento de la ley 975. La Corte tiene la palabra.

Para mayor información, contactar a: Gustavo Gallón Giraldo, director CCJ (Tel. 376 8200, ext. 115).

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Parauribismo
Paramilitares profundizan amenazas contra el PDA
Como si estuvieran acatando órdenes veladas del gobierno los escuadrones de la muerte acusan a directivos del partido de oposición de ser “aliados de las Farc” y los pone como “objetivos militares”
Por Camilo Raigozo

Carlos Bula Camacho, secretario del partido opositor Polo Democrático Alternativo, denunció este lunes que paramilitares autodenominados “Águilas Negras” han enviado correos amenazantes contra él y contra el doctor Carlos Gaviria Díaz, presidente de esa colectividad política.

El secretario del Polo advirtió que en una carta de uno de sus escoltas del DAS señala de manera explícita que el pasado 5 de febrero se recibieron amenazas vía telefónica contra Bula Camacho.

Dicha carta dice que las amenazas trataban de evitar que Bula asistiera a la ciudad de Ibagué, Tolima, donde se realizaría el Congreso del Polo Joven".

El Polo hizo un llamado al Gobierno Nacional para que garantice las medidas de seguridad de todos los miembros del partido que se encuentran amenazados.

Cada vez que el Presidente o cualquier miembro de su gobierno señala a sus opositores de ser “aliados de las Farc”, lo que realmente están dando son órdenes de asesinarlos o desaparecerlos.

Casi siempre ocurre así, pues son órdenes veladas que los escuadrones de la muerte entienden y acatan muy bien.

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Inminente desalojo del barrio 13 de Mayo en Villavicencio, Meta
Por Héctor Hugo Torres. Presidente Derechos Humanos Bajo Ariari

Comentan los habitantes de esta comunidad los factores económicos y sociales que los llevo a tener que optar por lo imperiosa necesidad de invadir terrenos marginales que son de propiedad de la administración municipal.

Más de 1400 familias llevan aproximadamente 10 meses instaladas en un terreno de 14 hectáreas, allí se asentaron estas familias junto a sus hijos, hermanos, esposos, madres cabeza de hogar y demás víctimas de la carencia del derecho humano y digno a una vivienda.

En este terreno se encuentran instaladas personas víctimas del conflicto, desplazados personas vulnerables que como mas de 4 millones de personas, están en algún lugar del territorio colombiano tratando de sobrevivir.

Este terreno donde ya está formado y planificado un barrio llamado “el 13 de mayo”, está en peligro de ser desalojado por una decisión del gobierno municipal, el cual es su propietario, pone en peligro de una confrontación policial y social el día lunes, donde se habla que aproximadamente llegaran a este sector 600 miembros de la policía Esmad.

Según las fuentes que se han consultado, ese día estarán presentes las autoridades municipales y departamentales además de organismos de control del estado como; defensoría del pueblo, procuraduría, personería, Icbf, Acción Social, la UAO y del orden judicial estará la fiscalía general de la nación entre otras más que presuntamente estarán por velar que la actividad se realice en un completo orden.

Se tiene de conocimiento por intermedio de un informe rendido por un comité del barrio, que el desalojo es inevitable, la respuesta de la comunidad es que no quieren perder su ilusión de tener un lote de terreno donde ubicar sus familias ya que el gobierno no les ha solucionada en nada la realización de este derecho.

El defensor del pueblo por su parte dijo que el no va a intervenir para que se frene el proceso de desalojo pues sus funciones no son las de auspiciar las invasiones, el trabajo de él según dijo es solo de intervenir para que no se maltrate a alguien desconociendo que este asentamiento es el producto de el abandono estatal a que están sometida la inmensa mayoría del pueblo metense, villavicense y colombiano y que el solo hecho de entrar a desalojar a los pobladores de este barrio de hecho constituye una grave violación a los derechos Humanos, máxime cuando allí viven personas en condiciones sociales y económica muy precarias.

El alcalde exige una suma de dinero por lote de 5 millones y medio de pesos, que dado la sumatoria de las 14 hectáreas esta saldría por un valor de aproximadamente 8.000 millones de pesos, valor por lote que ni siquiera tienen terrenos en zonas exclusivas de la ciudad.

El peligro yace en el evento del desalojo, la inminente violación de derechos de toda índole, DDHH, Derecho civiles sociales y políticos, derechos de los niños, de los ancianos, de ,los niños especiales, de las mujeres madres cabeza de familia en fin un total de violaciones en derechos por parte de la administración municipal sin tener un solo pronunciamiento en defensa, garantía y desarrollo de los derechos por parte del gobierno departamental y menos del gobierno nacional, los que simplemente pasan en decir que esperan que no hayan lesionados o perjudicado pero no se vislumbran soluciones verdaderas y rápidas.

En tal sentido:

Convocamos a la comunidad nacional e internacional, esta que trabaja en defensa de los derechos de las gentes, en defensa de los derechos de los pueblos, y en contra de las agresiones escritas, intelectuales y materiales de los gobiernos locales a que nos pronunciemos encentra de este acto anti popular que pretende llevar a cabo el gobierno municipal de Villavicencio en contra de personas que como anotamos anteriormente son personas que se vieron obligadas a asentarse en este terreno por que sus condiciones económicas no les permitían adquirir una vivienda para sus familias.

A la Defensoría Nacional del pueblo. Para que delegue una persona directa de su despacho, pues la posición del defensor de la regional del Meta es estar al lado de las decisiones locales del gobierno.

Exigimos al presidente de la república que actúe en derecho y defina una solución rápida y verdadera que garantice los derechos de esta comunidad que actualmente vive en condiciones lamentable sin una verdadera y digna solución de vivienda.

Señores miembros de los medios de periodismo independientes, solicitamos de manera encarecida su presencia en esta comunidad, se debe denunciar los atropellos y el de las políticas y compromisos de gobierno, las condiciones en las que vivimos y viven en estas comunidades, y la inminente amenaza en la cual estamos donde la fuerza pública y militar actuara desde el mandato civil del administrador municipal y como en hechos anteriores tememos que entren asiendo uso de la fuerza desmedida en contra de los habitantes de este barrio.

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Tres niños fueron heridos por el ejército en el Guaviare
Por Camilo Raigozo. Con información de Red de Derechos Humanos Agroguejar Hurtado

Las comunidades de la vereda Puerto Cachicamo, Guaviare, denunciaron que unidades del Ejército adscritas a la Brigada Móvil 7, Batallón 64, dispararon indiscriminadamente contra la población civil dejando heridos a tres menores de edad.

A las 9:00 a.m. del 11 de febrero pasado, en el casco urbano de la mencionada vereda, se escucharon unos disparos y un soldado cayó herido al frente del SAI llamado Telerec que queda en la calle principal.

Dos soldados lo arrastraron al interior del SAI y reaccionaron disparando indiscriminadamente para todos lados, sin tener en cuenta que había civiles en las calles. “Tranquilo niche que después de esto sigue usted”, amenazaron a un hombre.

Los niños heridos por los disparos de los militares fueron, Jhonier Estiven Arco López, de 12 años; Everney Forero Suárez, de 12 años y Andrea Johana Ateortúa Zapata de 13 años, quienes se encontraban en las aulas de la institución educativa Santa Helena recibiendo clase.

Según la denuncia, otros soldados se ubicaron alrededor de la institución educativa, mientras que desde una esquina un uniformado abrió fuego contra los alumnos y profesores hiriendo a los tres estudiantes.

Un alumno observó que el soldado estaba en la esquina disparando hacia ellos y acto seguido los estudiantes entraron en terror y pánico. Los profesores les indicaron que se agacharan y le prestaran primeros auxilios a la niña herida, pero ella seguía sangrando profusamente. Un profesor decidió correr hacia el portón para tratar de abrirlo, pero se escucharon más disparos.

“Entonces decidió saltar la malla, un padre le ayudó pasándole una silla y se enteraron que había más niños heridos. En el pueblo se produjo una gran confusión, ya que la gran mayoría tienen sus hijos estudiando allí”, dice un aparte de la desesperada denuncia.

Luego la comunidad se reunió de forma inmediata en el parque para tratar de evacuar a los heridos, ya que el poblado carece de atención médica básica. “Hay un centro de salud pero sin médico que atienda a la población”, se quejaron los lugareños.

El mayor Elkin Argote, de la Brigada Móvil 7, batallón 64, se presentó en el parque para evacuar trasladar a los niños heridos, pero la comunidad le pidió garantías para trasladarlos.

Pidieron la presencia de la Cruz Roja, derechos humanos o la Defensora del Pueblo, pero el Ejército se demoró mucho tiempo y los niños tuvieron que ser trasladados por la comunidad por vía fluvial hacia la Carpa donde los esperaban los médicos de allí y de El Capricho.

El mayor Argote ofreció disculpas y aceptó que sus hombres cometieron un error. Ofreció tomar los correctivos correspondientes y la comunidad le contestó que “siempre nos han puesto en peligro y esta vez resultaron heridos nuestros niños. Nosotros le pedimos que por favor se vayan o desalojen la vereda.

“El mayor Argote se comprometió a retirar las tropas del casco urbano, cosa que hasta el momento no se ha cumplido, porque después de todo lo sucedido aun continúan llegando tropas permanentemente”, dicen los denunciantes.

Lo sucedido tiene muy alterada a la comunidad pues los niños no quieren regresar a la escuela. Como a las 12:00 m. se presento el coronel Wilson Chávez acompañado de una mujer y trataron de hacerle unas preguntas al vicepresidente de la junta de acción comunal, pero él les dijo que hablaría con toda la comunidad presente, lo que se hizo en el centro del parque principal.
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Cuando la comunidad estaba reunida, la mujer que acompañaba al oficial se identificó como Carolina, asesora jurídica del ejército y que estaba allí para enterarse y escuchar la comunidad sobre lo sucedido en las horas de la mañana.

El vicepresidente le dijo que solo hablarían de lo sucedido si se presentaba la Fiscalía, la Cruz Roja o derechos humanos pero ninguna entidad de estas se hizo presente. La mujer alegó que con ella se podían hacer las declaraciones o narraciones de lo ocurrido.

Algunas personas argumentaron que “si usted es la asesora jurídica del ejercito, quienes son los asesores de nuestro pueblo, para eso pedimos al defensor del pueblo o una delegación de los derechos humanos”

“Yo soy neutral”, dijo ella y agregó que no iba a obligar a nadie a declarar, pero amenazó con que “en San José del Guaviare nos vemos para testificar a más de uno del pueblo y eso les va a salir más caro”.

Sin embargo los padres ofendidos y la comunidad se mantuvieron en que “nosotros con ustedes no hablamos, ni declaramos nada. Hablamos cuando venga la Fiscalía o un representante de derechos humanos”.

Ella argumentó que tuvieran la plena seguridad que la Fiscalía no iba a llegar por que no había pasado nada, ni habían muertos para levantamiento, lo que generó un agrio enfrentamiento con la comunidad que exigía el respeto a sus derechos.

Luego la asesora militar fue al SAI a recoger pruebas y allí dijo: “que reclama la gente si lo que tiene es un soldado muerto. Ya estamos a mano por que hay afectados de lado y lado”.

Una señora que la escuchó indignada le contestó: “usted está furiosa por el soldado muerto, pues nosotros también lo estamos pues tenemos tres niños heridos que nada tienen que ver con el conflicto y los niños no estaban armados y estaban en un lugar que se supone es protegido, según el Derecho Internacional Humanitario”.

“Todos estos hechos nos han causado consecuencias muy graves que se ven reflejadas inmediatamente en nuestra comunidad, como la deserción estudiantil. Ya habíamos tenido un logro muy importante en la educación porque habíamos aumentado la matricula y teníamos el proyecto del internado.

“Pero debido a los sucesos ninguno de los niños quiere vivir en el pueblo. Las consecuencias son muy graves para esta comunidad, en materia educativa”, advirtió la población.

En la escuela no hay seguridad pues el ejército sigue acampado a 300 metros de la institución, prácticamente dentro del pueblo. Anota la denuncia que las tropas están habitando de forma abusiva en la casa de Isaac Montenegro, quien por motivos ajenos a su voluntad no se encuentra en la región.

Así mismo la población acusó a los uniformados de utilizar la represa del acueducto como piscina, impidiendo la utilización del agua que llega a las casas para el consumo diario por su contaminación.

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