Hidroeléctrica del Quimbo

Aclaraciones sobre cómo van las mesas de control y seguimiento entre el gobierno y las comunidades

Por Asoquimbo

La Asociación de Afectadas y Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico del Quimbo, Asoquimbo, se permite comunicar a la opinión pública que la campaña de desinformación desatada por algunos medios de comunicación y desde algunas instancias gubernamentales no han logrado detener-

la resistencia de las comunidades, declaradas desde hace cuatro años en desobediencia civil, pues las mesas de control y seguimiento pactadas el 17 de este mes en la ciudad de Bogotá entre el gobierno nacional y Asoquimbo con la presencia de la gobernación del Huila,-

la Corporación Autónoma del Magdalena, el Ministerio del Interior entre otros, se desarrollan con amplia participación de la comunidad y han puesto en evidencia la catástrofe económica, social, ambiental y cultural del mega-proyecto.

La masiva participación de los huilenses es demostración del rechazo vehemente al retiro irresponsable del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, del gobierno departamental y la Corporación Autónoma del Alto Magdalena, incumpliendo los acuerdos consensuados y consignados en acta de compromisos, resultado del encuentro realizado el 17 de enero en Bogotá.

El Acta contemplaba una reunión de las partes, al día siguiente, para concretar y formalizar la petición de Audiencia Pública Ambiental a la que tienen derecho las comunidades del Huila y del país. Reunión que se realizó y que dio como resultado la petición legal y formal de dicha Audiencia.

De igual forma se comprometió el gobierno departamental en la logística y convocatoria de 7 Mesas de Control y Seguimiento de la situación causada por los mega-proyectos en curso en el departamento, con el fin de preparar y justificar de manera argumentada la Audiencia Pública Ambiental.

El 19 de enero se realizó una reunión con la gobernación del Huila, la CAM y Asoquimbo para estipular y consensuar la agenda y metodología a seguir en las mesas, así como confirmar el sitio, la hora y los participantes.

Una vez terminada la reunión el secretario de gobierno departamental, en declaraciones dadas a la prensa, habló de la realización de “mesas de concertación” y de la “mediación” entre las comunidades y Emgesa, dando por sentado que le empresa debía hacer presencia en dicho escenario.

De manera responsable el Ministerio del interior, garante de dichos acuerdos, intervino por sugerencia de Asoquimbo para que se respetara la naturaleza de las Mesas temáticas conforme a lo pactado.

A las cinco de la tarde del día anterior a dar inicio a las Mesas de Control y Seguimiento la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, envía un oficio dirigido al gobernador encargado donde propone otra agenda y ajustes a la metodología con el claro propósito de cambiar el carácter de seguimiento y control de las mesas.

El 25 de enero día en que se da inicio a la mesa número 1, sobre la problemática de los pescadores, censados y no censados por Emgesa, el gobierno departamental informa que el Ministerio de Ambiente ha decidido no participar del ejercicio en tanto los pescadores ubicados en el Domingo Arias, frente a las obras del proyecto, no desalojaran su hábitat natural bajo el supuesto de continuar realizando el paro regional.

Con este argumento el Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Sostenible contraviene la Constitución y la Ley que protege la actividad de la pesca artesanal como de utilidad pública y derecho inalienable, imprescriptible e inembargable de un área ubicada a 30 metros de la margen de todos los ríos de Colombia, lo que demuestra la falsedad del argumento del Ministerio.

Sin embargo de manera autónoma y en cumplimiento de sus funciones constitucionales la Contraloría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, alcaldes municipales de Hobo y Gigante, la Personera del Hobo, decidieron permanecer y realizar como previsto la mesa temática.

Es importante dejar en claro que es obligación del Ministerio realizar seguimiento y control permanente y sistemático, entre otras, de la gestión social de Emgesa, razón por la cual Asoquimbo considera que existe omisión de la responsabilidad legal del Ministerio por lo cual se solicita a la Procuraduría General de la Nación la apertura de investigación por este hecho.

De igual manera denunciamos que existe connivencia entre el Ministerio y Emgesa al calificar de invasores a los pescadores que ejercen su actividad en su hábitat natural contraviniendo las normas, razón por la cual Asoquimbo solicitó a la Presidencia de la República de Colombia,-

la Vicepresidente de la República de Colombia, la Fiscal General de la Nación, el Director General de la Policía Nacional, el Defensor del Pueblo, el Procurador General de la Nación, los Alcaldes Municipales de Gigante, Garzón, Agrado, Altamira, Paicol,

Tesalia y Hobo y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y demás autoridades responsables de la investigación; amparo policivo a los bienes de uso público, con fundamento en la Ley 1242 de 2008,

por la cual se establece el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales, en su artículo noveno (9), que declaró como bien de uso público una franja de terreno que se extiende treinta (30) metros por cada lado del cauce de los ríos de la Nación y la Ley 13 de 1990 que reconoce, la actividad pesquera, como de utilidad pública e interés social.

En la misma solicitud se exige se esclarezcan el uso abusivo de la margen del río Magdalena y las invasiones a los bienes de uso público de la nación por parte de Emgesa S.A y se adelanten las acciones pertinentes frente a este caso, garantizando Verdad y Justicia.

Concretamente que se abra investigación penal en lo que corresponda y si hubiere mérito alguno, a los funcionarios y directivos de la empresa Emgesa por el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica tipificado en el artículo 337 de la Ley 599 de 2000.

Durante las mesas del 26 y el 27, en el Municipio de Garzón, las más de 2000 personas asistentes con la presencia de funcionarios designados según la temática de la mesa, tales como Ministerios de Agricultura y Trabajo, el ICA, el Incoder;-

se sumaron a la Contraloría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo quienes han permanecido y recibido las ponencias y demandas de las diferentes poblaciones afectadas por el proyecto hidroeléctrico del Quimbo.

Asoquimbo resalta el trabajo sistemático elaborado directamente por las organizaciones y las comunidades afectadas, y la presencia de delegados de las diferentes instituciones del Estado.

Además expresa su preocupación por la gravedad de los impactos económicos, sociales, arqueológicos, geológicos, ambientales y culturales causados por el P.H. el Quimbo y ratifica su solicitud de suspensión inmediata de la licencia ambiental y de todas las obras como medida cautelar,-

mientras se realiza la nueva Audiencia Pública Ambiental y los estudios como: el diagnóstico ambiental de alternativas y de valoración económica de los impactos ambientales, y de vulnerabilidad, entre otros.

El día 28 la Mesa programada en el Municipio de la Plata sobre la problemática causada por la destrucción del puente del Paso del Colegio y las vías del suroccidente del Huila, fue realizada no obstante la desinformación generada por la gobernadora del Huila al declarar en el periódico

La Nación “la cancelación de las mesas” y el eco que hiciera la emisora Potencia Latina del Municipio, sin haber contrastado la información y verificado la idoneidad de la fuente, buscando la desmovilización y desinformación de las comunidades.

 Asoquimbo afirma a la opinión pública que los compromisos pactados con el Gobierno Nacional en Bogotá han sido honradosy las comunidades con su presencia y juicioso escrutinio de las graves afectaciones a sus derechos, y que han sido recopilados por las instituciones presentes,-

deben constituirse en prueba fehaciente y suficiente para la expedición de un auto para la protección de los derechos de los afectados y del medio ambiente el 3 de Febrero como quedó estipulado en el acta de compromisos y la posterior realización de la Audiencia Pública Ambiental.

De no cumplirse con este compromiso los participantes por unanimidad decidieron el reinicio del paro regional a partir del 5 de Febrero.

El 29 de enero se realizará la Mesa temática sobre los impactos de la licencia otorgada a la Emerald Energy en el municipio de Gigante.

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Arremetida contra alcalde indígena del Polo elegido recientemente en Riosucio, Caldas

Por Polo Democrático Alternativo

La dirección del Polo Democrático Alternativo respaldó al líder indígena de Riosucio, Abel David Jaramillo quien ganó en las pasadas elecciones la alcaldía del municipio y hoy es víctima de una-

posible persecución política por parte de sus detractores, al ser suspendido en primera instancia por el Juez tercero del Circuito Administrativo de Manizales por supuesta inhabilidad.

Abel Jaramillo ganó la alcaldía de Riosucio en Caldas por más de 7.000 votos y obtuvo una diferencia de casi 4000 al segundo del partido de la U, en esta contienda electoral del pasado 30 de octubre de 2011.

El electo alcalde del Polo Democrático Alternativo dijo que “antes de su posesión, ya tenían lista la demandad de inhabilidad por hechos que según la ley, no proceden para este caso”.

Abel David Jaramillo Largo, mientras era gobernador del resguardo indígena de San Lorenzo, gestionó ante la gobernación de Caldas algunos contratos a favor de su comunidad, resultado esta causal para que el juzgado administrativo emitiera fallo de primera instancia.

“Yo antes de iniciar campaña confirmé que no me encontrara inhabilitado, porque los gobernadores indígenas no obramos como servidores públicos sino como líderes comunitarios y populares” afirmó Abel Jaramillo.

Jaramillo explicó que desde hace varios años la comunidad indígena de su región ha sido víctima de asesinatos y amenazas, “varios dirigentes han sido judicializados por supuesta rebelión y otros se han tenido que exiliar por amenazas” aseguró.

El electo alcalde de Riosucio manifestó que “siempre se ha visto amenazado el movimiento indígena porque se han tratado de modificar derechos de estas comunidades” y agregó que existe un gran interés por la explotación minera y por la gran reserva hídrica que existe en los pueblos indígenas.

Arremeten contra el Polo Democrático

La senadora risaraldense Gloria Inés Ramírez, rechazó el acto legal por medio del cual se suspendió al alcalde de Riosucio, Caldas.

“El 30 de octubre de 2011 el pueblo de Riosucio, en una demostración de aplicación real de la democracia participativa, y con una votación superior a los 7.000 votos elige al compañero Abel David Jaramillo Largo como su alcalde,-

en respaldo a una candidatura y un programa de gobierno municipal que a nombre del Polo Democrático Alternativo presentó a su pueblo el dirigente indígena”, dijo la congresista.

Ramírez continua diciendo que “A pocos días de su posesión como burgomaestre de los Riosuceños, los enemigos de la democracia, dolidos por que un dirigente indígena con el aval y respaldo del PDA,-

les arrebata el poder que durante un tiempo les permitió dirigir los destinos de la Perla del Ingruma a la cual dejaron en el más absoluto atraso social que hayan conocido sus habitantes.

Armados de falsos y amañados argumentos, encuentran eco en agazapados aliados,  y es así como el juzgado 3 administrativo del circuito de Manizales suspende en primera instancia al alcalde indígena aduciendo que éste se había inhabilitado por haber ejecutado unos contratos como gobernador y representante legal del resguardo de San Lorenzo”.

Es así como la senadora  considera y aduce que se trata de una acto antidemocrático: “ser gobernador de una reguardo indígena no inhabilita para ejercer el cargo de Alcalde Municipal, la constitución del 91 le da especial trato en cuanto a participación política a las comunidades indígenas.

Ante esta nueva arremetida de la derecha y del régimen contra el Polo por un triunfo obtenido en franca lid, hacemos urgente llamado al pueblo de Riosucio, a las organizaciones indígenas, sociales, populares, sindicales, femeninas, juveniles, de DD.HH a denunciar nacional e internacionalmente este atropello que se intenta acometer”.

El triunfo popular en Riosucio debe ser respetado

El pasado jueves 12 de enero el pueblo de Ríosucio y la opinión pública en general del departamento, fuimos sorprendidos con la noticia de la suspensión provisional de su recién posesionado alcalde  por parte del juzgado 3 del circuito administrativo de Manizales.

Como bien conoce el pueblo de Riosucio y la misma opinión publica, el Polo Democrático Alternativo obtuvo una rotunda victoria el pasado 30 de octubre en cabeza del dirigente indígena Abel David Jaramillo Largo,-

quien con un programa incluyente y una votación superior a los 7028 sufragios supero ampliamente a sus demás contendores en la aspiración de liderar los destinos de la administración municipal en dicho municipio.

Revisada la denuncia presentada, nos encontramos con que esta fue interpuesta por la señora María Leonila Aricapa, quien es auxiliar de servicios en la sede política del partido de la U en Ríosucio que dirige el senador Mauricio Lizcano.

Es conocido por la opinión pública que el sector del referido senador perdió el poder local que durante un tiempo le permitió dirigir los destinos de la Perla del Ingruma, a la cual dejo en el más absoluto abandono, atraso social y desgreño administrativo que hayan conocido sus habitantes.

El PDA en caldas, reconoce en la persona de Abel David Jaramillo a un dirigente indígena, exgobernador del resguardo de San Lorenzo, que cumplió con todos los requisitos exigidos por el partido y dispuestos por la ley para ser candidato a la alcaldía.

El hecho de haber contratado como gobernador indígena en representación de la comunidad, de acuerdo con la ley, no lo inhabilita para ejercer el cargo de alcalde municipal.

Es necesario reiterar que la constitución del 91 otorga unas garantías especiales con relación a la participación política de las comunidades indígenas.

La dirección departamental del partido, espera que la justicia  obre de manera transparente, garantice el derecho a la defensa, el debido proceso y se le permita al alcalde hoy en ejercicio poder demostrar que no tuvo ni tiene ninguna inhabilidad, para ejercer las funciones como primer mandatario de los Riosuceños.

Igualmente hacemos un llamado fraterno al pueblo de Ríosucio, a sus comunidades indígenas y a la opinión pública en general a estar atentos y solidarizarnos con el alcalde Abel David Jaramillo, como gesto de apoyo, de respaldo y respeto al triunfo popular obtenido en franca lid.

'Perdón para las víctimas no para los victimarios'
Plantón para pedir respeto a la independencia de la rama judicial

Historia y realidad de los niños indígenas que mueren de hambre en Caño Mochuelo, Casanare

Por: Ismael Paredes

“Las comunidades indígenas con el acompañamiento de nuestras autoridades hemos trabajado hacia la recuperación, apropiación de conocimientos y prácticas de producción de alimentos.

Hemos traído algunas pocas de las semillas que necesitamos, las distribuimos en cada comunidad para diversificar los sembríos, así reafirmamos nuestro conocimiento propio.

Y para preservar las semillas recuperadas, hemos iniciado la instalación de cinco bancos de semillas comunitarias, desde donde las redistribuiremos a las familias del resguardo hasta que todos tengamos lo suficiente…”,-

este es un gran avance de las comunidades de este sector que se enfrentan a una aguda crisis humanitaria y que la semana pasada vieron morir a cinco de sus niños por inanición…

El proyecto antes descrito lo ha trabajado el reguardo Caño Mochuelo del municipio Hato Corozal, Casanare a través de la Escuela Comunitaria de Gestión Territorial.

A continuación presentamos algunos apartes del informe que entrega este resguardo con ocasión de la situación de los niños en su resguardo y en otras comunidades indígenas del país donde los niños mueren por inanición, desnutrición y otras enfermedades prevenibles y curables, como indicó la ONIC en su informe: Ver informe ONIC  

“Estamos seguros que uniendo esfuerzos y compartiendo puntos de vista sobre los problemas que nos aquejan, seremos capaces de pervivir como pueblos indígenas con identidad, orgullosos de lo que somos y aportando al país con ejemplos de convivencia pacífica en la diversidad.

Por ello queremos ofrecer nuestra visión y que hacer frente a lo que está sucediendo en el Resguardo Caño Mochuelo…

“El problema alimentario en las comunidades de Caño Mochuelo se ha presentado de tiempo atrás. Cuando en 19742 el Incora reconoce parte de nuestro territorio como Reserva indígena de Caño Mochuelo, lo hace en respuesta al exterminio indígena generado por las guajibiadas del llano, una medida que nos salvó la vida pero que no fue pensada para asegurar nuestra pervivencia.

“El espacio resguardado era suficiente para salvarnos de las balas de los colonos que nos cazaban pero no para darnos el sustento alimentario en el mediano y largo plazo- inicialmente las comunidades-

teníamos suficientes recursos para satisfacer nuestras necesidades alimentarias, había pesca, cacería, recolectábamos lo que necesitábamos, teníamos pocos vecinos y podíamos usar amplios espacios por fuera del resguardo para satisfacer nuestras necesidades.

“La población indígena nos fuimos recuperando de la violencia que casi nos extermina, las familias aumentaron, incluso los Tsiripus que habían tomado la decisión de no tener más hijos y que la-

habían mantenido durante varios años, vieron en ese momento una nueva oportunidad para seguir viviendo, gracias a esa decisión aún existen los tsiripus en Caño Mochuelo, únicos sobrevivientes de este pueblo.

Pero los recursos naturales disponibles en el resguardo también fueron cada vez más limitados, los vecinos se multiplicaron, cercaron sus propiedades -nuestro territorio tradicional-, cada vez se hizo más difícil el acceso a nuestros lugares de cacería,-

pesca y recolección, cada vez que lo hacemos entramos en conflicto con nuestros vecinos porque ellos no entienden que acabaron de llegar a nuestro territorio y así se provocan nuevas tensiones entre unos y otros.

De esta manera se incubó el problema alimentario, que con el correr del tiempo se nos convirtió en crisis, ahora vivimos un problema crónico.

“Al mismo tiempo en que crecía la hambruna en las comunidades, diferentes instituciones desarrollaron proyectos de apoyo para atender el problema alimentario; nos trajeron paquetes productivos, pensando que lo único que necesitábamos los indígenas era que se nos enseñaran a cultivar para salir de ese supuesto estado inferior -aparente origen de la crisis alimentaria-.

“De esta manera se vino una época de proyectos en donde instituciones del Estado y ONG nos trajeron soluciones pensadas desde afuera, siempre con las mejores intenciones pero con poco entendimiento de la realidad indígena, atendieron las ramas pero no entendieron la raíz del problema.

Mientras tanto, los casos de tuberculosis, desnutrición y otras enfermedades aparecieron con más frecuencia en las comunidades...”

“Hemos calculado en cada comunidad el área que tenemos para sembrar los conucos y encontramos que ninguna comunidad tiene la disponibilidad de tierras aptas para sembrar el alimento que necesitan nuestras familias.

Para explicar la magnitud del problema: encontramos que cada familia indígena del resguardo solo cuenta, en promedio, con menos de un cuarto de UAF; o sea que ni siquiera podemos vivir como campesinos.

Esta situación es la verdadera raíz del problema que nos está condenando a morir poco a poco de hambre y nos va a llevar a desaparecer como pueblos indígenas…”. Foto Llanera.com.

Emergencia humanitaria en el Bajo Atrato

Por Comunidades

Nosotros y nosotras, las comunidades del Bajo Atrato, de los municipios de  Bojayá, (Chocó), Vigía del Fuerte, Murindó, Unguia, Carmen del Darien, Riosucio, Acandí,  y Turbo.

Consejos Comunitarios de la Larga y Tumaradó, Salaquí, Truandó, Cacarica, Jagual, Jiguamandó, Curvaradó, Quiparadó, Comunidad de Pichindé, Peñas Blancas, Juntas de Acción Comunal, Organizaciones Sociales,  Camizba, Iglesia y Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Riosucio.

Nos desplazamos a la ciudad de Bogotá D.C. para exigir al Gobierno Nacional y sensibilizar a la comunidad nacional e internacional sobre la grave situación de emergencia humanitaria que viven los poblados asentados en la orilla del bajo Atrato.

Esto es ocasionado por:

El constante desbordamiento del rio Atrato desde hace tres años. Que ha provocado el ahogamiento de niños y adultos mayores.

Perdidas de cultivos, animales ganado, y no permite que se haga nuevo sembrados, destrucción de las viviendas, incomunicación casi total, falta de zonas seguras para los niños, el cese de actividades educativas. La carencia    de un hospital de primer nivel, médicos, y  medios de transporte para enfermos graves.

La persistencia del conflicto armado: los actores armados atemorizan e intimidan a los pobladores y no se goza de derechos civiles y políticos.

La espera de la devolución de  tierras en las cuencas de los Consejos comunitarios: La Larga y Turmaradó, Jiguamiandó y Curvaradó.

El desplazamiento de las comunidades de Salaquí y Truando que esperan un retorno digno y seguro.

Estado indolente

Cansados de soportar todos los años  inundaciones por el desbordamiento del rio Atrato, debido a los sedimentos de su cauce y  el taponamiento de  las  bocas, 150. 000 habitantes, de los municipios de  Riosucio, Carmen del Darién, Turbo, Murindó, Bojayá, y Vigía del  fuerte se han visto afectados  desde hace más de tres años.

Pese a las reiteradas peticiones, acciones y reuniones,  el incumplimiento en la atención y entrega de ayuda a la población desplazada es crónico.

Antecedentes

En Quibdó el 19 de febrero del año 2009 el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez representado por el Ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego H. firmó unos compromisos con las organizaciones del Paro Cívico del Chocó donde se incluyen dragados de varias bocas del rio Atrato, y no cumplieron.

En el año 2011  2300  ciudadanos del municipio de Riosucio instauro una acción de tutela ante el Tribunal Contencioso del Chocó contra la Nación, Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio del Medio ambiente,-

Departamento del Chocó, Alcalde de Riosucio y Codechocó, Solicitando el dragado del rio Atrato y sus respectivas desembocaduras, dicho tribunal falló a favor de las comunidades, sin ninguna acción al respecto.

En el año 2011 en las riveras del rio Atrato, Bojayá, Vigía del fuerte, Murindó. Carmen del Darién, Riosucio, Unguía; fallecieron por inmersión 22 niños sin que se dieran a conocer  o llegarán a ser denunciados por la prensa o por el ICBF.

El día 29 enero del presente, fueron trasladados del río Domingodó  12 niños indígenas hacia Riosucio, al borde de la muerte por desnutrición crónica.

Llamamos a las organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, medios de comunicación internacionales, nacionales y locales, e Iglesia, unirse y acompañarnos  en estas manifestaciones y daremos para solucionar la emergencia humanitaria  que viven los poblados asentados en la orilla del río Atrato.

Exigimos al gobierno nacional establecer inmediatamente una mesa para atender la emergencia.

No soportamos más abandono e incumplimientos con nuestras comunidades afros y pueblos indígenas. Se firmen acuerdos serios que den respuestas a las necesidades ya mencionadas con el acompañamiento de la sociedad en general.

Declaramos públicamente:

Que no nos retiraremos de Bogotá hasta que no estén dos dragas de alto calado en el rio Atrato.

No nos retiramos hasta que las ayudas humanitarias estén  en manos de los desplazados y afectados por el invierno.

No nos retiramos de Bogotá hasta tanto no se cree y se instale la Mesa por el Atrato que debe estar conformado, entre otros, por:

Ministerio de Agricultura; Incoder; Ministerio de Transporte; Dirección Marítima y Fluvial; Cancillería de la República Dra. María Ángela Holguín; Dirección para la Prosperidad Social (Acción Social); Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; Oficina de Asuntos Étnicos; Vicepresidencia de la República, representantes de las comunidades y gobiernos locales

Solicitamos comedidamente servir de garantes a:

Monseñor Rubén Salazar; Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia; Padre Darío Echeverry, CMF; Padre Francisco Deroux, SJ; Diócesis de Apartadó; Naciones Unidas; Cruz Roja Internacional; Corte Constitucional y los periodistas Felipe Zuleta y  María Jimena Dussan;

Bogotá, D.C. 30 de enero de 2012

Comunicaciones con:

Milton Velásquez

Teléfono: 3146848992

Jaime León

Teléfono: 3132092994- Telefax 2822260
corpoclaretiananpb@gmail.com
Foto El Colombiano

Atte.

Comunidades del Bajo Atrato

Bogotá .D.C., Febrero 1 de 2012

Excelentísimo señor
Presidente de la República de Colombia
Juan Manuel Santos
Ciudad

Respetado señor Presidente:

Cordialmente nos dirigimos a usted como un conjunto de familias unidas por el dolor en una lucha libertaria humana, justa y digna, que de cara al país y al mundo desde hace 13 y 14 años no hemos parado de trabajar por la vida y la libertad de nuestros hijos y familiares.

Doctor Santos nuestros seres queridos secuestrados por la guerrilla de las Farc-ep desde hace más de trece años, merecen hoy una segunda oportunidad de vida, en sus manos está el que nos permita abrazarlos vivos y libres lo más pronto posible ya que la guerrilla ha manifestado que va a liberar de manera unilateral a seis de ellos:

Jorge Trujillo Solarte; Jorge Humberto Romero Romero; José Libardo Forero Carrero; César Augusto Lasso Monsalve; Luis Alfonso Beltrán Franco y Carlos José Duarte.

Sin duda alguna las mujeres que trabajan por la paz en Suramérica y Centroamérica, Colombianos y Colombianas por la paz y nuestras familias Asfamipaz continuamos con ahínco buscando por todos los medios la liberación de todos nuestros seres queridos, ya que allí permanecen secuestrados:

Luis Alfredo Moreno Chaguzá, Robinson Salcedo Guarín, Wilson Rojas Medina, Luis Arturo García. Y de la misma manera solicitamos a la guerrilla guerrilla de las Farc-ep decirnos qué paso con los intendentes de la Policía, Edgar Murcia Canencio y Luis Hernando Peña Bonilla.

Recordándole a Colombia y al mundo que hay decenas de policías y soldados desaparecidos desde hace varios años y no sabemos nada de ellos ni de todos los civiles secuestrados en nuestro país.

Proponemos al gobierno colombiano abra las puertas a Brasil o a cualquier otro país diferente a este que acompañe con responsabilidad, respeto y humanidad la liberación de nuestros seres queridos como en las liberaciones anteriores lo hizo Brasil.

Desde cada uno de los hogares de nuestras familias de nuevo manifestamos públicamente al gobierno colombiano que nos oponemos de manera radical al rescate a sangre y fuego de nuestros seres queridos que por tantos años se han mantenido con dignidad y valor encadenados durante el cautiverio en el que los ha tenido la guerrilla de las Farc-ep durante trece y catorce años.

Hoy solo necesitamos humanidad y flexibilidad de parte del gobierno colombiano y de la guerrilla de las Farc-ep para que nuestras esperanzas de abrazar vivos y libres a nuestros seres queridos se den dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario, de manera pacífica y en el menor tiempo posible, sin dar espacio a más dilataciones.

Esperamos no solo abrazar vivos y libres a nuestros seres queridos sino también que este abra el camino a un creíble proceso de paz para Colombia.

Con sentimientos de respeto, angustia y dolor, Cordialmente,

Familias de policías y soldados secuestrados por la guerrilla de las Farc-ep

Terrorismo made in USA/

Soldado afgano da de baja a terrorista de la OTAN

Por Camilo Raigozo

Un hombre con uniforme del ejército afgano dio de baja a un soldado de la Organización Terrorista del Atlántico Norte, OTAN, liderada por Estados Unidos,  informó ayer la Fuerza Internacional de esa banda terrorista en Afganistán (ISAF).

Hace dos semanas cuatro terroristas franceses, también de la banda terrorista internacional OTAN, fueron dados de baja en las mismas circunstancias.

Ese tipo de ataques realizados por soldados afganos indignados o por insurgentes infiltrados son cada vez más frecuentes y ahora son otro dolor de cabeza para organización terrorista de ocupación.

En 11 años de ivasión las fuerzas de resistencia afganas han dado de baja a 1.889 terroristas estadounidenses.

Entre tanto, en actos terroristas de la OTAN, en los últimos cuatro años fueron asesinados al menos 9.000 civiles entre niños, mujeres, ancianos y hombres, en nombre de la libertad y la democrácia.

En la foto de Efe, víctimas civiles de la banda terrorista internacional OTAN en Afganistán.

Parauribismo/

El Gobierno ofrece recompensas como para no capturar a cabecillas paramilitares

Por: Camilo Raigozo. Notimundo

El presidente Juan Manuel Santos ofreció 100 millones de pesos de recompensa por información que lleve a la captura de la cúpula de los grupos paramilitares “los rastrojos” y “los urabeños”, denominados estratégicamente “bandas criminales”.

Por “los urabeño” nombró a alias ‘Don Leo’, alias ‘El Mocho’, alias ‘Santander’, alias ‘Baiker’ y alias ‘Mauricio’, cabecillas de ‘Los Urabeños’.

Y por “los rastrojos” el Presidente nombró a alias ‘Johnny’, alias Andrés’, alias ‘Moncholo’, alias ‘alias Richard’ y alias ‘Oreja Peluda’.

La cifra ofrecida como recompensa por los ‘paras’, contrasta con la cifra ofrecida por comandantes de la guerrilla: 1.250.000 millones de pesos, lo cual deja la sospecha de que no desea que delaten a los cabecillas ‘paras’.

En una jugada maestra el expresidente Uribe cambió el nombre de paramilitares por “bandas criminales”, con lo cual existe la excusa para que las Fuerzas Militares no los combatan, aunque los 'paras' controlen al menos 400 municipios del país.

Conflicto social y armado

Desidia del Gobierno con los agentes del Estado en poder de las FARC
Tras haberlos condenado al olvido y a su suerte por más de 12 años en las selvas, ahora que sus captores los quieren liberar Santos y su ministro de Defensa hacen todo lo posible para evitarlo
Por: Camilo Raigozo. Notimundo

Un Gobierno con un mínimo de grandeza, moral y ética,  ya hubiera hecho lo que estuviera a su alcance sin ninguna reserva, para que sus propios soldados y policías, privados de la libertad en manos de sus adversarios en acciones del conflicto, regresen a sus hogares sanos y salvos en el menor tiempo posible.

Hasta el gobierno israelí canjeó en octubre pasado a 1.027 presos palestinos por uno solo de sus soldados. Pero para eso es necesario tener un mínimo de moral, ética, grandeza, sentido de patria y humanismo, que al parecer es de lo que carecen tanto el Presidente Santos, como su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

Una vez se conoció que las FARC liberarían de forma unilateral a seis miembros de la Fuerza Pública que mantienen privados de la libertad por acciones del conflicto, el Show mediático del Gobierno no se hizo esperar, aprovechando las cajas de resonancia de los medios.

El pasado 25 de enero, por ejemplo, en rueda de prensa el ministro Pinzón en tono arrogante dijo entre otras cosas que “no hace falta un “show mediático” para que se logre la liberación de los plagiados. Uno no entiende como utilizan expresiones humanitarias cuando han tenido a esta gente sometida al flagelo del secuestro”.

Pinzón hizo esas afirmaciones después de que se conoció un mensaje de “Iván Márquez”, comandante de las FARC, en el que dio a conocer otros tres nombres de las seis personas que van a liberar de forma unilateral y en el que además le planteó al Gobierno firmar los protocolos y facilitar la logística para poder llevar a cabo los operativos de liberación.

Sin embargo, el ministro del  Interior, Germán Vargas Lleras, de Defensa, Juan Carlos Pinzón y el propio presidente Santos, han venido dilatando mediante excusas la agilización de los pasos necesarios.

Una de las excusas expuestas por el Gobierno es su negativa a que otro país preste su ayuda en materia de transporte, la cual es necesaria por las características que ha tenido la evolución del conflicto colombiano

Un Gobierno serio, que en verdad desea que sus propios agentes regresen a la libertad lo más pronto posible, no solamente no se opondría a la cooperación de algún un país amigo, como lo hicieron en el pasado Venezuela y Brasil, sino que sería el mismo quién estuviera buscando esa ayuda.

En vista a esa posición intransigente y arrogante de Santos y de Pinzón, Colombianas y Colombianos por la Paz, buscaba cómo conseguir recursos económicos, tanto de empresarios privados colombianos, como del exterior, para pagar un helicóptero privado para ir por los liberados.

Pero inmediatamente, tanto el Presidente, como el ministro de Defensa le salieron al paso a esta alternativa.

Ayer, el jefe de la cartera de la Defensa consideró que es innecesario buscar financiación externa para hacer frente a la logística de las  próximas liberaciones, “pues el país está preparado para abordar esta tarea”.

“Lo único que se necesita para la liberación de los secuestrados es que las FARC cumplan con su palabra (…) Si nos dicen hoy mismo los recogemos, no se necesita un show, ni de la intervención de otros países”, dijo el ministro en su espectáculo mediático.

Pero el presiente Santos fue más allá. Además de oponerse a la cooperación de otro país y del posible financiamiento privado para transportar a los liberados, prohibió cualquier acción en aras de la paz. Incluso prohibió hablar de paz. Más arbitrario no podía ser.

“El Gobierno Nacional no necesita intermediarios para hablar de paz en estos momentos”, dijo Santos desde Caucasia, Antioquia, donde realizaba un Consejo de Seguridad.

“Lo mejor a estas alturas es que no hagan nada, que no se metan, que esperen a que si el día de mañana, como lo hemos dicho tantas veces, se presentan las circunstancias adecuadas, pues ya veremos cómo procedemos”, advirtió con arrogancia Santos.

Para rematar, el Presidente aseguró que “lo más inconveniente es precisamente que comiencen a crear grupos de estudios, grupos de trabajo, a hacer propuestas públicas, porque eso no contribuye sino que, todo lo contrario, genera un ambiente negativo y contraproducente”.

Lo que el Presidente no menciona es que con esa misma retórica el país lleva más de medio siglo desangrándose.

Pero claro, no son sus hijos, ni los de la oligarquía que él representa, ni los de los generales, los que tienen que ir al frente de batalla exponiendo su vida, su integridad y su libertad, en aras de “defender heroicamente a la patria”, que no es otra cosa que las defensa de los grandes capitales nacionales y extranjeros.

Las lágrimas, el sudor y la sangre, que va dejando la guerra, son aportes exclusivos del pueblo colombiano.

Las astronómicas ganancias económicas y políticas  que va dejando la guerra, son usufructuadas exclusivamente por el Presidente, su ministro de Defensa, los altos mandos castenses y la oligarquía nacional y extranjera, que ellos representan y defienden.

¿Qué razón tendrían entonces este par de personajes para apoyar las liberaciones y la paz?