sábado, octubre 04, 2008

Asonal rechaza encerrona uribista

El sindicato de los empleados y trabajadores de la rama judicial, Asonal, que cumple un mes en paro con el apoyo de sus 47.000 afiliados, rechazó, por no ser el escenario adecuado, ventilar la negociación de sus peticiones en un consejo comunal como pretendía Uribe este fin de semana.

"Pensamos que no es un escenario adecuado para tratar un tema tan delicado como el paro nacional', señaló el presidente del sindicato de trabajadores judiciales, Fabio Hernández.

"Para eso existe la mesa de negociación", señaló y agregó que la mecánica de estos encuentros impide una participación democrática.

Uribe convocó el consejo comunal en Bogotá con el fin de buscar salidas al paro de la rama, que ya cumplió un mes.

Asonal no confía en Consejos

El líder sindical agregó, citado por El Tiempo, que no está de acuerdo con la forma en que se hacen los consejos comunales.

"Nos parece complicada la mecánica, porque todo se concentra en el Presidente de la República y es él quien decide quién habla, en cuánto tiempo y qué le parece y qué no le parece. Eso impide garantizar igualdad en el debate", añadió.

Ayer se comunicó con todas las seccionales del sindicato para anunciarles que la decisión estaba tomada.

Asonal plantea resolver el problema de la nivelación salarial de los empleados de la rama y mejorar los sueldos, según la ley. Ello costaría 600.000 millones de pesos. El gobierno solo ofrece 110.000 millones.

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Si Uribe no quiere venir a Ecuador que no venga, no nos interesa, dice el presidente Correa
Por Camilo Raigozo

El presidente de la hermana República de Ecuador, Rafael Correa, calificó de grosero e insolente al comunicado de Uribe Vélez en el que este advierte que no asistirá a la cumbre de la CAN el próximo 14 de octubre en Guayaquil arguyendo “falta de condiciones mínimas”.

El presidente Correa dijo este sábado que, “Es el mismo cuento de siempre, para última hora boicotear los acercamientos con Ecuador. En el fondo Uribe no quiere restablecer las relaciones, pues que le vaya bonito, nosotros tampoco queremos compañeros”.

También exteriorizó el mandatario ecuatoriano que,“Lo mismo hizo en las dos anteriores oportunidades. Una con la intervención del Centro Carter.


"Después cuando se iba a realizar el intercambio de notas diplomáticas con los encargados de negocios, no se logró por el cuento de una entrevista mía al diario La Nación de Argentina.

“Y ahora manda un comunicado groserísimo, entonces es una burla. Se equivocó, y si no quiere venir a Ecuador que no venga, no nos interesa”, dijo el presidente Correa.


El vecino país, rompió todas las relaciones con Colombia desde el pasado 3 de marzo, cuando el territorio ecuatoriano fue bombardeado por el Ejército colombiano en violación flagrante a las leyes internacionales.

Paramilitares amenazan a pobladores de Riosucio, Caldas
Con información de Autoridades Indígenas

Desde meses anteriores se ha tenido conocimiento de que paramilitares vienen generando intimidación y amenazas a los habitantes del Resguardo de Escopetera Pirza, jurisdicción del municipio de Riosucio, Caldas y Quinchía, Risaralda.

Según informa la autoridad indígena desde agosto, hay presencia de paramilitares que recorren las diez comunidades del resguardo, especialmente Sausagua, Batero, la Floresta, situación que ha despertado gran alarma en la comunidad.

En el casco urbano de Bonafon, resguardo de Escopetera y Pirza, se viene presentando casos de extorsión al parecer por paramilitares. Uno de los afectados informó a la policía y la recomendación hecha por ellos fue que pagara.

Los demás afectados no han denunciado por temor a las represalias y a la falta de apoyo de las autoridades.


El 2 de agosto del año en curso, se conoció en Riosucio, un panfleto con una lista de 49 habitantes de Quinchía, que serían ajusticiadas por el grupo paramilitar Águilas Negras.

El 3 de septiembre se conoció otra lista de comuneros del resguardo Escopetera Pirza, entre ellos, el del padre del actual fiscal y exgobernador de ese resguardo, Didier Trejos. Los ‘paras’ les da un plazo perentorio para que abandonen zona o serán asesinados.

La gobernadora indígena participó en un consejo de seguridad con las autoridades de Quinchía, que se llevó a cabo el 5 de septiembre de este año.


La respuesta de las autoridades a estos hechos es que no hay tales grupos armados y que se trata de amenazas entre expendedores de droga y delincuencia común.

El 4 de septiembre, la gobernadora del cabildo de Cauromá jurisdicción de Supía, informa sobre un caso de extorsión del grupo Águilas Negras que se presentó en su comunidad y que fue reportado a las autoridades, quienes enviaron a miembros de la Sijin (sargento Barrios), para que protegieran al comunero, lo cual resultó un operativo fallido que trajo consecuencias graves para la víctima.

El 10 de septiembre aparecen en la lista para ser asesinados tres personas más. El 13 de septiembre fueron abaleadas dos personas de Quinchía.

El 13 de septiembre cuando la comunidad de Moreta, se encontraba reunida tratando asuntos internos, llegaron al sitio militares del Batallón San Mateo y procedieron a recoger las identidades de los 25 comuneros reunidos.

Este mismo día frente a las instalaciones del Consejo Regional Indígena de Cladas, en la plaza de la Candelaria fue visto un hombre de civil armado e inmediatamente se informa a la policía que no logra dar con su captura.


El 18 de septiembre se conoció un panfletos con listados de nombres y amenazas, firmados por alias “Robin” jefe paramilitar de las Auc Cacique Pipintá.

Hasta el momento van 60 personas amenazadas, una gravemente herida y un número indeterminado de desplazados.


Hechos recientes

El 19 de septiembre de 2008, varios miembros de la comunidad de Sipirra , fueron abordados por unos 10 paramilitares quienes los amenazaron prohibiéndoles el paso por esa zona y advirtiéndoles de su presencia en ese sector a partir de ese momento.

El 23 de septiembre, algunos niños que se dirigían hacia la comunidad, fueron intimidados por paramilitares.

El 24 de septiembre, los estudiantes de los colegios del área urbana del municipio de Riosucio, fueron abordados por paramilitares Águilas Negras, quienes les prohibió el tránsito por esos lugares.

Este mismo día la comunidad de Sipirra adviertió la presencia de un vehículo extraño, de placas PTJ 4692 que transitaba a toda velocidad entre Buenos Aires y el caso urbano del municipio.


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Cruzada de solidaridad
Aberrantes tratos crueles e inhumanos contra los presos políticos
Las normas del Derecho Internacional Humantitario quedan vueltas trizas por el ensañamiento y la sed de venganza del régimen contra sus opositores cautivos en las cárceles del Estado
Por Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos de Santander

Diomedes Meneses Carvajalino se encuentra en silla de ruedas, que le imposibilita valerse por si mismo debido a las torturas que le propinaron miembros del Estado colombiano.
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Seis años después, continúa sufriendo, no solo los efecto de la torturas, sino que recibe nuevos tratos crueles e inhumanos que atentan contra su integrada personal.

El 2 de octubre de 2008 a las 8:00 horas, el preso político Domedes Meneses Carvajalino, actualmente postrado a una silla de ruedas y confinado en la sección de sanidad de la Cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, en el momento de quedar totalmente solo, se produjo una caída de su cama, produciéndose fractura de su pierna derecha.

Meneses Carvajalino, ex combatiente del Ejercito de Liberación Nacional, utiliza silla de ruedas desde hace 6 años producto de fuertes torturas producidas por miembros del Gaula de Bucaramanga, en hechos ocurridos el 25 de mayo de 2002 en el corregimiento El Gramal del municipio de Tona, Santander.

Después de estar fuera de combate por heridas, recibió impactos a corta distancia con balas explosivas, expulsión de uno de sus ojos con un objeto cortopunzante en aberrantes infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

También le extrajeron las uñas de los pies y por último, recibió una herida en su cuello que le produjo pérdida total del conocimiento.

Actualmente existe un proceso penal en etapa preliminar contra miembros del Gaula sin que hasta la fecha hayan sido vinculados formalmente a la investigación.

Diomedes Meneses Carvajalino fue uno de los presos políticos trasladado arbitrariamente de la cárcel Modelo de Bucaramanga a la cárcel de Palogordo de Girón el pasado 4 de septiembre.

En esa ocasión Diomedes tuvo que soportar gases lacrimógenos lanzados por miembros del Inpec, hecho que está prohibido por los protocolos internacionales que regulan la utilización de este tipo de gases en lugares cerrados.

Desde el 4 de septiembre de este año, Diomedes Meneses fue confinado a la sección de sanidad de la Penitenciaria de Palogordo, lugar que no es adecuado para su tratamiento, por cuanto él debe recibir constantemente ayuda de otra persona en las actividades cotidianas.

En la sección de sanidad debe permanecer en una celda de 2x 3 metros la mayor parte del día, no recibe las horas de sol necesarias, circunstancia que lo obligó a exigir a las directivas del establecimiento que los trasladaran al patio tres, lugar donde podría recibir la solidaridad de los presos políticos.

Estas solicitudes de traslados se han realizado de manera reiterada por los miembros de nuestra Fundación, los presos políticos del patio 3 de la penitenciaria y el mismo Diomedes, las cuales han sido han sido ignoradas por el director de la cárcel.

La respuesta es que lo ubicarían en el patio siete, sitio que no reúne las condiciones para el acompañamiento adecuado.

Igualmente los guardias le expresaron que si no acepta el patio siete será trasladado a los calabozos, lo que en la práctica es tortura sicológica, debido al nivel de tensión que produce en Diomedes este tipo afirmaciones.

Diomedes Meneses Carvajalino, va a cumplir un mes en la sección de sanidad, como se manifestó al inicio.

Él necesita recibir ayudas de otras personas y solo cuenta con el apoyo de otro preso político que padece de cáncer en la piel en etapa terminal.

Precisamente cuando esta persona salió para su tratamiento de quimioterapia, fue cuando Diomedes tuvo el accidente que le produjo la fractura de fémur, al parecer con astillamiento del hueso, según informaciones de él mismo.

Nuevamente solicitamos que Diomedes Meneses Carvajalino reciba el tratamiento médico adecuado, conforme a los tratados internacionales relacionados con población privada de la libertad.

Además exigimos su traslado inmediato al patio tres, único lugar donde puede recibir el acompañamiento digno necesario debido a la solidaridad del resto de presos políticos.

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viernes, octubre 03, 2008

No hay perdón para Uribe: presidente Rafael Correa
Por El Comercio

El preisidente Correa de Ecuador mantiene su consecuencia con respecto a Uribe por la agresión de que fue víctima su país

“Nuestras relaciones están cortadas porque, entre otras cosas, Colombia tiene informaciones de grabaciones del bombardeo y no nos informó nada”, afirmó el Mandatario en una entrevista al diario Folha de Sao Paulo.

“Este caso nunca será superado porque hay una clara agresión deliberada y desleal al territorio ecuatoriano, por parte de un país que consideramos hermano, aunque tiene un Gobierno que no consideramos amigo”, agregó Correa en la entrevista exclusiva que concedió durante su visita del martes a la ciudad brasileña de Manaos.

El Gobierno de Correa alega que lo que ocurrió en el ataque del 1 de marzo en la localidad de Angostura fue una violación a su territorio, en tanto que el Ejecutivo del presidente colombiano, Álvaro Uribe, pese a que pidió disculpas, dice tener pruebas de que en ese país hay colaboradores de las Farc.

“Tenemos que seguir con dignidad y eso implica, entre otras cosas, que Colombia entregue todas las informaciones de cómo se realizó ese ataque y que compense al menos a la víctima ecuatoriana”, aseguró Correa en su entrevista a Folha de Sao Paulo, durante su visita el martes a Manaos, capital del estado amazónico brasileño de Amazonas.

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Parauribismo/
Solicitan depuración inmediata del cuerpo diplomático de Colombia

La Audiencia Internacional por la Verdad que examina los casos de los exiliados y refugiados políticos colombianos, reunida en París los días 2 y 3 de octubre de 2008, solicitó la destitución inmediata de cinco altos diplomáticos colombianos: Sabas Pretelt de la Vega, Embajador en Italia;

Luis Camilo Osorio, embajador en México; Ignacio Guzmán, cónsul en Miami; Milene Andrade, funcionaria en Nueva York; Carlos Alberto Frasica, agregado militar en Chile.

Con la presencia del Delegado de la Defensoría del Pueblo Alonso Ojeda Awad, los exiliados y refugiados políticos que presentaron testimonio, señalaron que la permanencia de funcionarios diplomáticos presuntamente ligados a grupos paramilitares, o involucrados en graves violaciones a los derechos humanos, constituye un factor de alto riesgo para la seguridad de ellos y sus familias.

Como recuerda la opinión pública, en el pasado reciente, dentro del servicio diplomático en calidad de embajadores o cónsules, estuvieron personas como Carlos Arturo Marulanda Ramírez, Salvador Arana, Jorge Noguera, Juan José Chaux, todos ellos investigados hoy por sus vínculos con grupos paramilitares.

El embajador en México, Luis Camilo Osorio, se encuentra acusado actualmente por obstaculizar investigaciones de crímenes cometidos por paramilitares y altos mandos militares, cuando era fiscal general de la nación.

Sabas Pretelt de la Vega, hoy embajador en Italia, acusado de cohecho tendiente a permitir la reelección presidencial cuando era ministro del Interior y de Justicia.

Ignacio Guzmán, cónsul en Miami, ha sido señalado por las víctimas y testigos de estar vinculado a empresarios palmeros relacionados con grupos paramilitares, responsables de crímenes de lesa humanidad en la región del Bajo Atrato.

Milene Andrade, funcionaria consular en Nueva York, participó en la reunión realizada el 18 de febrero de 2003 en Santa Fé del Ralito, en la que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso designó como rector de la Universidad de Córdoba a Claudio Sánchez Parra.

Junto a esta solicitud, los exiliados participantes de la Audiencia Internacional en París, llamaron al Gobierno colombiano a que ordene la depuración general del servicio exterior, a cesar el nombramiento de militares y civiles comprometidos en violaciones de derechos humanos en cargos diplomáticos, y a garantizar el regreso digno y seguro de todas las personas exiliadas al país.

También pidieron a la Fiscalía General de la Nación a que las investigaciones que se efectúan contra esos funcionarios tengan prontos resultados.

Igualmente, invitaron a los gobiernos europeos, latinoamericanos y de Estados Unidos, a revisar la trayectoria y la presencia de funcionarios presuntamente involucrados en violaciones de derechos humanos.

En la Audiencia Internacional se recordó que ante la impunidad de esta clase de funcionarios estatales en Colombia, sus casos pueden y deben ser llevados ante la Corte Penal Internacional o tribunales nacionales que aplican la jurisdicción universal.

Los miembros de la Comisión Ética, organismo encargado de salvaguardar el proceso de la memoria histórica en Colombia, conformado por 27 personas de todo el mundo, entre ellas Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz, se dirigirán a sus respectivos gobiernos y a instancias internacionales, apoyando las solicitudes formuladas en esta Audiencia.


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jueves, octubre 02, 2008

Parauribismo/
Desplazamientos en Colombia alcanzan mayor nivel en veinte años
Por Democracy Now

En Colombia, grupos de derechos humanos dicen que grupos paramilitares de derecha recientemente formados están provocando el aumento de los desplazamientos internos este año. Un nuevo informe dice que alrededor de 1.500 colombianos huyen cada día de sus hogares.

Esto representa un aumento de 41% con respecto al mismo período del año pasado. Jorge Rojas, de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, dice que es el mayor número de desplazamientos que se ha registrado en veinte años.

Jorge Rojas dijo: “Los que nos asombra es la cantidad de personas que están saliendo de diversas regiones del país como consecuencia de la violencia y del conflicto armado.

Son 260 mil personas, tal vez el número más alto de los últimos veinte años. Muchas de ellas en desplazamientos masivos que habían desaparecido y volvieron”.

El gobierno colombiano es el mayor receptor de ayuda estadounidenses en el hemisferio occidental, y la mayoría consiste en ayuda militar.

Más de 6 mil firmas dicen no a la impunidad
Varias organizaciones no gubernamentales abrazaron la Corte Suprema de Justicia
Por prensa Víctimas y Derechos

A pesar del calor que asolaba a la capital de la república, a pesar de que muchas veces pareciese que la sociedad colombiana no tuviera memoria y a pesar de que no es la primera, ni será la última que participan en actos simbólicos para llamar de alguna manera la atención del país, las víctimas llegaron muy puntuales al edificio de la Corte Suprema de Justicia el pasado 30 de septiembre.

Y es que no ven de qué otra manera hacer entender a esta, tan obtusa sociedad colombiana, de la existencia de víctimas de miles de víctimas de las atrocidades paramilitares, por supuesto con la connivencia de gran parte de la clase política colombiana, situación que se ha convertido en uno de los episodios más vergonzosos de la historia de nuestro país.

Por ello las víctimas y las ONG que las y los representan persisten e insisten en que estos crímenes no deben quedar en la impunidad y que el Estado, los criminales tanto materiales como financiadores y la sociedad deben resarcir el daño que se le ha hecho al tejido social y la humanidad.

En el marco de este propósito la Campaña “Víctimas y Derechos” realizó un hermoso acto simbólico de abrazo a la Corte Suprema de Justicia como muestra de su respaldo a su labor en los casos de parapolítica.

El evento que inició a las once de la mañana y se prolongó hasta la una de la tarde, representa la entereza y la dignidad de ciudadanas y ciudadanos, así como de las víctimas para decir, “no lo justifiques, haz lo justo”.

Allí se tomaron de las manos y rodearon el costado del edificio de la Alta Corte en inmediaciones de la Plaza de Bolívar.

La cadena humana que se extendió por la carrera séptima y dio la vuelta hasta la calle 12 quedó plasmada en cámaras de televisión de varios medios de comunicación, auque no lo hayan transmitido en todos.

Cada persona participante tenía una venda alrededor de sus ojos con los colores de la bandera de Colombia en la cual se quiso simbolizar la ceguera en la que están muchos colombianos por estos días en cuanto a temas de justicia se refiere, más aún, cuando el poder ejecutivo ha querido de alguna manera intrometerse en la rama judicial.

Mujeres, jóvenes y ancianos oyeron atentamente la carta leída como testimonio por parte de la víctimas en dónde se expresa la necesidad de seguir insistiendo, sin importar el tiempo que lleve, una verdadera justicia, sin impunidad y sin intromisiones externas, pues las víctimas son víctimas y merecen que haya verdad, justicia y reparación, pero sobre todo que se les respete su dignidad.

Hasta la fecha se han encontrado más de 32 mil cadáveres de personas quienes fueron asesinadas a manos de los paramilitares y según datos del Cinep hasta 2005 datos registrados dan fe de por lo menos 15 mil crímenes de lesa humanidad.

Muchas familias de las víctimas siguen buscando sus cuerpos y una respuesta a esta pregunta: ¿En dónde estaba el Estado, cuando ocurrió la barbarie?
Fotos: Notimundo

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miércoles, octubre 01, 2008

La política de ‘mortandad democrática’ de Uribe ha dejado más de 13.634 asesinatos políticos
La investigación realizada por una coalición de ONG así lo señala y advierte que en la gran mayoría de estos crímenes están involucrados la fuerza pública, otros agentes del Estado y paramilitares del régimen
Por Camilo Raigozo. Voz


La imagen demuestra que a Uribe le da mucha 'lidia' respetar los derechos humanos

El pasado 22 de septiembre, una Coalición de mil ONG defensoras de los derechos humanos le presentaron un informe a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en el que denuncian que más de 13.634 personas habían sido asesinadas, hasta esa fecha, por causas sociopolíticas desde que Álvaro Uribe Vélez asumió el poder el 7 de agosto de 2002.

El informe cuyo destinatario es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hace énfasis en que, en la gran mayoría de esos crímenes están involucrados miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado y paramilitares.

“Los nexos entre agentes del Estado y las bandas de paramilitares continúa vigente”, dice el documento. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hará un detallado examen del estado de los derechos humanos en Colombia, el próximo diciembre.

El documento presentado por la Coalición de ONG también señala que en la administración de Uribe han aumentado de forma inimaginable las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, las torturas, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, con el agravante de que la tendencia y los esfuerzos del gobierno es a que todos los crímenes queden en la impunidad.

Mientras Uribe en su discurso, repleto de falsedades, ante el auditorio en el marco de la 63 Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, defendía su gestión y presentaba cifras alegres sobre los alcances de su política de “seguridad democrática”, como eufemísticamente denomina lo que realmente ha sido una política de mortandad democrática, la verdad es bién diferente.

Uribe le miente a la ONU

Mencionando las propias cifras oficiales, la Coalición denuncia que al contrario de lo que manifiesta el gobierno, el paramilitarismo no ha sido desmantelado, que sus estructuras económicas, políticas y sociales están intactas y que al menos 9.000 paramilitares de ultraderecha siguen asesinando, desapareciendo, torturando, amenazando, desplazando y cubriendo de dolor y luto el territorio nacional.

Uribe sostiene que desde el 2006 el paramilitarismo se acabó con la desmovilización de 31.000 criminales.

La investigación agrega que sólo 116 de esos paramilitares están siendo investigados por sus crímenes y que ninguno ha sido condenado, lo que deja al proceso Uribe-‘paras’, como la más vergonzosa y aberrante burla a los derechos de las víctimas y de sus familiares.

Álvaro Villarraga, de la ONG Cultura Democrática, le dijo a los medios que "lo que es preocupante, e indica un retroceso, es que hay una mayor participación (en los crímenes) de miembros de la fuerza pública y organismos del Estado".

Villarraga sostiene que el amplio respaldo que Uribe recibe en las encuestas, “es el resultado de una diestra estrategia del gobierno, que destina el 6% del Producto Interno Bruto al gasto militar, para promocionar la disminución de la inseguridad y la derrota de las Farc como sus mayores logros.

"El gobierno ha empleado una estrategia muy habilidosa creando un monstruo con las Farc que impide ver el holocausto provocado por los paramilitares: miles de fosas, miles de víctimas, millones de desplazados", especificó Villarraga a los medios.


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¡Confirmado!
Gringos dirigieron «Operación Jaque»
El FBI se llevó a Washington un computador con valiosa información después de la operación de rescate
Por Hernando López. Voz

La solicitud de extradición de Gerardo Antonio Aguilar Ramírez («César») y Alexander Farfán Suárez («Gafas»), presentada a las autoridades colombianas por la Secretaría de Justicia de Estados Unidos, confirma que fueron los gringos los que dirigieron y participaron en la «Operación Jaque», que permitió la liberación de Ingrid Betancourt, los tres agentes norteamericanos y once integrantes de la Fuerza Pública.

En efecto, en el documento se consigna que agentes del FBI de los Estados Unidos, al momento de la captura de Alexander Farfán Suárez («Gafas»), le incautaron un computador con copiosa información, que es la base para la demanda de la extradición.

Dicho computador fue llevado a Estados Unidos y nunca reportado y menos entregado a la Fiscalía General de la Nación.

Farfán le ocultó esta información a sus abogados, que al conocer el hecho decidieron renunciar a la asistencia jurídica de los dos detenidos en la «Operación Jaque».

Aunque el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, desmintió hasta la existencia del computador, el hecho fue confirmado por alias «Gafas» y está consignado en la solicitud de extradición.

Abogados, consultados por este semanario, aseguraron que es una violación de la soberanía nacional, porque ni siquiera la Fiscalía conoció del hecho. «¿Cómo es posible que agentes del FBI detengan a estas personas, se lleven las evidencias y nadie diga nada?», se preguntó uno de ellos.

«Ello es posible gracias al Gobierno arrodillado al designio estadounidense y porque la ‘Operación Jaque’ siempre estuvo bajo control de los agentes de Washington», dijo otro abogado. No hay la menor duda de que fue así.

Lo corroboran los abogados Eduardo Matyas y Rodolfo Ríos, quienes tenían a su cargo la defensa de «César» y «Gafas ».
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Ambos renunciaron a la defensa, porque fue evidente que sus asistidos les ocultaron información primordial para su actuación, así como también denunciaron la no existencia de garantías procesales, el debido proceso y la investigación integral.

A cuentagotas, como lo advirtió este semanario en su debida oportunidad, se está conociendo la realidad de la ‘Operación Jaque’, que permitió la liberación incruenta de 15 rehenes en poder de las FARC.

Antes se conoció que los participantes en la misión utilizaron el emblema del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de las cadenas de televisión Telesur y Ecuatelevisión.

Ahora se conoce que agentes del FBI no sólo estaban ahí sino que de manera abusiva y sin ninguna resistencia del general Montoya y los mandos militares se llevaron el computador de «Gafas», de cuya existencia se conoce apenas cuando solicitan la extradición de ambos.

¿Qué otras facetas de la ‘Operación Jaque » se conocerán más adelante? Es una caja de secretos que no deja de sorprender a los colombianos, mientras se pierde la credibilidad de los que dijeron al comienzo que no habían utilizado emblemas internacionales y luego que era una operación estrictamente colombiana y sin participación extranjera.

El feliz resultado de la misión no puede dejar de lado la cantidad de irregularidades e ilegalidades que se cometieron en su ejecución.


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Escándalos y operetas
Por: Reinaldo Spitaletta

No hay tiempo para la monotonía. Un día aparecen muertos y “dados de baja” como guerrilleros 11 muchachos que habían desaparecido. Otro, un asesor presidencial se duele porque, a diferencia de Goebbels,

él no tiene seis mil empleados a su servicio ni un aparato de propaganda, para propalar, por ejemplo, que en esta “arcadia feliz” no hay paramilitares, ni desplazados, ni miserias. Y así, un día un escándalo; otro, una tragedia.

En los corrillos, se comenta que las cárceles, como decir Bellavista, están plenas de robagallinas y rateros de poca monta, al tiempo que conceden “casa-finca” por cárcel a un respetable ex director de Fiscalías, hermanito del Ministro del Interior y de Justicia,

acusado de cinco delitos de la mayor gravedad, pero, según la juez 17 penal de Medellín, el implicado en presuntos nexos con el paramilitarismo y el narcotráfico no representa un peligro para la sociedad.

Decía que no hay espacio para la rutina. El señor Ministro del Interior sigue incólume, no renuncia porque el Presidente no se lo ha pedido ni se lo pedirá, y, bueno, ya sabemos que aquí es poco el decoro y menos la elegancia.

Que esas virtudes están condenadas al ostracismo. Por eso —se dirá— es rico estar en el poder: para ejercer clientelismos, para burlarse de los pobres, para mentir, para perseguir huelguistas. O para decirle a la oposición: “No renunciamos y qué”, que ha sido un prepotente estilacho de gobierno.

Así, es fácil arrebatarle el micrófono a un dirigente obrero porque lo que dice no está dentro de los cánones oficiales, o difundir con propósitos de machería aquello tan sonado de “te pego en la cara, marica”.

O desviar la atención con acusaciones patéticas a viejos gobiernos de haber transado con el narcotráfico y todo para que el caso de la visita de un delincuente a Palacio no trascienda. Mejor dicho: sabroso estar en el poder, porque se puede hacer lo que nos venga en gana.

Qué importa si se conspira contra la Corte Suprema. O si se realizan montajes de opereta contra algún magistrado. Y qué importa, además, si el pariente del Ministro está acusado de delitos, como concierto para delinquir agravado, si es que en los momentos de su captura el Mininterior estaba en funciones presidenciales y eso da tono.

Y la posibilidad de dar casa por cárcel a alguien que “ha puesto en riesgo a las instituciones del Estado”. Porque para eso se portan apellidos de cacique, caramba.

Y el hermano mayor protege al menor, que así pasa en las familias de bien. Y si el menor carece de talento, qué importa, que ahí está el grande para hacerlo nombrar y ascender. Ni más faltaba, o para qué es, pues, el poder. Que se necesita un puesto como inspector, ahí está.

O que eso es muy perrata, entonces lo colocamos como director de Fiscalías. ¿Y si de pronto estalla un escándalo? Qué importa. No ha sido ajena la cofradía a tales modalidades, como pasó, digamos, con el caso Dragacol, ¿te acordás?

Decía que en los últimos tiempos no ha habido lugar para el aburrimiento. Un escándalo ayer, otro hoy; un falso positivo allí, un destape de grabaciones allá. Lo paradojal, sin embargo, es que con tanto acontecimiento aquí no pasa nada. Ni con el maridaje entre política y narcotráfico, ni menos con el de política y paramilitarismo.


Ni con todas las revolturas posibles. Hace años, Uribe acusó a su hoy Mininterior de fraudes electorales y hasta le dio en la cara; el otro ripostó no con rectos ni ganchos sino con que el defraudador electoral era aquél. Pero, bueno, arrieros somos y en la “Casa de Nari” nos encontramos. Y si es a bordo de una cuatrimotor, mejor.

martes, septiembre 30, 2008

Ante la impunidad piden a la CPI investigar los crímenes del paramilitarismo en Colombia
Por camilo Raigozo

La Federación Internacional de los Derechos Humanos, Fidh y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, organización miembro colombiana, pidieron este martes 30 de septiembre a la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, que sea ella la que investigue los crímenes perpetrados por el paramilitarismo en Colombia.

La Fidh y el Colectivo de Abogados, presentaron a la CPI un documento en el que denuncian el estado de impunidad que reina sobre los crímenes realizados por el paramilitarismo en Colombia entre los años 2002 y 2007

Para las dos organizaciones defensoras de los derechos humanos, la falta de voluntad y de capacidad de las autoridades colombianas para asumir con seriedad dichas investigaciones y procesar a los responsables, apuntan a que los crímenes queden en la impunidad.

Aprovechando la visita en agosto pasado del fiscal de la CPI Luís Moreno Ocampo, le fueron entregados documentos donde se denuncia que la movida del presidente Uribe de extraditar a 14 cabecillas paramilitares a EU, demuestra la falta de voluntad y la incapacidad de las autoridades, de investigar y procesar a los criminales.

Según el Colectivo de Abogados y la Fidh, desde el año 2005 la CPI ha estado recibiendo este tipo de información que deja mal parado al gobierno colombiano.

Por esta razón, invocando el principio de complementariedad, es a la CPI a quién le corresponde asumir las correspondientes investigaciones para evitar la impunidad, que buscan a toda costa los autores intelectuales y materiales de la barbarie en Colombia.


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lunes, septiembre 29, 2008

ONU pide al Gobierno poner fin a la aparente ola de ejecuciones extrajudiciales
Por: Agencias

"La Oficina pide a las autoridades que coordinen sus esfuerzos para esclarecer y poner fin a la práctica y a un patrón de aparentes ejecuciones extrajudiciales, tomando medidas urgentes para prevenir, investigar, castigar y dar publicidad a los autores intelectuales y materiales de estos actos", dice un comunicado de las Naciones Unidas conocido este lunes 29 de septiembre.

De esta forma, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas persuadió al gobierno de Uribe a que ponga fin a una aparente ola de ejecuciones extrajudiciales y planteó la posibilidad de que las responsables sean las fuerzas de seguridad del Gobierno.

"La desaparición y muerte de gente joven de otras ciudades a las que, según varios relatos, se les prometió trabajo en otros departamentos y un par de días después se informó de sus muertes en combates con el ejército", denuncia uno de los apartes del comunicado del ente internacional. Agrega que al menos 35 personas han muerto en esas mismas circunstancias desde el pasado mes de febrero.

"Si se comprobase que los responsables fuesen miembros de la Fuerza Pública, ya sea directamente o mediante la tolerancia, el consentimiento, la complicidad o el apoyo de este tipo de acciones, se trataría de graves violaciones a los derechos humanos", advirtió esa dependencia de la ONU.


domingo, septiembre 28, 2008

¿Un problema encapuchado?
Por Red Revuelta

Hace no mucho tiempo en un país muy lejano llamado Universidad Nacional de Colombia aparecieron unas amenazas del Bloque “Carlos Castaño” de las AUC contra los estudiantes “guerrillerosos” (signifique lo que signifique esto).


Sindicaba a los estudiantes de las huertas, a los de las ollas comunitarias, a los de los cine clubes, a los de los grupos de trabajo, a los del centro de investigación en biotecnología, a los agrónomos, a los de humanas, a los de derecho y ciencias políticas, a los economistas, a los matemáticos, a los perezosos, a los estudiosos, a los cariñosos, a los cristianos,

a los hare krishna, a los tao, a los punks, a los metaleros, a los candys, a los hippies, a los que van el domingo al estadio, a los que el Domingo duermen y a los que salen a la ciclovía, a los que les gustan los juegos de video y a los que les gusta bailar carranga, entre otros;

de ser potenciales, sino actuales colaboradores, simpatizantes, gustadores, medio simpatizantes, medio gustadores, oidores, leedores y de sonrisita fácil pero oculta con “la guerrilla” y el “comunismo disfrazado”.

Viendo la dramática situación anterior y los medios de comunicación, siendo como son, fiscales de los poderes públicos y críticos incansables de lo que está mal, decidieron en una valerosa acción conjunta, emprender una patriótica y desinteresada campaña para denunciar el grado de infiltración de “la guerrilla” en la Universidad Nacional.

Y así, por medio de una serie de arduas investigaciones que tuvieron su punto culminante en grabar por 5 minutos todos aquellos que entraban a la universidad; y a través de un profundo y exhaustivo trabajo periodístico de consulta a jefes de policía y concejales uribistas -en esas épocas muy ocupados sacando y votando “proyectitos” antes de ir a la cárcel-,

los medios concluyeron, gracias a su sabiduría salomónica y su conocimiento iluminador, que algo no andaba bien en las universidades públicas y mucho menos en la nacional.

Y aunque para muchos incrédulos suene raro, los medios tenían razón: Algo no anda bien en las Universidades Públicas y la Nacional no es la excepción.

Algo no anda bien este año, porque buena parte de los representantes estudiantiles ante los distintos órganos de la universidad nacional han sido amenazados de muerte -en repetidas ocasiones- sin que medida alguna se haya tomado;

varias oficinas estudiantiles han sido requisadas de una manera por lo menos ilegal por parte tanto de la policía como de la vigilancia privada sin que nadie haya dado la cara públicamente por eso;

y para colmo este año algunos estudiantes han sido objeto de agresiones e intentos de asesinato por parte de personas que se reconocen a si mismas como paramilitares, con el consecuente abandono del lugar y la gente con la que se estudia, pero tranquilos cuando se trata de estas cosas, los medios nada han dicho al respecto.

Y no anda bien que se reseñen como motines violentísimos a las manifestaciones pacíficas -como el caso de El Espectador refiriéndose al “pupitrazo” del 16 de Mayo como un acto de encapuchados y violentos que pudo ser controlado-,

no anda bien tampoco que siempre se de cuanta de la captura masiva e indiscriminada de estudiantes por mil y un cargos, pero no de las también masivas liberaciones por falta de pruebas -como en el caso de las protestas en la Universidad Pedagógica o la Univalle el primer semestre del año,

de decenas y decenas de estudiantes detenidos después de las protestas, salvajemente golpeados y luego liberados por ausencia total de pruebas e indicios serios de cualquier cosa- o no anda bien el extraño gusto que los medios han desarrollado por las acusaciones alegres,

carentes de los más mínimos principios de realidad, que le gusta hacer a los “informadores” sobre el movimiento estudiantil y las organizaciones que en el actúan -como la invención a finales del 2006 y durante todo el 2007 del “plan anarcos”,


que sería una supuesta plataforma para estudiantes guerrilleros, o la invención de un “bloque internacionalista y revolucionario” responsable de todos los disturbios, refriegas y manifestaciones de Bogotá- .

Y anda mal que los medios reseñen a los estudiantes como un fastidio o como un terrorista en potencia y anda mal que la rectoría y los burócratas de distinto pelambre se apresten a “facilitar” fotos, perfiles y horarios de sus estudiantes a la policía y anda re mal que el estudiar en las universidades públicas sea suficiente justificación para ser detenido y encarcelado.

Si, la situación de los Derechos Humanos en las Universidades Públicas anda mal. Pero no es lo que le preocupa a los medios.

¿Les preocupa entonces a los medios, que el presupuesto de este año asignado a las universidades es menor que lo que creció el índice de precios al consumidor?

¿Que desconociendo la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad del famoso “articulito” 38 del Plan Nacional de Desarrollo del año pasado, el gobierno siga insistiendo en que las universidades de orden nacional concurran en el pasivo pensional?

¿Que la Universidad Nacional sede Bogotá tenga el 80% de su área construida en riesgo de venirse abajo, pero que el dinero se invierta en hacer andenes y que las losas de estos sean proveídas por la empresa de la familia del Vicerrector de Sede ?


¿Que de 65 mil estudiantes inscritos en esta universidad pasen 5 mil?

¿Que en una Universidad Pública haya cada vez más estudiantes de estrato 5 y 6 y menos de 0, 1 y 2 cuando en el país la tendencia es la contraria? ¿Que la deserción en esta universidad en los tres primeros semestres sea del 57%?

¿Que la Universidad Nacional solo tenga aspirantes inscritos del 41% de los municipios y admitidos regularmente de menos del 15%?

¿Que que nada mas 5 de cada 100 jóvenes tengan acceso a la educación superior en Colombia según el mismísimo Banco Mundial?

¿O quizás, que el gobierno con la reforma a la ley de transferencias vaya a recortarle 23 billones de pesos a la educación, que gracias la tasa de deserción en las escuelas colombianas, la mas alta de Sudamérica,


se haga ilusorio el crecimiento en cobertura o que la educación se haya convertido para el Ministerio de Educación en un “servicio” mas ofertado para mejorar el capital humano?

¿Les preocupa que el presidente tenga 2 delegados directos en el consejo superior universitario de la universidad nacional y un tercero indirecto que es el ministro de de educación -la ministra- y los estudiantes, que representan el 90% de la población universitaria nada mas 1?

¿Les preocupa que los rectores con cierta independencia estén amenazados por las águilas negras -como el de Univalle- y que los que no la tienen sean sindicados ellos mismos de amenazar estudiantes -como el de Córdoba- a?

¿Les preocupa el hacinamiento de 60 alumnos en un solo curso, atendidos todos por un solo profesor mal pagado? ¿El hambre en las aulas? ¿Qué las escuelas y jardines sean utilizados como escudos por el Ejercito?

No y no. A los medios no les interesan estas cosas que si para los universitarios son problemas para ellos son ventajas. Lo que les preocupa es que los estudiantes se encapuchen ¡Madre mía, el fantasma del comunismo ahora ya ni siquiera tiene rostro!

¿A qué universitario en su sano juicio se le ocurriría encapucharse en un país donde desde el año 2000 por lo menos han sido asesinados 30 estudiantes según consta en las denuncias presentadas a la defensoría del pueblo, y ninguno de estos asesinatos a sido investigado?

¿A qué universitario se le ocurre semejante barbaridad cuando a diario se entera del asesinato de sindicalistas, desplazados y campesinos, pero no ve por ningún lado, que esto sea noticia para los medios?

¿A qué ser racional se le puede siquiera pasar por la cabeza aquella monstruosidad estando en un país que ha logrado incorporar la militarización, los controles policiales, la delación y el terror a su vida diaria?

¿Cómo se le ocurre a alguien semejante vandalismo, en un país en donde las empresas de seguridad son controladas por paramilitares, la policía no se hace responsable de las torturas que comete, los antimotines arrojan a los niños pequeños a los ríos -como en el Cauca-


y le parten la columna a mujeres embarazadas -como en los desalojos del cartucho- y los militares matan a por lo menos a dos personas a la semana en ejecuciones extrajudiciales? Definitivamente a nadie que razone como razonan los medios.

Pero para los que no razonan como lo hacen ellos, la situación está mal. Los problemas más acuciantes del país son encapuchados por los medios. Y así en medio de la impunidad y la pobreza los medios se tapan.

¿Qué mejor para encubrir su propia estrategia que señalar como enemigo público a los críticos que no aceptan su encapuchamiento de los problemas? ¿Qué mejor chivo expiatorio que los estudiantes? Hay que des-encapuchar a los medios.


El derecho democrático de organizarse, decidir y luchar se conquista organizándose, decidiendo y luchando.

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Los nuevos cacaos
Otro nuevo cacao es el exitoso contratista paisa William Vélez Sierra, el amigo no sólo del presidente sino de sus hijos
Por María Jimena Duzán

Sin embargo, tras casi siete años de régimen uribista, el relevo en el cacaoísmo nacional es total. Empresarios como David Murcia Guzmán, el rey del dinero fácil, dueño de la multinacional DMG, la empresa que ofrece beneficios descomunales a sus clientes,

son el epítome de los nuevos cacaos de la Colombia de hoy, por no hablar de Felipe Sierra, hasta hace poco un exitoso contratista de seguridad paisa, que infortunadamente cayó preso acusado de trabajar para 'Don Mario'.

A diferencia de Julio Mario, David Murcia es de extracción humilde. No estudió en prestantes universidades gringas porque le tocó comenzar a trabajar desde los 15 años y sus pinos como comerciante los hizo en La Hormiga, Putumayo, a donde llegó en 2003 en momentos en que el Plan Colombia irrigaba con subsidios a sus habitantes para sacarlos (sin mucho éxito) del negocio de la coca.

Hoy, a sus escasos 27 años, dirige una empresa de captación de dinero que produce una rentabilidad sin parangón en ningún sector de la economía formal.

DMG es producto de esa elasticidad de la ética pública ahora tan en boga en este gobierno.

No de otra forma se explica que durante estos seis años las pirámides se hayan reproducido como conejos y que ahora muchas de ellas estén haciendo agua sin que el Estado hubiera anticipado medidas para evitar que cientos de colombianos estén hoy afectados por estos culebreros del dinero fácil.

Desde luego el caso de DMG es bastante más complejo: no se ha desplomado, como ha sucedido con otras de su especie, ni las tremendas suspicacias que suscita el misterio de su capital semilla han impedido que su clientela crezca: entre sus afiliados se cuentan no sólo personas humildes, sino empleados de multinacionales.

De todas formas, la manera fácil como DMG ha conseguido salirse con la suya dice mucho de la permisividad del Estado en estos casos: a pesar de que a nadie le salen las cuentas, David Murcia sigue campante insistiendo en que no son una pirámide y en que su sostenibilidad se debe a la venta de tarjetas prepago.

El Estado no encuentra cómo ponerlos en cintura y su dueño, consciente de ese vacío, sigue tranquilo, defendiéndose de quienes lo acusan sin pruebas de ser para o lavador de dinero.


Dependiendo del rasero ético que apliquemos -me decía acertadamente una amiga-, David Murcia puede ser el próximo Nobel de Economía o el más astuto de los estafadores.

Confieso que yo era proclive a creer más en lo primero que en lo segundo, pero cambié de parecer cuando supe que el abogado de DMG era Abelardo de la Espriella, otro exitoso figurín producto de este régimen, reconocido no sólo por ser el abogado de una buena parte de los para-políticos presos en La Picota, sino por ser una de las personas más cercanas al fiscal Iguarán.

Otro nuevo cacao es el exitoso contratista paisa William Vélez -favor no confundir con el escudero del Presidente en el Congreso, el mismo que se estrenó en la política bajo la batuta de Pablo Escobar-.

Me refiero a William Vélez Sierra, natural de San Pedro, Antioquia, el amigo no sólo del Presidente sino de sus hijos, otros, cuyo éxito empresarial los tiene muy cerca de entrar en la lista de nuevos cacaos -a su corta edad ya se desenvuelven como pez en el agua en el sector del manejo de las basuras y en el de las artesanías-.

Durante estos seis años de gobierno, William Vélez Sierra ha logrado amasar una inmensa fortuna: se ha ganado las más importantes concesiones viales, como la de la malla vial de Cúcuta y la del corredor vial Bogotá-Girardot-Cajamarca, y participa de megaproyectos tan importantes y controvertidos como la nueva construcción del aeropuerto

El Dorado, concesión que acaba de ser extendida 12 años, luego de un abrupto cambio en el contrato, hecho que podría convertirla en un nuevo Commsa.

"Tras un cálculo arbitrario de su fortuna, a William Vélez se le ubica entre el banquero Luis Carlos Sarmiento y el industrial Carlos Ardila",

reza una frase de un perfil suyo aparecido en El Tiempo, su nuevo socio en la licitación para el tercer canal de televisión -sí, como lo oyen:

William Vélez tendría una participación en el grupo comandado por Planeta que podría llegar al 12 por ciento, hecho que debe haber puesto a temblar a los demás proponentes-.

En sólo seis años, estos nuevos cacaos han alcanzado cimas empresariales que a los anteriores cacaos les tomó media vida. ¿Terminaremos añorando a Julio Mario?

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P: Me han contado que los 'ovidios' y los 'angelinos', esos dos portentos de idoneidad que acaban de ser elegidos magistrados de la sala disciplinaria del CSJ, van a empezar a aceptar tutelas contra la sala penal de la Corte Suprema y que la primera posiblemente sea la del ministro Diego Palacios contra la sentencia de Yidis. ¿Se cocina por ahí el fin de la Yidis-política y de la para-política?

Los investigadores
¿Quién puede esperar un proceso claro y justo en la Comisión de Acusaciones, cuando los investigadores son beneficiarios del clientelismo gubernamental?
Por Daniel Coronell

Resulta inexplicable que nadie haya recusado a los representantes a la Cámara que investigan al Presidente de la República por el presunto delito de cohecho.

Ellos deben establecer si el mandatario entregó o no prebendas burocráticas a congresistas. Lo asombroso es que dos de los tres investigadores han recibido puestos del gobierno.

Como si fuera poco, el historial de estos miembros de la Comisión de Acusaciones parece más de investigados que de investigadores.

Empecemos por el presidente de la Comisión, el representante conservador de Cauca José Gerardo Piamba Castro. Por lo menos tres recomendados suyos han recibido puestos durante el gobierno Uribe. Una de ellas, Liliana Riomalo, en el Seguro Social de Cauca.

El segundo se llama Néstor Alfonso Dorado y está al frente del Centro de Comercio y Servicios del Sena en Cauca. Y el tercero, Diego Guzmán Alegría, miembro de la lista de Piamba en 2002, fue nombrado gerente del aeropuerto de Popayán.

Algunos ahijados políticos de Piamba fueron nombrados después de procesos de 'meritocracia', pero el concurso es una mera formalidad. El gobierno tiene una categoría no oficial llamada "meritocracia cerrada" para nombrar a las fichas de los congresistas, cuyos favores necesita.

La "meritocracia cerrada" consiste en pre-clasificar para un concurso de selección, solamente a los recomendados del político al que le corresponde el puesto. De esta manera se cumple con las formas y se sigue con el clientelismo.

Pero ahí no termina la historia del flamante investigador José Gerardo Piamba. Dos hijos suyos, tres hermanos, su ex esposa y su cuñada están involucrados en una estafa por 14.000 millones de pesos en la ejecución de un proyecto de vivienda de interés social llamado 'La casita azul'.

Hace unas semanas un juez de Popayán condenó a seis años de cárcel a Isabel Cristina Ceballos Sierra, la ex esposa de Piamba, por estafa, captación masiva y habitual de dinero, urbanización ilegal y falsedad en documento privado.

Ella era la representante legal de Corpopaz, la entidad que defraudó a cientos de familias que buscaban tener una casa de interés social.


Los otros miembros de la corporación son los hijos del representante investigador, Margarita Andrea y Cristian Piamba Ceballos; los hermanos del parlamentario, Pedro, María del Carmen y Mónica Piamba Castro, y su cuñada Cielo Marina Ceballos Sierra.

Al lado de Piamba, en el proceso de absolución del Presidente, trabaja el representante chocoano por Cambio Radical Édgar Eulises Torres.

Este congresista también ha recibido del gobierno su tajada burocrática. En Comcaja Chocó, le nombraron como director a Freddy Gómez Sanclemente.

Al frente de la oficina de registro de Itsmina está otro recomendado suyo: Albín Sánchez Rojas. Sonia Damaris Valdés fue vinculada a la Superintendencia de Notariado, como cuota del parlamentario.

Édgar Eulises Torres es investigado por su presunta relación con el extraditable Olmes Durán Ibargüen, alias el 'Doctor'.

Una conversación que las autoridades le interceptaron al capo menciona al congresista pidiendo comisión sobre un multimillonario negocio para la distribución del Aguardiente Platino.

El gerente del consorcio ganador del polémico contrato le dice a alias el 'Doctor': "Por ahí me estuvo llamando el amigo Édgar Eulises, que quería hacerle una propuesta… lo del porcentaje".

Otro miembro de la Comisión de Acusaciones, el representante Carlos Ramiro Chávarro, no está investigando al Presidente sino al magistrado César Julio Valencia, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, denunciado por el mandatario.

Chávarro tampoco se quedó por fuera del reparto. Un recomendado suyo, Camilo Castrillón Quintero, fue nombrado director regional del Sena en Huila.

¿Quién puede esperar un proceso claro y justo en la Comisión de Acusaciones, cuando los representantes investigadores son beneficiarios del generoso clientelismo gubernamental?

¿Tienen autoridad moral para actuar como jueces personas con tantas explicaciones pendientes?

Los embajadores
Por Antonio Caballero

Cómo van a ser embajadores esos colombianos que tienen que rebuscar en el mundo la seguridad para sus vidas que no encuentran aquí

Dijo Juanes, el cantautor, que “mucha gente va por el mundo haciendo patria, incluso los inmigrantes que han tenido que dejar el país para ayudar a sus familias. Ellos también son embajadores”.

A los empresarios y gente de negocios que en la fiesta de la revista Portafolio aplaudieron las palabras de Juanes les debieron parecer muy bonitas, muy solidarias, muy chorreantes de buenos sentimientos.

Y, al aplaudirlas, debieron sentirse ellos mismos también muy solidarios y muy bonitos, antes de pasar a manteles. Pero las cosas no son así.

Los inmigrantes de que habla Juanes lo son en otros países, cuando los dejan llegar allá, legales o ilegales: y está en el capricho de cada país decidir si los aceptan con generosidad o si los rechazan con egoísmo. Pero vistos desde Colombia son emigrantes. Se van de aquí. De aquí los echan. Aquí sobran.

La tan cacareada “confianza inversionista” no da para generar el empleo que necesitan, y menos teniendo la competencia de tanto desplazado interno como genera la tan cacareada “seguridad democrática”: tanto “migrante”, para usar la también bonita y también errada palabra del asesor presidencial José Obdulio Gaviria.

Los “inmigrantes” de Juanes, que son cuatro millones, y los “migrantes” de Gaviria, que son otros cuatro, (sumados, la quinta parte de la población colombiana) o sea, los desplazados externos e internos, económicos y políticos, no “van por el mundo haciendo patria”.

Van por el mundo porque los expulsaron de su patria los que se están quedando con ella, “refundándola”, como dicen en sus pactos de sangre.

Para venderla luego, y sacar fuera las ganancias. Los emigrantes colombianos salen huyendo de su patria, para que esa mala patria no los mate o no los deje morir de hambre.

Y no son, por supuesto, embajadores. Son fugitivos del desastre, supervivientes del naufragio. Embajadores: qué bien suena, qué bonito, y sin duda, qué eficaz en términos prácticos: “Recíbanme ustedes aquí en España, o en los Estados Unidos o en el Ecuador, porque aunque parezca un refugiado en realidad soy un embajador”.

Cómo van a ser embajadores esos colombianos que tienen que rebuscar en el mundo la seguridad para sus vidas que no encuentran aquí, el sustento para sus familias que no encuentran aquí, en este país de la tan cacareada “cohesión social”. Los embajadores de verdad son otros.

Los embajadores, con título y con sueldo y con gastos de representación, son, por ejemplo, este señor Salvador Arana, embajador en Santiago de Chile y hoy preso por asesinato de campesinos y organización de bandas paramilitares cuando era gobernador de Sucre;

y este señor Jorge Noguera, cónsul en Milán, hoy investigado por asesinato de sindicalistas y protector de esas mismas bandas narcoparamilitares cuando era director del DAS;

y este señor Luis Camilo Osorio, embajador en México, hoy acusado de encubridor de narcoparamilitares cuando era Fiscal General de la Nación; y este señor Juan José Chaux, embajador en Santo Domingo, acusado de alianzas con los narcoparamilitares cuando era gobernador del Cauca;

y este señor Sabas Pretelt, embajador en Roma, acusado de cohecho para permitir la reelección presidencial cuando era ministro del Interior y de Justicia (los narcoparamilitares lo despidieron llorando).

Los embajadores verdaderos son esos. Y otros más, sus semejantes, que lejos de tener que “ayudar a sus familias”, como dice Juanes, son ayudados por ellas a obtener sus cargos y sus sueldos diplomáticos:


parientes de políticos, sus hijos y sobrinos, o políticos profesionales ellos mismos: como el ex presidente Andrés Pastrana, que aceptó un fugaz puesto de embajador en Washington; o como el ex presidente Ernesto Samper, que también aceptó, pero por razones ajenas a su voluntad no llegó a sacarle jugo, un puesto de embajador en París.

Esos son los embajadores. No es ningún honor, en los tiempos que corren, ser embajador de Colombia ante el mundo de esta tan cacareada “patria”.

Los emigrantes que han tenido que irse expulsados, y que por cuenta de esa clase de gente que los echó son recibidos con desconfianza en el extranjero no merecen que, por añadidura, venga un cantante a insultarlos llamándolos también a ellos “embajadores” y diciendo que están “haciendo patria”.

El desplome anunciado
Por: Eduardo Sarmiento

La economía se quedó sin sectores que lideren el crecimiento y arrastren al resto. El alza de las tasas de interés determinó una severa contracción del crédito que indujo la caída de la vivienda, los automóviles y finalmente la inversión.

La información reportada por el Dane confirma nuestra anticipación de que la economía entró a mediados del año pasado en una fase de destorcida y se desplomó en el segundo trimestre. El producto nacional creció 3,7%, cifra que corresponde a la mitad de la registrada al final de 2007.

Lo grave es que la composición de la cifra es peor que su magnitud. El núcleo central de la economía, representado por la industria, la agricultura, la construcción y la electricidad, no explican ni un punto del crecimiento.

Aparte de la minería, que creció 7,8%, el modesto desempeño corre por cuenta de sectores que carecen de cifras confiables y tienen una naturaleza residual. La economía se quedó sin sectores que lideren el crecimiento y arrastren al resto.

No menos significativa es la información por el lado de la demanda. La inversión bruta aumentó 8%, y si se le descuenta el aumento de inventarios, la neta no llega a 5%, el consumo crece 2,8% y las exportaciones 11%.

Si se tiene que las exportaciones están deformadas por la sobrefacturación de las ventas a Venezuela, la demanda queda en nada. La producción no tiene la contraparte que la valide y sustente.

Es ampliamente aceptado que los planes y las teorías deben ser evaluados con respecto a los propósitos.

En diciembre, el Gobierno, los gremios y los centros de estudio encuestados por el Banco de la República proyectaban tasas de crecimiento superiores a 6% y hasta hace una semana el presidente de la Andi, el Ministro de Hacienda y distinguidos académicos sostenían que la economía crecería más de 5%.

Una discrepancia tan generalizada entre las previsiones y los hechos es una evidencia de que sus autores operaban alrededor de visiones equivocadas.

En general, se montaron en la creencia de que el crecimiento venía de afuera en la forma de inversión extranjera, privatizaciones y especulación y que el Banco Central autónomo lo consolidaba y aseguraba su estabilidad.

No se advirtió que la entrada de capitales no tiene las características de motor de crecimiento; por el contrario, dentro del marco de cambio flotante configura una burbuja especulativa de revaluación, elevación de las cotizaciones de la Bolsa y explosión del crédito, que no genera empleo ni es sostenible.

Por otra parte, el alza de la tasa de interés para combatir la inflación mundial fue un total fiasco; no logró el propósito y, en su lugar, contrajo la producción y el empleo. Las causas dominantes están representadas por la revaluación y el alza de la tasa de interés.

La revaluación ocasionó la quiebra de los sectores de confecciones, el cierre de empresas de flores, el desmantelamiento de la producción de materias primas y el desplazamiento del empleo.

Por su parte, el alza de las tasas de interés determinó una severa contracción del crédito que indujo la caída de la vivienda, los automóviles y finalmente la inversión.

A la contracción del sector externo se le agregó la del mercado interno, y en conjunto reventaron la burbuja y desataron el descenso de la producción.

Tal como lo infieren las cifras, la economía quedo sin sectores que lideren e impulsen el crecimiento y, lo peor, sin demanda que lo sostenga.

El Banco de la República y los áulicos buscan ocultar su responsabilidad, claramente registrada en sus predicciones fallidas, atribuyendo el desplome a factores externos.

Curiosamente, los mismos personajes durante el año del desplome mantuvieron sus vaticinios de crecimiento asiático, clamaron que la economía estaba blindada y recomendaron elevar la tasa de interés y comprimir el gasto público.

La explicación es más simple: sus teorías convencionales sobre inversión extranjera y tasa de interés resultaron al revés.

No se trata de simples disquisiciones numéricas. Si las causas del desplome vienen del exterior y son incontrolables, no hay razón para introducir modificaciones de fondo, sino cambiar las metas y esperar a que se corrijan las condiciones adversas.

Pero si la caída de la actividad productiva proviene de desatinos del Gobierno y del Banco de la República, el método científico y el sentido común sugieren reformular las teorías y cambiar los modelos e instituciones.

Ante todo, se plantea reconocer que la economía no ha logrado construir un motor de crecimiento que le dé continuidad y sostenibilidad y éste no aviene de afuera con estímulos de mercado.

Se requiere un desarrollo industrial fundamentado en el aprendizaje en el oficio que suministre las bases sólidas para la generación de divisas, la demanda y el empleo.

Lo más urgente, aceptar que la organización del Banco de la República de tipo de cambio flexible e inflación objetiva no corresponde a la realidad mundial.


El Gobierno y el Banco deben adoptar en forma explicita una modalidad de intervención cambiaria que no sólo eleve el tipo de cambio sino reduzca sus enormes fluctuaciones; bajar las tasas de interés y coordinar las políticas monetaria y fiscal con miras a detener el desplome de la producción; y acudir a instrumentos distintos a los monetarios para moderar las presiones inflacionarias externas.

Páguenles
Por: Ramiro Bejarano Guzmán

Como doliente directo del paro judicial que tampoco pudo arreglar Uribe no puedo estar feliz, pero de allí a que esté de acuerdo con las voces inflamadas de quienes incitan al Gobierno a que les dé bala a los jueces y fiscales o que los encarcele, hay mucho trecho.

Grandísimo error el de radicalizar el paro judicial, como parece quererlo un gobierno acosado por los escándalos, tantos que ya quedaron políticamente aniquilados el Ministro del Interior y de la Justicia y el Jefe de Prensa de la Casa de Nariño.

Valencia Cossio, porque aunque quiera hacer de tripas corazón con la captura de su hermano, más temprano que tarde va terminar doblegado por el piano que le ha caído encima.

César Mauricio Velásquez, porque con su insólita declaración de que no hablará más sobre el espinoso asunto de unas gravísimas sindicaciones en su contra lanzadas por un paramilitar pues en su nombre lo hará un abogado, hoy es el único jefe de comunicaciones que no puede comunicar directamente sino por boca de otro.

Volvamos al tema del paro judicial y la temeraria solución que el Gobierno podría darle a un problema que él mismo creó. La forma simplista de creer que todo lo que está pasando es culpa de los funcionarios que han parado, no contribuye a la solución.

Antes de condenar a jueces y fiscales, es preciso averiguar la razón por la cual el Gobierno no ha reconocido el derecho de estos funcionarios a que les nivelen sus salarios.


Raro que quienes piden cadalso para los huelguistas, no exijan cuentas a los ministros de la Justicia y de Hacienda de este Gobierno que por su negligencia dejaron que todo llegara al estado actual de este conflicto.

Si los que piden fuete y bala venteada entendieran de qué están hablando, advertirían que son tan legítimos los derechos que están reclamando esos servidores del Estado, que nadie en el Gobierno se ha atrevido a decir que no tienen la razón o que es ilegal lo que exigen, sino que no hay plata para atender sus pretensiones.

Y entonces es allí donde hay que preguntarse ¿cómo fue posible que al Gobierno no le alcanzaron los recursos fiscales para pagar a los hombres de la justicia?

No se trató de un crédito imprevisto o de una carga sorpresiva, porque desde siempre quienes manejan las arcas del erario tenían noticia de que era cierta la responsabilidad estatal de nivelar los salarios de jueces y fiscales.

En qué han consistido el crecimiento de nuestra economía del año anterior o los ajustes fiscales decretados, y el fortalecimiento de las alcabalas oficiales, si la plata no alcanza para cumplir compromisos con otra rama del poder público, que además debe ser independiente.

No puede ser que el Gobierno tenga un doble discurso, para convencernos de que Uribe nos sacó de la miseria, pero que la bonanza no alcanzó para nuestros servidores de la justicia.

En los consejos comunales que cada semana conduce Uribe, al mandatario se le ve eufórico distribuyendo dádivas a diestra y siniestra, mal invirtiendo el gasto público, sin que ninguno de sus ministros se atreva a decirle que tenga cuidado con dilapidar lo que debería destinar a otros frentes para no propiciar el Estado “conejero”. Ese es el drama que subyace en la huelga judicial.

No es la primera vez que la justicia enfrenta soluciones de fuerza, como las que ahora le exigen al Gobierno para que conjure el paro judicial.

En noviembre de 1985, cuando el ataque asesino del M-19, la fuerza pública creyó que la forma de rescatar la ultrajada dignidad de la nación, era arrasando a todos. De aquella batalla infame los únicos héroes que quedaron fueron quienes murieron calcinados delante de los ojos del país entero.

El paro de los jueces hay que acabarlo adoptando las medidas que debieron tomarse a tiempo. La solución es pagar, lo demás es poner la seguridad democrática al servicio de la innoble causa de desaparecer la Rama Judicial.

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Adenda. Uribe tan bravo cuando a Yidis le dieron casa por cárcel, pero tan silencioso cuando el mismo beneficio ampara al hermano de su ministro del Interior.

¡Un periplo inútil!
Por: Felipe Zuleta Lleras

Calamitoso el viaje del Sr. Uribe a los Estados Unidos. Y no lo digo por el escenario que usó para desfigurar la realidad (lo que no es inusual en él), lo digo porque mientras allí pretendía exhibirle a la comunidad internacional lo indemostrable, el país se le acababa de desmoronar.

Se necesita ser el Sr. Uribe para vanagloriarse por los Estados Unidos vendiendo las bondades de un país donde en una semana más de 1.000 criminales fueron amparados por la impunidad gracias a un paro judicial que debería haber sido resuelto por un ministro cuyo hermano fue capturado por estrechos vínculos con el narco-paramilitarismo.

Por otra parte, mientras el don hablaba de su seguridad democrática frente a un auditorio semivacío en la ONU (eso sí, muy bullicioso por cuenta de los aplausos de Claudia Blum), 23 muchachos de Bogotá aparecieron asesinados en Norte de Santander por una presunta modalidad de desaparecimiento forzado con fines de ejecución.

Mientras el Sr. Uribe de forma sutil le hacía campaña a McCain entre los colombianos residentes en Estados Unidos, los demócratas veían semejante espectáculo con indignación y, por contera, se enteraban de que César Mauricio Velásquez, secretario de prensa de Palacio, conocido entre los hampones con el alias de El Curita, está presionando a alias H.H. para que no implique al ex embajador Cháux con el sórdido mundo criminal de los paramilitares.


¿Qué tal que el curita no fuera del Opus Dei? Mientras el candidato Obama le ratificaba por teléfono al Sr. Uribe su ¡NO! al TLC, en nuestro país las ONG denunciaban los hechos mediante los cuales 13.649 colombianos han sido asesinados durante el gobierno de la seguridad democrática.

Todos ellos ciudadanos que no pertenecen a grupos ilegales, es decir, personas que no estaban involucradas en el conflicto armado que, según don José Obdulio Gaviria, no existe.

Por supuesto que en parte el responsable de este desastroso y costoso periplo fue el joven canciller, quien por cierto ha resultado bastante bobancio y ni siquiera bueno para maquillar. ¡Mejor se hubieran llevado a Javier Murillo, el maquillador de las reinas!

Díganme si no resulta un exabrupto gastar, mal contados, 850 millones de pesos en un viaje dizque para mejorarle la imagen al país, mientras las agencias de noticias informaban al mundo sobre la captura del hermano del “presidente encargado de Colombia”.


¡Eso sí, por fortuna el Sr. Uribe se reunió con los presidentes de Turquía y Eslovenia, reuniones trascendentales para el futuro de la patria!

Y por último, el Sr. Uribe habló de paz, aun cuando de la única paz a la que podría haberse referido ante un auditorio medio vacío, es a la paz en las tumbas y fosas comunes de los miles de colombianos que han sido asesinados durante los últimos seis años.

Pero como no todo puede ser malo, cada uno de los discursos en tan pomposos atriles le servirá a don Álvaro como coartada para defenderse ante la Corte Penal Internacional, a la que no le dará “brega” encausar al habitante principal de la Casa de Nari. ¡Es sólo cuestión de esperar!

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Notícula: Indignante que mientras las prisiones del país están llenas de ladronzuelos, al hermano del ministro de Justicia le hayan dado finca por cárcel después de que se le acusa de cinco delitos muy graves. ¡Y pensar que a Yidis Medina la tenían en un patio de alta seguridad por instrucciones del gobierno!


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Después del arrasamiento
Por: Iván Cepeda Castro

Desde hace más de una década, las comunidades afrodescendientes de la zona de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Bajo Atrato chocoano, han resistido el ataque a su territorio.

Primero la violencia: trece desplazamientos forzados y más de 140 asesinatos y desapariciones forzadas, que los paramilitares perpetraron en tiempos de la comandancia del general (r) Rito Alejo del Río.

Luego se inició el control sobre las tierras para la siembra de palma de aceite y la extensión ganadera. Con ese fin se creó la Asociación de Pequeños Productores de Belén de Bajirá, Asoprobeba, con la representación legal de Sor Teresa Gómez, cuñada del jefe paramilitar Carlos Castaño y acusada de haber participado en el asesinato de la líder de los desplazados de Córdoba, Yolanda Izquierdo.

La siembra de palma de aceite la hicieron empresas como Urapalma, Palmura, Agropalma y otras once.


A través de asociaciones campesinas de fachada y de testaferros, los jefes paramilitares Vicente Castaño y alias Mono Leche, entre otros, erigieron un emporio empresarial en el que están comprometidos los Zúñiga Caballero, parientes de la ex directora de Fiduagraria y de Juan José Cháux, ex gobernador de Cauca;


el mismo funcionario que no ha podido explicar con claridad qué hacía en la reunión con emisarios de alias Don Berna en el Palacio de Nariño y otros nexos suyos con los paramilitares.

Las comunidades se opusieron al arrasamiento creando las zonas humanitarias y de biodiversidad, regresando a su territorio y erradicando la palma de aceite de sus tierras. Debido a sus incansables denuncias, la Fiscalía abrió una indagación contra 23 empresarios palmeros.

En la fase actual se intenta convertir la zona en un laboratorio de la consolidación del modelo agroindustrial, construido por medio del terror, empleando una estrategia que tiene múltiples formas: presencia de Águilas Negras, legalización de las tierras usurpadas, ofrecimiento de recursos públicos a cambio de acabar la resistencia, suplantación de los líderes comunitarios para legalizar el cultivo de la palma.

Como aspecto sustancial de la nueva fase de la estrategia criminal de control territorial se ha intensificado el ataque a la organización de derechos humanos que acompaña a las comunidades desde hace años, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Desde hace un mes, en forma cotidiana se reciben llamadas telefónicas en su sede, en las que se amenaza a los defensores de derechos humanos y a sus familias.

Uno de los acompañantes de las comunidades, Jimmy Janasosoy, fue secuestrado temporalmente en la zona y se tiene evidencia de que se iba a desaparecer a Abilio Peña y Danilo Rueda, dos de los líderes de la organización.

Estos hostigamientos se realizan en medio de una sostenida campaña que busca desprestigiar el trabajo de la Comisión de Justicia y Paz, y montar procesos judiciales arbitrarios contra sus miembros.


Después del arrasamiento de la población y de la tierra se pretende consolidar el modelo debilitando la resistencia comunitaria, asediando y desprestigiando a los defensores de derechos humanos, comprando la conciencia de quienes no cedieron a la primera fase de violencia, garantizando la impunidad de los empresarios y políticos criminales.

Este es el verdadero rostro de la consolidación de la seguridad democrática. Y debería ser el objeto del examen periódico universal de la ONU al que el Gobierno Nacional dice someterse “voluntariamente”.


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Tumbas secretas
Por: Alfredo Molano Bravo

El juez Baltasar Garzón, el mismo que asistió hace pocos días a la exhumación de 22 cadáveres de una fosa común en Urabá, ordenó, como juez de la Audiencia Nacional de España, abrir la tumba donde se halla enterrado el poeta García Lorca, cerca de Granada, con otros cuerpos, el de un maestro de escuela y el de un banderillero.

La familia de García Lorca, ultraconservadora, se opone, quizá por considerar que la tumba del poeta se convertiría en un monumento mundial contra el fascismo.

Lo que pasa con la tumba de García Lorca podría suceder aquí con la tumba del cura Camilo Torres, que se mantiene escondida porque el general Valencia Tovar y Fernando Torres, hermano de Camilo, decidieron ocultar el lugar de su entierro para evitar mantener viva la memoria del cura guerrillero.

Es la misma razón que defiende la jerarquía eclesiástica de España, la más reaccionaria del mundo. La desaparición de los cadáveres o su ocultamiento son, en el fondo, la misma estrategia usada por los paramilitares de botar los cuerpos a los ríos para que nunca sean identificados ni sirvan de base para abrir investigación alguna.

En España, la decisión de Garzón ha destapado una gran polémica: ¿Puede la familia de una víctima impedir que el Estado cumpla con su deber? En el caso de Lorca, los historiadores y las asociaciones de la Memoria Histórica han presionado para rasgar esa cortina negra y liquidar el fantasma que ronda a España desde el 39.

Y en nuestro caso, las asociaciones de víctimas deberían ser financiadas por el Estado y ser parte de la parte instructora de los procesos.

La caricatura de Betto aparecida en El Espectador el jueves pasado señala el origen del silencio que amarra a los gobiernos para abrir las tumbas: un general de tres soles le ordena a una calavera no abrir la boca.

La Memoria de Trujillo que acaba de ser publicada, trae una acusación terrible: los maestros en las técnicas para desaparecer víctimas fueron miembros del Ejército Nacional. Hoy, contra 12 ex militares que tenían mando en la zona la Fiscalía ha dictado orden de captura.

En el país la cifra de desapariciones forzadas es ya aterradora: 25.000 personas desde 1985. Ya casi alcanzamos a la Argentina, donde los militares botaron al mar, para no dejar huella, 30.000 cuerpos.

En España, con todo y guerra civil de un millón de muertos, se calcula que el número de cuerpos enterrados en tumbas secretas —o en las cunetas de caminos— puede pasar de 10.000. Son cifras que claman a la conciencia humana, si existe.

En nuestro ensangrentado país, en cada pueblo por donde pasó la violencia que no acaba de pasar, hay un cementerio clandestino.

O muchos. Y la mayoría no lo son en realidad, porque la gente sabe dónde están, quiénes están bajo tierra y a qué victimarios esconden; pero el terror no acaba de pasar. Cada día la Fiscalía abre nuevas fosas donde encuentra decenas de desaparecidos.

Lo grave es que esos hallazgos no van al mismo ritmo de las investigaciones judiciales, que normalmente se contentan con identificar el cadáver y entregárselo a los deudos.

Esos muertos enterrados no llegan sino excepcionalmente a donde deben llegar: a señalar vivos, a servir de fundamento para judicializar a los victimarios que aún andan orondos por calles, veredas, oficinas y cuarteles.

Sabemos que miles de colombianos, asesinados y destrozados, han sido botados al agua, como en los casos de Trujillo y de Buenaventura.

En Puerto Berrío, donde desde la masacre de Vuelta Acuña han sido asesinadas cientos de personas, una modesta asociación de víctimas desaparecidas, destripadas y arrojadas al río Magdalena, se reúne para echar rosas rojas y claveles blancos a las aguas, para que la gente del puerto no olvide.

Después de un par de años, a los dolientes de Berrío se han sumado los de Puerto Nare, Puerto Parra; mañana, sin duda, los de Cimitarra, Barranca, Simití, Aguachica y más allá: los del Naya, Mapiripán, El Salado, Apartadó. ¡Y que no pare la cuenta! Los desaparecidos que fueron desaparecidos y no tienen tumba, dejaron no obstante memoria.

Recogerla es uno de los más trascendentales deberes que tiene por delante el equipo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. No sé qué resortes habrán tocado Eduardo Pizarro, Gonzalo Sánchez, Álvaro Camacho y toda la nómina de respetables investigadores que componen el equipo, para que el gobierno de Uribe les aceptara meter mano en el tema de las masacres.

Lo que los colombianos pedimos ahora es que el Segundo Informe del equipo sea sobre la atroz masacre de El Aro, municipio de Ituango, departamento de Antioquia, antes de que desaparezcan los cementerios clandestinos, los dolientes —que llevan como una cruz el recuerdo de un ser querido asesinado en esa carnicería— y hasta los victimarios. Quienes cooperaron y ocultaron esos muertos, siguen tan campantes.


Apostilla. Una frase célebre del señor Presidente sobre los corteros de caña, citada por el Tribunal Permanente de los Pueblos en Bruselas: “Para sofocar la revuelta de los cortadores en el Valle, usen toda la fuerza posible, no escatimen en represión, si es preciso movilicen a todos los soldados de la patria”.


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