Caso Lucía Morett
“A quien debe sancionarse es a los autores intelectuales y a los ejecutores materiales de la barbarie”
Por padres y abogado

Hoy trascendió en los medios de comunicación que el gobierno de Colombia realizó una solicitud a la Interpol para que ésta emita una orden de captura internacional en contra de Lucía Morett Álvarez por "concierto para delinquir con fines terroristas" y "financiación del terrorismo". Dicha orden de captura ya fue liberada a sus 186 países integrantes.

Se trata de una violación más a los derechos humanos de la estudiante de la Unam y la continuación de la persecución política de la que ha sido víctima, luego de resultar gravemente herida en los bombardeos que realizó Colombia en Ecuador el 1 de marzo de 2008, mismos que fueron condenados por diversas instancias del sistema interamericano por tratarse de flagrantes violaciones al orden jurídico internacional.

Lucía desconocía hasta hoy que existiera este proceso judicial en su contra, por lo que nuevamente se le ha destrozado el derecho a contar con una defensa adecuada, prerrogativa reconocida en diversos instrumentos internacionales, tales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Remitirla a sus verdugos, a quienes la torturaron y a quienes asesinaron a cuatro jóvenes mexicanos en la ilegal acción militar es a todas luces aberrante y contraria a la justicia. A quien debe sancionarse es a los autores intelectuales y a los ejecutores materiales de la barbarie.

Lucía además de víctima tiene el papel de testigo, ya sea ante tribunales nacionales o internacionales del terrible atentado que se perpetró en agravio del pueblo ecuatoriano.

Nos pronunciamos por el respeto irrestricto a los derechos humanos de Lucía Morett, por el cese definitivo de la injusta persecución de la que es objeto y de los amañados procesos jurídicos iniciados para castigar a las víctimas y procurar impunidad a los criminales.

El gobierno mexicano debe poner un alto a estas agresiones y demandar la justicia plena para los connacionales víctimas de los delitos de lesa humanidad cometidos con la masacre de Sucumbíos y cuyo responsable confeso es el presidente Álvaro Uribe Vélez.

Jorge Morett y María de Jesús ÁLvarez

Padres de Lucía Morett

Lic. Hugo Rosas de León

Abogado de Lucía Morett

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Parauribismo/
Periodistas en la mira de los paramilitatres
Por Asociación Colombiana de Periodistas

2 de febrero 2009: Las Águilas Negras amenazan a 14 periodistas, sindicalistas y transportadores.

2 de Abril 2009 : Una llamada amenazante de muerte al editor de investigaciones , José Granados de El Heraldo, por las denuncias de corrupción en la CRA.

6 de Mayo 2009: La periodista Lucy Flores, de las noticias de Telecaribe recibe un sufragio y es declarada objetivo militar.

30 de Mayo 2009: Las Águilas Negras amenazan a 25 personas más, entre ellas periodistas y sindicalistas, la personera distrital, Lourdes Insignares,el secretario de interior Alfredo Palencia, un magistrado, un juez y el defensor de DD.HH, Humberto Torres. Fuente El Heraldo del día 3-7-2009

1 de Julio 2009: Atentado criminal contra el colega periodista del periódico La Libertad,Luis Adolfo Camacho Montaño.

A continuación el Comunicado de Prensa que expidió la Asociación Colombiana de Periodistas en relación a este hecho:

La Junta Directiva de la ACP Asociación Colombiana de Prensa reunida extraordinariamente aprobó ayer una proposición de solidaridad con el compañero Luis Adolfo Camacho Montaño y rechaza el atentado criminal de que fue objeto.

La ACP Seccional Atlántico, considerando:

1) Que el día miércoles 1 de Julio, a eso de las 9:20 p.m., cuando se disponía trasladarse hacia su residencia el colega: Luís Adolfo Camacho Montaño, luego de cumplir con su jornada laboral en el Diario La Libertad fue interceptado y agredido por pistoleros en la puerta principal del medio de comunicación como también el vigilante de turno.

2) Que en este mismo lugar los pistoleros lanzaron improperios y amenazas en su contra, quienes no contentos con su actitud dolosa, procedieron a despojarlo de su celular, una cadena y una esclava, no sin antes advertirle que poseían una lista de periodistas contra quienes atentarían.

3) Que la situación ha tomado proporciones de gravedad, si se tiene en cuenta que otros colegas de diversos medios de comunicación han sido objeto de intimidaciones a través de panfletos, como sucedió a José Granados del Diario El Heraldo, Lucy Flores del Noticiero Las Noticias de Telecaribe, entre otros.

Mediante este comportamiento delictuoso los autores intelectuales han pretendido que dichos periodistas puedan cumplir con su deber de formar sobre las presuntas irregularidades encontradas en diversas entidades oficiales y privadas.

Todos los colegas deben tener libre acceso y sin restricciones en todas las áreas de las entidades del Estado, con el ánimo de contar de la mejor manera posible la complicada historia de Barranquilla y el Atlántico.

A raíz de esos graves sucesos, resuelve:

1) Expresar nuestra Solidaridad con el compañero Luís Adolfo Camacho Montaño y con todos aquellos colegas periodistas que han sido objeto de intimidaciones.

2) Rechazar y condenar este tipo de atropellos y atentados intimidatorios vengan de donde provengan.

3) Exigir de los organismos de seguridad protección a la vida de los periodistas amenazados y una investigación que permita la captura de los responsables.

Rafael Fernando Sierra Jaime Fernán Blanco Núñez
Presidente Fiscal

Asociación Colombiana de Periodistas
Personería Jurídica 00291 de 1962, Nit 800.200.956.6 DIAN
Directiva Nacional- Seccional Atlántico-
Calle 45 Nro.43-121 Of.5C Piso 5 Edificio Cordillera- Barranquilla- República de Colombia.

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Muerte de preso político alerta sobre situación carcelaria
Por Asamblea por la Paz

La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz condena la muerte del preso político Otoniel Calderón Valle, detenido en la cárcel de Palogordo, municipio de Girón, departamento de Santander, quien falleció la semana anterior, a causa de negligencia en la asistencia médica para la enfermedad que padecía.

Es necesario que las autoridades investiguen y sancionen los hechos que rodearon esta muerte, y otros lamentables ocurridos en este centro penitenciario, como las muertes de más internos y la intoxicación masiva en mayo anterior, denunciada por los presos políticos.

Según datos del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, en Colombia hay 7200 hombres y mujeres, privados de la libertad por razones políticas. 1500 de ellos y ellas pertenecientes a organizaciones armadas y 5700 civiles opositores.

Además de padecer, en muchos casos, condiciones indignas de detención, que ponen en grave riesgo sus derechos fundamentales, muchos de ellos viven un trato discriminatorio que obstaculiza sus derechos a la verdad y a la justicia.

La Asamblea une su voz de protesta a las organizaciones de presas y presos políticos y a la de aquellas que trabajan por sus derechos para exigir medidas, desde el Estado colombiano, que garanticen condiciones dignas de reclusión, protección y garantías procesales.

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Parauribismo/
Asesinado familiar de víctima del caso “19 comerciantes”
Por Comisión Colombiana de Juristas

La Comisión Colombiana de Juristas condenó el asesinato del joven John Carlos Rodríguez Quintero, sobrino de Gerson Javier Rodríguez Quintero víctima reconocida en el caso de la desaparición forzada de “19 comerciantes”, fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 5 de julio de 2004.

El pasado viernes 25 de junio de 2009 a las 9 pm, en la ciudad de Ocaña, Norte de Santander, hombres armados dispararon contra el joven John Carlos Rodríguez Quintero cerca a su residencia, causándole la muerte de manera inmediata.

El 14 de junio de 2009, John Carlos fue fotografiado por una patrulla de la policía cuando se encontraba en un establecimiento público. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de altas autoridades de la Policía Nacional ese mismo día.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos el 6 de febrero de 2007, había decretado en favor de todos y cada uno de los miembros de la familia Rodríguez Quintero, medidas provisionales para que el Estado colombiano protegiera la vida y la integridad personal de esta familia, y adoptara todas las medidas urgentes y necesarias para evitar un daño irreparable.

Este asesinato se suma a los hechos de violencia de los que ha sido víctima esta familia desde el año 2007 y que se incrementaron de manera alarmante durante este año como lo demuestra el atentado ocurrido en la ciudad de Ocaña el día 19 de mayo de 2009 a las 5:40 am, cuando dos sujetos lanzaron una granada de fragmentación al interior de la residencia y local comercial propiedad de Yimmy Rodríguez Quintero, tío de John Carlos y hermano del desaparecido Gerson Rodríguez Quintero.

Dada la situación de extrema gravedad, la Comisión Colombiana de Juristas solicitó al Estado colombiano convocar una reunión de emergencia para valorar las medidas de protección dadas a la familia Rodríguez Quintero.

Esta se realizó el 22 de mayo de 2009 en la Cancillería con la presencia de las entidades involucradas en el cumplimiento de esta medida. En este espacio John Carlos y Yimmy Rodríguez Quintero denunciaron las agresiones y hostigamientos de los que venían siendo víctimas en la ciudad de Ocaña por parte de la Policía Nacional y paramilitares de la región, ante lo cual se solicitó al Estado colombiano la protección inmediata y efectiva de sus vidas e integridad personal y la de sus familias.

La muerte de John Carlos Rodríguez Quintero configura un daño irreparable y demuestra la ausencia efectiva de protección y prevención por parte de las instituciones del Estado colombiano, quienes conocían de antemano la situación de extrema gravedad y riesgo de esta familia.

La Comisión Colombiana de Juristas rechaza y denuncia estos hechos y solicita del Gobierno Nacional dar pleno cumplimiento a las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana y en consecuencia brindar las garantías necesarias especialmente para la protección de la vida e integridad personal de la familia Rodríguez Quintero.

Igualmente, pide a la Fiscalía General de la Nación que adelante inmediatamente las investigaciones necesarias y pertinentes para individualizar a los responsables del homicidio de John Carlos Rodríguez Quintero.

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