Procuraduría sancionó a militares asesinos de sindicalistas en Arauca
El 5 de agosto de 2004 tropas del ejército llegaron hasta la vivienda donde dormían tres sindicalistas y los asesinaron. El vicepresidente Francisco Santos y el entonces ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, avalaron inmediatamente la masacre
Por Camilo Raigozo. Voz

A las 6 de la mañana de aquel 5 de agosto de 2004 los soldados llegaron hasta la vivienda de Jorge Prieto Chamucero, ubicada en el caserío Caño Seco, municipio de Saravena, Arauca, y luego de rodearla completamente golpearon tan fuerte la puerta que casi la derriban. Él, su familia y sus amigos, Héctor Alirio Martínez y Leonel Goyeneche, se encontraban aún durmiendo en el interior de la casa.

“Llegó el ejército”, le dijo Prieto Chamucero a su esposa mientras se despabilaba de los últimos rezagos de sueño y se ponía un pantalón a toda prisa, no fuera que le tumbaran la puerta.

Luego, cumpliendo las órdenes, los tres amigos salieron con las manos arriba, descalzos y a medio vestir, sin sospechar que las tropas encargadas constitucionalmente de brindarles protección y guardarles respeto, se convertirían en sus asesinos unos minutos más tarde.

Las tres nuevas víctimas que cobró la política de “seguridad democrática” esa mañana fueron, Jorge Prieto Chamucero, de 45 años, dirigente de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (Anthoc), Leonel Goyeneche, de 43 años, miembro de la Junta Directiva de la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) y Alirio Martínez, de 44 años, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), quienes por ser sindicalistas estaban en la mirilla de los fusiles del régimen.

Manipularon la escena del crimen

A los pocos minutos de haber visto salir a su esposo y los dos amigos que lo acompañaban, María Constanza Jaimes quiso presenciar lo que estaba ocurriendo en el patio de su casa, pero los militares se lo impidieron. Después escuchó una serie de disparos y sintió que su corazón se comprimía y su ansiedad aumentaba hasta el infinito.

Como pudo, atisbó por una ventana y vio un cuerpo tirado en el suelo. Luego escuchó como las explosiones se intensificaron haciendo que se retirara momentáneamente del lugar. Cuando volvió mirar ya no había nada, el cuerpo había sido retirado de allí.

Efectivamente como lo pudo comprobar la Fiscalía, los asesinos manipularon la escena del múltiple crimen con el ánimo de hacer pasar a las víctimas como “guerrilleros dados de baja en enfrentamiento”, igual a como lo hacen cotidianamente a lo largo y ancho del país, en el que decenas de centenares de víctimas inocentes han sido asesinadas con la misma estrategia. Y como sucede siempre, a los cadáveres les pusieron armas para hacer más creíble la infamia.

Los disparos que cegaron la vida de los sindicalistas, según los exámenes de balística, fueron prácticamente a quema ropa. En el caso de Leonel Goyeneche, fue un “tiro de gracia” pues lo hicieron a menos de 50 centímetros de distancia.

Los tres fueron asesinados con disparos hechos por la espalda. “Esa clase de heridas no son las que normalmente se presentan cuando hay enfrentamiento”, dijeron los especialistas.

El Gobierno avaló los crímenes

Igualmente se pudo establecer que los militares presionaron y amedrentaron a María Constanza Jaimes, a quien aislaron en su casa mientras cometían los crímenes, y luego la llevaron en el helicóptero junto con los tres cuerpos hasta la base militar. Al día siguiente le notificaron su detención por las armas que habían encontrado en su casa.

No solo la amenazaron para que no hablara, sino que además le ofrecieron benevolencia frente a la coartada de la captura, ofreciéndole que hablarían con un general o un fiscal si guardaba silencio de lo ocurrido.

Conocido el crimen, el vicepresidente Francisco Santos, y el entonces ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, defendieron a los militares asesinos y avalaron el múltiple asesinato argumentando que las víctimas eran guerrilleros, sin que hasta la fecha hayan reconocido su error y ofrecido disculpas a los familiares de los inmolados, al sindicalismo y al pueblo colombiano.

Por los hechos, el pasado 28 de agosto, el viceprocurador General de la Nación sancionó con destitución del cargo e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 20 años, al coronel Luís Francisco Medina Corredor, al mayor Luís Eduardo Castillo Arbeláez, al mayor Hiznardo Alberto Bravo Zambrano, al subteniente Juan Pablo Ordóñez Cañón, y a los soldados profesionales Jhon Alejandro Hernández Suárez, Oscar Saúl Cuta Hernández Y Walter Loaiza Culma.

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Parauribismo/
17 mil personas han desaparecido en los 16 meses
1.062 personas han sido asesinadas y desaparecidas cada mes principalmente por paramilitares
Por Camilo Raigozo. Voz

El jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González León, reveló a Caracol Radio de forma exclusiva, que solo durante los últimos 16 meses, la entidad ha recibido 17 mil denuncias de personas que fueron desaparecidas, principalmente por parte de los grupos paramilitares.

Según la información de Caracol Radio, mensualmente la Fiscalía ha recibido en promedio, la denuncia de 1.062 personas que han sido asesinadas y desaparecidas, ya sea en fosas comunes o lanzadas a los ríos.

Investigaciones de varias ONG defensoras de derechos humanos sostienen que el 97 por ciento de este tipo de delito es atribuible a paramilitares y a miembros de la fuerza pública.

“La cifra es realmente escalofriante, si se tiene en cuenta que sobrepasa con creces, el número de desaparecidos durante algunas dictaduras como la de Augusto Pinochet en Chile, cuyo régimen asesinó y desapareció a tres mil personas, entre 1973 y 1989.

“De igual forma, varios informes sobre las desapariciones durante la dictadura en Argentina de Jorge Rafael Videla, cerca de 13 mil personas no regresaron nunca a sus casas, entre 1976 y 1983", señala la información de la cadena radial.

Sostiene además que “el jefe de la Unidad de Justicia y Paz reveló que Antioquia, Putumayo, Magdalena, Arauca y Casanare, son los departamentos con mayor número de denuncias por parte de los seres queridos de quienes una vez salieron de sus hogares y jamás regresaron.

“González León destacó la importancia de las declaraciones que han rendido los desmovilizados del paramilitarismo en el marco de la ley de Justicia y Paz, para que las autoridades puedan encontrar a los desaparecidos".

Sin embargo, el gobierno de Uribe dio un severo golpe de gracia a la mal llamada Ley de Justicia y Paz, al extraditar a los principales responsables de estos crímenes de lesa humanidad.

Con esa coartada del gobierno es casi imposible que las familias de las víctimas conozcan la verdad sobre lo que pasó con sus seres queridos y puedan tener acceso a una reparación integral.

Por eso la intervención de la Corte Penal Internacional en Colombia, es vista como una luz de esperanza contra la impunidad maquinada por el régimen uribista en cuyo poder han caido casi todas las instancias públicas y privadas del Estado.

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Emplazan a hermano del procurador general colombiano

Por Gonzalo Guillén. El Nuevo Herald

El jefe paramilitar John Jairo Esquivel Cuadrado (foto), alias El Tigre, condenado por la muerte de un empresario de la multinacional minera Drummond y la viuda de la víctima han pedido a la Justicia de Colombia que se investigue la participación en ese crimen de Jaime Blanco Maya, hermano del procurador general de este país, Edgardo Maya.

En una entrevista con El Nuevo Herald, Esquivel dijo que está dispuesto a ofrecer detalles de primera mano sobre las circunstancias que rodearon la muerte del contratista Hugo Manuel Guerra Cabrera quien administraba un club de empleados de la empresa minera internacional Drummond que explota un yacimiento de carbón en el departamento de Cesar, norte de Colombia.

Guerra fue asesinado en mayo del 2000.

Según Esquivel, Maya Blanco aspiraba intensamente a obtener el contrato de administración del club para la alimentación de los trabajadores de la multinacional, lo que consiguió después de la muerte de Guerra.

Esta circunstancia fue también denunciada ante la justicia por Irina Ester Brito Ariño, viuda del empresario Guerra, durante el juicio que se le siguió a Esquivel, pero este siempre negó ese planteamiento.

En un expediente acusatorio de abril del 2006, firmado por la fiscal especializada Claudia Yadira Bernal Trujillo, de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se afirma que la muerte de Guerra Cabrera, al parecer, sí se debió a una solicitud expresa de Jaime Blanco Maya, pues el hoy occiso era su fuerte contrincante en el negocio de la venta de almuerzos para la empresa Drumond.

En su primera declaración a la Justicia, la viuda, hoy exiliada en Canadá, reveló que una de las personas implicadas en la muerte de su ex esposo es Jaime Blanco Maya, dice un expediente acusatorio del 2006, en poder de El Nuevo Herald.

Según este documento, al momento de desenterrar a su esposo encontró en la mano de él una tarjeta con letra de él en donde tenía escrito el nombre de Jaime Blanco.

Todo lo que dice la señora es verdad, declaró El Tigre a este periodista.

Como posible responsable del crimen del empresario Guerra Cabrera, Blanco Maya está siendo procesado por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de la Fiscalía General, con base en las denuncias de la viuda, otros testimonios y evidencias como la tarjeta que le fue encontrada

en una mano al cadáver, escrita por él, con el nombre del hermano del Procurador General.

Jaime Blanco Maya es hermano por parte de padre del Procurador General pero suele usar en primer lugar el apellido materno y el paterno de segundo.

Esquivel tiene cuatro condenas, cada una de 40 años de prisión. Tres son por igual número de masacres, incluida la de siete investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y la cuarta por el asesinato del empresario contratista de la Drummond pero solamente ahora afirma que está en disposición de explicar el papel que jugó en el crimen Maya, hermano del procurador general, Edgardo Maya, quien ejerce el cargo desde enero del 2000.

El Tigre, quien se inició en la guerra civil colombiana a los 16 años de edad como conscripto del Ejército Nacional, contó a este periodista que en principio negó cualquier participación en el crimen del empresario pero fue condenado con base en testimonios y evidencias.

Al respecto, un expediente del 4 de abril del 2006, firmado por la Fiscal Especializada Claudia Yadira Bernal Trujillo sostiene: Se encontró en su poder dos cadenas de oro, una de propiedad de Hugo Manuel Guerra y la otra de Alvaro Enrique Mojica Roque, las cuales, al parecer, lucía con orgullo y muy seguramente como recuerdo de sus víctimas, sin que justificara el porqué estaba en posesión de dichas prendas.

Alvaro Enrique Mojica Roque fue un líder comunitario a quien El Tigre asesinó en una de las tres masacres por las que está condenado, anteriores al homicidio del contratista de la Drummond.

Blanco también está acusado desde el 2001 en otro proceso penal por su presunta participación en los homicidios del presidente y vicepresidente del sindicato de trabajadores de Drummond, a quienes, de acuerdo con el expediente, ordenó que paramilitares los mataran en represalia por una huelga que emprendieron para protestar por el mal servicio de alimentación que estaba prestando el club de empleados que para entonces ya administraba.

Los sindicalistas muertos fueron Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, presidente y vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la Drummond, abatidos 12 de marzo del 2001.

Sobre este caso, el jefe paramilitar Alcides Matos Tabares, alias El Samario, la semana pasada recibió a El Nuevo Herald en su celda de la Cárcel Modelo de Barranquilla y aseguró que hará ante la Justicia especializada revelaciones sobre el crimen de los sindicalistas y la presunta participación de Blanco Maya en los homicidios.

Matos, conocido como El Samario, asegura que es testigo excepcional y ya ha declarado de manera preliminar sobre estos hechos ante la Fiscalía General dentro del proceso que se le sigue a Blanco Maya, informó a El Nuevo Herald en Bogotá una fuente de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

La versión de Jaime Blanco Maya sobre estos hechos no fue posible obtenerla. Desde hace cerca de un año desapareció de la ciudad de Valledupar, donde vivía, en la casa de calle 15 número 14-13, barrio Alfonso López.

Al parecer, de acuerdo con vecinos consultados ayer, se fue de allí como consecuencia de los procesos judiciales que se le siguen. Dos teléfonos residenciales acreditados a su nombre en Valledupar y Bogotá aparecen como fuera de servicio y no contesta un celular al que solían llamarlo amigos suyos consultados por este periodista.

Fuentes judiciales en Valledupar dijeron haber recibido informaciones en el sentido de que Blanco Maya está viviendo en Venezuela.

Por su parte, el Procurador General de Colombia se niega a comentar los casos judiciales de sus parientes y, de acuerdo con comunicación leída a El Nuevo Herald por una asesora suya de la oficina de Prensa, ``ha solicitado en reiteradas oportunidades investigaciones penales, disciplinarias y fiscales sobre las personas y familiares contra quienes se han escuchado denuncias por vínculos con paramilitares, ha rechazado las infames imputaciones que se le han hecho y pide que quien tenga algo en su contra que lo presente''.

De acuerdo con la Constitución Nacional, el Procurador General es el principal defensor estatal de los derechos humanos en Colombia.

Esquivel Cuadrado, El Tigre, de 32 años de edad, recibió durante siete horas a El Nuevo Herald en su celda de la cárcel Modelo de Barranquilla, donde se encuentra recluido, y, por primera vez, reconoció como cierta la versión de la viuda de Guerra Cabrera. Reveló que esclarecerá este crimen ante la Justicia penal durante una audiencia especial que está programada para los días 9, 10 y 11 de septiembre próximo, en Barranquilla.

La audiencia será ante un fiscal especial de la llamada jurisdicción de Justicia y Paz, ante la cual El Tigre deberá confesar la totalidad de los crímenes que cometió siendo comandante paramilitar en la Costa Norte de Colombia. Solamente así las condenas en su contra podrán reducirse a una máxima y especial de ocho años de prisión.

Esquivel Cuadrado, El Tigre, ya ha confesado ante la Justicia nacional 620 homicidios en los que tiene responsabilidad como ejecutor material o intelectual como jefe de quienes los cometieron bajo sus órdenes.

Una investigación reciente de El Nuevo Herald reveló que otro hermano del Procurador, el médico Angel Maya, conocido como Kiri ó el Doctor Pistolas'', puso al servicio de los escuadrones de la muerte los fondos y la flota de vehículos del hospital público que dirigía en la ciudad de Valledupar.

Esto incluía las ambulancias para transportar a cuadrillas de sicarios, armamento y pertrechos, de acuerdo testimonios y evidencias fílmicas y fotográficas entregadas por jefes paramilitares a este periodista en las ciudades caribeñas de Valledupar y Santa Marta.

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Magistro-políticos, nueva ‘justicia’
Por: Cecilia Orozco Tascón. El Espectador

Aún no se ha comprendido a cabalidad cuál es la reforma a la justicia que quiere el Gobierno, pero estamos abriendo los ojos.

Empecemos con el caso de un político que de claro no parece poseer sino el apellido. Esta persona, a la que la página web de la Presidencia anuncia pomposamente como “el nuevo Magistrado (con) especializaciones en Derecho Público, Gerencia de Servicios de Salud, Derecho Ambiental y un Master Executive en Gestión del Marketing (?)…” no ha hecho su carrera en la Rama Judicial pese a su chorrera de títulos.

Ha estado, por cuenta de la política, en influyentes cargos públicos: una gerencia del Seguro Social, Contraloría de Bogotá y Cámara de Representantes.

Por donde ha pasado, el señor Claros ha dejado una estela oscura. En el Seguro fue suspendido por 30 días. Llegó a la Contraloría, aunque había sido sancionado por la Procuraduría. El Consejo de Estado le quitó la investidura de congresista. Tiempo después, el mismo Consejo echó para atrás la decisión en votación dividida.

Ahora nos venimos a enterar de que, por contera, ha sido demandado por alimentos; que según versión de la madre de sus hijos, no ha cumplido con lo que le impuso después el juzgado y que, por eso, pesa sobre sus propiedades un embargo; que ha sido protagonista de episodios de violencia física y que tiene pendiente un litigio penal por presunto fraude documental.

Esta belleza llegó al Consejo Superior de la Judicatura porque el presidente Uribe lo incluyó en una terna. Pero, ¿por qué el Mandatario se dio esa pela? La respuesta va mucho más allá del asunto Claros.

En el Congreso se comenta, como la cosa más natural del mundo, que las vacantes de la sala disciplinaria del CSJ se las repartieron, por acuerdo con el Ejecutivo, los partidos de la coalición gubernamental. Un informe de Noticias Uno resume la repartija de la sala así:

• Angelino Lizcano, actual presidente del organismo, ex secretario de la Cámara de Representantes, es la cuota del detenido ex congresista Luis Fernando Almario.

• El célebre Ovidio Claros llegó apadrinado por Colombia Democrática, del ex senador y ex detenido Mario Uribe.

• Pedro Alonso Sanabria, conservador, tuvo como impulsor al detenido ex parlamentario Ciro Ramírez.

• María Mercedes López fue promovida por Gabriel Zapata, de Alas Equipo Colombia.

• Julia Emma Garzón, es cuota de la U, vía Aurelio Iragorri.

• Mientras alguien lee esta columna, Cambio Radical estará eligiendo su representante judicial en esa sala. La escogida podría ser una afrocolombiana, quien tiene éxito mediático por ser de raza negra. A nadie le importa que sea la candidata del investigador del Presidente en la Comisión de Acusación, Édgar Ulises Torres. Un segundo aspirante en la terna de Cambio sería, atérrense ustedes, dizque el Registrador, el mismo que hoy avalará el proceso del referendo para una segunda reelección presidencial.

Ovidio Claros y Pedro A. Sanabria obtuvieron fácil mayoría de votos en el Parlamento, para su elección, con una promesa: la de la segunda instancia para congresistas procesados. ¿Qué tribunal la tramitaría? La Sala Disciplinaria, cuyos fallos estarían por encima de los de la Corte Suprema. La neojusticia uribista del CSJ también podrá conocer tutelas.

¿De quiénes? De los parapolíticos, jefes de los magistrados que las resolverán. Ésta es la verdadera reforma del Gobierno que se ha deslizado por debajo de la alfombra. La otra, la que tramita el ministro Valencia Cossio, es apenas una muestra del golpe de muerte que se ha tramado contra la independencia judicial.

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Injuria como arte
Por: Cristina de la Torre. El Espectador

El primero en degradar el lenguaje ha sido el Presidente. Si ofende la frase “le rompo la cara, marica”, sobrecoge la que ordena, en público, “acabar” con alguien “por mi cuenta, no se preocupe”. Procacidad y amenaza no simplemente subvierten las buenas maneras, de señoritos perfumados, sí, pero también de los millones de colombianos que formamos el montón.

Es que ellas denotan, además, la insolencia del poder que quiere ejercerse sin límites ni control. Alega el Presidente que no es bueno echarle tierra al debate. Enhorabuena. Mas en el debate, como en el cohecho, se necesitan por lo menos dos.

Qué polémica puede haber, se pregunta uno, si a menudo el que acapara micrófonos y luces descalifica de entrada a su adversario, lo amordaza, lo intimida y lo cubre de ignominia. Antes que hablar de cancelar la controversia habría que restablecerla. Deber de la democracia es instaurarla, expandirla, protegerla en libertad. Y no de cualquier manera.

Saturado el país de este tono bochornoso, devuelto a la rudeza de tiempos que dábamos por idos, se echan de menos la invectiva política elevada a arte, la ironía elevada a poesía. León de Greiff le cantó al amor, pero también satirizó la hipocresía consagrada en una sociedad de prohombres iletrados y politicastros de postín.

Como quien hace música, escribió su Balada del Abominario para increpar a aquellos “bausanes estridentes (...)/ supercríticos morosos hartos de suma fatuidad,/ arlequinescos figurines/ pletóricos de vulgaridad,/ de vicios fáciles y tontos/ y de la unánime verdad,/ y de ideales consagrados,/ y de vacua sinceridad/ (...) Andad al Limbo figurines,/ turba de lo sacramental, / inocuos y zurdos y vacuos,/ solemnes y zafios y tal...”

Y José María Vargas Vila, terror de dictadores, de la reacción purpurada que edificó la República conservadora sobre los pilares la Regeneración, alcanzó la gloria en diatribas que parecen escritas hoy. Borges lo consideró maestro del oprobio, la sátira y la ofensa:

“Los dioses no consintieron que Santos Chocano deshonrara el patíbulo. Ahí está vivo después de haber fatigado la infamia”, había escrito el santafereño. Si a veces extravagante, y hasta cursi, suya es la invectiva veraz e ingeniosa contra los déspotas latinoamericanos, césares “voluptuosos”, “sanguinarios”, “vanidosos hasta la estupidez”.

Se ensañó en los artífices de la Regeneración que sepultaron la revolución liberal. “Rafael Núñez, escribió, pertenecía a la raza triste de los tiranos filósofos; era déspota por hastío (...) Sin ilusiones sobre los hombres, ni sobre las cosas, era hecho para pastor de pueblos porque despreciaba profundamente el rebaño humano, tan tumultuoso, tan terrible y tan vil (...).

Su obra no fue estéril; la impotencia del Talento engendró la Omnipotencia de la Fuerza; ya no hay Patria, pero aún hay Tiranía: esa es su obra”.

De Caro dijo que pertenecía “a la raza enojosa de los tiranos letrados y a la legión rencorosa de los tiranos austeros (...). Rencoroso y vengativo, con más pasión que virtud, odiando a los hombres más que a las ideas, no usó del poder sino para empequeñecerse (...)

Llevó al gobierno todas las pasiones de la plaza pública y después de ser Catón, en el foro, no fue sino un faccioso en el poder (...). Hizo del gobierno una polémica a mano armada (...).

Era un hombre ebrio de absoluto. Falto de grandeza, tuvo el culto de la insolencia; confundió la fatuidad con la dignidad; la energía con la violencia; e incapaz de levantarse hasta la generosidad, fue cruel hasta la bajeza y vengativo hasta el oprobio. Pudo haber sido un gran ciudadano y no fue sino un pequeño déspota”.

Algo ofrece el panfleto, como género, para rescatar la injuria de las alcantarillas, darle vuelo literario y encaminarla hacia el arte. Se respiraría mejor.

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La cabeza del pacificador
Por: Reinaldo Spitaletta. El Espectador

Delincuentes que entran a la “Casa de Nari” como cualquier José Obdulio o secretario de prensa palaciego; un jefe seccional de fiscalías que se vende a un capo por una cuatrimoto, colaboración estrecha del Ejército con los paramilitares, y así cada día este país de santos y “perras” nos entrega un asombro. Y de la parapolítica saltamos a los paragenerales.

Ahora, con la nueva detención del general Rito Alejo del Río, se recuerdan otra vez los crímenes paramilitares en Urabá y el Chocó y en Mapiripán. El denominado “pacificador de Urabá” parece estar implicado en múltiples atrocidades, aunque para algunos de sus defensores de oficio, es un héroe trastrocado en víctima.

¿Por qué ciertas ONG lo muestran como un símbolo de los crímenes de Estado? ¿Por qué la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo liga criminalmente desde 1997 a los paramilitares? ¿Por qué será que alias H.H. lo denuncia como cómplice del paramilitarismo en Urabá?

Al general, que ahora sí parece estar en un laberinto, los Estados Unidos le quitaron la visa por su presunta relación con los paramilitares, y el presidente Andrés Pastrana lo retiró del Ejército por la serie de acusaciones y evidencias en su contra. Pese a pruebas de operaciones conjuntas entre el paramilitarismo y la Brigada XVII al mando del general Del Río, las investigaciones en su contra extrañamente no prosperaron.

En las confesiones que alias H.H. le hizo a El Espectador el 2 de agosto pasado, tras mostrar desconcierto de por qué al general Del Río o el “pacificador” no le habían abierto ningún proceso, se dice que Rito Alejo se reunió, entre otros, con Carlos Castaño.

Y cuando Del Río era comandante de la Brigada XVII “yo secuestré dos personas dentro de la Brigada”. A los dos detenidos (¿los sacarían a espaldas del general?) los asesinaron los paramilitares.

Por los tiempos de su estadía en Urabá, el general, apoyado por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, y su secretario de Gobierno, el finado Pedro Juan Moreno, auspició la creación de las Convivir, que, según lo expresó el mismo H.H., eran todas de los paramilitares.

La terrorífica alianza entre Ejército y “paracos” estuvo en boga en aquellos tiempos de masacre, según las declaraciones de Salvatore Mancuso y Éver Velosa.

Uno de los asesinatos más crueles sucedió durante la Operación Génesis, dirigida por el general Rito Alejo del Río en las riberas de los ríos Cacarica, Salaquí y otros, en el Chocó, y cuya secuela más visible fue un enorme desplazamiento de campesinos.

El 27 de febrero de 1997, militares y paramilitares que operaban juntos mataron al campesino Marino López Mena. Primero, lo obligaron a subirse a una palmera a cogerles cocos; luego, lo machetearon. La víctima se lanzó al río, le dispararon y la atraparon.

Tras decapitarla, jugaron fútbol con su cabeza y quisieron obligar a los asustados habitantes de Bijao a imitar el desafuero.

El paramilitarismo, con la complicidad de la Fuerza Pública, causó millares de asesinatos en Urabá, muchos de ellos en los tiempos en que el general Del Río era el comandante de la Brigada XVII. Cuando Pastrana lo sacó del Ejército, un combo de amigotes le hizo un desagravio en el Hotel Tequendama, en el mismo donde después Álvaro Uribe le pagaría una suite a un delincuente.

¡Ah!, y en el homenaje parlaron, entre otros, Uribe Vélez y Fernando Londoño. Hubo voces que señalaron al general como un perseguido por las ONG. Y por los defensores de derechos humanos.

Tal vez ahora el ex fiscal Luis Camilo Osorio, que dio por precluida la investigación contra Del Río, deba dar alguna explicación. Las víctimas del paramilitarismo (y del militarismo) esperan justicia. O al menos que los culpables paguen por una cabeza.

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Criminalización de la política
La sociedad sigue moviendo las fronteras éticas y morales
Por Pedro Medellín. El Tiempo

La crisis colombiana llegó a un punto insospechado: la criminalización de la política. Es decir, la aceptación generalizada de que, en Colombia, la política y las prácticas políticas están indisolublemente atadas al crimen.

A los políticos se les asocia al crimen, con la misma naturalidad con que a los artistas a las actividades creadoras. A los partidos políticos ya no se les identifica como las grandes maquinarias de movilización política y social, sino como organizaciones que van a la captura de rentas.

La política ya no fluye por los canales de la normalidad social. El "hacer política" parece fatalmente atada a la mediación de las organizaciones ilegales o la comisión de los delitos. Los que quieren diferenciarse, de antemano están condenados.

Lo grave no sólo está en que sean las dos más importantes cabezas del sistema político las que han llevado las cosas a esos terrenos. Primero, el presidente Uribe al utilizar todos los recursos que le proporciona su investidura institucional, para criminalizar a sus opositores y contradictores, al señalarlos como auxiliadores de los terroristas o de estar al servicio de intereses mafiosos.

Y luego, el ex presidente Gaviria, jefe del principal partido de oposición, al aceptar el reto en esos terrenos y desde ellos mismos responder señalando -a su vez- los vínculos del Presidente con entornos mafiosos, en una cadena de nunca acabar.

Lo verdaderamente grave está en que, en medio de un escenario de polarización, la sociedad parece cada vez más dispuesta a mover las fronteras éticas y morales que rigen los comportamientos políticos. Los colombianos, lejos de levantarse contra la criminalización, comienzan a tomar parte en el hundimiento de los principales referentes morales y éticos de la acción política en el país.

Fieles a una cultura del atajo, aplauden comportamientos que hacen todavía más difusas las normas, los valores, los principios y las motivaciones que permiten que la política funcione siquiera dentro de un mínimo aceptable.

¿Cuál es el problema de que vayan delincuentes a la casa presidencial, si iban a denunciar un delito?, se preguntaban luego de escuchar la encendida defensa del Presidente. ¿Qué tenía de malo haberle comprado el voto a Yidis, para la reelección, si eso siempre se había hecho? Se habían preguntado antes.

¿No hizo bien, acaso, el primo del Presidente, el senador Mario Uribe, en buscar asilo político, para evitar una captura de los jueces?, se siguen interrogando en medio de una larga sucesión de preguntas que revelan bien cuán profundo es el hundimiento de lo que los expertos llamarían la "autorrepresentación" política de la sociedad colombiana.

Sin referentes éticos y morales, el régimen político colombiano está siendo forzado a tomar el camino de la criminalización, imponiendo varios cambios sustanciales al ejercicio de la política en el país: 1) La política ya no se funda en la deliberación, sino en el señalamiento.

Lo relevante no es argumentar, sino acusar. Y, entre más aguerrida sea la acusación, mayor será la virtud política del acusador; 2) Los partidos ya no están para procesar y revelar los intereses de grupos de ciudadanos, sino para movilizar unas determinadas ventajas privadas; y 3) Las reglas del juego democrático no están para garantizar la alternancia en el gobierno de las distintas opciones políticas presentes en la sociedad, sino para asegurar la permanencia en el poder de quienes lo detentan.

Es el punto culminante de un proceso de degradación política e institucional en el que confluye un cruce de acusaciones que muestra una dirigencia política cada vez más contaminada por el crimen, y una institucionalidad cada vez más volátil y en la que resulta cada vez más difícil distinguir lo que es ilegítimo de lo que es ilegal.
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Si no se hace nada por contener la criminalización de la política, muy pronto el país tendrá que enfrentar su contraparte: la politización del crimen, que es quizá la forma más degradada de una crisis política e institucional.



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Mejor esperen sentados
Por Claudia López.El Tiempo

Los que creen que la era post-Uribe está cerca pueden tomar asiento porque la espera será larga. El presidente Uribe no se desprenderá del poder político en Colombia por dos razones: porque está convencido de que su proyecto político y la seguridad democrática necesitan más años para consolidarse y porque necesita el poder para asegurar su protección personal.

También se equivocan los que creen que el fin de la era Uribe se definirá cuando se sepa si el Presidente se lanza o no a una segunda reelección. Uribe, eventualmente, dejará la Presidencia en el 2010, pero no dejará de ser el elemento determinante del poder político en Colombia. Garantizarse esa posición estratégica es un objetivo que logrará a cualquier costa.

No hay ninguna duda de que el proyecto de referendo para autorizarle al Presidente un tercer mandato saldrá avante.

Con el propósito de permanecer en el poder, el referendo es esencial porque le permite al Presidente notificarle al mundo político y nacional que él puede seguir en la Presidencia en el 2010, en el 2014 o después, pero que, en todo caso, deben contar con él.

Por eso, no ha escatimado ni escatimará ningún recurso para garantizar que el referendo salga avante, y su posibilidad de un tercer mandato quede en firme.

No solo por la vía del referendo se asegurará la manera de seguir en el poder. La vía más eficaz la ha construido todo este tiempo, mediante la captura de posiciones claves del poder público y judicial, así como de las instancias de contrapeso y control del Ejecutivo.

Para el 2010, el Presidente habrá logrado imponer sus candidatos en la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Televisión y en por lo menos la mitad de los magistrados de la Corte Constitucional y de los directivos del Banco de la República, tendrá cuotas importantes en el Consejo de Estado y asegurará que el uribismo siga siendo mayoría en el Congreso.

Todos esos funcionarios, que constituyen la mayoría del poder político y judicial, tendrán mandatos por varios años después del 2010 y serán otro recurso del presidente Uribe para permanecer en el poder.

Tal acumulación de poder y representatividad, además del enorme respaldo a su persona y a la seguridad democrática, sería suficiente capital para asegurar la continuidad de su legado político.
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Si de reelegir la seguridad democrática se tratara, le bastaría con promover un sucesor de su confianza, sobre quien, además, podrá influir, no solo porque le deberá su elección a su guiño, sino porque Uribe tendrá todo el entramado de poder que ha construido para controlarlo.
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Si aun en esas circunstancias decide quedarse en la Presidencia, no será entonces porque sienta que le hacen falta mayorías o representatividad para proteger su legado, sino más bien porque siente que solo si se aferra personalmente a la Presidencia garantiza la protección de sus intereses personales o se protege del escrutinio de la justicia.

El Presidente en Colombia, sea Uribe o cualquier otro, goza, en la práctica, de total impunidad. El Presidente puede asegurar que la Comisión de Acusación de la Cámara no lo investigue seriamente, que el Senado no lo acuse y que, por lo tanto, nunca llegue a un juicio a la Corte Suprema.

Esa garantía de impunidad la tienen los presidentes, no los ex presidentes. Si a pesar de todas las garantías para preservar su legado, Uribe insiste en quedarse en la Presidencia, será por preocupaciones más de índole personal que nacional.

Todos los que se aferran al poder confunden sus intereses personales con los nacionales y se aferran para defenderse personalmente, usando, sin ningún control, la estructura de poder nacional que construyeron. Cualquiera sea la hipótesis aplicable a Uribe, en sus cálculos no está abandonar el poder, así que mejor esperen sentados.

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¡Aberrante Presidente!/
Desplazados fueron desalojados del parque de la 93
Por Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento

El grupo de cerca de 300 desplazados que permanecía desde esta mañana en el Parque de la 93, al norte de Bogotá, fue desalojado de allí por la Policía.

A esta hora la situación en el Parque de la 93 vuelve a la normalidad. La policía tomó el control del lugar , que permanece rodeado por el grupo antidisturbios para evitar que los miembros del grupo de desplazados que aún permanecen en los alrededores ingresen nuevamente.

Ricardo Jiménez, lider del grupo y otras cuatro personas que lo acompañaban fueron detenidas por la Policía y conducidas a una UPJ, donde permanecerán mientras se resuelve su situación judicial.

Algunos de los manifestantes permanecen dispersos por los alrededores del parque. Varias de las mujeres a quienes funcionarios del Bienestar Familiar les quitaron a sus hijos menores de edad luego de que se negaran a retirarlos para evitar que fueran lastimados en el transcurso del desalojo, aguardan una respuesta sobre si se los devolverán en las próximas horas.

La acción de la Policía se dio luego de que el grupo de manifestantes se negara a realizar una negociación con el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, quien ofreció mediar frente a los gobiernos Nacional y Distrital para renegociar las ayudas que según el grupo de desplazados, estos les prometieron en una manifestación realizada en el mismo sitio el pasasdo 31 de julio.

El comandante de la Policía Bogotá, Rodolfo Palomino, aseguró que el señor Ricardo Jiménez y otros líderes de la organización 'Colombia Uno, Colombia Todos', ya se habían reunido ayer con funcionarios de Acción Social para revisar los compromisos sobre la atención al grupo, que la toma no tenía justificación y que sus hombres se vieron en la obligación de proceder luego de que los líderes del grupo rechazaran las propuestas de negociación planteadas por la alcaldía y la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, funcionarios de la Defensoría del Pueblo que han estado al tanto de esta situación desde la primera toma el pasado 31 de julio, aseguran que las personas que protagonizaron este episodio no son las mismas que protestaron en la ocasión anterior y que todo parece ser un montaje del cuestionado líder de la organización Colombia Uno, Colombia Todos, Ricardo Jiménez, de quien se sospecha estaría buscando recibir beneficios adicionales a los que ya le ha entregado el gobierno.

Antes de ser detenido, Jiménez le aseguró a los medios de comunicación presentes en el lugar que hasta ahora ninguno de los 1038 integrantes de su organización habia recibido las ayudas a que se comprometió el mismo alcalde de Bogotá el 31 de julio y que el gobierno nacional tampoco había cumplido.

También dijo haber recibido varias amenazas de muerte esta mañana por parte de un coronel de la Policía.En el choque entre policía y manifestantes, que terminó a eso de las 4:00 pm no hubo heridos de consideración

3:43 p.m.
Los manifestantes han empezado a dispersarse.

El general Rodolfo Palomino, director de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguro que la manifestación era a todas luces ilegal y que el señor Ricardo Jiménez, líder de los desplazados, será procesado judicialmente por realizar un intento de toma ilegal.

2: 42 p.m.
Los desplazados que permanecen en el parque de la 93 se enfrentan con la Policía que les ha pedido abandonar el sector.

El líder de la toma, Ricardo Jiménez Calderón, fue detenido por un grupo de agentes de la policía. El funcionario representante de la Defensoría del Pueblo trató de subirse a la patrulla pero la Policía se lo impidió.

Mientras tanto, el Escuadrón Móvil Antidisturbios continúa sus esfuerzos por evacuar al resto del grupo de las instalaciones del parque lanzando gases lacrimógenos para disuadirlos.

La prensa permanece registrando el hecho y hay bastantes curiosos en los alrededores del lugar.
Hace algunos minutos, agentes de la Policía de menores retiraron por la fuerza a los niños que permanecían en el sitio en compañía de sus familiares desplazados.

A esta hora los manifestantes aún no terminan de dispersarse. Hasta el momento no se han enfrentado a la policía, sino que han resistido pacíficamente el desalojo.

1:05 p.m.
Defensor dialoga con líder de los manifestantes el parque de la 93

Jiménez Calderón le dijo al Defensor del Pueblo que sólo accederían a dialogar si se hace presente en el parque de la 93 el director de Acción Social, Luis Alfonso Hoyos, y un representante del CICR.

El líder del grupo de desplazados que se manifiesta en este momento en el parque de la 93 en Bogotá habló con el Defensor del Pueblo Vólmar Pérez, quien hace presencia en el lugar a esta hora, y le dijo que solamente negociaran si la mesa de negociaciones se realiza en el sitio donde se desarrolla la manifestación y se hacen presentes el director de Acción Social, Luis Alfonso Hoyos, y un delegado de la Cruz Roja Internacional.

Jiménez le aseguro también al Defensor que mienten los funcionarios distritales cuando aseguran que sí cumplieron con los pactos de definidos el pasado 31 de julio, pues más de una de las personas a quienes les fue entregado el carnet de Caprecom para ser atendidos en salud han sido rechazadas en las clínicas de esa entidad.

En este momento el Defensor del Pueblo verifica el nivel de cumplimiento de esos compromisos y trata de hacer contacto con los funcionarios solicitados por el grupo de manifestantes para realizar la reunión y evitar así el desalojo por la fuerza.

Pérez, además, medió para que la Policía liberara a uno de los miembros del grupo de desplazados que fue detenido esta mañana.

12:25 p.m
Defensor del Pueblo mediará para evitar desalojo por la fuerza de los desplazados en el parque de la 93

El Defensor del Pueblo Vólmar Pérez llegó en los últimos minutos al parque de la 93 para mediar con los desplazados que realizan a esta hora una toma pacífica en el lugar.

Los desplazados aseguran que no se moverán del lugar hasta tanto el Gobierno Nacional haga efectivas las ayudas prometidas el pasado 31 de julio, que según ellos consisten el 58 millones de pesos por familia para vivienda y proyecto productivo.

La misión del Defensor, quien se reúne en este momento con las autoridades presentes en el parque, será persuadir al líder del grupo, Ricardo Jiménez Calderón, para que se retire pacíficamente y evitar así un desalojo por parte de la Policía.

Jiménez Calderón por su parte le aseguró a los medios de comunicación que el grupo no se retirará hasta que reciba las ayudas económicas solicitadas y enfatizó en que no están realizando una toma por las vías de hecho sino una convocatoria a los miembros de su asociación en el lugar y que esto es completamente legal y constitucional.

Las autoridades por su parte aseguran que lo que está sucediendo es una toma ilegal a todas luces y que el desalojo está justificado. De las propuestas realizadas por el gobierno al grupo de manifestantes ninguna ha sido admitida. En este momento algunos de los desplazados empiezan a tapar sus rostros con improvisadas capuchas y los miembros del grupo antimotines de la Policía rodean el parque.

11:45 a.m.
Acción Social ha dicho que no negociará con los desplazados que se toman en este momento el parque del a 93

Hacia las 11:15 de la mañana un nuevo grupo de desplazados ingresó al parque violentamente evadiendo el control de las autoridades. En este momento cerca de 300 personas permanecen en el centro del parque de la 93 y se disponen a hablar con los medios de comunicación en una rueda de prensa improvisada.

Por su parte la Policía espera la llegada de una delegación del Icbf para hacer un rápido censo de los menores de edad y encargarse de su custodia mientras se realiza el desalojo, que se llevará a cabo en los próximos minutos.

Representantes de la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital serán los encargados de garantizar el respeto a los derechos humanos en este procedimiento.

11:00 a.m.
Se complica situación con desplazados en parque de la 93

Decenas de desplazados continúan llegando a los alrededores del parque de la 93 donde un grupo de éstos realiza una toma desde las horas de la mañana. Los manifestantes protestan porque Acción Social no ha cumplido sus compromisos con la organización “Colombia uno, Colombia todos” adquiridos el pasado 31 de julio cuando los desplazados realizaron una marcha similar.

Algunas escaramuzas se han presentado con la Policía que pretende evitar que los desplazados armen sus cambuches en el centro del parque; sin embargo, dos de ellos ya han sido levantados.
La alcaldesa local de Chapinero, Blanca Inés Durán Hernández, trató de mediar con el líder de la marcha, Ricardo Jiménez Calderón, quien intentó agredirla físicamente pero fue detenido por la Policía.
Entre los manifestantes hay cuatro desplazados en sillas de ruedas que representan varias organizaciones de desplazados discapacitados, quienes aseguran que el gobierno tampoco les ha cumplido.

El Gobierno Distrital asegura haber cumplido con los compromisos de dar salud y vivienda a los desplazados que se manifestaron el pasado 31 de julio y ha ofrecido acompañarlos en una marcha hasta las oficinas de Acción Social para que abandonen el parque. Hasta el momento esta propuesta ha sido rechazada por el grupo y corre el rumor de que la Policía realizará un desalojo en los próximos minutos.

10:30 a.m.

Desplazados vuelven al parque de la 93
Un grupo de cerca de cien desplazados se tomó en horas de la mañana la parte central del parque de la 93 al norte de Bogotá.

La toma es liderada por los mismos líderes de la población desplazada que participaron en la manifestación del mes pasado en el parque de la 93.

El grupo reclama por el cumplimiento de los acuerdos que se realizaron en esa ocasión y que hasta ahora no han sido cumplidos por la Administración Distrital.

La policía ha tendido un cerco alrededor del parque para evitar que continúen llegando los desplazados. Hasta el momento no ha sido posible el ingreso de la prensa al lugar.

En este momento funcionarios de la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Gobierno y Codhes realizan una mediación ante las autoridades para evitar el desalojo de los manifestantes. Las vías de acceso al exclusivo sector del parque de la 93 se encuentran cerradas. Foto El Tiempo

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Parauribismo/

Neoparamilitarismo y nuevas masacres
Por Comisión Colombiana de Juristas

Las atrocidades que debían haber cesado con la supuesta "desmovilización” de los grupos paramilitares no sólo nunca terminaron sino que están apareciendo nuevamente con mayor fuerza.

En el año 2008 se han registrado, en forma creciente, masacres de personas civiles, generalmente campesinos, por grupos armados ilegales calificados como “bandas emergentes” por la Fuerza Pública o por el Gobierno, que se resisten a reconocerlos como paramilitares.

La repetición de las atrocidades

La masacre cometida el pasado 20 de julio en el municipio de Puerto Libertador (Córdoba), en la que murieron siete personas, entre ellas un líder comunitario y dos niños a manos de grupos armados ilegales que se movilizaban en una camioneta, vestidos de civil, encapuchados y armados, es una dolorosa muestra de ello.

No es, sin embargo, el único caso. Por lo menos, otras cuatro masacres atribuibles presuntamente a grupos paramilitares se han registrado este año.

Una, ocurrida el 11 de enero en la ciudad de Santa Marta (Magdalena), en la que murieron cinco líderes comunitarios y otras tres personas resultaron heridas, luego de que hombres armados irrumpieron en una fiesta familiar y dispararon contra las personas que se encontraban allí.

Otra, el 23 de febrero en el municipio de San Juan del Cesar (La Guajira), en la que murieron cuatro personas de una misma familia, luego de que hombres armados, encapuchados, que portaban prendas de uso privativo de la Fuerza Pública, incursionaran en la finca donde se encontraba la familia campesina.

Una más se registró entre el 27 y el 28 de abril en el municipio de Pizarro (Chocó), en la que fueron asesinados nueve pescadores, y otras seis personas fueron desaparecidas.

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Otra más tuvo lugar entre el mes de junio en zona rural del municipio de Istmina (Chocó), en la murieron cuatro aserradores, lo que provocó el desplazamiento forzado de, por lo menos, 69 personas hacia la cabecera municipal.

Estas masacres tienen dos elementos en común: por un lado, han sido atribuidas a las denominadas “bandas emergentes”, pero, por otro, son hechos que están rodeados de patrones propios del modo de actuar de los paramilitares.

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Se ha podido establecer que estas masacres han estado dirigidas contra la población civil, que tradicionalmente ha sido el objetivo de estos grupos.

Es el caso de las cinco masacres reseñadas, en las que han muerto pescadores, campesinos y líderes comunitarios que están reclamando por la garantía de sus derechos.

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Así mismo, las masacres han sido cometidas por hombres vestidos de civil, armados y encapuchados, tal como se registró en los casos de las masacres de Puerto Libertador y San Juan del Cesar.

Algunas de las masacres también han sido anunciadas, como es el caso de la masacre de Puerto Libertador, en la que los campesinos de la región ya habían alertado a las autoridades sobre las amenazas que pesaban sobre la población, por lo que la Defensoría del Pueblo envió a Bogotá tres informes en los que alertó sobre el riesgo en el que se encontraban los municipios de Montelíbano, Tierralta, Valencia y Puerto Libertador1.

La Comisión Colombiana de Juristas ha podido establecer que entre el 1° de diciembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2007, por lo menos se han registrado 4.019 personas como víctimas de violaciones al derecho a la vida atribuidas presuntamente a los grupos paramilitares en 27 de los 32 departamentos del país.

Las cifras por sí solas desvirtúan el llamado “cese de hostilidades”, pero incluso, además de estas cifras, así como de las masacres señaladas anteriormente, este año han tenido lugar otros hechos que muestran un dramático aumento en el registro de la violación al derecho a la vida.

En efecto, diversas autoridades civiles han manifestado su preocupación por el incremento de los asesinatos especialmente en dos lugares del país.

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Tan solo en el epartamento de Córdoba, según datos de la Policía Nacional, se han cometido 283 homicidios durante el 20082, y en la ciudad de Medellín las autoridades hablan de 530 personas asesinadas entre enero y junio de 20083.

Peligrosos eufemismos sobre el paramilitarismo

Por todo lo anterior, resulta preocupante que el Gobierno insista en afirmar que el paramilitarismo ya no existe en Colombia, o que se asegure, tal como lo hizo el Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), que el ciclo de violencia en Colombia se halla en su fase terminal:

“…el ciclo de violencia se halla en su fase terminal y los colombianos estamos dando una lección de valor universal: es uno de los únicos países de América Latina en donde se están enfrentando con valor los crímenes del pasado y evitando la impunidad como recurso para transitar de la guerra a la paz o de la dictadura a la democracia”4.

Afirmaciones como las anteriores y, en general, aquellas que pretenden mostrar que los crímenes del paramilitarismo son cosa del pasado, no hacen más que desconocer abiertamente la realidad y, de paso, invisibilizar a las víctimas del presente, preparando el camino para una nueva y mayor mpunidad.

Uno de los objetivos principales en todo proceso de paz que se pretenda real debe ser que se disponga de todos los mecanismos y acciones necesarias para garantizar que las atrocidades no se vuelvan a repetir.

Sin embargo, tras casi seis años de iniciado el proceso de negociación entre los grupos paramilitares y el Gobierno, y tres de la aplicación de la ley de “justicia y paz”, no se puede afirmar que la población civil cuente con garantías de que los crímenes no van a volver a tener lugar, simplemente porque nunca han dejado de ocurrir y porque, además, la estrategia de control más utilizada por los grupos paramilitares para infundir terror en la población civil, que son las masacres, se está volviendo a repetir.

En efecto, el registro de la comisión de masacres anuncia que no son ciertas las afirmaciones hechas por el Gobierno y por el Presidente de la CNRR. Si bien se produjo una reducción en los registros de los asesinatos colectivos en el período comprendido entre el 2006 y el 20075, no debe olvidarse que la razón de ser de esta disminución no se debió a que los grupos paramilitares hubieran dejado de actuar.

Por el contrario, continuaron haciéndolo, sólo que de manera diferente. Por ejemplo, algunos paramilitares han admitido que la práctica de cometer masacres dejó de ser utilizada por los grupos paramilitares porque no era rentable para ellos en términos políticos, por lo cual optaron por cometer asesinatos selectivos6.

Sin embargo, esta disminución en las masacres vino acompañada del aumento en la comisión de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública7

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y de la utilización de las amenazas por parte de los grupos paramilitares contra la población civil para mantener el poder que, sobre las comunidades, lograron tener gracias al terror infundido por las miles de masacres que han cometido estos grupos desde su conformación a lo largo del país8.

La realidad sobre las “bandas emergentes”

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, se ha atribuido el aumento en los homicidios así como en las masacres a las “bandas emergentes”, aun cuando a la vez se tiene conocimiento de que los patrones de este tipo de actos son los mismos que utilizan los grupos paramilitares ¿Por qué insistir, entonces, en que las denominadas “bandas emergentes” no son grupos paramilitares?

Según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), a noviembre de 2007 existían 67 grupos paramilitares con 6.377 miembros activos9.

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Otras organizaciones, como la Corporación Nuevo Arco Iris, han afirmado, más recientemente, que después de la “desmovilización” hay, por lo menos, 10.000 paramilitares activos10.

Esta afirmación es verosímil, puesto que, según fuentes de inteligencia, el grupo comandado por alias “Don Mario”, en el norte del país, está integrado por tres mil combatientes, y el comandado por alias “Cuchillo”, en los llanos, también está integrado por otros tres mil hombres11.

No es extraño, entonces, que en los más de 65 grupos restantes haya más de cuatro mil combatientes adicionales.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia de 2007, destacó lo siguiente sobre las denominadas bandas emergentes:

“Estos grupos están fuertemente armados, tienen organización militar y mandos responsables y disponen de capacidad para ejercer control territorial y adelantar acciones militares contra otros actores armados.

“Son un factor activo en la intensidad del conflicto armado, con consecuencias directas y graves para la población civil. Se ha recibido información que sugiere nexos, aquiescencia o tolerancia de algunos miembros de la fuerza pública en acciones atribuidas a algunos de estos grupos”12.

La descripción que se hace en el informe sobre este tipo de grupos parece más bien la descripción de los grupos paramilitares. Con esto se pone al descubierto que no estamos frente a “nuevos” ni “pequeños” grupos, tal como lo ha afirmado el Gobierno.

Por ello, la Alta Comisionada, más adelante, en el mismo informe, hizo énfasis en que “calificar a todas estas nuevas estructuras como meras bandas criminales no recoge en su totalidad la complejidad, variedad, pluralidad y riesgo del fenómeno”13.

En efecto, simplificar el objetivo de estas “bandas criminales” a su lucha por el control de los cultivos de coca, los laboratorios de procesamiento de droga y las rutas del narcotráfico es ingenuo, por decir lo menos.

Algunos nombres de estos grupos, como los de las “Rondas Campesinas Populares”, el “Ejército Revolucionario Popular Anticomunista” y los “Héroes de Castaño”, sugieren que sus propósitos van más allá de eso.

Otros, como “Los paisas” o las “Águilas Negras”, aunque no utilizan nombres tan dicientes, sí revelan mucho con sus acciones que se orientan contra activistas sociales y población civil.

Si bien es cierto que, al parecer, algunos de estos grupos se están enfrentando entre sí, esta no es la razón de ser ni la explicación para todas las muertes de campesinos y líderes comunitarios en masacres.

Mucho se ha dicho sobre el enfrentamiento entre el grupo paramilitar dirigido por Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario” y el grupo de “Los paisas”, antigua “Oficina de Envigado”.

Sin embargo, las muertes que se están atribuyendo a estos grupos no son en su totalidad producto de la lucha que están librando entre ellos, pues lo cierto es que muchas son el resultado de las acciones que estos grupos emprenden directamente contra la población civil.

No debe olvidarse además que si bien la Fuerza Pública ha pretendido mostrar a Daniel Rendón Herrera apenas como un narcotraficante poderoso con una banda delincuencial a su servicio, alias “Don Mario” es además un terrateniente que posee tierras en Córdoba y Urabá, usurpadas a campesinos asesinados, amenazados o desplazados, y que está interesado en mantener el control sobre ellas debido a su participación en empresas frutícolas14.

No sobra decir además que la guerra entre grupos paramilitares no es nueva en el conflicto colombiano. Baste recordar la que emprendió el frente “Cacique Nutibara”, al mando de alias “Don Berna”, contra el “Bloque Metro”, al mando de alias “Doble Cero”, que resultó en la exterminación de este grupo y en la muerte de este jefe paramilitar.

O la guerra emprendida entre dos grupos paramilitares que operan en los llanos orientales: el grupo que lidera Martín Llanos y el que lideraba Miguel Arroyave. Sin embargo, estas guerras no fueron un obstáculo para que todos estos grupos desarrollaran sus actividades en contra de la población civil.

Nueva impunidad a la vista

Para hacer frente a esta “nueva” oleada de violencia, la Fuerza Pública ha dispuesto la conformación de un “grupo élite” integrado por miembros de la Fiscalía, el DAS, el CTI, el Ejército y la Policía y así combatir a las mal llamadas “bandas emergentes”15.

Sin embargo, todos estos organismos han estado involucrados con los grupos paramilitares desde su conformación, por lo cual la respuesta no sólo resulta inadecuada sino eventualmente perjudicial.

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Incluso, el Presidente de la República se ha referido a la judicialización de las personas que hacen parte de estos grupos en términos que no son propios de quien representa un Estado de Derecho, y que sugieren más bien el quebrantamiento de principios básicos del mismo:

“No hay cosa que más atraiga inversión, señores generales, que la tarea de ustedes con esos bandidos que quedan aquí. A uno le dicen que todavía queda en la Oficina de Envigado alias ‘El Yiyo’, que queda alias ‘El Memín’, que quedan unos bandidos de esos. Acábelos y por cuenta mía, no se preocupe mi general”16.

Lo cierto es que los paramilitares nunca han dejado de existir. Simplemente han cambiado sus nombres y su modo de operar, pero las garantías de no repetición que prometieron el Gobierno y la ley 975 de 2005 aún están lejos de concretarse.

Y estarán más lejos todavía si se sigue negando la existencia del paramilitarismo e invisibilizando a las víctimas. Con ello, apenas se continuará dando respuestas inadecuadas para crímenes que lastimosamente no son sólo del pasado sino también del presente.

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1 Diario El Tiempo, “Guerra de bandas ex ‘paras’ desangra a 7 departamentos”, 28 de julio de 2008, pág.1-2.

2 Iván Cepeda, “La ficción del Posconflicto”, en diario El Espectador, 2 de agosto de 2008, versión electrónica.

3 Diario El Espectador, “Desmovilizados, en tinieblas”, 29 de julio de 2008, versión electrónica.

4 Eduardo Pizarro Leongómez, “La violencia no es maldición bíblica”, diario El Tiempo, 28 de julio de 2005, pág. 1-15.

5 En efecto, hubo una reducción en los registros de violaciones al derecho a la vida en masacres entre el año 2006 y el año 2007, en el que se registraron cinco masacres, en tanto que entre el 2002 y el 2003 se registraron 456 masacres.

Pero simultáneamente se mantuvo un alto índice en el registro de asesinatos y desapariciones forzadas cometidos de manera selectiva y atribuidos a grupos paramilitares. Al respecto, ver: Comisión Colombiana de Juristas, Colombia: El espejismo de la justicia y la paz. Balance sobre la aplicación de la ley 975 de 2005, Bogotá, marzo de 2008, pág. 74.

6 Versión libre del paramilitar Éver Veloza García, alias “HH”, 7 de noviembre de 2007. Ver, al respecto: Comisión Colombiana de Juristas, Colombia: El espejismo de la justicia y la paz. Balance sobre la aplicación de la ley 975 de 2005, Bogotá, marzo de 2008.

7 Entre julio de 2002 y diciembre de 2007, se han registrado por lo menos 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la Fuerza Pública, frente a 669 casos registrados entre enero de 1997 y junio de 2002.

8 La Comisión Colombiana de Juristas ha podido registrar que entre el 1° de diciembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2007 por lo menos 4.213 personas han sido víctimas de amenazas cometidas por grupos paramilitares.

9 Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), “Nuevos grupos paramilitares”, 26 de noviembre de 2007 (modificado el 3 de diciembre de 2007). Consultar en: ww.indepaz.org.co

10 Corporación Nuevo Arco Iris, “¿Desapareció el paramilitarismo?”, junio de 2008. Consultar en: www.nuevoarcoiris.org.co

11 Diario El Tiempo, “El doble juego de ‘Don Mario’ y ‘Cuchillo’”, 4 de agosto de 2008, pág. 1-5

12 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, Doc. A/HRC/7/39, 28 de febrero de 2008, párr. 39.

13 Ibíd., párr. 40.

14 Iván Cepeda, “La ficción del Posconflicto”, en diario El Espectador, 2 de agosto de 2008, versión electrónica.

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Iglesia denuncia surgimiento de una nueva generación de paramilitares
Por Caracol Radio

En la zona del Magdalena Medio se está hablando de la segunda y tercera generación de los paramilitares, denunció monseñor Jaime Prieto Amaya, obispo de Barrancabermeja.

Aseguró que si el gobierno nacional no le pone freno a este rearme, y la guerra que vienen sosteniendo en Barrancabermeja los Desmovilizados de las Autodefensas, es seguro que ocurra lo mismo que sucedió en el pasado con el narcotráfico en el país.

Señaló que pequeñas bandas de desmovilizados armados se apoderen de ciertos territorios y están intimidando a sus pobladores, para imponer la ley del silencio y del más fuerte.

Monseñor Jaime Prieto Amaya, obispo de la zona del Magdalena Medio Colombiano, aseveró que estos grupos están circulando panfletos firmados por los nuevos comandantes, donde intimidan a líderes cívicos, populares, religiosos, sindicalistas, a quienes acusan de ser auxiliadores de la guerrilla.

Según Francisco Campo, de la ONG, Nación, en lo que va del presente año, la guerra de los desmovilizados ha dejado 15 personas asesinadas y seis heridas.

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Los derechos de las comunidades afrocolombianas: tarea pendiente y urgente
Por Comisión Colombiana de Juristas

Quince años después de su promulgación, la ley 70 de 1993 que reconoce la diversidad étnica y cultural de las comunidades afrodescendientes arroja un balance negativo pues los derechos y garantías contempladas en ella se quedaron en el papel.

Llamado de la Comisión Colombiana de Juristas para el reconocimiento y la protección de la multiculturalidad de la nación colombiana.

Quince años después de la promulgación de la ley 70 de 1993, en favor de la población afrodescendiente colombiana, sus principales postulados parecen letra muerta pues los derechos de estas comunidades no se garantizan y los principios de la ley no se cumplen.

La Encuesta de Calidad de Vida (ECV) realizada en el año 2003, indica que las condiciones socioeconómicas de la población afrocolombiana –que suma un total de 3.448.389 personas y representa un total del 8% de la población nacional–están por debajo de la media de la población que no pertenece a este grupo.

Según el documento Conpes Política de acción afirmativa para la población negra o afrocolombiana y la Cartilla Síntesis del Plan Integral de Largo Plazo para la población negra, mientras que la cobertura de educación secundaria para la población no afro es de 75%, la de comunidades afrodescendientes es inferior, y alcanza tan solo un 62%.

Además de lo anterior, el porcentaje de afrodescendientes que ingresa a la educación superior (14%) es menor que el del resto de la población (26%), lo cual explica que en el país la población afro profesional alcance tan sólo un 4%, frente al 7% de la población no afro.

En lo relacionado con la salud, los afrocolombianos presentan mayor porcentaje de población no asegurada (51%) en comparación con el del resto del país (35%).

“Las cifras nos indican una falta de reconocimiento, en la práctica, de los derechos de estas colectividades y la escasa voluntad del Estado por lograr una igualdad real entre todos los colombianos”, asegura la Comisión Colombiana de Juristas en su análisis de la aplicación de la ley 70 de 1993 (Documento anexo).

En materia de garantía del derecho a la igualdad, la Corte Constitucional ha estudiado algunos casos concretos en los que existe discriminación basada en la raza, tutelando los derechos de los accionantes.

Sin embargo, la tutela de los derechos de quienes acuden a esta acción, si bien es un gran paso, no constituye garantía de los derechos de este grupo, evidencia el compromiso de sólo una de las ramas del poder público con la población afrodescendiente y, por no enmarcarse dentro de un política pública integral de protección de los derechos de la población afrodescendiente, no constituye garantía de no repetición de actos de discriminación racial.

El 23 de julio de 2008, el Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes, el Proceso de Comunidades Negras y DeJuSticia interpusieron una acción de tutela, motivada por la negativa de tres bares de Bogotá de permitir el acceso a los establecimientos a ocho jóvenes afrocolombianos.

A partir de un caso concreto, la acción de tutela aún en trámite, pretende motivar una política pública de protección integral a favor de los afrocolombianos y pone de presente que a pesar de que Colombia se ha obligado internacionalmente a erradicar y sancionar la discriminación racial, el nivel de implementación en el nivel interno de los instrumentos internacionales relacionados con la materia ha sido precario e insuficiente.

Además de la falta de reconocimiento real del derecho a la igualdad y de la falta de protección efectiva a la diversidad étnica y cultural, el respeto a la integralidad y dignidad de la vida cultural de las comunidades afrocolombianas tampoco se hace efectivo.

Por ejemplo, algunas empresas palmicultoras y otros ocupantes de mala fe han violado gravemente el derecho al territorio colectivo de las comunidades afrocolombianas, en particular de las ubicadas en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, desconociendo el respeto debido a su integralidad y dignidad cultural.

Entre tanto, el gobierno no ha cumplido la obligación de brindar las condiciones necesarias para el retorno de las comunidades que han sido desplazadas de su lugar de origen.

Tampoco se ha cumplido el derecho que tienen las comunidades afrocolombianas a participar en la toma de decisiones que les afectan.

La falta de consulta ha sido reconocida por la Corte Constitucional que, en dos sentencias, declaró la inconstitucionalidad de la totalidad de la Ley General Forestal y la suspensión de la ejecución de las medidas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo susceptibles de incidir sobre los derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes, respectivamente, por desconocer el derecho fundamental al que se hace referencia.

La Constitución Política de 1991 sentó las bases para el reconocimiento y protección de la multiculturalidad de la nación colombiana. La ley 70 de 1993 es uno de los principales instrumentos de política pública en favor de la población afrodescendiente colombiana.

Sin embargo, quince años después de la promulgación de esta ley, sus principales postulados parecen ser letra muerta.

“La Comisión Colombiana de Juristas hace un llamado para que se reconozca que es imperativo que el ejecutivo tenga en cuenta los principios de la ley y garantice un proceso incluyente, participativo y reconozca efectivamente la diversidad étnica y cultural del país, con el objeto de asegurar la vigencia de los derechos de la población afrodescendiente”.
Foto:Universia

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Ejercito y reinsertados intentan secuestrar a estudiante en Bogotá
Por Camilo Raigozo. Con información de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios

El 2 de septiembre de 2008 en el Centro Internacional Tequendama, en Bogota, hacia las 12 del medio día fue abordado por cuatro paramilitares reinsertados, el estudiante de la Universidad Distrital, miembro de la Aceu y militante de la Juventud Comunista, Yamith Acosta Jiménez.

Los 'paras' reinsertados, conjuntamente con miembros del Ejercito Nacional procedierona detener de manera ilegal y arbitraria al estudiante.

Ante los llamados de auxilio del joven y la exigencia a que se respataran sus derechos humanos fundamentales, intervino la Policía Metropolitana evitando el intento rapto.

Los agentes procedieron a verificar los antecedentes del universitario, acción en la que empleó más de una hora, aduciendo que la red de la central no daba respuesta.

Luego del arribo al lugar del abogado defensor Diego Martínez, reinsertados y militares continuaron agrediendo verval y físicamente, lo mismo que tomándole fotografías tanto a Acosta como al equipo de ayuda que acompañaba a su abogado.

Ante la exigencia del defensor de agilizar la verificación de datos de parte de la policía y la preocupación de los transeúntes, reinsertados y miembros del ejército abandonaron el sitio, no sin antes indicar a los agentes que el objetivo era dejar "guardado" al estuduante.

Posteriormente Yamith Acosta Jiménez fue trasladado a varias estaciones de policía y a las instalaciones de la Sijin. Allí los guardias tras imperir el ingreso del abogado defensor lo agredieron verbalmente.

Hasta después de las 3 de la tarde Acosta fue dejado en libertad, pero su vida y su seguridad integral quedan en alto riesgo, por lo que las organizaciones estudiantiles y ONG defensoras de los derechos humanos responsabolizan al gobierno de lo que le pueda ocurrir.

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