sábado, enero 11, 2014

Cerca de 100 mil personas respaldaron al alcalde Petro y a los votantes que lo eligieron
Por Camilo Raigozo. Notimundo

Desde las tres de la tarde empezaron a congregarse en el Parque Nacional y en otros puntos sobre la Carrera Séptima de Bogotá, decenas de miles de manifestantes pacíficos en defensa del alcalde Gustavo Petro, del voto de los ciudadanos que lo eligieron y contra las mafias que lo quieren sacar en cabeza del procurador Alejandro Ordoñez.

Al caer la tarde unas 100 mil personas fueron concentrándose lentamente en la plaza de Bolívar para rechazar la arbitrariedad de Ordoñez y para darle su respaldo al alcalde, que al filo de las siete y media de la noche hizo su aparición en el balcón del edificio Liévano.

Una fuerte ovación le dio la bienvenida a Petro, quién empezó su discurso con un cálido saludo a la muchedumbre agradeciéndole su presencia y su respaldo a la democracia. Igualmente se refirió al asesinato  del joven Gerson Martínez el pasado 5 de enero y pidió que se guardara un minuto de silencio en su memoria.

Explicó que su destitución es un golpe de Estado contra el mandato popular, contra la libertad y contra la democracia. “Golpe de Estado es un cambio de gobierno efectuado por los poseedores del poder estatal en desafío a la legalidad constitucional”, dijo el alcalde de los bogotános. 

Expresó que lo que las mafias están buscando es cambiar el gobierno de Bogotá, incluyente, popular y democrático, por un gobierno de corruptos, de electrocutadores de estudiantes, de excluyentes y de oligarcas.

“Quieren un gobierno cuyos funcionarios se arrodillen todos los días a rezar ante la virgen María, mientras por la noche firman los contratos en favor de las mafias”, aseveró el burgomaestre.


“Es un golpe de Estado, porque estamos conociendo tres sentencias constitucionales de la Corte Suprema, del Consejo de Estado y tres decisiones recientes de jueces de la República que dijeron que el complot de Bogotá tenía que ver con que los operadores privados del aseo no le devolvieron los camiones compactadores a la ciudad de Bogotá. No cumplieron la ley de reversión en los contratos de concesión”, advirtió el mandatario capitalino.

Agregó que el país tenía que entender con claridad, que a través de contratos espurios de concesión se han entregado el petróleo, el carbón, el oro, el níquel, los recursos naturales no renovables, la televisión, las emisoras de radio, el espectro electromagnético para usar los celulares, el agua potable, el aseo, la electricidad, es decir casi toda la riqueza del país.

“Sí la tesis del Procurador se volviese realidad sería el mayor robo del patrimonio público en la historia de Colombia, porque todos los contratistas de concesión no solamente se quedarían con unos cuantos camiones compactadores de basuras, sino que se quedarían con el patrimonio de los colombianos y de las colombianas”, expresó el alcalde.

“Ellos no están pensando simplemente en si el señor Alberto Ríos o el señor William Vélez, financiadores de las campañas de Germán Vargas Lleras y de Álvaro Uribe Vélez, se quedan o no con los contratos de Bogotá.

“Lo que está detrás del fallo del procurador es un atentado certero contra la esencia y el alma de la democracia. El voto popular con las posiciones soberanas del pueblo.

“Lo que está violando la arbitrariedad del procurador son los derechos políticos, que son el corazón de los derechos humanos de los colombianos, que son las garantías de la democracia, que son las libertades”, dijo Petro.

Se preguntó Petro “¿en qué país democrático un funcionario que nadie eligió se abroga la facultad de quitarle al pueblo el derecho al voto?”

El alcalde invitó a toda la ciudadanía a participar en la consulta que se realizará el próximo 2 de marzo en la que está en juego su destitución o su ratificación como mandatario de los bogotanos y advirtió que es la mejor manera de resolver la encrucijada en la que cayó Bogotá desde que Ordoñez decidiera destituirlo e inhabilitarlo por 15 años.

Petro le solicitó al presidente Santos permitir que sean los ciudadanos quienes decidan en las urnas si se va o se queda. Igualmente le comunicó a Santos que no tome ninguna decisión antes de que se pronuncie la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las medidas cautelares que impedirían las pretensiones de Ordoñez y sus secuaces.

Finalmente, el burgomaestre le advirtió a Santos que tenga en cuenta que el fallo de Ordoñez, “es el producto de una asociación para delinquir, de oscuros empresarios asociados al paramilitarismo y la decisión oscura de los contratistas que se han apropiado de la democracia”. Fotos 12 y 13 tomadas de Iternet.

Vea también
La paz no son son más sino garantías políticas: Gustavo Peto

jueves, enero 09, 2014

Exigen al gobierno garantías para los grupos opositores colombianos
Por: Eliecer Jiménez Julio, Ginebra, Suiza

Diversas organizaciones sociales y políticas europeas dirigieron una comunicación pública al gobierno colombiano y a los fiscales y jueces que llevan los casos de diferentes prisioneros políticos en ese país y donde además de denunciar la persecución sistemática y criminalización de la protesta como política estatal, indican que:

 “ La paz con justicia social solo llegará  a ese país el día que se hagan los cambios políticos y sociales estructurales y se le brinden las verdaderas garantías a la oposición para desarrollar las actividades sin ser encarcelados o asesinados”

Aquí el texto completo de la comunicación y las organizaciones firmantes:

Europa, Enero 7 de 2014

Señores:
Fiscal: Oswaldo Garcia Lizcano
Juez: Jorge Alirio Lozada Rojas 

De los Prisioneros Políticos Colombianos
Jorge Eliecer Gaitán, Carlos Lugo y Omar Marín, entre otros.
Florencia, Caquetá, Colombia.

Cordiales saludos;

Las Organizaciones sociales y políticas europeas abajo firmantes conocedores de  la situación de privación física de libertad desde el dos de octubre de 2011, por parte del Estado Colombiano, de los dirigentes estudiantiles, cívicos y sociales, Jorge Eliecer Gaitán, Carlos Lugo y Omar Marín,-

entre otros, los cuales desde el momento de sus capturas han sido sometidos a condiciones de retención  que atentan contra la dignidad humana, como son la reclusión en cárceles distantes de sus núcleos familiares y la omisión en la atención médica oportuna entre otros,-

sumado a que no se han realizado aun las audiencias preparatorias del juicio donde sus abogados han adelantado varias audiencias de vencimiento de términos y les han sido niegas sus libertades a pesar de que hace meses deberían estar en libres.

Nos permitimos dirigirnos a ustedes y a las autoridades y  comunidad colombiana e internacional con el fin de expresarles nuestras preocupaciones y de paso hacer las denuncias correspondientes por las faltas de garantías jurídicas y procedimentales dentro de los procesos que ustedes orientan respecto a los citados dirigentes encarcelados injustamente.

En Europa sabemos perfectamente que éste como la mayoría de los procesos jurídicos-políticos que se adelantan contra centenares de dirigentes estudiantiles, obreros, sindicales, campesinos, académicos, indígenas, líderes y  luchadores sociales opositores al gobierno colombiano etc,-

son pruebas fehacientes de la criminalización del pensamiento crítico y ausencia real de garantías para el ejercicio de la oposición política en Colombia, país donde son mundialmente conocidos los montajes judiciales (falsos positivos tanto militares como judiciales) con el propósito de acusar, perseguir, encarcelar y asesinar a los dirigentes de la oposición.

Como pruebas de estas persecuciones sistemáticas que son política del Estado Colombiano, de criminalizar las protestas y a la oposición social y política, registramos las detenciones de otros reconocidos líderes sociales como David Ravelo,-

Huber Ballesteros y la más reciente ocurrida al comenzar este año 2014, la del profesor universitario Francisco Toloza y como siempre todas y todos acusados del delito de rebelión con  montajes judiciales de tener vínculos con la insurgencia colombiana.

Del movimiento Marcha Patriótica en el 2013 fueron asesinados 25 de sus integrantes, y durante los últimos 10 días sumamos otros cuatro asesinatos contra los dirigentes opositores, Johnny Echavarría de la Asociación Campesina de Ituango,-

asesinado por la policía de Santa Rita, Antioquia, el  26 de diciembre,  Gilberto Daza, concejal del PDA, en el Dpto. del Cauca asesinado el 28 de diciembre, Giovany Leiton líder comunal del Dpto. del Chocó y La Mesa Nacional Agraria de Interlocución y Acuerdo (MIA),-

asesinado junto con su compañera sentimental el día 4 de enero  y  Ever Luis Marín Rolong, líder sindical de la CUT en el Dpto. del Atlántico asesinado ese mismo día en Barranquilla, más las constantes y diarias amenazas de muerte contra centenares de dirigentes opositores colombianos.

Desde Europa seguiremos denunciando todas estas violaciones, persecuciones y asesinatos por parte del Estado y el sistema judicial colombiano y exigiendo al gobierno de este país las garantías necesarias para el ejercicio político de la oposición,-

más cuando se desarrolla en la Habana, Cuba los diálogos en búsqueda de una paz con justicia social, la cual solo creemos llegará  a ese país el día que se hagan los cambios políticos y sociales estructurales y se le brinden las verdaderas garantías a la oposición para desarrollar las actividades.

A estos prisioneros políticos  como a los otros 9.500 que se encuentran en las cárceles colombianas, a los familiares y amigos de los lideres asesinados, les enviamos nuestra solidaridad y saludo, al igual a organizaciones defensoras de los DD.HH y de  prisioneros políticos,-

invitándoles a no desfallecer en la defensa y libertad de los mismos y continuar con la denuncia internacional ya que las luchas sociales no son un delito, sino un paso por la defensa de los derechos políticos y sociales consagrados en la Constitución colombiana y en los diferentes convenios internacionales.

Firma 12 organizaciones


miércoles, enero 08, 2014

Terrorismo de Estado
Acusan al Ejército de infringir gravemente el DIH y poner en peligro la vida de comunidad indígena
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado 23 de diciembre a las 7 y 45 de la noche, tropas del Ejército incursionaron en la comunidad indígena Barranco, jurisdicción del municipio de Riosucio Chocó, denunció el Consejo de Autoridad Indígena del Bajo Atrato.

Según la fuente, las tropas regulares infringieron de manera grave el Derecho Internacional Humanitario, al disparar indiscriminadamente en medio de la población civil poniendo en alto riesgo la vida y la integridad de los habitantes, entre los que hay bastantes niños.

Los disparos de las fuerzas castrenses dañaron  varios bienes, entre estos un congelador,  12  tejas de zinc, dos botes, utensilios de cocina y media hectárea de plátano. La comunidad atribuye a un milagro que no hayan resultado personas heridas  o muertas en el ataque irresponsable de las tropas.

Ante los hechos algunas familias tuvieron que desplazarse a zonas más seguras y algunas durmieron en las montañas para resguardar sus vidas y la de sus hijos.

“Exigimos a las autoridades departamentales y nacionales acciones que protejan la vida de nuestras comunidades.

“Así mismo de manera respetuosa le solicitamos a los organismo derechos humanos, su solidaridad con nuestras comunidades  en la visibilización  de la violación de los derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario-

por parte de los actores armados en especial del el Ejército Nacional, quien bajo el pretexto de actuar contra la subversión justifica sus atropellos  contra los bienes de la comunidad y pone en peligro la vida e integridad física  de nuestros pobladores”, expresa la denuncia.


martes, enero 07, 2014

Terrorismo de Estado
El régimen mata o encarcela a los opositores políticos pero sostiene que en Colombia la democracia es ejemplar
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El régimen criminal y violento que mantiene el poder en Colombia continúa su sangrienta represión contra los miembros de los movimientos sociales y políticos de oposición, a quienes asesina o encarcela.

Las últimas víctimas de la persecución política son el líder campesino Giovany Leiton, cuyo cuerpo sin vida y con huellas de tortura, así como el de su compañera sentimental, fueron encontrados el pasado 4 de enero en San José del Palmar, Chocó.

Leiton participó activamente en las protestas campesinas contra la erradicación de cultivos de uso ilícito que duraron  dos meses. Desde entonces estas comunidades formaron parte  de la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo, MIA.

La otra víctima del Estado Terrorista es el profesor universitario Francisco Tolosa, dirigente del movimiento político Marcha Patriótica, quién fue detenido el pasado 4 de enero en Cúcuta, victima de un falso positivo judicial.

El profesor es acusado de ser miembro activo de las FARC EP y según el montaje se desempeñaba como reclutador de jóvenes para ese ejército insurgente.

El fiscal que lo acusa dijo que las pruebas contra Tolosa fueron encontradas en uno de los computadores recuperados en la operación Sodoma, en la cual la CIA en complicidad con militares colombianos asesinó al líder guerrillero Jorge Briceño, más conocido como “Mono Jojoy”.

La perversa estrategia de la CIA, según se desprende de la información reciente del Washington Post,  no solo consiste  en asesinar a líderes insurgentes con bombas inteligentes, sino también inventarse el hallazgo de supuestos computadores, discos duros y memorias USB, en los sitios bombardeados.

Las bombas de la CIA son capaces de arrasar con todo a decenas  de metros a la redonda de las explosiones, pero deja intactos los computadores, discos duros y USB, así se encuentren en el epicentro de las explosiones.

La demencial estrategia de los “súper computadores indestructibles de las FARC EP” consiste en utilizarlos para fabricar montajes judiciales contra miembros de la oposición.

Es el caso de Piedad Córdoba, quién fue absuelta por las altas cortes pero condenada por el procurador Ordoñez; la senadora Gloria Inés Ramírez, también absuelta; el profesor Miguel Ángel Beltrán, quién al igual que Córdoba fue absuelto por los jueces pero es  víctima del Ordoñez.

La misma estrategia ha sido aplicada contra el líder social Huber Ballesteros;  el periodista de Anncol Joaquín Pérez; Liliany Obando, quién fue encarcelada por varios años y luego absuelta, y ahora contra el profesor Francisco Tolosa.

Sindicalistas, profesores, estudiantes, periodistas, defensores de derechos humanos, líderes campesinos e indígenas y cualquier opositor o crítico del régimen, no están exentos de aparecer en los supuestos computadores antibombas.

Sólo el año pasado perdieron la vida a manos de los escuadrones encubiertos y paramilitares del régimen al menos 26 miembros del movimiento político Marcha Patriótica. En el mismo periodo de tiempo también fueron asesinados 26 sindicalistas según la CUT.

A estos  números hay que sumarles los campesinos asesinados por querer recuperar sus tierras y los indígenas y afrodescendientes, también víctimas del terror de Estado. El exterminio sigue siendo inexorable y sistemático en "la democracia más antigua de América".


  • "



  • Publicidad
    Paute aquí
    Contáctenos


    Zona comercial