Chaparral, Tolima
Acción Integral del Ejército en La Marina: Pan, circo y
amenazas
José Antonio Gutiérrez D.
La aparición de panfletos amenazantes, firmados por el
propio Ejército colombiano, en contra de pobladores del corregimiento de La
Marina -Chaparral, sur de Tolima-, en medio de actividades cívico-militares,
plantea una serie de inquietudes respecto al significado de la “Acción Integral
del Ejército” en el marco de la consolidación territorial como estrategia del
Estado.
Queda claro que la susodicha consolidación no solamente
va aparejada de toda clase de abusos contra la población (al margen de
intervenciones asistencialistas puntuales inscritas en una lógica militarista),
sino que además degrada la noción de derechos sociales y genera un ambiente de
zozobra cuyo único fin pareciera ser quebrar los lazos organizativos en la
comunidad.
En el centro de esta estrategia, está la guerra declarada
del Ejército a la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima
(Astracatol), cuyos miembros y dirigentes han soportado una campaña
ininterrumpida de hostigamientos, montajes judiciales y agresiones.
La salud y el esparcimiento ¿derechos o estrategia de
guerra?
Desde el viernes 24 al domingo 26 de Noviembre (2013) se
realizó en La Marina una “Jornada de Apoyo al Desarrollo” impulsada por la
Fuerza de Tarea Zeus de la Quinta División del Ejército Nacional, junto con la
gobernación de Tolima, la alcaldía de Chaparral, bienestar familiar, acción
social, la unidad administrativa de consolidación territorial y otras
instituciones estatales.
Esta jornada, que el propio ejército calificó como “un
hecho histórico”, no es más que una de las viejas brigadas cívico-militares,
habiéndose desarrollado durante el curso del 2013 otras tres en el sur del
Tolima: San José de las Hermosas (Chaparral), Santa Elena (Roncesvalle) y
Gaitán (Ríoblanco).
El ejército puso un circo durante esos días un circo en
el corregimiento, a la vez que llevaron una misión médica que intervino a
algunas personas y dejó medicamentos a los enfermos.
Bajaron a gente de las veredas, y según las propias
fuentes militares, con las actividades de esparcimiento, repartiendo juegos a
los niños y herramientas a los labriegos, atención veterinaria y con la misión
médica, alcanzaron a unas 2.600 personas.
En estos tres días, hubo “398 atenciones en pediatría,
320 en medicina general, 210 en ortopedia, 195 en ginecología, 162 en medicina
interna, 195 en odontología, 380 en optometría y 150 en peluquería (…) Se
vacunaron también 300 equinos”.
En principio, todo suena muy bien. ¿Quién puede objetar,
de por sí, a que el Estado provea de servicios básicos, a los cuales la
población tiene derecho?
Pero hay que escarbar un poco la superficie de estas
brigadas cívico-militares para darse cuenta que en realidad estas son
intervenciones bastante menos inocentes que llevar médicos a gente que lo
necesita.
En realidad, estas brigadas cívico-militares convierten
el acceso a derechos sociales en una estrategia de guerra, como parte integral
de su acción contrainsurgente de supuesta “consolidación territorial”.
Mediante intervenciones puntuales, buscan crear la
ilusión de que se está contrarrestando la privación estructural que padecen los
campesinos en Colombia a la vez que se niegan estos servicios como derechos a
las mayorías.
Después de tanto garrote que han metido a esta comunidad,
ahora por fin cae una zanahoria para que el pueblo exclame jubiloso ¡Por fin a
La Marina llega el Estado! Como si la militarización, los asesinatos,
bombardeos, informantes, arrestos selectivos y masivos, montajes judiciales,
etc., no fueran obra y gracia del Estado colombiano.
La Acción Integral
del Ejército
Pero no son
solamente los críticos a las políticas militaristas del régimen colombiano
quienes decimos que estas brigadas cívico-militares son un engaño y una manera
de jugar con las necesidades de la gente para fines bélicos.
Esto lo afirma el propio ejército colombiano, no en su
discurso oficial, pero sí en sus instructivos internos. Veamos por ejemplo qué
es lo que nos dicen los mismos documentos del ejército donde se refieren a
estos asuntos.
Según el “Reglamento de Operaciones y Maniobras de
Combate Irregular de las Fuerzas Militares de Colombia”, la doctrina de “acción
integral” en la que se inscriben las brigadas cívico-militares, son un aspecto
de las “medidas de engaños sicológicas” utilizadas para “cubrir con un velo el
verdadero fin que se pretende.
Se utilizan para ello, y con frecuencia, los medios de
comunicación”, con el fin de “orientar campañas de operaciones sicológicas
especialmente dirigidas a los problemas más sentidos de la comunidad, para que
estos vean nuestro compromiso y solidaridad con ellos”… compromiso y
solidaridad que, como el mismo documento lo refleja, no son más que un engaño.
Algunos de los mecanismos para involucrarse con estos
problemas, con un fin contrainsurgente, consisten en “servicios médicos básicos
y especializados, asesorías, donaciones y otros servicios técnicos”, según otro
documento militar.
Intervenciones puntuales, que buscan generar una forma de
“clientelismo armado” para lograr que la comunidad “colabore”, en vez de
solucionar, en realidad, los problemas de la comunidad.
En ese mismo mes, el Ejército había estado censando en el
corregimiento. Estas intervenciones puntuales en la comunidad, debido a su
carácter fundamentalmente contrainsurgente, no logran “consolidar” los
territorios, como lo indica un informe de la Corporación Nuevo Arco Iris del
2011:
“las Fuerzas Militares funcionan en algunos territorios
como fuerzas de ocupación (…) las denominadas brigadas cívico-militares parecen
acciones típicas de fuerzas de ocupación, sirven para hacer censos, listados de
personas, pero no para consolidar el Estado de Derecho”.
Después de la zanahoria, nuevamente el garrote: panfletos
amenazantes
Una vez que la brigada cívico-militar y su circo hicieron
las maletas el día domingo 26 de Noviembre, repartieron en el pueblo unos
panfletos.
En estos panfletos el Ejército señala temerariamente a
miembros de la comunidad de ser milicianos, siendo estos nombrados por sus
nombres propios o con los sobrenombres que se les conoce en la comunidad, como
si fueran “alias”. El panfleto dice lo siguiente:
“¡Milicianos! Frente 21, Cacica La Gaitana, Corregimiento
La Marina
Alias Chucho, Alias Pinche, Alias Chávez, Alias Chacón,
Alias Dago, Alias el Guaragua, Alias el Chulo, Alias Tigre, Alias Pecho de Oro,
Alias Polo
Desmovilízate, tu familia necesita tranquilidad
Entréguese a la unidad militar más cercana
Llame a los teléfonos celulares 3138488603-3184511544
Hay mejores opciones de vida, no lo piense más
No se deje utilizar por los cabecillas/ Los que gozan son
los cabecillas, mientras que usted es quien arriesga su vida y daña su imagen
personal/ No desperdicie su juventud sirviéndole al terrorismo/ Piense en sus
hijos y en el futuro de su familia/ No destruya sus sueños y el futuro de los
demás/ Aproveche los beneficios que le ofrece el Gobierno Nacional mediante el
plan al desmovilizado/ Tener una excelente educación/ Una vivienda digna/
Derecho a un Trabajo Digno.”
En uno de los documentos militares a los que nos hemos
referido, se recomienda, entre otras variantes de la guerra psicológica, la
utilización de panfletos amenazantes para “causar miedo, asustar, dominar al
enemigo y hacer vacilar su voluntad”.
El panfleto, que trae los emblemas y las consignas del
Ejército y específicamente de la Brigada Móvil No. 8 (adscrita a la Fuerza de
Tarea Zeus), tiene claramente por objetivo, como recomiendan los instructivos
militares, generar terror, es decir, desarrollar una estrategia eminentemente
terrorista hacia la comunidad.
Todos los señalados son dirigentes campesinos de
Astracatol, dirigentes comunitarios, personas reconocidas y apreciadas por sus
labores en beneficio de la comunidad de La Marina.
Ninguno de los mencionados en el panfleto está en situación
de clandestinidad, todos llevan vidas perfectamente públicas: en virtud a los
derechos que tienen estas personas, como cualquier otro colombiano (que
incluyen garantías, debido proceso, etc.), es inaceptable que se les haga esta
clase de señalamientos sin pruebas en su contra ni órdenes de captura.
Esta clase de intimidación, propia de los métodos
paramilitares, nos recuerda que varias unidades del Ejército en Tolima han sido
señaladas por vínculos con las Águilas Negras, los Niches y los Rastrojos.
Queda claro que la consolidación militar es incompatible
con la consolidación de los derechos, y que por más que traten de echar un
barniz asistencialista al militarismo, lo único que se consolida es el terror y
la guerra sucia.
Sorprende, por último, que una institución pública, como
el Ejército, utilice lo que son derechos básicos que se niegan a las inmensas
mayorías (trabajo digno, educación de calidad y vivienda digna), como “premios”
en la lucha contrainsurgente.
Esto demuestra el nivel de degradación de los derechos
sociales en Colombia y refuerza el punto que hemos dicho más arriba de una
especie de “clientelismo armado” que se viene dando en medio del conflicto y
que conlleva toda clase de arbitrariedades.
Zozobra en el sur del Tolima
Desde entonces reina una extraña “calma” en el
corregimiento. No ha habido ningún movimiento de las autoridades después de
repartir esos panfletos, pero reina el temor en la comunidad y se espera algún
nuevo golpe represivo.
En otras partes del Tolima la represión y confusos hechos
de violencia ya se han hecho sentir desde entonces. El día 15 de Diciembre,
habría sido asesinado en la vereda Altamira, municipio de Cajamarca, el
campesino y dirigente de Astracatol Julio César Londoño, cuyo cuerpo apareció en
una fosa improvisada el 23 del mismo mes.
El 16 de Enero, en la localidad de Vegas del Café,
municipio de Dolores, durante una detención masiva, ocho campesinos vinculados
a Astracatol también fueron arrestados. Hay que recordar que, en la misma localidad,
el 9 de Mayo del 2013, otros ocho campesinos de Astracatol ya habían sido
arrestados sin pruebas sólidas en su contra.
Hay temor de que estos panfletos preparen el ambiente
para nuevos montajes judiciales, ya que, aparte del clima represivo que se
respira en el departamento, en La Marina ya ha habido otros montajes judiciales
en el pasado,-
que terminaron con ocho dirigentes del corregimiento y de
municipios vecinos tras las rejas durante dos años; montaje que cayó en Julio
del 2013 por falta de pruebas y fruto de una fuerte campaña por su liberación.
Todavía quedan campesinos del corregimiento en la cárcel
por motivos eminentemente políticos: José Norbey Lugo Caballero, Enzo Fabián
Díaz, Yeison Orlando Castañeda, Wilmer Pérez Parra, Isidro Alape, Bilman Useche
Pava.
La comunidad está a la expectativa y sigue organizándose,
pese a la inseguridad, para frenar los atropellos y lograr que, por fin, los
dejen tranquilos. Pero en toda Colombia sigue aumentando la represión oficial y
paraoficial: arrestos masivos, amenazas a miembros de la UP y de la Marcha
Patriótica, asesinatos políticos, detenciones selectivas.
Este año se juntan tres procesos que determinan la
escalada de violencia en contra de los de abajo: elecciones presidenciales y
legislativas, proceso de paz y aumento del malestar y la protesta social.
El sur de Tolima no es ajeno a este contexto generalizado
de violencia. Es legítimo, en este marco, preguntarse si así entiende la paz
Santos y el bloque en el poder en Colombia.
