viernes, octubre 23, 2009

Parauribismo/
Ustedes no entienden los esfuerzos del presidente Álvaro Uribe: Paramilitares “Águilas Negras”
Paramilitares amenazan a sindicalistas, indígenas y defensores de derechos humanos . Haga click en la foto para ver el panfleto ampliado
Por Diego Escobar Cuellar

Cali, octubre 22 de 2009. En el día de hoy acabo de recibir un pasquín supuestamente a nombre de las Águilas Negras – Nueva Generación, en el que me tildan al igual a que otros compañeros y plataformas de defensa de los derechos humanos, de ser un enemigo de la-

democracia y un defensor de la guerrilla camuflado en las organizaciones sociales, y por tanto se nos cataloga como “Objetivos Militares” dentro del contexto de guerra sucia auspiciado por el actual gobernante de Colombia – Álvaro Uribe Vélez como jefe supremo de las fuerzas militares y paramilitares del país.

Al respecto es menester manifestarles a estos grupos que nuestro compromiso efectivamente es para que en Colombia exista una verdadera democracia, no la que impone los actores armados del voto con el fusil a espaldas de los ciudadanos de bien, una democracia en la que se le brinden a todos y todas las colombianas los más elementales derechos y garantías-

constitucionales, en su orden: Salud, Educación, Trabajo en condiciones dignas y bien remuneradas, libertad de expresión y de movilización, a un medio ambiente sano, al disfrute del agua potable y una ejemplar recreación, al derecho de las comunidades aborígenes, ancestrales y afrodescendientes de disfrutar de su territorio y a la no intromisión de terceros en sus aspectos culturales, sociales y políticos.

Es nuestra vocación de servicio, el amor eficaz al pueblo es el que nos convoca a luchar incansablemente por igualdad y la emancipación de los y las colombianas del régimen opresor, tiranía que se ampara con el poder económico de las multinacionales, de los terratenientes, de-

la oligarquía criolla, todos cercanos al actual mandatario y que hoy con la entrega y detención de varios cabecillas del paramilitarismo se han venido develando sus nombres como auspiciadores de la guerra sucia que desangra al sur occidente y al país entero.

A estos personajes siniestros que se escudan tras la oscuridad de la noche, los pasquines apócrifos, la amenaza a través de terceros, a estos que agencian el ocultamiento de la verdad, la violación de la soberanía nacional con la imposición político militar del imperialismo, a los promotores del hambre y la miseria con sus acciones de destierro de los campesinos para-

entregarle las tierras más fértiles a los “capos” de los monocultivos y de las transnacionales, a los que permiten la extracción de las riquezas naturales del país por los grandes consorcios mineros y coadyuvan la explotación de la mano de obra de los y las trabajadoras, a aquellos que se ocultan detrás de una fachada de fuerza para cohonestar con la miseria y pobreza en que existen más de 15 millones de colombianos.

Aquellos que se dicen ser los patriotas, pero no son más que mercaderes de la desolación y el aniquilamiento social y el exterminio de hombres y mujeres valiosas que le han apostado a una mejor nación, en donde prime la justicia social y la equidad, en donde el gobierno represente-

verdaderamente los intereses de los y las colombianas, no a unos cuantos ricachones y sus agremiaciones, no al capital financiero y especulativo, esos no merecen ese calificativo de dignidad, deben llamarse forajidos, bandoleros, antisociales, delincuentes y otros apelativos más.

A esta horda demencial, me dirijo pública y abiertamente, para reafirmar mi amor por el pueblo, y que estaré en todos y cada uno de los lugares en donde los más necesitados, los obreros, los estudiantes, los viviendistas, los jóvenes, los campesinos, los indios, los negros, los mestizos me llamen a acompañarlos en sus más sentidas y justas reivindicaciones políticas y sociales. Es ese mi compromiso, y ahí estaré, esperando la suerte que la providencia me depare.

Finalmente agradecerles por permitir desnudar el temor de sus amos, porque si emiten este tipo de panfletos es porque nuestra actividad humanitaria y democrática está haciendo mella en los enemigos del pueblo.

En igual sentido nos suministran suficiente información para responsabilizar a futuro por nuestra seguridad personal, pues ha de entenderse que son las multinacionales que quieren aposentarse en el nor occidente del Cauca y más concretamente el sector minero energético todos ellos muy cercanos al tirano de turno.

También es pertinente desde este documento solicitar al Gobierno Nacional la eliminación de los programas o escenarios creados recientemente para favorecer a los enemigos de la paz y la democracia – el paramilitarismo – pues como bien se dice y se entiende en este panfleto son-

los que reciben las dadivas, salarios del Estado aglutinados en familias en acción, guarda bosques y los actores de la seguridad democrática, los mismos que persisten en actividades delictivas y de lesa humanidad, los que posan ante la comunidad internacional como reinsertados pero que no son más que una manada de mercaderes de la muerte.

Revolucionariamente,
Diego Escobar Cuellar
Obrero del Valle que Camina la Palabra,
Resistencia y emancipación nacional


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Graves denuncias sobre capturas masivas ilegales de la DEA en Colombia
Familiares de víctimas inocentes próximas a ser extraditadas denuncian ante la comunidad nacional e internacional las violaciones a los derechos humanos contra sus seres queridos
Por familiares de víctimas

Los familiares de las Víctimas recluidas en el patio número 7 de la Penitenciaría de alta seguridad en Cómbita, próximos a ser extraditados a los Estados Unidos, les solicitamos acompañamiento para hacer la respectiva denuncia Nacional e Internacional, sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos que se cometen en contra de estas personas.

Son preocupantes las capturas masivas que diariamente hace la DEA en el territorio colombiano, con la ayuda de informantes, quienes reciben beneficios económicos a cambio de cada entrega.

Estos Funcionarios, capturan ilegalmente las personas, las incriminan como narcotraficantes y terroristas y los exhiben ante los medios hablados y escritos sin prueba alguna.


Es por esta razón que más del ochenta por ciento de las personas allí recluidas, no reúnen los requisitos contemplados en un proceso de extradición, porque en su mayoría son campesinos, comerciantes, taxistas, obreros de fincas, según el proceso de caracterización que se está haciendo de las familias.

En este patio cada semana llegan seis y siete personas, mientras otros se alistan para ser enviados, en un círculo vicioso de nunca acabar. Pareciera que el objetivo es tener lleno el patio, por el lucrativo negocio que representa para los administradores de la penitenciaría, dados los exorbitantes precios del lugar.

En este sentido, la figura de la extradición no es excepcional y se ha convertido en una norma aplicable a cualquier persona y por cualquier delito, que además de violar la soberanía nacional, viola flagrantemente los derechos humanos de quienes son víctimas de esta infame y perversa manipulación.

Para dar certeza y credibilidad a la presente denuncia, se citan algunos casos:

José Joaquín Montes Ovalles, habitante de Saravena, Arauca, fue entregado a la DEA en Bucaramanga, por un reconocido informante de Arauca, llamado, Jorge Eduardo Murcia Duarte, para obtener beneficios económicos. Este campesino fue presentado ante los medios de comunicación como un terrorista y traficante de estupefacientes, desempeño totalmente ajeno a sus actividades agrícolas.

Manuel Cardona. Campesino de San Vicente de Chucurí, capturado en su finca, mientras desgranaba maíz. Posteriormente fue llevado a Barranca, de allí a Medellín en un avión de la DEA y mostrado como jefe de sicarios de la Oficina de Envigado. Las pruebas presentadas demuestran que jamás había salido de su región de origen.

Jorge Iván Arango Yepes. El 5 de diciembre del año 2008, la policía Nacional de Colombia reportó la captura de 15 miembros de una peligrosa red dedicada a la elaboración y tráfico de heroína y cocaína.

Las detenciones se produjeron en el marco de la operación “FÉNIX II”, que fue ejecutada conjuntamente con miembros de la DEA. Estos arrestos se efectuaron en las ciudades de Medellín, Manizales, Bogotá y New York y en ellos figuraban varias personas, entre ellas “alias gafas” y Jorge Iván Arango Yepes.

Sin mediar explicación alguna y sin pruebas, la Corte emitió concepto favorable, argumentando que como en Colombia no tiene problemas con la justicia, que responda en los Estados Unidos por los cargos que le imputan.

Adrian Herrera. 28 años de edad, Comerciante independiente, con un local de ropas en la ciudad de Barranquilla, Hijo de una reconocida familia conformada por la madre y nueve hermanos, de padre fallecido.

El día 27 de febrero del presente año, a las 5:30 de la mañana, unidades del grupo militar jungla y antinarcóticos de la Dijin, le allanaron la casa de habitación en la que vivía con su señora madre. Lo sindican de conspiración para distribuir, importar, exportar droga y lavado de activos. Recientemente había formado una familia y actualmente tiene una hija recién nacida.

William Ardila. Se dedicaba al oficio del mototaxismo, su padre es fallecido y veía de su señora madre. En el momento de la captura vivía con los suegros, la esposa y dos hijas de año y medio de edad y tres años y medio respectivamente. A las 5:30 de la mañana, unidades del grupo militar jungla y antinarcóticos de la Dijin, le allanaron la casa de habitación.

Lo acusan de narcotráfico y lavado de activos. Por no tener dinero para contratar los servicios de un profesional del Derecho, le asignaron una abogada de oficio (Leonith Ávila).

Humberto Restrepo Saldarriaga. Humilde vendedor de mangos y frutas, en el parque de Itagüí, al frente de la Torre Judicial (de los juzgados) Casado, con un hijo parapléjico y sociedad conyugal vigente.

El día 18 de julio del año 2008, fue capturado por la Dijin. A la fecha no se ha aportado ninguna prueba y pese a la contundencia de las pruebas presentadas que demuestran su inocencia, su proceso de extradición sigue en firme.

Freddy Orozco García. Habitante de Barranquilla, casado, con tres hijos de 28, 25 y 23 años de edad respectivamente, de profesión Administrador de Empresas. Al momento de la captura se desempeñaba como Secretario de Gobierno del Municipio de Arroyo Hondo, Departamento del Bolívar.

El día 27 de febrero del presente año de dirige al trabajo y llega a su Despacho. A la hora y media arribó una camioneta con unos policías, se dirigen a La Oficina del Alcalde Municipal y le informan que proceden de Bogotá a hacer inteligencia sobre una posible incursión guerrillera y necesitaban saber cómo hacían para evacuar el pueblo.

Seguidamente pidieron la dirección de las casas de habitación de los Secretarios. A las cuatro y media de la mañana le allanaron la casa con el argumento que una Fiscal de Bogotá lo solicitaba, porque estaba pedido en extradición a los Estados Unidos.

Pese a las pruebas aportadas, que jamás ha enviado un gramo de coca a los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia, emitió concepto favorable el día 20 de agosto del presente año y está a la espera para la firma del Ministro del Interior y Justicia el día 28 de agosto.

Julio César Montañez Ramírez. Habitante de Fredonia, Departamento de Antioquia, casado, con sociedad conyugal vigente y padre de un niño, de profesión Técnico Electrónico. Padre fallecido y responde económicamente por su Señora madre.


El día 18 de marzo, le hicieron un montaje a través de llamadas, sindicándolo posteriormente de ser el jefe y financista de de una banda de narcotraficantes. SA través de un informante de la DEA, aparece con los alias de “Julio Cesar Cardona”, “El flaco”, El socio” y “El profe”. Fue capturado por miembros del C.T.I Y la Dijin.

Nelson Salazar Murillo. Habitante de Manizales, Departamento de Caldas, soltero, vive con los padres y aporta para la manutención de la familia. De profesión comerciante de licor y confites.

El día 10 de mayo del año 2008, a las 5:30 de la mañana, fue capturado en su casa de habitación por el C.T.I Y la DIJIN, bajo la sindicación de llevar la droga a los diferentes aeropuertos del país. El delito se le tipifica como concierto para delinquir.

Rafael Alberto Lozano. C.C. No. 79.276.296 de Bogotá. Padre de cuatro hijos: La hija mayor tiene 19 años de edad y estudia Diseño y Publicidad. Un hijo de 8 años y otro de 6 años. La hija menor tiene tres meses de nacida. Su padre, fallecido, la mamá está viva y en la actualidad ve de ella.

El 22 de enero del presente año, el C.T.I lo sacó esposado de su apartamento y lo condujeron al Bunker de la Fiscalía General de la Nación. Allí le anunciaron que la DEA lo requería por narcotráfico y lavado de activos.

A la fecha no se le han comprobado los delitos que se le imputan. A su esposa la capturaron el mismo día y actualmente se encuentra recluida en la Cárcel el Buen Pastor. También está solicitada en extradición por el Gobierno Norteamericano.

José León Niño. Con sociedad conyugal vigente y padre de tres hijos: La hija mayor tiene 27 años y es Enfermera Profesional La segunda hija tiene 25 años, es casada y microbióloga de profesión. La hija menor tiene 22 años y estudió Marketing y Negocios Internacionales.

El 22 de enero del presente año, el C.T.I lo capturó en las calles de Bogotá, lo condujeron al Bunker de la Fiscalía General d e la Nación. Allí le anunciaron que la DEA lo requería por conspiración para introducir cocaína a los Estados Unidos. A la fecha no hay pruebas de los delitos que se le imputan.

Roldán Cortés Rodríguez. Ciudadano colombiano residente en la localidad de Usme, en el Conjunto Residencial “El Sol”, Santafé de Bogotá. Con sociedad conyugal vigente y padre de dos hijos: La hija mayor tiene 24 años de edad y está casada.

El segundo hijo tiene 23 años y se desempeña como empleado. Actualmente su esposa está embarazada. Su oficio es el de constructor. El 22 de agosto del presente año, a las 7:00 de la mañana, fue capturado por el DAS y la Interpol, en las calles de Bogotá y lo condujeron a las instalaciones del DAS. Allí le anunciaron que lo requerían por terrorismo. No existe prueba alguna que confirme esta temeraria acusación.

Oliveros Cortés Rodríguez. Ciudadano colombiano residente en el Barrio Venecia, allí pagan arriendo. Santafé de Bogotá. Con sociedad conyugal vigente y padre de tres hijos: La hija mayor tiene 27 años de edad y estudia para desempeñarse como Promotora de Salud, la segunda hija tiene 24 años y estudia criminalística y la última hija, con 15 años, hace décimo grado.

Junto con su esposa, devengan el sustento diario de un negocio de arepas de maíz pelado que tienen desde hace más de veinte años. De esto dan fe los vecinos de este lugar, que los conocen como personas, humildes, honradas y trabajadores.

El 23 de agosto del presente año, fue a las instalaciones del DAS a visitar a su hermano Roldán Cortés Rodriguez que había sido capturado el día anterior y le anunciaron que era requerido por el delito de terrorismo.

Los hermanos Cortés Rodríguez solicitan a las autoridades que los investiguen, porque en su vida no han cometido delito alguno.

Jhon Alexander Ureña Garzón. Nacido en Villavicencio, Meta. Hijo de Blanca Cecilia Garzón Urueña y Félix Antonio Urueña (q.e.p.d.). A los tres años quedó huérfano de padre. Criado en el Barrio Montecarlo, en la casa de la abuela, Rafaela Torres, ubicada, en la carrera 48 No. 383 – Sur, Vía a Acacías.

Con sociedad conyugal vigente y padre de dos niños menores: de cuatro y seis años de edad. No pudo terminar el bachillerato, por no contar con los recursos económicos, ni apoyo alguno en ese tiempo.

Hizo un curso de Bombero Voluntario, en la ciudad de Villavicencio. Después trabajó cinco meses con un tío (Alfonso Garzón) como ayudante de maquinaria pesada. Al poco tiempo prestó el Servicio Militar en el Batallón de Puerto Carreño, Vichada, Comando Específico del Nororiente, durante dos años.

Al salir del Ejército se dedicó a pasar hojas de vida y consiguió trabajo en “alquilar servicios”, de propiedad del señor Juan Carlos Cardona Prado, teléfono 86636334. En esta Empresa trabajó cuatro años. Empezó como bodeguero y terminó de conductor. En el año 2008, viajó a Venezuela, porque una persona le ofreció trabajo.

Al poco tiempo se comunicó con su Señora madre que estaba detenido en Curazao. En esta ciudad fue puesto en libertad el día 29 de septiembre del mismo año. Regresó a la ciudad de Villavicencio y se puso a trabajar en un asadero de pollos, “Don Fercho”, de propiedad del Señor Fermín Octavio Cetina Cuellar, en el Barrio San Benito, teléfono 6701764.

Allí laboró desde el día 27 de octubre del año 2008, hasta el 15 de febrero del año 2009. Después trabajó como conductor de un taxi de servicio público de propiedad del Señor Artidor CarrilloRojas. En este trabajo fue capturado en el Barrio “La Esperanza”, sin hasta la fecha saber exactamente los motivos que originaron esta arbitraria detención.

Nuestros familiares allí recluidos dicen estar muertos en vida cada vez que los encierran y les produce pánico, porque las celdas donde los confinan, se asemejan a un cementerio, el lugar es helado y totalmente oscuro.

Pese a las bajas temperaturas del penal, el agua es totalmente fría y tan solo se las dejan media hora a la madrugada, teniéndose que bañar a esa hora y la luz la apagan a los 8:00 p.m.

Los exagerados costos agravan aún más la calamitosa situación de las familias que no tenemos recursos para sostener la costosa permanencia de nuestros seres queridos en este sórdido lugar.

Desde la Administración de la Penitenciaría se ha montado un lucrativo negocio, creyendo que quienes todos los que van a ser extraditados son millonarios.

Por esta razón los exorbitantes precios: Una libra de carne, vale ciento cincuenta mil pesos; un huevo, diez mil pesos; un limón, diez mil pesos; un chicharrón de cerdo, treinta mil pesos; un pescado pequeño, treinta mil pesos; una granadilla, diez mil pesos; un banano, mil pesos; un paquetico de sal pura, diez mil pesos; una pera, diez mil pesos. Las frutas destinadas a la alimentación de los detenidos las venden.

Los invitamos a unir sus voces a las nuestras y analizar de cerca los casos tan dolorosos que allí se presentan, además de la violenta persecución y agresión que sobre los detenidos y sus familiares se ejerce.

Esperamos nos escuchen e invitamos a que nos visiten y tomen atenta nota de esta súplica que hoy les hacemos.

Atentamente

Familiares de los Detenidos del Patio Número 7 de Extraditables de Cómbita:

Carmen Julia Mendoza de Montes, Claudia Montes Mendoza, Carolina Montes Mendoza, Lidys Mayerly Montes Mendoza,Dayana Lucía Montes Mendoza, Carlina Ovalles Viuda de Montes,Teresa Montes Ovalles, Gladys Yolanda Montes Ovalles, Ana Judith Montes Ovalles, Emperatriz Montes Ovaalles, Julio Enrique Montes Ovalles, Ana María Robles Montes, Paola Andrea Robles Montes, Claribeth Pulido, Claudia Lineros, Mery de Lineros, Loly Gutiérrez, Isabel Pérez Lizcano, Cristina Lizarazo, Yolanda Núñez, Myrian Correa, Liliana Ramírez, Martha López, Nury Rodríguez, Mónica Mallarino, Noelia Salinas, Esperanza Garnica.

Conny Quiceno, Gladys Bravo, Blanca Cecilia Garzón, Berenice Florez Giraldo, Sedile Chávez A., Rosa González, Clara Inés Rocha Forero, Dahiana Rodríguez, Lizeth Rodríguez Rocha, Marha Vargas M., Nelly Rincón, Martha Lucía Arango Yepes, Johanna Lozano, María Eugenia Niño, Angélica Toro, Virginia Montes, Adela Ramírez, Briggitte Hernández, Adiela Toro, Nubia Toro, osefa Cataño, Nelly Rincón, Esneda Lina Caicedo, Carmenza Piñeros, Gladys Vacca, Kattya Manjarrés Fuentes, Luz Elena Vera , Nora Luz Santamaría y Dilia Arango.


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El derecho al aborto sigue en pie
Interpretación jurídica de la suspensión temporal a la reglamentación del aborto
Por Brújula Comunicaciones

Bogotá, octubre 22 de 2009.- “El Auto proferido por el Consejo de Estado que suspende temporalmente la vigencia del Decreto 4444 del Ministerio de la Protección Social no significa que quede sin piso el derecho adquirido por las mujeres colombianas a la práctica de abortos-

legales en las tres causales que lo determina el código penal a partir de la sentencia C355 de 2006”, advirtió hoy Mónica Roa, directora de proyectos de Women´s Link Worldwide y abogada que presentó la demanda que logró la despenalización.

De acuerdo con el Auto del Consejo de Estado, es el Congreso y no el Gobierno el que debe regular el tema del aborto y la atención en salud de las mujeres, y por esa razón se suspende temporalmente la vigencia del Decreto 4444 del Ministerio de la Protección Social que reglamenta la práctica de la IVE.

El Decreto suspendido fue expedido por el Ministerio en diciembre de 2006, acogiéndose a toda la normatividad de la Organización Mundial de la Salud para la prestación del servicio de abortos seguros.

Sin embargo, a pesar de la suspensión temporal de la reglamentación, las obligaciones que se derivan de la sentencia C355/06 y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, siguen en pie. La Sentencia C355 es explícita al advertir que no hace falta una reglamentación previa para que se pueda ejercer el derecho a acceder al aborto.

“Para todos los efectos jurídicos, incluyendo la aplicación del principio de favorabilidad, las decisiones adoptadas en esta sentencia tienen vigencia inmediata y el goce de los derechos por estar protegidos no requiere de desarrollo legal o reglamentario alguno (C355/06)”.

Por otra parte, también aclara que la reglamentación puede ser generada por el Congreso o por el Ministerio de la Protección Social, de tal manera que la misma sentencia preveía que podía ser el Ministerio el encargado de emitir la reglamentación del aborto.

Por todas estas razones, considera Mónica Roa que “el efecto real de este Auto del Consejo de Estado va a ser una gran confusión en los prestadores de los servicios de salud públicos y privados, que quedan sin normativa ministerial para poner en práctica el mandato constitucional.

A partir de este momento, la responsabilidad política o jurídica por cada mujer que muera, o vea afectada su salud por no poder practicarse un aborto a raíz de esta confusión, es del Consejo de Estado y de la Procuraduría General de la Nación”.

La Procuraduría en medio del debate

A Women´s Link Worldwide le genera por decir lo menos una enorme duda el hecho de que justamente ayer el Procurador (foto), pidiera la nulidad del fallo T388/09 de la Corte Constitucional que ordena al Gobierno a diseñar una política educativa en derechos sexuales y reproductivos, aclara que la objeción de conciencia es una excepcionalidad a la que tienen derecho únicamente los médicos y no las instituciones prestadoras de salud ni los jueces, entre otros temas.

Esta mañana fue la Procuraduría la que dio a conocer el Auto del Consejo de Estado; adicionalmente, los vínculos que existen entre altos funcionarios de la Procuraduría y los demandantes del Decreto 4444 ante el Consejo de Estado.

El demandante se llama Luis Rueda Gómez, quien junto a Ilva Myriam Hoyos, Procuradora Delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia, solicitó en su momento a la Corte Constitucional la nulidad de la Sentencia C355/06. Rueda Gómez es miembro directivo de la Red Futuro Colombia, cuya presidenta fue, hasta antes de posesionarse en el Ministerio Público, la señora Hoyos.

Acerca de Women´s Link Worldwide

Es una organización internacional que promueve la equidad de género desde el derecho, buscando avanzar a través de la implementación del derecho internacional de los derechos humanos, el trabajo con la rama judicial y el litigio estratégico. www.womenslikworldwide.org
Mayor información: Brújula Comunicaciones. 285 6984 / 4872122 y 300- 264 8634.

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miércoles, octubre 21, 2009

Presupuesto para la guerra es superior al de educación
De los recursos de los colombianos para el 2010, 21.1 billones de pesos, el 14.2 por ciento del PIB, serán engullidos por la demencial guerra de Uribe contra el pueblo. Los sectores damnificados son salud, educación e inversión social
Por Camilo Raigozo

Los recursos para la guerra y la destrucción del país, han pasado de 11.3 billones de pesos, al iniciarse el mandato de Uribe, a 21.1 billones de pesos que serán los destinados para ese rubro el próximo año 2010, según el Presupuesto General de la Nación (PGN), aprobado y que haciende a 148.3 billones de pesos en total.

El PGN para el 2010 pomposamente mal llamado, “Sostenibilidad de la inversión en medio de la crisis”, que en realidad debería llamarse: Agravamiento de la crisis e insostenibilidad de la inversión, como era de esperarse del régimen da la “seguridad democrática” y su demencial afición bélica, ha sacrificado la inversión social, la salud y la educación, entre otras necesidades del pueblo colombiano a cambio de guerra y sangre.

Para el desangre colombiano se destinarán 21.1 billones de pesos, los cuales representan el 14.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), del año entrante, mientras que para la educación, apenas serán destinados 20.6 billones de pesos, 13.9 por ciento del PIB y para la seguridad social irrisoriamente se destinará el 19.9 por ciento del PIB.

Por otra parte al pago del “Servicio de la deuda pública nacional”, se tendrán que destinar 40.8 billones de pesos, que sumados al presupuesto de guerra se pierde casi la mitad de todo el Presupuesto General de la Nación, lo que significa para el pueblo colombiano, lágrimas, sudor y sangre.


En declaraciones a El Espectador, para el senador liberal de Antioquia Jorge Guevara, aunque hubo un paño de agua tibia con la adición de $160 mil millones en el presupuesto para las universidades públicas, que se aprobó la noche del martes en el Congreso, “el país está dedicado a hacer la guerra y no a garantizar los recursos para uno de los derechos fundamentales como la educación”.

Guevara agregó que de los recursos adicionales aprobados, 20 mil millones se canalizarán a través del Icetex, que también ofrece créditos para estudiantes de las universidades privadas. Mientras la inversión para la educación superior en Colombia es del 0,4 por ciento del PIB, el promedio en América Latina es de 1,2 por ciento.

Mercados Campesinos de Bogotá desmienten a Uribe y “Uribito”
Por Camilo Raigozo.Voz

Excluidos de los programas agrícolas creados por el Gobierno para sus amigos, como “Agro Ingreso Seguro” (Agro Robo Seguro), unos dos mil campesinos humildes le demuestran a Uribe y a su ex ministro Arias la falsedad de su filosofía y de su política agraria, de que los ricos son los únicos capaces de producir y crear empleo y que por lo tanto son los únicos a quienes hay que otorgarle subsidios no reembolsables, salidos del patrimonio de todos los colombianos.

El pasado sábado 17 de octubre hubo mercados campesinos en la capital colombiana, desde las ocho de la mañana, hasta las cinco de la tarde, tiempo durante el cual se llevó a cabo la venta de productos agrícolas traídos de la región central colombiana hasta los parques de los barrios Villaluz, Policarpa, Alcalá, Olaya, Marruecos, Alamos, Suba, Arborizadora Baja, Kennedy y Fontibón. Los capitalinos no perdieron la oportunidad de economizar comprando productos frescos de calidad a bajo costo.

De paso respaldaron esta iniciativa del Comité de Interlocución Campesino y Comunal, Cicc, integrado por organizaciones campesinas del ámbito regional y nacional e instituciones del distrito capital.

Para vergüenza del gobierno de Uribe quién debería ser el auspiciador de estas iniciativas de pequeños y medianos productores del campo, es a la comunidad internacional a quién le ha tocado darles una manito solidaria y generosa a los excluidos labriegos colombianos. Oxfam y Pax Crhisti, entre otras ONG.

“El Gobierno lo único que hace por nosotros los campesinos de escasos recursos es estorbarnos, maniatarnos creando leyes sanitarias u otros inventos leguleyos con el objetivo de arruinar más nuestra precaria economía”, dijo indignada una campesina venida de Ubaté a vendr sus productos lácteos, Cundinamarca.

Día Mundial de la Alimentación

Como en oportunidades anteriores, se contó con alrededor de 2.000 campesinos de más de 70 comités municipales de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Meta, quienes realizaron la primera rueda de negocios, la cual busca afianzar las relaciones entre los campesinos y los pequeños distribuidores, así como consolidar nuevos mercados sin la necesidad de involucrar el sistema de intermediación. Las ruedas se llevaron a cabo en los parques de Arborizadora, Olaya y Villaluz.

Según informaron los organizadores, en el marco del Día Mundial de la Alimentación y frente a la grave crisis alimentaría que se vive a nivel mundial, la economía campesina se constituye en la mejor alternativa para garantizar la seguridad alimentaria de los colombianos, generando sus propios productos frescos y de buena calidad. Más de 150 toneladas de alimentos fueron traídos directamente del campo a los hogares capitalinos a precios más favorables que los que ofrece cualquier supermercado de grandes áreas.

El consumidor ahorra en estos mercados hasta un 15 por ciento favoreciendo así la canasta familiar y apoyando la economía del pequeño productor campesino ya que el gobierno no lo hace.

Contrario a la filosofía del Presidente y del ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, diversos estudios muestran que la pequeña agricultura desempeña un rol clave como motor de crecimiento en áreas rurales, aumentando el empleo y garantizando la seguridad alimentaria, tanto de campesinos como de habitantes urbanos.

En la actualidad, la economía campesina abastece cerca del 67 por ciento de la demanda de alimentos de Bogotá. El proyecto de Mercados Campesinos contribuye también a visibilizar la importancia de la pequeña y mediana producción campesina dentro del abastecimiento de la capital y de su seguridad alimentaria.

Lea también:
Agro Robo Seguro/ Modelo violento de ingreso seguro

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martes, octubre 20, 2009

Gran marcha estudiantil en defensa de la universidad pública
Le exigieron al gobierno gastar menos en la guerra y en subsidiar a los ricos y girarle a las universidades un presupuesto acorde
Por Camilo Raigozo

Unos 12 mil estudiantes de varias universidades públicas de todo el país marcharon por las calles de Bogotá y se concentraron en las horas de la tarde en la Plaza de Bolivar, exigiéndole al gobierno gastar menos en la guerra y en corrupción y atender las necesidades de la universidades públicas que están al borde de la quiebra.

La comunidad universitaria en la que se encontraban además de los estudiantes, profesores, empleados y funcionarios de los claustros, exigieron frente al Congreso de la República que a esa hora debatía sobre el aumento del presupuesto universitario

Los estudiante que en su gran mayoría eran de las universidades Nacional, Pedagógica y Distrital, hicieron el recorrido a pesar del aguacero. Fue una marcha pacífica que para su éxito no termino en desórdenes ni en enfrentamientos con la Fuerza Pública.

El dirigente estudiantil Guillermo Baquero le dijo a Notimundo que si el gobierno continúa renuente a darles las partidas presupuestales que las universidades necesitan para funcionar, las protestas en las calles se agudizarían.

Sobre lo acontecido el pasado 16 de octubre en la U Nacional, advirtieron que el Presidente y el rector de la universidad lo que quieren es militarizar el alma mater y judicializar las justas protestas estudiantiles y sociales.

“Es indignante que la dirigencia política y en general la sociedad estén más interesados en la reelección de Uribe que en la educación de centenares de miles de jóvenes de escasos recursos que dependen de la universidad pública”, le dijo una estudiante de la Pedagógica a este medio.

Es inconcebible que mientras las universidades públicas estén al borde del cierre por falta de presupuesto, el Presidente les esté regalando millonadas de la plata de los colombianos a sus amigos, por ejemplo en “Agro Ingreso Seguro”.


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El Estado colombiano agrede a la universidad
Por Cpdh Cali

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Cpdh censura la brutal agresión de la cual fue víctima la comunidad universitaria en el Valle del Cauca, en especial los estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad Santiago de Cali y de la Universidad Nacional de Palmira cuando el Esmad los violentó con gases lacrimógenos y-

artefactos no convencionales cuyas esquirlas produjeron serias heridas a jóvenes estudiantes que acudieron de urgencia al servicio médico para preservar su integridad física y psicológica como consecuencia del poderío desproporcionado y agresivo de la fuerza pública.

En la Universidad Santiago de Cali sufrieron la violencia policiva los estudiantes quienes estaban en clase y presentando exámenes parciales, los profesores se vieron obligados a acudir con sus alumnos y alumnas al Centro Médico del alma máter quienes muchos se-

desmayaron, otras se asfixiaron cuando desde la Calle Quinta el Esmad indiscriminadamente y de manera provocadora arrojó decenas de bombas lacrimógenas al interior del campus universitario, creando temor, pavor, miedo y desconcierto.

Es de anotar que la gravedad de las lesiones físicas provocadas al joven estudiante de la Facultad de Derecho Adolfo Pérez obligó a ser recluido en una Clínica de la Ciudad, igualmente ocurrió con el alumno Omar Salazar de la misma Facultad quien fue conducido en Ambulancia a un Hospital de la Ciudad y aún se encuentran en recuperación.

Las Autoridades del Cogobierno Universitario de la USC junto con el Cpdh exigieron el retiro del Esmad para preservar la integridad de la Comunidad estudiantil, profesoral, de sus trabajadores y del Campus universitario, todos protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Situación que se logró y obligó a suspender por el resto del día las labores académicas.

En la Universidad Nacional de Palmira cuando los estudiantes socializaban ante la ciudadanía su inconformidad por el recorte presupuestal que el Estado implementa en la Universidad Pública Estatal, expresaban su descontento por la reforma punitiva, inconsulta y unilateral al-

Estatuto Estudiantil, rechazaban en el marco de los derechos constitucionales de reunión, asociación y opinión la reelección presidencial y el posicionamiento de bases militares norteamericanas en el territorio nacional fueron igualmente agredidos por el Esmad.

Fue el Cpdh, la Personería Municipal de Palmira y la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes quienes abogaron para que el campus universitario no fuera escenario de más agresiones por parte de la fuerza pública, según indican estudiantes y comunidad universitaria en Palmira.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CPDH, rechaza los señalamientos a los Defensores de Derechos Humanos José Luis Ortiz Galarza y Camilo Serrano, según denuncian, fueron realizados por parte del Señor Comandante de Policía de Palmira Mayor Ruiz quien expreso:

“Otra vez este señor (José Luis Ortiz), este es el mismo de la vez pasada, ¿quiénes son los que organizan esto? Ustedes, ustedes son los que organizan eso”

El Cpdh convoca al Estado a no convertir la problemática social y la crisis de la educación pública estatal en problemas de orden público, pues lo que se requiere es que el Estado cumpla su deber Constitucional y sus compromisos internacionales ratificados en Tratados Internacionales para que la población ejerza sus derechos sin obstáculos.

No es la criminalización ni represión la solución a los problemas nacionales, de lo que se trata es buscar la paz con justicia social para terminar la guerra e injusticia social que imperan actualmente.


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Corte Constitucional continúa sentando jurisprudencia sobre el aborto
La más completa directriz para la práctica del aborto, en sentencia de tutela
Por Brújula Comunicaciones

Bogotá 20 de octubre de 2009. La más completa directriz para la práctica del aborto despenalizado en Colombia, emitió la Corte Constitucional en la Sentencia T-388 de 2009, al revisar el caso de una mujer de Santa Marta que solicitó a su EPS la interrupción del embarazo porque el feto presentaba graves malformaciones.

Ésta autorizó el procedimiento pero solicitó una orden judicial previa para practicar la interrupción. El juez de tutela objetó conciencia argumentando creencias personales.

Al revisar el caso, la Corte Constitucional reitera, aclara y repite lo que se debe y no se debe hacer en relación con el cumplimiento de la sentencia C-355 de 2006 que despenalizó el aborto en Colombia en tres circunstancias.

Mónica Roa, directora de programas de la organización Women´s Link Worldwide, afirmó sobre este fallo que “recoge todos los lineamientos para el sector de la salud, para los jueces y para el sector educativo, que permiten avanzar en la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia.

Después de este fallo, ya no hay más excusas para acudir a objeciones de conciencia ilegales, o a argumentos de desconocimiento de la norma. Es un gran paso para los derechos de las mujeres”.

El fallo reitera que las mujeres tienen el derecho de elegir libres de presión si interrumpen o continúan con su embarazo, sin coacción, apremio, ni manipulación de ningún tipo. Así, se hace explícito que las menores de 14 años tienen derecho a acceder al servicio sin que se requiera la autorización de sus padres.

Por otra parte, el fallo hace un concienzudo análisis de la objeción de conciencia y, por primera vez se pronuncia en contra de la objeción de conciencia judicial aclarando que ningún juez puede escudarse en la objeción de conciencia para negarse a tramitar o a decidir sobre un caso de aborto.

Además, se ratifica en la prohibición a las EPS o IPS de acudir a la objeción de conciencia institucional, puesto que éste es un derecho individual. La Corte aclara que a la objeción de conciencia puede acudir el personal que realiza directamente la intervención médica necesaria para interrumpir el embarazo, pero se deberá expresar por escrito exponiendo las razones por las cuales está contra sus más íntimas convicciones la realización del procedimiento de IVE.

Reitera también la Corte que los servicios de IVE deben estar disponibles en todo el territorio nacional y hace un llamado a los ministerios de Educación y Protección Social para que en el término de tres meses pongan en marcha un plan de promoción de derechos sexuales y reproductivos de mujeres, que incluya información acerca de las causales bajo las cuales está despenalizado el aborto en Colombia.

Por último, la Corte señala que los profesionales de la salud que atiendan solicitudes de IVE están obligados a garantizar la confidencialidad y a respetar el derecho de las mujeres a la intimidad y a la dignidad, así guardar el secreto profesional se convierte en una obligación de primer orden.

La Corte hace una lista de las prácticas que están absolutamente prohibidas en relación con la prestación del servicio de IVE:

Realizar juntas médicas, de revisión o de aprobación por auditores, que ocasionan tiempos de espera injustificados para la práctica del aborto inducido.

Imponer requisitos adicionales, como exigir dictámenes de medicina forense; órdenes judiciales; exámenes de salud que no son practicados de manera oportuna; autorización por parte de familiares, asesores jurídicos, auditores, médicos y pluralidad de galenos.

Alegar objeción de conciencia colectiva que desencadena, a su turno, objeciones de conciencia, institucionales e infundadas.

Suscribir pactos – individuales o conjuntos - para negarse a practicar la interrupción del embarazo.

Acogerse a formatos o plantillas de adhesión que incidan en que las entidades hospitalarias no cuenten en su planta de personal con médicos dispuestos a prestar los servicios de interrupción voluntaria del embarazo.

Descalificar conceptos médicos expedidos por psicólogos, a quienes la Ley 1090 de 2006 les reconoce el status de profesionales de la salud.

Ser reticentes en cumplir a cabalidad con las reglas para atender interrupciones en los que el servicio médico no está disponible en el centro hospitalario al que acude la paciente.

No disponer dentro de algunas redes públicas de prestadores del servicio de salud en los niveles departamental, distrital y municipal del servicio de interrupción voluntaria del embarazo.


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lunes, octubre 19, 2009

Moisés Wasserman un agente de Uribe Vélez
Por Gloria Gaitán

Frente a los hechos acaecidos en los días pasados en la Universidad Nacional mi hija me decía "no me extraña" y es que a la familia directa de Jorge Eliécer Gaitán no nos puede sorprender ese comportamiento del rector Wasserman, pues llevamos ya años defendiéndonos a capa y-

espada de las agresiones y persecución de un personaje a quien Álvaro Uribe Vélez le legó la tarea de sepultar la memoria de Jorge Eliécer Gaitán, en desarrollo de la propuesta del hasta hace poco Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, quien publicó un ensayo proponiendo que los colombianos nos convirtiéramos en sepultureros de la memoria de-

Gaitán como camino seguro para recobrar la paz en Colombia, propuesta que fue avalada mediante panfleto por los paramilitares y que llevó a la liquidación del Instituto Colombiano de la Participación "Jorge Eliécer Gaitán", al cierre de El Exploratorio Nacional, consagrado a abrirle camino a una Democracia Directa –

por ser la meta fundamental de la lucha del líder popular - y a confiscar la Casa-Museo, que es de mi propiedad y que nunca ha dejado de ser patrimonio de los herederos de Jorge Eliécer Gaitán.

La tarea de Wasserman ha sido la de repetir, por distintos caminos y con métodos propios del manejo de la conciencia colectiva, que "mataronagaitan", a fin de que la gente lo tenga por muerto y así enterrar su imagen y su ideario.

En la Casa-Museo hacen énfasis sobre la muerte de Gaitán y exhiben el vestido que llevaba el 9 de abril en acto de fetichismo macabro, propio de los tabloides amarillistas que atraen a la gente con el espectáculo de la sangre y el morbo.

Quemaron las películas donde se comunicaba la ideología revolucionaria del gaitanismo y ahora le muestran a los visitantes un documental hecho por los gringos con ánimo perverso para tergiversar sus ideales, su lucha y el significado de su vida.

La opinión pública se ha mantenido apática frente a esta extensión del magnicidio de Gaitán, porque las oligarquías no sólo son autores intelectuales del asesinato, sino gestores conscientes del entierro de sus ideas. Todo eso constituye parte integral del magnicidio.

Pero las clases dominantes han lanzado una frase, falsa como ninguna otra, que reza que "a los hombres los matan pero a sus ideas no". Eso es falso de toda falsedad. Las ideas también son objetivo de los asesinos intelectuales y de los sicarios.

“Cuando digo que Wasserman, consciente, premeditada y sistemáticamente viene adelantando una campaña para enterrar las ideas de mi padre y su recuerdo, la gente me responde "eso es imposible". ¡Qué equivocados están! Sí, si se puede enterrar la historia y deformar la memoria.

¿Acaso alguien recuerda la Constituyente Popular de 1947, acto participativo de dimensiones gigantescas? ¿Acaso alguien recuerda el genocidio al movimiento gaitanista y en cambio repiten, como loros, que fue una guerra entre liberales y conservadores y no lo que fue: un genocidio de la clase alta, liberal y conservadora contra el pueblo?

También cree la gente que defender la memoria de Gaitán es un asunto que sólo compete a su familia. Falso. Bien decía mi padre: “Los hombres que hemos cruzado universidades sabemos que el hombre es como las plantas, que la planta da frutos y flores no por la planta misma, sino por el surco y la tierra donde ha prendido y que el hombre y un pueblo no pueden ser grandes y fuertes sino en razón de las tumbas donde tienen el alimento para su futuro”.

Hacer respetar a los héroes revolucionarios es cuestión de todos los revolucionarios. No hacerlo es complicidad con el régimen.

Que Wasserman haya consagrado parte de su táctica a perseguir a los descendientes de Gaitán es un viejo método, que data de la Colonia, como reza la sentencia a José Antonio Galán el Comunero que dice que será “declarada por infame su descendencia, ocupados todos sus bienes y aplicados al Real Fisco; asolada su casa y sembrada de sal, para que de esta manera se dé al olvido su infame nombre... ».

Yo podría citar a muchos que desde la izquierda han declarado infame la descendencia de Gaitán como reflejo del lavado de cerebro que la clase dominante les ha hecho. Creen que ese es un asunto personal y no político....

La semana pasada interpuse una tutela contra Wasserman y la Ministra de Educación.

Todo aquel que esté interesado en conocer lo que el gobierno, a través de ese rector, ha hecho para hacer desaparecer la memoria de Gaitán, pueden solicitarme que les envíe el texto de esta tutela.

Tal vez tengan la paciencia de leerla y entender, así, de qué es capaz el rector Wasserman y por qué su accionar del viernes es perfectamente coherente y a la familia Gaitán no nos sorprende. Pueden solicitarnos la tutela, a mis dos hijas y a mí a los e-mail: gaitanjaramillogloria@yahoo.es, o mvgaitan@yahoo.com, o cvg9601@yahoo.es. Cordialmente, Gloria Gaitán.

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Crisis humanitaria en la Universidad Nacional
Estudiantes de la U Nacional alertan de posibles violaciones a los derechos humanos
Por Federación de Estudiantes Universitarios

La Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, denuncia la grave situación de derechos humanos que se ha venido viviendo con respecto a la situación de derechos humanos de los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional, sede Bogotá.

Así fueron los hechos:

Desde inicios del mes de octubre se está llevando a cabo en la Universidad Nacional de Colombia un proceso de discusión sobre la apremiante situación presupuestal de la Universidad y de la aprobación del nuevo estatuto de de Bienestar y Convivencia.

En el marco de estos procesos de discusión, el día jueves 8 de octubre se realiza una asamblea triestamentaria, en la que la universidad se declara en Asamblea permanente.

El día 13 de octubre se realiza una nueva asamblea triestamentaria, en la que la comunidad universitaria se declara en paro hasta el día miércoles 21 de octubre. En el marco de este paso se programó para el día viernes 16 de octubre un foro sobre la financiación de la universidad al cual fue invitado formalmente el Rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, quien se niega a asistir al evento.

El día 16 de octubre el señor Wasserman asiste a una rendición de cuentas del departamento de Química de la universidad. Ante esto, varios estudiantes de la universidad deciden entrar a este evento para invitarlo al espacio que se había programado previamente por la Asamblea, ante lo cual reciben la negativa del señor rector, quien decide salir del lugar, negándose tajantemente a responder a las inquietudes de los estudiantes.

Ante esta situación, la indignación de algunos estudiantes los lleva a colocarse alrededor del carro del rector, exigiéndole que dé respuestas claras a las inquietudes presentadas y que asista al espacio programado por la Asamblea Triestamentaria.

A partir de ese momento la Vicerrectora General de la Universidad, Beatriz Sánchez, empieza a conceder entrevistas a los medios de comunicación, en los que señala que el rector de la Universidad había sido secuestrado y ultrajado por grupos infiltrados.

Esta situación se prolonga por cuatro horas, en las que el rector de la universidad se niega a hablar con los estudiantes y continúa con sus acusaciones.

Cerca a las dos de la tarde, frente a la Facultad de Odontología, gracias a la mediación de la Defensoría del pueblo, algunos profesores y representantes estudiantiles, se llega al acuerdo de que el rector se presentará al auditorio León de Greiff para establecer un diálogo con los estudiantes.

Ante esto, y buscando evitar que el rector abandone el campus, los estudiantes deciden movilizarse alrededor del carro hasta este auditorio.

A pesar del acuerdo logrado, al llegar a la altura de la entrada de la calle 26 de la universidad, el rector decide detenerse y reversar la decisión que ya se había tomado, alegando que no existían condiciones de seguridad, lo que causa una gran indignación entre los estudiantes que se encontraban en este espacio.

Cerca a las 4 de la tarde se da orden de desalojo de todos los edificios de la Universidad para estudiantes, profesores y personal administrativo. Esta situación no es informada a los estudiantes que se encontraban transitando por la universidad y en la entrada de la 26.

En este lugar, se lleva a cabo un nuevo proceso de mediación por parte de la Secretaría de Gobierno Distrital, la Defensoría del Pueblo, profesores y algunos representantes estudiantiles.

Cerca a las 5:15 de la tarde se llega a un acuerdo en el que el rector se compromete a asistir al Auditorio León de Greiff el día lunes 19 de octubre de 7 a 11 de la mañana a dar una explicación frente al tema presupuestal de la universidad, y los estudiantes le dan el espacio para que pueda salir de las instalaciones de la universidad. Desde ese momento los estudiantes comienzan a retomar sus actividades normales.

Cerca de las 5:20 de la tarde, y cuando el rector había abandonado el campus universitario y se encontraba en la rectoría de la universidad, se lanza la orden presidencial para la entrada violenta de la fuerza pública, ingresando 300 efectivos a pie, siete tanquetas y cincuenta motos.

En el marco de esta acción son detenidas veintidós personas, entre las que se encontraba un menor de edad, varias personas que estaban participando en un evento cristiano en las instalaciones de la universidad, y estudiantes que estaban practicando algunos deportes en las instalaciones de la universidad.

Estas personas son trasladadas a las instalaciones de la Estación de Teusaquillo, para después ser trasladadas a la Unidad Permanente de Justicia, en las que son detenidas hasta el día 17 de octubre en horas de la mañana.

En toda esta situación, el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez se ha presentado ante los medios, señalando que este acto debe ser considerado como un secuestro, y que las personas que estaban detenidas debían ser procesadas bajo cargos de secuestro simple.

En el Consejo Comunitario de hoy 17 de octubre, el presidente Álvaro Uribe inicia su presentación señalando que el acto que se había presentado en la universidad el día de ayer debía ser considerado como un secuestro, exigiendo que sean buscados los actores intelectuales y materiales de estos hechos, ofreciendo para ello una recompensa de cincuenta millones de pesos a aquellas personas que entreguen información para realizar capturas.

En comunicado oficial de la Vicerrectoría de la Sede Bogotá se informó que las instalaciones de la universidad se encuentran cerradas hasta el día domingo.

Ante esta situación, alertamos a la comunidad internacional, organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales y en general a la opinión pública, ante la posibilidad de inicio de un proceso de capturas, procesos judiciales, amenazas y persecuciones contra miembros de la comunidad universitaria, representantes estudiantiles y miembros de organizaciones estudiantiles de la Universidad Nacional de Colombia.

Solicitamos a ustedes a que se pronuncien ante las entidades gubernamentales, el ministerio público y que se mantengan alerta ante cualquier situación de ataque a la comunidad universitaria.


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