Caravana Internacional de Juristas
“Cada vez estoy más asombrado por lo que veo”
Así lo afirmó el jurista canadiense Denis L’ Anglais al referirse a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, la accesibilidad a la justicia y a la impunidad en Colombia
Por Camilo Raigozo. Voz

Del 23 al 27 de agosto anterior, estuvieron en Colombia 56 abogados procedentes de Gran Bretaña, Canadá, España, Holanda, México, Irlanda, Argentina, Ecuador, Perú, Brasil, Japón, Alemania, Ucrania y Estados Unidos, observando en el terreno las-

sistemáticas violaciones a los derechos humanos, la inaccesibilidad a la justicia y el grado de impunidad, que soportan los juristas colombianos comprometidos con la defensa de los derechos humanos, económicos, políticos y culturales.

Los juristas hicieron presencia en Tunja, Barranquilla, Cartagena, Valledupar, Cúcuta, Pereira, Armenia, Medellín, Apartadó, Cali, Popayán, Pasto y Tumaco, donde sostuvieron reuniones con representantes de víctimas, operadores judiciales, abogados, autoridades judiciales, Procuraduría y Defensoría, entre otros.

Algunos de los objetivos de la Caravana en Colombia fueron: fortalecer el vínculo entre abogados colombianos y abogados de diferentes ramas del derecho en los diferentes países que participan en pos de la protección de la defensa jurídica de los derechos-

humanos; sensibilizar a la sociedad en general acerca del papel de los abogados en el sistema democrático de justicia promoviendo su derecho a no ser vinculados con las causas de sus defendidos y a no ser perseguidos por dicho motivo.

Examinar el nivel de acceso a la justicia y/o impunidad de los casos de violaciones a los derechos humanos; monitorear el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por los miembros-

de la Primera Caravana de Juristas realizada en 2008 y de los organismos intergubernamentales que recientemente han visitado el país y consolidar estrategias de protección para los abogados en Colombia.

Así mismo, la Caravana pidió al gobierno colombiano agilizar las investigaciones y castigar a los responsables de la muerte de al menos 24 juristas en los últimos años.

Asombro general

“Cada vez me asombro más por lo que veo”, dijo al respecto en rueda de prensa Denis L'Anglais, de Canadá, quién añadió que “en 2008 le manifestaron al entonces gobierno del presidente Álvaro Uribe que al menos 24 abogados defensores de derechos humanos habían muerto en el país en los últimos años y que no había responsables por esos casos”.

Sin embargo, prosiguió, “la situación está desesperante por lo que hemos constatado. El número de víctimas sigue incrementándose, la impunidad sigue aún peor, el sistema judicial está prácticamente colapsado y los jueces no tienen los recursos necesarios para llevar adelantes los procesos, las demandas y las denuncias”.

Agregó que “hay una ley de silencio entre las autoridades con las cuales nos hemos encontrado; no hablan, no reconocen el nivel de desastre de la situación y aducen que la gravedad de esta no es su culpa”.

Por otro lado, la Caravana denunció ante la comunidad nacional e internacional, la falta de garantías del Estado Colombiano para verificar la situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad, al negar sin ninguna justificación el ingreso de los abogados internacionales a varios centros de reclusión.

Igualmente denunció la “limpieza social” ejercida con toda impunidad por paramilitares y la utilización de esta estrategia para desplazar a miles de personas y facilitar así la entreda de las empresas multinacionales a la explotación de grandes riquezas naturales.

De regreso a sus países los participantes de la Caravana presentarán las concluciones de las observaciones realizadas en Colombia a sus respectivos gobiernos con el fin de que estos cooperen con el seguimiento y respeto a los acuerdos pactados con la Vicepresidencia, la Fiscalía y otros entes estatales.

Foto: De izquierda a derecha: Denis L’ Anglais, de Canadá, La traductora, Kin Archer, de Inglaterra, Gloria Cano, de Perú y Claudia Gómez de México, ofrecieron en rueda de prensa un somero informe de sus observaciones. Foto Camilo Raigozo.

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Seguridad narcocrática/
Ordenes de captura contra 7 militares por falsos positivos en Montes de María
Con información de Comunicación Alternativa para la Paz

El 8de febrero de 2008, Patricio Flórez Severo un humilde campesino de la vereda Tierra Grata en Carmen de Bolívar, se desplazaba en un pequeño jumento en compañía de unos familiares a una finca vecina a ganarse el jornal recogiendo la cosecha de aguacates.

De pronto se oyó una balacera, y Patricio cayó mortalmente herido al igual que el animal. Sus acompañantes huyeron al caserío de Tierra Grata, y al ver que Patricio no llegaba, temieron lo peor.

Entonces, armados de valor y sus instrumentos de labranza, salieron en su búsqueda al lugar de la balacera. Allí, tropas de la Primera Brigada de Infantería de Marina de Corozal les cerraron el paso y les dijeron que no se preocuparan, que su amigo estaba bien.

Ante la insistencia de los campesinos en seguir porque sabían que les estaban mintiendo, las tropas hicieron numerosos disparos al aire amenazando con que los próximos serían contra sus humanidades.
Los valientes campesinos no se amedrentaron: los Infantes de Marina huyeron ante la arremetida de la población. Uno se cayó, el cual fue retenido por el pueblo con todo y fusil.

El Comandante del batallón de Corozal se hizo presente en la zona, amenazando a la población con proceder militarmente si no entregaba al infante. La presencia de la defensoría del pueblo y de la personería salvó la situación.

Se supo entonces que Patricio Flórez efectivamente había sido asesinado, que la escena había sido manipulada, su cuerpo “cargado” con pertrechos militares y llevado en helicóptero al batallón, con lo cual la importante diligencia de inspección del cadáver in situ, se perdió para la investigación.

Tanto el Comandante de la I. Brigada de Marina como el del batallón de Corozal, emitieron comunicados donde daban cuenta de la muerte de un narcoterrorista de las Farc en un fiero combate al emboscar a una patrulla en la convulsionada zona de los Montes de María.

En este mismo falso sentido oficiaron a las autoridades penales y disciplinarias que asumieron la investigación. Igualmente, formularon denuncia penal contra los dirigentes comunales de Tierra Grata por secuestro, hurto y asonada.

Tres años y medio después y luego de rigurosa investigación que contó con una nueva y sofisticada tecnología de reconstrucción de los hechos, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, Despacho 13 a cargo de Claudia Patricia Arguello, dictó medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación, y ordenó la captura de siete de los militares comprometidos, por el delito de Homicidio en Persona Protegida.

Se trata de un crimen contra el Derecho Internacional Humanitario tipificado en el artículo 135 del Código Penal. Los militares son el teniente de Infantería de Marina Carlos Andrés Rodríguez Rodríguez, en curso para capitán, los cabos Jair Alfonso Romero, Felix Díaz González, Nelson Delgado Cuadrado y tres infantes profesionales.

Los abogados que han representado a los familiares de la víctima en el proceso, Luís Carlos Domínguez Prada y María del Pilar Silva Garay, manifestaron su complacencia por la decisión oficial, y dijeron que este es un paso más en la larga y difícil lucha contra la impunidad y contra los crímenes de Estado conocidos como “falsos positivos”.

El abogado Luis Carlos Domínguez entrevistado por los medios, relató que este es apenas uno de los casos que se llevan ante la justicia por “Falsos Positivos” en los Montes de María, y dijo que está por producirse decisión en el caso del crimen del máximo líder campesino de la región, Luís Miguel Gómez Porto (foto).

Recordó igualmente que la dirigencia campesina y comunal sobreviviente de los Montes de María, fue procesada por terrorismo, habiendo sido absueltos por la justicia después de más de dos años de prisión.

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La objeción de conciencia es un escudo, no una espada
Por Brújula comunicaciones

La abogada Mónica Roa, Directora de Programas de la Organización Women´s Link Worldwide, fue una de las panelistas invitadas a participar hoy, dentro del VI Encuentro de Diálogos Constitucionales de la Corte Constitucional, sobre el tema de la objeción de conciencia.

La abogada reconoció que tanto la objeción de conciencia como la interrupción voluntaria del embarazo son figuras que tienen sustento en derechos fundamentales constitucionales e internacionales, y que deben ser ponderadas como derechos en tensión, de igual entidad y jerarquía, buscando siempre la máxima garantía de los dos intereses en conflicto.

Pero señaló que, aunque esta afirmación parece obvia, hay quienes se oponen a las restricciones que la Corte Constitucional le impuso a la objeción de conciencia, como ocurre con el Procurador General de la Nación, quien parte del no reconocimiento del-

aborto como uno de los derechos sexuales y reproductivos y de éstos como derechos humanos, y por lo tanto no hacen una ponderación equilibrada de los intereses en conflicto.

Propuso que la objeción de conciencia debía garantizarse, para ser utilizada como escudo de protección a las creencias más íntimas de las personas; pero no para permitir que se convierta en una espada que busca hacer oposición y dejar inoperantes los avances logrados en materia de derechos sexuales y reproductivos.

La abogada insistió en que un adecuado uso de la objeción de conciencia ayudaría a eliminar los obstáculos que en estos cuatro años y medio han encontrado las mujeres que buscan hacer efectivo su derecho a una IVE.

Afirmó que es preferible que un médico haga objeción de conciencia de manera respetuosa con los derechos de las mujeres, y la refiera a otro profesional que la quiera y pueda atender (como lo ordena la Sentencia C-355/06), en lugar de usar su posición-

como médico para hacer juicios de valor sobre la decisión de la mujer, o peor aún, para darle a las mujeres información científica inexacta, como por ejemplo asustarlas con los peligros que correrían si se hacen un aborto.

Recordó que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud -OMS, un aborto practicado en condiciones seguras es la intervención ginecológica menos peligrosa.

En su ponencia, Mónica Roa reconoció la labor de la Corte Constitucional en el desarrollo de la jurisprudencia en materia de objeción de conciencia y aborto, por su claridad conceptual y la manera-

tan rigurosa y comprometida con la que ha buscado proteger los dos grupos de derechos en tensión, el derecho al aborto en tres circunstancias y el derecho a objetar conciencia.

Ante un auditorio atento y concurrido, alertó lo que ha sucedido en otros países, donde se han presentado situaciones absurdas que desconocen por completo los derechos fundamentales de las mujeres involucradas, poniendo en riesgo su salud y sus vidas. Mencionó varios casos:

En Mississippi, Estados Unidos, un celador puede impedir la entrada de una mujer a un hospital, si se entera que acude a practicarse un aborto, invocando objeción de conciencia.

En Wisconsin, también en Estados Unidos, un farmaceuta invocó la objeción de conciencia para negarse a vender anticonceptivos a una mujer que venía con receta médica; además se negó a referirla a otra farmacia y le retuvo la receta médica.

En España el 99% de los abortos legales realizados desde 1985 se han practicado en clínicas privadas, ya que las instituciones públicas de salud hicieron objeción de conciencia.

En España también se conocieron varios casos donde el personal administrativo de los hospitales se negaba a barrer la habitación o a alimentar, a las mujeres que habían tenido un aborto.

En Inglaterra una secretaria administrativa se negó a escribir una carta de referencia para una mujer que necesitaba un aborto en otra entidad de salud.

Eslovaquia firmó un tratado con la Santa Sede que permite el uso ilimitado y absoluto de la objeción de conciencia, siempre que estén de acuerdo a los preceptos de la moral católica.

La abogada recordó en su intervención que aunque estos casos parecen lejanos a la realidad colombiana, los escritos del actual Procurador General Alejandro Ordóñez demuestran que este peligro está mucho más cercano de lo que muchos pueden pensar. Para demostrarlo, leyó la siguiente cita del libro Ideología de Género: utopía trágica o subversión cultural:

“Por lo anterior, creo que cualquier ciudadano en ejercicio de funciones públicas o sin ellas, puede proponer la objeción de conciencia cuando se le solicite realizar una actuación permitida o regulada por nuestro ordenamiento jurídico o por un acuerdo internacional abiertamente contrario al orden natural o a la ley divina, y aún más, con posterioridad al control de constitucionalidad correspondiente (…)

La abogada se opuso a la posibilidad de reconocer la objeción de conciencia a instituciones argumentando lo siguiente:

¿Si queremos permitir que los hospitales católicos no hagan abortos, estamos dispuestos a admitir que un hospital judío pueda decidir no prestar servicios los sábados o a que un hospital administrado por testigos de Jehová no preste servicios de transfusión de sangre?
2. La objeción de conciencia institucional puede anular totalmente objeciones de conciencia individuales al interior de la institución; por ejemplo, a los médicos católicos que sí quieran practicar IVEs, ¿se les respetaría el derecho a la objeción de conciencia?

3. En un país donde un alto porcentaje de IPS son administradas por comunidades religiosas, otorgar el derecho a la objeción de conciencia institucional puede significar una seria limitación al derecho a la salud reproductiva.

4. Aunque se trate de instituciones privadas, el estar prestando un servicio público y en muchas circunstancias recibir fondos públicos, hace que deban ajustarse a las reglas con las que el Estado pluralista y laico debe garantizar el servicio de salud.

Roa finalizó con un llamado al Congreso para que preste especial cuidado al debate legislativo sobre objeción de conciencia propuesto por el Procurador, ya que cualquier reglamentación deberá ajustarse estrictamente a los lineamientos ya establecidos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

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Catatumbo, Norte de Santander
El campesinado está muy por encima de sus gobernantes
Con ausencia, incumplimiento extremo y falta de voluntad política de parte de las autoridades se realizó con éxito la asamblea general programada por Ascamcat. Con plantón frente a la gobernación departamental los labriegos forzaron que el gobernador los escuchara. Más de 20 mil campesinos marcharán si autoridades no cumplen
Camilo Raigozo. Voz

Durante los pasados 20 y 21 de agosto, en el Campamento de Refugio Humanitario, ubicado en la vereda Caño Tomas, del municipio de Teorama, Norte de Santander, al menos 300 líderes campesinos de la región del Catatumbo realizaron con éxito su-

asamblea general con el objetivo de analizar y hacer el rendimiento de cuentas en el cumplimiento e incumplimientos de los acuerdos pactados con los gobiernos locales, departamental y nacional, y la comunidad campesina pertenecientes de los municipios-

de Teorama, Convención, El Tarra, Tibú, El Carmen, San Calixto y Hacarí, quienes vienen haciendo parte desde el 29 de abril de 2009, cuando se constituyó el Refugio Humanitario y se establecieron de común acuerdo las Audiencias Populares y la Mesa de Interlocución y Acuerdo.

Como fiel reflejo de lo que pasó durante el año que lleva el proceso, con excepción de los alcaldes Jhon Jairo Márquez, de El Tarra y Jairo Pérez Quintero, de San Calixto, los restantes cinco alcaldes comprometidos, el gobernador del departamento William-

Villamizar Laguado, el Incoder, Parques Naturales, Corponor, Vicepresidencia de la República y la Oficina de Acción Social, entre otros, volvieron a brillar por su ausencia y por la falta de respeto al campesinado representado en la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, con la cual existen compromisos firmados desde el 29 de agosto del año pasado.

El gobierno se rajó

“Un año después de haberse constituido el Refugio Humanitario se puede concluir que el último año ha sido muy positivo para los campesinos y para Ascamcat, ya que creció y mejoró el trabajo organizativo. Muchas más comunidades se afiliaron y tienen mayor claridad política sobre los problemas de la región.

“Aunque los índices de violación a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario siguen siendo altos, se logró visibilizar ante la opinión pública nacional e internacional este flagelo que padecemos los catatumberos, lo mismo-

“que las intenciones voraces de las multinacionales de sacar al campesinado y a los indígenas de sus territorios para apoderarse de las inmensas riquezas naturales, para lo cual cuentan con la complicidad del gobierno”, le dijo entre otras cosas a VOZ, Juan Carlos Quintero, líder de la región.

“En cuanto al cumplimiento y la participación de las instituciones y autoridades comprometidas es absolutamente negativa. Históricamente en el país, específicamente en el Catatumbo, no han tenido la voluntad política para resolver los innumerables problemas que padecen los campesinos”, dijo Quintero.

La Asociación Campesina decidió levantar el Campamento de Refugio Humanitario del lugar donde se encontraba para ser instalado en el momento oportuno en el sitio que lo requiera, sí se vuelven a presentar nuevas agresiones del Estado contra las comunidades campesinas. Se conformó el Comité Permanente de Refugio Humanitario.

Ante el incumplimiento y ausencia de las autoridades, los campesinos enviaron a Cúcuta una delegación de 24 personas que durante los días 23 y 24 de agosto realizaron un plantón frente a las instalaciones de la gobernación, forzando de esa manera que el-

gobernador William Villamizar Laguado, atendiera a los labriegos en sus oficinas, lo cual ocurrió el atardecer del 24 de agosto. Ante la indiferencia y los atropellos de las autoridades civiles y militares, sas comunidades están decididas a realizar una marcha-

de al menos 20.000 campesinos del Catatumbo hasta Cúcuta para exigir sus derechos. De la reunión entre Villamizar y los cuatro labriegos delegados surgieron nuevas promesas para con las comunidades.

Nuevos compromisos firmados por el gobernador de Norte de Santander con los campesinos

El martes 24 de agosto, a las seis de la tarde se reunieron en el despacho del gobernador William Villamizar Laguado, delegados del Comité Permanente de Refugio, la Procuraduría Judicial, la Defensoría del Pueblo, la Secretaria de Gobierno, el Gobernador, el Colectivo de Abogados Luís Carlos y Planeta Paz. De allí surgieron los siguientes compromisos:

1. Ayuda de emergencia: Para entregar los 330 mercados de ayuda de Emergencia Humanitaria y los 400 Kit de Herramientas, que fue concertado el pasado 16 de abril de 2010 en la Audiencia Popular de Cartagenita, Ascamcat debe pasar una fecha de entrega de los mismo donde la Gobernación debe hacerlos llegar al corregimiento de la Gabarra y vereda la Angalia (Tibu) respectivamente.

2. Formulación Plán de Desarrollo: La gobernación se compromete a entregar 20 millones de pesos ahora para la formulación del Plan de Desarrollo y se hará la otra entrega de 20 millones de pesos en enero de 2011 como segunda fase.

El gobernador delego al señor Fabio René Carrillo para la construcción del proyecto hasta que tenga el código, para cumplir los parámetros con planeación y Ascamcat delegará dos personas la construcción del mismo, Una vez esté listo el proyecto se hace el convenio con planeación, en total son 40 millones de pesos.

3. Respuesta a derechos de petición: Frente a la no respuesta de tres derechos de petición, Fabio René Carrillo, se compromete a entregarnos las respuestas el 25 de agosto.

4. Frente a los señalamientos del gobernador como responsable de las ordenes de captura, se aclara que Ascamcat ni las organizaciones que están adelantando la defensa, en ningún espacio afirmó, se ratifica la importancia de tener el dialogo directo con el Gobernador, se reafirma la confianza en el papel, en el carisma y en la forma como el gobernador conduce este proceso.

Pero también no podemos negar, que el trabajo de ciertos funcionarios afectó el diálogo, las comunidades se sintieron engañadas, irrespetadas, por eso se solicitó cambiar de interlocutor. Por eso solicitábamos hablar directamente con el gobernador.

5. El gobernador se compromete a firmar las cartas de invitación a la reunión de comité de impulso de Zona de Reserva Campesina, donde se convoca a las diferentes instituciones, Ascamcat confirma la fecha de la reunión.

6. La Gobernación se compromete a participar activamente en el diálogo de la Mesa de Interlocución y Acuerdo, se concluye que se mantenga el espacio.

7. La Gobernación solicita un oficio donde se informe conforma la comisión de verificación, los objetivos, la invitación para participar el 7 de septiembre en la Comisión de Verificación del Casco Urbano del Tarra. Donde la gobernación pueda definir el acompañamiento de un delegado. Fotos Camilo Raigozo.

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