sábado, septiembre 08, 2012

Diálogos de paz/ Fue su compañera sentimental por 15 años
Negociadora de las Farc es la viuda de 'Tirofijo'
Manejaba la seguridad y el cuidado personal del jefe guerrillero. Esta semana, en Cuba, se convirtió en la única mujer a la que la guerrilla ha sentado en una mesa de negociación.
Por: Gloria Castrillón. El Espectador

“Murió de un infarto cardíaco, en brazos de su compañera”. Con estas palabras, el hoy jefe máximo de las Farc, Timoleón Jiménez, confirmó al mundo la muerte del fundador y líder histórico de esta guerrilla, Manuel Marulanda Vélez, en un comunicado que leyó el 25 de mayo de 2008.

Semejante alusión no era sólo un giro retórico para darle un toque de humanidad y romanticismo a la figura del insurgente más feroz, el más buscado, el más combatido por el Estado durante más de medio siglo.

Era también la forma de hacerle un homenaje a Sandra, la mujer que cuidó del anciano durante más de 15 años de su vida en el monte.

Aunque la figura de Sandra salió a relucir durante los diálogos que adelantó el gobierno de Andrés Pastrana en la zona de despeje del Caguán, nunca fue protagonista de las negociaciones.

Se la veía siempre al lado del jefe guerrillero, que ya se había convertido en mito por cuenta de las muchas veces que el Estado anunció su muerte en combate.

Era ella la que conducía la camioneta 4x4 en la que Marulanda llegaba de repente a la sede de los diálogos, era ella la que tomaba atenta nota de las reuniones y asuntos pendientes.

Era ella la última puerta infranqueable, después de la fuerte escolta, para acceder al jefe de la guerrilla más antigua del continente. Era casi su sombra.

Ya en la intimidad, Sandra era más que su asistente. Se convirtió en la única persona que pasaba a su lado las 24 horas del día:

lo acompañaba hasta la puerta del baño, le administraba las medicinas para la hipertensión y otras dolencias propias de la edad, se encargaba de su vestimenta, que iba desde una sencilla pinta de paisano — camisa, pantalón y botas pantaneras—, hasta el camuflado y las botas militares de cuero cuando la ocasión ameritaba el traje de fatiga.

Le supervisaba la dieta, baja en sal y carbohidratos y abundante en frutas y verduras.

Pero tal vez el rasgo más importante de las funciones que cumplía Sandra como compañera sentimental de Marulanda era la seguridad.

Sólo ella conocía el sitio donde acampaba cada noche quien fue por años el hombre más buscado del país.

Los demás miembros de la pequeña escolta acogían la decisión que ella tomara, mientras los demás anillos de seguridad se encargaban de resguardar un área general.

Sandra no descuidó este asunto ni siquiera cuando estuvieron en los 42.000 kilómetros cuadrados que el Estado les cedió a las Farc para negociar. Ningún miembro del secretariado conocía la ubicación exacta del campamento.

Cada noche cambiaban de refugio y ni el Mono Jojoy ni Joaquín Gómez, jefes de los bloques Oriental y Sur, que prestaban cientos de hombres para los anillos de seguridad de su jefe, conocían la decisión de la mujer.

De ella no se supo mucho. Era reservada, casi misteriosa, sabía guardar prudente distancia sin perder de vista cualquier necesidad de su compañero.

Sorprendió la diferencia de edad (posiblemente él la doblaba en años) y la enorme dedicación que ella le prodigaba: le cortaba las uñas y el pelo, le leía libros, correspondencia y documentos, veía películas para comentárselas, estaba actualizada para asegurarse de que él también lo estuviera.

Una de las sorpresas que se llevaron los delegados del presidente Pastrana (incluso el mismo mandatario) durante los primeros encuentros con Manuel Marulanda, fue precisamente que Sandra tomara las fotografías de los momentos más importantes de aquellos contactos preliminares y que guardara con celo los documentos que él debía revisar.

Uno de los momentos que quedó registrado para la prensa y que le dio la vuelta al mundo fue cuando Sandra, vestida como Tirofijo, con impecable uniforme camuflado, se desprendió por un instante de su esposo para cobijar al presidente Andrés Pastrana con un plástico y protegerlo de la lluvia.

Era el 8 de febrero de 2001 y el mandatario había ido a San Vicente del Caguán a tratar de salvar el proceso de paz de una de sus infaltables crisis.

No hay duda de que ella conocía como nadie los secretos del octogenario guerrillero, porque además le manejaba el radio de comunicaciones, le contestaba la correspondencia y estuvo a su lado durante los momentos cruciales de los diálogos de paz.

No sorprende verla como protagonista de este nuevo intento, ahora con el gobierno Santos.

Sentarla en la mesa de negociaciones durante esta primera etapa es un homenaje al mito fundador de una guerrilla campesina que sigue venerando la figura del comandante que cursó pocos años de escuela pero puso en jaque la seguridad de los 17 presidentes que lo combatieron sin éxito.

Incluso se cree que más allá de darle representación a las mujeres insurgentes, se trata de darle voz y voto a la persona que conoció como nadie a su líder y que seguramente llevará sus puntos de vista a la mesa de diálogos.

Los organismos de seguridad del Estado nunca tuvieron mayor información de Sandra. No estaba reseñada en informes de inteligencia ni tenía proceso penal en contra.

Tras la muerte de Marulanda no se tuvo noticia de su paradero y sólo ahora, al verla de civil, ofreciendo una rueda de prensa al lado de curtidos hombres de la diplomacia de las Farc, vuelve a ser noticia.

Diálogos de paz
El vocero de las FARC Marcos Calarcá aclaró que no han dicho que si no hay cese el fuego no empiezan
Por Camilo Raigozo

El comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo, FARC EP, 'Marcos Calarcá' aclaró-
 
a una agencia internacional desde la Habana que ese ejército insurgente nunca condicionó el inicio de los diálogos a un cese el fuego bilateral.

"No estamos diciendo que si no hay cese al fuego entonces no empezamos. Pero llamamos a la cordura. Decimos que si vamos a hablar no nos hagamos más daños, si estamos dispuestos a la paz, no nos hagamos más daños", manifestó el líder rebelde a la agencia Ap.

"Mirando las cosas con optimismo pensamos que no hay problema que no podamos solucionar", le indicó Calarcá a la agencia.

En cuanto a la participación en los diálogos del comandante ‘Simón Trinidad’ el delegado insurgente respondió que este punto se definirá en la mesa de negociación.

De esta manera el dirigente fariano le salió al paso a las especulaciones malintencionadas de algunos medios cuando afirmaron que la guerrilla habría condicionado la apertura de los diálogos al cese bilateral del fuego.

Seguridad narcocrática/
Por diversos delitos capturan a suboficiales de la Armada
Por Camilo Raigozo

El CTI de la Fiscalía capturó en Buenaventura, Valle del Cauca, a dos suboficiales activos y a uno retirado, investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y falsedad ideológica en documento público.

De acuerdo con el ente investigador, los presuntos bandidos omitieron, supuestamente, actos propios de sus cargos de inspectores y controladores del flujo marítimo, por lo cual habrían recibido entre 400 mil y un millón de pesos diariamente.

Igualmente, los capturados habrían certificado el arribo a puerto de naves que nunca lo hicieron y permitieron el arribo de embarcaciones que no cumplían con los requisitos de navegabilidad.

Las FARC negaron estar detrás del atentado contra el exministro Fernando Londoño
Por Camilo Raigozo

El pasado miércoles en la rueda de prensa que los voceros de las FARC dieron al periodismo internacional en la Habana, Cuba, reafirmaron una vez más que ese grupo insurgente-
 
nada tiene que ver con el atentado contra la vida del exministro Fernando Londoño Hoyos, alias “El héroe de Invercolsa”, ocurrido el anterior 15 de mayo en Bogotá.

Sin embargo, en el marco de la degradación del conflicto, en la guerra sucia mediática contra ese grupo insurgente, desde el mismo instante del atentado, sin que mediara investigación alguna,-
 
el mismo Londoño, el ministro de Defensa, altos mandos castrenses, el fiscal general y la dictadura mediática, entre otros, siguen sosteniendo que detrás del atentado criminal están las FARC.

La Fiscalía capturo inicialmente a Ulises Castellanos Beltrán, alias “Apú”, César Augusto Ramírez Gómez alias “Bigotes”, Nelson Eduardo Aguirre Castañeda alias “Chapulín”, Fernando Collazos Aguirre alias “Fifí” y a un menor de edad, quienes no aceptaron los cargos de los que se les acusa.

Además de los anteriores, existen otras dos órdenes de captura contra los hermanos Wílmer y Diego Tabares Marín, vinculados al mismo atentado.

Según informó la Fiscalía los anteriores personajes pertenecen a una banda de delincuencia común de Cali llamada ‘banda de Bigotes', que hacía parte de la 'oficina de cobro el Parche de Zuley'.

Estas organizaciones criminales son semejantes a la banda La Terraza de Medellín, la cual presta servicios delictivos a narcoparamilitares y a otras organizaciones mafiosas.

El pasado 7 de septiembre, el CTI capturó en Montería a Mario Arturo Ramos, quien supuestamente sería el ‘cerebro’ de la banda que atentó contra Londoño en el que resultaron dos personas muertas y numerosos heridos.

Ramos es un exagente de la Policía inmerso en otro proceso penal por sus vínculos con paramilitares.

Con este último la Fiscalía ha capturado a seis personas, supuestamente relacionadas con el atentado al exministro Fernando Londoño.

Sin embargo el órgano investigador no ha exhibido ninguna prueba que vincule a estos sujetos con las FARC. Al respecto solo hay “hipótesis” y especulaciones.

En la degradación del conflicto armado que padece Colombia, enmarcada en la guerra sucia mediática contra los grupos insurgentes, desde el mismo instante del atentado, sin que mediara-
 
investigación alguna, el mismo Londoño, el ministro de Defensa, el fiscal general, altos mandos castrenses y de policía, el sector uribista y la dictadura mediática, entre otros, culpan a las FARC.

El pasado 28 de agosto, sin exhibir ninguna prueba, el fiscal general Eduardo Montealegre, le dijo a los medios que los principales indicios que hay para señalar a las FARC  es que estas en el pasado habían amenazado y ordenado seguimientos al exministro Fernando Londoño.
Además, señaló que las FARC usaron bombas Lapa en atentados que ocurrieron en el pasado.

Ante la ausencia de pruebas que vinculen a los capturados con las FARC, Montealegre se inventó otra “hipótesis”: señaló que el atentado fue perpetrado por una banda criminal a quién las FARC le habrían pagado más de 1.000 millones de pesos.

“Al parecer, la Columna Teófilo Forero de las FARC fue la que ordenó el atentado a una banda de delincuentes comunes”, dijo el fiscal.

Bajo la perversa estrategia, el general José Roberto León Riaño, director de la Policía Nacional, aseveró a una cadena radial que “las Farc están contratando organizaciones delincuenciales para adelantar acciones terroristas y de narcotráfico.
 
"No es la primera vez que las Farc contran a bandas criminales para adelantar acciones ilegales, pues informes de inteligencia revelan que la guerrilla ha contratado esta clase de servicios en otros sectores del país”.

La dictadura mediática cumple con eficiencia su papel en la demencial estrategia de la guerra sucia, que oculta, distorsiona, y degrada aún más el conflicto, contribuyendo a la impunidad de los verdaderos autores de estos actos criminales.

viernes, septiembre 07, 2012

Parauribismo/
Denuncian amenazas contra dirigente del Partido Comunista y sindical en Bolívar
Por Pcc Bolívar

El Partido Comunista Colombiano zonal Bolívar, denuncia ante la comunidad local, nacional e internacional, así como a las autoridades,  las amenazas vía celular contra Manuel Fernández Leguia.

Fernández es miembro de la Dirección Zonal  del Partido Comunista colombiano en Bolívar, como responsable sindical, presidente de la subdirectiva del sindicato Sutimac en Cartagena y vicepresidente a nivel nacional de esa misma organización sindical. 

El 28 de agosto 2012, a las 9:45 a.m., le llegó al celular de Manuel Fernández Leguia, un mensaje de voz proveniente de la lineal telefónica 034 913 70 91 donde manifiestan: “cuál es la huevonada suya déjese de tanta marchita usted no piensa en su familia pórtese bien”.

El mismo día a las 8:30 p.m. Recibió dos llamadas donde le dijeron: “deje de joder tanto con los sindicatos que de lo contrario te vamos a dar de baja”.

El 6 de septiembre de 2012 las 11:50 a.m., recibió nuevamente en su teléfono celular un mensaje de texto que dice: “viejo quédese quieto con tanta maricada nosotros sabemos usted por donde se mueve no se haga matar HP”.

Fernández Leguia también ha percibido seguimiento de personas motorizadas cuando se desplaza en su vehículo y en inmediaciones de su residencia, hecho que tiene muy intranquila a su familia.

Señalamos con mucha preocupación sobre estos hechos que son violatorios a los derechos fundamentales consagrados en la constitución nacional como es, el derecho a la intimidad personal y familiar, a la libre organización y al libre ejercicio de la actividad sindical.

Organizaciones indígenas hacen un llamado por la paz
Es la hora de parar la guerra. Es la hora de la paz
Por Organización Nacional Indígena de Colombia

Después de más de 50 años de conflicto armado en el país se vislumbra una nueva posibilidad de terminar con la violencia armada y la guerra.
 
El gobierno y las FARCEP han anunciado su decisión conjunta de avanzar en un proceso de diálogo y negociación que ponga punto final al derramamiento de sangre.

El ELN ha manifestado la disposición a integrarse en este proceso. Saludamos con esperanza y alegría estas decisiones.

¿Cómo lograr que esta paz sea duradera y estable? Desde las organizaciones sociales de mujeres, de afrocolombianos, de indígenas, de campesinos, de niños y niñas, de artistas, de obreros,-
 
de estudiantes, de víctimas, de intelectuales, de trabajadores, de desempleados, de campesinos, de periodistas, de empresarios, de ciudadanos y gobernantes que hemos venido trabajando por la paz-
 
durante décadas enteras, creemos que la construcción de la paz sólo es posible si se garantiza la más amplia participación de todas las voces de la sociedad, para superar las distintas formas de-
 
violencia, la discriminación y la exclusión en la vida cotidiana. La paz no sólo es un acuerdo entre actores armados: es una participación entusiasta, una conquista social de un derecho fundamental.

Es duradera la paz construida con transformaciones que hagan realidad el Estado Social de Derecho y le den vida a los principios de respeto a la dignidad humana, la vigencia de la solidaridad,-
 
del reconocimiento a la diversidad, del carácter pluriétnico y multicultural y el pleno reconocimiento a la equidad e igualdad de género.

La construcción de la paz integral y sostenible sólo es posible si la sociedad se compromete a un desarrollo desde la equidad y en relación armónica y respetuosa con la naturaleza.

La agenda pactada y los compromisos que de ella se deriven tendrán que darle cabida a las agendas y pactos de la sociedad entera, construidos desde los movimientos y las organizaciones que reclaman ser refrendados en los escenarios de la democracia.

Permitir que las aspiraciones de la sociedad se manifiesten en el marco de las negociaciones, es otorgarle una verdadera legitimidad al proceso y sienta las bases para una paz sostenible.

Este Manifiesto por la Paz se ha gestado al unísono con el levantamiento y la resistencia civil de los pueblos indígenas del Cauca que exigen el retiro de la guerra de sus territorios, el respeto a sus derechos territoriales-
 
y culturales, de autonomía, consulta, identidad, dignidad y respeto a las normas del Derecho Internacional Humanitario; estas demandas también se escuchan desde el Pacifico, el Caribe, Arauca, el Catatumbo y Colombia entera.

Hemos insistido y volvemos a insistir: este proceso de Paz debe tener un capítulo de diálogos regionales que nos permitan participar con autonomía y voz propia en este nuevo escenario de Paz;-
 
no sólo Noruega y Cuba, sino nuestros territorios en el Cauca y en general los territorios ancestrales son escenarios para la paz; los seguimos ofreciendo con este propósito.

Llamamos a los gobiernos latinoamericanos, a los movimientos sociales en todo el continente a rodear y cuidar entre todos este proceso, a exigir que esta vez la Paz sea una realidad, pues la guerra también los afecta.

Es hora de la movilización, de la acción colectiva en calles, plazas, caminos, tribunas, foros y puntos de encuentro.

Es el momento de crear los espacios para la participación y concertación. Que se cumpla la palabra; que se llegue pronto al cese de hostilidades, que se acabe con el paramilitarismo y el narcotráfico, que se silencien las armas destructoras;-
 
que se le dé oportunidad a la verdad histórica, a las memorias y a los derechos de las víctimas, que la democracia y la vida florezcan en Colombia y América como lo han soñado todos los precursores y luchadores por la independencia y la libertad.

Llamamos a todos los colombianos y colombianas a disponerse a aportar a esta posibilidad de paz; la llave de la paz nos pertenece, las puertas de la paz están abiertas, la responsabilidad de la paz es de todos, de todos el esfuerzo. Que nadie se quede en silencio.

Seguridad narcocrática/
Jaquean página web del IPC en Medellín

Al asalto realizado al Instituto Popular de Capacitación, conocido por nosotros y denunciado a la opinión pública el día lunes 3 de septiembre de 2012, se suma hoy 7 de septiembre el jaqueo de nuestra página Web, de la que han sido borrados todos sus contenidos.

Creemos que no son hechos aislados y están conectados de manera directa con el propósito de frenar nuestra incidencia en los debates por la búsqueda de la Verdad, la Justicia y la Reparación.

Como lo ha planteado el Fiscal General de la Nación, estas búsquedas implican que sean develados los “aparatos organizados de poder” que han estado detrás de todas estas actuaciones criminales,-
 
en las que el reconocimiento de los hechos por los comandantes paramilitares, como es el caso de  Diego Fernando Murillo Bejarano, Alias “Don Berna”, es apenas una parte de la verdad.

Como lo denunciamos  el lunes 3 de septiembre, el IPC condena este tipo de actos y llama la atención porque esta situación se da en el contexto de la audiencia de imputación de cargos-
 
al ex jefe paramilitar, Diego Fernando Murillo Bejarano, Alias “Don Berna”, en un proceso en el cual el IPC ha sido víctima y denunciante, en virtud de los hechos en los que fueron secuestrados 4 miembros del equipo de trabajo en 1999,-
 
del atentado con explosivos ocurrido ese mismo año contra la sede de la organización, ubicada en el barrio Prado Centro, y de las posteriores amenazas al Equipo de Derechos Humanos, que generaron su  exilio en el año 2000.

Por los nuevos ataques a nuestra organización elevamos una alerta por nuestra protección y nuestro derecho irrenunciable a aportar a esta sociedad en los derechos de verdad, justicia y la reparación.

Demandamos ante las autoridades competentes las investigaciones respectivas y que se habiliten con celeridad y sin burocratismos las medidas cautelares y de protección colectivas e individuales para continuar con nuestra labor en la defensa de los derechos humanos.

Igualmente, solicitamos a todas las organizaciones y redes de derechos humanos, así como a la Comunidad Internacional, su solidaridad y su apoyo en la difusión del presente comunicado.
 
Lea también:

El Ejército y la Sijin agreden a dirigentes sindicales de la USO
Con información de la Unión Sindical Obrera, USO

La Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, USO, ha liderado desde mediados de 2011 los conflictos laborales-
 
que se han generado con la multinacional Pacific Rubiales Energy en el Campo Rubiales y otras multinacionales que se encuentran en el departamento del Meta.

Desde el 14 de junio de 2012 se desarrolla un conflicto laboral con la empresa transnacional Cepcolsa, filial de Cepsa en Colombia. 

La USO no ha sido reconocida como representante de los trabajadores por parte de la contratista Termotecnica Coindustrial, así como de Ecopetrol que es la empresa estatal y la mayor accionista de estos campos.

En otras partes del país es la USO la que representa a los trabajadores de Ecopetrol y de Termoelectrica, pero en el Meta las transnacionales, en particular Pacific Rubiales Energy, se niegan a reconocer a la USO como interlocutor válido y representante de los trabajadores.

En este marco de negación a la actividad sindical existe la extralimitación de agentes del estado, más específicamente del subintendente Martínez, de la Sijin de la Policía Nacional en Puerto Gaitán.

La noche del  23   de agosto de 2012, aproximadamente las 22:30, el Ejército Nacional y la Policía  tendieron una celada al miembro de la Junta Nacional de la USO, Moisés Barón y sus escoltas y al secretario general de la USO Meta, Anibal Bermudez.

Los dos dirigentes fueron sacados del campamento Jaguar 1, con el objetivo de ser interceptados antes del retén militar del Alto de Neblinas.

En este operativo militar y policial el subintendente Martínez, de la Sijin, filmó y fotografió a los líderes sindicales y reiteradamente manifestó que estaban capturados por obstrucción de vías.

Ante el requerimiento de conocer la orden de captura, Martínez manifestó  que no era necesario pues estaba configurada la flagrancia.

En este operativo  los sindicalistas y sus escoltas fueron víctimas de una emboscada fabricada por la Sinjin y el ejército, cuyos miembros les apuntaban con sus fusiles y armas de dotación e intentaron retenerlos arbitrariamente, en un intento de montar un ‘falso positivo judicial.

El 5 de septiembre de 2012, este subintendente estuvo de las  5 hasta las 11 de la mañana filmando a todos los trabajadores y dirigentes que se encontraban protestando contra la empresa Cepsa-
 
por su negativa a reconocer a la USO como interlocutor de los trabajadores, violando así el derecho  de asociación sindical, de representación y libertades sindicales a sus trabajadores directos y de contratistas.

El 7 de septiembre de 2012, se presentaron agresiones por parte de la Fuerza Pública contra los trabajadores de Cepcolsa y Termotecnica.

Fue detenido arbitrariamente el trabajador Marlon Andrés Jaramillo, quien se encontraba participando pacíficamente en el cese de actividades.

La agremiación sindical exige que se respeten los derechos laborales y sindicales de los trabajadores que se encuentran en el cese de actividades y solicitan a las autoridades que tomen las medidas necesarias para preservar los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en la actividad. 

La USO considera que estos hechos amenazan la vida e integridad no solo de los trabajadores, sino de los habitantes de Puerto Gaitán.

jueves, septiembre 06, 2012

Procurador pide impunidad para militares
Por Camilo Raigozo

El procurador Alejandro Ordoñez, alias “Monseñor absolvedor de la ‘Yidispolítica’ y la ‘parapolítica’”, sin ningún asomo de vergüenza, le solicitó al Consejo de Estado que derogue el acto administrativo que le da competencia a la Fiscalía para decidir si abre procesos o no contra militares y policías que hayan cometido delitos.

El flamante jefe del Ministerio Público, asevera falsamente que dicho acto administrativo va contra la Constitución y la Ley, cuando lo que él propone es lo que realmente estaría violando la Constitución, las leyes y los tratados internacionales firmados por Colombia.

Para Ordoñez no puede ser posible que sea la Fiscalía y no las fuerzas militares, la que conozca previamente los posibles delitos cometidos por los uniformados y que sea esta, la que dependiendo la clase de delito, determine si las investigaciones son competencia de la justicia ordinaria o de la Justicia Penal Militar.

A “Monseñor absolvedor de la ‘Yidispolítica’ y la ‘parapolítica’” se le olvida que Colombia debe  cumplir con los tratados internacionales firmados, los cuales ordenan que las violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y de guerra, cometidos por militares, deben ser investigados, procesados y juzgados por la justicia ordinaria.

Sostiene Ordoñez que la Justicia Penal Militar administra justicia y, por tanto, sus jueces son autónomos y se encuentran únicamente sometidos a la Ley.

Las estadísticas demuestran que delitos de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por militares e investigados por la Justicia Penal Militar han terminado en la impunidad.

Conflicto social y armado/
Diálogos de paz encuentran su primer escollo: el cese de hostilidades
Por Camilo Raigozo

Antes de que las dos partes se hayan sentado en la mesa de diálogos y negociaciones, ya surgió el primer escollo difícil de salvar: el cese de hostilidades.

En rueda de prensa ofrecida por voceros de las FARC-EP en horas de la mañana de este jueves 6 de septiembre, en la Habana, Cuba, a la pregunta de un periodista, Mauricio Jaramillo contestó que entre los primeros puntos le planteará a su contraparte el cese de hostilidades.

Sin embargo, en horas de la tarde del mismo día, desde las instalaciones militares de Tolemaida, frente a la cúpula de las fuerzas militares y de Policía, el presidente Santos afirmó, entre otras cosas que, “No habrá cese al fuego hasta tanto no lleguemos al acuerdo final”.

El Presidente dejó la impresión de que esta posición unilateral y arrogante, es un inamovible en la mesa de diálogos.

La inquietud que surge de inmediato es: Sí los temas álgidos son inamovibles e inegociables, para el gobierno, ¿para qué engañar a la insurgencia, al país y al mundo?

Por otro lado, el presidente Santos ha afirmado múltiples veces y en todos los escenarios que en las negociaciones con las FARC su gobierno no repetirá los errores del pasado.

Sin embargo, haber negociado sin parar el fuego contribuyó en gran medida a los fracasos anteriores. ¿ A qué juega Santos?
 

Recorrido Territorial por Engativa. "A tomarnos el humadal El Jaboque"





























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Se agudiza cisis humanitaria en el nordeste antioqueño

El nordeste antiqueño atraviesa una crisis humanitaria que día a día adquiere dimensiones más dramáticas para la población. Debido a esta realidad y al trabajo de denuncia e incidencia realizado-
 
por Cahucopana, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo emitió el 3 de abril de 2012 el Informe de Riesgo N° 002-12A.I. para los municipios de Zaragoza, Remedios y Segovia,-
 
en el cual se alerta sobre la situación de alto riesgo en la cual se encuentra la población debido a la dinámica de confrontación armada entre estructuras paramilitares que se disputan el control del-
 
territorio, a saber Los Urabeños y Los Rastrojos, motivada por intereses económicos sobre la región que se concentran en el control de la explotación minera aurífera y el uso de la zona como corredor-
 
estratégico, y facilitada por los altos niveles de abandono estatal y pobreza que predominan en la región que mantienen a sus pobladores rurales en situación de confinamiento.

Este informe, emitió además una serie de recomendaciones que debían ser adoptadas por las entidades del orden nacional, regional y local para mitigar-
 
el escenario de riesgo y brindar garantías para la protección de los derechos humanos de las comunidades rurales y urbanas de los tres municipios.

Sin embrago hoy, 5 meses después de emitido el Informe no ha habido ninguna respuesta efectiva por parte de las autoridades responsables de tomar medidas frente a la crítica crisis humanitaria manifiesta.

Desde Cahucopana se han impulsado una serie de escenarios de concertación con la Gobernación de Antioquia, en cabeza del Director de Derechos Humanos Gabriel Jaime Bustamante, y demás-
 
entidades del orden departamental, y así mismo se ha establecido contacto con el Ministerio del Interior en la urgencia de construir de forma concertada con las comunidades afectadas-
 
alternativas de solución y mitigación del riesgo en el que se encuentran, sin embargo, a la fecha no ha sido posible concretar ninguno de los acuerdos realizados.

Mientras las autoridades del orden local, departamental y nacional no hacen nada, la crisis humanitaria en el nordeste se agudiza.

Desde la emisión del Informe se han presentado en la región constantes acciones armadas de grupos armados ilegales, particularmente enfrentamientos entre paramilitares,-
 
denominados bandas criminales Los Rastrojos y Los Urabeños que ponen en riesgo a la población, así mismo se instalan de forma cotidiana retenes-
 
ilegales por parte de estos grupos que restringen el tránsito y generan un ambiente de zozobra entre transeúntes y transportadores.

Se han registrado alrededor 20 homicidios selectivos en zona rural y urbana de los municipios de Remedios, Zaragoza y Segovia, así como dos masacres,-
 
la primera tuvo lugar a pocos días de emisión del Informe en el punto conocido como Machuca en donde 5 personas fueron asesinadas y la segunda el día de ayer,-
 
5 de septiembre, cuando un grupo armado incursionó a la finca La Reserva, en la vereda Campo Alegre del municipio de Segovia, asesinando a 4 personas.

A su vez, el reclutamiento forzado de niños por parte de estos grupos se encuentra en aumento y son cotidianas las amenazas selectivas y la extorsión de familias y mineros artesanales, situación que en algunos casos ha desencadenado en desplazamientos forzados.

Esta realidad que vive la región del nordeste antioqueño da cuenta de la incapacidad estatal para controlar el territorio, la ausencia de voluntad política por parte de autoridades-
 
del gobierno en sus niveles nacional, departamental y local para enfrentar la situación, y pone en entredicho la imparcialidad de los fuerzas militares-
 
y de policía nacional en el enfrentamiento por el control territorial adelantado entre Los Rastrojos y Los Urabeños.

Los afectados como siempre las comunidades campesinas y urbanas de la región, que a pesar de haber presentado propuestas para la construcción de respuestas concertadas-
 
a la crisis humanitaria han sido desconocidas en múltiples ocasiones por la Gobernación, las Alcaldías y demás entidades concernidas a tomar medidas en el asunto.

Ante este escenario, las comunidades campesinas organizadas en Cahucopana hacemos una llamado público a las organizaciones sociales a solidarizarse con la crisis humanitaria que enfrentamos-
 
y exigimos de las autoridades gubernamentales en sus distintos niveles respuestas efectivas, superando la visión simplista de que la militarización del territorio constituye la alternativa a nuestra realidad.

El homicidio selectivo realizado el día 3 de septiembre en el casco urbano del municipio de Remedios, cuya víctima fue Gloria Elcy García, mujer que había recibido amenazas por ser testigo-
 
clave en un proceso de restitución de una mina de oro, adquirida, al parecer, con documentos falsos, debe ser el último de los constantes campanazos de alerta sobre el alto nivel de-
 
desprotección en que se encuentran las comunidades en la región, y debe conllevar a que se adopten medidas idóneas por parte de las autoridades en concertación con las comunidades organizadas que hacen presencia en el territorio.

Como organización de base exigimos se nos incluya en la construcción de soluciones y se nos garanticen los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad.
 

Ituango , Antioquia
El Ejército tomó como escudos humanos a los pobladores que protestan contra Hidroituango
Con información de Movimiento Ríos Vivos

La noche del pasado martes 4 de septiembre fue larga y angustiosa para las personas afectadas por la construcción de la represa Hidroituango que se encuentran-
 
desde el domingo 26 de agosto acampando en el corregimiento El Valle de Toledo, al norte de Antioquia, en  protesta por la situación a la que están sometidas.

Esa noche escucharon disparos muy cerca y quedaron atónitas al ver que soldados del Ejército Nacional, pertenecientes al Batallón Bajez, adscrito a la IV Brigada, entraron a su campamento mezclándose con la población civil y disparando.

Los testimonios de más de 500 pobladores y pobladoras de San Andrés de Cuerquia, Briceño, Ituango y Toledo, que se encuentran en la concentración y las vainillas de proyectiles encontradas en el lugar en horas de la mañana del miércoles son pruebas de lo sucedido.

Los manifestantes dieron testimonio de esto a los defensores de derechos humanos de la Gobernación de Antioquia que se encuentran en la zona, quienes les recomendaron refugiarse en la iglesia; los disparos se escucharon hasta las 5 de la mañana.

Denunciamos este hecho como una infracción al Derecho Internacional Humanitario por lo que demandamos al Ejército Nacional, gobernación de Antioquia-
 
y Defensoría del pueblo, adelantar las gestiones respectivas para garantizar la integridad de todos los manifestantes de la movilización pacífica en este lugar.

Ante este hecho el Movimiento Ríos Vivos reitera su solicitud de suspensión del Proyecto Hidroeléctrico Hidroituango hasta cuando cese el conflicto armado en la zona y se brinden garantías de participación ciudadana en las decisiones sobre el proyecto mencionado.

Es importante recordar que esta petición es una de las principales razones de más de 500 personas para acampar en el Valle de Toledo en espera de tener un diálogo efectivo-
 
con la Gobernación de Antioquia y con las Empresas Públicas de Medellín (EPM), que hasta ahora han expresado con vehemencia que conflicto armando y represas son asuntos inconexos.

Es urgente e inaplazable que estén presentes autoridades del orden nacional como el Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,  la Defensoría del Pueblo,-
 
la Procuraduría Ambiental y la Contraloría Delegada para Asuntos Ambientales y Derechos Colectivos en la mesa de diálogo propuesta para este fin de semana con Gobierno y Empresa EPM.

Pedimos respeto al Ejército y cumplimiento al Ministerio del Interior del Derecho Internacional Humanitario, pues un Proyecto de Desarrollo no puede significar-
 
la pérdida de la tranquilidad y del buen vivir de los campesinos y campesinas, pescadores, comerciantes, mineros artesanales y demás ciudadanos y ciudadanas del norte de Antioquia.

Nuestra movilización es por la vida y en rechazo a lo que han traído a la región las EPM con la construcción de la represa Hidroituango.

Seguridad narcocrática/
Piden investigar a los generales Mora Rangel y Harold Bedoya por el asesinato de Jaime Garzón
Por Camilo Raigozo

La determinación de investigar los presuntos vínculos de Mora y Bedoya en el asesinato del periodista Jaime Garzón se dio dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz, en la audiencia de formulación de cargos contra el narcoparamilitar alias “don berna”.

Olimpo Castaño, magistrado de Justicia, aceptó la petición de la familia de Jaime Garzón, para que ordenara la investigación contra los dos generales por su presunta participación en el atroz crimen del periodista y humorista.

Según Verdad Abierta. Com, el fiscal 45 de Justicia y Paz, Jairo Chavarro, se comprometió con el magistrado Castaño a realizar dichas investigaciones.

El general Mora Rangel fue designado por el presidente Santos como integrante del equipo negociador del Gobierno en los diálogos de paz con las FARC EP.

El nombramiento del general Mora como negociador del gobierno, fue visto con preocupación por el expresidente Andrés Pastrana, quien afirmó a Caracol que Mora fue uno de los principales obstáculos para que las negociaciones con las FARC en el Caguán tuvieran éxito.

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Ituango, Antioquia
En libertad las 23 víctimas de falso positivo judicial capturadas por el Ejército, el CTI y la dictadura mediática
Por Camilo Raigozo

Como era de esperarse, las 23 personas capturadas por el régimen terrorista el pasado 26 de agosto, tuvieron que ser dejadas en libertad por falta de pruebas, por un juez de control de garantías.

Las 23 víctimas fueron presa del CTI de la Fiscalía y de las fuerzas militares, quienes las acusaron falsamente de ser colaboradores o miembros de la guerrilla, tal como lo denunció en su momento Notimundo.

Durante el tiempo que las víctimas permanecieron injustamente encarcelados, las comunidades de Ituango realizaron varias manifestaciones de protesta contra los operativos realizados por el Ejército, el CTI y la Policía, contra los pobladores.

 “Los capturados son gente trabajadora, con sus viviendas violentadas por la bota militar; las armas del Estado amenazan a la población civil, los gritos de las esposas,-
 
"las madres y los niños atemorizados, fueron el despertar en los barrios de Ituango”, había denunciado a Notimundo la Asociación  de Comerciantes de Ituango, Ascomi.

Algunos de los medios más influyentes del país, como El Tiempo, El Espectador, entre otros,  en complicidad con el Ejército, la Policía y la Fiscalía, de manera irresponsable-
 
e ignorando las mínimas normas de ética periodística, violentaron los derechos y la dignidad de las 23 víctimas, señalándolas, sin ninguna prueba, de pertenecer a la guerrilla.

Los medios adeptos al régimen antidemocrático, deberían resarcirles la honra y el buen nombre a sus víctimas, rectificando en iguales condiciones, las falsas acusaciones que hicieron contra ellas, como ha sido su estrategia en estos casos.
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miércoles, septiembre 05, 2012

Conflicto social y armado
El pueblo colombiano tiene la llave para construir la paz
Por Consejo Patriótico Departamental Cauca Movimiento Político y Social Marcha Patriótica Cauca

Nuestro Movimiento Social y Político  Marcha Patriótica, saluda con optimismo el inicio de la mesa de diálogos entre el gobierno nacional y las FARC-EP.

El acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que se ha suscrito, recoge un importante acumulado de algunas de  las firmes, diversas y-
 
congruentes resistencias del pueblo colombiano, quienes siempre han abogado por el dialogo como la herramienta más acertada para solucionar el estado de crisis continuo al que han sido sometidos la mayoría de los colombianos.

El guerrerismo que ha desbordado los gobiernos en Colombia, ha sido agotado; es necesario darle paso a la construcción de la paz con justicia social, a través, de la solución política y negociada al conflicto social armado.

Sobre los hombros de nuestro pueblo recae una responsabilidad inaplazable, es necesario derrotar el individualismo y el egoísmo que cultivan los sectores dominantes en todos los rincones de nuestra sociedad;-
 
hoy se hace necesario hermanar nuestras ideas y convocar al pueblo colombiano a construir la más amplia unidad en torno a la paz y a rechazar con vehemencia las actitudes criminales de quienes pretenden perpetuar este conflicto armado interno.

La paz es un asunto social, representado en el bienestar de las mayorías del pueblo colombiano y la igualdad de oportunidades para el desarrollo equitativo de sus ciudadanos, la paz en nuestro país,-
 
se construye derrotando la persecución política y brindando las garantías suficientes para la participación de todos los sectores de nuestra sociedad, la paz con tierra para el campesino que la-
 
trabaja, de una educación de excelencia, de un trabajo digno, una vivienda decente, de un pueblo saludable, con capacidad para elevarse culturalmente, pero sobre todo,-
 
de un pueblo libre donde podamos escoger nuestro camino y ponerlo al servicio colectivo; de esta paz hablamos todos los sectores que hacemos parte de la Marcha Patriótica.

Por tal razón, saludamos los diálogos y manifestamos nuestra disposición y compromiso férreo de participar activamente en este nuevo y esperanzador proceso de paz.
 
Junto a los procesos demócratas sociales y populares de articulación y el resto del pueblo colombiano le decimos No a la Guerra y Si a la Paz con justicia social.

Manifiesto por la defensa de las semillas libres en Colombia
Por Jhon Jairo Salinas/ Redepaz

Las Organizaciones campesinas reunidas en la VII versión del encuentro de productores ecológicos y sabidurías populares Ecovida 2012, realizada en la ciudad de Manizales en la Universidad de Caldas,-
 
desde el 23 al 26 de agosto, debatiendo y reflexionando sobre la situación en la que se encuentra el sector campesino colombiano, la problemática sociopolítica en la que está sumido el país desde-
 
hace más de cincuenta años y en la que los pobladores rurales (campesinos, indígenas y afrocolombianos) son las principales víctimas de estigmatización y persecución; de igual forma,-
 
la presión que se viene ejerciendo desde el gobierno nacional a través de las regulaciones que se han establecido desde los entes de control y que se presentan-
 
como una forma de mejorar la agricultura colombiana están vulnerando los derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna como la vida, la libertad y el derecho a la alimentación.

De igual forma los Tratados de libre comercio, las políticas internacionales en lo referente al tema rural no han dado claras respuestas a la protección de la economía campesina,-
 
la conservación de su cultura, costumbres, territorio y  de su entorno por el contrario han favorecido los intereses de monopolios y de sectores externos que tienen intereses sobre la tierra-
 
para su explotación a gran escala con el uso de tecnologías contaminantes y enclaves económicos que han puesto en riesgo la estabilidad de las comunidades en sus territorios,-
 
el entorno natural y han fragmentado el tejido colectivo que se ha construido históricamente en las diferentes regiones del país.

Por tanto, desde el VII Encuentro de productores ecológicos y sabidurías populares ECOVIDA concluimos que:

1.    Teniendo en cuenta que la Resolución 0970 de 2010 plantea la regulación de las semillas a través de la certificación por parte del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA),-
 
la prohibición de los intercambios de semillas amparados en la justificación de la contaminación fitosanitaria y la fuerte relación de los intereses de monopolios de semillas, proponemos difundir-
 
entre nuestra comunidades estrategias que garanticen las semillas libres, para ello, celebraremos el Día de la Semilla Libre durante el 12 y 16 de octubre de 2012 en resonancia de la misma campaña a-
 
nivel mundial, y rescataremos nuestras semillas criollas mediante la siembra permanente de ellas y la distribución entre nuestras comunidades, programando en las agendas de cada organización esta fecha como días de conmemoración a nivel regional y nacional.

2.    Ante la declaración del año internacional de la agricultura familiar por parte de la Organización de las Naciones Unidas para el año 2014, nos comprometemos a promover acciones locales que visibilicen-
 
la importancia de dicha celebración para que sean defendidos sus territorios, sus culturas y sus núcleos  de cohesión social y faciliten la conservación local de las semillas propias y adaptadas, a partir de estrategias definidas localmente para su implementación.

3.    Ante la reciente aprobación de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales por parte de las Naciones Unidas, promoveremos ante las instancias respectivas-
 
el aval normativo nacional que legitime su existencia y a partir de ahí contrarrestar la vulnerabilidad que tienen nuestras sociedades rurales, del mismo modo-
 
permitir y promover las acciones que desde la sociedad civil y las organizaciones comunitarias se tejen como redes de solidaridad para contrarrestar las dificultades locales.

4.    Desde las diferentes regiones y organizaciones generar propuestas que articulen a los representantes a la cámara, senadores y otros delegados político-
 
locales que acompañen las iniciativas planteadas en este manifiesto en aras de continuar en la defensa de las semillas nativas y libres a nivel nacional,-
 
la conservación de la agricultura familiar y la declaratoria de los derechos de los campesinos porque sin semillas no hay agricultura, sin familia no hay organización social y sin campesinos no hay agroecología.


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