Terrorismo de Estado

Paramilitares amenazan a líderes sociales en Cartagena del Chairá, Caquetá

Por Camilo Raigozo. Notimundo

Luego de los señalamientos temerarios del presidente Santos, su ministro de represión y guerra contra el pueblo, Juan Carlos Pinzón y de otras autoridades civiles y militares, contra los manifestantes del Paro Nacional Agrario, ahora vienen las amenazas de las fuerzas oscuras del régimen.

Las comunidades agrarias de este municipio,  como las de todo el departamento, participaron en el paro desde el mismo 19 de agosto pasado y se desplazaron hasta Florencia, donde convergieron más de 10 mil personas que reclamaron sus derechos ante las diferentes esferas del gobierno.

En el marco del paro las fuerzas represoras del régimen (fuerza pública) cometieron todo tipo de violaciones a los derechos humanos, tales como restricción al derecho de locomoción y movilidad de los participantes, señalamientos, empadronamientos, pillaje, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles e inhumanos y otros actos criminales contra los manifestantes.

Esta denuncia fue hecha por la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos Caguán Vive, la Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica-Caquetá y la Comisión de Derechos Humanos de Coordosac.

En la estrategia de guerra sucia contra las organizaciones sociales y sus dirigentes, el siguiente paso del libreto se inició el pasado 28 de septiembre, cuando criminales del paramilitarismo autodenominados “águilas negras de Colombia guerreros del yarí”, regaron panfletos amenazantes en  Cartagena del Chaira.

Según la denuncia los ‘paras’ señalaron como “objetivos militares” a los siguientes dirigentes sociales, activistas por la paz, miembros de Coordosac y de Marcha Patriótica:

Jaider Galindo, dirigente popular, expresidente, de juntas de acción comunal vereda Banderas, ex coordinador núcleo comunal N 9, expresidente de aso juntas, exfuncionario de la secretaria de asuntos comunitarios de la alcaldía municipal, responsable de movimiento político y social marcha patriótica Caquetá, en la actualidad vocero principal del paro nacional agrario y popular.

Misael Caro Pacheco, presidente asociación de juntas Cartagena del chaira.

Jorge Londoño, expresidente Asojuntas Cartagena del Chaira.

Yesid Doncel, actual secretario de organización de la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá, Coordosac, exconcejal y expresidente de la Asojuntas.

Doncel también ha desempeñados cargos públicos, promotor de acción comunal, inspector de Policía en Remolino del Caguán y San José de Risaralda, secretario del Concejo Municipal, secretario de Asuntos Comunitarios y Tesorero.

De igual manera se desempeñó como Secretario de Gobierno en la Montañita Caquetá, ha sido presidente de la Unión Patriótica y del Polo Democrático.

Alfonso Garzón, presidente junta acción comunal barrio Divino Niño. Alirio Rojas. Isaac Páez, dirigente popular y comunal, directivo del movimiento político y social marcha patriótica en el departamento del Caquetá, integrante de la comisión de organización comunal de Coordosac  del Caquetá y en la actualidad es vocero por el departamento de la Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo MIA.

Páez fue víctima de un montaje jurídico perpetrado por miembros de la Sijin y la Fiscalía, donde fue acusado de ser ideólogo de la guerrilla. También ha sido  víctima de dos intentos de asesinato, en el 2006 y 2007,en la ciudad de Florencia, siendo candidato a la alcaldía de Cartagena del Chaira.

Así mismo fue  víctima de otro montaje judicial que lo llevo a la cárcel el 11 de octubre, 14 días antes de las elecciones y que fue liberado el 22 de diciembre del mismo año 55 días después a las elecciones.

Arturo Izasa, motorista de Asotaxis del Caguán. José Hincapé. Salomón Martínez, comerciante de ganado y Pedro Garzón Molina, comerciante de queso.

La presencia del paramilitarismo en la región ha sido negada por los comandantes del Ejército y la Policía, así como también por el gobernador del departamento y otras autoridades locales, desentendiéndose de sus obligaciones constitucionales de proteger a la población civil.

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Terrorismo de Estado
Renunció a la embajada en Austria el general Fredy Padilla acusado de asesinatos a sangre fría y crímenes de guerra
Por Camilo Raigozo. Notimundo

El Centro Europeo para la Constitución y los Derechos Humanos, Ecchr (por su sigla en inglés), publicó el pasado 2 de octubre en Viena, Austria, un documento que señala al excomandante de las Fuerzas Militares colombianas, general Fredy Padilla de León, como presunto responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El presunto criminal fue designado como embajador en Austria por el también presunto cabecilla paramilitar Álvaro Uribe Vélez, en agosto de 2010, unos días antes de entregar la presidencia a su sucesor Juan Manuel Santos.

“El general Freddy Padilla es sospechoso de ser penalmente responsable de los extensos crímenes internacionales cometidos contra la población civil, en particular en el contexto de las ejecuciones extrajudiciales en el escándalo de los ‘falsos positivos’”, dice un aparte del dossier.

El organismo entregó el documento al Ministerio de Relaciones Exteriores de Austria y le solicitó que se declare a Padilla como persona no grata, retirándole consecuentemente el estatus diplomático.

De esta forma el presunto bandido del régimen colombiano quedaría sin inmunidad (impunidad) diplomática facilitando así que se conduzcan las investigaciones penales necesarias para esclarecer los crímenes.

“Los ministerios exteriores tienen que investigar seriamente las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos al acreditar embajadores, para cumplir con sus obligaciones internacionales de investigar y perseguir crímenes internacionales”, aseveró Wolfgang Kaleck, secretario general del Ecchr.

No es la primera vez que este organismo internacional elabora dossiers similares, pues anteriormente lo hizo contra presuntos criminales de guerra de Sri Lanka, quienes al igual que Padilla, habían sido nombrados en cargos diplomáticos en las embajadas de Berlin y de Londres.

"En esos se logró que los diplomáticos fueran retirados de sus cargos, pero sin embargo, presuntos criminales de guerra siguen siendo enviados a ocupar cargos en embajadas europeas”, dice el documento.

En la mañana de hoy agencias internacionales informaron que el presunto terrorista del Ejército, general Fredy Padilla, renunció a su cargo como embajador en Viena ante el escándalo que desató el informe del Ecchr.

Padilla de León es el segundo general nombrado embajador por Uribe Vélez, que tiene problemas por presuntos crímenes cometidos en Colombia. Otra vergüenza nacional ocasionada por el régimen criminal y violento que padecen los colombianos.

Antes tuvo que renunciar a la embajada en República Dominicana el presunto bandido, general Mario Montoya, quién es investigado y procesado por varios delitos entre ellos paramilitarismo.

La ampliación del fuero penal militar, como lo han manifestado cientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales, la ONU, OEA, CIDH y otros organismos multilaterales, está enfocada a cubrir con impunidad los crímenes cometidos por miembros del Ejército y la Policía, principalmente a los de más alto rango.

El dossier sobre Padilla 

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Diálogos de paz

“¿Por qué en más de 30 años de paramilitarismo no hubo un solo enfrentamiento entre el Ejército y ellos?”: Timoleón Jiménez, FARC EP

Por Camilo Raigozo. Notimundo

El máximo comandante de la insurgencia de las FARC EP, Timoleón Jímenez, en una carta de respuesta a la columnista de Semana María Jimena Duzán, afirma entre otras cosas que:

“Por el tono emocional de su misiva, y sus precisas condiciones, debo entender que mis manifestaciones al país no le parecen ni provechosas ni amigables. Cada quien tiene el derecho a valorar las cosas según su criterio, el cual a su vez expresa un interés de clase”.

En su columna en la edición del pasado 21 de septiembre de la mencionada revista, Duzán, envió un mensaje al máximo comandante de las FARC EP, Timoleón Jiménez,  donde, desde su punto de vista muy particular, se fue lanza en ristre contra ese ejército insurgente y contra los diálogos de paz que se adelantan en La Habana.

A continuación la respuesta de Timoleón Jiménez y después el enlace a la columna de Duzán:

A María Jimena Duzán

Comunicado

Por: Timoleón Jiménez. FARC-EP

En varias ocasiones ha manifestado usted su interés en un intercambio epistolar  conmigo. Ahora, tras una andanada mucho menos amable que cuando valoraba mi estilo, vuelve a la carga, y con dos condicionamientos además, que sea productivo y que no sirva para sembrar cizaña.

Por el tono emocional de su misiva, y sus precisas condiciones, debo entender que mis manifestaciones al país no le parecen ni provechosas ni amigables. Cada quien tiene el derecho a valorar las cosas según su criterio, el cual a su vez expresa un interés de clase.

Habría que preguntar a los estudiantes de la MANE o a los campesinos movilizados en la MIA, a quienes usted ubica tan ajenos a nuestro pensamiento, cuanta indignación o simpatía les despierta nuestra palabra.  ¿Dirían la verdad con el riesgo que eso entraña en Colombia?

¿Sí es el país o la abrumadora mayoría, quien ha perdido la credibilidad en nuestra vocación de paz? Si usted, que posa de analista franca y objetiva, lo asegura de modo categórico, es probable que induzca a otros a pensar igual, aunque ello no necesariamente significa que sea cierto.

Si lo afirman casi tomados de la mano los grandes medios, prósperas empresas vinculadas públicamente a los núcleos económicos, sociales y familiares que giran en torno al poder, cabe preguntarse si no son esos círculos los desencantados.

La verdad es que en las alturas siempre se ha concebido la paz como la simple terminación del alzamiento armado, sin ningún cambio importante en las estructuras económico sociales o el régimen político del país. Algunas prebendas personales al precio de la rendición y entrega.

Nuestra posición es distinta. Colombia requiere hondas trasformaciones, sus instituciones están podridas. El Estado colombiano ha devenido en garante del enriquecimiento del sector más pudiente, y en máquina para someter violentamente la inconformidad. Eso debe cambiar.

Nuestra palabra es ignorada de manera olímpica. Manipulada o interpretada de acuerdo con las conveniencias inmediatas. Como cuando especulan que el discurso de Oslo tuvo por objeto satisfacer  la galería o calmar los ánimos de los guerrilleros descontentos.

O que no hay que pararle bolas a lo que las FARC digamos por fuera de la Mesa, dando a entender que en ella asumimos una posición completamente distinta. De ese modo se genera y patrocina la idea de que cuanto decimos es falso o interesado.

Indicar que nuestra delegación de paz en La Habana ha sido autorizada para presentar un informe público sobre lo que ocurre verdaderamente en la Mesa, cosa que todo el mundo en este país reclama, se titula y comenta como una amenaza que pone en peligro la continuación del proceso.

Publicada mi Adenda necesaria, Caracol radio la presenta así, Timochenko dice que revelar avances de la mesa no es una amenaza. Usted en su nota pregunta si he calibrado las amenazas expresadas en mis últimas cartas acerca de echar por la borda la confidencialidad.

Muchos de quienes se nos acercan, temen ser absorbidos por nuestra lógica. Reconocen una posición de compromiso absoluto con las clases oprimidas y no quieren involucrarse de ese modo, resulta demasiado riesgoso para su vida y su tranquilidad personal.

Allí radica en el fondo la clave del actual conflicto. Quienes ponen en duda la legitimidad del orden de cosas y asumen en serio la tarea de trabajar conjuntamente con los más afectados por éste, con el propósito de superarlo, terminan conociendo y sufriendo el lado brutal del régimen.

Vivimos y luchamos porque ese rostro y esa mano criminal desaparezcan para siempre. Los horrores vividos en Colombia desde hace más de seis décadas por cuenta de la violencia oficial abierta o disfrazada no tienen nombre. Esa verdad pretende soslayarse a costa nuestra.

Lo hemos dicho,  no tenemos reparos para dar la cara a las víctimas del conflicto, para reconocer nuestra cuota en las consecuencias de la guerra. Lo que no significa que asumamos la responsabilidad por la generación, el escalamiento y la degradación de esta.

Eso tiene que quedar claro. Ahora aparecen los restos de Fidel Castaño y el país se entera de que murió en un enfrentamiento con las FARC en San Pedro de Urabá. ¿Por qué en más de 30 años de paramilitarismo no hubo un solo enfrentamiento entre el Ejército y ellos?

Las eternamente lamentables víctimas de Bojayá, perecieron en medio de un combate de varios días contra una estructura paramilitar tolerada y apoyada por las fuerzas armadas. Las centenares de masacres paramilitares contra la población inerme o el exterminio de la UP son otra cosa.

La paz supone que salgan a flote tales claridades. Como la de las vinculaciones del narcotráfico  con las fuerzas militares y de policía, el paramilitarismo, el sector financiero y la clase política. Eso no puede esquivarse con el pretexto de nuestra relación con él, que podemos explicar sin pudores.

Hablar así equivale, para ciertos sectores del país, a nuestra pérdida de credibilidad. Quisieran que el resto de colombianos los siguiera. Si así fuera, sería imposible construir una Colombia más incluyente, lo que menos quieren los devotos de la guerra y las rendiciones incondicionales.

La democracia colombiana es tan intolerante y violenta, que trabajar de manera consecuente por la paz y la reconciliación ha sido elevado a oprobio, linda con las páginas del código penal. Por eso  fue privada de sus derechos políticos la senadora Piedad Córdoba.

Y por eso, pese a sus más de treinta años de lucha por hacer posible una solución política al conflicto colombiano, se pone en la picota pública al doctor  Álvaro Leiva. Creí escuchar que la politóloga y periodista Claudia López salió a toda prisa del país. ¿Imagina por qué?

María Jimena, artículos como el suyo, o como los de Marta Ruíz o León Valencia, al igual que los de tantos columnistas que se pronuncian a diario sobre el proceso de La Habana, ponen de presente  la inmensa expectativa del país con él y no su entrada en decadencia. Pensamos distinto, es todo.

Timoleón Jiménez

Lea aquí la columna de María Jiména Duzán

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Terrorismo de Estado

Acusan al general Fredy Padilla de León, embajador en Austria, por asesinatos a sangre fría y crímenes de guerra

Por Camilo Raigozo. Notimundo

El Centro Europeo para la Constitución y los Derechos Humanos, Ecchr (por su sigla en inglés), publicó ayer en Viena, Austria, un dossier sobre el excomandante de las Fuerzas Militares colombianas, general Fredy Padilla de León, donde lo señala como presunto responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El presunto criminal fue designado como embajador en Austria por el también presunto cabecilla paramilitar Álvaro Uribe Vélez, en agosto de 2010, unos días antes de entregar la presidencia a su sucesor Juan Manuel Santos.

“El general Freddy Padilla es sospechoso de ser penalmente responsable de los extensos crímenes internacionales cometidos contra la población civil, en particular en el contexto de las ejecuciones extrajudiciales en el escándalo de los ‘falsos positivos’”, dice un aparte del dossier.

El organismo entregó el documento al Ministerio de Relaciones Exteriores de Austria y le solicitó que se declare a Padilla como persona no grata, retirándole consecuentemente el estatus diplomático.

De esta forma el presunto bandido del régimen colombiano quedaría sin inmunidad (impunidad) diplomática facilitando así que se conduzcan las investigaciones penales necesarias para esclarecer los crímenes.

“Los ministerios exteriores tienen que investigar seriamente las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos al acreditar embajadores, para cumplir con sus obligaciones internacionales de investigar y perseguir crímenes internacionales”, aseveró Wolfgang Kaleck, secretario general del Ecchr.

No es la primera vez que este organismo internacional elabora dossiers similares, pues anteriormente lo hizo contra presuntos criminales de guerra de Sri Lanka,  quienes al igual que Padilla, habían sido nombrados en cargos diplomáticos en las embajadas de Berlin y de Londres.

"En esos se logró que los diplomáticos fueran retirados de sus cargos, pero sin embargo, presuntos criminales de guerra siguen siendo enviados a ocupar cargos en embajadas europeas”, dice el documento.

Padilla de León sería el segundo general nombrado embajador por Uribe Vélez, que tiene problemas por presuntos crímenes cometidos en Colombia.

Antes tuvo que renunciar a la embajada en República Dominicana el presunto bandido, general Mario Montoya, quién es investigado y procesado por varios delitos entre ellos paramilitarismo. 

Fuente: http://www.ecchr.de/index.php/padilla-es.html 
El dossier sobre Padilla 

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Uribe Centro Narcocrático

Iván Cepeda denunció que Uribe destinó recursos para su propio beneficio cuando era Presidente

El dirigente de Colombianos y Colombianas por la Paz, Iván Cepeda, pidió este miércoles investigar al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por haber promovido durante su gobierno la ejecución de obras públicas en predios agrícolas de su propiedad y, además, presuntamente haber adquirido terrenos baldíos de manera irregular.

"Álvaro Uribe, siendo presidente, tuvo un interés directo en la asignación de más de cinco mil 800 millones de pesos (casi tres millones de dólares) de fondos del presupuesto nacional al distrito de riego Mocarí, que abastece terrenos de su propiedad", denunció Cepeda en una rueda de prensa.

De acuerdo con el defensor de los derechos humanos, Uribe y su familia poseen en ese distrito del departamento de Córdoba (noroeste) 59 predios, equivalentes a mil 469 hectáreas, que se beneficiaron entre 2007 y 2009 con proyectos de adecuación por mil 410 millones de pesos (unos 705 mil dólares).

"El asunto es que Uribe utilizó su poder para enriquecerse. Es evidente que en estas decisiones medió un interés particular del expresidente, quien a sabiendas de que se beneficiaría de manera directa de las mejoras y ampliaciones dispuso lo pertinente para la asignación de esos recursos", señaló Cepeda.

Además, denunció que la familia de Uribe adquirió de manera irregular cuatro predios baldíos en esa misma región, entre los años 1996 y 2003, y otro terreno que tenía una restricción para la venta, pues debía destinarse a pequeños campesinos.

"En este segundo caso, se desconoce la cantidad total de hectáreas, pero lo importante es que se trata de cuatro baldíos adjudicados cuando esos terrenos no pueden acumularse", destacó.

Uribe, un dirigente de derecha que gobernó Colombia entre 2002 y 2010 y aspirará a un asiento en el Senado el próximo año, es un abogado y hacendado de 61 años procedente de una familia de propietarios agrícolas.

En ese contexto, Cepeda afirmó que "el hoy candidato al Congreso y su partido pregonan que una de sus grandes banderas para esta campaña es buscar que el Estado sea austero y transparente. ¿Con qué autoridad de carácter moral, el expresidente que se benefició de dineros públicos para sus predios levanta semejante consigna?".

En las últimas semanas, otros parlamentarios y la ONG británica Oxfam han denunciado la acumulación de miles de hectáreas de terrenos baldíos por parte de grandes empresas agrícolas, entre estas la estadounidense Cargill, en el departamento de Vichada (sureste, fronterizo con Venezuela).

La ley colombiana prevé que las tierras baldías tengan una función social, por lo que deben otorgarse a pequeños y medianos campesinos y no se permite que un solo propietario acumule más de un predio.

Colombia es uno de los países con mayor concentración en la propiedad de la tierra. Según el informe de desarrollo humano del PNUD de 2011, 52 por ciento de la gran propiedad rural está concentrada en 1,15 por ciento de la población.

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Parauribismo

Paramilitares asesinaron a defensora de derechos humanos en el Macizo Colombiano

Por Camilo Raigozo. Notimundo

La Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca denunció  el asesinato de la defensora de derechos humanos y lidereza campesina Adelinda Gómez Gaviria, quien hacía parte del Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA.

El acto criminal que le cegó la vida a Adelinda, de 36 años, fue perpetrado el pasado 30 de septiembre en la vereda Cortaderas, del municipio de Almaguer, Cauca.

Gómez Gaviria era madre de tres hijos, defensora de derechos humanos y lidereza campesina que dedicó su vida al trabajo comunitario.

Hacía parte del Proceso de Mujeres Maciceñas del CIMA y en el último tiempo impulsó, entre otras tareas, el Foro Minero Ambiental en el municipio de Almaguer, en el cual participaron alrededor de 1.500 campesinos e indígenas.

La defensora  fue asesinada a las 8:30 de la noche, cuando se dirigía a su casa luego de haber participado en una reunión de mujeres en la vereda Cortaderas Almaguer.

La nueva víctima de la estrategia paramilitar del régimen y su hijo de 16 años fueron abordados por dos por sicarios que les dispararon causándole la muerte de cinco impactos de bala.

Su hijo, Wilson Pipicano, quedó mal herido y se encuentra en delicado estado de salud en la Clínica La Estancia de la ciudad de Popayán.

Adelinda había recibido amenazas un mes atrás vía telefónica en donde desconocidos le manifestaron que “deje de joder con esa cosa de la minería, eso es riesgoso y se va a hacer matar”.

Según el observatorio de Derechos Humanos y DIH de la RED, en lo que va corrido del año, han sido asesinadas al menos  15 mujeres en el Cauca.

El 40% de éstos feminicidios se presentaron  en el Macizo Colombiano, la mayoría contra liderezas y defensoras de derechos humanos, activistas políticas y por la paz.

Igualmente han sido asesinados en 2013 en el Cauca, al menos 14 defensores de derechos humanos y líderes sociales. Así mismo la fuente advirtió que en estos momentos hay 5 defensoras y 7 defensores de derechos humanos amenazados en este departamento.

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San José de Apartadó

Paramilitares amenazan a pobladores con la connivencia de la Fuerza Pública

Por Camilo Raigozo. Notimundo

El pasado sábado 28 de septiembre paramilitares autodenominados “Gaitanistas” introdujeron por debajo de las puertas de las casas de San José de Apartadó unos panfletos en los que piden disculpas a la población por los desplazamientos y las acciones que ponen en peligro con su presencia las veredas La Hoz y Rodoxalí.

Lo que realmente los criminales quieren demostrarles a los pobladores es que tienen completamente controlada la zona y más que perdón, la misiva es un mensaje de advertencia.

La comunidad vive ya en la zozobra y culpan al Ejército y a la Policía de colaboradores de los paramilitares, ya que no se explica cómo los bandidos deambulan por las calles de San José de Apartadó y la Fuerza Pública no se entere.

En el casco urbano de la localidad está completamente militarizado y hay una base militar y una estación de Policía, según información del Comité para los Derechos Humanos de San José de Apartadó.

“Los gobiernos locales y regionales con todas sus indolentes negaciones nos piden olvidarnos de los recientes desplazamientos de varias de nuestras familias de La Hoz y Rodoxali y a que sigamos el rumbo de nuestras vidas como si nada estuviera pasando”, dice la denuncia.

Igualmente las autoridades civiles y militares, en vez de enfrentar y combatir el paramilitarismo, lo que hacen es pedirle a las comunidades que se olviden de estos grupos criminales “los cuales esan en la zona con la ayuda de los militares”.

Estas autoridades les dicen a los campesinos que no soliciten investigaciones y persecuciones contra los paramilitares como también que se olviden de acudir a la justicia.

Recientemente los ‘paras’ asesinaron a José Pacheco y a otros campesinos, crímenes que están en la impunidad, sin embargo tanto las autoridades civiles y militares lo que hacen es solicitarle a las comunidades que asistan a reuniones que ellos hacen donde les ofrecen un almuerzo, en vez de hacer justicia.

“Nos piden a manteles -como si nada pasara- que renunciemos a nuestro derecho a pedir garantías de participación, nos piden que no solicitemos al Estado que priorice los análisis de riesgo y los informes de riesgo en materia de derechos humanos para hacer invisibles nuestras graves vulneraciones a los derechos humanos.

“Nos invitan a que dejemos a un lado los informes de la Personería de Apartadó, restándole la importancia que requieren, nos invitan a que renunciemos al derecho de defender los derechos humanos y los derechos fundamentales de nuestras comunidades”, dice la denuncia.

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VIII Jornada por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio de la Unión Patriótica

Por Reiniciar

Entre el nueve y el 11 de octubre próximo se llevará a cabo el VIII Encuentro Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio de la Unión Patriótica “Sin reparación integral para las víctimas de la UP no puede haber paz”.

El nueve de octubre se realizará el evento interno con las Coordinaciones de todo el país y el 10 de octubre a las 9 de la mañana se realizará la instalación  pública de la jornada en la calle 23 Nº 6- 19 Downtown Majestic.

El 11 de octubre se realizará la tradicional marcha a partir de las 11 de la mañana, la cual iniciará en el edificio Colpatria y culminará en la plaza de Bolívar, acompañado de la "Serenata de los ausentes".

La convocatoria la hace La Corporación para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Reiniciar y la Coordinación Nacional de Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica.

La Corporación Reiniciar viene liderando desde hace más de 20 años la lucha contra la impunidad en el caso del genocidio contra este grupo político al que le fue devuelta su personería jurídica apenas hace tres meses.

Hay que recordar que Reiniciar junto a la Comisión Colombiana de Juristas presentó en 1993 la petición de condena ante La Corte Interamericana de Derechos Humanos por el genocidio de la UP.

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ONG y defensores realizaron visita humanitaria a Huber Ballesteros y presos políticos

Por Camilo Raigozo. Notimundo 

La Brigada Jurídica informó que continúa su campaña de solidaridad y visitas humanitarias a los presos políticos colombianos. El 26 de septiembre pasado, abogados de la Brigada realizaron una visita a Huber Ballesteros y los presos políticos del Eron La Picota de Bogotá.

Compartieron con los presos el último libro del profesor Miguel Angel Beltrán Villegas, La Vorágine del Conflicto Colombiano: Una Mirada desde las Cárceles. 

Surgieron múltiples ideas para implementar la solidaridad con los presos políticos, resaltando la última jornada del pasado 19 de agosto en medio del Paro Nacional Agrario, donde las paredes gritaron: “¡Libertad para los presos políticos!”.

También se discutió el trabajo de las ONGs y la importancia de que estas deben éticamente elevar el nivel de solidaridad y defensa técnica de los prisioneros y prisioneras políticas.

La Brigada Jurídica se encuentra adelantando jornadas de solidaridad en diferentes espacios educativos que consiste en recoger artículos de aseo que serán llevados a los y las prisioneras políticas víctimas de la represión del régimen.

La Brigada Jurídica invita a todos los sindicatos, ONGs, colectivos, estudiantes y a la sociedad en general a romper las cadenas con gestos de solidaridad, visitándolos, llevando solidaridad material y elevando la denuncia por las graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos los prisioneros políticos.

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