La República Democrática de Corea del Norte lanzó misil con satélite de comunicaciones
El proyecto coreano es un desafío a la arrogancia de los gobiernos de Japón, Corea de Sur y Estados Unidos, quienes anticipadamente habían amenazado al país asiático por su osadía
Por Camilo Raigozo

Estados Unidos y Japón confirmaron el lanzamiento del cohete portando unsatélite de comunicaciones de uso pacífico. Sin embargo, para estas dos potencias, el lanzamiento del misil es para el régimen de Kim Jong-il, una prueba encubierta de un misil balístico intercontinental.

Corea del Norte hizo el lanzamiento en la madrugada del domingo, hora coreana, desafiando las amenazas del gobierno estadounidense y japonés, quienes se arrogan el derecho de prohibir a los demás países su desarrollo tecnológico, en este caso en las comunicaciones.

Pyongyang aseguró que sus intenciones son pacíficas, pero Estados Unidos, Japón y Corea del Sur le han exigido con insistencia el abandono del proyecto. La administración norcoreana había predicho que el lanzamiento lo realizaría este 4 de abril, lo que cumplió con unas horas de atraso.

Según la información del Comité de Tecnologías Espaciales de Corea, fueron exitosos los preparativos para el lanzamiento del satélite piloto de comunicaciones "Kwangmyongsong-No.2" a bordo del cohete transportador "Unha-2" en el Campo de Lanzamiento de Satélite Artificial Tonghae.

El presidente estadounidense Barack Obama, de visita en Europa, había advertido un día antes que la comunidad internacional iba a actuar en caso de que Corea del Norte decidiese finalmente lanzar el misil para demostrar que esta decisión no puede quedar impune.
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Parauribismo/
Los crímenes de Ramón Isaza dejaron al menos 260 víctimas
Por Camilo Raigozo

Un informe de la Fiscalía conocido el pasado 3 de abril, sostiene que el temible cabecilla paramilitar del Magdalena Medio Ramón Isaza es responsable de 13 delitos relacionados con 198 acciones criminales que dejaron al menos 260 víctima.

El fiscal Segundo de la mal llamada Ley de Justicia y Paz le imputo a Isaza entre otros cargos : homicidio en persona protegida, desaparición forzada, lesiones personales en persona protegida, reclutamiento ilícito de menores, desplazamiento forzado, acto sexual violento con persona protegida, secuestro extorsivo, entrenamiento ilegal para actividades ilícitas, empleo ilegal de uniformes e insignias, destrucción y apropiación de bienes protegidos, extorsión, concierto para delinquir, y porte ilegal de armas y municiones de privativo de las Fuerzas Militares.

El jefe paramilitar ha confesado su participación en ocho masacres que arrojaron un saldo de 70 víctimas. Según la Fiscalía, entre las masacres confesadas hasta el momento están, la de La Esperanza en Carmen de Viboral (Antioquia), los asesinatos de cazadores y pescadores en Falan y Armero-Guayabal (Tolima), Playas de Bucamba en La Dorada (Caldas), vereda La Parroquia y La Leonera de Fresno (Tolima), Frías en Palocabildo (Tolima), finca Las Mercedes en Sonsón (Antioquia), y La Grajalia , en la vía que conduce a Manzanares (Caldas).

Según los pactos entre los paramilitares y el gobierno de Uribe, la máxima condena que se le podría dar a Isaza, es de ocho años de cárcel, menos las rebajas estipuladas en la mal llamada Ley de Justicia y Paz, que en realidad debería llamarse Ley de Impunidad y de Burla a las Víctimas.

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Aberrante Presidente/
Fuerza pública violó autonomía universitaria en Univalle
Por Camilo Raigozo

Una fuerte indignación en amplios sectores democráticos del país causó el allanamiento por parte de la Policía Nacional a la Universidad del Valle en horas de la madrugada de este sábado 4 de abril.

Daniel Henao decano de la facultad de Comunicación Social en la universidad afectada le dijo a los medios que las acciones son muy graves ya que estos problemas deben ser resueltos por la misma academia.

Recordó el mismo académico que hasta hace unos días un comandante de la policía de Cali tenía por costumbre invadir al campus universitario con la excusa de algún tipo de desorden dentro de la misma.

“La violación a la autonomía universitaria en Univalle es un falso positivo”, opinaron dirigentes del sindicato de trabajadores universitarios, Sintraunicol.

El presidente del sindicato advirtió que a pesar de que el allanamiento se hubiera hecho con una orden judicial “todo el mundo sabe que se inventan excusas para meterse a las casas de los colombianos”.

Después de la violación al espacio universitario, voceros de la Policía le dijeron a los medios que en el interior de la universidad habían encontrado material explosivo.

Sin embargo estudiantes indignados opinaron que “quién comprueba que los tales materiales “hallados” no fueron introducidos por los mismos agentes para justificar las agresiones?".

Mientras tanto, para sectores retardatarios del país la violación a la soberanía universitaria es perfectamente válida “siempre y cuando haya orden judicial”.

Así lo afirmó el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, para quien "no se puede amparar la ilegalidad, ni las supuestas actividades de grupos delincuenciales en las universidades".

Es otro paso hacia la unificación del pensamiento, la coerción a la crítica, la mutilación a la libre expresión y la judicialización de las protestas estudiantiles.

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Estatuto Rural
Cayó la legalización del despojo narco-paramilitar
El esperpento había sido aprobado por la aplanadora uribista en el Congreso acatando fielmente la orden del Mesías de que: “aprueben esas leyes antes de que los metan a la cárcel”, y así fue
Por Camilo Raigozo. Voz

A los hechos sangrientos de desalojo violento, desarraigo y desplazamiento forzoso de sus tierras de millones de campesinos, indígenas y afro descendientes, le siguieron la normativización y la confección de una Ley que convirtiera en derecho lo que es un acto criminal. Ese era en resumen el Estatuto Rural, ley 1152 de 2007, craneado y aprobado por el régimen uribista.

Al respecto del Estatuto Rural, Héctor Mondragón, especialista en temas agrarios dijo a un medio de comunicación que, “En contravía de la Constitución y en concordancia con la realidad de la violencia rural, el desplazamiento forzado, el despojo de tierras y el proceso de acelerada concentración de la propiedad de la tierra se ha producido un conjunto normativo, que en primer lugar buscó utilizar y estirar al máximo figuras del derecho romano y napoleónico y finalmente establecer nuevas figuras que terminaron por establecer una nueva concepción de propiedad destinada a legalizar el despojo”.

En efecto, el Estatuto Rural, ley 1152 de 2007 aprobado por la mayoría uribista en el Congreso, muchos de estos ahora en las cárceles, validaron las titulaciones no originarias del estado registradas entre 1917 y 2007, con lo cual facilitaron la solución de los litigios de tierras a favor de los desplazadores, en todas las violencias, particularmente la de las últimas décadas.

El capítulo sobre clarificación de propiedad, función que se traslada del Incoder a la Unidad Nacional de Tierras Rurales, al aplicarlo podrá consagrar legalmente el despojo, no solamente de propiedades de los desplazados, sino de baldíos nacionales

El esperpento

El esperpento uribista, defendido por el ex ministro Arias, quién ahora aspira a suceder al Mesías en la Casa de Nari, dejaba a los pequeños propietarios expuestos a la extinción de dominio de predios incultos.

Los desplazados, quienes por huir no pueden trabajar sus tierras, serían los más afectados. Paradójicamente el artículo 72 de la misma ley permitía a los grandes propietarios, de más de 10 unidades agrícolas familiares, evadir la extinción de dominio de predios incultos.

Otra perla del finado Estatuto Rural, era el artículo 72, el cual restringía la posibilidad de declarar como Reservas Campesinas, solamente a aquellas áreas geográficas donde predominen tierras baldías, con lo cual despojaba a los pequeños propietarios campesinos del derecho que tenían de acogerse a esa figura para prevenir el desplazamiento forzado y para evitar el despojo de sus tierras.

Contra los resguardos indígenas

“Ni un metro más de tierra para los indígenas”, vociferaba el ex ministro Arias y así se había moldeado el Estatuto Rural. El su artículo 123 quedó prohibido constituir, ampliar o sanear resguardos indígenas en la región del Pacífico y la cuenca del Atrato.

“En estas zonas el desplazamiento forzado se ha ido intensificando ostensiblemente en los últimos meses. El artículo mencionado, además permitía que cualquier municipio, distrito o departamento estableciera la misma prohibición. Así se impedía a los indígenas proteger sus tierras dándoles el estatus de inalienables, inembargables e imprescriptibles.

“La decisión de la Corte constitucional de declarar inexequible en todos sus órdenes el mal llamado Estatuto de Desarrollo Rural o ley 1152 de 2007. Es de gran trascendencia y favorabilidad para la población campesina, indígena y afro descendientes de nuestro país.

“Esta ley siniestra de origen narco-paramilitar que pretendía garantizar la legalización del despojo de más de seis millones de hectáreas de tierras robadas violentamente a campesinos, indígenas y afros, en los últimos 20 años, fue denunciada ante el parlamento colombiano por las comunidades afectadas por su peligrosidad y sus verdaderas intenciones por las que había sido concebida”, afirmaron voceros de Fensuagro.

Por esa razón se había desconocido el proyecto de ley presentado por las organizaciones campesinas, indígenas y afros, el cual fue archivado, violándose el reglamento del congreso que obliga en caso de dos proyectos sobre el mismo tema, adjuntarlos para su discusión y elaboración de ponencias.

También se desconoció la consulta previa que constitucionalmente debía hacerse a las comunidades indígenas. El pueblo colombiano debe permanecer en estado de alerta, pues el exabrupto ha caído por ahora, pero los malhechores que ostentan el poder, no cejarán en su empeño por legalizar el producto de sus crímenes.

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Asesinado trabajador afiliado a la USO en Arauca

1. En Colombia existe un conflicto social y armado con profundas causas históricas estructurales reflejadas en la exclusión social y política, la desigualdad y la inequidad, dicho conflicto impacta regiones de explotación petrolera como Arauca.

2. En el marco de dicho conflicto se adelanta un paro armado en cuatro departamentos incluido Arauca.

3. El día 17 de Marzo un tracto-camión recibió 18 impactos de fusil, el conductor salió afortunadamente ileso.

4. El día 18 de Marzo los buses que llevan los trabajadores de las empresas contratistas y subcontratista al servicio de la Occidental de Colombia, se vieron en medio del fuego cruzado en los campos petroleros de Caricare y Caño Limón.

5. El día 19 de Marzo los trabajadores deciden presentarse en las instalaciones de Occidental de Arauca Capital, para exigirle a la empresa garantías para ir a sus sitios de trabajo con el menor riesgo posible con garantía de protección del derecho a la vida.

6. El mismo 19 en reunión sostenida en las instalaciones de Occidental, a la que asisten los mandos militares de la región (ejército, policía, das), un representante de Responsabilidad Social de Occidental, tres representantes de seguridad de Occidental, la Defensora del Pueblo de Arauca y la representación sindical a nombre de los trabajadores. En esta reunión se plantean los siguientes elementos por los participantes:

· Las autoridades militares solicitan no hacer eco al terrorismo y manifiestan que en Arauca no pasa nada, que son hechos aislados, le proponen a Occidental y al sindicato “Hacer caravanas militares con los trabajadores, estas incluirían acompañamientos de tropas por tierra, helicópteros y aviones”

· La Defensora del Pueblo, Gloria Cuitiva, manifiesta que si hay paro armado en la región y que producto de esto tiene limitación para su movilidad, esto es ratificado por la Defensoría Nacional.

· Occidental de Colombia manifiesta que comparte lo planteado por las autoridades militares, y que los trabajadores deben terminar el cese de actividades, solicitan a la doctora Edy Sabet Barrera Cely, funcionaria del Ministerio de Protección Social hacer constatación del mismo, quien levanta un acta para justificar el posterior llamado a diligencia de descargos a dirigentes sindicales y trabajadores, por incitar a un paro laboral.

La Occidental manifiesta su voluntad de discutir la implementación un plan de contingencia para que los trabajadores pernoctaran durante estos días en el campo petrolero y no se expusieran en las citadas caravanas.

· La representación sindical de la USO manifiesta, que se respete el principio de DISTINCIÓN por parte de las fuerzas militares y de la guerrilla que convocó este paro, para que no involucren a los trabajadores en el conflicto armado, esto frente al acompañamiento en caravanas militares.

Solicita a la Defensoría del Pueblo realizar un Acompañamiento Humanitario a los trabajadores, esta solicitud se radico por escrito. También le hace una propuesta de plan de contingencia a la empresa, esta incluye a los trabajadores de empresas contratistas, esa propuesta es entregada al gerente del campo por escrito.

· El sindicato manifiesta que desde diciembre de 2001 la CIDH dicto medidas cautelares a su favor, ellas contemplan entre otras cosas que cualquier medida de seguridad, protectiva o garantía para los afiliados a la USO, debe ser concertada con el sindicato y los peticionarios (Fcspp).

· Desde el día 19 de marzo se ha tenido comunicación telefónica con el responsable de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República, doctor Carlos Franco, a quien se le advirtió de la posibilidad de que uno o algunos trabajadores fueran asesinado o afectada su integridad.

Le dejamos claro que el sindicato en ningún momento estaba promoviendo un cese de actividades y que sencillamente estaban tratando de proteger la vida de los trabajadores, afiliados o no al sindicato. Esto también lo manifestaron los compañeros de la USO en la reunión con la Occidental y el Ministerio de la Protección Social.

7. El día 26 de marzo el sindicato se reune con la Dra. Gloria Gaviria encargada de Derechos Humanos del Ministerio de Protección Social y la Dra. Ángela María Cano representante de la Viceministra, en la reunión pone de presente la gravedad de la situación en Arauca y solicita se intervenga para garantizar el derecho a la vida y al trabajo de todos los trabajadores de Occidental y las firmas contratistas.

Hechos

1. EL día 20 de marzo la fuerza pública hostiga a los trabajadores que nuevamente se concentraron en las instalaciones de Occidental en Arauca capital.

2. La empresa Occidental y las firmas contratistas bajo amenazas de sanciones y terminaciones de contratos, presionan a los trabajadores para que se dirijan al campo con acompañamiento militar. De manera tácita no acepta las propuestas del sindicato de manera integral. Bajo amenaza y pese a todas las condiciones los trabajadores desde el día sábado tienen que dirigirse a laborar al campo caño limón.

Ddentro del acuerdo se había dado que los trabajadores de caricare por el mayor riesgo no viajarían en los buses hasta tanto las cosas no se hubieren normalizado, no obstante, el pasado martes 24 de marzo, fueron obligados a subir en los buses con escolta de la fuerza pública.

3. El día 27 de Marzo a las 5:00 p. m, en el sitio entre Temblador y las Cruces en la vía a Caricare, en una de las caravanas militares a las que el Ejercito y Occidental obligaron a los trabajadores, es asesinado el trabajador Armando Carreño conductor de la camioneta de placas XVX-215 de la empresa Masa contratista al servicio de Occidental de Colombia, el trabajador era afiliado de la USO Arauca. Los hechos ocurrieron en el mismo sitio de los hechos del 17 y 18 de marzo. En estos hechos también fueron heridos dos soldados.

Responsabilidades y solicitudes

1. Responsabilizamos de la muerte del compañero, al Estado colombiano y a su fuerza pública por acción (obligar a los trabajadores a viajar en caravanas militares) y omisión (no prestar acompañamiento humanitario por parte de la Defensoría del Pueblo). (no actuación del Ministerio de Protección Social).

2. Responsabilizamos de la muerte del trabajador a la empresa Occidental por obligar a sus trabajadores a desplazarse en caravanas militares y no respetar los acuerdos hechos con el sindicato.

3. De igual manera responsabilizamos a las FARC, pues presumiblemente fue uno de sus integrantes quien mato al trabajador.

4. Solicitamos a la comunidad nacional e internacional repudiar y condenar este hecho y el accionar del ejército y de la empresa Occidental.

5. Solicitamos a la OIT y a la Cidh revisar el caso y la acción de Occidental y obligarla a tomar correctivos, sancionarla y obligarla a pagar los daños físicos y morales causados, tanto al trabajador como a la organización sindical.

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Que veinte años no es nada
Por: Ramiro Bejarano Guzmán. El Espectador

Conozco al ex ministro Juan Lozano desde 1982, desde sus felices días como aventajado e inteligente estudiante de la Facultad de Derecho de los Andes, donde fue mi alumno.

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Por aquella época la vida y él sonreían mutuamente, él con el excelente buen humor que conserva.

Juan se hizo abogado, además economista, y obedeciendo a la huella de su sangre, muy pronto se volvió político, como concejal en Bojacá, cuando con otro imberbe político, Germán Vargas Lleras, hicieron historia en esa grata población de la sabana, hasta convertirse en un destacado hombre público.

Esa vocación pública aproximó a Lozano al caudillo Luis Carlos Galán, de quien fue su secretario privado hasta el día de su aleve asesinato en Soacha, el 18 de agosto de 1989, es decir, hace 20 años.

Desde entonces, en la retina de los colombianos ha quedado grabada la imagen de que Juan Lozano, por encima de todo y para siempre, era un galanista pura sangre.

Después del crimen de Galán vinieron los días luminosos de Juan Lozano como columnista de El Tiempo, más tarde su audaz campaña para ser Alcalde de Bogotá, en la que obtuvo una impresionante votación, y recientemente su cercana vinculación con el gobierno de Uribe, del que ha sido primero consejero, luego ministro, y al parecer, cabeza de lista para el Senado por el uribismo recalcitrante.

Siendo director del DAS recibí una llamada angustiosa de Juan, en la que me advirtió de una celada de la que fue víctima, porque como jurado de algún concurso, sin su consentimiento lo pusieron a compartir tribuna con Pastor Perafán, conocido narco.

Obviamente encontré legítima la preocupación, pues era obvio que alguien quiso aprovecharse de la presencia desprevenida del inmaculado periodista.

Por eso y por mucho más, los colombianos nos sorprendimos hace unos días, cuando en este periódico el saliente ministro Lozano afirmó: “Soy uribista desde hace 20 años”. Yo le creo, aunque me sorprende no haberlo sabido antes, y, además, que tan importante militancia la hubiese mantenido en secreto tantos años.

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Ante tal revelación, la memoria inevitablemente ha de regresar al pasado. ¿Dónde estaba Álvaro Uribe Vélez hace 20 años, cuando Juan Lozano era el único uribista que había en Bogotá? Juan debe saberlo, porque es persona bien informada. A lo mejor no lo recuerda, pero no todos lo hemos olvidado.

Hace 20 años, unos días después de que cayera acribillado Galán, Álvaro Uribe y su primo Mario estaban aprobando en el Senado un narco-mico para someter la extradición a consulta popular.

Ese perverso e inmoral proyecto, que para nada honraba la memoria de Galán, fue abortado por el ministro Carlos Lemos Simmonds, en otro de sus gestos valientes y corajudos.

De haberse aprobado la tal consulta popular para preguntar a los colombianos si estaban de acuerdo o no con extraditar a los narcotraficantes, lo más seguro es que Pablo Escobar y sus aliados la habrían ganado de lejos.

Nadie sabe para quién trabaja, pues si esa consulta hubiere sido aprobada en las urnas, Uribe no habría podido registrar el impresionante récord de extraditados de los que con razón se ufana todos los días.

Pero el tiempo sepultó y borró todo, porque un galanista de primera línea como Juan Lozano, al paso que cerraba con dolor la tumba de su jefe, también se hizo silenciosamente uribista, cuando no se usaba, pues entonces en la vida del joven caudillo Álvaro Uribe Vélez sólo había nubarrones negros y sospechas gravísimas.

Adenda. ¿Será que en el Congreso aprueban el referendo reeleccionista, que está sub iúdice en la Fiscalía y en el Consejo Electoral?

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