Parauribismo/
Entregan restos de 19 víctimas de la estrategia paramilitar
Las personas asesinadas habían desaparecido entre los años 1997 y 2005

Por Camilo Raigozo

El Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, entregará este viernes en Medellín, los restos de 19 personas reportadas como desaparecidas entre los años 1997 y 2005, en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Caldas, Guajira y Bolívar.

Según la Fiscalía, los restos óseos que se entregarán, pertenecen a 17 hombres, dos mujeres y un menor de edad, cuyo proceso de identificación se adelantó en los laboratorios especializados del Cuerpo Técnico de Investigación de Bogotá, Medellín y Pereira.

De acuerdo con la versión de los ‘paras’ postulados a la Ley de Impunidad, mal llamada de Justicia y Paz, los restos de tres de las 19 víctimas del régimen de terror, serán entregados de forma simbólica, ya que los sicarios arrojaron sus cuerpos a caudalosos ríos y son irrecuperables.

Bajo la administración del fiscal Iguarán, han sido entregados a sus familias los restos mortales de 550 víctimas del exterminio paramilitar. Organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales y extranjeras, calculan que el total de víctimas del paramilitarismo puede ser muy superior a las 30 mil personas.

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Se recrudece terrorismo de Estado en Chaparral, Tolima: otra detención masiva de campesinos
Por Nelson Lombana Silva

Se recrudece el terrorismo de Estado en la extensa zona del cañón de las hermosas, municipio de chaparral, Tolima, donde se desarrolla el mega proyecto de la hidroeléctrica de Isagen.

El galope del miedo inunda la región por obra y gracia del militarismo y supuestos reinsertados, estos últimos vienen señalando a humildes campesinos de tener nexos con la insurgencia con el avaro propósito de ganar unos cuantos centavos y poder así satisfacer sus mezquinos intereses particulares con base en el dolor ajeno.

Son crueles montajes en el marco de la mal llamada “seguridad democrática” del cuestionado presidente Álvaro Uribe Vélez.

“Hay una cacería de brujas por parte de la fiscalía y el batallón, por simples señalamientos de antisociales de la región, contra líderes comunitarios”, señaló Danilo Bravo Moreno, líder comunitario y miembro de la asociación del cañón de las hermosas, Asohermosas.

La burda operación de terror utilizando helicópteros contra taciturnos campesinos comenzó el sábado 11 de julio con la detención por segunda vez del compañero dirigente campesino, de filiación comunista e integrante del sindicato de trabajadores agrícolas del Tolima, Sintragricol, José Vicente Méndez en el perímetro urbano de Chaparral.

Al siguiente día, fueron detenidos en el cañón de San José de las hermosas los labriegos: Jesús Emilio Portela García, Albeiro Serna, Edwin Humberto Medina Ríos, Edilberto Medina Ríos, Heber Quijano, enfermero de la zona.

Walter Rodríguez, Mauricio Collazos, Wilson Medina Arce, quienes fueron puestos a disposición de la fiscalía 28 con sede en esta municipalidad del sur del Tolima.

Ante el rumor insistente en la zona de que las capturas podrían pasar de 17, varios líderes campesinos se han presentado voluntariamente con el fin de establecer qué hay en su contra.

Tal el caso de Jorge Enrique García, que se presentó ante agente del ministerio público en las instalaciones de la fiscalía hacia las 2:30 de la tarde del martes 14, en compañía de la personera municipal Gisela Parra, la directora regional de Reiniciar, Venus Quiroga Carrillo, el secretario regional del partido comunista, periodistas y labriegos de la zona.

“Me presento para saber si realmente tengo orden de captura, porque cuando uno es inocente y no debe nada, es mejor presentarse para que se esclarezcan los hechos. Quiero que se me investigue, quiero saber de qué se me está acusando. En todo momento siempre estaré presto a demostrar mi inocencia”, dijo con indignación.

García es oriundo de San José de las hermosas, vereda El Recreo, es también directivo de Asohermosas, tiene finca, mujer y padre de dos hijos menores de edad. Su padre fue asesinado y desaparecido. “Es duro, dijo, ver en qué condiciones bajan campesinos conocidos, buenos trabajadores, deportistas, levantados al lado de uno, detenidos como si fueran viles delincuentes.

Una simple citación es suficiente para uno acudir ante la autoridad y responder sus inquietudes, sin necesidad de tanta humillación y represión por parte del Estado”, agregó.

Señala que el campesino es paciente pero que ante tanta injusticia del Estado, está a punto de rebotarse. “El campesino siempre ha sido paciente, solo luchando por sus cosas, humilde, callado, pero llegará el momento que se rebotará y comenzará a buscar otras alternativas de vida. Ahora estamos en la incertidumbre, presa del miedo y de la zozobra. Los labriegos se preguntan: ¿Seré yo la próxima víctima?”.

José Orlando Molina, otro líder comunitario, al demandar la presencia de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que les garanticen sus derechos, entre otros, la vida, la honra, la paz y el trabajo, expresa: “Para nadie es un secreto que en la zona hace presencia la guerrilla.

¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿No es acaso responsabilidad del Estado? Somos respetuosos de la autoridad, vivimos en zona de conflicto, pero no somos ni guerrilleros, ni auxiliadores”.

Herminda García, describió el drama que están viviendo las mujeres y los niños de la vasta zona expoliada por Isagen: “Existe mucho miedo en los hogares de la región del cañón de las hermosas, se siente uno atropellado por parte del ejército, quien nos viene sindicando de ser auxiliadores de la guerrilla o de ser milicianos de las Farc”, dice y agrega:

“Son algunos reinsertados los que están dando esa información y solicitando que capturen a esas personas, pero en realidad le da a uno rabia, porque son gentes que han sido muy trabajadoras, líderes que han luchado por su comunidad.

Si en algún momento han estado en reunión con la guerrilla, no significa que participen de ella, porque una cosa es que uno quiera y otra bien distinta que le toque”.

Se rumoraba que el presidente de Asohermosas, Norberto Fernández Moreno, también se presentaría ante las autoridades para establecer su situación jurídica en la mayor brevedad posible, ante el fuerte rumor que él estaría también en la negra lista para ser apresado.

Este show de los militares con periodistas a bordo, es posible que se realice en los próximos días en otras latitudes del departamento. Caso concreto del sur oriente, donde los mismos militares vienen anunciando que próximamente abran allanamientos y detenciones masivas en municipios como Dolores, Prado, Purificación, Villarrica y otros.

Se dispara, pues, nuevamente el terrorismo de Estado con fuerza en el departamento del Tolima. Se espera la presencia de organismos internacionales y nacionales, solidaridad para el pueblo campesino, pueblo ignorado y expoliado secularmente por la fuerza del Estado capitalista y su modelo neoliberal.

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“Ni muertos ni desplazados”
Por Cabildo Cerro Tijeras, norte del Cauca

Ayer se cumplieron los ocho días que las Águilas Negras dieron de plazo a integrantes del Cabildo Cerro Tijeras, norte del Cauca, para que abandonen la zona so pena de ser asesinados.

Si bien las masivas demandas y denuncias que desde diferentes organizaciones amigas se ventilaron, durante esta semana de incertidumbre no ha habido un pronunciamiento ni una sola acción gubernamental en defensa de la vida de los amenazados.

No es la primera vez que en el Cauca hacemos alertas tempranas sobre afectaciones a nuestras comunidades y territorios, sin embargo, en ninguna ocasión hemos sido escuchados y muchas de estas barbaries han terminado en masacres que pudieron evitarse.

Señalamos al gobierno, por omisión, de complicidad en las matanzas que enlutan a los pueblos ancestrales de Colombia. Su actitud pasiva, sus palabras sin eco y su indolente actuar lo convierte en sospechoso de primer orden, “el que calla otorga” –dicen los mayores.

Señor presidente no queremos sus palabras de condolencia para con nuestros muertos, no necesitamos sus promesas de oropel con las cuales enmendar el silencio, no queremos nada de usted: a cambio de sus dádivas exigimos que cumpla la orden constitucional de velar por la vida, honra y bienes de las y los colombianos.

El silencio del gobierno ha ocasionado más muerte y dolor que el generado por las guerrillas en su torpe actuar.

Ante tales amenazas la comunidad en pleno respaldó a sus dirigentes que por ningún motivo abandonarán la región. Si quieren asesinarlos tendrán que hacer lo mismo con los cuatro mil adscritos al cabildo: no vamos a salir corriendo ni a desocupar nuestros territorios ante la cobardía de los armados.

No vamos a permitir que con la falsa promesa de desarrollo lleguen multinacionales ajenas al país dispuestas a arrasarlo todo a su paso.

Alentamos a todos y a todas para que sumemos nuestra más iracunda voz en un cántico fuerte: que no se quede uno solo resguardado cuando lo que está de por medio es la vida misma, cada quien debe convertirse en una voz reflexiva en los espacios propios en donde se mueva:

hablemos con el vecino, con el compadre, con el docente, en la casa, con los nuestros…pongamos sobre la mesa el tema de la vida, de la dignidad, es hora que empecemos a hablar con nuestras propias palabras.

Personas amenazadas: Gobernadora del Cabildo (Melba Güetio), presidente de la ASI (Enrique Güetio, con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos humanos a raíz de sus denuncias por la masacre del Naya), Coordinador de Educación (Leandro Güetio, también con medidas cautelares),

presidente JAC (Leonardo Güetio), Concejal del Municipio de Suárez (Meraldiño Caviche) y los comuneros: Ismael Quina, Nelson Ulcué, Pedro Guamanga, Belarmino Cuetia, Floresmiro Cruz Coyo y Jaime Cuetia Cruz.

Lo que suceda con cualquiera de estas personas es responsabilidad directa del gobierno nacional: por omisión, por permisivo.

La comunidad de Cerro Tijeras ha entendido que la amenaza no se reduce a tan solo estos nombres y que es todo el colectivo indígena allí presente el amenazado. Es definitivo entender que cada vez que se pretende amedrentar a un nacional es Colombia entera la que está en riesgo.

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Cabecilla ‘para’ involucra a políticos de Cartagena y Bolívar
Por Libardo Muñoz

Cartagena. Uber Banquéz Martínez, alias "Juancho Dique", paramilitar confeso, luego de ser reprendido por la Magistrada del Tribunal Superior de Bogotá Uldi Teresa Jiménez, señaló en audiencia pública al senador Javier Cáceres, a William Montes y a Nicolás Curi, ex alcalde de Cartagena de haber recibido apoyo de las Auc.

Según "Juancho Dique", el ex gobernador de Bolívar, Libardo Simancas, recibió apoyo de Salvatore Mancuso, quien ordenó a su gente en los Montes de María para que hicieran lo pertinente en la campaña electoral, aunque en un principio el acuerdo fue con el candidato contrario Alfonso López Cossio, con quien habían pactado el manejo de la Secretaría de salud.

Banquéz dijo también que el ex alcalde de Cartagena Alberto Barboza Senior colaboró con las Auc, y que parte de su apoyo a los paramilitares consistió en la entrega de una camioneta Toyota Prado, que luego el mismo Barboza reportó como "robada", en un episodio muy recordado en esta ciudad.

Agregó "Juancho Dique" que todos los alcaldes del norte de Bolívar incluida Cartagena, recibieron en 2003 apoyo del llamado "Bloque Héroe de los Montes de María" y mencionó de manera reiterada a la ex alcaldesa de Arjona Zoraida Correa, de quien dijo que estaba muy comprometida con el "proyecto" paramilitar.

Banquéz inicialmente estuvo renuente a declarar sobre los vínculos de los políticos de Cartagena con el accionar paramilitar hasta el punto de que la Magistrada Uldi Teresa Jiménez tuvo que llamarle la atención por estar diciendo "verdades a medias".

En su relato "Juancho Dique" dijo que un sargento de la Infantería de Marina, de apellido Blanco, con sede en el batallón de Malagana, una población del norte de Bolívar les prestaba armas, uniformes, municiones y otros pertrechos a comienzos de 2001.

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Celeridad en investigaciones por interceptaciones telefónicas pide la Defensoría
Por Oficina de prensa

El Defensor del Pueblo reiteradamente ha manifestado preocupación por las interceptaciones de comunicaciones, acopio de información y seguimientos ilegales adelantados presuntamente por funcionarios del DAS contra miembros de partidos políticos, congresistas, periodistas, integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, magistrados de las cortes y familiares de algunos de los mismos.

Para el Defensor del Pueblo, las interceptaciones de los teléfonos sólo pueden ser autorizadas en forma excepcional, cuando haya una orden judicial previa. De lo contrario, los derechos a la intimidad personal, familiar y al buen nombre, quedarán vulnerados y quienes estén incursos en estas conductas delictivas, deberán responder ante la autoridades competentes.

Al respecto el Defensor del Pueblo subrayó que hay preceptos consitucionales y del derecho internacional como el Pacto Internacional, de los Derechos Civiles y Políticos, según los cuales: “Nadie será objeto de ingerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación”.

Con ocasión de similares actividades de seguimiento e interceptaciones ilegales atribuidas a miembros de la Policía Nacional en 2007, el Defensor del Pueblo tuvo oportunidad de dirigirse al señor Ministro de la Defensa en octubre del mismo año,

para expresarle su preocupación e insistir en que el artículo 15 de la Carta ampara “la correspondencia y demás formas de comunicación privada...”, y las define como “inviolables“, de manera que sólo pueden ser interceptadas o registradas “mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley”.

Este Despacho recordó, como lo hace ahora, que el citado artículo 15 también consagra el derecho fundamental de “habeas data” o derecho de protección de datos personales, en virtud del cual en la “recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución”.

En consecuencia, ningún agente de inteligencia o de seguridad del Estado está habilitado por la Constitución o la Ley para recabar informaciones, administrar datos, construir perfiles o hacer seguimientos, sin orden previa de autoridad judicial competente.

Toda intervención, restricción o afectación de los derechos, garantías y libertades del individio requieren orden previa y escrita de las autoridades de la República, por los motivos autorizados en la ley.

Por tanto, la conducta de cualquier funcionario que vaya más allá de ámbito estricto de sus competencias o al margen de los procedimientos y formas legales, debe ser investigada con todo el rigor para la identificación de los responsables y la imposición de sanciones ejemplarizantes.

Por ello, urge agilizar las investigaciones por parte de los cuerpos de investigación del Estado que deben adelantarse con todas las garantías y la transparencia que el país espera.

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